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8 sept 2022
Reabrirán la causa Taym
10:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
Hoy Día (08/09/2022)
Taym: reabrirán la causa de la inundación en la planta
El Juzgado de Control en lo Penal y Económico, a cargo de Gustavo Hidalgo y Diana Sonzini, hizo lugar al recurso de oposición planteado por vecinas y vecinos de Villa Parque Santa Ana y Altos El Durazno, y ordenó al fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, la reapertura y ampliación de la investigación sobre responsabilidades políticas en la inundación de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym, el 28 de marzo de 2017.
En referencia a esto, en la resolución los habitantes, representados por el abogado ambientalista Juan Smith, solicitan desarchivo de la causa, señalando la gravedad del caso, la falta de exhaustividad de la investigación del fiscal y puntualizando en una serie de hechos documentados -previos y posteriores a la inundación- que el fiscal Mondino nunca consideró.
El hecho ocurrió en 2017 cuando fuertes lluvias inundaron diversas zonas del Departamento Santa María, entre ellas el predio de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym, cuyo desborde alcanzó el canal Los Molinos – Córdoba, que alimenta de agua a una tercera parte de los usuarios residenciales de la capital y a su cinturón verde.
Al momento de ocurrir el desborde de la planta de residuos, el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, dividió la investigación en dos partes: una de ellas, por el hecho concreto y la otra por las responsabilidades políticas. Sin embargo, la actual decisión de los jueces Hidalgo y Sonzini reconoce que la fundamentación y material documental agregada a esta última, tanto en la primigenia presentación como en el recurso de oposición, debe ser considerada por el fiscal para evaluar responsabilidad de funcionarios públicos, tanto en la autorización como en el control de la planta de tratamiento de residuos peligrosos.
Sobre esto, el abogado Smith se mostró sorprendido con dicha decisión y afirmó: “Es muy interesante lo que dice el juez de Control en la resolución, porque se tuvo a un elefante blanco en una habitación de dos por dos y no se lo vio. Le dice al fiscal que revise esa información y establezca la responsabilidad de los funcionarios”. Por último, Smith aseguró que Mondino debe trabajar “en la causa y clarifique quiénes fueron los responsables de lo que ocurrió en Taym, cuando se contaminó el agua del 26% de los ciudadanos cordobeses”.
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23 mar 2021
Protestaron por la causa Taym que no avanza
Hoy Día (23/03/2021)
Protesta vecinal por la falta de avances en la causa Taym
Los habitantes de Parque Santa Ana exigieron la elevación a juicio del caso
A cuatro años del desastre ambiental provocado por el derrame de residuos tóxicos en la planta Taym, vecinos de Parque Santa Ana protestaron ayer frente a la fiscalía de Alejandro Peralta Ottonello, en Alta Gracia, para reclamar mayor celeridad en la causa que investiga el presunto delito de contaminación ambiental.
La fecha de la protesta no es casual, pues el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, insumo vital para la supervivencia humana. El 28 de marzo de 2017, el derrumbe de un terraplén de la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la empresa Roggio produjo el derrame de material altamente tóxico en el canal Los Molinos, que llegó hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas.
“Más de un millón y medio de personas podrían haber consumido agua contaminada”, alertó Liliana Lacombe, abogada y vecina de Alta Gracia, quien dijo que la protesta le reclamó al fiscal “la inmediata elevación a juicio” de la causa. “En estos cuatro años de investigación está más que probado el delito de contaminación y las responsabilidades empresariales y políticas”, planteó Lacombe, quien denunció “el sistemático encubrimiento por parte del fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, que en estos 4 años no ha avanzado en la causa y no ha llamado a indagatorias ni ha imputado a los responsables políticos, que siguen ostentando cargos”.
“No se ha calculado aún la cantidad de hectáreas afectadas por la inundación que arrastraba residuos peligrosos, ni se ha dimensionado la afectación de napas ni del propio canal que riega las huertas del cinturón verde (…) por lo que el delito no ha cesado y continuará afectando a las futuras generaciones”, denunciaron los vecinos.
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22 mar 2021
Causa Taym sin avances
Hoy Día - Edición Electrónica (22/03/2021)
Vecinos se movilizan por la falta de avances en la causa Taym
Próximo a cumplirse cuatro años del derrame, vecinos de Parque Santa Ana protestan este lunes en los tribunales de Alta Gracia para exigir la elevación a juicio de la causa Taym
En el Día Mundial del Agua y a cuatro años del desastre provocado por el derrame de residuos tóxicos en la planta Taym, vecinos de Parque Santa Ana protestan este lunes frente a la fiscalía de Alejandro Peralta Ottonello, en Alta Gracia, para reclamar mayor celeridad en la causa que investiga el presunto delito de contaminación ambiental.
Liliana Lacombe, abogada y vecina de esa localidad próxima a la ciudad de Córdoba, dijo este lunes que la protesta frente a las oficinas judiciales es a fin de solicitarle al fiscal "la inmediata elevación a juicio" de la causa.
"En estos cuatro años de investigación está más que probado el delito de contaminación y las responsabilidades empresariales y políticas", planteó esta mañana Lacombe en declaraciones radiales.
A la vez, denunció "el sistemático encubrimiento por parte del fiscal anticorrupción, Franco Mondino, que en estos cuatro años no ha avanzado en la causa y no ha llamado a indagatorias ni ha imputado a los responsables políticos, que siguen ostentando cargos públicos pese a que numerosas prueban indican su responsabilidad en este desastre ambienta".
"Recordemos que fue el propio gobernador (Juan) Schiaretti quien prometió a todos los cordobeses que debía caerle todo el peso de la ley. Pero hoy solo tenemos dos empleados de la planta imputados", señaló.
El colectivo de vecinos autoconvocados que se conformó en octubre de 2016 para resistir la instalación de un megabasural cercano al pueblo, difundió una nota para recordar que el derrame de residuos tóxicos que se produjo en la planta Taym, tras la inundación del 28 de marzo de 2017, "más de un millón y medio de personas podrían haber consumido agua contaminada".
"No se ha calculado aún la cantidad de hectáreas afectadas por la inundación que arrastraba residuos peligrosos, ni dimensionado la afectación de napas ni del propio canal que riega las huertas del cinturón verde inundado por la escorrentía envenenada. Los contaminantes no degradables, como los metales “pesados” arrastrados por la escorrentía, continúan dispersos en un territorio indeterminado. Por lo que el delito no ha cesado y continuará afectando a las futuras generaciones", denuncian los vecinos.
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21 feb 2020
El riesgo de un nuevo Piedra Blanca
La Voz del Interior (21/02/2020)
El riesgo de un nuevo Piedra Blanca
Adhirieron al pedido de Cormecor el asesor letrado municipal, Andrés Varizat, y el procurador del Tesoro, Juan Delgado.
“Imperiosa urgencia atento al claro, manifiesto y probado riesgo ambiental”. Con esa frase, Cormecor fundamentó su apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para buscar que el máximo tribunal le permita al menos comenzar a operar una de las dos fosas del predio. El argumento da cuenta de la gravedad que tiene el problema de la basura en Córdoba.
El pedido de Cormecor de habilitar sólo la mitad del predio impacta de lleno sobre su vida útil. Cada una de las fosas tiene capacidad para receptar la basura durante poco más de 15 años. Si se aplican medidas de recuperación de residuos podría –en el mejor de los escenarios– alcanzar los 19 años.
Una década es lo que lleva funcionando el actual predio de Piedra Blanca, de manera provisoria y sin que se solucione la cuestión de fondo. Le queda un año y medio de vida. ¿Acaso se está pidiendo autorizar algo similar?
Todas las fichas de la nueva gestión de Cormecor apuntan al predio de 512 hectáreas como la primera solución al problema de la basura. Una decisión arriesgada por dos razones: la primera es que ya pesa una sentencia en contra de la instalación del enterramiento, y la segunda es el escaso margen de maniobra para resolver la disposición de las más de 2.000 toneladas diarias de basura que se generan en la Capital y el Gran Córdoba.
Piedra Blanca está alcanzando el límite de su capacidad e instalar un nuevo predio requiere varios meses de trabajo. Aunque también se puede repetir la experiencia de abrir una fosa en 45 días como cuando se cerró el predio de enterramiento de Bouwer. Es innegable que un complejo ambiental de estas magnitudes produce el rechazo social.
La opinión del intendente Martín Llaryora sobre este tema es una incógnita. A diferencia de otros puntos de la gestión donde recibió el auxilio provincial, en este caso la Provincia también tiene la misma visión sobre el proyecto. Tras el fallo, las autoridades de Cormecor comenzaron a plantearse la posibilidad de un plan B.
Mientras la discusión concentra la atención sobre el destino de la basura, no se invierte tiempo en solucionar el problema de fondo: cómo generar menos residuos. A nivel mundial la tendencia es enterrar la menor cantidad de basura posible. Las buenas prácticas ambientales demandan años en permear en la sociedad, más cuando su confianza en esta materia ha sido vulnerada tantas veces.
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El riesgo de un nuevo Piedra Blanca
Adhirieron al pedido de Cormecor el asesor letrado municipal, Andrés Varizat, y el procurador del Tesoro, Juan Delgado.
“Imperiosa urgencia atento al claro, manifiesto y probado riesgo ambiental”. Con esa frase, Cormecor fundamentó su apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para buscar que el máximo tribunal le permita al menos comenzar a operar una de las dos fosas del predio. El argumento da cuenta de la gravedad que tiene el problema de la basura en Córdoba.
El pedido de Cormecor de habilitar sólo la mitad del predio impacta de lleno sobre su vida útil. Cada una de las fosas tiene capacidad para receptar la basura durante poco más de 15 años. Si se aplican medidas de recuperación de residuos podría –en el mejor de los escenarios– alcanzar los 19 años.
Una década es lo que lleva funcionando el actual predio de Piedra Blanca, de manera provisoria y sin que se solucione la cuestión de fondo. Le queda un año y medio de vida. ¿Acaso se está pidiendo autorizar algo similar?
Todas las fichas de la nueva gestión de Cormecor apuntan al predio de 512 hectáreas como la primera solución al problema de la basura. Una decisión arriesgada por dos razones: la primera es que ya pesa una sentencia en contra de la instalación del enterramiento, y la segunda es el escaso margen de maniobra para resolver la disposición de las más de 2.000 toneladas diarias de basura que se generan en la Capital y el Gran Córdoba.
Piedra Blanca está alcanzando el límite de su capacidad e instalar un nuevo predio requiere varios meses de trabajo. Aunque también se puede repetir la experiencia de abrir una fosa en 45 días como cuando se cerró el predio de enterramiento de Bouwer. Es innegable que un complejo ambiental de estas magnitudes produce el rechazo social.
La opinión del intendente Martín Llaryora sobre este tema es una incógnita. A diferencia de otros puntos de la gestión donde recibió el auxilio provincial, en este caso la Provincia también tiene la misma visión sobre el proyecto. Tras el fallo, las autoridades de Cormecor comenzaron a plantearse la posibilidad de un plan B.
Mientras la discusión concentra la atención sobre el destino de la basura, no se invierte tiempo en solucionar el problema de fondo: cómo generar menos residuos. A nivel mundial la tendencia es enterrar la menor cantidad de basura posible. Las buenas prácticas ambientales demandan años en permear en la sociedad, más cuando su confianza en esta materia ha sido vulnerada tantas veces.
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8 feb 2020
"Cormecor no tiene licencia ambiental"
La Voz del Interior (08/02/2020)
Vecinos objetan plan de Cormecor: dicen que no respeta la distancia
“La sentencia es clara, el proyecto de Cormecor no tiene licencia ambiental. No pueden estar ajustando el proyecto cómo y cuándo se les ocurra. La Justicia ya ha dicho que no cumple con los requisitos socioambientales. No entendemos por qué la empresa insiste en el mismo predio, cuando ya quedó demostrado que es inaceptable”, dice Eliana Lacombe, vocera de la Asamblea de Santa María sin Basura, luego de que se conoció el pedido del ente intercomunal de avanzar con la instalación del complejo ambiental, eliminando una de las fosas del proyecto.
Incluso si se reduce a la mitad la capacidad del enterramiento, la distancia entre la fosa II y el radio urbano no cumple con los cuatro kilómetros que recomienda el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea). Este medio publicó el 26 de enero una infografía en la que se evidencia que, a pesar de los cambios propuestos, el proyecto tampoco cumple con este requisito.
“Según las mediciones periciales realizadas en el marco de esta causa, (la fosa II) estaría ubicada a sólo 2,5 km de Villa Parque Santa Ana. Por lo cual, tampoco cumple con el apartamiento exigido”, explica el comunicado elaborado por los vecinos.
“Entendemos que todo el proceso para el otorgamiento de licencia ambiental está viciado. No se le debería haber otorgado. Si quieren hacer un nuevo proyecto, deben comenzar todo el proceso desde cero: avisar sobre el complejo, encargar un nuevo estudio de impacto ambiental y convocar a una audiencia pública”, explica Lacombe. “Este es un proyecto de acumulación, que no contempla el reciclaje. Los enterramientos se están erradicando a nivel mundial. Tenemos que discutir cómo hacemos para dejar de enterrar”, dijo la vocera.
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Vecinos objetan plan de Cormecor: dicen que no respeta la distancia
“La sentencia es clara, el proyecto de Cormecor no tiene licencia ambiental. No pueden estar ajustando el proyecto cómo y cuándo se les ocurra. La Justicia ya ha dicho que no cumple con los requisitos socioambientales. No entendemos por qué la empresa insiste en el mismo predio, cuando ya quedó demostrado que es inaceptable”, dice Eliana Lacombe, vocera de la Asamblea de Santa María sin Basura, luego de que se conoció el pedido del ente intercomunal de avanzar con la instalación del complejo ambiental, eliminando una de las fosas del proyecto.
Incluso si se reduce a la mitad la capacidad del enterramiento, la distancia entre la fosa II y el radio urbano no cumple con los cuatro kilómetros que recomienda el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea). Este medio publicó el 26 de enero una infografía en la que se evidencia que, a pesar de los cambios propuestos, el proyecto tampoco cumple con este requisito.
“Según las mediciones periciales realizadas en el marco de esta causa, (la fosa II) estaría ubicada a sólo 2,5 km de Villa Parque Santa Ana. Por lo cual, tampoco cumple con el apartamiento exigido”, explica el comunicado elaborado por los vecinos.
“Entendemos que todo el proceso para el otorgamiento de licencia ambiental está viciado. No se le debería haber otorgado. Si quieren hacer un nuevo proyecto, deben comenzar todo el proceso desde cero: avisar sobre el complejo, encargar un nuevo estudio de impacto ambiental y convocar a una audiencia pública”, explica Lacombe. “Este es un proyecto de acumulación, que no contempla el reciclaje. Los enterramientos se están erradicando a nivel mundial. Tenemos que discutir cómo hacemos para dejar de enterrar”, dijo la vocera.
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7 feb 2020
Cormecor modifica su proyecto
La Voz del Interior (07/02/2020)
Cormecor quita una fosa y quiere habilitar el predio en abril
Comenzar con los trabajos en una de las fosas del predio y lograr la habilitación del complejo ambiental en abril. Esos son los dos pedidos centrales que encierra la apelación que presentó Cormecor ante la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, que a fines de diciembre dio lugar al amparo que frenó la instalación del predio de enterramiento en Villa Parque Santa Ana por no cumplir con “los requisitos socioambientales”.
“Morigerar y permitir la utilización de las partes no afectadas al fallo” es uno de los requerimientos centrales del recurso de amparo presentado por la corporación intercomunal, y que ahora deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
“La solución ofrecida es iniciar las tareas de disposición en el módulo II, ubicado al este del módulo I, es decir, el más alejado de Villa Parque Santa Ana. El inicio de este se encuentra a más de cuatro kilómetros del borde urbano de la citada localidad, cumpliendo de este modo con la recomendación del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) y no realizando ningún cambio en el proyecto aprobado en lo que respecta a la licencia ambiental”, pide Cormecor en el escrito suscrito por el nuevo patrocinio letrado a cargo de Daniel Ignacio Segura.
En rigor, lo que solicita la empresa es reducir la capacidad del complejo ambiental destinado al tratamiento de residuos sólidos urbanos a la mitad para comenzar a operar en el predio. En el plan original que elaboró Cormecor se diseñaron dos fosas. La primera es la que está más cerca del radio urbano de Villa Parque Santa Ana. Eliminar una de ellas significa reducir a la mitad la vida útil de 15 años y cuatro meses que tienen ambas fosas, según el peritaje oficial, sino se incorporan prácticas de reciclaje.
El fallo de la Cámara utiliza como principal argumento para hacer lugar al amparo que el predio no respeta los cuatro kilómetros de separación (dos de exclusión absoluta y otra como zona buffer) que establece el análisis del Isea de la UNC sobre la instalación de enterramientos sanitarios.
La decisión de anular una de las fosas para ganar mayor distancia entre el radio urbano de Villa Parque Santa Ana y el predio de Cormecor fue anticipada hace unas semanas por La Voz. El pedido judicial de Cormecor, además, señala que hay otras distancias por tener en cuenta, como los 4.250 metros que separan el final de módulo II hasta la primera casa en Villa Parque Santa Ana.
Riesgo ambiental
El ente intercomunal argumenta que su pedido responde al “riesgo ambiental” inminente que existe porque el actual predio está llegando al límite de capacidad. Por eso le pide al TSJ que haga “lugar al recurso de apelación interpuesto (...) con un plazo no mayor a 60 días; es decir, para principios de abril se podría estimar la habilitación del complejo ambiental”.
Cormecor hace hincapié en el plazo fatal que pesa sobre Piedra Blanca, que recibe cerca de 68 mil toneladas de basura mensuales de Córdoba capital y del área metropolitana. De acuerdo con la empresa, el enterramiento –habilitado hace casi una década de manera provisoria– colmará su capacidad en junio del año próximo. No obstante señala que como una medida excepcional podría extender su vida útil cuatro meses más en caso de ser necesario.
Además, estima que para comenzar a operar el complejo Cormecor necesita 18 meses. En ese plazo debería realizar obras complementarias en el predio: conexión de servicios, obras de desagües, movilización del equipo, así como comenzar un nuevo proceso de licitación.
A fines del año pasado, Cormecor extendió el plazo de las tres empresas que pretenden operar el predio hasta junio. En caso de quedar firme la construcción de una sola fosa, se tendría que armar un nuevo pliego, estiman los técnicos.
Nueva dirección
A la apelación que presentó Cormecor el martes pasado se le agregaron las de la Municipalidad de Córdoba y la Provincia, también demandadas en la causa.
La estrategia de las tres defensas tienen un denominador común: cuestionan que la Cámara haya seguido al pie de la letra las recomendaciones que realizó en cuanto a la distancia el estudio elaborado por el Isea.
Cada parte tiene que pagar sus abogados
La regla general en el Derecho es que las costas corren por cuenta de la parte que perdió. No obstante, puede haber excepciones. En el fallo por el amparo que frenó la instalación del complejo ambiental de Cormecor en Villa Parque Santa Ana, la Cámara Contencioso Administrativo de 1ª Nominación señaló que las costas las deben afrontar cada una de las partes.
La decisión de la Cámara motivó a que los tres asesores letrados que intervienen en la causa –representando a la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, los vecinos y los dueños de los campos lindantes– apelaran ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el último apartado del fallo. A esos tres expedientes se suma otro más de uno de los abogados que delegó la representación hace unos meses.
“En cuanto a las costas del juicio, corresponde que sean impuestos por el orden causado, salvo lo relativo a los honorarios de los señores peritos (...)”, establece el texto judicial.
Para la abogada de los vecinos, Lorena Fernández Millicay, la decisión del tribunal “sienta un grave precedente para las causas ambientales”.
“El fallo contradice leyes ambientales más importantes, como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Azcazú, que sostienen que en materia de amparo ambiental no puede haber restricciones de acceso a la Justicia. Esto es un correctivo que les aplican a quienes tienen intereses de litigar en materia ambiental”, señaló.
Las claves del fallo: La distancia, la objeción
Señala que no hay 4 km entre el predio y el borde urbano.
Apartado 23. Allí marca que los aspectos objetados son dos: la distancia y la falta del estudio socio ambiental, es decir, la consulta a los vecinos de Villa Parque Santa Ana .
Sobre el resto de los requerimientos técnicos –superficie, vida útil, profundidad del freático, geomorfología y todos los aspectos hídricos, entre otros–, el tribunal concluye que el proyecto sigue los lineamientos establecidos por el estudio de impacto ambiental realizado por la firma Goeambiental a pedido de Cormecor.
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5 feb 2020
Cormecor apeló fallo en la justicia
La Voz del Interior (05/02/2020)
Cormecor apeló el fallo que le impide instalar su nuevo predio
Se abre un nuevo capítulo legal en la definición del destino de la basura en Córdoba. Ayer, Cormecor se adelantó un día al vencimiento del plazo legal para apelar la medida de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, que a fines de diciembre falló en contra de la instalación del complejo ambiental en Villa Parque Santa Ana.
Hoy, a media mañana, vence el plazo para que la Municipalidad de Córdoba y la Provincia presenten sus propios recursos y apelen la sentencia que se dio a conocer el 30 de diciembre pasado. La primera forma parte de la causa por ser la principal accionista de Cormecor y la segunda, porque la Secretaría de Ambiente es la que otorga las licencias ambientales.
En los próximos días, la Cámara deberá resolver si las presentaciones de la corporación intercomunal, el municipio capitalino y el Gobierno provincial son admisibles para pasar al máximo tribunal.
En principio, no habría objeciones para que así suceda. Si bien las tres defensas tienen vínculos entre sí, las estrategias caminan por senderos separados.
También la Justicia debe informar al resto de las partes sobre las apelaciones: al municipio de Villa Parque Santa Ana, a los vecinos de esa localidad y a los actores privados dueños de campos lindantes al complejo, los cuales habían presentado el amparo que bloqueó la instalación de Cormecor.
Será entonces el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que tenga la última palabra y defina sobre si el proyecto de enterramiento de la basura en esa localidad del Gran Córdoba es factible.
No obstante, las instancias judiciales podrían continuar. En rigor, la causa –como cualquier otra– tiene la posibilidad de recalar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por ahora, la nueva gestión de Martín Llaryora mantiene el hermetismo respecto de cuál será su decisión sobre la basura.
Nueva estrategia
Para encarar lo que sería la última etapa judicial en la provincia, Cormecor decidió cambiar de estrategia y contratar asesoramiento externo, tal como anticipó este medio.
El escrito presentado ante la Cámara cuenta con el auspicio del estudio del abogado Daniel Ignacio Segura, exmiembro del directorio de Epec y padre del actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura. Anteriormente, la compañía había optado por ejercer con recursos propios su defensa jurídica.
El interrogante que se abre entonces es cuánto tardará en resolver el conflicto el máximo tribunal.
El predio de Piedra Blanca, donde actualmente se reciben casi dos mil toneladas diarias de residuos de Córdoba capital y de una veintena de ciudades del área metropolitana, tiene fecha de expiración para dentro de un año y medio. La instalación de un nuevo enterramiento requiere de meses.
Modificaciones
Desde hace unas semanas, los técnicos de Cormecor analizan la factibilidad para cambiar la disposición y la ubicación de una de las dos fosas del predio de 512 hectáreas a 18 kilómetros del Gran Córdoba.
Evalúan, incluso, quitar la fosa 2, la más cercana al radio urbano de Villa Parque Santa Ana. Buscan adecuarse a las recomendaciones que establecen una zona de exclusión de cuatro kilómetros entre el radio urbano y el límite del complejo ambiental. Esa es la distancia que indicó el informe del el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Fuentes provinciales aseguran que, por tratarse del mismo predio, el proyecto no necesitaría un nuevo permiso de licencia ambiental en caso de cambiar la distribución de las unidades.
La apelación que acercaron los abogados de Cormecor al edifico frente al palacio de Tribunales I estaría centrada en aspectos jurídicos. No haría referencia a los aspectos técnicos del proyecto.
Institucional
Días atrás, la firma cambió nuevamente de domicilio. Hasta hace unos meses, la sede estaba en la calle Corrientes 93, luego se trasladó a Arturo M. Bas 136. Allí permaneció hasta el viernes 24 enero, cuando volvió a mudarse. Este medio requirió la nueva dirección en ese edificio, pero no fue dada a conocer.
Los vecinos, firmes en el rechazo
Los vecinos de Villa Parque Santa Ana mantienen su oposición a la instalación del complejo ambiental para el tratamiento de la basura de Cormecor en esa localidad del Gran Córdoba. Esta semana, desde la Asamblea Santa María Sin Basura, emitieron un comunicado donde señalan que las modificaciones al proyecto son “inaceptables”, según entienden que se desprende del último fallo judicial. “No somos Nimby”, dice el texto haciendo referencia al acrónimo que se utiliza para denominar al efecto que se produce en las comunidades que se oponen a recibir instalaciones rechazadas socialmente (Not in my back yard, según la referencia original en inglés). “Los jueces señalaron que el procedimiento de otorgamiento de la licencia ambiental está viciado; por lo que es inválido. Cormecor no tiene licencia ambiental. Todo ha vuelto a foja cero. Cualquier nuevo proyecto para el tratamiento y disposición final de la basura de los municipios socios de Cormecor debe seguir el procedimiento establecido por las leyes (...)”, interpretan los asambleístas El comunicado, además, apela a la necesidad de trabajar en nuevas alternativas –tratamiento en origen o reciclaje– para la disposición final de residuos que no sea el enterramiento. “Como comunidad, hemos asumido desde hace cuatro años el desafío de minimizar los residuos destinados a enterramiento a través de un programa comunitario de separación domiciliaria de residuos, recolección diferenciada y compostaje domiciliario”, ejemplifica.
Piedra Blanca, otra alternativa
Ampliar la vida útil del actual predio podría ser una opción.
Temporal. Para el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, ampliar el actual predio de Piedra Blanca sería una alternativa paliativa mientras se resuelve el proceso judicial. Alude a un estudio de la Defensoría del Pueblo sobre la factibilidad de extender la capacidad de la fosa que se abrió hace casi 10 años a la vera de la autovía 36. “Hay que tener un ‘plan B’ en caso de que la Justicia falle en contra de la instalación del actual proyecto que tiene Cormecor”, señala el intendente de esa ciudad, miembro del ente intercomunal.
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Cormecor apeló el fallo que le impide instalar su nuevo predio
Se abre un nuevo capítulo legal en la definición del destino de la basura en Córdoba. Ayer, Cormecor se adelantó un día al vencimiento del plazo legal para apelar la medida de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, que a fines de diciembre falló en contra de la instalación del complejo ambiental en Villa Parque Santa Ana.
Hoy, a media mañana, vence el plazo para que la Municipalidad de Córdoba y la Provincia presenten sus propios recursos y apelen la sentencia que se dio a conocer el 30 de diciembre pasado. La primera forma parte de la causa por ser la principal accionista de Cormecor y la segunda, porque la Secretaría de Ambiente es la que otorga las licencias ambientales.
En los próximos días, la Cámara deberá resolver si las presentaciones de la corporación intercomunal, el municipio capitalino y el Gobierno provincial son admisibles para pasar al máximo tribunal.
En principio, no habría objeciones para que así suceda. Si bien las tres defensas tienen vínculos entre sí, las estrategias caminan por senderos separados.
También la Justicia debe informar al resto de las partes sobre las apelaciones: al municipio de Villa Parque Santa Ana, a los vecinos de esa localidad y a los actores privados dueños de campos lindantes al complejo, los cuales habían presentado el amparo que bloqueó la instalación de Cormecor.
Será entonces el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que tenga la última palabra y defina sobre si el proyecto de enterramiento de la basura en esa localidad del Gran Córdoba es factible.
No obstante, las instancias judiciales podrían continuar. En rigor, la causa –como cualquier otra– tiene la posibilidad de recalar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por ahora, la nueva gestión de Martín Llaryora mantiene el hermetismo respecto de cuál será su decisión sobre la basura.
Nueva estrategia
Para encarar lo que sería la última etapa judicial en la provincia, Cormecor decidió cambiar de estrategia y contratar asesoramiento externo, tal como anticipó este medio.
El escrito presentado ante la Cámara cuenta con el auspicio del estudio del abogado Daniel Ignacio Segura, exmiembro del directorio de Epec y padre del actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Ignacio Segura. Anteriormente, la compañía había optado por ejercer con recursos propios su defensa jurídica.
El interrogante que se abre entonces es cuánto tardará en resolver el conflicto el máximo tribunal.
El predio de Piedra Blanca, donde actualmente se reciben casi dos mil toneladas diarias de residuos de Córdoba capital y de una veintena de ciudades del área metropolitana, tiene fecha de expiración para dentro de un año y medio. La instalación de un nuevo enterramiento requiere de meses.
Modificaciones
Desde hace unas semanas, los técnicos de Cormecor analizan la factibilidad para cambiar la disposición y la ubicación de una de las dos fosas del predio de 512 hectáreas a 18 kilómetros del Gran Córdoba.
Evalúan, incluso, quitar la fosa 2, la más cercana al radio urbano de Villa Parque Santa Ana. Buscan adecuarse a las recomendaciones que establecen una zona de exclusión de cuatro kilómetros entre el radio urbano y el límite del complejo ambiental. Esa es la distancia que indicó el informe del el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Fuentes provinciales aseguran que, por tratarse del mismo predio, el proyecto no necesitaría un nuevo permiso de licencia ambiental en caso de cambiar la distribución de las unidades.
La apelación que acercaron los abogados de Cormecor al edifico frente al palacio de Tribunales I estaría centrada en aspectos jurídicos. No haría referencia a los aspectos técnicos del proyecto.
Institucional
Días atrás, la firma cambió nuevamente de domicilio. Hasta hace unos meses, la sede estaba en la calle Corrientes 93, luego se trasladó a Arturo M. Bas 136. Allí permaneció hasta el viernes 24 enero, cuando volvió a mudarse. Este medio requirió la nueva dirección en ese edificio, pero no fue dada a conocer.
Los vecinos, firmes en el rechazo
Los vecinos de Villa Parque Santa Ana mantienen su oposición a la instalación del complejo ambiental para el tratamiento de la basura de Cormecor en esa localidad del Gran Córdoba. Esta semana, desde la Asamblea Santa María Sin Basura, emitieron un comunicado donde señalan que las modificaciones al proyecto son “inaceptables”, según entienden que se desprende del último fallo judicial. “No somos Nimby”, dice el texto haciendo referencia al acrónimo que se utiliza para denominar al efecto que se produce en las comunidades que se oponen a recibir instalaciones rechazadas socialmente (Not in my back yard, según la referencia original en inglés). “Los jueces señalaron que el procedimiento de otorgamiento de la licencia ambiental está viciado; por lo que es inválido. Cormecor no tiene licencia ambiental. Todo ha vuelto a foja cero. Cualquier nuevo proyecto para el tratamiento y disposición final de la basura de los municipios socios de Cormecor debe seguir el procedimiento establecido por las leyes (...)”, interpretan los asambleístas El comunicado, además, apela a la necesidad de trabajar en nuevas alternativas –tratamiento en origen o reciclaje– para la disposición final de residuos que no sea el enterramiento. “Como comunidad, hemos asumido desde hace cuatro años el desafío de minimizar los residuos destinados a enterramiento a través de un programa comunitario de separación domiciliaria de residuos, recolección diferenciada y compostaje domiciliario”, ejemplifica.
Piedra Blanca, otra alternativa
Ampliar la vida útil del actual predio podría ser una opción.
Temporal. Para el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, ampliar el actual predio de Piedra Blanca sería una alternativa paliativa mientras se resuelve el proceso judicial. Alude a un estudio de la Defensoría del Pueblo sobre la factibilidad de extender la capacidad de la fosa que se abrió hace casi 10 años a la vera de la autovía 36. “Hay que tener un ‘plan B’ en caso de que la Justicia falle en contra de la instalación del actual proyecto que tiene Cormecor”, señala el intendente de esa ciudad, miembro del ente intercomunal.
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27 ene 2020
Cormecor insiste, Villa Parque también
Hoy Día (27/01/2020)
Vecinos de Santa Ana, contra la insistencia por Cormecor
Los cambios que evalúa la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) en el proyecto de instalación de un predio de enterramiento de basura en Villa Parque Santa Ana no serán suficientes para los vecinos de la zona, quienes ya anticiparon una férrea oposición a la insistencia de la empresa. “De ninguna manera estamos dispuestos a tolerar este proyecto faraónico que no tiene una mirada ambientalista sobre el proyecto de la basura”, aseguró la vecina Beatriz Rodríguez.
Sucede que la iniciativa original de la compañía, que preveía la instalación del complejo cerca de una zona residencial, fue detenida en diciembre pasado por una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación. Sin embargo, Cormecor apelará la decisión de la Justicia y propondrá cambios en el documento original, una decisión que pone en alerta a los habitantes del lugar.
“Creemos que el fallo de la Cámara ha sido muy claro. El predio no respeta la distancia de cuatro kilómetros que establece el estudio de la universidad y tampoco se respetó el estudio socioambiental, ni la licencia ambiental”, sostuvo al respecto la abogada que representa a los vecinos, Lorena Fernández Millacayen diálogo con el diario La Voz del Interior. En este marco, al referirse en específico a la posible modificación de la ubicación de las fosas dentro del terreno, la letrada advirtió que tendría que realizar nuevos estudios de impacto ambiental. De hecho, entiende que el proceso comenzaría nuevamente.
Cabe recordar que el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) recomendó que la distancia entre el predio de enterramiento y el radio urbano sea de cuatro kilómetros. No obstante, para Fernández Millacay, está claro “que los vecinos no quieren el enterramiento allí”. Y añadió: “Además de las distancias y de la falta de una consulta como establece la ley, el terreno no es apto para la instalación. Entendemos que hay cuestiones técnicas de inundabilidad que no lo hacen viable”.
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Vecinos de Santa Ana, contra la insistencia por Cormecor
Los cambios que evalúa la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) en el proyecto de instalación de un predio de enterramiento de basura en Villa Parque Santa Ana no serán suficientes para los vecinos de la zona, quienes ya anticiparon una férrea oposición a la insistencia de la empresa. “De ninguna manera estamos dispuestos a tolerar este proyecto faraónico que no tiene una mirada ambientalista sobre el proyecto de la basura”, aseguró la vecina Beatriz Rodríguez.
Sucede que la iniciativa original de la compañía, que preveía la instalación del complejo cerca de una zona residencial, fue detenida en diciembre pasado por una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación. Sin embargo, Cormecor apelará la decisión de la Justicia y propondrá cambios en el documento original, una decisión que pone en alerta a los habitantes del lugar.
“Creemos que el fallo de la Cámara ha sido muy claro. El predio no respeta la distancia de cuatro kilómetros que establece el estudio de la universidad y tampoco se respetó el estudio socioambiental, ni la licencia ambiental”, sostuvo al respecto la abogada que representa a los vecinos, Lorena Fernández Millacayen diálogo con el diario La Voz del Interior. En este marco, al referirse en específico a la posible modificación de la ubicación de las fosas dentro del terreno, la letrada advirtió que tendría que realizar nuevos estudios de impacto ambiental. De hecho, entiende que el proceso comenzaría nuevamente.
Cabe recordar que el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) recomendó que la distancia entre el predio de enterramiento y el radio urbano sea de cuatro kilómetros. No obstante, para Fernández Millacay, está claro “que los vecinos no quieren el enterramiento allí”. Y añadió: “Además de las distancias y de la falta de una consulta como establece la ley, el terreno no es apto para la instalación. Entendemos que hay cuestiones técnicas de inundabilidad que no lo hacen viable”.
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26 ene 2020
Cormecor apelará fallo, pero ya es rechazada la nueva idea
La Voz del Interior (26/01/2020)
Cormecor apelará y analiza cambios en el proyecto
Cormecor está replanteando su estrategia tras el fallo judicial que objetó la instalación del predio en las cercanías de Villa Parque Santa Ana. La primera decisión será apelar la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación que frenó el complejo ambiental, junto con la Municipalidad de Córdoba y la Provincia. La segunda está vinculada con aspectos técnicos del proyecto. Tres fuentes calificadas le confirmaron a La Voz que los técnicos están trabajando en una alternativa sobre el mismo terreno para que el proyecto cumpla con el principal argumento contra su radicación al sur de la Capital: la falta de cuatro kilómetros de distancia con el radio urbano más cercano.
En este marco, y por primera vez desde que comenzó a operar, la defensa legal de Cormecor podría quedar en manos de un estudio particular. Según pudo conocer este medio, desde el nuevo directorio analizan contratar un bufete para que se haga cargo del recurso judicial que definirá la suerte final del predio de enterramiento. Anteriormente, la parte legal estaba a cargo de miembros del directorio.
La feria judicial que comenzó un día después de que se conoció la sentencia dilató la presentación. Cormecor cuenta con cinco días hábiles para acercar el escrito al Palacio de Tribunales I. El viernes 7 de febrero vence el plazo.
Tras el fallo adverso se abre aquí un abanico de alternativas, que por el momento los nuevos directores manejan con sumo hermetismo. Entienden que cualquier paso en falso puede complicar el desenlace de la causa. La decisión política por estos días es insistir en el predio de 512 hectáreas ubicado a 18 kilómetros de Córdoba.
La definición final recaerá sobre el intendente Martín Llaryora. La Municipalidad de Córdoba es la socia mayoritaria de Cormecor, la comuna que más aporta en materia de recursos y también de residuos y, por ende, es la principal interesada en lograr una solución definitiva para la disposición final de la basura.
Este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el flamante presidente del directorio, Julio Bañuelos, para consultarle por estos puntos, pero fue imposible. El extitular de la Agencia Córdoba Turismo remitió directamente al municipio para hablar del tema.
Cormecor apelará y analiza cambios en el proyecto
Cormecor está replanteando su estrategia tras el fallo judicial que objetó la instalación del predio en las cercanías de Villa Parque Santa Ana. La primera decisión será apelar la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación que frenó el complejo ambiental, junto con la Municipalidad de Córdoba y la Provincia. La segunda está vinculada con aspectos técnicos del proyecto. Tres fuentes calificadas le confirmaron a La Voz que los técnicos están trabajando en una alternativa sobre el mismo terreno para que el proyecto cumpla con el principal argumento contra su radicación al sur de la Capital: la falta de cuatro kilómetros de distancia con el radio urbano más cercano.
En este marco, y por primera vez desde que comenzó a operar, la defensa legal de Cormecor podría quedar en manos de un estudio particular. Según pudo conocer este medio, desde el nuevo directorio analizan contratar un bufete para que se haga cargo del recurso judicial que definirá la suerte final del predio de enterramiento. Anteriormente, la parte legal estaba a cargo de miembros del directorio.
La feria judicial que comenzó un día después de que se conoció la sentencia dilató la presentación. Cormecor cuenta con cinco días hábiles para acercar el escrito al Palacio de Tribunales I. El viernes 7 de febrero vence el plazo.
Tras el fallo adverso se abre aquí un abanico de alternativas, que por el momento los nuevos directores manejan con sumo hermetismo. Entienden que cualquier paso en falso puede complicar el desenlace de la causa. La decisión política por estos días es insistir en el predio de 512 hectáreas ubicado a 18 kilómetros de Córdoba.
La definición final recaerá sobre el intendente Martín Llaryora. La Municipalidad de Córdoba es la socia mayoritaria de Cormecor, la comuna que más aporta en materia de recursos y también de residuos y, por ende, es la principal interesada en lograr una solución definitiva para la disposición final de la basura.
Este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el flamante presidente del directorio, Julio Bañuelos, para consultarle por estos puntos, pero fue imposible. El extitular de la Agencia Córdoba Turismo remitió directamente al municipio para hablar del tema.
Cambio en el proyecto
Según pudo conocer La Voz, la alternativa que estudian por estos días los nuevos funcionarios es cambiar la distribución de las fosas dentro del complejo para lograr un margen mayor entre el predio y el área urbana de Villa Parque Santa Ana.
Eliminar una de las dos fosas y reubicar la parte del enterramiento hacia el norte del predio sería una de las principales opciones que se barajan. Cómo aprovechar ese margen que hay dentro del lote que equivale a cinco reservas San Martín es lo que estudian los técnicos.
“Esa fue siempre una alternativa, que ahora tiene chances de concretarse en función de la sentencia”, explicó una fuente especializada. “Ese es el mejor predio”, agregó otra fuente con terminales en la Provincia.
Reducir la capacidad del complejo impactaría en su vida útil. Además, la modificación del plan provocaría que cambien las condiciones de licitación de la construcción del predio. Recientemente se había extendido el plazo de la oferta de las empresas interesadas.
Mientras tanto, lo concreto es que aún no se puede dilucidar cuál será el futuro de las dos mil toneladas diarias de basura que generan los cordobeses. De apelar el rechazo y proponerse estos cambios, la Justicia tendría que evaluar la propuesta y el primer interrogante que se plantea es sobre la validez de los estudios previos del proyecto, en caso de una reformulación importante del complejo.
Para los vecinos de Villa Parque Santa Ana, una modificación como la que se desliza aquí también sería inaceptable.
La Justicia objetó que el proyecto no contemplaba los cuatro kilómetros de distancia que establecía como recomendación el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) entre el predio y el radio urbano de Villa Parque Santa Ana.
Entretanto, el tiempo sigue corriendo. A Piedra Blanca le queda poco más de un año y medio de vida útil, según aseguraron desde Cormecor en septiembre pasado. Los plazos son acotados para la instalación de un nuevo complejo que cuente con todos los recursos y medidas de seguridad necesarios. “Llevarlo a otro lugar implicaría empezar todo desde cero”, dijo otra fuente.
Nuevo patrocinio
Una de las opciones que baraja el ente intercomunal es que la defensa judicial de Cormecor esté a cargo de un estudio privado. Toda una novedad para una firma que desde su creación siempre manejó con sus propios recursos las cuestiones judiciales.
Según pudo confirmar La Voz, desde el nuevo directorio contactaron al abogado Daniel Segura, padre del actual presidente del Colegio de Abogados, Ignacio Segura, para que se hiciera cargo de la apelación ante el máximo tribunal. El mismo Daniel Segura le dijo a este medio que hubo un contacto con “gente de la empresa”, aunque lo calificó de informal. Esta semana podría cerrarse el acuerdo.
Nueva etapa
La nueva etapa de Cormecor a su vez se refleja en el cambio de autoridades del directorio. Un día después de que se conoció el fallo, el 31 de diciembre, la entidad renovó todos sus directores.
El nuevo presidente es el expresidente de la Agencia Córdoba Turismo y exintendente de Mina Clavero, Julio Bañuelos, quien reemplazó a José Aiassa. El resto de las autoridades del directorio se compone de Jorge De Nápoli (vicepresidente), José Vollenweider y Horacio Tuminetti. Los tres fueron nombrados por la Ciudad de Córdoba.
Como directores clase B –representantes de los municipios del interior–, fueron elegidos Hugo Pesci, quien antes representaba a la Capital, y Martín Miserachs. Por el Surrbac, ocupa ese lugar el exconcejal Franco Saillén. Anteriormente la silla por el gremio la ocupaba Pascual Catrambone, pero fue suspendido luego de quedar detenido por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación en agosto de 2019. Los tres síndicos son Marcelo Venturizzi, Rubén Correa y Marcelo Urreta.
Desde que empezó la nueva gestión, el sitio web con la información oficial de Cormecor aún no se modificó. Desde hace unos meses, su domicilio cambió de Corrientes 93 a Arturo M. Bas al 100.
La distancia: La clave de los cambios
Analizan modificar la disposición de las fosas.
Separación. El límite del predio de 512 hectáreas de Cormecor está a un kilómetro del radio urbano de Villa Parque Santa Ana.
Fosas. El proyecto contempla la excavación de dos fosas en el predio para el enterramiento de residuos.
La distancia entre la primera de ellas y el límite del predio es de 800 metros. Cada fosa tiene un ancho de 700 metros aproximadamente. Ambas están pensadas al sur del terreno.
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Más Información:
Villa Parque Santa Ana igual lo rechazaría
No quieren que se instale el predio de Cormecor, inclusive si hay cambios. Señalan que si se modifica el proyecto se debería hacer un nuevo estudio de impacto ambiental.
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Se podrían generar unos 80 mil metros cúbicos de biogás por día a partir de los desechos orgánicos. Un experto explica cómo se podría lograr el “enterramiento cero”.
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3 ene 2020
La basura y los vaivenes políticos
La Voz del Interior (03/01/2020)
El operativo limpieza de los dineros de la basura
A la Justicia provincial ya le ha llegado la notificación formal de que el mandato del dos veces intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Javier Mestre ha terminado. Fieles a la doctrina de no importunar a nadie que ejerza el poder, los tribunales locales han cerrado 2019 con un fallo que frena el intento del exjefe municipal capitalino y de otros colegas del Gran Córdoba de instalar cerca de Villa Parque Santa Ana el predio de enterramiento de residuos del área metropolitana.
En las horas finales del año pasado, algunos funcionarios judiciales provinciales que todavía no se resignan a ser meros dependientes del poder político intercambiaron mensajes para hacer notar que el trámite (que aún está sujeto a apelaciones) se extendió sin definiciones mientras duró el mandato de Mestre.
Y agregaban a sus conversaciones informales, pero escritas a través de servicios de mensajería digital, que en estos temas ambientales-higiénicos-políticos empezaban a tomar la senda que ya iniciaron hace algunos meses, desde el parque Sarmiento, los magistrados de la Justicia federal.
Es que en el fuero federal están siendo analizados otros aspectos que involucran a los residuos de la ciudad de Córdoba en sendas causas de alto impacto y cuya competencia está dada porque se investiga lavado de dinero.
Es que parece que la basura generó tanto dinero sucio que hubo que higienizarlo para modificar a la suba el patrimonio de más de uno.
Las causas, que sólo por ahora tienen muy difusos vínculos, pero que podrían profundizarse, tienen –por separado– imputados a los máximos directivos del gremio de recolectores, Surrbac, y de una de las principales empresas que fue concesionaria de la prestación, Cotreco.
Ambos casos tienen como puntos de contacto las maniobras al margen de la ley para hacer ingresar en el circuito formal sumas varias veces millonarias obtenidas de manera no legal.
Hay que recordar que la Justicia provincial tiene dormido un expediente en el que se debería haber investigado si hubo actos de corrupción en el nuevo convenio de la recolección de residuos, que mantuvo un sistema arcaico, costoso, que perjudica al vecino, y favorece a los empresarios y a los sindicalistas.
No hay dos sin tres
La tercera pata, si se toma aquella denuncia de la entonces concejala oficialista Laura Sesma, son los funcionarios municipales de la gestión mestrista.
Tanto el Surrbac como Cotreco y los propios exfuncionarios han venido sistemáticamente negando esos vínculos. Pero los documentos y los testimonios que van surgieron empiezan a indicar lo contrario.
Los rastreos que hizo la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) podrían complicar a varios que recientemente abandonaron el poder municipal. Para rechazar acuerdos o connivencia, los dueños de Cotreco culpan a los funcionarios por acuerdos incumplidos.
Mestre y los suyos guardan silencio sobre el avance de esas causas federales.
Tampoco hubo comentario alguno de las nuevas autoridades municipales encabezadas por Martín Llaryora.
De manera no formal, los voceros municipales dicen que hay otras urgencias por atender y que el tema de la recolección de residuos se analizará en su momento.
Entre los poquísimos funcionarios del mestrismo que fueron mantenidos por la actual administración, figura la secretaria del Tribunal de Cuentas, la radical Elsa Giordano, denunciada en su momento por la entonces concejala Alejandra Vigo por mantener vínculos con Cotreco. Giordano lo negó, aunque admitió haber compartido la misma oficina que los directivos de la empresa que fue concesionaria de la prestación de residuos.
Colaboradores de Llaryora aclararon que es casi un hecho que la funcionaria no seguirá en el Tribunal de Cuentas.
En otros lugares donde aún presta servicios, Cotreco es investigada también por la Justicia, como por caso Río Cuarto, una ciudad emblemática para la compañía presidida por Horacio Busso.
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El operativo limpieza de los dineros de la basura
A la Justicia provincial ya le ha llegado la notificación formal de que el mandato del dos veces intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Javier Mestre ha terminado. Fieles a la doctrina de no importunar a nadie que ejerza el poder, los tribunales locales han cerrado 2019 con un fallo que frena el intento del exjefe municipal capitalino y de otros colegas del Gran Córdoba de instalar cerca de Villa Parque Santa Ana el predio de enterramiento de residuos del área metropolitana.
En las horas finales del año pasado, algunos funcionarios judiciales provinciales que todavía no se resignan a ser meros dependientes del poder político intercambiaron mensajes para hacer notar que el trámite (que aún está sujeto a apelaciones) se extendió sin definiciones mientras duró el mandato de Mestre.
Y agregaban a sus conversaciones informales, pero escritas a través de servicios de mensajería digital, que en estos temas ambientales-higiénicos-políticos empezaban a tomar la senda que ya iniciaron hace algunos meses, desde el parque Sarmiento, los magistrados de la Justicia federal.
Es que en el fuero federal están siendo analizados otros aspectos que involucran a los residuos de la ciudad de Córdoba en sendas causas de alto impacto y cuya competencia está dada porque se investiga lavado de dinero.
Es que parece que la basura generó tanto dinero sucio que hubo que higienizarlo para modificar a la suba el patrimonio de más de uno.
Las causas, que sólo por ahora tienen muy difusos vínculos, pero que podrían profundizarse, tienen –por separado– imputados a los máximos directivos del gremio de recolectores, Surrbac, y de una de las principales empresas que fue concesionaria de la prestación, Cotreco.
Ambos casos tienen como puntos de contacto las maniobras al margen de la ley para hacer ingresar en el circuito formal sumas varias veces millonarias obtenidas de manera no legal.
Hay que recordar que la Justicia provincial tiene dormido un expediente en el que se debería haber investigado si hubo actos de corrupción en el nuevo convenio de la recolección de residuos, que mantuvo un sistema arcaico, costoso, que perjudica al vecino, y favorece a los empresarios y a los sindicalistas.
No hay dos sin tres
La tercera pata, si se toma aquella denuncia de la entonces concejala oficialista Laura Sesma, son los funcionarios municipales de la gestión mestrista.
Tanto el Surrbac como Cotreco y los propios exfuncionarios han venido sistemáticamente negando esos vínculos. Pero los documentos y los testimonios que van surgieron empiezan a indicar lo contrario.
Los rastreos que hizo la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) podrían complicar a varios que recientemente abandonaron el poder municipal. Para rechazar acuerdos o connivencia, los dueños de Cotreco culpan a los funcionarios por acuerdos incumplidos.
Mestre y los suyos guardan silencio sobre el avance de esas causas federales.
Tampoco hubo comentario alguno de las nuevas autoridades municipales encabezadas por Martín Llaryora.
De manera no formal, los voceros municipales dicen que hay otras urgencias por atender y que el tema de la recolección de residuos se analizará en su momento.
Entre los poquísimos funcionarios del mestrismo que fueron mantenidos por la actual administración, figura la secretaria del Tribunal de Cuentas, la radical Elsa Giordano, denunciada en su momento por la entonces concejala Alejandra Vigo por mantener vínculos con Cotreco. Giordano lo negó, aunque admitió haber compartido la misma oficina que los directivos de la empresa que fue concesionaria de la prestación de residuos.
Colaboradores de Llaryora aclararon que es casi un hecho que la funcionaria no seguirá en el Tribunal de Cuentas.
En otros lugares donde aún presta servicios, Cotreco es investigada también por la Justicia, como por caso Río Cuarto, una ciudad emblemática para la compañía presidida por Horacio Busso.
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31 dic 2019
El NO de la justicia a Cormecor
La Voz del Interior (31/12/2019)
La Justicia dijo “no” al proyecto de la planta de Cormecor
En un fallo esperado por los habitantes de Villa Parque Santa Ana, la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación decidió ayer aceptar el amparo presentado por este grupo de vecinos y no autorizar la instalación del complejo ambiental de Cormecor, donde estaban proyectadas plantas de tratamiento de residuos para Córdoba capital y otras 19 localidades. Desde la corporación de municipios adelantaron que apelarán la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia.
“Como resultado de las pruebas reunidas, quedó acreditado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por Cormecor cumple, en general, con los aspectos ambientales, en correspondencia con la realidad física y biológica del área por afectar”, dijo la Cámara. “Sin embargo, también quedó establecido que el emplazamiento en el lugar elegido se aparta sin fundamento suficiente de las recomendaciones del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en cuanto a la distancia mínima que debe separar el emprendimiento del borde urbano más cercano; en este caso, el de Villa Parque Santa Ana”, fundamentó, en un resumen de su resolución para la prensa.
La abogada de los amparistas, Lorena Fernández Millicay, celebró el fallo, cuyos argumentos se extienden por unas 100 páginas, que aún no pudieron leer. Afirmó que junto a los vecinos están “muy emocionados”.
El intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker, también celebró la resolución judicial. “Vinimos con muchos vecinos a escuchar la decisión y nos dimos con que dio a favor nuestro, como ya lo habían demostrado los peritajes”, contó. “Estamos muy felices, ha sido una lucha muy larga, cuatro años desde diciembre de 2015”, añadió Becker a La Voz. Para el intendente, “el fallo es tan contundente que aunque estén abiertas las posibilidades de apelación no les deja ningún resquicio”.
Para la Justicia, fue relevante que “en la elección del sitio se han soslayado las implicancias sociales que sobre esa misma población tendría la ubicación de un emprendimiento de las características del previsto”.
Desde la Municipalidad de Córdoba manifestaron a este medio que el fallo “está en estudio”, por lo que los funcionarios evitarán hacer pronunciamientos al respecto.
Las autoridades de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Comercor) adelantaron que apelarán el fallo judicial.
Sobre esto, el vicepresidente de Comercor, Marcelo Ambroggio, consideró que la resolución “tiene serias contradicciones”. “Hay probabilidades de que se cambie el criterio (...). Es una decisión judicial de primera instancia”, relativizó en diálogo con Cadena 3. E insistió con que el predio de Piedra Blanca, donde hoy depositan los residuos Córdoba y otros municipios, “está a punto de colapsar”, ya que sólo le resta un año de utilidad.
En este caso, la decisión fue tomada por la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, integrada por los jueces Leonardo Massimino y María Martha Angeloz, quien está en comisión por un pedido de licencia de Ángel Antonio Gutiez.
Esta misma Cámara es la que resolvió la situación de los vecinos de Villa El Libertador por el hundimiento de sus viviendas producto de la acción de las napas freáticas. La causa se había iniciado en 2016, cuando sus impulsores principales –la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, vecinos del lugar y miembros de la familia Gremo– consiguieron que se frenara la instalación del complejo con un amparo. En 2017, el TSJ dio lugar a esa medida y unificó las cinco causas que apuntaban contra la instalación del predio, asignándolas a la Cámara.
Sobre esto, el concejal de Córdoba Cambia Juan Negri enfatizó que el intendente Martín Llaryora deberá tomar una determinación. “Para la Municipalidad es durísimo. Deberá generar un espacio con municipios del Gran Córdoba para buscar una solución”, consideró.
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Más Información:
El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (31/12/2019)
La Justicia rechazó la instalación de la Planta de Cormecor en Santa Ana
En la causa “Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba”, la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba hizo lugar a la acción de amparo ambiental (Ley 10.208 y concs.).
La Voz del Interior (31/12/2019)
“Ojalá sirva como antecedente”
Los vecinos de Villa Parque Santa Ana, nucleados en la Asamblea Santa María sin Basura desde 2016, celebraron la decisión de la Justicia de no permitir la instalación de la planta de Cormecor en el predio contiguo a su localidad y reivindicaron las luchas sociales ambientalistas.
Comercio y Justicia (31/12/2019)
Fallo no acepta el sitio elegido por Cormecor para la basura
La Justicia hizo lugar a la acción de amparo ambiental tramitada en la causa “Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba”.
Hoy Día (31/12/2019)
La justicia admitió el amparo contra la planta de Cormecor
La Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación de nuestra ciudad decidió finalmente aceptar el amparo interpuesto por los vecinos de Villa Parque Santa Ana y no autorizar la instalación del complejo de tratamientos de residuos que Cormecor tenía planeado emplazar cerca del municipio del departamento de Santa María.
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La Justicia dijo “no” al proyecto de la planta de Cormecor
En un fallo esperado por los habitantes de Villa Parque Santa Ana, la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación decidió ayer aceptar el amparo presentado por este grupo de vecinos y no autorizar la instalación del complejo ambiental de Cormecor, donde estaban proyectadas plantas de tratamiento de residuos para Córdoba capital y otras 19 localidades. Desde la corporación de municipios adelantaron que apelarán la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia.
“Como resultado de las pruebas reunidas, quedó acreditado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por Cormecor cumple, en general, con los aspectos ambientales, en correspondencia con la realidad física y biológica del área por afectar”, dijo la Cámara. “Sin embargo, también quedó establecido que el emplazamiento en el lugar elegido se aparta sin fundamento suficiente de las recomendaciones del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en cuanto a la distancia mínima que debe separar el emprendimiento del borde urbano más cercano; en este caso, el de Villa Parque Santa Ana”, fundamentó, en un resumen de su resolución para la prensa.
La abogada de los amparistas, Lorena Fernández Millicay, celebró el fallo, cuyos argumentos se extienden por unas 100 páginas, que aún no pudieron leer. Afirmó que junto a los vecinos están “muy emocionados”.
El intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker, también celebró la resolución judicial. “Vinimos con muchos vecinos a escuchar la decisión y nos dimos con que dio a favor nuestro, como ya lo habían demostrado los peritajes”, contó. “Estamos muy felices, ha sido una lucha muy larga, cuatro años desde diciembre de 2015”, añadió Becker a La Voz. Para el intendente, “el fallo es tan contundente que aunque estén abiertas las posibilidades de apelación no les deja ningún resquicio”.
Para la Justicia, fue relevante que “en la elección del sitio se han soslayado las implicancias sociales que sobre esa misma población tendría la ubicación de un emprendimiento de las características del previsto”.
Desde la Municipalidad de Córdoba manifestaron a este medio que el fallo “está en estudio”, por lo que los funcionarios evitarán hacer pronunciamientos al respecto.
Las autoridades de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Comercor) adelantaron que apelarán el fallo judicial.
Sobre esto, el vicepresidente de Comercor, Marcelo Ambroggio, consideró que la resolución “tiene serias contradicciones”. “Hay probabilidades de que se cambie el criterio (...). Es una decisión judicial de primera instancia”, relativizó en diálogo con Cadena 3. E insistió con que el predio de Piedra Blanca, donde hoy depositan los residuos Córdoba y otros municipios, “está a punto de colapsar”, ya que sólo le resta un año de utilidad.
En este caso, la decisión fue tomada por la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, integrada por los jueces Leonardo Massimino y María Martha Angeloz, quien está en comisión por un pedido de licencia de Ángel Antonio Gutiez.
Esta misma Cámara es la que resolvió la situación de los vecinos de Villa El Libertador por el hundimiento de sus viviendas producto de la acción de las napas freáticas. La causa se había iniciado en 2016, cuando sus impulsores principales –la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, vecinos del lugar y miembros de la familia Gremo– consiguieron que se frenara la instalación del complejo con un amparo. En 2017, el TSJ dio lugar a esa medida y unificó las cinco causas que apuntaban contra la instalación del predio, asignándolas a la Cámara.
Sobre esto, el concejal de Córdoba Cambia Juan Negri enfatizó que el intendente Martín Llaryora deberá tomar una determinación. “Para la Municipalidad es durísimo. Deberá generar un espacio con municipios del Gran Córdoba para buscar una solución”, consideró.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (31/12/2019)
La Justicia rechazó la instalación de la Planta de Cormecor en Santa Ana
En la causa “Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba”, la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba hizo lugar a la acción de amparo ambiental (Ley 10.208 y concs.).
La Voz del Interior (31/12/2019)
“Ojalá sirva como antecedente”
Los vecinos de Villa Parque Santa Ana, nucleados en la Asamblea Santa María sin Basura desde 2016, celebraron la decisión de la Justicia de no permitir la instalación de la planta de Cormecor en el predio contiguo a su localidad y reivindicaron las luchas sociales ambientalistas.
Comercio y Justicia (31/12/2019)
Fallo no acepta el sitio elegido por Cormecor para la basura
La Justicia hizo lugar a la acción de amparo ambiental tramitada en la causa “Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Córdoba”.
Hoy Día (31/12/2019)
La justicia admitió el amparo contra la planta de Cormecor
La Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación de nuestra ciudad decidió finalmente aceptar el amparo interpuesto por los vecinos de Villa Parque Santa Ana y no autorizar la instalación del complejo de tratamientos de residuos que Cormecor tenía planeado emplazar cerca del municipio del departamento de Santa María.
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30 dic 2019
Victoria de los vecinos en la causa Cormecor
La Voz del Interior - Edición Electrónica (30/12/2019)
La Justicia rechazó la instalación de Cormecor por no respetar la distancia mínima con poblaciones cercanas
La decisión puede ser apelada, pero es un fuerte revés para el complejo, suspendido desde 2016.
Por no cumplir “los recaudos de la ley de Ambiente”, en particular la distancia mínima con el borde urbano más cercano, la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación decidió aceptar el amparo interpuesto por los vecinos de Villa Parque Santa Ana y no autorizar la instalación del complejo ambiental de Cormecor.
La decisión puede ser apelada al Tribunal Superior de Justicia, si es que así lo deciden los principales actores afectados: la Provincia, Municipalidad de Córdoba y los otros municipios socios de Cormecor.
“Como resultado de las pruebas reunidas, quedó acreditado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por Cormecor cumple, en general, con los aspectos ambientales, en correspondencia con la realidad física y biológica del área a afectar. Sin embargo, también quedó establecido que el emplazamiento en el lugar elegido se aparta sin fundamento suficiente de las recomendaciones del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en cuanto a la distancia mínima que debe separar el emprendimiento del borde urbano más cercano; en este caso, el de Villa Parque Santa Ana”, fundamenta la Cámara, en un resumen de su resolución elaborada para la prensa.
La abogada de los amparistas, Lorena Fernández Millicay, celebró el fallo, que tiene unas 100 páginas de fundamentos, que aún no pudieron leer. Dijo que junto a los vecinos están “muy emocionados”.
El intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker, también festejó la resolución judicial. “Vinimos con muchos vecinos a escuchar la decisión y nos dimos que dio a favor nuestro, como ya lo habían demostrado las pericias. Estamos muy felices, ha sido una lucha muy larga, cuatro años desde diciembre 2015”, dijo Becker a La Voz. Para el intendente, “el fallo es tan contundente que aunque estén abiertas las posibilidades de apelación no les deja ningún resquicio”.
Para la Justicia, fue relevante que “en la elección del sitio se han soslayado las implicancias sociales que sobre esa misma población tendría la ubicación de un emprendimiento de las características del previsto”.
La decisión fue tomada por la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, integrada por los jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –quien está en comisión por un pedido de licencia de Ángel Antonio Gutiez–. Esta misma Cámara es la que resolvió la situación de los vecinos de Villa El Libertador por el hundimiento de sus viviendas producto de la acción de las napas freáticas. En 2018, luego de varias audiencias, la Justicia logró un acuerdo entre la Provincia y la Municipalidad para que dispusieran un plan de obras de cloacas sobre 36 manzanas afectadas.
La causa se había iniciado en 2016, cuando sus impulsores principales: la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, vecinos del lugar y miembros de la familia Gremo consiguieron que se frene la instalación del complejo con un amparo. En 2017 el TSJ dio lugar a esta medida y unificó las cinco causas que apuntaban contra la instalación del predio, asignándolas a la Cámara.
Además de Cormecor, están demandadas en la causa la Municipalidad de Córdoba y la Provincia.
Clave: el peritaje
Los dos puntos que había objetado el peritaje oficial eran: la escasa distancia entre el predio de enterramiento y la zona urbana y la falta de un relevamiento socio-ambiental. Estos dos señalamiento acabarían por ser decisivos.
En el primer caso, el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) recomendó una distancia de cuatro kilómetros –dos de zona de restricción absoluta y dos de zona buffer- entre la ubicación del complejo ambiental y la población más cercana. El proyecto de Cormecor en las inmediaciones de Villa Parque Santa Ana no cumple con ella.
Los peritos señalaron que no pueden garantizar que no haya una afectación por las emisiones gaseosas y los malos olores ya hay solamente un kilómetro entre el complejo y la última vivienda de Villa Parque Santa Ana.
El segundo punto que cuestionó el cuerpo de cinco especialistas es que no se realizó un estudio de impacto socio ambiental; es decir no se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos de la zona. Además Vale aclarar que Villa Parque Santa Ana no es socia de Cormecor.
El mismo informe rechaza otras objeciones presentadas por la demanda, que equiparaban los riesgos de este emplazamiento con el que tiene la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym, inundada casi tres años atrás. Para los peritos, el predio es apto frente a los riesgos contaminación de las napas o un posible escurrimiento hacia el canal Los Molinos-Córdoba. Sobre el primer punto, el dictamen señala que las napas se encuentran a 75 metros de profundidad, una distancia en la que inclusive si hubiera una rotura de las mallas del predio no llegaría a contaminar el agua subterránea. El estudio señala, además, que el predio no es inundable y que con las obras de desagüe previstas en el proyecto no hay riesgo de que ocurra lo mismo que sucedió con Taym en 2017.
Cómo sigue
Las partes aún pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como última instancia. Pero ante la inminencia de extinción de la vida útil del actual enterramiento de Piedra Blanca es un interrogante que se plantea si los socios principales de Cormecor, Provincia y Municipalidad de Córdoba, mantendrán el litigio o buscarán otro lugar de emplazamiento para el proyecto.
Como la Justicia entra de feria en enero, cualquier apelación deberá aguardar hasta los primeros días hábiles de febrero. Se debe presentar ante la propia Cámara, que se comprometió a darle tratamiento prioritario y definir en menos de una semana hábil si concedo o no el recurso. En buena medida, esto depende de los fundamentos que se esgriman. De otorgarse la apelación, va al TSJ, que no tiene tiempos para decidir.
Entretanto, Piedra Blanca recibe hoy más de 2.100 toneladas diarias de basura.
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Más Información:
La Nueva Mañana - Edición Electrónica (30/12/2019)
La Justicia rechazó la instalación de la Planta de Cormecor en Santa Ana
Se determinó que el centro de tratamiento de residuos, que busca instalarse desde 2016, no cumple con los requisitos socioambientales.
Hoy Día - Edición Electrónica (30/12/2019)
Victoria de los vecinos, la Justicia hizo lugar al amparo contra la instalación de Cormecor
La Justicia de Córdoba falló en contra de la instalación del complejo ambiental de Cormecor al sur de Córdoba
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21 dic 2019
El fallo por Cormecor será el 30 de diciembre
La Voz del Interior (21/12/2019)
El último día hábil del año saldrá el fallo por Cormecor
Lunes 30 de diciembre es la fecha en que la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación fijó para leer el fallo que resolverá si el predio en cercanías de Villa Parque Santa Ana es apto para la instalación del complejo ambiental que propuso la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de Córdoba capital y de una veintena de municipios del área metropolitana.
Se trata de un paso clave para el futuro de la basura que producen los cordobeses. Piedra Blanca recibe más de 2.100 toneladas diarias de basura y su vida útil tiene pronta fecha de vencimiento.
Este enterramiento fue abierto de manera provisoria en abril de 2010 por un año y, luego de varias extensiones, aumentó su capacidad de tratamiento hasta mediados de 2021.
La sentencia del tribunal integrado por los jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –está ultima integra la Cámara en comisión– no será la definitiva, aunque supone un avance.
Sea cual fuere la decisión de la Justicia sobre la medida cautelar –si prohibir la instalación del complejo, habilitarlo o buscar una solución intermedia exhortativa–, las partes aún pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como última instancia.
En caso de que haya una apelación, se podría mantener la suspensión de utilizar el predio ubicado a 18 kilómetros al sur de la Capital entre la autovía a Alta Gracia y la autovía a Río Cuarto. Cualquier instancia judicial siguiente se activará recién en febrero, después de la feria judicial.
Vale recordar que este tribunal fue el que resolvió la situación de los vecinos de Villa El Libertador por el hundimiento de sus viviendas producto de la acción de la napas freáticas. En 2018, luego de varias audiencias, la Justicia logró un acuerdo entre la Provincia y la Municipalidad para que dispusieran un plan de obras de cloacas sobre 36 manzanas afectadas.
Peritaje
El punto central que debe establecer la Justicia es si el complejo ambiental de 502 hectáreas con dos fosas de enterramiento y una planta de separación de residuos puede instalarse en ese lugar. Debe determinar si el proyecto cumple con las recomendaciones técnicas que estableció el estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Durante más de un año, un cuerpo de cinco peritos –integrado por Gimena Vocos Brouwer de Koning, Andrea Argüello, José Gamboni, Arturo Llupia y Rubén Darío González– se dedicó a estudiar el proyecto y a cotejarlo con el estudio. A fines de agosto presentó un informe de 377 páginas que observó que el predio no cumplía con los cuatro kilómetros de separación (dos kilómetros de zona de exclusión exclusiva y otros dos de buffer) entre el enterramiento y la zona urbana que establecieron los técnicos de la universidad.
La distancia mínima que separa al predio de los primeros asentamientos es de un kilómetro. Con este margen, para los especialistas es imposible garantizar que las emisiones de gases y los olores que produciría el complejo no tengan un impacto en la zona. No obstante, desde el comienzo del enterramiento hasta el límite del predio, hay cerca de 700 metros más de diferencia.
Otros puntos clave para la instalación del enterramiento son la factibilidad hídrica y la contaminación de las napas. El estudio es favorable en estos dos aspectos. Una cuestión central por determinar era si el escurrimiento del agua de lluvia podría afectar al canal Los Molinos-Córdoba, como ocurrió tras la inundación del predio de Taym, a principios de 2017.
De acuerdo con el peritaje, los trabajos de desagüe previstos en el proyecto garantizan que no se repita una tragedia, que terminó con la contaminación del suministro de agua potable de la Capital. El informe señala que las napas están a 75 metros de profundidad.
Demanda
En 2017, luego de que el TSJ dio lugar a la medida cautelar interpuesta por los vecinos de Villa Parque Santa Ana, las cinco causas que apuntaban contra la instalación del predio fueron unificadas por la Cámara. La instalación del complejo había sido frenada unos meses antes, en octubre de 2016.
Los principales impulsores de la acción legal son la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, los vecinos y miembros de familia Gremo, dueños de lotes cercanos al predio.
En la causa están demandadas, además de Cormecor, la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba, que en su momento no había otorgado la licencia ambiental para la instalación del predio, que ahora ya la tiene.
Interrogantes
Además de los efectos del fallo, con el fin de año puede abrirse una nueva etapa para Cormecor. El 31 de diciembre vence el plazo de la extensión de la licitación de las tres empresas que aún están en competencia para la explotación.
Hasta el momento, oficialmente, no hubo una nueva prórroga. Este punto deben decidirlo los principales socios del ente municipal, el más importante, la ciudad de Córdoba. En 2017, la Justicia había puesto un paréntesis en el proceso de adjudicación.
La otra fecha clave para Cormecor es el 30 de diciembre. Ese día, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, está prevista la asamblea general extraordinaria de accionistas para la renovación de los miembros del directorio.
La empresa está compuesta por un presidente, por dos vicepresidentes, por cuatro síndicos y por cuatro directores, entre ellos el gremialista del Surrbac Pascual Catrambone, licenciado por sus pares desde el 29 de agosto tras ser detenido por la Justicia federal.
Complejo ambiental: Proyecto e inversión
Hay tres empresas interesadas en la licitación.
Costo. El presupuesto inicial para la instalación del enterramiento y las secciones operativas se había cotizado en $ 446.927.000. Ahora su costo se triplicó.
Expropiación. La Legislatura en 2015 sancionó la ley. Sólo tomó posesión de 160 hectáreas.
Vida útil. Está previsto que el complejo ambiental reciba durante 30 años los residuos de 23 municipios, además de la Capital. Su capacidad puede aumentar si se aplican políticas de reciclado.
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El último día hábil del año saldrá el fallo por Cormecor
Lunes 30 de diciembre es la fecha en que la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación fijó para leer el fallo que resolverá si el predio en cercanías de Villa Parque Santa Ana es apto para la instalación del complejo ambiental que propuso la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de Córdoba capital y de una veintena de municipios del área metropolitana.
Se trata de un paso clave para el futuro de la basura que producen los cordobeses. Piedra Blanca recibe más de 2.100 toneladas diarias de basura y su vida útil tiene pronta fecha de vencimiento.
Este enterramiento fue abierto de manera provisoria en abril de 2010 por un año y, luego de varias extensiones, aumentó su capacidad de tratamiento hasta mediados de 2021.
La sentencia del tribunal integrado por los jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –está ultima integra la Cámara en comisión– no será la definitiva, aunque supone un avance.
Sea cual fuere la decisión de la Justicia sobre la medida cautelar –si prohibir la instalación del complejo, habilitarlo o buscar una solución intermedia exhortativa–, las partes aún pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como última instancia.
En caso de que haya una apelación, se podría mantener la suspensión de utilizar el predio ubicado a 18 kilómetros al sur de la Capital entre la autovía a Alta Gracia y la autovía a Río Cuarto. Cualquier instancia judicial siguiente se activará recién en febrero, después de la feria judicial.
Vale recordar que este tribunal fue el que resolvió la situación de los vecinos de Villa El Libertador por el hundimiento de sus viviendas producto de la acción de la napas freáticas. En 2018, luego de varias audiencias, la Justicia logró un acuerdo entre la Provincia y la Municipalidad para que dispusieran un plan de obras de cloacas sobre 36 manzanas afectadas.
Peritaje
El punto central que debe establecer la Justicia es si el complejo ambiental de 502 hectáreas con dos fosas de enterramiento y una planta de separación de residuos puede instalarse en ese lugar. Debe determinar si el proyecto cumple con las recomendaciones técnicas que estableció el estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Durante más de un año, un cuerpo de cinco peritos –integrado por Gimena Vocos Brouwer de Koning, Andrea Argüello, José Gamboni, Arturo Llupia y Rubén Darío González– se dedicó a estudiar el proyecto y a cotejarlo con el estudio. A fines de agosto presentó un informe de 377 páginas que observó que el predio no cumplía con los cuatro kilómetros de separación (dos kilómetros de zona de exclusión exclusiva y otros dos de buffer) entre el enterramiento y la zona urbana que establecieron los técnicos de la universidad.
La distancia mínima que separa al predio de los primeros asentamientos es de un kilómetro. Con este margen, para los especialistas es imposible garantizar que las emisiones de gases y los olores que produciría el complejo no tengan un impacto en la zona. No obstante, desde el comienzo del enterramiento hasta el límite del predio, hay cerca de 700 metros más de diferencia.
Otros puntos clave para la instalación del enterramiento son la factibilidad hídrica y la contaminación de las napas. El estudio es favorable en estos dos aspectos. Una cuestión central por determinar era si el escurrimiento del agua de lluvia podría afectar al canal Los Molinos-Córdoba, como ocurrió tras la inundación del predio de Taym, a principios de 2017.
De acuerdo con el peritaje, los trabajos de desagüe previstos en el proyecto garantizan que no se repita una tragedia, que terminó con la contaminación del suministro de agua potable de la Capital. El informe señala que las napas están a 75 metros de profundidad.
Demanda
En 2017, luego de que el TSJ dio lugar a la medida cautelar interpuesta por los vecinos de Villa Parque Santa Ana, las cinco causas que apuntaban contra la instalación del predio fueron unificadas por la Cámara. La instalación del complejo había sido frenada unos meses antes, en octubre de 2016.
Los principales impulsores de la acción legal son la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, los vecinos y miembros de familia Gremo, dueños de lotes cercanos al predio.
En la causa están demandadas, además de Cormecor, la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba, que en su momento no había otorgado la licencia ambiental para la instalación del predio, que ahora ya la tiene.
Interrogantes
Además de los efectos del fallo, con el fin de año puede abrirse una nueva etapa para Cormecor. El 31 de diciembre vence el plazo de la extensión de la licitación de las tres empresas que aún están en competencia para la explotación.
Hasta el momento, oficialmente, no hubo una nueva prórroga. Este punto deben decidirlo los principales socios del ente municipal, el más importante, la ciudad de Córdoba. En 2017, la Justicia había puesto un paréntesis en el proceso de adjudicación.
La otra fecha clave para Cormecor es el 30 de diciembre. Ese día, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, está prevista la asamblea general extraordinaria de accionistas para la renovación de los miembros del directorio.
La empresa está compuesta por un presidente, por dos vicepresidentes, por cuatro síndicos y por cuatro directores, entre ellos el gremialista del Surrbac Pascual Catrambone, licenciado por sus pares desde el 29 de agosto tras ser detenido por la Justicia federal.
Complejo ambiental: Proyecto e inversión
Hay tres empresas interesadas en la licitación.
Costo. El presupuesto inicial para la instalación del enterramiento y las secciones operativas se había cotizado en $ 446.927.000. Ahora su costo se triplicó.
Expropiación. La Legislatura en 2015 sancionó la ley. Sólo tomó posesión de 160 hectáreas.
Vida útil. Está previsto que el complejo ambiental reciba durante 30 años los residuos de 23 municipios, además de la Capital. Su capacidad puede aumentar si se aplican políticas de reciclado.
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12 dic 2019
Inminente fallo de la justicia sobre Cormecor
La Voz del Interior (12/12/2019)
Cormecor: el último peritaje ocular y se acerca el fallo
La Justicia provincial está en la recta final para determinar si el predio de 502 hectáreas próximo a Villa Parque Santa Ana es apto para la instalación del complejo ambiental que proyecta la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) para recibir los residuos de la Capital y de otros 20 municipios del Gran Córdoba.
El martes pasado –el mismo día de las asunciones–, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación realizó la última inspección ocular en las tierras en parte expropiadas por la Provincia (160 sobre las 502 de todo el predio) y que actualmente lucen sembradas con soja. Desde el ente municipal negaron ser los responsables de ese cultivo.
Además de los dos jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –está en comisión por un pedido de licencia de Ángel Antonio Gutiez–, participaron todas las partes, sus peritos y los peritos oficiales. Vecinos de la zona se llegaron también hasta el predio y mostraron su descontento.
Con esta última instancia de prueba, el amparo que suspendió la instalación del complejo a fines de 2016 se acerca a su resolución. El fallo podría estar antes de fin de año.
Distancia
El quid que tiene que resolver la Justicia es si es determinante que el predio cumpla con los cuatro kilómetros de distancia que recomendó de manera explícita el estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la UNC.
El informe establece que debe haber entre la zona urbana y el enterramiento dos kilómetros de exclusión absoluta y otros dos de zona buffer para mitigar el impacto de los olores que produciría el complejo ambiental.
Actualmente, el predio se encuentra a mil metros de la zona habitable. No obstante, desde el punto sudoeste del complejo –el más cercano a Villa Parque Santa Ana– hasta la fosa, hay cerca de 700 metros de distancia.
Peritaje
Sobre el resto de las variables, el peritaje señala que el predio sería apto para la instalación de un enterramiento, tomando todas medidas de precaución y cuidado que indica el informe de la UNC, certificado por los peritos oficiales.
Con respecto a las napas, el estudio indica que están a 75 metros de profundidad, una distancia suficiente para garantizar que no haya impacto, incluso en el caso de que alguna de las mallas tenga una filtración.
El escurrimiento del predio era otro de los puntos que estaba en cuestión. El hecho de que ocurra otra catástrofe como la que sucedió con la inundación de Taym en 2017 –cuyos residuos terminaron por contaminar el canal Los Molinos-Córdoba, que abastece de agua potable a la Capital– no está dentro de las posibilidades, según estima el texto de 377 páginas del peritaje oficial sobre el estudio del Isea.
Por esa razón, dentro del predio están previstos una laguna de retención y un sistema de canalización para contener estos eventos.
Licitación
El proyecto para la instalación del complejo ambiental fue licitado hace cuatro años. Pero la suspensión dejó en stand by la adjudicación del proyecto.
Las tres empresas que se mostraron interesadas en explotar el predio, Ecociencia, Milicic y Evasa, extendieron su oferta hasta el 31 de diciembre. Hasta ahora ninguna de ellas pidió renovarla.
En sus inicios, la obra tenía un costo de 446.927.000 pesos. Los vaivenes económicos ya duplicaron este monto, aseguraron desde la empresa.
La continuidad del ente es cuestionada por algunos intendentes del Gran Córdoba. La idea de crear un nuevo organismo a cargo de la basura metropolitana no sería mal vista por algunos funcionarios de la Provincia.
Amén de lo que resuelva la Cámara, las partes podrán apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Hasta que el máximo tribunal se expida, toda innovación en el predio seguirá suspendida.
Gestión
Al actual intendente, Martín Llaryora, le tocará resolver este problema, que viene de la gestión de Daniel Giacomino, cuando cerró anticipadamente la fosa 9 de Bouwer.
Al actual predio de enterramiento de Piedra Blanca –según la empresa– le quedan menos de dos años de vida útil. Allí se depositan más de dos mil toneladas diarias de basura.
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Más Información:
Hoy Día (12/12/2019)
Se aproxima la definición del amparo por el caso Cormecor
La Justicia inspeccionó el terreno donde se pretende instalar un predio de tratamiento de residuos
La Nueva Mañana - Edición Electrónica (12/12/2019)
Realizaron la última inspección ocular en Cormecor antes del fallo
Vocales judiciales visitaron el espacio ubicado cerca de Villa Parque Santa Ana, antes de determinar si se podrá instalar allí un complejo de enterramiento de basura.
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Cormecor: el último peritaje ocular y se acerca el fallo
La Justicia provincial está en la recta final para determinar si el predio de 502 hectáreas próximo a Villa Parque Santa Ana es apto para la instalación del complejo ambiental que proyecta la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) para recibir los residuos de la Capital y de otros 20 municipios del Gran Córdoba.
El martes pasado –el mismo día de las asunciones–, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación realizó la última inspección ocular en las tierras en parte expropiadas por la Provincia (160 sobre las 502 de todo el predio) y que actualmente lucen sembradas con soja. Desde el ente municipal negaron ser los responsables de ese cultivo.
Además de los dos jueces Leonardo Massimino y María Marta Angeloz –está en comisión por un pedido de licencia de Ángel Antonio Gutiez–, participaron todas las partes, sus peritos y los peritos oficiales. Vecinos de la zona se llegaron también hasta el predio y mostraron su descontento.
Con esta última instancia de prueba, el amparo que suspendió la instalación del complejo a fines de 2016 se acerca a su resolución. El fallo podría estar antes de fin de año.
Distancia
El quid que tiene que resolver la Justicia es si es determinante que el predio cumpla con los cuatro kilómetros de distancia que recomendó de manera explícita el estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la UNC.
El informe establece que debe haber entre la zona urbana y el enterramiento dos kilómetros de exclusión absoluta y otros dos de zona buffer para mitigar el impacto de los olores que produciría el complejo ambiental.
Actualmente, el predio se encuentra a mil metros de la zona habitable. No obstante, desde el punto sudoeste del complejo –el más cercano a Villa Parque Santa Ana– hasta la fosa, hay cerca de 700 metros de distancia.
Peritaje
Sobre el resto de las variables, el peritaje señala que el predio sería apto para la instalación de un enterramiento, tomando todas medidas de precaución y cuidado que indica el informe de la UNC, certificado por los peritos oficiales.
Con respecto a las napas, el estudio indica que están a 75 metros de profundidad, una distancia suficiente para garantizar que no haya impacto, incluso en el caso de que alguna de las mallas tenga una filtración.
El escurrimiento del predio era otro de los puntos que estaba en cuestión. El hecho de que ocurra otra catástrofe como la que sucedió con la inundación de Taym en 2017 –cuyos residuos terminaron por contaminar el canal Los Molinos-Córdoba, que abastece de agua potable a la Capital– no está dentro de las posibilidades, según estima el texto de 377 páginas del peritaje oficial sobre el estudio del Isea.
Por esa razón, dentro del predio están previstos una laguna de retención y un sistema de canalización para contener estos eventos.
Licitación
El proyecto para la instalación del complejo ambiental fue licitado hace cuatro años. Pero la suspensión dejó en stand by la adjudicación del proyecto.
Las tres empresas que se mostraron interesadas en explotar el predio, Ecociencia, Milicic y Evasa, extendieron su oferta hasta el 31 de diciembre. Hasta ahora ninguna de ellas pidió renovarla.
En sus inicios, la obra tenía un costo de 446.927.000 pesos. Los vaivenes económicos ya duplicaron este monto, aseguraron desde la empresa.
La continuidad del ente es cuestionada por algunos intendentes del Gran Córdoba. La idea de crear un nuevo organismo a cargo de la basura metropolitana no sería mal vista por algunos funcionarios de la Provincia.
Amén de lo que resuelva la Cámara, las partes podrán apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Hasta que el máximo tribunal se expida, toda innovación en el predio seguirá suspendida.
Gestión
Al actual intendente, Martín Llaryora, le tocará resolver este problema, que viene de la gestión de Daniel Giacomino, cuando cerró anticipadamente la fosa 9 de Bouwer.
Al actual predio de enterramiento de Piedra Blanca –según la empresa– le quedan menos de dos años de vida útil. Allí se depositan más de dos mil toneladas diarias de basura.
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Más Información:
Hoy Día (12/12/2019)
Se aproxima la definición del amparo por el caso Cormecor
La Justicia inspeccionó el terreno donde se pretende instalar un predio de tratamiento de residuos
La Nueva Mañana - Edición Electrónica (12/12/2019)
Realizaron la última inspección ocular en Cormecor antes del fallo
Vocales judiciales visitaron el espacio ubicado cerca de Villa Parque Santa Ana, antes de determinar si se podrá instalar allí un complejo de enterramiento de basura.
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3 dic 2019
Denuncian movimientos en la planta Taym
Hoy Día (03/12/2019)
Funam denunció maniobras de Taym en la planta de residuos peligrosos
La ONG ambiental aseguró que la firma está cambiando la topografía aguas arriba de su planta, sin considerar los riesgos de contaminación del canal Los Molinos
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció ayer que la empresa Taym, dedicada a almacenar residuos altamente peligrosos, está cambiando la topografía aguas arriba de la planta ubicada sobre la ruta nacional 36, con el objetivo de “protegerse de su mala localización”.
La ONG ambiental con status consultivo en Naciones Unidas indicó que, gracias a la tarea de vigilancia que realizan los Vecinos Autoconvocados de Santa María Sin Basura, “pudo fotografiarse la faraónica montaña de tierra que Taym está construyendo aguas arriba de la planta, probablemente para protegerse de futuros movimientos de las aguas –la escorrentía superficial- sin importarle adónde va esa agua desviada, ni los daños que podría provocar”.
El biólogo Raúl Montenegro presentó de hecho la semana pasada una denuncia formal ante el fiscal Alejandro Peralta Ottonello denunciando la presunta ilegalidad de la montaña de tierra que Taym está construyendo aguas arriba y el relleno, también presuntamente ilegal, de la fosa que se inundó en 2017. “Es inadmisible que una planta dedicada a almacenar residuos peligrosos procedentes de todo el país, mal localizada con el aval de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, cuyos residuos contaminaron el 28 de marzo de 2017 el canal Los Molinos que abastece de agua para potabilizar a la ciudad de Córdoba, empresa que además está enjuiciada, siga violando la ley con total impunidad”, denunció Montenegro.
El especialista explicó que cualquier obra de gran envergadura como la que está haciendo Taym “debe presentar previamente el estudio de impacto ambiental, y ese estudio deber ser debatido socialmente en audiencia pública. La patética realidad de Córdoba es que los vecinos situados aguas arriba y aguas debajo de la planta se enteraron por sí mismos de la faraónica obra del grupo Benito Roggio, al cual pertenece Taym. No debe aceptarse que una empresa peligrosa y enjuiciada se ría de la comunidad y de la propia justicia rellenando una fosa y construyendo una montaña de tierra que la proteja de crecientes, todo ello sin importarle lo que suceda con el futuro desvío de aguas”.
“Si Taym presentó el estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, algo que no sabemos, y el Gobierno lo mantuvo en secreto y no convocó a audiencia pública previa, nos encontraríamos ante una situación de complicidad que debería ser denunciada penalmente. También es posible que Taym presentara un aviso de proyecto (...) o que no presentara nada. Para que todo esto se dilucide, hicimos la presentación ante la fiscalía”, completó Montenegro.
Vale recordar que en 2017, el derrumbe de un terraplén de la planta produjo el derrame de material altamente tóxico por el canal Los Molinos, que después se comprobó llegó hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, que abastase de agua potable a nuestra ciudad. Ante la gravedad de esos hechos y los nuevos acontecimientos, Funam volvió a exigir ayer que Taym “sea definitivamente cerrada y se proceda a su remediación, esto último previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública”.
Por otra parte, el viceintendente de nuestra ciudad, Daniel Passerini, y numerosos concejales recibieron ayer una nota por la cual siete organizaciones ambientalistas solicitaron una ordenanza que disponga una evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley 10.208 para el entorno de la Reserva San Martín, en una franja de dos kilómetros de ancho a ambos lados del curso del río Suquía, desde el viaducto de la avenida de Circunvalación frente al Estadio Kempes, hasta el límite oeste del ejido de la ciudad de Córdoba.
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Funam denunció maniobras de Taym en la planta de residuos peligrosos
La ONG ambiental aseguró que la firma está cambiando la topografía aguas arriba de su planta, sin considerar los riesgos de contaminación del canal Los Molinos
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció ayer que la empresa Taym, dedicada a almacenar residuos altamente peligrosos, está cambiando la topografía aguas arriba de la planta ubicada sobre la ruta nacional 36, con el objetivo de “protegerse de su mala localización”.
La ONG ambiental con status consultivo en Naciones Unidas indicó que, gracias a la tarea de vigilancia que realizan los Vecinos Autoconvocados de Santa María Sin Basura, “pudo fotografiarse la faraónica montaña de tierra que Taym está construyendo aguas arriba de la planta, probablemente para protegerse de futuros movimientos de las aguas –la escorrentía superficial- sin importarle adónde va esa agua desviada, ni los daños que podría provocar”.
El biólogo Raúl Montenegro presentó de hecho la semana pasada una denuncia formal ante el fiscal Alejandro Peralta Ottonello denunciando la presunta ilegalidad de la montaña de tierra que Taym está construyendo aguas arriba y el relleno, también presuntamente ilegal, de la fosa que se inundó en 2017. “Es inadmisible que una planta dedicada a almacenar residuos peligrosos procedentes de todo el país, mal localizada con el aval de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, cuyos residuos contaminaron el 28 de marzo de 2017 el canal Los Molinos que abastece de agua para potabilizar a la ciudad de Córdoba, empresa que además está enjuiciada, siga violando la ley con total impunidad”, denunció Montenegro.
El especialista explicó que cualquier obra de gran envergadura como la que está haciendo Taym “debe presentar previamente el estudio de impacto ambiental, y ese estudio deber ser debatido socialmente en audiencia pública. La patética realidad de Córdoba es que los vecinos situados aguas arriba y aguas debajo de la planta se enteraron por sí mismos de la faraónica obra del grupo Benito Roggio, al cual pertenece Taym. No debe aceptarse que una empresa peligrosa y enjuiciada se ría de la comunidad y de la propia justicia rellenando una fosa y construyendo una montaña de tierra que la proteja de crecientes, todo ello sin importarle lo que suceda con el futuro desvío de aguas”.
“Si Taym presentó el estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, algo que no sabemos, y el Gobierno lo mantuvo en secreto y no convocó a audiencia pública previa, nos encontraríamos ante una situación de complicidad que debería ser denunciada penalmente. También es posible que Taym presentara un aviso de proyecto (...) o que no presentara nada. Para que todo esto se dilucide, hicimos la presentación ante la fiscalía”, completó Montenegro.
Vale recordar que en 2017, el derrumbe de un terraplén de la planta produjo el derrame de material altamente tóxico por el canal Los Molinos, que después se comprobó llegó hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, que abastase de agua potable a nuestra ciudad. Ante la gravedad de esos hechos y los nuevos acontecimientos, Funam volvió a exigir ayer que Taym “sea definitivamente cerrada y se proceda a su remediación, esto último previo estudio de impacto ambiental y audiencia pública”.
Por otra parte, el viceintendente de nuestra ciudad, Daniel Passerini, y numerosos concejales recibieron ayer una nota por la cual siete organizaciones ambientalistas solicitaron una ordenanza que disponga una evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley 10.208 para el entorno de la Reserva San Martín, en una franja de dos kilómetros de ancho a ambos lados del curso del río Suquía, desde el viaducto de la avenida de Circunvalación frente al Estadio Kempes, hasta el límite oeste del ejido de la ciudad de Córdoba.
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2 dic 2019
Movimientos en predio de Taym sospechosos
La Voz del Interior - Edición Electrónica (02/12/2019)
Villa Parque Santa Ana: preocupación de los vecinos por movimientos en predio de Taym
Los vecinos de Villa Parque Santa Ana y productores agropecuarios próximos a la ruta provincial 5 advirtieron este lunes sobre movimientos de terreno en la planta de residuos industriales de Taym, en la misma zona en la que en marzo de 2017 se originó el ingreso del agua de escorrentía, que aún hoy la Justicia investiga por contaminación.
"Se han visto intensos movimientos de camiones en la planta de Taym. En una semana construyeron una verdadera montaña de áridos en el borde oeste, por donde ingresó el agua de escorrentía en 2017", describieron los propietarios más próximos a este lote.
Los productores agropecuarios más cercanos y los habitantes de Villa Parque Santa Ana se habían constituido como querellantes para que se investigara en los tribunales lo sucedido el 28 de marzo de 2017, cuando una intensa lluvia hizo colapsar la planta ubicada en el departamento Santa María.
"No sabemos qué es esa montaña que se puede ver, si es para tapar esa fosa que se inundó, queremos saber", expresó a La Voz José Gremo, uno de los productores de la zona, quien desde ese momento está preocupado por lo sucedido con el ingreso de agua al predio de residuos industriales.
El biólogo y responsable de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, dio a conocer que informó sobre estos cambios en el suelo al fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, con la intención de que se expida sobre si existe "una presunta ilegalidad".
"Es inadmisible que una planta dedicada a almacenar residuos peligrosos procedentes de todo el país, mal localizada con el aval de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, cuyos residuos contaminaron el 28 de marzo de 2017 el Canal Los Molinos Córdoba, que abastece de agua para potabilizar a la ciudad de Córdoba, empresa que, además, está enjuiciada, siga violando la ley con total impunidad", indicó Montenegro.
También los vecinos se preguntaron en el comunicado sobre los movimientos del suelo. "¿Hacia dónde irá el agua desviada por la montaña artificial creada en Taym? ¿Cómo afectará a los campos y poblaciones próximas?", expresaron.
Debido a este episodio de hace más de dos años, se instruyó una causa judicial a cargo del fiscal Peralta Otonello, quien imputó a tres directivos de la firma por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental, previsto en la ley nacional 24.051.
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Villa Parque Santa Ana: preocupación de los vecinos por movimientos en predio de Taym
Los vecinos de Villa Parque Santa Ana y productores agropecuarios próximos a la ruta provincial 5 advirtieron este lunes sobre movimientos de terreno en la planta de residuos industriales de Taym, en la misma zona en la que en marzo de 2017 se originó el ingreso del agua de escorrentía, que aún hoy la Justicia investiga por contaminación.
"Se han visto intensos movimientos de camiones en la planta de Taym. En una semana construyeron una verdadera montaña de áridos en el borde oeste, por donde ingresó el agua de escorrentía en 2017", describieron los propietarios más próximos a este lote.
Los productores agropecuarios más cercanos y los habitantes de Villa Parque Santa Ana se habían constituido como querellantes para que se investigara en los tribunales lo sucedido el 28 de marzo de 2017, cuando una intensa lluvia hizo colapsar la planta ubicada en el departamento Santa María.
"No sabemos qué es esa montaña que se puede ver, si es para tapar esa fosa que se inundó, queremos saber", expresó a La Voz José Gremo, uno de los productores de la zona, quien desde ese momento está preocupado por lo sucedido con el ingreso de agua al predio de residuos industriales.
El biólogo y responsable de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, dio a conocer que informó sobre estos cambios en el suelo al fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, con la intención de que se expida sobre si existe "una presunta ilegalidad".
"Es inadmisible que una planta dedicada a almacenar residuos peligrosos procedentes de todo el país, mal localizada con el aval de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, cuyos residuos contaminaron el 28 de marzo de 2017 el Canal Los Molinos Córdoba, que abastece de agua para potabilizar a la ciudad de Córdoba, empresa que, además, está enjuiciada, siga violando la ley con total impunidad", indicó Montenegro.
También los vecinos se preguntaron en el comunicado sobre los movimientos del suelo. "¿Hacia dónde irá el agua desviada por la montaña artificial creada en Taym? ¿Cómo afectará a los campos y poblaciones próximas?", expresaron.
Debido a este episodio de hace más de dos años, se instruyó una causa judicial a cargo del fiscal Peralta Otonello, quien imputó a tres directivos de la firma por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental, previsto en la ley nacional 24.051.
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18 oct 2019
Dos problemas para Cormecor
La Voz del Interior (18/10/2019)
Cormecor: la distancia del predio, el punto sobre el que debe resolver la Justicia
La distancia entre el predio de enterramiento y el borde urbano es uno de los dos nudos por resolver sobre el futuro complejo ambiental que pretende instalar la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) en Villa Parque Santa Ana. El otro, la factibilidad.
Esta semana la causa que lleva adelante la Cámara Contencioso Administrativo de 1° Nominación tuvo un nuevo avance. Las partes recibieron la contestación de los peritos oficiales a las observaciones que realizaron semanas atrás.
Los cinco especialistas se dedicaron a fiscalizar si el proyecto presentado por Cormecor se adaptaba a los requerimientos establecidos por el estudio del Instituto Superior de Estudio Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La primera conclusión es que el futuro predio que reemplazará a Piedra Blanca no respeta las indicaciones de los especialistas de la UNC sobre la zona de exclusión.
El estudio de impacto ambiental señala que debe ubicarse como mínimo a cuatro kilómetros de un área urbanizada (2 kilómetros de restricción absoluta y otros dos de buffer).
El proyecto actual se encuentra a un kilómetro de la vivienda más cercana.
“Reducirla a un kilómetro la distancia al borde urbano de la población más próxima, hace que no pueda garantizarse la no afectación por diversos peligros, principalmente respecto a emisiones gaseosas y malos olores”, repiten los peritos en su informe.
Agregan que para cumplirse con esa zona de amortiguación “tendrían que expropiarse las áreas respectivas”.
Al no tratarse de un nuevo estudio de impacto ambiental no se volvieron a hacer pruebas sobre el terreno, salvo algunas excepciones para corroborar los resultados.
En su momento desde Cormecor y la Provincia argumentaron que la distancia de un kilómetro era la misma que utilizaban en otras ciudades de América Latina y de Europa. Además de ser la legislación establecida por la normativa provincial, aprobada con posterioridad a la decisión de establecer el predio.
Puntos positivos
A pesar de este señalamiento, los peritos retoman el concepto de que el predio es “apto con condiciones” para el Isea, aunque no coinciden con su evaluación final.
También aclaran que están en desacuerdo con la calificación realizada por la empresa a la firma Geoambiental. No obstante la factibilidad del predio es el otro nudo importante a resolver.
Sobre el resto de los puntos analizados, los peritos tienen apreciaciones positivas. Aseguran que la instalación del complejo ambiental –donde se depositaría la basura de Córdoba Capital y una veintena de municipios del Gran Córdoba– no tiene un peligro de inundación.
Ese señalamiento es relevante para que no ocurra otro episodio como el de Taym en 20118. El informe asegura que una situación similar puede ser contenida por las obras de ingeniería proyectadas. Inclusive recomienda, como un punto adicional, que el Canal Los Molinos-Córdoba debería estar entubado aguas debajo de Cormecor.
También dice que la instalación del predio no implica peligro para el suelo ni para las aguas subterráneas; que el paisaje no será afectado de manera significativa de acuerdo con las medidas de mitigación en el proyecto y que la tecnología utilizada para el enterramiento sanitario es la adecuada.
Asegura están previstas las medidas de mitigación y las operaciones post cierre del predio.
Aspectos sociales
En cuanto al punto de vista social, la respuesta de los peritos subraya nuevamente que no fue valorada la opinión de los vecinos de Villa Parque Santa Ana, que son precisamente las personas más afectadas por el complejo.
A su vez dentro de la condiciones que plantea el peritaje se señala que en la Comisión de Monitoreo y Control que tiene que estar integrada por miembros de esa comunidad.
El escrito de casi 100 páginas al que ya accedieron las partes recomienda consensuar formas de compensación para las comunidades más afectadas.
Este señalamiento sería una alternativa para que las partes busquen un acuerdo.
Recta final
La causa ya entró en su recta final. La instalación del predio esta suspendida desde 2016. Las partes tienen siete días hábiles para contestar las consideraciones finales de los peritos.
Luego la Cámara deberá resolver entonces si hace lugar a la demanda, si rechaza el amparo o si busca una solución intermedia (la menos probable). Todo parece indicar que antes de fin de año podría estar el fallo.
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Cormecor: la distancia del predio, el punto sobre el que debe resolver la Justicia
La distancia entre el predio de enterramiento y el borde urbano es uno de los dos nudos por resolver sobre el futuro complejo ambiental que pretende instalar la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) en Villa Parque Santa Ana. El otro, la factibilidad.
Esta semana la causa que lleva adelante la Cámara Contencioso Administrativo de 1° Nominación tuvo un nuevo avance. Las partes recibieron la contestación de los peritos oficiales a las observaciones que realizaron semanas atrás.
Los cinco especialistas se dedicaron a fiscalizar si el proyecto presentado por Cormecor se adaptaba a los requerimientos establecidos por el estudio del Instituto Superior de Estudio Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La primera conclusión es que el futuro predio que reemplazará a Piedra Blanca no respeta las indicaciones de los especialistas de la UNC sobre la zona de exclusión.
El estudio de impacto ambiental señala que debe ubicarse como mínimo a cuatro kilómetros de un área urbanizada (2 kilómetros de restricción absoluta y otros dos de buffer).
El proyecto actual se encuentra a un kilómetro de la vivienda más cercana.
“Reducirla a un kilómetro la distancia al borde urbano de la población más próxima, hace que no pueda garantizarse la no afectación por diversos peligros, principalmente respecto a emisiones gaseosas y malos olores”, repiten los peritos en su informe.
Agregan que para cumplirse con esa zona de amortiguación “tendrían que expropiarse las áreas respectivas”.
Al no tratarse de un nuevo estudio de impacto ambiental no se volvieron a hacer pruebas sobre el terreno, salvo algunas excepciones para corroborar los resultados.
En su momento desde Cormecor y la Provincia argumentaron que la distancia de un kilómetro era la misma que utilizaban en otras ciudades de América Latina y de Europa. Además de ser la legislación establecida por la normativa provincial, aprobada con posterioridad a la decisión de establecer el predio.
Puntos positivos
A pesar de este señalamiento, los peritos retoman el concepto de que el predio es “apto con condiciones” para el Isea, aunque no coinciden con su evaluación final.
También aclaran que están en desacuerdo con la calificación realizada por la empresa a la firma Geoambiental. No obstante la factibilidad del predio es el otro nudo importante a resolver.
Sobre el resto de los puntos analizados, los peritos tienen apreciaciones positivas. Aseguran que la instalación del complejo ambiental –donde se depositaría la basura de Córdoba Capital y una veintena de municipios del Gran Córdoba– no tiene un peligro de inundación.
Ese señalamiento es relevante para que no ocurra otro episodio como el de Taym en 20118. El informe asegura que una situación similar puede ser contenida por las obras de ingeniería proyectadas. Inclusive recomienda, como un punto adicional, que el Canal Los Molinos-Córdoba debería estar entubado aguas debajo de Cormecor.
También dice que la instalación del predio no implica peligro para el suelo ni para las aguas subterráneas; que el paisaje no será afectado de manera significativa de acuerdo con las medidas de mitigación en el proyecto y que la tecnología utilizada para el enterramiento sanitario es la adecuada.
Asegura están previstas las medidas de mitigación y las operaciones post cierre del predio.
Aspectos sociales
En cuanto al punto de vista social, la respuesta de los peritos subraya nuevamente que no fue valorada la opinión de los vecinos de Villa Parque Santa Ana, que son precisamente las personas más afectadas por el complejo.
A su vez dentro de la condiciones que plantea el peritaje se señala que en la Comisión de Monitoreo y Control que tiene que estar integrada por miembros de esa comunidad.
El escrito de casi 100 páginas al que ya accedieron las partes recomienda consensuar formas de compensación para las comunidades más afectadas.
Este señalamiento sería una alternativa para que las partes busquen un acuerdo.
Recta final
La causa ya entró en su recta final. La instalación del predio esta suspendida desde 2016. Las partes tienen siete días hábiles para contestar las consideraciones finales de los peritos.
Luego la Cámara deberá resolver entonces si hace lugar a la demanda, si rechaza el amparo o si busca una solución intermedia (la menos probable). Todo parece indicar que antes de fin de año podría estar el fallo.
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