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23 may 2013
Denuncia penal por desalojo de campesinos
8:46 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (23/05/2013)
Denunciaron penalmente a funcionarios por desalojo de campesinos en Piquillín
Es por graves irregularidades en el procedimiento realizado en abril. Acusan a la dueña del terreno, al oficial de Justicia y a un abogado por “usurpación, daños y falsedad ideológica”.
Tras el violento desalojo de cinco familias de un terreno en el paraje tres esquinas en el Departamento Río Segundo el mes pasado, fueron denunciados los responsables del procedimiento y la titular del campo donde vivían los campesinos por los delitos de “usurpación daños y falsedad ideológica”.
La denuncia alcanza al oficial de justicia José Benjamín Aceval, al abogado Guillermo Mossello y a la dueña de los terrenos Sara Jabase.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, fueron desalojadas cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en el departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias de los habitantes a la calle.
La causa recayó sobre la fiscalía del distrito II turno 3 a cargo de Pedro Caballero. El funcionario judicial señaló a este medio que “se encuentra en la etapa instructiva de la causa, por lo que todavía nos resolvió imputaciones” y agregó: “Estamos reuniendo pruebas, es una causa reciente que recibimos hace poco tiempo, estamos evaluando varias situaciones”, añadió el letrado.
Vale recordar que el procedimiento de desalojo se realizó en medio de denuncias de graves irregularidades, como que el oficial de justicia actuó sin orden judicial y en uno de los casos ante la presencia exclusiva de menores en una de las viviendas.
Los pobladores se ubicaban en terrenos que, aparentemente habían sido objeto de una disputa legal, y por lo que los desalojos se realizaron por una denuncia presentada por la supuesta propietaria.
Sin embargo, los jornaleros que allí residen aseguraron que los lotes les fueron legados por familiares, y sobre ellos que jamás recibieron un reclamo.
Cuando las familias retornaban a los terrenos tras el desalojo con el objetivo de defender pacíficamente la posesión, con el apoyo de vecinos, familiares, organizaciones sociales y miembros del Movimiento Campesino de Córdoba, fueron detenidas 16 personas, entre ellas dos menores, una abogada de derechos humanos y militantes sociales, además de familias del lugar.
El 25 de abril pasado, este diario adelantó que los campesinos denunciarían penalmente a los responsables del procedimiento irregular. En la misma nota, la jueza confirmó que la orden judicial de desalojo emitida había sido contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias que allí residían, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio.
Sin embargo, el oficial de Justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.
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Denunciaron penalmente a funcionarios por desalojo de campesinos en Piquillín
Es por graves irregularidades en el procedimiento realizado en abril. Acusan a la dueña del terreno, al oficial de Justicia y a un abogado por “usurpación, daños y falsedad ideológica”.
Tras el violento desalojo de cinco familias de un terreno en el paraje tres esquinas en el Departamento Río Segundo el mes pasado, fueron denunciados los responsables del procedimiento y la titular del campo donde vivían los campesinos por los delitos de “usurpación daños y falsedad ideológica”.
La denuncia alcanza al oficial de justicia José Benjamín Aceval, al abogado Guillermo Mossello y a la dueña de los terrenos Sara Jabase.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, fueron desalojadas cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en el departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias de los habitantes a la calle.
La causa recayó sobre la fiscalía del distrito II turno 3 a cargo de Pedro Caballero. El funcionario judicial señaló a este medio que “se encuentra en la etapa instructiva de la causa, por lo que todavía nos resolvió imputaciones” y agregó: “Estamos reuniendo pruebas, es una causa reciente que recibimos hace poco tiempo, estamos evaluando varias situaciones”, añadió el letrado.
Vale recordar que el procedimiento de desalojo se realizó en medio de denuncias de graves irregularidades, como que el oficial de justicia actuó sin orden judicial y en uno de los casos ante la presencia exclusiva de menores en una de las viviendas.
Los pobladores se ubicaban en terrenos que, aparentemente habían sido objeto de una disputa legal, y por lo que los desalojos se realizaron por una denuncia presentada por la supuesta propietaria.
Sin embargo, los jornaleros que allí residen aseguraron que los lotes les fueron legados por familiares, y sobre ellos que jamás recibieron un reclamo.
Cuando las familias retornaban a los terrenos tras el desalojo con el objetivo de defender pacíficamente la posesión, con el apoyo de vecinos, familiares, organizaciones sociales y miembros del Movimiento Campesino de Córdoba, fueron detenidas 16 personas, entre ellas dos menores, una abogada de derechos humanos y militantes sociales, además de familias del lugar.
El 25 de abril pasado, este diario adelantó que los campesinos denunciarían penalmente a los responsables del procedimiento irregular. En la misma nota, la jueza confirmó que la orden judicial de desalojo emitida había sido contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias que allí residían, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio.
Sin embargo, el oficial de Justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.
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5 may 2013
Desalojo y violencia a pequeños campesinos
La Voz del Interior (05/05/2013)
Desalojos, casas destruidas y reclamos de justicia
Dos familias fueron violentamente corridas de terrenos que decían poseer desde hacía un siglo en un campo cercano a Tres Esquinas. Hay una batalla judicial por los predios.
Rolando González y su familia vieron cómo les tiraban abajo su casa mientras sus muebles, sus animales y sus pocas cosas se mojaban bajo la llovizna. No tenían más pertenencias que esas. La escena se repitió en la casa de sus vecinos, los Bulchi. La demolición, esta vez, fue ante las miradas de Juan Pablo, de 11 años; Melisa, de 13, y Alexis, de 17.
Los desalojos de estas dos familias ocurrieron el 11 de abril pasado, en un campo cercano al paraje Tres Esquinas, a 30 kilómetros al oeste de Córdoba, sobre la ruta nacional N° 19. Fueron echados por una orden judicial que disponía restituir las tierras a Sara Jabase. Del operativo participaron la Policía y un oficial de justicia. Ahora, las familias desalojadas reclaman en Tribunales.
Ni ellos, ni sus vecinos, ni las autoridades comunales de Monte Cristo y Piquillín (las dos localidades más cercanas) salen de su asombro por la brutalidad con que fueron corridos. “Más allá de los papeles, acá ha habido un atropello a la dignidad de las personas. A veces el tema legal escapa al común de la gente. Estas personas no tenían nada más que eso que les destruyeron”, sostuvo Sergio Torres, el cura de Monte Cristo, consultado por este diario.
Los González afirman ser los poseedores de la tierra desde hace un siglo. “Acá ya vivía mi bisabuelo, después mi abuelo, mi viejo, y ahora mi hermano, mi tío y yo”, afirmó Rolando. “Pero nunca tuvimos los papeles (escrituras)”, reconoció. Los Bulchi, en cambio, sí dicen tener sus títulos de propiedad.
A los terrenos, que suman unas siete hectáreas, los rodean cientos de hectáreas sembradas con soja. Esos campos son los que se disputan en un juicio Jabase y Henri Cattáneo desde hace más de una década.
En 2009, el juez José Sartori dictaminó que las tierras eran de Jabase y que debían serle restituidas. La decisión fue apelada por Cattáneo. De todos modos, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2da nominación ordenó a la jueza María Olariaga que ejecute la sentencia porque –según explicó la magistrada – la apelación no tiene efecto suspensivo. Olariaga, entonces, ordenó la restitución de 182 hectáreas y el lanzamiento (desalojo) de Cattáneo y de todas las cosas puestas por él. Y aquí está el punto clave, que ahora dirimirá la Justicia.
Jabase afirma que los González y los Bulchi eran empleados de Cattáneo, puestos por él para trabajar y cuidar el campo. Pero ambas familias niegan esa versión y afirman haber vivido toda la vida ahí.
Sin embargo, en el acta labrada por el oficial de justicia José Acebal, representante del Poder Judicial durante el desalojo, se afirma que uno de los González (Eduardo, tío de Rolando) declaró ser empleado de Aldo Cattáneo (quien falleció) y que Ramón Bulchi dijo ser cuidador del campo de Cattáneo. La jueza Olariaga explicó que si estas personas no hubiesen declarado tener relación con Cattáneo, no hubieran sido desalojadas.
Consultado por este diario, Eduardo González negó haber realizado tales declaraciones. Por este motivo, representados por abogadas del Movimiento Campesino, los González presentaron el pasado viernes en Tribunales II de la Capital una impugnación del oficio realizado por el oficial de justicia y una denuncia penal. La abogada Victoria Gauna informó que harán nuevas presentaciones durante esta semana.
Por su parte, Irma Monje, exesposa de Ramón Bulchi, que habitaba con sus seis hijos la segunda casa volteada, dijo a este diario: “Hace 22 años que vivimos ahí y antes había vivido mi abuela. Nos mudamos cuando ella falleció”. Asimismo, negó que Ramón haya dicho que era cuidador de Cattáneo. “Ramón llegó al lugar conmigo, porque los dos estábamos cuidando a una de nuestras hijas en el Hospital Córdoba”, contó.
Este diario intentó ubicar sin éxito al oficial de justicia Acebal. En tanto, Henri Cattáneo no quiso hacer declaraciones.
Guardia permanente. Jabase reivindica la propiedad de los terrenos en función de lo que la Justicia ordenó en primera instancia. “Soy la propietaria. El campo me fue usurpado y después de muchas vicisitudes logré recuperarlo”, dijo Sara.
Al lado del terreno donde vivían los González hay un pequeño monte y luego, los restos de una casona antigua, donde funcionaba, décadas atrás, un almacén de ramos generales de los Jabase. Allí se encontraba el lunes pasado Marcos Werler, sobrino de Sara, quien permanecía en una casilla para cuidar la propiedad. “Tenemos que quedarnos porque si no vienen a ocupar”, explicó. A 300 metros de allí, había apostados dos policías en un auto particular.
Dos días después del desalojo, los González y los Bulchi volvieron al terreno con gente del Movimiento Campesino, quienes contactaron con ellos al día siguiente de las demoliciones. Las familias y los activistas se instalaron en el lugar, pero el fiscal Víctor Chiapero ordenó su detención por violar la propiedad privada.
Unas 16 personas fueron llevadas a la comisaría de Río Primero. Dos fueron liberadas por ser menores; las demás, imputadas por usurpación y liberadas al día siguiente.
Repudio a la forma. El intendente de Monte Cristo, Fernando Gazzoni, reconoció la conmoción que hay en parte del pueblo porque los desalojados eran gente conocida. “Los González siempre vivieron ahí. Reclaman cosas mínimas, seis o siete hectáreas. Supongo que la Justicia lo resolverá”, sostuvo.
Su par de Piquillín, Horacio Rubiolo, admitió no conocer los detalles del litigio, pero igual remarcó: “De lo que estoy más que seguro es de que esa no era la manera de proceder”.
También se mostraron sorprendidos agentes del Ministerio de Desarrollo Social provincial. “Generalmente asistimos a gente desalojada, pero nunca vimos algo así: que les tiren las casas abajo de esa manera”, dijo un vocero de ese ministerio.
Los González viven ahora en casas de parientes y en una pieza alquilada. La familia Bulchi, en tanto, permanece en una casa de campo prestada.
Ley 9.150
De 2004. La Ley de Saneamiento de Títulos y Registro de Poseedores de Inmuebles busca atender, desde 2004, la problemática de los poseedores antiguos de las tierras que no tienen los títulos de propiedad. La norma se sancionó en respuesta al caso emblemático de Ramona Bustamante, quien se resistió al desalojo de sus tierras en la localidad de Sebastián Elcano, al norte de la provincia.
Autoridad de aplicación. Es la unidad ejecutora para el Saneamiento de Títulos, que depende del Ministerio de Justicia, y está a cargo de Antonio Ruotolo. Ante la consulta de este diario, funcionarios del área dijeron que durante esta semana darán información sobre las acciones que lleva a cabo esa dependencia provincial.
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El Movimiento Campesino, impulsor del reclamo judicial
Está formado por distintas organizaciones que defienden y brindan apoyo legal a los poseedores ancestrales de tierras.
El Movimiento Campesino, que asesora y representa a la familia González, está formado por distintas organizaciones de la provincia de Córdoba que defienden los derechos de los poseedores ancestrales de las tierras. Brindan apoyo legal e impulsan movilizaciones y reclamos públicos.
Según explicó Germán Pez, uno de los integrantes, el movimiento se formó en 2005. “Donde más conflictos de este tipo se registran es en la zona del valle de Traslasierra, San Javier, Mina, Pocho Río Seco y Tulumba. Con el avance de la frontera agropecuaria hay una presión muy fuerte sobre los campesinos”, sostuvo.
Explicó que la organización no tiene referencia político partidaria y que se mantiene con proyectos solventados por los gobiernos, con apoyos de organizaciones internacionales y el aporte de los mismos campesinos, entre otros recursos.
“Cada compañero aporta a un fondo común”, explicó.
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Desalojos, casas destruidas y reclamos de justicia
Dos familias fueron violentamente corridas de terrenos que decían poseer desde hacía un siglo en un campo cercano a Tres Esquinas. Hay una batalla judicial por los predios.Rolando González y su familia vieron cómo les tiraban abajo su casa mientras sus muebles, sus animales y sus pocas cosas se mojaban bajo la llovizna. No tenían más pertenencias que esas. La escena se repitió en la casa de sus vecinos, los Bulchi. La demolición, esta vez, fue ante las miradas de Juan Pablo, de 11 años; Melisa, de 13, y Alexis, de 17.
Los desalojos de estas dos familias ocurrieron el 11 de abril pasado, en un campo cercano al paraje Tres Esquinas, a 30 kilómetros al oeste de Córdoba, sobre la ruta nacional N° 19. Fueron echados por una orden judicial que disponía restituir las tierras a Sara Jabase. Del operativo participaron la Policía y un oficial de justicia. Ahora, las familias desalojadas reclaman en Tribunales.
Ni ellos, ni sus vecinos, ni las autoridades comunales de Monte Cristo y Piquillín (las dos localidades más cercanas) salen de su asombro por la brutalidad con que fueron corridos. “Más allá de los papeles, acá ha habido un atropello a la dignidad de las personas. A veces el tema legal escapa al común de la gente. Estas personas no tenían nada más que eso que les destruyeron”, sostuvo Sergio Torres, el cura de Monte Cristo, consultado por este diario.
Los González afirman ser los poseedores de la tierra desde hace un siglo. “Acá ya vivía mi bisabuelo, después mi abuelo, mi viejo, y ahora mi hermano, mi tío y yo”, afirmó Rolando. “Pero nunca tuvimos los papeles (escrituras)”, reconoció. Los Bulchi, en cambio, sí dicen tener sus títulos de propiedad.
A los terrenos, que suman unas siete hectáreas, los rodean cientos de hectáreas sembradas con soja. Esos campos son los que se disputan en un juicio Jabase y Henri Cattáneo desde hace más de una década.
En 2009, el juez José Sartori dictaminó que las tierras eran de Jabase y que debían serle restituidas. La decisión fue apelada por Cattáneo. De todos modos, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2da nominación ordenó a la jueza María Olariaga que ejecute la sentencia porque –según explicó la magistrada – la apelación no tiene efecto suspensivo. Olariaga, entonces, ordenó la restitución de 182 hectáreas y el lanzamiento (desalojo) de Cattáneo y de todas las cosas puestas por él. Y aquí está el punto clave, que ahora dirimirá la Justicia.
Jabase afirma que los González y los Bulchi eran empleados de Cattáneo, puestos por él para trabajar y cuidar el campo. Pero ambas familias niegan esa versión y afirman haber vivido toda la vida ahí.
Sin embargo, en el acta labrada por el oficial de justicia José Acebal, representante del Poder Judicial durante el desalojo, se afirma que uno de los González (Eduardo, tío de Rolando) declaró ser empleado de Aldo Cattáneo (quien falleció) y que Ramón Bulchi dijo ser cuidador del campo de Cattáneo. La jueza Olariaga explicó que si estas personas no hubiesen declarado tener relación con Cattáneo, no hubieran sido desalojadas.
Consultado por este diario, Eduardo González negó haber realizado tales declaraciones. Por este motivo, representados por abogadas del Movimiento Campesino, los González presentaron el pasado viernes en Tribunales II de la Capital una impugnación del oficio realizado por el oficial de justicia y una denuncia penal. La abogada Victoria Gauna informó que harán nuevas presentaciones durante esta semana.
Por su parte, Irma Monje, exesposa de Ramón Bulchi, que habitaba con sus seis hijos la segunda casa volteada, dijo a este diario: “Hace 22 años que vivimos ahí y antes había vivido mi abuela. Nos mudamos cuando ella falleció”. Asimismo, negó que Ramón haya dicho que era cuidador de Cattáneo. “Ramón llegó al lugar conmigo, porque los dos estábamos cuidando a una de nuestras hijas en el Hospital Córdoba”, contó.
Este diario intentó ubicar sin éxito al oficial de justicia Acebal. En tanto, Henri Cattáneo no quiso hacer declaraciones.
Guardia permanente. Jabase reivindica la propiedad de los terrenos en función de lo que la Justicia ordenó en primera instancia. “Soy la propietaria. El campo me fue usurpado y después de muchas vicisitudes logré recuperarlo”, dijo Sara.
Al lado del terreno donde vivían los González hay un pequeño monte y luego, los restos de una casona antigua, donde funcionaba, décadas atrás, un almacén de ramos generales de los Jabase. Allí se encontraba el lunes pasado Marcos Werler, sobrino de Sara, quien permanecía en una casilla para cuidar la propiedad. “Tenemos que quedarnos porque si no vienen a ocupar”, explicó. A 300 metros de allí, había apostados dos policías en un auto particular.
Dos días después del desalojo, los González y los Bulchi volvieron al terreno con gente del Movimiento Campesino, quienes contactaron con ellos al día siguiente de las demoliciones. Las familias y los activistas se instalaron en el lugar, pero el fiscal Víctor Chiapero ordenó su detención por violar la propiedad privada.
Unas 16 personas fueron llevadas a la comisaría de Río Primero. Dos fueron liberadas por ser menores; las demás, imputadas por usurpación y liberadas al día siguiente.
Repudio a la forma. El intendente de Monte Cristo, Fernando Gazzoni, reconoció la conmoción que hay en parte del pueblo porque los desalojados eran gente conocida. “Los González siempre vivieron ahí. Reclaman cosas mínimas, seis o siete hectáreas. Supongo que la Justicia lo resolverá”, sostuvo.
Su par de Piquillín, Horacio Rubiolo, admitió no conocer los detalles del litigio, pero igual remarcó: “De lo que estoy más que seguro es de que esa no era la manera de proceder”.
También se mostraron sorprendidos agentes del Ministerio de Desarrollo Social provincial. “Generalmente asistimos a gente desalojada, pero nunca vimos algo así: que les tiren las casas abajo de esa manera”, dijo un vocero de ese ministerio.
Los González viven ahora en casas de parientes y en una pieza alquilada. La familia Bulchi, en tanto, permanece en una casa de campo prestada.
Ley 9.150
De 2004. La Ley de Saneamiento de Títulos y Registro de Poseedores de Inmuebles busca atender, desde 2004, la problemática de los poseedores antiguos de las tierras que no tienen los títulos de propiedad. La norma se sancionó en respuesta al caso emblemático de Ramona Bustamante, quien se resistió al desalojo de sus tierras en la localidad de Sebastián Elcano, al norte de la provincia.
Autoridad de aplicación. Es la unidad ejecutora para el Saneamiento de Títulos, que depende del Ministerio de Justicia, y está a cargo de Antonio Ruotolo. Ante la consulta de este diario, funcionarios del área dijeron que durante esta semana darán información sobre las acciones que lleva a cabo esa dependencia provincial.
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El Movimiento Campesino, impulsor del reclamo judicial
Está formado por distintas organizaciones que defienden y brindan apoyo legal a los poseedores ancestrales de tierras.
El Movimiento Campesino, que asesora y representa a la familia González, está formado por distintas organizaciones de la provincia de Córdoba que defienden los derechos de los poseedores ancestrales de las tierras. Brindan apoyo legal e impulsan movilizaciones y reclamos públicos.
Según explicó Germán Pez, uno de los integrantes, el movimiento se formó en 2005. “Donde más conflictos de este tipo se registran es en la zona del valle de Traslasierra, San Javier, Mina, Pocho Río Seco y Tulumba. Con el avance de la frontera agropecuaria hay una presión muy fuerte sobre los campesinos”, sostuvo.
Explicó que la organización no tiene referencia político partidaria y que se mantiene con proyectos solventados por los gobiernos, con apoyos de organizaciones internacionales y el aporte de los mismos campesinos, entre otros recursos.
“Cada compañero aporta a un fondo común”, explicó.
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25 abr 2013
Increíble: tenían que desalojar al sojero, pero...
La Mañana de Córdoba (25/04/2013)
Denuncian penalmente a responsables del desalojo de campesinos en Piquillín
La jueza admitió que no había orden de desterrar a las familias sino al empresario explotador del campo. Una multitud apoyó ayer a los damnificados en Monte Cristo.
Tras el violento desalojo de cuatro familias de un campo en cercanías a Piquillín, los campesinos denunciaron penalmente a los responsables del procedimiento irregular.
Los acusados son la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de Justicia que actuó sin orden judicial y, en uno de los casos, sin la presencia de un adulto a quien notificar del procedimiento.
Al respecto la jueza aseguró que la orden judicial de desalojo emitida era contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio. Sin embargo, el oficial de justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.
Por otro lado, una multitud de vecinos, campesinos y organizaciones se manifestó ayer en Monte Cristo exigiendo la restitución de las tierras y las viviendas a las familias desalojadas. Pedía además, el desprocesamiento de los detenidos en la causa.
En este marco, los abogados de los campesinos damnificados hicieron un pedido de nulidad del procedimiento de lanzamiento de de-
salojo.
La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, señaló que “se trata de una denuncia penal contra los encargados del desalojo a saber la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de justicia”.
La acusación es por “falsedad ideológica ya que mintió en el proceso. Por un lado el oficial de justicia dijo que ellos eran empleados del demandado y era mentira, además, llenó el acta con datos falsos”.
Por su parte, José González, miembro de una de las familias de-
salojadas, dijo que la convocatoria tuvo por objetivo protestar “porque hemos sido echados sin motivo”.
“Nos dicen que estábamos ocupando una propiedad privada cuando nuestra familia hace 150 años que está ahí, queremos una solución es un hecho de injusticia enorme”, añadió.
Los damnificados son la familias González y Bulchi, quienes explotaban el campo con la crianza de animales y plantación de calabazas y sorgo para su venta. “Es poco, pero es con lo que vivíamos, necesitamos nuestros animales para subsistir”, dijo González.
Sobre la detención cuando intentaron recuperar los campos, señaló: “nunca estuvimos presos ni tuvimos ningún problema con la policía, imaginen lo que fue para nosotros que nos pinten los dedos”.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, desalojaron a cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en en departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias a la calle.
Ayer exigían la “inmediata restitución de las tierras a las familias desalojadas, construcción de nuevas viviendas y pleno goce de las producciones que estaban en marcha hasta el día del despojo. Además, el desprocesamiento de las 16 personas que fueron imputadas por resistir al atropello de los derechos básicos de todo ser humano”.
Ver Noticia On Line
Difunden video de violento desalojo en Cuesta Blanca
Ayer fue difundido un video del violento desalojo ocurrido el 14 de abril pasado en Cuesta Blanca sufrido por unas 10 familias que reclamaban la posesión de tierras improductivas de barrio Comechingones, para su explotación. Un particular difundió imágenes que certifican que la Policía actuó sin orden judicial y de manera intimidatoria.
“No me hagas poner loco, sino te voy a meter un tiro”, increpa el las imágenes un oficial encargado del operativo a una joven pareja que vivía en una de las carpas situada en el loteo. El residente solicitaba poder sacar la carpa ellos mismos. Además, puede escucharse cuando ante la exigencia de los vecinos de la presentación de la orden por escrito, un policía vestido de civil y el supuesto funcionario de justicia señaló: “No hace falta que te muestre por escrito, yo tengo la autoridad para trasmitírtelo de manera verbal”.
Ver Noticia On Line
Más Información:
El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (25/04/2013)
- Campesinos desalojados reclaman restitución de tierras
La Voz del Interior (25/04/2013)
- Campesinos protestan por desalojos violentos
.
Denuncian penalmente a responsables del desalojo de campesinos en Piquillín
La jueza admitió que no había orden de desterrar a las familias sino al empresario explotador del campo. Una multitud apoyó ayer a los damnificados en Monte Cristo. Tras el violento desalojo de cuatro familias de un campo en cercanías a Piquillín, los campesinos denunciaron penalmente a los responsables del procedimiento irregular.
Los acusados son la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de Justicia que actuó sin orden judicial y, en uno de los casos, sin la presencia de un adulto a quien notificar del procedimiento.
Al respecto la jueza aseguró que la orden judicial de desalojo emitida era contra el empresario explotador de los campos, y no contra las familias, que nunca fueron identificados dentro de la propiedad ni formaban parte del juicio. Sin embargo, el oficial de justicia actuó sobre ellos ordenando la destrucción de las viviendas.
Por otro lado, una multitud de vecinos, campesinos y organizaciones se manifestó ayer en Monte Cristo exigiendo la restitución de las tierras y las viviendas a las familias desalojadas. Pedía además, el desprocesamiento de los detenidos en la causa.
En este marco, los abogados de los campesinos damnificados hicieron un pedido de nulidad del procedimiento de lanzamiento de de-
salojo.
La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, señaló que “se trata de una denuncia penal contra los encargados del desalojo a saber la supuesta propietaria del terreno, Sara Jabase y el oficial de justicia”.
La acusación es por “falsedad ideológica ya que mintió en el proceso. Por un lado el oficial de justicia dijo que ellos eran empleados del demandado y era mentira, además, llenó el acta con datos falsos”.
Por su parte, José González, miembro de una de las familias de-
salojadas, dijo que la convocatoria tuvo por objetivo protestar “porque hemos sido echados sin motivo”.
“Nos dicen que estábamos ocupando una propiedad privada cuando nuestra familia hace 150 años que está ahí, queremos una solución es un hecho de injusticia enorme”, añadió.
Los damnificados son la familias González y Bulchi, quienes explotaban el campo con la crianza de animales y plantación de calabazas y sorgo para su venta. “Es poco, pero es con lo que vivíamos, necesitamos nuestros animales para subsistir”, dijo González.
Sobre la detención cuando intentaron recuperar los campos, señaló: “nunca estuvimos presos ni tuvimos ningún problema con la policía, imaginen lo que fue para nosotros que nos pinten los dedos”.
El 11 de abril pasado en un irregular procedimiento, desalojaron a cuatro familias de un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas, en en departamento Río Primero. Allí destruyeron las viviendas y tiraron las pertenencias a la calle.
Ayer exigían la “inmediata restitución de las tierras a las familias desalojadas, construcción de nuevas viviendas y pleno goce de las producciones que estaban en marcha hasta el día del despojo. Además, el desprocesamiento de las 16 personas que fueron imputadas por resistir al atropello de los derechos básicos de todo ser humano”.
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Difunden video de violento desalojo en Cuesta Blanca
Ayer fue difundido un video del violento desalojo ocurrido el 14 de abril pasado en Cuesta Blanca sufrido por unas 10 familias que reclamaban la posesión de tierras improductivas de barrio Comechingones, para su explotación. Un particular difundió imágenes que certifican que la Policía actuó sin orden judicial y de manera intimidatoria.
“No me hagas poner loco, sino te voy a meter un tiro”, increpa el las imágenes un oficial encargado del operativo a una joven pareja que vivía en una de las carpas situada en el loteo. El residente solicitaba poder sacar la carpa ellos mismos. Además, puede escucharse cuando ante la exigencia de los vecinos de la presentación de la orden por escrito, un policía vestido de civil y el supuesto funcionario de justicia señaló: “No hace falta que te muestre por escrito, yo tengo la autoridad para trasmitírtelo de manera verbal”.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (25/04/2013)
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La Voz del Interior (25/04/2013)
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15 abr 2013
Campesinos reclaman por desalojos y detenidos
La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (15/04/2013)
El Movimiento Campesino reclama por desalojos en Piquillín
Protestarán frente a Tribunales I. Piden la liberación de los 12 detenidos.
El Movimiento Campesino de Córdoba convocó a una protesta en la sede de Tribunales I al denunciar el desalojo de dos familias y la detención de 12 personas en el Paraje Tres Esquinas, en la zona rural de Piquillín (ver Protesta y detenidos tras violento desalojo en zona rural).
La organización reclama “por el reconocimiento de los derechos de las familias campesinas y la situación de despojo de las familias desalojadas en Piquillín, y por la liberación inmediata de los detenidos”.
El Movimiento Campesino realizará una “presentación formal” sobre la problemática.
Las organizaciones se concentrarán en la Plaza de la Intendencia de la ciudad de Córdoba.
En tanto, esta mañana minutos después de las 9.30 continúan detenidas las 12 personas en la comisaría de Río Primero por el supuesto delito de usurpación, según indicaron fuentes policiales.
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El Movimiento Campesino reclama por desalojos en Piquillín
Protestarán frente a Tribunales I. Piden la liberación de los 12 detenidos.El Movimiento Campesino de Córdoba convocó a una protesta en la sede de Tribunales I al denunciar el desalojo de dos familias y la detención de 12 personas en el Paraje Tres Esquinas, en la zona rural de Piquillín (ver Protesta y detenidos tras violento desalojo en zona rural).
La organización reclama “por el reconocimiento de los derechos de las familias campesinas y la situación de despojo de las familias desalojadas en Piquillín, y por la liberación inmediata de los detenidos”.
El Movimiento Campesino realizará una “presentación formal” sobre la problemática.
Las organizaciones se concentrarán en la Plaza de la Intendencia de la ciudad de Córdoba.
En tanto, esta mañana minutos después de las 9.30 continúan detenidas las 12 personas en la comisaría de Río Primero por el supuesto delito de usurpación, según indicaron fuentes policiales.
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Violento desalojo a campesinos
La Mañana de Córdoba (15/04/2013)
Al menos 15 detenidos tras violento desalojo a campesinos
La Policía destruyó con una topadora la casa de una familia en el paraje Tres Esquinas. Los vecinos ocupan la tierra desde hace más de 100 años. Los campos linderos son ahora alquilados para cultivo de soja.
Al menos 15 personas, entre ellos dos menores, fueron detenidos ayer tras el violento desalojo de una familia de campesinos en el paraje Tres Esquinas.
Todo comenzó el jueves, cuando la Policía expulsó a la familia González por orden del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 46ª Nominación de la Ciudad de Córdoba. En esa oportunidad, los efectivos arrasaron con topadoras la casa y pertenencias de la familia reduciendo la vivienda a escombros.
La medida tuvo lugar como resultado de una disputa legal que terminó por favorecer a una mujer que acreditó su posesión. El proceso se desarrolló entre la propietaria de los campos, Sara Jabase, y un supuesto usurpador de apellido Cattáneo, un empresario que utilizaba los campos para cultivar soja.
La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, explicó “que todo el proceso se desarrolló desconociendo que esta familia estaba dentro del campo”.
“Desalojaron gente que nunca fue notificada que tuvieran un juicio”, añadió.
Vale destacar que la familia expulsada ocupa esas tierras desde hace más de 100 años.
Al respecto Julio González, hermano de uno de los campesinos desalojados, lamentó la situación. “No tiene donde vivir, no tiene donde dejar las cosas, donde llevar lo poco que rescató”, indicó.
“Le tiraron todo a la calle como si fuera un animal y llovía, se mojó todo, no sirve más”, agregó. Además, manifestó que se comunicaron con un abogado para recibir asesoramiento jurídico. “Nunca en la vida tuvimos ningún problema y nunca lo pensamos”, finalizó.
Tras el violento desalojo, la familia regresó al terreno en un intento por mantener la posesión. Junto a vecinos, organizaciones sociales e integrantes del Movimiento Campesino, regresaron a los escombros sobre los que hasta hace pocos días se levantaba su casa, tras lo cual fueron detenidos.
La Policía detuvo a más de 15 personas, entre los que se encontraban dos menores, “que ya fueron puestos a disposición de los padres”, señaló el comisario mayor Almada, jefe de la Departamental Río Primero.
Se trata de una orden del fiscal del Distrito 2 Turno 4 a cargo de Víctor Hugo Chiappero, quien destacó que “más allá que el reclamo fuera justo, se decidió la detención ya que si un juez civil los desalojó y se vuelven a meter están ilegalmente en ese lugar”.
Denuncian supuesta usurpación
Vecinos de las localidades de Cuesta Blanca e Icho Cruz denunciaron ayer la presencia de personas que habrían intentado ingresar a terrenos ajenos. Aseguran que desde hace tres meses, grupos de familias se adueñan de terrenos que poseen dueño.
José, un vecino damnificado, indicó que varios de los usurpadores han acampado y colocado carpas y aseguró que desde noviembre viven esta situación: “Las familias han colocado carteles con la leyenda “Propiedad Privada”, y en algunos casos hasta han ingresado al interior de las viviendas. Nosotros estamos desesperados.
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Más Información:
La Voz del Interior (15/04/2013)
- Denuncian detenciones por desalojos en Piquillín
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Al menos 15 detenidos tras violento desalojo a campesinos
La Policía destruyó con una topadora la casa de una familia en el paraje Tres Esquinas. Los vecinos ocupan la tierra desde hace más de 100 años. Los campos linderos son ahora alquilados para cultivo de soja.Al menos 15 personas, entre ellos dos menores, fueron detenidos ayer tras el violento desalojo de una familia de campesinos en el paraje Tres Esquinas.
Todo comenzó el jueves, cuando la Policía expulsó a la familia González por orden del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 46ª Nominación de la Ciudad de Córdoba. En esa oportunidad, los efectivos arrasaron con topadoras la casa y pertenencias de la familia reduciendo la vivienda a escombros.
La medida tuvo lugar como resultado de una disputa legal que terminó por favorecer a una mujer que acreditó su posesión. El proceso se desarrolló entre la propietaria de los campos, Sara Jabase, y un supuesto usurpador de apellido Cattáneo, un empresario que utilizaba los campos para cultivar soja.
La abogada del Movimiento Campesino, Mariana Romano, explicó “que todo el proceso se desarrolló desconociendo que esta familia estaba dentro del campo”.
“Desalojaron gente que nunca fue notificada que tuvieran un juicio”, añadió.
Vale destacar que la familia expulsada ocupa esas tierras desde hace más de 100 años.
Al respecto Julio González, hermano de uno de los campesinos desalojados, lamentó la situación. “No tiene donde vivir, no tiene donde dejar las cosas, donde llevar lo poco que rescató”, indicó.
“Le tiraron todo a la calle como si fuera un animal y llovía, se mojó todo, no sirve más”, agregó. Además, manifestó que se comunicaron con un abogado para recibir asesoramiento jurídico. “Nunca en la vida tuvimos ningún problema y nunca lo pensamos”, finalizó.
Tras el violento desalojo, la familia regresó al terreno en un intento por mantener la posesión. Junto a vecinos, organizaciones sociales e integrantes del Movimiento Campesino, regresaron a los escombros sobre los que hasta hace pocos días se levantaba su casa, tras lo cual fueron detenidos.
La Policía detuvo a más de 15 personas, entre los que se encontraban dos menores, “que ya fueron puestos a disposición de los padres”, señaló el comisario mayor Almada, jefe de la Departamental Río Primero.
Se trata de una orden del fiscal del Distrito 2 Turno 4 a cargo de Víctor Hugo Chiappero, quien destacó que “más allá que el reclamo fuera justo, se decidió la detención ya que si un juez civil los desalojó y se vuelven a meter están ilegalmente en ese lugar”.
Denuncian supuesta usurpación
Vecinos de las localidades de Cuesta Blanca e Icho Cruz denunciaron ayer la presencia de personas que habrían intentado ingresar a terrenos ajenos. Aseguran que desde hace tres meses, grupos de familias se adueñan de terrenos que poseen dueño.
José, un vecino damnificado, indicó que varios de los usurpadores han acampado y colocado carpas y aseguró que desde noviembre viven esta situación: “Las familias han colocado carteles con la leyenda “Propiedad Privada”, y en algunos casos hasta han ingresado al interior de las viviendas. Nosotros estamos desesperados.
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- Denuncian detenciones por desalojos en Piquillín
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