2 nov 2008
La basura de la Capital sigue dando que hablar
1:10 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (02/11/2008)
El golpe de la basura
Giacomino creyó que todavía tendría tiempo para imaginar una salida al problema de la basura. No adivinó que sus tiempos serían gobernados por sus contrapartes. Fue su error. En eso estaba, cuando Roggio y Moyano lo asomaron al abismo.
Pocos oficios hay más trabajosos que correr detrás del camión que recoge la basura. Pocas cosas hay peores para un dirigente que correr detrás de los hechos. Daniel Giacomino lo comprobó entre el lunes y el jueves. Trotó a la velocidad que le impusieron los que manejan el negocio de los residuos y estuvo cerca de ser devorado por la compactadora del camión.
“Esto me lleva puesto y mañana voy a salir en la tapa de todos los diarios”, llegó a decirle el intendente de Córdoba a los dos ministros nacionales que lo atendieron varias veces por teléfono: Julio De Vido (Planificación Federal) y Florencio Randazzo (Interior).
Promediaba la semana y el golpe empresario-sindical de la basura había puesto a Giacomino al mando de una ciudad inundada por la mugre, sin fondos propios para encontrar una solución en el dinero y con un único salvavidas político colgado en el perchero de los Kirchner, a 711 kilómetros de distancia.
El problema no había comenzado en el minuto del lunes último en que se pararon los camiones recolectores. Tiene tantos antecedentes que uno de los que podrían evocarse incluye al homenajeado de las últimas horas, Raúl Alfonsín. La primera vez que el intendente Ramón Mestre recibió una llamada del primer presidente de la nueva democracia fue para escuchar un reproche:
–¿Estás seguro de lo que vas a hacer, Ramón?
–No puedo pagar ese contrato y lo voy a derogar, Raúl.
–Si es así, dale, pero tené cuidado.
Hasta Alfonsín había llegado el grupo Macri para reclamar por la caída del contrato con Aseo, la empresa que el padre del ahora jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires había instalado en Córdoba en el tramo final de la dictadura.
Hasta que Mestre logró encarrilar el tema sucedieron varios conatos parecidos al que acabamos de sufrir.
Aquel intendente tenía una ventaja: el federalismo no había sido enterrado del todo y contaba con recursos propios (políticos y económicos) para capear ése y otros temporales.
Cómo llegamos hasta aquí. Más cerca del presente que de la historia, Germán Kammerath acumuló una deuda enorme con Cliba, la empresa de Roggio, y Luis Juez optó por renegociar y patear para el intendente que lo sucediera (su ahora ex ahijado Giacomino) el llamado a una licitación.
Entre idas y vueltas, en cinco años, la factura mensual pagada (pero también muchas veces demorada) a Roggio se multiplicó por cinco, según las cuentas del Palacio 6 de Julio.
Roggio amagó varias veces con marcharse, pero siempre se quedó, especialista como es en tratar con cuanto gobernante haya habido en Córdoba y el país desde tiempos inmemoriales.
Giacomino volvió a refinanciar la deuda con Roggio, mientras habilitaba a los concejales propios y a los juecistas que conviven en el bloque oficialista a preparar el pliego de la licitación sobre la premisa de que la ciudad se dividiría en dos zonas de recolección y limpieza, con el enterramiento sanitario como un tercer tramo del concurso.
De cada viaje al exterior, el intendente regresaba con varias reuniones con empresas ambientales.
Pero la realidad metió la cola. No vino nadie más que quien ya estaba, Roggio, y apenas se agregó Covelia, una empresa nacional a la que todo el mundo de los negocios se empeña en relacionar con la familia del jefe de la CGT y titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.
La situación empeoró cuando en la Municipalidad encontraron que cada empresa se había postulado por una zona, que los precios eran parecidos y que duplicaban el presupuesto para los nuevos contratos.
En la Casa de Gobierno de Córdoba escucharon a un importante directivo de Roggio decir, para justificar el elevado precio, que el pliego “pretende dar un servicio como en Nueva York”. Es el mismo oído que sintonizó a una funcionaria nacional de paso por Córdoba reconocer que “desde que entró Moyano a controlar los gremios de la basura, el tema se les hizo imposible a todos los municipios del país”.
Giacomino creyó que todavía tendría tiempo para imaginar una salida. No adivinó que sus tiempos serían gobernados por sus contrapartes. Fue su error. En eso estaba, cuando Roggio y Moyano lo asomaron al abismo.
¿Por qué pararon los recolectores de residuos? Fue en respuesta a una versión que anunciaba despidos por las facturas impagas de la Municipalidad. Las cesantías nunca se concretaron: eran apenas una excusa. El viernes, un documento oficial de la ciudad indicaría que el atraso equivale a dos meses y medio.
“Con Kammerath, tenían una deuda de 10 meses; yo les debo dos meses y medio y me pusieron la basura en la calle”, se quejaría después el intendente.
Giacomino fue en persona a negociar a la Secretaría de Trabajo para encontrarse con que la empresa había enviado a representantes de segundo nivel que un día decían una cosa y al siguiente admitían que no tenían poder para asumir compromisos.
De tal padre, tal hijo. Desde Buenos Aires llegaría Pablo Moyano. “Nosotros preferimos trabajar con las empresas privadas, porque al final siempre les podemos cobrar; en cambio, el Estado nos termina dando bonos”, le gritó el muchacho al intendente en la casa de uno de sus funcionarios.
Giacomino intentó en vano que aceptara la creación de una empresa estatal en lugar del monopolio privado y lo “chicaneó” haciéndole ver que su padre y el kirchnerismo que defienden tienen un discurso en línea con ese intento.
El intendente llamó y volvió a llamar al Gobierno nacional, del que se declaró soldado hace dos meses. “Rescaten al soldado Ryan”, bromeó con ellos, entre pedidos de fondos para comprar los camiones y elementos para armar una empresa propia.
En el papel del “policía bueno” y como contracara del “policía malo” que había representado su hijo, Hugo Moyano llegaría el miércoles para pedirle garantías sobre la formación del servicio estatal. “A usted, Néstor (Kirchner) lo quiere mucho y lo quieren ayudar”, le dijo, paternal. Moyano había hablado con De Vido, que lo persuadió de que el apriete no incluyera la horca.
En el medio, los vecinos dudaban entre sacar la bolsa o guardarla, sin que ningún funcionario atinara a decirles nada.
El gobernador Juan Schiaretti llamó a Aldo Roggio para tender algún puente y terminó anunciándole que estaba dispuesto a declarar la emergencia ambiental. Alguien le haría notar luego que necesitaba antes cubrir la vacante que desde la reforma jubilatoria tiene en la Secretaría de Ambiente. El viernes asumió el villamariense Raúl Costa, con lo que de paso dio un mensaje envenenado al kirchnerista intendente de esa ciudad, Eduardo Accastello. Costa es el principal rival local del mimado por la Casa Rosada.
Los puntos suspensivos en que quedó el conflicto incluyen el indicio que faltaba para ver y tocar la tenaza empresario-sindical. Los trabajadores en huelga recibieron la promesa de que cobrarán un bono salarial extra de algo así como mil pesos. El rubro podría denominarse: “Muchas gracias por la huelga”.
El desenlace está pendiente, pero ya comienza a tener forma. Cancelada la licitación hasta que venga otro intendente, por contratación directa, Roggio se quedará con la mitad sur de la ciudad, la Municipalidad creará una empresa para la parte norte.
Queda por discutir el jugoso negocio del enterramiento. Roggio lo pretende y Giacomino se niega a dárselo tal como está planteado en la actualidad: pago por peso enterrado.
Falta, además, saber el precio del acuerdo que vendrá y de dónde la Municipalidad sacará fondos para crear una empresa.
Para tales minucias habrá que ir a Buenos Aires y olvidarse de formas e ideales de un sistema institucional democrático y de libre empresa. No hay plata, condiciones ni ganas para tales ilusiones.
No sólo fondos kirchneristas necesita Giacomino. También los votos de la oposición para crear la empresa.
Oigamos a un importante concejal del radicalismo poner sus condiciones: “Le votamos la empresa estatal si nos promete armar una lista propia en las elecciones del año que viene, para que en la competencia seamos al menos cuatro listas (peronismo, juecismo, radicalismo y giacominismo kirchnerista)”.
Telón lento.
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De pies y manos
Los restos de la basura aún están en las calles. Nunca fue tan clara la estrechez de los límites que tiene el municipio a la hora de decidir cambios en la ciudad real.
Si no fuera porque es el lugar por el que deben pasar los aspirantes a gobernador, encontrar candidatos a intendente para la ciudad de Córdoba no resultaría tan fácil: aun suponiendo la existencia de buenas intenciones, aceptables aptitudes y algunas ideas, las posibilidades de fracasar en el intento por cambiar para mejor la ciudad real que habitan los cordobeses son crecientes.
Los problemas urbanos se agravaron porque no se solucionaron en años. Los presupuestos crecen y se multiplican –el de 2009 llegará a los 1.600 millones de pesos, cuatro veces más que el de 2003–, pero cada vez se reduce más el dinero disponible para obras o respuestas concretas a los vecinos. El poder real de decisión se redujo gestión a gestión porque se cedió a terceros, y la posibilidad de cambiar cosas es cada vez más reducida, más allá de cuál sea el partido o quién el intendente.
En las calles todavía hay restos de basura. Aún es difícil comprender qué cosas se jugaron la semana pasada en medio del brutal paro empresario-gremial que dejó sin recolección de residuos a la ciudad por 72 horas, pero las consecuencias de fondo ya están a la vista: los cambios que se estudiaron, se discutieron durante meses y se consensuaron para el sistema de higiene urbana no ocurrirán.
La administración municipal que prometió una transformación de fondo en el monopólico y rudimentario esquema de tratamiento de la basura terminó de rodillas rogando que Cliba no se fuera, porque se encontró sin red ante un abismo de consecuencias políticas impredecibles. ¿Quién decide ahora el futuro de la basura?
La porción mayor. El gran problema es que, dentro del Palacio 6 de Julio, ese caso es un ejemplo menor en comparación con lo que implica el poder casi absoluto cedido al gremio de los municipales (Suoem). El dinero que se lleva cada parte es el mejor reflejo de la situación, y el Suoem acapara la porción del león: casi 70 por ciento de los recursos, en comparación con el 15 por ciento del total que desató el conflicto con el Grupo Roggio.
Que se siga hablando de “autoridad municipal” cuando el intendente apenas si decide qué cosas se dejan de pagar con el 15 por ciento de los fondos –que es lo que tiene la posibilidad de administrar– parece casi un absurdo.
En la campaña, Daniel Giacomino reiteró hasta el cansancio que el rubro sueldos no puede insumir más de 50 por ciento del total del presupuesto. Resistió el primer aumento que le tocó negociar (antes otorgó otro que había sido dispuesto por su antecesor), padeció varias semanas con el gremio en contra y terminó cediendo. En agosto –cuando las finanzas municipales ya eran un verdadero incendio–, otorgó un nuevo aumento salarial sin chistar. Nadie sabe de dónde saldrán a fin de año los recursos para pagar sueldos y aguinaldos, pero todo está en orden con el Suoem.
Esa fue la ley de hierro del ex intendente Luis Juez, quien de igual manera selló una costosa paz con Cliba: a través de prórrogas de un contrato vencido evitó el riesgo que implicaba un intento de cambio y fijó reglas tarifarias que hicieron que la facturación de la empresa se quintuplicara desde 2003 a la actualidad.
Los ejemplos de los estrechos límites de la autoridad municipal abundan: los resultados de un estudio que dice que en la ciudad hacen falta más taxis no se dan a conocer por temor a la reacción de los permisionarios. La decisión de unificar ese sistema con el de los remises se postergó por la misma causa y el municipio ni siquiera pudo imponer un sistema de seguimiento satelital capaz de detectar si los taxistas y remiseros cumplen con el servicio que están obligados a prestar.
Por suerte, en el Concejo Deliberante hay ediles que ya entendieron la dimensión de las cosas que se pueden decidir en Córdoba: proponen grandes transformaciones en la nomenclatura urbana. Consideran fundamental para la vida de los cordobeses que el nombre del “genocida” Roca desaparezca de las esquinas y estuvieron a punto de ir por el destierro del mismísimo Cristóbal Colón, hasta que cayeron en la cuenta de que ésa es una de las avenidas más largas de la ciudad, que decenas de miles de habitantes se verían obligados a realizar cambios de domicilio y que el municipio no tiene recursos para solventar ese trámite ni para reemplazar todos los carteles nomencladores de esa calle. Todo un gesto de realismo.
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El golpe de la basura
Giacomino creyó que todavía tendría tiempo para imaginar una salida al problema de la basura. No adivinó que sus tiempos serían gobernados por sus contrapartes. Fue su error. En eso estaba, cuando Roggio y Moyano lo asomaron al abismo.
Pocos oficios hay más trabajosos que correr detrás del camión que recoge la basura. Pocas cosas hay peores para un dirigente que correr detrás de los hechos. Daniel Giacomino lo comprobó entre el lunes y el jueves. Trotó a la velocidad que le impusieron los que manejan el negocio de los residuos y estuvo cerca de ser devorado por la compactadora del camión.
“Esto me lleva puesto y mañana voy a salir en la tapa de todos los diarios”, llegó a decirle el intendente de Córdoba a los dos ministros nacionales que lo atendieron varias veces por teléfono: Julio De Vido (Planificación Federal) y Florencio Randazzo (Interior).
Promediaba la semana y el golpe empresario-sindical de la basura había puesto a Giacomino al mando de una ciudad inundada por la mugre, sin fondos propios para encontrar una solución en el dinero y con un único salvavidas político colgado en el perchero de los Kirchner, a 711 kilómetros de distancia.
El problema no había comenzado en el minuto del lunes último en que se pararon los camiones recolectores. Tiene tantos antecedentes que uno de los que podrían evocarse incluye al homenajeado de las últimas horas, Raúl Alfonsín. La primera vez que el intendente Ramón Mestre recibió una llamada del primer presidente de la nueva democracia fue para escuchar un reproche:
–¿Estás seguro de lo que vas a hacer, Ramón?
–No puedo pagar ese contrato y lo voy a derogar, Raúl.
–Si es así, dale, pero tené cuidado.
Hasta Alfonsín había llegado el grupo Macri para reclamar por la caída del contrato con Aseo, la empresa que el padre del ahora jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires había instalado en Córdoba en el tramo final de la dictadura.
Hasta que Mestre logró encarrilar el tema sucedieron varios conatos parecidos al que acabamos de sufrir.
Aquel intendente tenía una ventaja: el federalismo no había sido enterrado del todo y contaba con recursos propios (políticos y económicos) para capear ése y otros temporales.
Cómo llegamos hasta aquí. Más cerca del presente que de la historia, Germán Kammerath acumuló una deuda enorme con Cliba, la empresa de Roggio, y Luis Juez optó por renegociar y patear para el intendente que lo sucediera (su ahora ex ahijado Giacomino) el llamado a una licitación.
Entre idas y vueltas, en cinco años, la factura mensual pagada (pero también muchas veces demorada) a Roggio se multiplicó por cinco, según las cuentas del Palacio 6 de Julio.
Roggio amagó varias veces con marcharse, pero siempre se quedó, especialista como es en tratar con cuanto gobernante haya habido en Córdoba y el país desde tiempos inmemoriales.
Giacomino volvió a refinanciar la deuda con Roggio, mientras habilitaba a los concejales propios y a los juecistas que conviven en el bloque oficialista a preparar el pliego de la licitación sobre la premisa de que la ciudad se dividiría en dos zonas de recolección y limpieza, con el enterramiento sanitario como un tercer tramo del concurso.
De cada viaje al exterior, el intendente regresaba con varias reuniones con empresas ambientales.
Pero la realidad metió la cola. No vino nadie más que quien ya estaba, Roggio, y apenas se agregó Covelia, una empresa nacional a la que todo el mundo de los negocios se empeña en relacionar con la familia del jefe de la CGT y titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.
La situación empeoró cuando en la Municipalidad encontraron que cada empresa se había postulado por una zona, que los precios eran parecidos y que duplicaban el presupuesto para los nuevos contratos.
En la Casa de Gobierno de Córdoba escucharon a un importante directivo de Roggio decir, para justificar el elevado precio, que el pliego “pretende dar un servicio como en Nueva York”. Es el mismo oído que sintonizó a una funcionaria nacional de paso por Córdoba reconocer que “desde que entró Moyano a controlar los gremios de la basura, el tema se les hizo imposible a todos los municipios del país”.
Giacomino creyó que todavía tendría tiempo para imaginar una salida. No adivinó que sus tiempos serían gobernados por sus contrapartes. Fue su error. En eso estaba, cuando Roggio y Moyano lo asomaron al abismo.
¿Por qué pararon los recolectores de residuos? Fue en respuesta a una versión que anunciaba despidos por las facturas impagas de la Municipalidad. Las cesantías nunca se concretaron: eran apenas una excusa. El viernes, un documento oficial de la ciudad indicaría que el atraso equivale a dos meses y medio.
“Con Kammerath, tenían una deuda de 10 meses; yo les debo dos meses y medio y me pusieron la basura en la calle”, se quejaría después el intendente.
Giacomino fue en persona a negociar a la Secretaría de Trabajo para encontrarse con que la empresa había enviado a representantes de segundo nivel que un día decían una cosa y al siguiente admitían que no tenían poder para asumir compromisos.
De tal padre, tal hijo. Desde Buenos Aires llegaría Pablo Moyano. “Nosotros preferimos trabajar con las empresas privadas, porque al final siempre les podemos cobrar; en cambio, el Estado nos termina dando bonos”, le gritó el muchacho al intendente en la casa de uno de sus funcionarios.
Giacomino intentó en vano que aceptara la creación de una empresa estatal en lugar del monopolio privado y lo “chicaneó” haciéndole ver que su padre y el kirchnerismo que defienden tienen un discurso en línea con ese intento.
El intendente llamó y volvió a llamar al Gobierno nacional, del que se declaró soldado hace dos meses. “Rescaten al soldado Ryan”, bromeó con ellos, entre pedidos de fondos para comprar los camiones y elementos para armar una empresa propia.
En el papel del “policía bueno” y como contracara del “policía malo” que había representado su hijo, Hugo Moyano llegaría el miércoles para pedirle garantías sobre la formación del servicio estatal. “A usted, Néstor (Kirchner) lo quiere mucho y lo quieren ayudar”, le dijo, paternal. Moyano había hablado con De Vido, que lo persuadió de que el apriete no incluyera la horca.
En el medio, los vecinos dudaban entre sacar la bolsa o guardarla, sin que ningún funcionario atinara a decirles nada.
El gobernador Juan Schiaretti llamó a Aldo Roggio para tender algún puente y terminó anunciándole que estaba dispuesto a declarar la emergencia ambiental. Alguien le haría notar luego que necesitaba antes cubrir la vacante que desde la reforma jubilatoria tiene en la Secretaría de Ambiente. El viernes asumió el villamariense Raúl Costa, con lo que de paso dio un mensaje envenenado al kirchnerista intendente de esa ciudad, Eduardo Accastello. Costa es el principal rival local del mimado por la Casa Rosada.
Los puntos suspensivos en que quedó el conflicto incluyen el indicio que faltaba para ver y tocar la tenaza empresario-sindical. Los trabajadores en huelga recibieron la promesa de que cobrarán un bono salarial extra de algo así como mil pesos. El rubro podría denominarse: “Muchas gracias por la huelga”.
El desenlace está pendiente, pero ya comienza a tener forma. Cancelada la licitación hasta que venga otro intendente, por contratación directa, Roggio se quedará con la mitad sur de la ciudad, la Municipalidad creará una empresa para la parte norte.
Queda por discutir el jugoso negocio del enterramiento. Roggio lo pretende y Giacomino se niega a dárselo tal como está planteado en la actualidad: pago por peso enterrado.
Falta, además, saber el precio del acuerdo que vendrá y de dónde la Municipalidad sacará fondos para crear una empresa.
Para tales minucias habrá que ir a Buenos Aires y olvidarse de formas e ideales de un sistema institucional democrático y de libre empresa. No hay plata, condiciones ni ganas para tales ilusiones.
No sólo fondos kirchneristas necesita Giacomino. También los votos de la oposición para crear la empresa.
Oigamos a un importante concejal del radicalismo poner sus condiciones: “Le votamos la empresa estatal si nos promete armar una lista propia en las elecciones del año que viene, para que en la competencia seamos al menos cuatro listas (peronismo, juecismo, radicalismo y giacominismo kirchnerista)”.
Telón lento.
Ver Noticia On Line
De pies y manos
Los restos de la basura aún están en las calles. Nunca fue tan clara la estrechez de los límites que tiene el municipio a la hora de decidir cambios en la ciudad real.
Si no fuera porque es el lugar por el que deben pasar los aspirantes a gobernador, encontrar candidatos a intendente para la ciudad de Córdoba no resultaría tan fácil: aun suponiendo la existencia de buenas intenciones, aceptables aptitudes y algunas ideas, las posibilidades de fracasar en el intento por cambiar para mejor la ciudad real que habitan los cordobeses son crecientes.
Los problemas urbanos se agravaron porque no se solucionaron en años. Los presupuestos crecen y se multiplican –el de 2009 llegará a los 1.600 millones de pesos, cuatro veces más que el de 2003–, pero cada vez se reduce más el dinero disponible para obras o respuestas concretas a los vecinos. El poder real de decisión se redujo gestión a gestión porque se cedió a terceros, y la posibilidad de cambiar cosas es cada vez más reducida, más allá de cuál sea el partido o quién el intendente.
En las calles todavía hay restos de basura. Aún es difícil comprender qué cosas se jugaron la semana pasada en medio del brutal paro empresario-gremial que dejó sin recolección de residuos a la ciudad por 72 horas, pero las consecuencias de fondo ya están a la vista: los cambios que se estudiaron, se discutieron durante meses y se consensuaron para el sistema de higiene urbana no ocurrirán.
La administración municipal que prometió una transformación de fondo en el monopólico y rudimentario esquema de tratamiento de la basura terminó de rodillas rogando que Cliba no se fuera, porque se encontró sin red ante un abismo de consecuencias políticas impredecibles. ¿Quién decide ahora el futuro de la basura?
La porción mayor. El gran problema es que, dentro del Palacio 6 de Julio, ese caso es un ejemplo menor en comparación con lo que implica el poder casi absoluto cedido al gremio de los municipales (Suoem). El dinero que se lleva cada parte es el mejor reflejo de la situación, y el Suoem acapara la porción del león: casi 70 por ciento de los recursos, en comparación con el 15 por ciento del total que desató el conflicto con el Grupo Roggio.
Que se siga hablando de “autoridad municipal” cuando el intendente apenas si decide qué cosas se dejan de pagar con el 15 por ciento de los fondos –que es lo que tiene la posibilidad de administrar– parece casi un absurdo.
En la campaña, Daniel Giacomino reiteró hasta el cansancio que el rubro sueldos no puede insumir más de 50 por ciento del total del presupuesto. Resistió el primer aumento que le tocó negociar (antes otorgó otro que había sido dispuesto por su antecesor), padeció varias semanas con el gremio en contra y terminó cediendo. En agosto –cuando las finanzas municipales ya eran un verdadero incendio–, otorgó un nuevo aumento salarial sin chistar. Nadie sabe de dónde saldrán a fin de año los recursos para pagar sueldos y aguinaldos, pero todo está en orden con el Suoem.
Esa fue la ley de hierro del ex intendente Luis Juez, quien de igual manera selló una costosa paz con Cliba: a través de prórrogas de un contrato vencido evitó el riesgo que implicaba un intento de cambio y fijó reglas tarifarias que hicieron que la facturación de la empresa se quintuplicara desde 2003 a la actualidad.
Los ejemplos de los estrechos límites de la autoridad municipal abundan: los resultados de un estudio que dice que en la ciudad hacen falta más taxis no se dan a conocer por temor a la reacción de los permisionarios. La decisión de unificar ese sistema con el de los remises se postergó por la misma causa y el municipio ni siquiera pudo imponer un sistema de seguimiento satelital capaz de detectar si los taxistas y remiseros cumplen con el servicio que están obligados a prestar.
Por suerte, en el Concejo Deliberante hay ediles que ya entendieron la dimensión de las cosas que se pueden decidir en Córdoba: proponen grandes transformaciones en la nomenclatura urbana. Consideran fundamental para la vida de los cordobeses que el nombre del “genocida” Roca desaparezca de las esquinas y estuvieron a punto de ir por el destierro del mismísimo Cristóbal Colón, hasta que cayeron en la cuenta de que ésa es una de las avenidas más largas de la ciudad, que decenas de miles de habitantes se verían obligados a realizar cambios de domicilio y que el municipio no tiene recursos para solventar ese trámite ni para reemplazar todos los carteles nomencladores de esa calle. Todo un gesto de realismo.
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