La Voz del Interior - Edición Electrónica (17/07/2024)
Piden el procesamiento de un exintendente de Córdoba por contaminar el río Suquía

El fiscal Senestrari también pidió procesar a exfuncionarios de Ambiente y de Infraestructura. Es por el mal funcionamiento de la planta de Bajo Grande.
El fiscal federal Enrique Senestrari solicitó el procesamiento del exintendente de Córdoba Ramón Javier Mestre y de varios de sus funcionarios por la contaminación del río Suquía. La causa se basa en el mal funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande, lo cual habría llevado a la contaminación del río con desechos tóxicos.
La causa está caratulada como “Gastaldi, Omar Arsenio; Salum, Matías Alejandro; Bardagi, Daniel Andrés; Grión, Luis Emilio; Rustan Gabriel y Otros sobre infracción ley 24.051″.
Según el documento firmado por Senestrari, hay pruebas que indican que, debido a la deficiente operación de la planta, el agua del río Suquía contenía niveles extremadamente altos de coliformes fecales y Escherichia coli, superando los límites permitidos por la normativa ambiental. El fiscal señaló que los residuos vertidos en el río son sustancias tóxicas que pueden causar daños graves a la salud humana y al medio ambiente.
El pedido de Senestrari causó sorpresa entre los abogados que defienden a Mestre y a sus exfuncionarios porque el fiscal recibió la causa recién hace un mes, luego de una deriva que incluyó el apartamiento del juez Sánchez Freytes y vía amparo de una fiscalía en Villa María. Según comentaron los representantes legales, la causa había llegado con un sobreseimiento a la decisión de la Cámara Federal de Córdoba, que con el voto unipersonal de la vocal Liliana Montesi ordenó que se siga investigando. “¿Cuál es el apuro del fiscal para pedir un procesamiento sin incorporar prueba nueva, ni cumplir la indicación de seguir investigando que ordenó la Cámara?”, planteó uno de los abogados de los exfuncionarios de la gestión municipal radical.
El planteo de Senestrari tendrá que ser resuelto, al regreso de la feria, por el juez de Villa María Roque Ramón Rebak, porque los jueces federales de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja y Alejandro Sánchez Freytes se apartaron, por distintos motivos, del proceso, y está aún vacante el juzgado 3.
Entre los exfuncionarios de la intendencia de Mestre sobre los que también se pidió el procesamiento están Omar Gastaldi, exsecretario de Infraestructura; el exsubsecretario Matías Salum; Daniel Bardagi, exdirector de Redes Sanitarias; Sebastián Rocca, exsubsecretario de Ambiente; Alejandra Toya, exdirectora de Impacto Ambiental; Luis Grión, exsubdirector de Mantenimiento de Redes; Gabriel Rustan, exsubdirector de la Edar y Carlos Poncio, exsubdirector del Observatorio Ambiental.
En los fundamentos del pedido, Senestrari hace referencia al informe presentado por el perito oficial en agosto de 2021 reveló que en julio de ese año, las muestras tomadas aguas abajo de la planta Edar de Bajo Grande mostraron niveles de contaminación 186 veces superiores al máximo permitido para coliformes totales, 930 veces para coliformes fecales y 930,000 veces para Escherichia coli.
Además, el informe del Instituto de Virología Dr. José María Vanella concluyó que el río Suquía contenía partículas virales infectivas y genomas virales, incluyendo enterovirus viables y genomas de noravirus y picobirnavirus, todos indicadores de contaminación fecal de origen humano.
Los fundamentos agregan que la situación se agrava por la interjurisdiccionalidad de la contaminación, ya que se detectaron sustancias contaminantes en la laguna Mar Chiquita, donde desemboca el Suquía. Los informes técnicos elaborados por diversas instituciones, como el Centro Químico Aplicado Cequimac y el Laboratorio Central del Hospital de Clínicas, junto con testimonios de expertos, confirmaron la contaminación de origen fecal y los altos niveles de fósforo total, lo que contribuyó al proceso de eutrofización de la laguna.
En otro párrafo, se señala que el declive en el funcionamiento de la planta Edar de Bajo Grande, según Daniel Edgardo Isicaro, capataz del sector mantenimiento, comenzó alrededor de 2013 debido a una acumulación de fallas y falta de cumplimiento de los pedidos de mantenimiento.
Siempre siguiendo los fundamentos, se describe que Gustavo Guillermo Ibarra, jefe del Laboratorio de la planta, describió en 2017 una serie de problemas técnicos graves, incluyendo sensores rotos, canales inoperativos, y bombas y generadores de energía fuera de servicio, lo que implicaba que la planta dejaba de funcionar al cortarse la luz y los líquidos sin tratar se vertían directamente en el río.
En 2022, el querellante Roberto Federico Kopta, en representación del Foro Ambiental Córdoba, también instó al procesamiento de los imputados, destacando que la expansión de la red cloacal durante la gestión de Mestre agravó la situación al aumentar la carga de la planta Edar sin realizar las inversiones necesarias para su correcto funcionamiento.
La Cámara Federal de Apelaciones, al revocar una resolución anterior que disponía el sobreseimiento de los imputados, recomendó que el juez federal a cargo lleve a cabo la instrucción de la causa con urgencia para evitar dilaciones en el proceso y definir la situación procesal de los encartados.
La acción penal surgió en 2018 fruto de tres denuncias, una presentada por el Foro Ambiental Córdoba, principal impulsor por estas horas de la causa. Las otras dos habían sido realizadas por vecinos de Chacra de la Merced y el actual funcionario municipal, Santiago Gómez.

Más críticas
“De las probanzas de la causa se ha determinado que la caca viene de Carlos Paz, transita por todo el cauce del río, y por todos los municipios, entre ellos el de Córdoba, y así hasta llegar a la desembocadura. También determina que desde hace muchos años se produce este efecto, y se ha producido inclusive en el gobierno municipal del hoy gobernador. Por eso, es una maniobra con fines publicitarios el escrito del fiscal, que tampoco da cumplimento con lo que dice la cámara”, opinó otro abogado que representa a los exfuncionarios. Su opinión es textual, pero pidió reserva de identidad para evitar perjudicar a sus clientes.
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Hoy Día (09/05/2024)
Alerta en el sector ambiental por artículos de la Ley Bases

El Foro Ambiental Córdoba expresó su preocupación en un documento a senadores
El Foro Ambiental Córdoba expresó su preocupación por diferentes aspectos del proyecto de “Ley Bases” debido a que amenazan con ser lesivos a la protección ambiental. Frente a la reciente media sanción, 34 organizaciones civiles vinculadas a la temática ambiental señalan que se estaría violando el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) que establece que la legislación ambiental no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud.
Esto fue expresado en un documento elaborado conjuntamente por organizaciones de la sociedad civil, tales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, así como la institución cordobesa. El mismo fue entregado a los presidentes de los distintos bloques del Senado.
En la carta, señalan que resulta particularmente peligroso que en el artículo 3 (reorganización administrativa) se faculte al Ejecutivo a poder transformar su estructura jurídica, disminuir sus competencias o, incluso eliminar organismos públicos. Esto debido a que podría eliminar la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, entre otros. Todos ellos con importantísimas funciones de control e investigaciones sobre aspectos centrales en materia ambiental.
Por otro lado, hacen referencia al artículo 5 que faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Allí destacan que es preocupante para los firmantes el destino final del “Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, el “Fondo Nacional del Manejo del Fuego” y otros fondos orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables.
Además, el Foro Ambiental Córdoba y los otros firmantes han planteado el rechazo a varias secciones del Título 8 sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones, dado que “no se contempla aspectos ambientales a dichas inversiones sino que solo tiene una visión productivista y utilitarista de los bienes comunes, normalmente denominados recursos naturales”.
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (08/05/2024)
Foro Ambiental Córdoba cuestiona la “ley bases” y la designación de un funcionario nacional

Junto a otras ONG del país, advirtió a los senadores sobre los riesgos que implicarían varios artículos de la norma para los ecosistemas argentinos.
La reciente media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de la denominada “ley bases” puso en alerta a 34 organizaciones civiles ligadas al ambientalismo en Argentina. Entre ellas, se encuentra el Foro Ambiental Córdoba.
Desde esa ONG cordobesa se expresó que esa ley, de aprobarse tal cual en el Senado, “amenaza con ser lesiva a la protección ambiental, violando claramente el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (ley nacional 27.566) que establece que la legislación ambiental no puede empeorar la situación del derecho ya vigente”.
Un documento con objeciones fue elaborado por 34 organizaciones y entregado a los presidentes de los distintos bloques del Senado.
“Resulta particularmente peligroso que en el artículo 3 se faculte al Ejecutivo a poder transformar su estructura jurídica, disminuir sus competencias o, incluso eliminar organismos públicos, de tal manera que podría eliminar la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, entre otros. Todos ellos con importantísimas funciones de control e investigaciones sobre aspectos centrales en materia ambiental”, advierte el Foro.
En tanto, en referencia al artículo 5 que faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos” se apunta que es preocupante el destino final del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y otros fondos orientados al desarrollo de energías renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables.
Se cuestiona que, de disolverse por ejemplo el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, “sería prácticamente equiparable a la derogación de varios artículos de la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos”, vigente desde 2007.
Además, el Foro Ambiental Córdoba y los otros firmantes han planteado el rechazo a otros artículos del régimen de incentivo para grandes inversiones, dado que “no contempla aspectos ambientales sino que solo tiene una visión productivista y utilitarista de los bienes comunes, normalmente denominados recursos naturales”.
El documento completa de las 34 ONG ambientalistas puede leerse aquí.

Reparos a designación en Parques Nacionales
También el Foro Ambiental Córdoba apuntó que “circula que será designado como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN) el ingeniero agrónomo Leonardo Sarquis”.
Las ONG adviweten que de concretarse esa designación “elevaría la alerta sobre la política ambiental del gobierno nacional en referencia a estas importantes zonas a proteger del territorio nacional”.
El motivo –señalan– son los “antecedentes bastante cuestionables que ha tenido como funcionario público de la provincia de Buenos Aires”, además de su condición de exgerente de Monsanto, “multinacional absorbida por Bayer y que hoy enfrenta juicios multimillonarios en varios países por contaminación”.
En 2018 –apunrta el docu,ento de los ambientalistas– siendo ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Sarquis firmó una resolución que regulaba y permitía la aplicación de fitosanitarios “en lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”. Según la misma nota, “afortunadamente la resolución fue resistida y luego puesta en impasse hasta hoy, por presión de la población”.
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (09/02/2024)
- Capilla del Monte busca remediar el basural a cielo abierto
El humo casi y las condiciones precarias en que desde hace décadas se realiza la deposición de los residuos urbanos de Capilla del Monte provocó que el municipio estructurara un plan para remediar la situación.

Hoy Día (09/02/2024)
- Caranchos de hierro
Ya conocía el proyecto de Ramiro Lezcano, quien compone con sus alumnos de escuelas rurales canciones sobre el daño a la naturaleza y a quienes pagan con su cuerpo la renta de un país. No es nuevo en la historia de la humanidad que los despojados sean quienes producen la riqueza que otros gozan. Pero este caso tiene características propias: fumigaciones, desmontes y los efectos en los...

La Voz del Interior (09/02/2024)
- Convirtieron su pasión por la naturaleza y la agricultura en un emprendimiento sustentable
Crea Compost Crea Verde, el emprendimiento de dos primas que construyen composteras domiciliarias y huertas que facilitan el proceso de compostaje, haciendo que esta práctica ecoamigable sea accesible para todos. Se trata de acciones simples de lo cotidiano, que tienen un gran peso en lo colectivo, con un efecto multiplicador.

El Puntal de Río Cuarto (09/02/2024)
- Por la ola de calor, Epec registró el mayor consumo energético en los últimos setenta años
El récord alcanzó los 2.429 Mw. "Estamos con una demanda muy importante por la sucesión de altas temperaturas. Se dio el máximo consumo en la historia de la empresa. No hay ninguna marca anterior que la supere", dijeron
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El Puntal de Villa María (09/02/2024)
- Por la ola de calor, Epec registró el mayor consumo energético en los últimos setenta años
El récord alcanzó los 2.429 Mw. "Estamos con una demanda muy importante por la sucesión de altas temperaturas. Se dio el máximo consumo en la historia de la empresa. No hay ninguna marca anterior que la supere", dijeron
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La Voz del Interior (11/01/2024)
Bosques nativos: la parte ambiental de la “ley ómnibus” que impacta en Córdoba

En tres puntos, la propuesta del gobierno de Javier Milei modifica criterios ligados al ambiente. Para Córdoba, lo más relevante pasa por la regulación sobre montes.
El proyecto de “ley ómnibus” que el Gobierno nacional envió al Congreso incluye modificaciones en al menos tres normas ambientales. Una de ellas tiene impacto directo sobre uno de los aspectos centrales de la discusión ambiental en Córdoba: la preservación del escaso bosque nativo que se conserva.
Las reformas en debate plantean básicamente cambios de criterios de desregulación para tres leyes vigentes: la del financiamiento para protección de bosques nativos, la que regula quemas e incendios sobre áreas rurales, y la ley de protección de glaciares.
El oficialismo justifica las reformas en la necesidad de desregular y adaptar normas que traban ciertas actividades productivas. Desde sectores ambientalistas advierten que implicarían un retroceso en la protección de servicios ecosistémicos y profundizarían el desfinanciamiento para el preservar capital ecológico.

El monte, a dos puntas
De resultar aprobada, la ley facilitaría que los dueños de tierras rurales puedan proceder a quemas con fines productivos. Es una práctica habitual aún en ciertas regiones, pero que es cuestionada por los riesgos de desatar grandes incendios. Los extensos focos de fuego de los últimos años en la zona del Delta del Paraná acentuaron discusiones sobre ese punto.
Actualmente, la ley de fuego 26.562 especifica que está prohibido prender fuegos sin autorización expedida por una autoridad competente. La modificación que se propone no quita esa exigencia, pero agrega que ese permiso deberá expedirse en un plazo de 30 días, y si esto no ocurre, “se considerará que ha sido autorizada tácitamente”.
Otra reforma plantea cambiar la actual ley de bosques nativos, que estableció que cada provincia cuente con un mapa que divide su territorio en tres colores: verde, para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo, para áreas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo, para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse y por las que, a cambio, los dueños reciben compensaciones económicas por cumplir esa restricción.
El Gobierno propone habilitar “proyectos de desmonte” incluso en zonas rojas y amarillas, si cuentan con permiso y aval oficial previo. De ese modo, flexibiliza el criterio vigente.
Otro artículo retoca los recursos del Presupuesto nacional destinados a conservación de bosques nativos. La ley que rige desde hace más de una década señala que la compensación para quienes conservan las zonas rojas se financia con el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Desde su sanción, ningún gobierno nacional cumplió con ese monto: siempre estuvo bien lejos el aporte real respecto del legal. Pero ahora se pretende que el Fondo de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos se financie con lo que le otorgue el Gobierno de manera discrecional cada año, sin porcentajes prestablecidos. En todo caso más eventuales donaciones o préstamos de organismos internacionales.
Estos cambios tendrían impacto sobre Córdoba, que conserva en buen estado de conservación menos del 3% de los 12 millones de hectáreas de montes que un siglo atrás cubrían su territorio de 16 millones de hectáreas.
En cuanto a quemas, en Córdoba una ley provincial ya establece que los predios calificados como zona amarilla o roja de bosques no pueden cambiar de uso de suelo después de un incendio. Pero se viene cuestionando que ese punto es de relativo cumplimiento real por la escasez de control.

Ambientalistas cuestionan
Desde sectores ambientalistas de Córdoba la primera reacción fue de claro rechazo.
El biólogo Cristian Schneider interpretó que “las modificaciones buscan liberar el desmonte y autorizar quemas sin la debida evaluación”. Además, cuestionó que ya los gobiernos provinciales venían implementando la actual ley “con categorías ambiguas que no detuvieron el desmonte como correspondía” y que estos cambios acelerarían esos procesos.
“Lo que quiere modificar son puntos sensibles de protección ambiental, en función de liberarse de las exigencias con las que se ha intentado detener la pérdida de los ecosistemas”, apuntó Schneider.
Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que la reforma a la ley de bosques entra en contradicción con la ley general de ambiente, que prohíbe el cambio de uso del suelo en categorías roja y amarilla de conservación. “Así que desde allí se cae la misma ley de bosques, a la vez que en otro artículo termina de desfinanciar el sistema de protección que, en la práctica, ya venía desfinanciado”, apuntó.
Respecto de la regulación de quema de campos, Kopta opinó que “en la práctica cada vecino va a poder quemar lo que quiera, eso es lo que va a terminar pasando porque además, con un Estado achicado, no va a haber capacidad ni de respuesta”.

Otras leyes
El proyecto oficial también plantea una modificación en la Ley de Glaciares a fin de habilitar (”con los informes ambientales exigidos por la normativa”) actividades económicas en la zona periglaciar (en los alrededores de un glaciar). Ese punto fue una fuerte discusión cuando se aprobó la ley en la década pasada. Habilitaría inversiones productivas (por ejemplo, de mineras) en zonas ambientalmente sensibles, en tiempos de glaciares en retroceso. Pero mantendría la exigencia de un estudio previo de impacto ambiental.
El punto es de alto interés en las zonas cordilleranas. En Córdoba no hay glaciares.
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La Voz del Interior (18/11/2023)
Lluvias escasas y cuencas desprotegidas: la sequía pega fuerte en los ríos cordobeses

Alerta por caudales muy bajos y varias regiones complicadas para obtener agua potable. Qué dicen los expertos sobre las causas y las perspectivas en el corto plazo.
En el valle de Paravachasca aseguran que nunca vieron al río Anisacate tan bajo como en estos días. En el sur de Punilla asombra un cauce casi seco del río San Antonio. En todas las Sierras preocupan los cientos de pequeños arroyos que están completamente secos desde hace semanas y, por consiguiente, los ríos a los que tributan con bajo caudal. En el norte cordobés, más acostumbrados a la escasez, ven que ahora hay “menos agua que nunca”.
Decenas de localidades ya declararon la “emergencia hídrica” ante las complicaciones para abastecer de agua potable a sus habitantes.
La falta de lluvias es la explicación central de la sequía que atraviesa Córdoba. Y no es sólo la de este año, sino la acumulada en tres años seguidos con precipitaciones promedio por debajo de la media histórica. Según muchos especialistas, es la principal pero no la única causa para explicar los ríos flacos.
Hay que observar, también, lo que desde hace décadas viene ocurriendo con las cuencas hídricas: la desprotección acumulada de los suelos y la vegetación en las áreas serranas que operan como “tanque de agua” de Córdoba. Cuando menos llueve, más se nota el impacto del tanque roto.
Las lluvias han sido escasas este año, como en los tres anteriores. El impacto del fenómeno La Niña duró más de lo pronosticado: a la contraparte de El Niño, con más precipitaciones, se lo esperaba desde septiembre. Pero nada: recién en esta semana de noviembre aparecieron las primeras lluvias y ahora los pronósticos se ajustan para anunciar que entre diciembre y enero llegarían recién las más abundantes.
Este viernes llovió en varias regiones de la provincia. En el sur de Punilla, por caso, el casi seco río San Antonio, clave para abastecer de agua potable a esa zona, registró al fin una subida de unos 90 centímetros a la altura de Carlos Paz. Un alivio, pero que necesita mucho más para consolidarse.
A la vez, para el verano se prevé una ola de calor con temperaturas superiores a las normales, en el centro y norte del país.
El último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional habla de altas chances de lluvias y de calor por encima de lo normal en esta parte del país. Al fenómeno de El Niño, se suman los cada vez más evidentes efectos del cambio climático global.
De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) la sequía es “un período de tiempo con condiciones meteorológicas anormalmente secas, suficientemente prolongado como para que la falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico”.

Los diques, ¿casi normales?
Una aparente contradicción asoma. Mientras arroyos y ríos están exhaustos, los diques serranos se ven también bajos pero en niveles no tan diferentes a los de otros años de sequía.
Edgar Castelló, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, asegura que los embalses se encuentran cercanos a los niveles medios para esta época del año. Si las lluvias empiezan a cumplir los pronósticos, desde diciembre deberían mejorar sus volúmenes de agua acumulada.
Castelló resaltó que los diques San Roque y Los Molinos, que abastecen de agua a la Capital, están hoy dentro de los niveles medios para esta época del año. Bajos, pero no en niveles de alarma.
Comparó que sí hay bajantes importantes en ríos y arroyos, asociados a tres años seguidos de sequías. “Desde 2020 la sumatoria anual de lluvias está por debajo de la media. Y teníamos hasta esta semana más de 180 días con apenas 15 milímetros”, remarcó.
Castelló graficó que una obra de toma de agua en un río, que estaba diseñada para un caudal, no alcanza hoy porque bajaron mucho. “Eso sucedió en Cosquín, Alta Gracia y Carlos Paz, por ejemplo, con tomas superficiales para sus plantas potabilizadoras. Pero donde hay tomas subterráneas o perforaciones a napas no hubo inconvenientes”, apuntó.
Según el funcionario, en la siempre crítica zona de Sierras Chicas, con el acueducto habilitado este año y que provee agua a Río Ceballos y Salsipuedes, el dique La Quebrada ya no bajó como otros años. “Los problemas que hay están ahora más relacionados a la distribución local”, agregó.
Hacia el futuro, mencionó la obra del acueducto Paraná-Córdoba, que incorporará fuentes externas a las provinciales, primero para la zona de San Francisco y luego hacia Córdoba capital.

El agua que falta
Érica Díaz, docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y Andrés Rodríguez, director del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, coincidieron en que la falta de agua se debe, sobre todo, a que la temporada de lluvias se demoró.
Córdoba es una región semiárida y su régimen de precipitaciones arranca en septiembre y culmina en abril. Pero desde mayo no se registraban precipitaciones, hasta estos días. “Es una condición netamente hidrológica. Y hace varios años que nuestro sistema atraviesan sequía”, apuntaron.
Es un ciclo natural el de años más o menos secos, por lo cual Díaz aconsejó planificar las reservas, construir trasvases de cuencas y cuidar el consumo siempre.

Ríos muy bajos
Marcelo García, docente en la UNC e investigador del Conicet en cuestiones hídricos, asegura que la situación actual es –en varias regiones cordobesas– la más crítica de los últimos 30 años.
“Los ríos están regulados naturalmente y no hay intervención humana. La lluvia media anual es de casi 900 milímetros y en los últimos dos años el valor acumulado estuvo por debajo de eso”, explicó.
Además, afirmó que el impacto de la sequía se debe a los procesos atmosféricos de gran escala: “Lo que precipita en Córdoba proviene de otras regiones del continente, de lugares hasta del norte de Brasil. Y hay una variabilidad global”. Entonces, los patrones atmosféricos hacen que llegue más o menos agua precipitable a Córdoba.
En el caso de Córdoba tiene un clima templado con una estación seca (entre mayo y septiembre), que este año se extendió. “Generalmente son cuatro meses de estación seca pero este año fueron más de seis meses: 190 días sin lluvia”, precisó.
Esa situación generó que todas las localidades que están en partes altas de cuencas se vieran afectadas si toman agua directamente de los ríos. Pero marcó que, en general, las que se proveen de los embalses no están registrando tantos problemas.
Citó, por ejemplo, que el lago San Roque está en los valores medios para esta época. “Lo que pasa es que los ríos que alimentan el embalse están secos. Pero no por un problema del embalse, sino de los arroyos y ríos tributarios”, destacó.
El manejo de los caudales de los embalses permitió que llegaran con el actual nivel, bajo pero no alarmante para noviembre, a pesar de la pronunciada baja de los ríos.
El especialista, que estudia si el retraso de las lluvias se debe al cambio climático, argumentó que los eventos extremos, de sequías y de lluvias abundantes, serán cada vez más frecuentes. “Y habrá que estar preparados”, advirtió.
Para García, la cuestión del consumo excesivo también debería analizarse: “Por ejemplo: si cada uno reduce el consumo en un 10%, en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, tendríamos agua para 200 mil personas más”, marcó.

También ver las cuencas serranas
El meteorólogo Marcelo Madelón, del Observatorio Meteorológico de Córdoba, interpreta que hay una sequía de origen meteorológico, pero que suma el impacto de la desprotección de las cuencas, por deforestaciones e incendios. “Faltan árboles, quitamos la esponja natural que tienen las Sierras para conservar agua en las nacientes de los ríos”, apuntó.
Al no retener las cuencas altas las lluvias “el agua se va” (escorrentías), y produce cada vez mayor erosión, y baja la calidad del agua por los materiales que arrastra, mientras las vertientes se secan o desaparecen porque no queda suelo.
“El Estado provincial y el nacional no han hecho planes serios de reforestación, de cuidado de cuencas, que tendrían que haberse hecho hace 20 años o más”, opinó.
Madelón advirtió que “hay que estar preparados frente a un cambio climático que ya llegó”, y sostiene que “el clima de Córdoba se parece cada vez más al de Santiago del Estero”, donde las sequías son cada vez más largas y las temperaturas más antagónicas.
“Semanas atrás tuvimos temperaturas debajo de cero y cuatro días después el récord histórico para noviembre de 43,7° en Córdoba ¿Eso qué significa? Que la falta de humedad y de vegetación dan lugar a que nuestro clima se parezca más al de un desierto, porque las máximas son cada vez más elevadas y las mínimas también”, argumentó.
También admitió que a los meteorólogos les está costando hacer pronósticos cada vez más certeros porque los modelos numéricos que utilizan son de una atmósfera que ya no es la actual.
“Por suerte, esta semana comenzaron las lluvias y se esperan nuevamente para el 21 y 22 de noviembre, pero no alcanza por ahora. Faltará más. Estadísticamente, diciembre es el mes más lluvioso del año”, indicó Madelón.
Desde diferentes organizaciones ambientalistas, como en trabajos académicos, se viene planteando hace años también que para sostener cantidad y calidad de agua en Córdoba es sustancial la preservación ecosistémica de las cuencas hídricas y de los bordes de todos los cursos de agua. Apuntan a conservar los suelos sin erosión, manteniendo vegetación y pastizales nativos con ese fin.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba reclamó más atención en ese sentido, así como “una ampliación y verdadera protección de las áreas definidas como reservas hídricas naturales”, redefinir un “plan de ordenamiento territorial” y generar planes educativos sostenidos sobre el uso racional del agua.

Niveles de diques: hoy y hace un año
Comparando los niveles actuales de los principales embalses de Córdoba no aparecen diferencias notorias respecto de un año atrás. Según las mediciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi), este jueves el dique San Roque estaba con 29 centímetros más que un año atrás, y a 5,40 metros de su vertedero.
Embalse, en Calamuchita, tiene ahora 1,10 metros menos de agua que un año atrás, y está a 5,1 metros del vertedero.
Los Molinos cuenta solo 20 centímetros menos que hace un año, y se ubicaba este jueves a 5,7 metros del punto de verter.
La Viña, en Traslasierra, está con 2,40 metros menos que hace un año. Y el dique de Cruz del Eje a 1,60 metros de los registros de un año atrás.
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La Voz del Interior (16/11/2023)
Debaten nueva ley de “gestión de cuencas hídricas”: ONG ambientalistas critican el proyecto que propone la Provincia

El proyecto tiene como finalidad disponer de la gestión integrada de cuencas dentro del territorio provincial. Las organizaciones ambientales manifestaron que no protege la vegetación nativa y que se enfoca en la producción agrícola.
En la Legislatura de Córdoba se debate por estos días el proyecto de “Gestión Integrada de Cuencas Hídricas de la Provincia”, elevado por el Ejecutivo, que tiene como finalidad un nuevo enfoque integral de las cuencas hídricas, claves para el mapa del agua en Córdoba.
Se propone integrar el diagnóstico, la planificación, la gestión de recursos, y la ejecución de obras e infraestructura. También incluye planes orientados a la conservación del suelo y el mantenimiento de la infraestructura rural y de caminos, y apunta al “desarrollo sostenible de la producción agropecuaria”.
Uno de los objetivos que plantea la iniciativa es fomentar un cambio cultural en los sistemas de producción agropecuaria, con criterios de sustentabilidad, incluyendo la medición de variables productivas, sociales y ambientales.
La discusión del proyecto también se da fuera del recinto legislativo: organizaciones ambientalistas exponen reparos y reclaman formar parte de la discusión. Desde el Foro Ambiental Córdoba (FAC) y la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) plantean que no es posible una gestión integrada de cuencas sin proteger la vegetación nativa de las cabeceras en las Sierras y que el proyecto no menciona la cuestión ambiental y la protección de bosques naticvos.
Advierten que solo se enfoca en la producción agropecuaria, el agua y el suelo como recursos, pero que se soslaya la trama natural y ecosistémica.

Protección de cuencas
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental, afirmó que la protección de las cabeceras de cuencas implica fomentar la reforestación con especies nativas, frenar los desmontes, prevenir los incendios de montes y pastizales serranos, y controlar la proliferación de especies invasoras para proteger los lugares de captación de agua.
“Las sierras funcionan como un gran reservorio de agua, donde absorbe el agua de lluvia. Esta a su vez se incorpora en las napas y se va liberando lentamente. Asimismo, es necesario ampliar las reservas hídricas y brindarles protección efectiva, pero de eso no se habla”, dijo Kopta.
Asimismo, pidió frenar los desarrollos inmobiliarios de gran impacto ambiental para proteger esas cabeceras de cuencas, y la realización de un plan educativo sobre el uso racional del agua que abarque a todos los niveles, además de trabajar sobre un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
También planteó que desde el Foro realizaron un informe con 23 propuestas que no están contempladas en el proyecto, para el caso de las cuencas de las Sierras Chicas, pero extrapolable a las demás.
A su vez, Raúl Montenegro, de Funam, interpretó que el proyecto de ley “busca garantizar la provisión de agua al agronegocio”. Y afirmó que se pretende aprobarlo con celeridad y regresividad. “Ignora que la Provincia forma parte de ocho comités de cuenca interprovinciales y de 21 comités de cuenca provinciales”, apuntó.
Agregó que el proyecto introduce la figura de “Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas” sin referirse a la cuestión ambiental. Y que crea una comisión técnica que ni siquiera menciona a la Secretaría de Ambiente. “Peor aún, desconoce que la Provincia tiene un entramado de leyes vigentes de creación de comités de cuenca , que el gobierno nunca hizo cumplir”, afirmó.
Montenegro advirtió que si se aprueba esa nueva ley la ONG que preside reclamará por vía judicial. “Resulta temerario, en una provincia mayoritariamente semiárida, y donde queda menos del 4% de bosque nativo, que se siga sin manejar social, ambiental y participativamente los comités de cuenca que ya han sido creados por leyes que no se cumplen”, remarcó.

Qué dice la Provincia
El ingeniero Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la Provincia, indicó que no se trata de reemplazar un sistema legal por otro sino de mejorar el trabajo que ya se viene haciendo y darle un nuevo encuadre normativo. Y aclaró que el proyecto en debate no es sobre las cuencas de los embalses serranos.
“Estamos definiendo un territorio que hace tiempo lo venimos utilizando en emergencia agropecuaria, cuando es por anegamiento, en la conformación de los consorcios de suelo, en la conformación de los consorcios canaleros, en la conformación de la ley agroforestal”, afirmó.
A la vez, remarcó que la finalidad es sobre “el agua que llueve”, que se infiltra en los campos, que hace los caminos intransitables, para que los excesos hídricos sean conducidos de una forma ordenada, y no a través de los caminos.
De ese modo, negó que tenga impacto sobre las cuencas serranas.
“Son sobre acciones de los predios de los productores rurales, con métodos conservacionistas de producción, con terrazas, con microembalses, y después con obra pública coordinada desde lo público y lo privado con los consorcios”, dijo.
Blanda agregó que, junto a los productores hay consorcios que ya vienen funcionando desde hace años: “Consorcios camineros desde hace 70 años; los de conservación de suelo llevan 30; los canaleros, 20; y hay ahora consorcios de riego”.
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Hoy Día (15/11/2023)
Relaciones dañinas hacia los ecosistemas: un proyecto de ley que preocupa

Desde hace varios años, un aspecto que nos ha llamado la atención a quienes participamos del Foro Ambiental Córdoba ha sido el doble discurso en muchas iniciativas de los gobiernos y legisladores, tanto de la Provincia como de la Ciudad de Córdoba. Es algo triste pero no exclusivo de nuestro ámbito.
Por un lado, se han sostenido públicamente afirmaciones sobre la sustentabilidad, circularidad y preocupación ecológica por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, pero, al mismo tiempo, se han autorizado acciones -o propuesto leyes- en desmedro de la preservación y restauración de los degradados ecosistemas cordobeses.
En este caso, vale enfocarse en el “Proyecto de gestión integrada de cuencas”.
La ciudadanía no tiene por qué conocer el rol de las cuencas, y la necesidad de su preservación para el sostenimiento de los ecosistemas, el ciclo del agua, etc. Pero quienes legislan sí. Y, por ello, es imperioso hacer las siguientes anotaciones a los proyectos presentados.
Se trata de condiciones básicas, no sólo para cuidar la biodiversidad, sino la vida humana misma.
Una cuenca en buen estado implica la salvaguarda de la humedad y la provisión de agua en los ríos durante el año, así como también la prevención o morigeración de inundaciones debido a la falta de absorción. Esta protección permite mantener la superficie de absorción preservando el bosque y los pastizales nativos.
Las sierras funcionan como un gran reservorio de agua, que absorbe el agua de lluvia. Ésta, a su vez, se incorpora en las napas y se va liberando -lentamente- cuando los ecosistemas están sanos y bien forestados.
Este trabajo incluye ampliar las reservas hídricas y darles protección efectiva.
Pero lo primero que salta a la vista en el citado “proyecto de gestión integradas de cuencas” es el vocabulario: no aparecen las palabras que cualquier persona con conocimiento científico o técnico incluiría de modo evidente, tales como ambiente, bosques, cabecera de cuenca. No parece descabellado pensar que quien redactó el proyecto entiende una cuenca como una mera extensión geográfica, exclusivamente vinculada con la producción agropecuaria o el aprovechamiento económico, sin atención a los requisitos de los ciclos naturales.
En el año 2012, este Foro Ambiental Córdoba presentó a las autoridades un informe sobre la necesidad de un manejo integrado de las cuencas de Sierras Chicas, con procedimientos claros, técnicamente viables y con justificaciones científicamente sólidas (puede consultarse el informe completo en nuestra página web: www.foroambientalcba.org
El informe sigue tan válido hoy como por entonces, y presenta una visión mucho más amplia y sustentable del tratamiento de las cuencas. Pero parece haber sido desatendido, al igual que la creciente evidencia empírica producida durante la última década sobre el deterioro ambiental.
No es posible una gestión integrada de cuencas eludiendo en la ley la necesidad de proteger la vegetación nativa de las cabeceras de cuenca. Eso implica fomentar la reforestación con especies nativas, frenar los desmontes, prevenir los incendios de montes y pastizales; controlar severamente el desmonte y las especies invasoras; ampliar las reservas hídricas y brindarles protección efectiva.
La protección de las cabeceras de cuenca implica también frenar proyectos inmobiliarios de gran impacto ambiental; la realización de un plan educativo sobre el uso racional del agua que abarque los niveles inicial, primario y medio; y trabajar sobre un “Plan de Ordenamiento Territorial” que sea progresivo y no regresivo.
El informe del Foro tiene 23 propuestas que, en su mayoría, no están contempladas en el proyecto de ley. Con una pretendida “Gestión Integrada de Cuencas” sólo se enfoca en la producción agropecuaria, y al agua y suelo como recursos e infraestructura, soslayando la trama natural que la sustenta, particularmente en lo referido a la conservación de las cabeceras de cuenca y su cobertura vegetal nativa.
El objetivo del texto así lo enuncia: “El Proyecto de Ley tiene por objeto implementar la Gestión Integrada de Cuencas en el territorio de la Provincia de Córdoba, a través de la realización de acciones de diagnóstico, planificación, gestión de recursos, ejecución de obras, infraestructura, planes y proyectos vinculados a la conservación de suelos, el manejo del agua, la ejecución y mantenimiento de la infraestructura rural y de caminos, con la mirada puesta en el desarrollo de la producción agropecuaria de manera sostenible”.
Pero nada dice de la estructura vital imprescindible para sostener todos esos trabajos, y las protecciones y cuidados que demanda.
Es por ello que, con gran preocupación, este Foro Ambiental Córdoba se ha comunicado, tanto con las personas encargadas de legislar, como con toda la ciudadanía. Y cuando una legisladora, a la luz e estas preocupaciones, pide a la comisión de la Unicameral que este Foro Ambiental pueda participar de la reunión y se lo niegan, realmente da qué pensar.
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Hoy Día (18/09/2023)
En respuesta a las críticas de los desarrollistas, reivindican el “derecho al ambiente”

La Red Nuestra Córdoba, la Facultad de Filosofía (UNC) y 16 organizaciones y centros vecinales salieron al cruce de los desarrollistas, que advertían sobre el uso “irresponsable” de los amparos ambientales
La Red Nuestra Córdoba, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y 16 organizaciones y centros vecinales de nuestra ciudad salieron al cruce de los cuestionamientos lanzados por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc), que la semana pasada había advertido “por la grave situación que están generando agrupaciones vecinales que con argumentos falaces atentan contra la seguridad jurídica de los emprendimientos”.
En respuesta a dicha acusación, afirmaron a través de un comunicado que “la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
El escrito cuenta con la adhesión de Arquitectos Cordobeses Autoconvocados, la Asociación Amigos de la Reserva San Martín, el Colectivo Preservando el Parque de la Vida, Ciscsa Ciudades Feministas, la Comisión Regularizadora de Villa Warcalde, Fundeps, Inquilinos Córdoba, Juntxs por el Derecho a la Ciudad, Multisectorial Defendamos Alberdi, Sociedad Argentina de Planeamiento Territorial Regional Centro (Saplat), Ceve-AVE – Conicet, la Asociación de Vivienda Económica, el Foro Ambiental Córdoba, Vecinos autoconvocados de Villa Belgrano y Vecinos autoconvocados de Villa Cabrera. También lo firmaron los centros vecinales del Cerro de las Rosas, Parque Chacabuco y Valle del Cerro.
En dicho escrito, se remarcó que las acciones de amparo constituyen un recurso previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional que puede ser interpuesto contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.
“Se puede interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”, señaló el texto.
También indicó que la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente “no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
“Ante el comunicado emitido y difundido por Ceduc en el que articulan un discurso y narrativa (paradójicamente, un relato) por medio del cual atribuyen a las reivindicaciones de colectivos sociales y vecinales el impedimento del ‘progreso’, la inseguridad jurídica y el desincentivo a la inversión privada generadora de empleo y garantizadora del acceso a la vivienda, quienes firmamos esta respuesta contrargumentamos con posicionamientos basados en el interés público”, expresaron en el documento.
Y agregaron: “Contrariamente a lo que empresarios/as del sector desarrollista de Córdoba plantean, las acciones de amparo no actúan en detrimento de la seguridad jurídica sino que constituyen un recurso fundamental para la vigencia del Estado de Derecho en los regímenes democráticos. Inseguridad jurídica y restricción de derechos humanos generan los acuerdos y habilitaciones que se centran en el interés corporativo y privado a espaldas de la ciudadanía afectada por los mismos”.
En otro tramo del comunicado alertaron que “la falta de transparencia en las decisiones que inciden en el interés y los bienes públicos son el principal factor de vulneración de derechos. La interpelación de proyectos de inversión inmobiliaria que impactan en el ambiente y en la segregación urbana tiene la intencionalidad de visibilizar qué tipo de ‘progreso’ y ‘desarrollo’ queremos como sociedad”.
Además, sostuvieron que la Ceduc “de manera maliciosa pretende justificar que su modelo de negocios y de rentabilidad actúa como movilizador de crecimiento económico para todos/as, de empleo y acceso a la vivienda”. “Por el contrario, sus proyectos se apropian del plusvalor de la tierra y excluyen a la mayoría de la población del acceso al hábitat y la vivienda”, remarcaron.
“Argumentan que la protesta y movilización social atentan contra la propiedad y la inversión privada como derechos de primer orden. Desconocen la función social de la tierra y el derecho al ambiente y a la ciudad como derechos humanos fundamentales”, profundizaron las organizaciones.
También sostuvieron que en Ceduc “desconocen también el Acuerdo de Escazú que en nuestro país entró en vigor el 22 de abril de 2021″ y que “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
“El accionar de la ciudadanía (tanto acciones directas como judiciales) están amparadas por el acuerdo. La reivindicación del derecho a la información y la participación, como así también a la necesidad de un Estado que resguarde el interés público, el patrimonio cultural e identitario y garantice el desarrollo sustentable (ambiental y socialmente) es el único camino para construir una ciudad para todos/as y con todos/as hoy y en las próximas generaciones”, concluyeron.

Más Información:

La Voz del Interior (18/09/2023)
- Córdoba: las claves del conflicto entre vecinos y el proyecto de las torres de Parque Chacabuco
Desde el centro vecinal del barrio ponen reparos por los estacionamientos y aseguran que debe cumplir con la ley provincial de Ambiente. La desarrollista sostiene que cumple con todo lo que se exige, y que la obra no está alcanzada por la legislación provincial.
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (16/09/2023)
Respuesta a desarrollistas: La reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente no es una amenaza

La Red Nuestra Córdoba, la Facultad de Filosofía (UNC) y 16 organizaciones y centros vecinales salieron al cruce de la Ceduc, que advertía sobre el uso “irresponsable” de los amparos ambientales.
La advertencia de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) “por la grave situación que están generando agrupaciones vecinales que con argumentos falaces atentan contra la seguridad jurídica de los emprendimientos” tuvo su respuesta.
Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba salieron al cruce de ese comunicado, afirmando que “la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
El comunicado cuenta con la adhesión de Arquitectos Cordobeses Autoconvocados, la Asociación Amigos de la Reserva San Martín, el Colectivo Preservando el Parque de la Vida, Ciscsa Ciudades Feministas, la Comisión Regularizadora de Villa Warcalde, Fundeps, Inquilinos Córdoba, Juntxs por el Derecho a la Ciudad, Multisectorial Defendamos Alberdi, Sociedad Argentina de Planeamiento Territorial Regional Centro (Saplat), Ceve-AVE - Conicet, la Asociación de Vivienda Económica, el Foro Ambiental Córdoba, Vecinos autoconvocados de Villa Belgrano y Vecinos autoconvocados de Villa Cabrera.
También adhieren los centros vecinales del Cerro de las Rosas, Parque Chacabuco y Valle del Cerro.
En el comunicado se remarca que las acciones de amparo constituyen un recurso previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional que puede ser interpuesto contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.
“Se puede interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”, dice el texto.
También señala que la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente “no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
“Ante el comunicado emitido y difundido por Ceduc en el que articulan un discurso y narrativa (paradójicamente, un relato) por medio del cual atribuyen a las reivindicaciones de colectivos sociales y vecinales el impedimento del ‘progreso’, la inseguridad jurídica y el desincentivo a la inversión privada generadora de empleo y garantizadora del acceso a la vivienda, quienes firmamos esta respuesta contrargumentamos con posicionamientos basados en el interés público”, dicen.
Y agrega: “Contrariamente a lo que empresarios/as del sector desarrollista de Córdoba plantean, las acciones de amparo no actúan en detrimento de la seguridad jurídica sino que constituyen un recurso fundamental para la vigencia del Estado de Derecho en los regímenes democráticos. Inseguridad jurídica y restricción de derechos humanos generan los acuerdos y habilitaciones que se centran en el interés corporativo y privado a espaldas de la ciudadanía afectada por los mismos”.
Continúa el texto: “La falta de transparencia en las decisiones que inciden en el interés y los bienes públicos son el principal factor de vulneración de derechos. La interpelación de proyectos de inversión inmobiliaria que impactan en el ambiente y en la segregación urbana tiene la intencionalidad de visibilizar qué tipo de ‘progreso’ y ‘desarrollo’ queremos como sociedad”.
El comunicado sostiene que la Ceduc “de manera maliciosa pretende justificar que su modelo de negocios y de rentabilidad actúa como movilizador de crecimiento económico para todos/as, de empleo y acceso a la vivienda”.
“Por el contrario, sus proyectos se apropian del plusvalor de la tierra y excluyen a la mayoría de la población del acceso al hábitat y la vivienda”, afirman.
“Argumentan que la protesta y movilización social atentan contra la propiedad y la inversión privada como derechos de primer orden. Desconocen la función social de la tierra y el derecho al ambiente y a la ciudad como derechos humanos fundamentales”, profundizan las organizaciones.
También sostienen que en Ceduc “desconocen también el Acuerdo de Escazú que en nuestro país entró en vigor el 22 de abril de 2021″ y que “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
“El accionar de la ciudadanía (tanto acciones directas como judiciales) están amparadas por el acuerdo. La reivindicación del derecho a la información y la participación, como así también a la necesidad de un Estado que resguarde el interés público, el patrimonio cultural e identitario y garantice el desarrollo sustentable (ambiental y socialmente) es el único camino para construir una ciudad para todos/as y con todos/as hoy y en las próximas generaciones”, concluye el texto.
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 La Voz del Interior (28/08/2023)
El desmonte y las cuencas hídricas, las principales deudas ambientales de Córdoba

Es lo que más mencionan los y las ambientalistas consultadas por “La Voz”. Les siguen los incendios, la pérdida de biodiversidad y la falta de ordenamiento territorial provocada por la urbanización no planificada. ¿Qué provincia queremos habitar?
Controlar los desmontes ante el avance de la agricultura y de las urbanizaciones, y frenar la contaminación de las cuencas hídricas. Estos son los dos problemas ambientales de Córdoba más mencionados por ambientalistas consultados.
Les siguen, en igual importancia, la pérdida de biodiversidad y la falta de ordenamiento territorial en la provincia. Luego aparecen los agrotóxicos, los incendios y el manejo de los residuos urbanos.
Para elaborar este listado, La Voz envió un cuestionario con las mismas preguntas a seis especialistas en distintas áreas sobre temas ambientales. Son Federico Kopta (profesor en Ciencias Biológicas en la UNC y creador del Foro Ambiental Córdoba), Marcelo Cabido (doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet), Cecilia Estrabou (bióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, y Personalidad Cordobesa 2021), Emilio Iosa (médico sanitarista, Personalidad Cordobesa 2013), Ana Cingolani (doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Conicet) y Pablo Riveros (jefe comunal de Villa Ciudad Parque y fundador del partido Movimiento Verde Cordobés).

Las preguntas enviadas fueron tres:
1. ¿Cuáles son los cinco principales problemas ambientales de Córdoba?
2. ¿Le parece suficiente lo que se hace a nivel oficial para abordarlos?
3. ¿Cuál o cuáles le parecen los caminos más apropiados para ese abordaje?

Las coincidencias son muchas, tanto en los temas que deben abordarse con urgencia como en las soluciones y también en las críticas de lo que se hace a nivel oficial para mitigar estos problemas.

Los cinco principales problemas ambientales de Córdoba

- Federico Kopta. 1) Desmontes. 2) Incendios de montes y pastizales. 3) Deficiente gestión de los residuos. 4) Gestión integrada de recursos hídricos. 5) Agrotóxicos.
Marcelo Cabido. 1) Cambios en el uso de la tierra (deforestación para expansión de la agricultura y las urbanizaciones). 2) Incendios. Además, esta problemática se vincula al cambio climático global. 3) Pérdida de biodiversidad (de especies y de ecosistemas). Los ecosistemas naturales y seminaturales del Espinal y la Pampa han casi desaparecido. 4) Destrucción de cuencas hídricas y contaminación de acuíferos. 5) Falta de un ordenamiento territorial adecuado.
- Emilio Iosa. 1) La contaminación de las reservas de agua para bebida y uso recreativo sin políticas contundentes de saneamiento. 2) Los incendios forestales sin políticas de manejo adecuadas al cambio climático. 3) La desaparición del bosque nativo sin políticas de reforestación y control de la deforestación. 4) El uso irresponsable del suelo con prácticas de agricultura y de ganadería no sostenible, y el desarrollo inmobiliario descontrolado. 5) La pérdida de biodiversidad secundaria a todo lo anterior.
Cecilia Estrabou. 1) La tala de bosques nativos. Los bosques nos proveen de oxígeno para respirar, absorben contaminantes de la atmósfera, fabrican suelo, regulan y producen el agua, regulan el clima, dan bienestar estético, valor identitario y hábitat a la biodiversidad como procesos básicos. Córdoba es una provincia donde el bosque del Espinal desapareció, el bosque del Caldén está reducido a manchas mínimas y el Chaco apenas tiene expresiones que completan un 2% o un 3%. 2) La industria agrícola. Se agregan agroquímicos a la tierra alterando la biodiversidad, generando contaminación de aguas, suelo y tierra, y claros problemas de salud a la población humana. 3) La falta de planificación urbana sobre las cuencas hídricas. Se permite la urbanización hasta el borde de ríos y arroyos, y sobre las montañas, afectando el ciclo del agua, favoreciendo las inundaciones y sobre todo impermeabilizando la superficie de captación de agua en las sierras, que es nuestra única fuente de agua. 4) Residuos sólidos urbanos. En la medida que se estimula el consumo, se promueve el residuo. El reciclado es sólo sobre el 1% de lo que se extrajo de la naturaleza para consumir. 5) Fragmentación del espacio que generan rutas y la pérdida de biodiversidad. La profusión de cemento en nuestra provincia es promotora de accidentes, muerte y fragmentación de hábitat, y pérdida de biodiversidad.
- Pablo Riveros. Los principales cinco problemas son el agua y las cuencas hídricas, las fumigaciones con agrotóxicos, el desmonte, el tema de los residuos y la falta de control y de ordenamiento territorial.
- Ana Cingolani. 1) Urbanización no planificada (incluyendo la construcción de autovías). Se asocia al desmonte, a la invasión de plantas exóticas, a la contaminación de aguas, predación de fauna por mascotas domésticas e incendios. 2) Invasión por especies leñosas exóticas. Es especialmente grave en las sierras. Se asocia a una disminución de la disponibilidad de agua para consumo humano y a la reducción de las poblaciones de especies nativas. 3) Contaminación de ríos. Debido a la urbanización, agricultura e invasión por plantas exóticas y ganadería excesiva en algunos lugares, los ríos y los arroyos se van contaminando y llegan a niveles que, si se midieran, posiblemente no serían aptos para el uso como balnearios. 4) Desmonte desmedido. Sobre todo en áreas de llanura, pero también en las sierras. Trae pérdida de biodiversidad, reemplazo de ecosistemas nativos por distintos usos de la tierra, tormentas de tierra que generan alergias y otros problemas a los habitantes. 5) Incendios. Sobre todo en las sierras. Si bien los ecosistemas nativos son resilientes y se recuperan de los incendios, al haber tantos por causas humanas, se va perdiendo el bosque maduro (de árboles grandes) que tardan mucho en crecer y va quedando un porcentaje mucho menor al 30% recomendado.

¿Le parece suficiente lo que se hace a nivel oficial para abordarlos?

- Federico Kopta: “A veces son acciones contrarias”. Las acciones oficiales son insuficientes. En algunos casos hubo avances, como con la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales para la ciudad de Córdoba. En otros casos, las acciones son directamente contrarias para resolver los problemas citados. Por ejemplo, sigue vigente la Ley de Agroquímicos que permite la aplicación terrestre al lado de una planta urbana o de una escuela con productos clase III y IV.
- Marcelo Cabido: “No son parte de la solución, sino del problema”. Claramente no es suficiente. Los organismos de aplicación (Secretaría de Ambiente, etcétera) no son parte de la solución, sino del problema. Córdoba y sus municipios, al igual que la Nación, carecen de un programa ambiental, lo que revela la falta de interés (y quizás desconocimiento) por los temas ambientales. Prácticamente ninguno de los políticos candidatos a diferentes cargos ha abordado en sus campañas los problemas ambientales que nos aquejan.
- Emilio Iosa: “Expresión de deseo”. Lo considero una tibia expresión de deseo. Si no fuese así, no estaríamos hablando de este tema.
- Cecilia Estrabou. “Lo que se hace a nivel oficial es generar estos problemas”. No se está pensando en resolverlos porque implica tocar intereses económicos.
Pablo Riveros. “No es suficiente”. Por supuesto que no es suficiente lo que se hace a nivel oficial para abordar estos temas; y en muchos casos, incluso, dista bastante del intento de generar aunque sea alguna solución.
- Ana Cingolani. “No se hace casi nada”. Al contrario, lo que se hace a nivel oficial conduce a empeorarlos, como la construcción de autovías para favorecer el tránsito cuando el problema del tránsito se podría resolver de muchas otras maneras. La construcción de cloacas, por ejemplo, podría llegar a considerarse una solución para la contaminación de aguas, pero al ir con muchas otras medidas que promueven la urbanización de los ambientes serranos, el problema no se va a solucionar, sino que se seguirá incrementando.

Los caminos para resolver estos problemas

- Federico Kopta: “Controlar activamente los desmontes”. La actualización que se debe realizar a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos debe cumplir con tres requisitos mínimos: que se ajuste a la Ley de Bosques nacional (cosa que no sucede con la Ley 9.814); que no reduzcan las superficies clasificadas como de máxima y mediana protección de bosques ya existentes en la ley actual, y que la nueva norma no signifique una amnistía a los que desmontaron en forma ilegal desde 2005. En incendios, es fundamental trabajar a gran escala en educación para la prevención, cosa que no se realiza desde 2005. Gestión integrada de los recursos hídricos: desde la protección de la vegetación nativa en las cabeceras de cuenca hasta una adecuada infraestructura cloacal. También es imprescindible el freno a las urbanizaciones cuyos efluentes terminen en los lagos. Plaguicidas: es urgente modificar la Ley de Agroquímicos para establecer distancias mínimas de aplicación por vía terrestre de los productos con menor toxicidad aguda (que no significa que no puedan generar problemas a nivel crónico), ya que hoy está permitido hacerlo hasta al lado de una escuela o una población.
- Marcelo Cabido. “Educación, educación y más educación”. Se debe concientizar sobre los problemas ambientales a los funcionarios y a la población, destinar los recursos (por ejemplo, ni la Nación ni la Provincia están destinando los recursos que indica la Ley de Bosques), concretar el ordenamiento territorial de la provincia y designar en los cargos vinculados al ambiente a personas que pueden aportar a los problemas ambientales y no a abogados, etcétera, que sólo acumulan méritos de militancia.
- Emilio Iosa. “Toma de conciencia”. El camino más apropiado es la toma de conciencia colectiva y la decisión política de las nuevas autoridades provinciales y municipales de llevar adelante un cambio de paradigma en las políticas públicas de toda la provincia, relacionadas a la sostenibilidad ambiental y a una producción responsable y respetuosa del medio ambiente, que posibilite a las generaciones presentes y futuras desarrollarse en un modelo no basado solamente en el crecimiento.
Cecilia Estrabou. “Soluciones integrales y participativas”. Hay muchas metodologías por considerar. Las soluciones deben acordarse de manera integral y participativa entre los gestores, los pobladores locales, y expertos científicos y técnicos. Los problemas ambientales son transversales y complejos, por lo que hay que evaluar variables ambientales, sociales, económicas, culturales a lo largo de escalas tanto temporales como espaciales.
- Pablo Riveros. “El desarrollo tiene límites claros”. El primer camino es la decisión política. Cuando se formula un proyecto de gobierno, sea en la dimensión local, municipal, provincial o nacional, tiene que tener líneas, objetivos y criterios del abordaje de las problemáticas socioambientales. El desarrollo, para mí, tiene límites claros. Uno no puede desarrollar un pueblo, una comunidad, una provincia que destruya su propio hábitat. El camino apropiado es tener un proyecto claro, y cuestionar y modificar los modelos de desarrollo. Construir uno que tenga que ver con la comunidad y con el ambiente.
- Ana Cingolani. “Capacitar a la población y a los políticos”. Multiplicar por 10 o más los recursos humanos capacitados en las distintas temáticas ambientales, incluyendo guardaparques, policía ambiental, técnicos, docentes y científicos que trabajen interdisciplinariamente. Generar un ordenamiento territorial participativo. Programas de alfabetización científica para políticos y para la población en general: si no se comprende que un río contaminado es un problema mucho más grave para la población en general que una demora de 10 minutos para ir de un lugar a otro, es difícil que se logre solucionar algo.

Ciudad de Córdoba: mancha de cemento y contaminación del aire
Al trazar un análisis de la ciudad de Córdoba en particular, la bióloga Cecilia Estrabou menciona los siguientes problemas ambientales que, asegura, derivan de los problemas ya mencionados para la provincia:
Contaminación del aire. Relacionado con la pérdida de bosques, las fumigaciones en los alrededores de la ciudad y el creciente parque automotor. Se suma la falta de espacios verdes que cumplan funciones como tales. Se piensa en espacios verdes como lugares para recreación o para hacer deporte, pero necesitamos además espacios que provean aire, suelo, regulen agua y el clima. Córdoba es una mancha de cemento con un porcentaje de espacios verdes mínimo (reserva San Martín, Parque de la Vida, y casi nada más).
Carencia de agua. Aumento de calor. Fuertemente relacionado con la falta de bosques en la provincia, la carencia de espacios verdes en la ciudad y la falta de árboles de vereda.

Conductas sociales sobre los residuos sólidos urbanos.
Carencia de tratamiento de aguas negras. No se promueve la construcción con alternativas al sistema de cloacas, como la depuración por fitosanitarios. Se aumenta el sistema de cloacas, pero no hay plantas depuradoras suficientes para su tratamiento. Se autoriza la construcción de enormes complejos habitacionales en los que se detalla la construcción de plantas de tratamiento internas, pero que nunca se construyen.
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La Voz del Interior (01/06/2023)
Córdoba: qué piensan ambientalistas y proteccionistas sobre la denuncia por el exzoo

La denuncia promovida por el juecismo tras la apertura del Parque de la Biodiversidad no cosechó demasiado respaldo. Ni siquiera desde la propia oposición.
La denuncia del representante por la oposición en el Ente Biocórdoba, Tomás Casañas Lerner, en contra del intendente Martín Llaryora por incumplimiento de los deberes de funcionario público y maltrato animal, tras la reapertura del Parque de la Biodiversidad, no logró el respaldo unánime de las organizaciones ambientalistas y proteccionistas que componen la mesa de trabajo del exzoo.
Ni siquiera por parte de los aliados políticos: Soher El Sukaria, probable candidata a viceintendenta de Juntos por el Cambio, descartó de plano la denuncia en declaraciones públicas.
Por el lado de los proteccionistas y los conservacionistas, Alejandra Juárez fue la que más duramente se expresó sobre la denuncia. Es la responsable del Proyecto Carayá, un santuario-reserva que se ubica en La Cumbre y que hospeda a monos y a pumas procedentes del tráfico ilegal y de centros de rescate.
Realizó un fuerte posteo en sus redes sociales para rechazar la acción judicial.
Juárez recordó que Casañas Lerner participó en todas las reuniones de la mesa de trabajo del parque, “estando de acuerdo con todas las decisiones de dicha mesa, y de repente se olvida de la causa por los animales y prioriza su partido político”, en referencia al Frente Cívico, liderado por el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez.
“Ahora habla de ‘maltrato y crueldad animal’, y me pregunto: ¿qué hiciste todo este tiempo sentado en esa mesa de toma de decisiones?”, cuestionó Juárez.
En otro tramo del posteo, la responsable del Proyecto Carayá recordó que, durante la intendencia de Juez en la Municipalidad, la gestión privada del zoológico “pasó de manos privadas en manos privadas, y no hizo nada por los animales”.
En diálogo con La Voz, Juárez respaldó la política que se viene llevando adelante en el Parque de la Biodiversidad, aunque aclaró que ya no forma parte de la mesa de trabajo conformada por organizaciones proteccionistas.
“Después de 35 años, se entendió que los zoológicos no se cierran, sino que se transforman”, explicó. “Los cierres implican el traslado de los animales a supuestos santuarios, que terminaron con los ejemplares muertos”, agregó.
Juárez indicó que los zoológicos modernos trabajan en conjunto con los santuarios y que muchas veces son los únicos lugares donde pueden vivir los animales, ante la pérdida de los ambientes naturales. En esa línea, remarcó que es muy importante la reformulación de los recintos donde habita esa fauna, para que viva en buenas condiciones.
“Estamos hablando de animales ya nacidos en zoológicos, hijos y nietos de animales nacidos en cautiverio. Si los zoológicos se transforman y readecúan los recintos, a esos animales sólo les quedan esos espacios para vivir”, señaló. Por eso, apoyó las obras que se están haciendo para el nuevo habitáculo de los osos, en un sector del parque.
Acerca de los pedidos de traslado, subrayó que muchas veces los santuarios a donde se los quiere llevar no son tales, sino que están relacionados al tráfico ilegal de especies y a la caza. “Los santuarios no pueden ser multispecies, a lo sumo pueden tener dos. Como en mi caso, que empecé con los monos y tuve que sumar los pumas porque ya no había dónde llevarlos”, afirmó.
Juárez opinó que fue muy importante que se abriera la primera etapa del Parque de la Biodiversidad sin exhibición de los animales, ya que permite evaluar cuál es la recepción de los cordobeses al cambio. “Y la respuesta fue muy buena”, agregó.
La guardazoo también respondió a las críticas que circularon por redes sociales por parte de figuras del ambiente artístico. “Hablan sin saber nada del tema, ¿por qué no dicen nada de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata? Los cordobeses ya decidieron qué querían hacer con su zoológico”, manifestó.

Más opiniones
La bióloga Angélica Chebel participa de la mesa de trabajo y del Consejo Asesor del Parque de la Biodiversidad, en representación del Foro Ambiental Córdoba. Acerca de la gestión que se está realizando en el exzoo, afirmó: “Se está trabajando para el bienestar de los animales, reconocemos que es un proceso muy lento que parece más simple de lo que es”.
“Los animales están bien alimentados, y los recintos están limpios. Hay más cuidadores, más veterinarios. Lo que hay que reclamar es que se aceleren la obras para los animales. No puedo decir que están maltratados”, señaló Chebel.
La bióloga coincidió con Juárez al marcar que es imposible plantear la liberación de todos los animales: “No se pueden liberar animales que vivieron siempre en cautiverio. Hay que chequear todo, incluso los supuestos santuarios donde se los quiere llevar. Hay animales que viven en grupo sociales de los que no se los puede separar”.
“Hay fuerte desconocimiento de la gente. Cerrar un zoo no es simple, pasó en casos que los animales quedaron abandonados, este no es el caso. Las liberaciones no son sencillas, incluso para los que vienen del tráfico ilegal. Hay que verificar su salud, porque reintroducir un animal con alguna patología puede ser catastrófico para las especies”, agregó.
En ese punto, remarcó que hay falta de hábitats naturales: “Cuando liberás en un hábitat, los animales compiten por el territorio”.
No obstante, señaló que el cautiverio tiene que ser de excelencia y que en el Parque de la Biodiversidad tienen que acelerar las obras que ya se comenzaron.
“El plan maestro existe, está en proceso de análisis del Consejo Consultivo, y después se somete a audiencia pública. También hay que recordar que en la audiencia pública en la que se discutió la creación del parque, lo que se planteó fue, en mayoría, que se transforme, no que se cierre”, agregó Chebel.
Esa audiencia pública fue la más larga de la historia, con tres días de exposiciones y con la participación de decenas de representantes.
Quien sí respaldó la denuncia fue Silvia Sastre, de la Mesa de Proteccionistas de Córdoba. Sastre se quejó de la falta de información sobre la muerte de al menos una decena de animales en los últimos dos años, mientras se ejecutaban las obras dentro del parque. “No nos mostraron las historias clínicas”, señaló.
Sastre también pidió que se aceleren los traslados a santuarios y a recintos con mejores condiciones. La proteccionista aseguró que el Consejo Consultivo no es escuchado por las autoridades, así como tampoco la mesa de trabajo.

Entre los aliados tampoco
La diputada nacional Soher el Sukaria, candidata a viceintendenta por Juntos por el Cambio, fue consultada acerca de la denuncia por radio Pulxo.
La dirigente respondió: “La verdad es que, por el informe que ellos nos trasladan (los proteccionistas), no es que haya un maltrato ni estén pasándola mal, por decirlo de alguna manera, los animales que no se exhiben hoy”.
“Ellos me confirman que hay un proceso, por supuesto, de los animales que quedan y que no se han podido trasladar, pero están bien cuidados, están resguardados”, agregó.
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (23/12/2022)
Cantera Oeste en Sierras Chicas: el Foro Ambiental pide que se suspenda la audiencia pública

La asociación civil rechaza la medida dispuesta por Ambiente, para este 27 de diciembre, por considerar que se encuentra en área protegida y el uso del suelo no clasifica para actividades industriales de impacto o mineras.
El Foro Ambiental Córdoba solicitó al secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, suspender la audiencia pública virtual convocada para el próximo 27 de diciembre para tratar el impacto ambiental de la “Cantera Oeste”, ubicada entre Saldán, La Calera y Villa Allende, en la región de Sierras Chicas.
La solicitud por parte del Foro, realizada a través de una nota, rechaza la instalación de la cantera, así como al Informe de Impacto Ambiental (IIA) sobre esta.
Las objeciones sobre la localización de esta cantera se deben a que la ley 9.841 de Regulación de Usos del Suelo del Área Metropolitana “no clasifica al uso del suelo del predio como perteneciente a áreas industriales de impacto, actividades mineras o asimilables”, expresa el Foro.
En el artículo 10 de dicha ley explica: “Se definen como Áreas Industriales de Impacto, Actividades Mineras o asimilables, a aquellas que por la existencia o previsión de estos usos plantean la necesidad de restricción al uso residencial y otros considerados incompatibles”.
De acuerdo al mapa (Anexo 1 de la ley), “el predio se encuentra casi en un 80 por ciento clasificado como Área Natural Protegida (áreas determinadas como categorías I, Rojo, en la ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba)”, plantea.
Asimismo, en la misiva refiere que un aspecto importante de la aplicación de la ley 9.841 “requiere la adhesión de los municipios (artículo 13)”. Y el artículo 16 “indica que el poder Ejecutivo provincial, por intermedio del área que designe, será la autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdicción provincial, y las municipalidades y comunas -que hayan adherido a esta norma- en las jurisdicciones locales”.
Sin embargo, continúa, el predio se encuentra fuera del radio urbano de Saldán, de La Calera, de Villa Allende y de cualquier otra localidad, según el mapa de catastro, como también del mapa de Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Córdoba.
“En consecuencia, el predio se haya plenamente en jurisdicción provincial, por lo que la regulación del uso del suelo impuesta por la ley 9.841 es directa y obligatoria”, plantea.
A su vez, el Foro destaca que la actividad minera no se encuentra por encima de este marco legal de regulación del uso del suelo. “Por un lado, el propio artículo 10 permite específicamente la actividad minera, pero en un marco de ordenamiento de uso del suelo. Por otro, la ley 9841 tiene objetivos generales y específicos que son de índole ambiental”.
Por lo que “la ley 9841 no prohíbe la minería en el área Metropolitana de Córdoba, pero sí la regula de tal manera que no se puede hacer minería en cualquier lugar, sino solamente donde lo establece el uso del suelo”.

Zona roja
El Foro Ambiental es categórico y explica que el proyecto se encuentra en un 93 por ciento en categoría Rojo del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), según el mapa vectorizado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático en 2016.
“Incluso la página 27 del IIA indica que se observa que las áreas de reservas mineras se ubican en la Categoría de Conservación I Rojo y muestra un mapa similar al de la Figura 2″, resalta.
Finalmente, dice que, si bien el artículo 37 de la ley 9.814 permite “la actividad minera en todas las categorías de conservación, como en la ley 9.841 artículo 8 inciso b, incluye como Áreas Naturales Protegidas a todas las áreas determinadas como Categoría I (Rojo) en la ley 9.814.”
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La Voz del Interior (16/10/2022)
Autocontradicción performativa, gobierno y ecología

Pese a las declaraciones y a los anuncios sobre la necesidad de cuidar el ambiente, tanto las acciones de los gobiernos como de los ciudadanos no se condicen con esos propósitos.
Reconozco que las primeras palabras del título suenan raras, pero también suena raro poner juntos “gobierno” y “ecología”. Aunque los adjetivos “sustentable”, “circular” y “verde” abundan en la autopercepción de los gobiernos municipal, provincial y nacional, a menudo sus acciones muestran una autocontradicción flagrante. Autocontradicción performativa significa eso: que lo que alguien afirma se contradice con lo que está haciendo.
A nivel nacional, hace poco fracasó otra vez el intento de legislar una ley de humedales.
La Provincia de Córdoba subirá agua desde Paraná 400 metros de altura a lo largo de 400 kilómetros, para que llegue un metro cúbico de agua por segundo. No se dice que semejante obra cubrirá sólo la octava parte de lo necesario en la ciudad, ni tampoco cuánta contaminación producirá el gasto energético para subir esa masa de agua, ni mucho menos cuáles son las alternativas.
Las cartas están echadas, los préstamos otorgados y poco importa lo que piense usted, que está leyendo.
La ciudad “circular” cubre de cemento y de baldosas los necesarios espacios verdes, y los intentos una y otra vez abortados de separar la basura duermen en los tachos donde todos tiran todo de manera indiscriminada.
Por último, tenemos a la ciudadanía, todos y todas, quejándonos de lo mal que están el clima, los incendios, el cáncer por los agroquímicos y la contaminación, y la mar en coche, pero acelerando la rueda.

Y los ciudadanos también
Las autocontradicciones no sólo son de los poderes del Estado y sus responsabilidades (incluidas las del Judicial, aunque no lo parece), sino también de quienes votamos.
Hace más de dos meses que quienes habitan Rosario reciben el humo del fuego en los pastizales, que por las noches se ve a simple vista al otro lado del río. Pero importantes funcionarios, como notablemente sucedió la semana pasada a nivel provincial en Córdoba, dicen que la ley de humedales va contra el federalismo.
Además de ser falsa (ya que la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú incluyen herramientas jurídicas y obligaciones que habilitan mucho más que las tímidas iniciativas presentadas), esta afirmación de la funcionaria cordobesa parece sostener la creencia de que las crisis ecológicas respetan las jurisdicciones de los mapas. Que los pesticidas que el Paraná arrastra no llegarán a la canilla de las viviendas cordobesas. Que los químicos usados en la minería río arriba no llegarán a las provincias río abajo. Que todo esto es una exageración. Y, sobre todo, que los imprescindibles sistemas ecológicos, en extremo complejos y sensibles, pueden sostenerse, aunque brutalmente les arrebatemos pedazos, sin que se vea afectada nuestra vida.
Por supuesto, queda la pregunta de por qué. La pregunta por los intereses y los motivos. Nuevamente la responsabilidad es amplia, pero no es cierto que sea de todos. Hay personas y comunidades cuyo impacto ecológico es nulo. Pero la mayoría no somos así. Ni mucho menos lo son quienes dañan en su afán de lucro o por su poder económico. Ni muchísimo menos lo son aquellos representantes del Estado, en cargos electivos o no, que se supone que nos deberían cuidar y, sin embargo, parecen estar haciéndoles viento a las brasas.
Emmanuel Levinas decía que el hijo o la hija es el futuro sin mí. Hay que agregar que es el futuro conmigo. Por eso, ¿quienes les ponen en riesgo su futuro realmente son capaces de mirarlos a los ojos? ¿O será que la ceguera por el beneficio propio es tan poderosa que les impide pensar el futuro de sus hijos en sentido amplio, más allá de este u otro bien que se hayan asegurado comprar?

Por Diego Fonti - Investigador del Conicet, Foro Ambiental Córdoba
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