Comercio y Justicia  - Edición Electrónica (14/06/2024)
El sistema de caducidades no se aplica cuando se trata de acciones ambientales
Al entender que el sistema de la perención de instancia no se aplica en las acciones ambientales, en las que -por la materia que involucra- son oficiosas, donde el tribunal es el director del proceso, la Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia, con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, rechazó la caducidad ...

El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (14/06/2024)
Vecinos y personal municipal participaron en jornada ambiental en Cosquín
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba organizó un taller sobre arbolado urbano, poda y compost en Cosquín. La actividad, destinada a vecinos de Cosquín y alrededores, así como a personal municipal, se centró en la importancia de la poda para la salud y seguridad de los árboles en áreas...

Hoy Día (14/06/2024)
Ciudad de Córdoba. Aprobaron el ordenamiento territorial para Villa Belgrano
El Concejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó ayer un proyecto de ordenanza de ordenamiento territorial para el barrio Villa Belgrano, en medio de la fuerte controversia que desató dicha iniciativa por los reclamos de los vecinos que viven en el sector. La norma, impulsada por varios ediles del oficialismo...
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (13/06/2024)
Ciudad de Córdoba. Villa Belgrano: el Concejo Deliberante aprobó el ordenamiento territorial

La iniciativa del oficialismo se impuso por mayoría. Se permitirán desarrollos urbanos en el noroeste de la ciudad con algunas limitaciones. Fuerte crítica de vecinos y comerciantes del sector.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó este jueves la ordenanza de ordenamiento territorial para el barrio de Villa Belgrano, en medio de la fuerte controversia que desató el proyecto por los reclamos de los vecinos que viven en el sector.
La norma, impulsada por varios ediles del oficialismo, fue aprobada por 25 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
La iniciativa avalada en el recinto tiene como objetivo la conservación de las características funcionales, paisajísticas e históricas del barrio ante el impacto del tránsito y el crecimiento inmobiliario de los últimos años. Esto incluye la construcción de viviendas multifamiliares, condominios, complejos habitacionales, locales comerciales, entre otros. Sin embargo para la oposición la ordenanza es un “guiño” a los desarrollistas y perjudica a los vecinos.
Tras la aprobación, la construcción de viviendas agrupadas estará permitida en terrenos de más de 2.500 m², mientras que las viviendas colectivas podrán erigirse en parcelas de igual extensión siempre y cuando estén ubicadas en los corredores viales Gauss, Recta Martinolli y Laplace, así como en terrenos contiguos al río Suquía.

Una sesión caliente
Antes de la votación, algunos concejales tomaron la palabras en defensa o en rechazo de su sanción. La concejal Graciela Villata del Frente Cívico solicitó al cuerpo legislativo una moción para que el proyecto volviera a la Comisión de Desarrollo Urbano con el objetivo de incluir propuestas de vecinos, que a su parecer, no habían sido contempladas. Pero no tuvo apoyo.
En el mismo sentido Laura Vilches del Frente de Izquierda-Unidad hizo hincapié en que el oficialismo “hizo su propia interpretación de lo que significa escuchar a los vecinos”.
Por su parte Soher El Sukaria del Pro mostró su frustración por un proyecto que tenía una buena intención pero que “constituye un parche que no garantiza derechos a los ciudadanos”. “Esto se parece más a un tetris de ordenanzas que te indican en dónde vivir y en donde no”, sostuvo
Otros oradores sostuvieron que la norma no resuelve la cuestión de fondo y que existe una falta de planificación urbana por parte del municipio.
Finalmente Pedro Altamira defendió la ordenanza porque permite a Villa Belgrano y Argüello mantener sus identidades de “barrio parque” hacia el interior, el reconocimiento de los corredores urbanos en movilidad y uso y la promoción de un nuevo frente urbano ambiental Río Suquía.

Los reclamos de los vecinos
Desde las primeras de la mañana ciudadanos autoconvocados que se oponían a la sanción aguardaron el desarrollo de la sesión protestaron frente edificio legislativo. “Municipio entrega Villa Belgrano a los desarrollistas”, “Municipio autoriza edificios y negocios frente al río, chau al río y a la reserva” o “No al atropello inmobiliario”, fueron algunas de las consignas que tenían en sus carteles.

Estos fueron sus principales reclamos:
- Pedían el cese de construcción de viviendas –colectivas, agrupadas o individuales– hasta que se solucionen los problemas de infraestructura en el sector: redes de servicios, cloacas, conectividad urbana y contaminación.
- Rechazaban los convenios urbanísticos que permiten excepciones a las normas.
- Solicitaban la defensa y conservación del bienestar ambiental de todo el río Suquía junto a la Reserva San Martín.

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Diario El Alfil (13/06/2024)
Concejo Deliberante: JpC volvería a dividir su voto; ahora, por el uso de suelo en V. Belgrano

La alianza opositora, que en los papeles iba a funcionar como un interbloque, pero que en los hechos aparece cada día más descoordinada, volvería a votar desdoblada hoy, cuando el Concejo apruebe una modificación a la ordenanza que regula el uso de suelo en el noroeste de la ciudad.
Después de varias sesiones sin sobresaltos, el Concejo Deliberante volverá a subir sus pulsaciones hoy, cuando vote la ordenanza que modificará el uso del suelo en el sector noroeste de la ciudad. Tema que, por su rigor técnico, no suele desatar pasiones en la ciudadanía en general, pero que a la vez, por sus efectos, interpela directamente a los vecinos que habitan los barrios aludidos por la ordenanza.
En concreto, las ordenanzas que regulan el uso del suelo en los distintos sectores de la ciudad buscan ordenar la mancha urbana. Definir, en base a diferentes parámetros, qué densidad poblacional es aceptable en cada cuadrante, y qué tipo de emprendimiento inmobiliario o comercial conviene permitir en cada zona. Por ejemplo, dónde pueden construirse locales comerciales y de qué dimensiones, dónde pueden construirse edificios en altura, qué proporción de la superficie debe quedar reservada para espacios verdes o cuántas cocheras debe haber por cada unidad habitacional.
La última regulación de esta materia para el sector noroeste data de la gestión de Ramón (Javier) Mestre, y fue cuestionada por los vecinos de Villa Belgrano por ser demasiado concesiva con los desarrollistas inmobiliarios. De hecho, nueve meses atrás activistas habían planteado un Amparo Ambiental solicitando a la Justicia que ordenara a la Municipalidad no otorgar nuevas autorizaciones a emprendimientos inmobiliarios de viviendas colectivas, condominios, centros comerciales o grandes superficies, que fue denegado por las Cámara Contencioso Administrativa Nº 2 precisamente el día en que el nuevo proyecto consiguió despacho en la Comisión de Desarrollo Urbano.
El oficialismo defiende la iniciativa asegurando que su criterio es salomónico. Que apunta a generar un equilibrio entre los Centro Vecinales, que pretenden una regulación mucho más restrictiva que la que se encuentra en tratamiento, y la posición de algunos desarrollistas, que no quieren aceptar la nueva normativa porque interfiere con sus inversiones en el sector.
La UCR, autora de la ordenanza que ahora se modificará, entiende que la nueva regulación es positiva, y de hecho los integrantes radicales de la Comisión de Desarrollo Urbano acompañaron el despacho, y aseguran que sus sugerencias -todas ellas restrictivas- fueron tenidas en cuenta e incorporadas al proyecto. Sin embargo, la mismísima UCR no actuó igual en la Comisión de Legislación General. Después de airadas críticas del juecismo a la iniciativa, los ediles radicales eligieron abstenerse en esta segunda comisión. Esto lleva a la primera interrogante, ¿qué hará la UCR hoy? ¿votará como lo hizo en Desarrollo Urbano, o se abstendrá?
El Frente Cívico reprocha distintas aristas a la iniciativa. La principal, que entiende que los vecinos de Villa Belgrano, Villa Warcalde y Argüello no fueron escuchados por el oficialismo, que no impactó en el proyecto sus reclamos. Además, asegura que la nueva regulación afectará disvaliosamente a la zona en términos ambientales, porque, a pesar de que establece márgenes de retiro desde la rivera del rio, autoriza expresamente la explotación comercial de la costanera.
Cabe aquí una aclaración: la ordenanza vigente no prohíbe expresamente la edificación y explotación comercial sobre los terrenos privados que lindan con la ribera del río, pero tampoco la regula. La nueva iniciativa sí lo hace.
La reunión de bloque en la que el radicalismo definirá su voto tendrá lugar esta mañana, aunque hasta ayer algunos de sus ediles estaban seguros de que el bloque acompañará.
Quienes orbitan a la bancada radical están convencidos de que los cuestionamientos del Frente Cívico a la iniciativa tiene una explicación política, porque -dicen- los ediles juecistas no veían al proyecto con recelo en un principio, y sólo agudizaron sus críticas después de su última reunión con Luis Juez, que habría encuadrado el asunto como una cuestión plenamente política.
Pero la UCR no es la única que sospecha. Al mismo tiempo, desde las orillas del Frente Cívico creen que la aquiescencia de los concejales radicales también responde a algún interés que confluye con los del oficialismo.
En el medio, el interbloque de Juntos por el Cambio volverá a votar dividido, y las disidencias internas empiezan a dejar de ser una excepción para convertirse en una regla.
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Hoy Día (12/06/2024)
Frenaron el desarrollo de Villa Candonga

El exsecretario de Ambiente, que aprobó el proyecto en 2010, tiene una causa por abuso de poder
La Cámara Cuarta Civil y Comercial de Apelaciones frenó el emprendimiento presentado por la firma Ticupil SA, por haber sido autorizado ilegalmente. La resolución de la Secretaría de Ambiente de la Provincia dictada en 2010 quedó sin efecto gracias a los reclamos y luchas constantes de vecinos autoconvocados y organizados para proteger el loteo de Candonga.
Con esto, el “Emprendimiento inmobiliario turístico de Villa Candonga”, ya no podrá realizar obras nuevas, cancelando las actividades previstas. Los vecinos de El Manzano, Cerro Azul y Agua de Oro habían presentado un amparo ambiental para evitar que se vulneren las áreas de protección ambiental ubicadas en “zona roja” que abarcaba el proyecto.
Inicialmente, fue el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, quien con la resolución 1.200 había dado el visto bueno para la realización del desarrollo inmobiliario, ignorando todos los protocolos ambientales de la zona. Una semana atrás, los camaristas Federico Alejandro Ossola y Ricardo Javier Belmaña, declararon la nulidad de la anterior sentencia. Acosta debió abandonar su cargo debido a una situación similar en San Antonio de Arredondo, siendo condenado en 2023 por abuso de la autoridad, ahora sumándose esta nueva causa.
El emprendimiento intervenía el bosque nativo de la zona de cuenca alta del arroyo Chavascate, donde se planificaron 308 unidades habitacionales en 248 hectáreas. La cámara cuarta indicó que lo único que puede continuar son 23 viviendas que ya comenzaron a construirse, sin embargo, estas estarán sujetas a condiciones de resguardo de ambiente tales como: el mantenimiento de la cuenca hídrica, desarrollo del bosque nativo y restricciones en la construcción en lotes ribereños, sumado a que toda modificación deberá ser aprobada previamente por peritos designados.
En caso de no estar de acuerdo, a la empresa Ticupil SA le queda la posibilidad de recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Juan Carlos Smith, el abogado del grupo de vecinos organizados de la zona, declaró: “Este emprendimiento no debió pasar ni por la mesa de entradas de la Secretaría de Ambiente” basándose en que los predios se ubican en una “zona roja” .

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Comercio y Justicia (12/06/2024)
Suspenden emprendimiento inmobiliario en Candonga

Lo resolvió la Cámara Civil y Comercial de  4° Nominación de la ciudad de Córdoba. Los lotes se encuentran en un sector, próximo a la histórica capilla, que la normativa ambiental considera “zona roja”
La Cámara en lo Civil y Comercial de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba revocó la autorización concedida a una empresa para el desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario Turístico de Villa Candonga, situado en las adyacencias de la histórica capilla. De esta manera, el tribunal modificó una resolución de primera instancia que, en su momento, había rechazado una acción de amparo ambiental presentada por un grupo de vecinos de la zona, aunque impuso varias obligaciones tendientes a la preservación ambiental.
La sentencia declara la nulidad de la Resolución 1200 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que había autorizado el emprendimiento. Para el tribunal, esta resolución incumple lo dispuesto por la Ley 9814, denominada “Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba”, que entró en vigencia mientras se tramitaba el pedido de autorización.
Esta resolución había sido dictada en octubre de 2010 por el entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl O. Costa, quien está imputado en una causa penal (aún no resuelta) iniciada con motivo de dicha decisión administrativa.

Zona roja
El emprendimiento se encuentra situado en un sector considerado “zona roja” por el artículo 5 de la ley (Categoría I, rojo). Allí está prohibido alterar el suelo de manera casi absoluta, salvo una situación excepcionalísima; por ejemplo, que el bosque nativo haya sido sometido con anterioridad a un cambio de uso del suelo, salvo en los casos en que haya existido una violación a la normativa vigente al momento del hecho. Asimismo, ese predio forma parte de la cuenca hídrica de la zona.
La Cámara señaló que la norma imponía a la Autoridad de Aplicación un análisis serio, completo, exhaustivo y detallado, orientado a determinar si, en el caso en concreto, la excepción (que claramente debe ser evaluada con criterio restrictivo) se verificaba, bajo qué circunstancias y con qué características. Luego de analizar el caso, el tribunal –integrado por los camaristas Federico Ossola y Ricardo Belmaña- concluyó que nada de ello se hizo en el marco de lo obrado con motivo de la Resolución 1200.
Los vocales aclararon, en la sentencia, que no se trata aquí de abrazar posturas extremas o ideologizadas, sea en “defensa” de la propiedad privada o sea en “defensa” del ambiente. En efecto, los magistrados sostuvieron que, en el caso, y aun presentándose aquí este delicadísimo conflicto de intereses, la cuestión se simplifica en parte: la ley, que es de orden público, no fue cumplida y ello vicia de nulidad la Resolución 1200, por su ilegalidad manifiesta.
Además, la sentencia indicó que la empresa desarrollista incumplió con la contratación de un seguro ambiental, que era una de las exigencias impuestas por la resolución.

Paralización de obras
En consecuencia, la Cámara en lo Civil y Comercial de 4° Nominación ordenó la inmediata paralización del emprendimiento tal como fuera proyectado y autorizado y, además, prohibió la concreción de obras nuevas como así también de todas las actividades previstas en el proyecto original.
Dado que algunas casas fueron construidas (en violación a la prohibición que se había impuesto en su momento), el tribunal autorizó la finalización de las construcciones efectuadas (23, en total) de acuerdo a las normas legales y reglas contractuales originariamente previstas, bajo el criterio de la menor afectación ambiental posible a la zona. Todo esto deberá ser determinado mediante peritos que deberán ser designados en la etapa de ejecución de sentencia.
Esto último en razón de que no tuvieron participación en el proceso los adquirentes de dichos lotes, por lo cual el resguardo de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa en juicio impiden otro tipo de solución.
Finalmente, se impuso a la Provincia de Córdoba, a través de la Autoridad de Aplicación, el estricto seguimiento de las acciones que se realicen. Deberá velar por el cumplimiento de lo aquí resuelto e informar al juzgado de primera instancia, cada dos meses, sobre el avance de las obras y demás cuestiones que sean conducentes para el cumplimiento de lo aquí decidido.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (11/06/2024)
Villa Candonga: Se frena polémico proyecto de country

La Cámara en lo Civil y Comercial de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba revocó la autorización concedida a una empresa para el desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario Turístico de Villa Candonga, situado en las adyacencias de la histórica capilla. De esta manera, el tribunal modificó una resolución de primera instancia que, en su momento, había rechazado una acción de amparo ambiental presentada por un grupo de vecinos de la zona, aunque impuso varias obligaciones tendientes a la preservación ambiental.
La sentencia declara la nulidad de la Resolución 1200 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que había autorizado el emprendimiento. Para el tribunal, esta resolución incumple lo dispuesto por la Ley 9814, denominada “Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba”, que entró en vigencia mientras se tramitaba el pedido de autorización.
Esta resolución había sido dictada en octubre de 2010 por el entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl O. Costa, quien está imputado en una causa penal (aún no resuelta) iniciada con motivo de dicha decisión administrativa.

Zona roja
El emprendimiento se encuentra situado en un sector considerado “zona roja” por el artículo 5 de la ley (Categoría I, rojo). Allí está prohibido alterar el suelo de manera casi absoluta, salvo una situación excepcionalísima; por ejemplo, que el bosque nativo haya sido sometido con anterioridad a un cambio de uso del suelo, salvo en los casos en que haya existido una violación a la normativa vigente al momento del hecho. Asimismo, ese predio forma parte de la cuenca hídrica de la zona.
La Cámara señaló que la norma imponía a la Autoridad de Aplicación un análisis serio, completo, exhaustivo y detallado, orientado a determinar si, en el caso en concreto, la excepción (que claramente debe ser evaluada con criterio restrictivo) se verificaba, bajo qué circunstancias y con qué características. Luego de analizar el caso, el tribunal –integrado por los camaristas Federico Ossola y Ricardo Belmaña- concluyó que nada de ello se hizo en el marco de lo obrado con motivo de la Resolución 1200.
Los vocales aclararon, en la sentencia, que no se trata aquí de abrazar posturas extremas o ideologizadas, sea en “defensa” de la propiedad privada o sea en “defensa” del ambiente. En efecto, los magistrados sostuvieron que, en el caso, y aun presentándose aquí este delicadísimo conflicto de intereses, la cuestión se simplifica en parte: la ley, que es de orden público, no fue cumplida y ello vicia de nulidad la Resolución 1200, por su ilegalidad manifiesta.
Además, la sentencia indicó que la empresa desarrollista incumplió con la contratación de un seguro ambiental, que era una de las exigencias impuestas por la resolución.

Paralización de obras
En consecuencia, la Cámara en lo Civil y Comercial de 4° Nominación ordenó la inmediata paralización del emprendimiento tal como fuera proyectado y autorizado y, además, prohibió la concreción de obras nuevas como así también de todas las actividades previstas en el proyecto original.
Dado que algunas casas fueron construidas (en violación a la prohibición que se había impuesto en su momento), el tribunal autorizó la finalización de las construcciones efectuadas (23, en total) de acuerdo a las normas legales y reglas contractuales originariamente previstas, bajo el criterio de la menor afectación ambiental posible a la zona. Todo esto deberá ser determinado mediante peritos que deberán ser designados en la etapa de ejecución de sentencia.
Esto último en razón de que no tuvieron participación en el proceso los adquirentes de dichos lotes, por lo cual el resguardo de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa en juicio impiden otro tipo de solución.
Finalmente, se impuso a la Provincia de Córdoba, a través de la Autoridad de Aplicación, el estricto seguimiento de las acciones que se realicen. Deberá velar por el cumplimiento de lo aquí resuelto e informar al juzgado de primera instancia, cada dos meses, sobre el avance de las obras y demás cuestiones que sean conducentes para el cumplimiento de lo aquí decidido.
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (10/06/2024)
La Justicia frenó el country de Candonga por haber sido autorizado ilegalmente

Quedó sin efecto una resolución de Ambiente de la Provincia que lo habilitó, en 2010. La Cámara 4ª Civil y Comercial de Apelaciones ordenó la inmediata paralización del emprendimiento. Dejarán 23 casas ya construidas, sobre un total de 308 proyectadas.
La Cámara de Apelaciones de 4ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba ordenó la inmediata paralización del “Emprendimiento inmobiliario turístico de Villa Candonga”, tal cual fue proyectado y autorizado, y prohibió la realización de obras nuevas y todas las actividades previstas en la planificación inicial.
Con esto, se le da un corte decisivo a la decisión de continuar con las obras, luego de que un nutrido grupo de vecinos de El Manzano, de Cerro Azul y de Agua de Oro presentaron un amparo para evitar que se vulneraran áreas de protección ambiental ubicadas en “zona roja”.
Esto se debe a la sentencia 70 de este tribunal, firmada el pasado 5 de junio por los camaristas Federico Alejandro Ossola y Ricardo Javier Belmaña, quienes declararon la nulidad de la polémica resolución 1.200 que en octubre de 2010 había firmado el entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, quien luego debió abandonar el cargo y terminó condenado por una situación similar en San Antonio de Arredondo.
Costa está acusado por esta autorización de Ambiente en 2010 y está procesado por el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini por “abuso de autoridad”. Por ese mismo delito, Costa fue condenado en abril de 2023, por la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, a tres años de prisión en suspenso. Fue el primer funcionario del Ejecutivo provincial condenado desde la asunción de autoridades justicialistas, en 1999.

Ilegalidad manifiesta
La Cámara de Apelaciones de 4ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba ahora resuelve que la nulidad de esa autorización (resolución 1.200) es “por ilegalidad manifiesta”.
Pero, lo interesante es que esa nulidad deja “sin efecto la autorización allí decidida para la realización del “Emprendimiento inmobiliario turístico de Villa Candonga” presentado por (la firma) Ticupil SA”.
El emprendimiento preveía la intervención del bosque nativo en una zona de cuenca alta del arroyo Chavascate. Se planificaron 308 unidades habitacionales en un predio de unas 148 hectáreas, en los terrenos que dependen de El Manzano (pedanía San Vicente), en el oeste del departamento Colón.
El proyecto de urbanización de montaña se ubica junto a la capilla de Candonga, monumento histórico nacional, que data del siglo XVIII.
Los sucesivos embates judiciales de una y de otra parte –vecinos proteccionistas y Ticupil SA– hicieron frenar las obras y también que en diversas etapas continuaran, a lo largo de casi 14 años. Esto generó la construcción –total y parcial– de 23 viviendas en el country de montaña. Sobre estas unidades habitacionales, la Cámara 4ª sostiene que pueden ser finalizadas, constituyéndose en lo único que puede continuar, en un loteo que no está autorizado para seguir con el resto de su planificación.
No obstante, la finalización de esas viviendas está sujeta a una serie de condiciones que buscan resguardar el ambiente: los vocales Ossola y Belmaña les indican que pueden seguir “bajo el criterio de la menor afectación ambiental posible a la zona, todo lo cual deberá ser determinado mediante peritos que deberán ser designados en la etapa de ejecución de sentencia”.
De igual modo, la cámara ratifica lo que ya había decidido el juez de primera instancia de Jesús María, en cuanto a lo que debe respetarse en materia ambiental con relación a los “deberes de conducta impuestos a Ticupil SA”. Estos son, a saber: mantenimiento de la cuenca hídrica, desarrollo del bosque nativo y restricciones en la construcción en lotes ribereños.
Ahora, en material judicial, a la empresa le queda la posibilidad de recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Pero ese recurso debe ser admitido por la cámara que acaba de fallar en contra de la firma desarrollista.

Contra la normativa
El abogado que patrocina a los vecinos de El Manzano, de Cerro Azul y de Agua de Oro es Juan Carlos Smith, quien celebró la decisión de la cámara y señaló que las autoridades deben tomar nota para actuar en situaciones a futuro. “Los secretarios de Ambiente deben entender que lo que tienen que aplicar es la Ley de Ambiente y donde dice ‘no’ es ‘no’, algo que también deberán entender los intendentes y los jefes comunales”.
“Este emprendimiento (de Candonga) no debió pasar ni por la mesa de entradas de la Secretaría de Ambiente”, reflexionó Smith, quien fundamentó que los predios se ubican en la “zona roja” de total exclusión a intervenciones inmobiliarias.

Decisión pendiente
Por otra parte, está pendiente de resolución una acción de estos vecinos (en los autos “Oitana, Adrián contra Ersep”) en contra de una decisión del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) que en 2017 autorizó a Ticupil a realizar la obra de ingeniería del soterramiento del tendido eléctrico, lo cual, tras varios incidentes, llegó al TSJ con fallo favorable a los ambientalistas.
Ahora, está pendiente si el TSJ les concede recurso extraordinario ante la Corte Suprema. La decisión está “a fallo” en la Sala Electoral del alto cuerpo, donde se tramitan los recursos extraordinarios y se les da respuesta.
Por lo que se aprecia, los vecinos están afianzando sus consignas iniciales de lucha. Tras 14 años de litigar y luego de 11 años de amparo, la Justicia les ha dado la razón en eso de que “el monte no se toca” y “Candonga no se toca”.
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (08/06/2024)
Desarrollistas urbanos expresaron su preocupación por la reforma del régimen urbanístico

Aseguran que si se aprueba el proyecto “toda la ciudadanía se vería perjudicada”.
La Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba expresó en las últimas horas su preocupación a raíz del proyecto de ordenanza que se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba acerca de una reforma al régimen urbanístico del barrio Villa Belgrano.
A través de un comunicado, consideraron que, de aprobarse este nuevo régimen urbanístico “toda la ciudadanía se vería perjudicada: los vecinos, los propietarios, los desarrollistas, los ciudadanos que legítimamente pretende adquirir una vivienda propia, e incluso los ambientalistas”.
Para la cámara que agrupa a los desarrollistas, el proyecto que podría aprobarse en los próximos días genera “un daño inconmensurable a la Ciudad y sus vecinos”.
“Se incrementarán aún más los costos de los servicios públicos y su infraestructura, tornando a la Ciudad menos eficiente. Paralelamente, se detendrán las inversiones en el sector provocando que se acelere el proceso de expulsión de los habitantes de la Ciudad de Córdoba a localidades vecinas. Y consecuentemente se perderán miles de puestos de trabajo, acrecentando aún más la crisis en el sector de la construcción”, alertaron.
Según sostienen, “nadie se beneficia con esta posible nueva regulación”.
Aseguran también que el proyecto “resulta confiscatorio; violenta el derecho de propiedad; desconoce derechos adquiridos; atenta contra el derecho a trabajar y vulnera abiertamente la garantía irretroactividad de la ley ya que soslaya los efectos de los trámites, procedimientos y/o requerimientos concernientes a proyectos urbanísticos del sector presentados hace tiempo que aún no cuentan con una respuesta explícita por parte de la Municipalidad”.
En ese marco, solicitaron que la modificación de norma “sea tratada con tiempo y en un espacio de debate donde todos los actores involucrados puedan aportar su visión para lograr acuerdos que garanticen la seguridad jurídica y generan una alternativa de calidad que beneficie a toda la ciudad de Córdoba”.
Villa Belgrano: proyecto urbanístico y polémica
El oficialismo en el Concejo Deliberante de Córdoba despachó en la Comisión de Legislación General el proyecto de ordenanza que busca ordenar el crecimiento del barrio Villa Belgrano, en la zona noroeste de la ciudad.
Vecinos del sector salieron a criticar la nueva normativa, que podría tener su sanción definitiva en el recinto la semana próxima.
La propuesta cambia las zonificaciones.
Esta semana, la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación rechazó el amparo ambiental de los vecinos contra la Municipalidad de Córdoba al considerar que la demanda no demuestra una afectación directa e inmediata sobre el patrimonio natural, cultural e histórico del barrio, y se considera que los reclamos tienen un carácter meramente patrimonial.
Además, la decisión judicial subrayó la falta de evidencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en las autorizaciones concedidas por la Municipalidad de Córdoba a proyectos inmobiliarios en la zona.

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La Voz del Interior (08/06/2024)
Vecinos de Villa Belgrano apelarán la caída del amparo ambiental

La abogada que representa al centro vecinal criticó duramente la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, que sostiene que no hay afectación colectiva y que se trata de un conflicto entre privados.
Vecinos de Villa Belgrano apelarán la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, que rechazó un amparo ambiental contra la Municipalidad de Córdoba por el que se pide que se detengan los desarrollos inmobiliarios en ese barrio del noroeste de la ciudad.
La abogada Marcela Fernández, representante legal del centro vecinal, dijo que el fallo “constituye un peligroso precedente que podría desalentar a otros vecinos a ejercer su derecho constitucional a defender un ambiente sano y equilibrado”.
Fernández criticó la resolución porque posee una “interpretación errónea del derecho ambiental”, señalando que lo reduce a un conflicto entre privados, ignorando el carácter colectivo de la defensa del medioambiente. “El fallo implica un desconocimiento absoluto del derecho ambiental, tratándolo como si fueran cuestiones meramente individuales”, afirmó la letrada, a lo que agregó: “Defender el derecho colectivo no puede ser minimizado a un simple conflicto vecinal”.
La abogada subrayó que la jurisprudencia ambiental en Córdoba es escasa y que el fallo es regresivo, contrariando principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, que prohíbe la regresividad en los derechos ambientales. Según Fernández, la decisión de la cámara “demuestra una falta de comprensión de la naturaleza de los derechos colectivos y de la importancia de la planificación ambiental estratégica”.
Fernández también cuestionó el proceso de debate en el Concejo Deliberante, destacando que se excluyó la participación efectiva de los vecinos en la planificación municipal y que las decisiones se toman sin una adecuada evaluación ambiental. “Hay muchas irregularidades en el procedimiento, y se ha ignorado la participación ciudadana, violando la Carta Orgánica de la ciudad y las ordenanzas de planificación participativa”, comentó.
Finalmente, Fernández confirmó que la apelación será presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y resaltó que el recurso es necesario para proteger los derechos colectivos de los vecinos y evitar el deterioro del patrimonio natural, cultural e histórico de Villa Belgrano.
El fallo
En el amparo presentado en septiembre del año pasado, el centro vecinal de Villa Belgrano solicitaba que se suspendieran nuevas autorizaciones para viviendas colectivas, condominios y grandes superficies, y que se revocaran las ya otorgadas porque consideraban que no cumplían con la normativa ambiental y urbanística vigente.
Este miércoles, la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación desestimó el amparo ambiental.
Según el fallo, la demanda no demuestra una afectación directa e inmediata sobre el patrimonio natural, cultural e histórico del barrio, y se considera que los reclamos tienen un carácter meramente patrimonial. Además, se subraya la falta de evidencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en las autorizaciones concedidas por la Municipalidad de Córdoba a proyectos inmobiliarios en la zona.
Según los jueces, no surge “siquiera a priori de la demanda ni su documental la ostensible o manifiesta lesión o amenaza invocada, es decir, un daño al patrimonio natural, cultural e histórico del barrio” y no se acredita arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de las autorizaciones concedidas por la Municipalidad “o la existencia de un obrar fuera del marco jurídico por parte del ente público”.
La cámara también señala que la acción de amparo es inadecuada para resolver conflictos económicos y patrimoniales entre vecinos y empresas constructoras: “No corresponde admitir la acción de amparo ambiental traída ante este tribunal con el propósito de dirimir las cuestiones económicas patrimoniales existentes entre algunos de los vecinos (...) y algunas de las empresas constructoras que operan en dicha zona”.
Asimismo, se resalta que la demanda refleja una discrepancia con las políticas públicas municipales, las cuales no son competencia del Poder Judicial a menos que se demuestre arbitrariedad.
El fallo menciona que la Municipalidad de Córdoba está en proceso de modificar la normativa urbanística del barrio, y se aconseja asegurar la participación de los vecinos en este proceso. No obstante, se aclara que estas decisiones son de carácter político y no justiciables, a menos que se demuestre una ilegalidad.
Sobre este punto, hay que recordar que, ese mismo miércoles en que se conoció el fallo de la cámara, la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante despachó la nueva ordenanza para el barrio, que será aprobada el próximo jueves.
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Hoy Día (17/04/2024)
Concejales buscarán preservar las características de Villa Belgrano

El centro vecinal de ese barrio manifestó su interés en empezar a trabajar en una ordenanza consensuada, sugiriendo la creación de una mesa conjunta entre los habitantes y las desarrollistas. Salim advirtió que “es una extorsión de un grupo de fundamentalistas del ambiente”
La Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante de nuestra ciudad analizó ayer un proyecto (11069/C/23) que busca modificar varios artículos de la ordenanza número 8.256, referidos a la ocupación del suelo en barrio Villa Belgrano.
La iniciativa, presentada por varios ediles, busca preservar las características funcionales, paisajísticas e históricas de dicha barriada ante el impacto del tránsito y el crecimiento inmobiliario de los últimos años. Esto incluye la construcción de viviendas multifamiliares, condominios, complejos habitacionales, y locales comerciales, entre otros.
La reunión contó con la participación, de manera virtual, de representantes del Centro Vecinal de Villa Belgrano, del Centro Vecinal de Argüello, de la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín y de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba (Ceduc).
Lucas Salim (Grupo Proaco), en representación de Ceduc, expresó su desacuerdo con el proyecto, argumentando que limitaría el desarrollo urbanístico, favoreciendo solo la construcción de viviendas de lujo, las cuales carecen de una demanda masiva. «Esta ordenanza no deja conforme a nadie y es un tapón para el desarrollo. Es una extorsión de un grupo de fundamentalistas del ambiente», señaló. Si se aprueba la nueva ordenanza, Salim advirtió que «perderán los vecinos, los desarrollistas y toda la ciudad» y «ganarán los que quieren una ciudad pobre, insegura y atrasada».
Por su parte, Hilda Nieres, del centro vecinal Villa Belgrano, manifestó su interés en empezar a trabajar en una ordenanza consensuada, sugiriendo la creación de una mesa conjunta entre los vecinos y las empresas desarrollistas para abordar el tema desde cero y realizar una urbanización más planificada. El proyecto de ordenanza, ya detallado por funcionarios y técnicos del Departamento Ejecutivo, continúa en estudio dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Qué dicen los vecinos
«Una vez más la noticia del tratamiento de esta modificación nos llega casi de casualidad, unas horas antes, cuando el tema que tratarán nos involucra directamente, y afectará aún más nuestro barrio y nuestra vida», indicaron vecinos de barrio Villa Belgrano.
La invitación a los representantes vecinales, que fue dirigida a unas pocas personas, se realizó de manera virtual, sin posibilitar la interacción entre las partes afectadas.
«No asistió nadie. Por Zoom invitaron unas horas antes a la presidente del Centro Vecinal de Villa Belgrano, al presidente del Centro Vecinal Argüello y a alguien de la reserva San Martín, nadie más. Los escucharon a ellos tres por separado, no hubo intercambio de nada, y cuando empezaron a hablar los concejales les cortaron el audio para que no escuchen más y eso fue todo», agregaron.
«Esa no es la participación ciudadana que los vecinos de Villa Belgrano y Argüello venimos reclamando hace más de un año», cerraron.


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La Voz del Interior (17/04/2024)
Ciudad de Córdoba: el proyecto para Villa Belgrano cosechó críticas de vecinos y desarrollistas

Estuvieron representantes de la Ceduc y de centros vecinales. La iniciativa busca limitar los emprendimientos en la zona.
El proyecto de ordenanza que busca ordenar el desarrollo de barrio Villa Belgrano cosechó críticas de desarrollistas y vecinos que participaron de la reunión de la comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante de Córdoba.
Durante la sesión, representantes del Centro Vecinal de Villa Belgrano, el Centro Vecinal de Argüello, la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín y la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba (Ceduc) plantearon críticas a la iniciativa que es impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).
Lucas Salim, de Ceduc y la desarrollista Proaco argumentó que la iniciativa es “un tapón para el desarrollo”, y la calificó como una “extorsión de un grupo de fundamentalistas del ambiente”.
También dijo que impidiendo el proceso de desarrollo sólo se permitirá la construcción de departamentos de lujo, una oferta que no tiene demanda masiva. Salim sostuvo que con menor desarrollo “perderán los vecinos, los desarrollistas y toda la ciudad” y “ganarán los que quieren una ciudad pobre, insegura y atrasada”.
Hilda Nieres del Centro Vecinal de Villa Belgrano, propuso una mesa de trabajo para crear una ordenanza consensuada “partiendo desde cero” en su elaboración, subrayando la necesidad de equilibrar el desarrollo con la preservación del barrio.
Diego Chemes, del Centro Vecinal de Argüello, abogó por una ordenanza que garantice la planificación urbana adecuada, preservando la identidad del barrio y asegurando la infraestructura básica antes de permitir grandes desarrollos.
Adriana Moyano, de la Asociación de Amigos de la Reserva San Martín, destacó la importancia de conservar los espacios naturales de la ciudad, como la Reserva y el río Suquía, como medida para contrarrestar el efecto del calor urbano.

Qué dice el proyecto
La propuesta que promueve el Ejecutivo, y que fue presentada por el subsecretario y la directora de Planeamiento, Gustavo Rebord y Celina Caporossi, cambia las zonificaciones. Extiende la zona F a todas las parcelas que dan al río Suquía desde la Circunvalación hasta el puente de Villa Warcalde. Por eso hablan de “plan de barrios” que excede a Villa Belgrano y contempla también a Parque Modelo y al sur de Argüello.
En tanto, establece como F5 al resto del área que se ubica al sur de Recta Martinoli hasta La Carolina.
En esta zonificación, se baja el FOS (la superficie del terreno que puede ser ocupada por la construcción) al 40% en lotes de más de 800 m2 . Hay mayores retiros: en laterales y fondo, cuatro metros en viviendas agrupadas y ocho metros en colectivas.
También bajan la cantidad de unidades por lote. Así, las viviendas agrupadas se pueden hacer en parcelas de más de 2.500 metros cuadrados, pero con una unidad funcional cada 350 metros de terrenos (contra los 200 que rigen hoy). En tanto, las viviendas colectivas sólo se permiten en Martinoli, Gauss y Laplace, en parcelas de más de 2.500 m2 y con una unidad funcional cada 200 m2 (contra los 180 m2 de hoy).
E incorpora el factor de impermeabilización del suelo (FIS), que será del 60%. Es decir que se deberá mantener una superficie permeable en el lote de al menos el 40%.
El estacionamiento es de un espacio por departamento de un dormitorio, y dos espacios más 20% de cortesía en unidades de dos o tres dormitorios.
En la zona F, se permite vivienda colectiva en lotes de más de 5.000 m2 y la agrupada en los de más de 2.500 m2 (hoy, es a partir de los 1.000 m2); el FOS es del 40% en vivienda agrupada y 35% en vivienda colectiva; y los retiros de fondo y laterales son de cuatro metros en agrupadas y ocho metros en colectivas. El estacionamiento es igual que en la F5.
El FIS máximo es del 60% y plantea nuevas disposiciones sobre el frente del río Suquía. La primera es el “doble frente”: los 10,5 metros de altura van sobre la cota de la calle y sobre el frente hacia el río, por lo que ya no se podrán sumar más pisos.
Se crea un área de interés público de 35 metros desde la línea de ribera, que incluso toma siete metros del lote privado que se debe preservar. Y sobre los 27 metros restantes, hay una transferencia a dominio público sobre la cual se plantea una franja de espacio verde de 15 metros y un paseo de convivencia de 12 metros “que no será para crear una avenida costanera”, remarcan desde el municipio.
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El Diario de Villa Carlos Paz (10/04/2024)
Carlos Paz: Auspicioso debate por un nuevo reordenamiento territorial

Durante la tarde de ayer, se llevó a cabo el primer debate abierto sobre el código de edificación en Carlos Paz, y el  resultado fue auspicioso.
Todos los sectores y vecinos de la ciudad fueron convocados por el CEPUA para debatir sobre un plan estratégico sustentable para la ciudad, y el tenor de la participación y de las propuestas dejó conforme a todos.
La reunión se llevó a cabo en el auditorio municipal y fue coordinado por la presidenta del CEPUA y de la Asociación Inmobiliaria de Carlos Paz, la dra. Martina Casesi.
47 personas se anotaron para exponer, pero al final fueron muchos menos lo que hicieron uso de la palabra. Hubo desarrollistas, dirigentes de centros vecinales, ecologistas, comerciantes que alzaron sus voces pero la mayoría admitió la necesidad de un plan estratégico pensando en una ciudad del futuro.
El CEPUA recogió mucha información de quienes hicieron uso de la palabra, alrededor de 20, y consideró que la participación ciudadana fue muy valiosa.
La reunión se extendió hasta cerca de las 21 horas y había empezado alrededor de las 18.

Más Información:

El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (10/04/2024)
El mapa de los basurales clandestinos de Carlos Paz
Hace más de cuatro años, el gobierno municipal de Villa Carlos Paz encaró una campaña de erradicación de los basurales clandestinos que se forman en distintos puntos de la ciudad. Las cuadrillas que atienden el Área Protegida Camiare (AP1) se dedican a identificar los espacios utilizados como vertederos, recoger la basura y trasladarla hacia el Centro Ambiental.
Avanza la limpieza de las costas del lago San Roque
El municipio de Villa Carlos Paz avanza con la limpieza de las costas del lago San Roque. Las cuadrillas están trabajando para la erradicación de los basurales clandestinos que aparecen en la ciudad y las acciones se complementan con una campaña de educación ambiental y acciones de concientización.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (27/12/2023)
Admiten un amparo ambiental presentado por vecinos de El Durazno

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Trabajo y Familia de Río Tercero admitió formalmente una acción de amparo presentada por Vecinos de El Durazno Asociación Civil en contra de la Municipalidad de Villa Yacanto de Calamuchita y el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. También estableció el carácter colectivo del proceso y lo categorizó como “amparo ambiental”.
La asociación pide la paralización de todas las actividades vinculadas al proyecto “Nuevo Sistema de Provisión de Agua Potable El Durazno- Villa Yacanto de Calamuchita - Etapa I”. También solicita que se revoquen las autorizaciones o permisos de obra otorgados para su construcción. Todo esto, hasta tanto no se efectúe una evaluación de impacto ambiental con presentación del correspondiente estudio.
En la presentación los vecinos también solicitan la reparación del posible daño ambiental ya causado en la zona. Asimismo, piden al tribunal que ordene al municipio que se abstenga de otorgar nuevas factibilidades de uso de suelo a desarrollistas, cuyos proyectos se localicen en zonas categorizados como roja y amarilla de su jurisdicción, conforme a la Ley 9814.
La resolución finalmente emplaza al municipio demandado y a la Provincia para que en el plazo de tres días comparezcan a estar a derecho y produzcan el informe previsto en el artículo 8 de la Ley N° 4915. También deberán manifestar si conocen la existencia de alguna acción individual o colectiva en curso en su contra, con igual o similar fundamento, como de cualquier otra circunstancia que pudiera significar la superposición de proceso con derechos, intereses o proyecciones colectivas sustancialmente semejantes.

Más Información:

El Puntal de Río Cuarto - Edición Electrónica (27/12/2023)
- Admiten formalmente un amparo ambiental presentado por vecinos de El Durazno
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Trabajo y Familia de Río Tercero admitió formalmente una acción de amparo presentada por Vecinos de El Durazno Asociación Civil en contra de la Municipalidad de Villa Yacanto de Calamuchita y el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Hoy Día - Edición Electrónica (27/12/2023)
- La Justicia admitió el amparo ambiental de vecinos de El Durazno contra una obra de agua potable
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Trabajo y Familia de Río Tercero admitió formalmente una acción de amparo presentada por Vecinos de El Durazno Asociación Civil en contra de la Municipalidad de Villa Yacanto de Calamuchita y el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. También estableció el carácter colectivo del proceso y lo categorizó como “amparo ambiental”.
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Hoy Día (09/11/2023)
Convenios urbanísticos: la aprobación sería el jueves próximo

El Concejo Deliberante no incluyó en el temario de la sesión de este jueves los 12 convenios urbanísticos que desde el lunes tienen despacho favorable de las comisiones de Legislación General y de Desarrollo Urbano. Así las cosas, todo indica que el oficialismo no pediría el tratamiento sobre tablas y, en consecuencia, serán aprobados la semana próxima.
Se trata de 12 proyectos de ordenanza que ratifican acuerdos entre la Municipalidad y desarrollistas privados. Esos convenios permiten excepciones a las ordenanzas vigentes autorizando 7.800 lotes en 380 hectáreas, la mayoría en la zona norte de la ciudad, en lo que se denomina “distrito Aeropuerto”. A cambio, el municipio recibe unos $ 10 mil millones.
El bloque Hacemos por Córdoba despachó los convenios el pasado lunes en una reunión conjunta de las comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General. Con esa discusión en comisión ya clausurada, sólo queda que los despachos sean aprobados por el pleno del Concejo, en sesión ordinaria.
Eso iba a suceder este jueves. Pero los convenios no fueron incluidos en el orden del día de la sesión. Hacemos por Córdoba podría ponerlos a consideración del pleno de igual manera, aunque para conseguirlo se necesitarían dos tercios de los votos presentes para conseguir el tratamiento sobre tablas de los despachos. Sin embargo, fuentes del bloque oficialista indicaron que no irán por esa alternativa.
De este modo, los convenios tendrán su sanción en la sesión del jueves 16 de noviembre.
Mientras tanto, la celeridad con la que el oficialismo despachó los convenios sigue cosechando críticas. Concejales electos de Juntos por el Cambio respaldaron este miércoles la postura de los ediles actuales del espacio, que este martes manifestaron su desacuerdo con la aprobación.
Consideran que el beneficio para las arcas municipales está subestimado. “A cambio de las excepciones por aprobar, la Municipalidad debería recibir aproximadamente más de $ 22 mil millones. En cambio, en los convenios se estableció que el monto será de $ 10 mil millones, es decir, una pérdida de casi $ 13 mil millones para la ciudad”, comunicaron los concejales tras la reunión.
“Estos convenios no se pueden tratar todos juntos y en una comisión exprés de una hora por una gestión que le queda menos de un mes para finalizar. Requiere de un análisis pormenorizado caso por caso y con los concejales que están próximos a asumir”, agregaron.

Más críticas
Beatriz Valencia, presidenta de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, cuestionó el tratamiento de los convenios urbanísticos presentados al Concejo Deliberante de Córdoba por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Valencia expresó su preocupación por “la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso de elaboración y aprobación de estos convenios”.
“Es inadmisible que los convenios se presenten y se aprueben en tan poco tiempo sin que los concejales tengan la oportunidad de analizarlos adecuadamente”, dijo Valencia.
La arquitecta también cuestionó la falta de un marco de planificación para la gestión de los convenios urbanísticos. “Los convenios se firman sin tener en cuenta los impactos ambientales y urbanísticos que pueden generar”, dijo. Y sostuvo que, de acuerdo con la ordenanza 13.131, que estableció una nueva zonificación en la ciudad, para modificar esa condición se requieren mayorías agravadas, según interpretó.
En particular, Valencia se refirió a los convenios firmados para el desarrollo del “distrito Aeropuerto”, que se creó mediante una resolución de la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin pasar por el Concejo Deliberante. “Esto es una muestra de la falta de transparencia y participación ciudadana que caracteriza a este proceso”, agregó.
“Lamentamos que se continúe con la visión de que es posible gestionar la ciudad y avanzar hacia los paradigmas de desarrollo urbano sustentable desde la singularidad”, dijo Valencia.
Por último, Valencia también cuestionó que los convenios urbanísticos no contemplaran la integración con tierra para la Reserva de Inmuebles con Destino Social. En este caso, las contraprestaciones calculadas ascienden a casi 20 hectáreas, pero se decide que se integren con montos dinerarios exclusivamente.

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Hoy Día (09/11/2023)
JxC confirmó perjuicios por convenios urbanísticos

Los concejales electos de Juntos por el Cambio respaldaron ayer la postura de los ediles actuales del espacio, quienes manifestaron su desacuerdo con la aprobación prevista por el oficialismo para hoy sobre 12 convenios urbanísticos en nuestra ciudad entre el municipio y desarrollistas privados.
Esos acuerdos permiten excepciones a las ordenanzas vigentes y autorizan 7.800 nuevos lotes en 380 hectáreas, la mayoría en la zona norte de la ciudad. Al respecto, los ediles afirmaron que “a cambio de las excepciones a aprobar, la Municipalidad debería recibir aproximadamente más de $ 22.000 millones. En cambio, en los convenios se estableció que el monto será de $ 10.000 millones, es decir, una pérdida de casi $ 13.000 millones para la ciudad”.
Asimismo, expresaron: “Defendemos la utilidad de los convenios urbanísticos y la necesidad de que el Estado y los privados trabajen de manera conjunta para el desarrollo de la ciudad. El Estado generando condiciones para la inversión y los privados invirtiendo y generando empleo. Pero entendemos que en esta oportunidad la herramienta está usada de forma deficiente, con perjuicios para la ciudad que van a impactar por décadas”.
Y agregaron: “Estos convenios no se pueden tratar todos juntos y en una comisión exprés de una hora, por una gestión que le queda menos de un mes para finalizar. Requiere de un análisis pormenorizado caso por caso y con los concejales que están próximos a asumir”. Por otra parte, hoy también está prevista la aprobación en primera lectura del Presupuesto municipal 2024.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (20/10/2023)
Carlos Paz: Por qué la ciudad podría colapsar en los próximos años

La ciudad comienza a debatir los alcances de la explosión inmobiliaria y el impacto ambiental.
La ciudad de Villa Carlos Paz podría colapsar en los próximos veinte años. Así lo revelan los indicadores de crecimiento que son monitoreados por el gobierno municipal y que advierten por el peligro de un crecimiento desmedido y desorganizado que atenta contra los recursos naturales, la prestación de servicios y la calidad de vida.
En ese marco, se convocó a las instituciones intermedias y vecinos de la ciudad a debatir en torno al futuro y definir las políticas que permitirán profundizar el perfil turístico y sustentable en contraposición a la avanzada de los desarrollistas.
La secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, manifestó a EL DIARIO: «En los últimos años venimos trabajando diversos indicadores en relación al crecimiento de la ciudad, a la densificación y la posibilidad de prestar servicios. A partir de ahí empezamos a ver con preocupación la posible pérdida de la calidad ambiental de vida de los ciudadanos de Carlos Paz. En ese contexto, el intendente (Esteban) Avilés elevó al Consejo de Representantes la ordenanza para la suspensión de las construcciones de edificios por el término de doce meses».
«Lo que nosotros intentamos hacer fue transmitir toda la información que veníamos trabajando hacia las instituciones intermedias de la ciudad, así juntos podemos plantear la situación actual que tenemos y planificar el futuro de la ciudad»; agregó.
«La Carta Orgánica deja claro que la ciudad de Villa Carlos Paz es una ciudad con perfil turístico y sustentable. Actualmente, tenemos 2.000 unidades de vivienda nuevas que están en construcción o con posibilidad de construirse. Si nosotros seguimos con esta proyección, dentro de 20 años, habremos incorporado 65.000 unidades de vivienda. Eso implicaría un fuerte impacto a nivel ambiental y social, al tiempo que pondría en peligro la prestación de los servicios. Hay ejemplos claros, en el centro, la empresa Carlos Paz Gas ya no tiene más cupo para prestar servicio. Esto significa que todo lo que se está construyendo en este momento en el radio céntrico, se encuentra fuera de la capacidad de brindarle el servicio de gas natural. Hay que empezar a pensar qué ciudad queremos ser, si seremos una villa turística o una ciudad dormitorio»; expresó Livelli.
Sobre las acciones para preservar el ambiente, se enumeraron las regulaciones determinadas por ordenanza. «Las montañas están protegidas por las ordenanzas pero tampoco podemos permitir una densificación hacia los barrios. Hay un perfil de barrio que debemos cuidar, tenemos algunas arterias como la calle Tupungato o Gobernador Olmos, donde se voltearon las casas y se hicieron complejos de departamentos o edificios con la altura permitida en los barrios. Ahí pasamos de tener 25 unidades a tener 500 unidades de vivienda. La idea, como gobierno, no es imponer una norma, sino invitar a debatir sobre el futuro»; señaló la funcionaria, quien puso el foco en los servicios. «Estamos trabajando en las cloacas y brindando cobertura a toda la ciudad, pero si se modifica el perfil de la ciudad y la cantidad de habitantes, nunca vamos a curar el lago. Lo más importante es que para que la ciudad esté en equilibrio tiene que haber una ecuación económica, social y ambiental. Hoy no se está dando. La cuestión económica, la plusvalía en el suelo hace que la ciudad esté en riesgo».
«Estos edificios que se están haciendo en la ciudad no son para contener la demanda habitacional de nuestra ciudad. Los hijos de nuestra ciudad que han querido tener su primera vivienda propia, se han tenido que ir a otras comunas, a otros municipios colindantes, porque el valor del suelo acá es tan alto que hay una distorsión. Estos departamentos también compiten deslealmente con nuestros hoteles, brindando un servicio de alojamiento cuando no pagan ni tributan como un hotel. Creemos que esta gente no toma personal local y tampoco compra en los locales de nuestra ciudad»; completó.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (06/10/2023)
Vecinos de Carlos Paz rechazaron las torres en El Pato

La presidenta del centro vecinal de Villa del Lago cuestionó el emprendimiento inmobiliario y la complicidad de la oposición.
Vecinos del barrio Villa del Lago participaron en la cuarta jornada de la Audiencia Pública que lleva adelante la Secretaría de Ambiente para tratar el proyecto de un megaemprendimiento inmobiliario en El Pato, en el límite entre Villa Santa Cruz del Lago y la ciudad de Carlos Paz.
La presidenta del centro vecinal, Claudia Durán, expuso los fundamentos del rechazo al proyecto, que contempla la construcción de seis torres de departamentos que colindan con un área protegida.
Durán consideró que un desarrollo inmobiliario de semejante dimensiones tendrá un fuerte impacto sobre el lago San Roque y el ambiente de la ciudad y la región. «Este sector de Villa Carlos Paz, se ha caracterizado por conservar sus visuales, tenemos vistas privilegiadas del lago y las laderas de las montañas. Además, desde el 2021 contamos con el Área Protegida Norte, que fue el resultado de foros de participación ciudadana en los que muchos vecinos se manifestaron a favor a, por la sencilla razón de querer preservar el sector y conservar la costa del lago»; sostuvo Durán.
La dirigente vecinal planteó la importancia de «preservar los recursos naturales, ser responsables en la prestación de servicios y estar muy atentos al cuidado del lago San Roque». «Para nosotros es muy positivo estar acompañados por la Municipalidad en este proceso, porque ellos también se presentaron a la Audiencia Pública y enviaron notas manifestándose en contra del proyecto»; dijo.
Asimismo, en otro fragmento de su presentación, cargó contra el sector que lideran Carlos Felpeto, Emilio Iosa y Walter Gispert. «Buscaron excusas diciendo que al estar en otra ciudad no corresponde que desde Villa Carlos Paz alcemos la voz. Claramente están defendiendo los intereses de los desarrollistas, cuando en campaña decían preocuparse por el lago. La Municipalidad apoya a los vecinos, pero la oposición respalda a los desarrollistas»; completó.
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El Diario de Villa Carlos Paz (28/09/2023)
El cuidado del ambiente encendió la polémica en el Concejo

Acusan a la oposición de respaldar emprendimientos inmobiliarios de alto impacto ambiental.
La concejal Raquel Merlino (Carlos Paz Unido) se pronunció sobre la decisión de los concejales de la oposición de «cerrar filas» con los desarrollistas inmobiliarios que ponen en peligro la sustentabilidad de Carlos Paz y localidades vecinas. Según manifestó, hubo varios proyectos tendientes a la protección de los recursos naturales que no fueron acompañados por los ediles que responden a Carlos Felpeto, Emilio Iosa y Walter Gispert.
Asimismo, respaldaron la construcción de emprendimientos que tendrán un fuerte impacto ambiental en la cuenca del lago San Roque, lo que terminó por echar por tierra el discurso ambientalista que habían adoptado durante la última campaña.
«Los concejales de la oposición presentaron un proyecto de resolución y automáticamente lo retiraron, era un proyecto expresando preocupación porque Carlos Paz se opuso a la construcción de las Torres del Lago. Esta iniciativa había sido presentada en 2018 y es un mega emprendimiento en la zona vecina de Santa Cruz del Lago. Estas empresas manifestaron su intención de hacerlo en ese momento cuando no había salido la ley de nuestro ejido, pero en pocos meses salió y ellos intentaron hacerlo igual. Es una situación que está judicializada, hay una medida de no innovar del juez y se está esperando la resolución del tribunal»; expresó Merlino.
«Entiendo que los ediles se dieron cuenta que presentaban ese proyecto echaban por tierra su discurso ambientalista. Han quedado en evidencia y cuando debatimos la Ley 7001, la oposición no nos acompañó en la votación y tampoco cuando hicimos la comunicación a la Secretaría de Ambiente con respecto a lo que sucedía en Santa Cruz del Lago con los mega emprendimientos»; añadió la concejal de Carlos Paz Unido.
Con respecto a la protección de los recursos naturales, Merlino puntualizó: «Nosotros tenemos zonas protegidas donde estamos preservando el ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos. Desde que Carlos Paz Unido asumió el gobierno, siempre fuimos en la misma línea. La oposición (dentro de la alianza que han conformado) tienen gente que piensa diferente a ellos y se lo han manifestado, pero no tienen argumentos para oponerse al cuidado del ambiente».
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El Diario de Villa Carlos Paz (26/09/2023)
Iosa, Felpeto y Gispert a favor de los edificios que amenazan a Carlos Paz

Respaldaron el planteo de los empresarios que buscan construir diez torres de departamentos en una reserva natural.
La polémica por la construcción de las faraónicas «Torres del Lago», el emprendimiento inmobiliario que planeaba ejecutarse dentro del nuevo ejido de Carlos Paz, sigue sumando capítulos, denuncias y ahora también un papelón.
Los empresarios desarrollistas presentaron una nota en el Concejo de Representantes para expresar que se ven perjudicados por la ordenanza que suspende la construcción de edificios en la ciudad. Insólitamente, los concejales opositores que responden a Carlos Felpeto, Emilio Iosa y Walter Gispert, respaldaron la posición de los inversionistas y hasta se animaron a presentar un proyecto demostrando «interés y preocupación» por el planteo empresarial.
A última hora, decidieron retirar el proyecto por lo explícito de la posición tomada en contra de la preservación del ambiente y el cuidado de los recursos naturales, a favor de le edificación de diez torres de departamentos frente al lago San Roque.
No es la primera vez que el discurso ambientalista, que pregonó durante toda su campaña el ex candidato a intendente Iosa y sus aliados Felpeto y Gispert, se desdibuja por los nuevos intereses que coparon su agenda política. Semanas atrás, fueron los mismos concejales del bloque Juntos por Carlos Paz quienes decidieron no acompañar un proyecto de comunicación donde Villa Carlos Paz expresaba su preocupación y rechazo por el proyecto que la empresa Veneto quiere construir en Villa Santa Cruz del Lago, que incluye 282 departamentos e impactan directamente contra el Área Protegida Norte y el lago San Roque.
En este caso, se mostraron alineados con los desarrollistas que -un poco antes que el grupo Veneto- intentaron construir sin licencia ambiental ni autorización del municipio carlospacense, un emprendimiento de alto impacto dentro del Área Protegida Norte, una reserva natural que se encuentra ubicada en Villa del Lago.
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Hoy Día (18/09/2023)
En respuesta a las críticas de los desarrollistas, reivindican el “derecho al ambiente”

La Red Nuestra Córdoba, la Facultad de Filosofía (UNC) y 16 organizaciones y centros vecinales salieron al cruce de los desarrollistas, que advertían sobre el uso “irresponsable” de los amparos ambientales
La Red Nuestra Córdoba, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y 16 organizaciones y centros vecinales de nuestra ciudad salieron al cruce de los cuestionamientos lanzados por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc), que la semana pasada había advertido “por la grave situación que están generando agrupaciones vecinales que con argumentos falaces atentan contra la seguridad jurídica de los emprendimientos”.
En respuesta a dicha acusación, afirmaron a través de un comunicado que “la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
El escrito cuenta con la adhesión de Arquitectos Cordobeses Autoconvocados, la Asociación Amigos de la Reserva San Martín, el Colectivo Preservando el Parque de la Vida, Ciscsa Ciudades Feministas, la Comisión Regularizadora de Villa Warcalde, Fundeps, Inquilinos Córdoba, Juntxs por el Derecho a la Ciudad, Multisectorial Defendamos Alberdi, Sociedad Argentina de Planeamiento Territorial Regional Centro (Saplat), Ceve-AVE – Conicet, la Asociación de Vivienda Económica, el Foro Ambiental Córdoba, Vecinos autoconvocados de Villa Belgrano y Vecinos autoconvocados de Villa Cabrera. También lo firmaron los centros vecinales del Cerro de las Rosas, Parque Chacabuco y Valle del Cerro.
En dicho escrito, se remarcó que las acciones de amparo constituyen un recurso previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional que puede ser interpuesto contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.
“Se puede interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”, señaló el texto.
También indicó que la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente “no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
“Ante el comunicado emitido y difundido por Ceduc en el que articulan un discurso y narrativa (paradójicamente, un relato) por medio del cual atribuyen a las reivindicaciones de colectivos sociales y vecinales el impedimento del ‘progreso’, la inseguridad jurídica y el desincentivo a la inversión privada generadora de empleo y garantizadora del acceso a la vivienda, quienes firmamos esta respuesta contrargumentamos con posicionamientos basados en el interés público”, expresaron en el documento.
Y agregaron: “Contrariamente a lo que empresarios/as del sector desarrollista de Córdoba plantean, las acciones de amparo no actúan en detrimento de la seguridad jurídica sino que constituyen un recurso fundamental para la vigencia del Estado de Derecho en los regímenes democráticos. Inseguridad jurídica y restricción de derechos humanos generan los acuerdos y habilitaciones que se centran en el interés corporativo y privado a espaldas de la ciudadanía afectada por los mismos”.
En otro tramo del comunicado alertaron que “la falta de transparencia en las decisiones que inciden en el interés y los bienes públicos son el principal factor de vulneración de derechos. La interpelación de proyectos de inversión inmobiliaria que impactan en el ambiente y en la segregación urbana tiene la intencionalidad de visibilizar qué tipo de ‘progreso’ y ‘desarrollo’ queremos como sociedad”.
Además, sostuvieron que la Ceduc “de manera maliciosa pretende justificar que su modelo de negocios y de rentabilidad actúa como movilizador de crecimiento económico para todos/as, de empleo y acceso a la vivienda”. “Por el contrario, sus proyectos se apropian del plusvalor de la tierra y excluyen a la mayoría de la población del acceso al hábitat y la vivienda”, remarcaron.
“Argumentan que la protesta y movilización social atentan contra la propiedad y la inversión privada como derechos de primer orden. Desconocen la función social de la tierra y el derecho al ambiente y a la ciudad como derechos humanos fundamentales”, profundizaron las organizaciones.
También sostuvieron que en Ceduc “desconocen también el Acuerdo de Escazú que en nuestro país entró en vigor el 22 de abril de 2021″ y que “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
“El accionar de la ciudadanía (tanto acciones directas como judiciales) están amparadas por el acuerdo. La reivindicación del derecho a la información y la participación, como así también a la necesidad de un Estado que resguarde el interés público, el patrimonio cultural e identitario y garantice el desarrollo sustentable (ambiental y socialmente) es el único camino para construir una ciudad para todos/as y con todos/as hoy y en las próximas generaciones”, concluyeron.

Más Información:

La Voz del Interior (18/09/2023)
- Córdoba: las claves del conflicto entre vecinos y el proyecto de las torres de Parque Chacabuco
Desde el centro vecinal del barrio ponen reparos por los estacionamientos y aseguran que debe cumplir con la ley provincial de Ambiente. La desarrollista sostiene que cumple con todo lo que se exige, y que la obra no está alcanzada por la legislación provincial.
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (16/09/2023)
Respuesta a desarrollistas: La reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente no es una amenaza

La Red Nuestra Córdoba, la Facultad de Filosofía (UNC) y 16 organizaciones y centros vecinales salieron al cruce de la Ceduc, que advertía sobre el uso “irresponsable” de los amparos ambientales.
La advertencia de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) “por la grave situación que están generando agrupaciones vecinales que con argumentos falaces atentan contra la seguridad jurídica de los emprendimientos” tuvo su respuesta.
Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba salieron al cruce de ese comunicado, afirmando que “la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
El comunicado cuenta con la adhesión de Arquitectos Cordobeses Autoconvocados, la Asociación Amigos de la Reserva San Martín, el Colectivo Preservando el Parque de la Vida, Ciscsa Ciudades Feministas, la Comisión Regularizadora de Villa Warcalde, Fundeps, Inquilinos Córdoba, Juntxs por el Derecho a la Ciudad, Multisectorial Defendamos Alberdi, Sociedad Argentina de Planeamiento Territorial Regional Centro (Saplat), Ceve-AVE - Conicet, la Asociación de Vivienda Económica, el Foro Ambiental Córdoba, Vecinos autoconvocados de Villa Belgrano y Vecinos autoconvocados de Villa Cabrera.
También adhieren los centros vecinales del Cerro de las Rosas, Parque Chacabuco y Valle del Cerro.
En el comunicado se remarca que las acciones de amparo constituyen un recurso previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional que puede ser interpuesto contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.
“Se puede interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”, dice el texto.
También señala que la reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente “no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”.
“Ante el comunicado emitido y difundido por Ceduc en el que articulan un discurso y narrativa (paradójicamente, un relato) por medio del cual atribuyen a las reivindicaciones de colectivos sociales y vecinales el impedimento del ‘progreso’, la inseguridad jurídica y el desincentivo a la inversión privada generadora de empleo y garantizadora del acceso a la vivienda, quienes firmamos esta respuesta contrargumentamos con posicionamientos basados en el interés público”, dicen.
Y agrega: “Contrariamente a lo que empresarios/as del sector desarrollista de Córdoba plantean, las acciones de amparo no actúan en detrimento de la seguridad jurídica sino que constituyen un recurso fundamental para la vigencia del Estado de Derecho en los regímenes democráticos. Inseguridad jurídica y restricción de derechos humanos generan los acuerdos y habilitaciones que se centran en el interés corporativo y privado a espaldas de la ciudadanía afectada por los mismos”.
Continúa el texto: “La falta de transparencia en las decisiones que inciden en el interés y los bienes públicos son el principal factor de vulneración de derechos. La interpelación de proyectos de inversión inmobiliaria que impactan en el ambiente y en la segregación urbana tiene la intencionalidad de visibilizar qué tipo de ‘progreso’ y ‘desarrollo’ queremos como sociedad”.
El comunicado sostiene que la Ceduc “de manera maliciosa pretende justificar que su modelo de negocios y de rentabilidad actúa como movilizador de crecimiento económico para todos/as, de empleo y acceso a la vivienda”.
“Por el contrario, sus proyectos se apropian del plusvalor de la tierra y excluyen a la mayoría de la población del acceso al hábitat y la vivienda”, afirman.
“Argumentan que la protesta y movilización social atentan contra la propiedad y la inversión privada como derechos de primer orden. Desconocen la función social de la tierra y el derecho al ambiente y a la ciudad como derechos humanos fundamentales”, profundizan las organizaciones.
También sostienen que en Ceduc “desconocen también el Acuerdo de Escazú que en nuestro país entró en vigor el 22 de abril de 2021″ y que “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
“El accionar de la ciudadanía (tanto acciones directas como judiciales) están amparadas por el acuerdo. La reivindicación del derecho a la información y la participación, como así también a la necesidad de un Estado que resguarde el interés público, el patrimonio cultural e identitario y garantice el desarrollo sustentable (ambiental y socialmente) es el único camino para construir una ciudad para todos/as y con todos/as hoy y en las próximas generaciones”, concluye el texto.
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