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3 nov 2021
Una década de contaminación por Bajo Grande
10:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (03/11/2021)
10 años de daño ambiental en Bajo Grande: la Justicia le apunta a la Municipalidad y a la Provincia
Así lo determinó el Juzgado en lo Civil y Comercial de 14ª nominación que encargó que se haga un estudio sobre 16 kilómetros del río. La medida puede ser apelada.
Luego de más de 10 años, la Justicia resolvió que la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba son responsables de la contaminación que genera la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande sobre el río Suquía por la falta de tratamiento de líquidos cloacales.
La denuncia fue presentada por la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y vecinos de la zona que señalaban el daño ambiental que producía -y continúa produciendo- la planta de tratamiento en la zona de Chacra de la Merced, hace más de una década. La presentación judicial fue realizada el 4 de junio de 2010.
La resolución, firmada por el juez Julio Fontaine (h), establece que se debe realizar un informe en el plazo de seis meses y le ordena a la Provincia “la presentación de un programa de recomposición ambiental (…), con el contenido, en el plazo y bajo apercibimiento”.
El escrito judicial apunta a la responsabilidad de la Municipalidad, al ser la titular de la Edar, por la contaminación mantenida por estos años. Y también señala a la Provincia, no sólo porque es la titular del río, sino porque debe, en materia ambiental, “velar por la implementación efectiva y eficaz de dichas leyes”.
“La única estrategia desplegada por la Provincia (imposición de sanciones pecuniarias) es reconocida por ella misma como ineficaz. Cabe preguntarse: ¿por qué el Estado Provincial, en ejercicio de su poder de policía, no arbitró las medidas necesarias para poner coto al obrar dañoso del ente municipal?”, argumenta en uno de sus párrafos Fontaine.
Y añade: “¿Acaso debe la sociedad tolerar que los propios poderes estatales que han de velar por la protección de los bienes colectivos –por caso el ambiente–, sean quienes los vulneran o quienes, frente a su evidente y prolongada afectación, permanecen impasibles y se reconocen impotentes al respecto? Evidentemente la respuesta negativa se impone”.
La resolución judicial lo que hace es determinar la responsabilidad ambiental, pero para que haya una sentencia se debe esperar el informe que pueda realizar sobre el estado del río una entidad ajena al municipio y a la Provincia. En junio pasado la Justicia Federal encargó un estudio al Centro de Química Aplicada (Cequimap) que determinó un alto grado de contaminación a partir de la desembocadura de Bajo Grande.
La decisión del juez puede ser apelada ante la Cámara. Según pudo saber este medio, la Provincia aún no diseñó su estrategia judicial. Sólo como referencia, la mayor parte de la causa fue llevada adelante por el juez Federico Ozzola, ahora camarista. En su momento, la Provincia decidió recusarlo sin causa, lo que dilató un tiempo más el proceso judicial.
Para Yamile Najle, una de las abogadas que participó de la demanda, lo positivo es que se sienta un hito para que no se siga contaminando el cauce del río. “Es una resolución pionera en reconocer el daño y ordenarle a la Provincia y a la Municipalidad la remediación”, le dijo a La Voz.
“Mientras la causa seguía tramitándose, el daño continuó durante estos más de 10 años. La resolución no da una solución inmediata, pero pone una base para determinar el camino a seguir”, opinó Najle.
Si bien la demanda lleva más de 11 años, hay un antecedente de 2004, donde la Justicia le ordenó a la Municipalidad de Córdoba regularizar la situación de la planta.
Más Información:
La Voz del Interior (03/11/2021)
Pese al destrato, el Suquía sigue esperando
La Justicia ordenó a la Provincia que informe el nivel de contaminación del río debido a los desbordes cloacales en Alberdi y Villa Páez. Ambientalistas pidieron que se investigue el tratamiento en la planta de Bajo Grande.
Hoy Día (03/11/2021)
Bajo Grande: constatan un daño ambiental colectivo al río Suquía
La Justicia responsabilizó al municipio y la Provincia por la contaminación provocada por la planta depuradora; el Foro Ambiental Córdoba calificó a la resolución como “un símbolo de buenos augurios”; se adoptó en el marco de una acción iniciada por la fundación Cedha y otros vecinos afectados
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14 ago 2015
Opinión en referencia al fallo del TSJ sobre minería
La Voz del Interior (14/08/2015)
El día en que el Tribunal Superior defendió el ambiente de los cordobeses
Por Romina Picolotti*Presidenta del Cedha
Sólo unas décadas atrás era imposible imaginar un fallo así por parte de la instancia máxima de la Justicia cordobesa.
"Este fallo es una verdadera locura”, expresan por lo bajo y se indignan representantes del sector minero y nuclear. Es que, como dice el refrán popular, “la verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca”.
Hoy los cordobeses podemos descansar sabiendo que nuestro Tribunal Superior de Justicia ha velado por aquello que es de todos. En un fallo ejemplar, sostuvo la plena vigencia de la ley número 9.526, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la minería nuclear, en todas sus etapas.
En su fallo, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia reconoció con contundencia los severos impactos de esta clase de minería y advirtió sobre la necesidad de proteger nuestras cuencas hídricas y de preservar el ambiente para generaciones presentes y futuras. Asimismo, destacó la relevancia ?de la ley de glaciares como precedente.
La alegría que siento al escribir estas líneas es indescriptible. Sólo unas décadas atrás era imposible imaginar un fallo así por parte de la instancia máxima de la Justicia cordobesa.
El coraje y la sabiduría de los integrantes del Tribunal para proteger lo que es de todos frente a los intereses mezquinos de unos pocos es sin duda loable.
Pero nada de esto hubiera sido posible sin la toma de conciencia seguida de acción concreta de cientos de ciudadanos que impulsaron la sanción de la ley 9.526 y la defendieron una y otra vez.
Una sociedad sustentable más justa que ?nos incluya a todos es posible si nos despojamos de ideologías de turno y mezquindades individuales para permitirnos trabajar ?juntos en pos del bien común. En este fallo, ?no hay ni vencedores ni vencidos, sino que ganamos todos.
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El día en que el Tribunal Superior defendió el ambiente de los cordobeses
Por Romina Picolotti*Presidenta del Cedha
Sólo unas décadas atrás era imposible imaginar un fallo así por parte de la instancia máxima de la Justicia cordobesa.
"Este fallo es una verdadera locura”, expresan por lo bajo y se indignan representantes del sector minero y nuclear. Es que, como dice el refrán popular, “la verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca”.
Hoy los cordobeses podemos descansar sabiendo que nuestro Tribunal Superior de Justicia ha velado por aquello que es de todos. En un fallo ejemplar, sostuvo la plena vigencia de la ley número 9.526, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la minería nuclear, en todas sus etapas.
En su fallo, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia reconoció con contundencia los severos impactos de esta clase de minería y advirtió sobre la necesidad de proteger nuestras cuencas hídricas y de preservar el ambiente para generaciones presentes y futuras. Asimismo, destacó la relevancia ?de la ley de glaciares como precedente.
La alegría que siento al escribir estas líneas es indescriptible. Sólo unas décadas atrás era imposible imaginar un fallo así por parte de la instancia máxima de la Justicia cordobesa.
El coraje y la sabiduría de los integrantes del Tribunal para proteger lo que es de todos frente a los intereses mezquinos de unos pocos es sin duda loable.
Pero nada de esto hubiera sido posible sin la toma de conciencia seguida de acción concreta de cientos de ciudadanos que impulsaron la sanción de la ley 9.526 y la defendieron una y otra vez.
Una sociedad sustentable más justa que ?nos incluya a todos es posible si nos despojamos de ideologías de turno y mezquindades individuales para permitirnos trabajar ?juntos en pos del bien común. En este fallo, ?no hay ni vencedores ni vencidos, sino que ganamos todos.
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25 jul 2014
Justicia obliga a remediar el río Suquía por Bajo Grande
La Voz del Interior (25/07/2014)
Ordenan mitigar la contaminación del río
La Justicia obligó a la Municipalidad y a la Provincia a poner en marcha medidas que protejan a los vecinos afectados por la planta cloacal de Bajo Grande.
La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial deberán instrumentar una serie de medidas –principalmente sanitarias– para mitigar los efectos en la población de la contaminación que produce la planta de tratamiento cloacal de Bajo Grande. El área afectada abarca desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 12 del camino a Chacra de la Merced, en el este de la Capital.
Las medidas las tomó el juez Federico Ossola en el marco de una denuncia presentada el 4 de junio de 2010 por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha). En la presentación se solicitaba que la Municipalidad de Córdoba se haga cargo del saneamiento del río Suquía.
La resolución de Ossola fue tomada tras los resultados de los peritajes realizados entre 2011 y 2012 sobre el funcionamiento de la planta de Bajo Grande. Allí se detectaron problemas tanto en el tratamiento de los efluentes cloacales como en los equipos que realizan los procesos.
Ahora, el municipio y la Provincia deberán adoptar una serie de medidas, principalmente sanitarias, en un plazo que vence el 26 de agosto.
La primera es la realización de un mapa sociodemográfico y encuestas de factores ambientales de riesgo para determinar la población afectada por la contaminación hídrica.
Ese mapa debe permitir la elaboración de un diagnóstico de base para todas las enfermedades, que permita discriminar patologías producidas por la contaminación del agua y casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia.
También debe servir para crear una base de datos de acceso público de las patologías detectadas en la cuenca. Finalmente, debe utilizarse para especificar las medidas de vigilancia epidemiológicas adoptadas en la zona de emergencia.
Una vez finalizado el mapa, municipio y Provincia tendrán 30 días para elaborar y poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población vecina a la planta.
Mientras se realizan estos dos trabajos, la resolución judicial obliga a la instalación inmediata de un cordón sanitario preventivo entre el kilómetro 2 y el 12 del camino a Chacra de la Merced.
Se deberán realizar la demarcación y cerramiento de la zona como peligrosa, control de malezas en las adyacencias de la planta, limpieza de obstáculos a lo largo del curso del río para evitar zonas de aguas quietas y la distribución de agua para riego y brebaje de animales en aquellos lugares donde no cuentan con agua potable.
Además, se deberá poner en marcha una campaña de difusión para prevenir sobre el uso o utilización del río debido a contaminación existente.
Juan Picolotti, abogado del Cedha, aseguró que tanto provincia como municipio deberán cumplir la orden judicial, ya que no presentaron ningún recurso para detener la medida.
También recordó que las medidas que adoptó la Justicia en realidad deberían haberse puesto en marcha en el transcurso de 2011, en el marco de un plan de mitigación que habían prometido las autoridades provinciales y municipales.
La planta
La planta de Bajo Grande se denomina Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) y se ubica en la zona de Chacra de la Merced, en el extremo este de la ciudad de Córdoba. Las instalaciones se erigen en el margen norte del río Suquía, que recibe los líquidos cloacales tras el tratamiento de depuración.
Aliviador cloacal para barrio Alberdi
Ejecución. La Municipalidad de Córdoba está ejecutando un aliviador cloacal en barrio Alberdi, en la calle Mariano Moreno-Rodríguez Peña (foto). Con esta obra, se impedirán los desbordes que afectan a una parte del sector. El intendente Ramón Mestre visitó ayer el lugar donde trabajan las cuadrillas, en el tramo de esa calle entre Duarte Quirós y Santa Rosa. La idea es que la obra disminuya los líquidos que circulan por las tuberías existentes, las que habitualmente sufren desbordes por el incremento en la densificación de habitantes que experimenta ese sector. Según anticipó el municipio, los nuevos caños paralelos brindarán una solución efectiva a las permanentes obstrucciones que sufre esa zona de Alberdi, donde hay instituciones educativas, iglesias, comercios, oficinas públicas, edificios y viviendas familiares. La inversión se acerca a 2,5 millones de pesos, y el municipio estima que dentro de 100 días estarán listos los trabajos.
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La intervención judicial ante un Estado ausente
Por Juan Miguel Picolotti - Asesor del Centro de Derechos Humanos y Ambiente
Que un juez exija a las autoridades medidas de protección para la población y el río Suquía es un hecho sin precedentes.
En la causa judicial llevada adelante por la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) con el objeto de recomponer el río Suquía, se logró otro resultado de gran relevancia; esta vez vinculado con la salud pública.
Desde el punto de vista jurídico, es sumamente importante destacar cómo el tribunal que interviene en una causa cuyo objeto es la recomposición ambiental se preocupa también por la salud pública, luego de haber comprobado el alto grado de contaminación con materia fecal que tiene el Suquía.
Que un juez exija al Gobierno provincial y a la Municipalidad de Córdoba un mapa sociodemográfico, encuestas de factores ambientales de riesgo por la contaminación hídrica, programas sanitarios para proteger la salud de los vecinos, la instalación de un cordón sanitario en la ribera del río y una campaña de difusión que informe sobre la situación de ese curso de agua es un avance sin precedentes para la garantía de los derechos humanos.
Excepción
Este tipo de intervención judicial se da en forma excepcional cuando hay prueba fehaciente, como en la presente causa, de que el Estado se encuentra ausente, que no hay política ambiental sobre el río Suquía, ni tampoco una política sanitaria para los vecinos de la zona.
Una vez que se cumplan las medidas mencionadas, el próximo paso será exigir a la Municipalidad de Córdoba que realice las inversiones suficientes sobre la estación depuradora de Bajo Grande, para comenzar luego con la recomposición ambiental del río.
Esperemos que lo que no se hizo como política de Estado se logre a través de la intervención judicial.
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Vecinos denuncian olores y temen por el agua
En Chacra de la Merced aseguran que el río Suquía desprende olores cloacales, y temen por el agua potable.
Este diario recorrió ayer por la tarde las riberas del Suquía aguas abajo de la planta cloacal de Bajo Grande, en el extremo este de la ciudad de Córdoba.
Se puede apreciar que se multiplicaron los asentamientos de personas en sectores adyacentes al río. Además, las aguas siguen presentando turbiedad y desprenden un fuerte olor cloacal.
No hay cartelería que advierta sobre el peligro del agua contaminada, y tampoco se pudo apreciar la presencia de controles para evitar que las personas se acerquen al río.
“Todos los días notamos que se largan al río líquidos, y que los olores son distintos”, comentó Delia Weht, vecina de Chacra de la Merced.
La planta de Bajo Grande se construyó en 1987, con una capacidad de tratamiento de cinco mil metros cúbicos por hora. En 1998 ya se encontraba al límite, y fue sobrepasada en sus posibilidades de procesamiento.
En 2006 se comenzó a construir una ampliación, que permitiría tratar 10 mil metros cúbicos por hora y que debía finalizarse para mediados de 2009. Sin embargo, recién se terminó de construir y se puso en funcionamiento en el primer trimestre de 2011.
Pese a las inversiones, el río Suquía sigue recibiendo efluentes con altos grados de contaminación.
Tampoco se pusieron en marcha medidas que protejan a la población de las aguas contaminadas con bacterias fecales.
“Nunca se hizo nada, esto está cada vez peor. Nadie viene a preguntarnos cómo estamos, y sabemos que hay problemas de salud sobre todo en los chicos”, comentó Delia.
Para peor, el agua que recibe Chacra de la Merced baja desde una perforación de Villa La Merced, a través de un caño que corre junto a un vertido cloacal.
Esos líquidos proceden de una planta de tratamiento desbordada ubicada en el barrio Ciudad de mi Esperanza.
“Nosotros no sabemos si esos líquidos no están contaminando el agua que viene por los caños”, dijo la mujer.
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Ordenan mitigar la contaminación del río
La Justicia obligó a la Municipalidad y a la Provincia a poner en marcha medidas que protejan a los vecinos afectados por la planta cloacal de Bajo Grande.
La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial deberán instrumentar una serie de medidas –principalmente sanitarias– para mitigar los efectos en la población de la contaminación que produce la planta de tratamiento cloacal de Bajo Grande. El área afectada abarca desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 12 del camino a Chacra de la Merced, en el este de la Capital.
Las medidas las tomó el juez Federico Ossola en el marco de una denuncia presentada el 4 de junio de 2010 por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha). En la presentación se solicitaba que la Municipalidad de Córdoba se haga cargo del saneamiento del río Suquía.
La resolución de Ossola fue tomada tras los resultados de los peritajes realizados entre 2011 y 2012 sobre el funcionamiento de la planta de Bajo Grande. Allí se detectaron problemas tanto en el tratamiento de los efluentes cloacales como en los equipos que realizan los procesos.
Ahora, el municipio y la Provincia deberán adoptar una serie de medidas, principalmente sanitarias, en un plazo que vence el 26 de agosto.
La primera es la realización de un mapa sociodemográfico y encuestas de factores ambientales de riesgo para determinar la población afectada por la contaminación hídrica.
Ese mapa debe permitir la elaboración de un diagnóstico de base para todas las enfermedades, que permita discriminar patologías producidas por la contaminación del agua y casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia.
También debe servir para crear una base de datos de acceso público de las patologías detectadas en la cuenca. Finalmente, debe utilizarse para especificar las medidas de vigilancia epidemiológicas adoptadas en la zona de emergencia.
Una vez finalizado el mapa, municipio y Provincia tendrán 30 días para elaborar y poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población vecina a la planta.
Mientras se realizan estos dos trabajos, la resolución judicial obliga a la instalación inmediata de un cordón sanitario preventivo entre el kilómetro 2 y el 12 del camino a Chacra de la Merced.
Se deberán realizar la demarcación y cerramiento de la zona como peligrosa, control de malezas en las adyacencias de la planta, limpieza de obstáculos a lo largo del curso del río para evitar zonas de aguas quietas y la distribución de agua para riego y brebaje de animales en aquellos lugares donde no cuentan con agua potable.
Además, se deberá poner en marcha una campaña de difusión para prevenir sobre el uso o utilización del río debido a contaminación existente.
Juan Picolotti, abogado del Cedha, aseguró que tanto provincia como municipio deberán cumplir la orden judicial, ya que no presentaron ningún recurso para detener la medida.
También recordó que las medidas que adoptó la Justicia en realidad deberían haberse puesto en marcha en el transcurso de 2011, en el marco de un plan de mitigación que habían prometido las autoridades provinciales y municipales.
La planta
La planta de Bajo Grande se denomina Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) y se ubica en la zona de Chacra de la Merced, en el extremo este de la ciudad de Córdoba. Las instalaciones se erigen en el margen norte del río Suquía, que recibe los líquidos cloacales tras el tratamiento de depuración.
Aliviador cloacal para barrio Alberdi
Ejecución. La Municipalidad de Córdoba está ejecutando un aliviador cloacal en barrio Alberdi, en la calle Mariano Moreno-Rodríguez Peña (foto). Con esta obra, se impedirán los desbordes que afectan a una parte del sector. El intendente Ramón Mestre visitó ayer el lugar donde trabajan las cuadrillas, en el tramo de esa calle entre Duarte Quirós y Santa Rosa. La idea es que la obra disminuya los líquidos que circulan por las tuberías existentes, las que habitualmente sufren desbordes por el incremento en la densificación de habitantes que experimenta ese sector. Según anticipó el municipio, los nuevos caños paralelos brindarán una solución efectiva a las permanentes obstrucciones que sufre esa zona de Alberdi, donde hay instituciones educativas, iglesias, comercios, oficinas públicas, edificios y viviendas familiares. La inversión se acerca a 2,5 millones de pesos, y el municipio estima que dentro de 100 días estarán listos los trabajos.
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La intervención judicial ante un Estado ausente
Por Juan Miguel Picolotti - Asesor del Centro de Derechos Humanos y Ambiente
Que un juez exija a las autoridades medidas de protección para la población y el río Suquía es un hecho sin precedentes.
En la causa judicial llevada adelante por la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) con el objeto de recomponer el río Suquía, se logró otro resultado de gran relevancia; esta vez vinculado con la salud pública.
Desde el punto de vista jurídico, es sumamente importante destacar cómo el tribunal que interviene en una causa cuyo objeto es la recomposición ambiental se preocupa también por la salud pública, luego de haber comprobado el alto grado de contaminación con materia fecal que tiene el Suquía.
Que un juez exija al Gobierno provincial y a la Municipalidad de Córdoba un mapa sociodemográfico, encuestas de factores ambientales de riesgo por la contaminación hídrica, programas sanitarios para proteger la salud de los vecinos, la instalación de un cordón sanitario en la ribera del río y una campaña de difusión que informe sobre la situación de ese curso de agua es un avance sin precedentes para la garantía de los derechos humanos.
Excepción
Este tipo de intervención judicial se da en forma excepcional cuando hay prueba fehaciente, como en la presente causa, de que el Estado se encuentra ausente, que no hay política ambiental sobre el río Suquía, ni tampoco una política sanitaria para los vecinos de la zona.
Una vez que se cumplan las medidas mencionadas, el próximo paso será exigir a la Municipalidad de Córdoba que realice las inversiones suficientes sobre la estación depuradora de Bajo Grande, para comenzar luego con la recomposición ambiental del río.
Esperemos que lo que no se hizo como política de Estado se logre a través de la intervención judicial.
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Vecinos denuncian olores y temen por el agua
En Chacra de la Merced aseguran que el río Suquía desprende olores cloacales, y temen por el agua potable.
Este diario recorrió ayer por la tarde las riberas del Suquía aguas abajo de la planta cloacal de Bajo Grande, en el extremo este de la ciudad de Córdoba.
Se puede apreciar que se multiplicaron los asentamientos de personas en sectores adyacentes al río. Además, las aguas siguen presentando turbiedad y desprenden un fuerte olor cloacal.
No hay cartelería que advierta sobre el peligro del agua contaminada, y tampoco se pudo apreciar la presencia de controles para evitar que las personas se acerquen al río.
“Todos los días notamos que se largan al río líquidos, y que los olores son distintos”, comentó Delia Weht, vecina de Chacra de la Merced.
La planta de Bajo Grande se construyó en 1987, con una capacidad de tratamiento de cinco mil metros cúbicos por hora. En 1998 ya se encontraba al límite, y fue sobrepasada en sus posibilidades de procesamiento.
En 2006 se comenzó a construir una ampliación, que permitiría tratar 10 mil metros cúbicos por hora y que debía finalizarse para mediados de 2009. Sin embargo, recién se terminó de construir y se puso en funcionamiento en el primer trimestre de 2011.
Pese a las inversiones, el río Suquía sigue recibiendo efluentes con altos grados de contaminación.
Tampoco se pusieron en marcha medidas que protejan a la población de las aguas contaminadas con bacterias fecales.
“Nunca se hizo nada, esto está cada vez peor. Nadie viene a preguntarnos cómo estamos, y sabemos que hay problemas de salud sobre todo en los chicos”, comentó Delia.
Para peor, el agua que recibe Chacra de la Merced baja desde una perforación de Villa La Merced, a través de un caño que corre junto a un vertido cloacal.
Esos líquidos proceden de una planta de tratamiento desbordada ubicada en el barrio Ciudad de mi Esperanza.
“Nosotros no sabemos si esos líquidos no están contaminando el agua que viene por los caños”, dijo la mujer.
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22 abr 2014
Cambio climático, arbolado y transporte
La Voz del Interior (22/04/2014)
El cambio climático y la lucha de los vecinos de la Núñez
Por Romina Picolotti - Presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), exsecretaria de Ambiente de la Nación.
Lo que cuestionamos es precisamente la decisión política de talar árboles en una ciudad donde la calidad del aire está muy por debajo de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Se hizo publico el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). El informe –titulado “Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático”– es el tercero de los tres presentados por los grupos de trabajo que, junto con un informe de síntesis a publicarse en octubre, constituyen el quinto informe de evaluación del IPCC sobre el cambio climático. “La ciencia nos transmite un mensaje claro: para evitar interferencias peligrosas en el sistema climático, no podemos seguir con el statu quo ”, comentó Ottmar Edenhofer, uno de los copresidentes.
Limitar el aumento de la temperatura media global a dos grados implica reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero respecto de las de 2010 entre un 40 y un 70 por ciento para mediados de siglo y hacerlas casi desaparecer para finales del mismo período. “Se puede conseguir un futuro que esté dentro de los límites fijados por el objetivo de los dos grados... Si no se sigue posponiendo la mitigación...”. En definitiva, la inacción tiene importantes costos asociados. Es preciso actuar de inmediato.
Reducir emisiones
Según el informe, una mitigación ambiciosa en un escenario de crecimiento global de tres por ciento implicaría una reducción de 0,06 puntos porcentuales por año. Edenhofer reconoció que esta presunción no tiene en cuenta los beneficios económicos de evitar catástrofes climáticas.
El informe reconoce la exigencia de modificar los actuales patrones de inversión, especialmente en lo que respecta a los sectores de energía y transporte.
Es posible y necesario desarrollar políticas públicas que nos permitan avanzar en la reducción de emisiones y, al mismo tiempo, promover el desarrollo económico. Un ejemplo son las políticas de mejora de calidad de aire.
Si implementamos políticas de reducción de carbono negro, mejoraría enormemente la calidad de aire que respiramos en las ciudades y, al mismo tiempo, contribuiría de forma sustancial a la mitigación del calentamiento global.
Resulta oportuno destacar que este mes la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que la polución atmosférica se cobra siete millones de vidas al año en países en vías de desarrollo.
Asimismo, las políticas que reduzcan el ozono troposférico (O3) tienen beneficios considerables para la agricultura, dado que la presencia de ozono troposférico reduce de manera notable el rinde de las cosechas. Además, el O3 tiene un gran poder de calentamiento global.
Falta de políticas
A esta altura, el lector se preguntará si nuestro país cuenta con una política de calidad de aire o de reducción del O3. La respuesta es no. Si bien en 2007 se inició una política de Estado a nivel federal en este sentido, a partir de 2009 fue totalmente abandonada.
En cuanto a la Municipalidad de Córdoba, no sólo no cuenta con una política de calidad de aire sino que además pretende dedicarse a la tala de árboles en la avenida Rafael Núñez, pese a la resistencia de los vecinos. Mas aún, los vecinos han plantado árboles para reemplazar los ejemplares que la Municipalidad ha talado y los funcionarios arrancan los ejemplares nuevos.
No criticamos aquí el empecinamiento de los funcionarios en llevar adelante un decisión política; por el contrario, nos parece loable. Lo que cuestionamos es precisamente la decisión política de talar árboles en una ciudad donde la calidad del aire está muy por debajo de los niveles recomendados por la OMS.
Es nuestro deseo que este empecinamiento en llevar adelante la tala en la Núñez se transmita a desarrollar una política ambiental que permita respirar aire limpio a los ciudadanos cordobeses.
En sentido contrario
Por supuesto, el antes mencionado informe –elaborado por 235 científicos reconocidos a nivel mundial– sugiere la forestación y evitar la tala como unas de las principales acciones que deben realizar los gobiernos. Reducir la contaminación local del aire es otra de las medidas mencionadas en el Informe.
Para avanzar como país, como sociedad, es necesario incorporar a la ciencia como fundamento de nuestras políticas públicas; de lo contrario, vamos a la deriva o nos sometemos a la discreción del gobernante de turno.
Nos preguntamos, entonces, cuáles son las bases científicas para ordenar la tala de árboles. No comprendemos por qué la implementación de esta medida se ha realizado casi a escondidas de la gente. Tampoco entendemos la falta de información y el atropello frente a la necesidad de la población de comprender el porqué de una decisión del Ejecutivo municipal.
El informe identifica a la no tala y a la forestación como uno de los pilares para avanzar en la mitigación del calentamiento global con el beneficio adicional de depurar el aire que respiramos.
Aquí no hay opción. Simplemente, la Tierra es el único planeta que podemos habitar y es imposible dejar de respirar. Las políticas públicas y las decisiones políticas deben al menos enmarcarse en esta realidad incontestable.
Lo más sensato sería que la Municipalidad dé marcha atrás en la decisión de talar árboles en la Núñez y proponga un proyecto alternativo en consonancia con la ciencia. Todos nos podemos equivocar; los ciudadanos valoramos cuando quienes nos gobiernan reconocen el error y corrigen sus políticas.
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El cambio climático y la lucha de los vecinos de la Núñez
Por Romina Picolotti - Presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), exsecretaria de Ambiente de la Nación.
Lo que cuestionamos es precisamente la decisión política de talar árboles en una ciudad donde la calidad del aire está muy por debajo de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Se hizo publico el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). El informe –titulado “Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático”– es el tercero de los tres presentados por los grupos de trabajo que, junto con un informe de síntesis a publicarse en octubre, constituyen el quinto informe de evaluación del IPCC sobre el cambio climático. “La ciencia nos transmite un mensaje claro: para evitar interferencias peligrosas en el sistema climático, no podemos seguir con el statu quo ”, comentó Ottmar Edenhofer, uno de los copresidentes.
Limitar el aumento de la temperatura media global a dos grados implica reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero respecto de las de 2010 entre un 40 y un 70 por ciento para mediados de siglo y hacerlas casi desaparecer para finales del mismo período. “Se puede conseguir un futuro que esté dentro de los límites fijados por el objetivo de los dos grados... Si no se sigue posponiendo la mitigación...”. En definitiva, la inacción tiene importantes costos asociados. Es preciso actuar de inmediato.
Reducir emisiones
Según el informe, una mitigación ambiciosa en un escenario de crecimiento global de tres por ciento implicaría una reducción de 0,06 puntos porcentuales por año. Edenhofer reconoció que esta presunción no tiene en cuenta los beneficios económicos de evitar catástrofes climáticas.
El informe reconoce la exigencia de modificar los actuales patrones de inversión, especialmente en lo que respecta a los sectores de energía y transporte.
Es posible y necesario desarrollar políticas públicas que nos permitan avanzar en la reducción de emisiones y, al mismo tiempo, promover el desarrollo económico. Un ejemplo son las políticas de mejora de calidad de aire.
Si implementamos políticas de reducción de carbono negro, mejoraría enormemente la calidad de aire que respiramos en las ciudades y, al mismo tiempo, contribuiría de forma sustancial a la mitigación del calentamiento global.
Resulta oportuno destacar que este mes la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que la polución atmosférica se cobra siete millones de vidas al año en países en vías de desarrollo.
Asimismo, las políticas que reduzcan el ozono troposférico (O3) tienen beneficios considerables para la agricultura, dado que la presencia de ozono troposférico reduce de manera notable el rinde de las cosechas. Además, el O3 tiene un gran poder de calentamiento global.
Falta de políticas
A esta altura, el lector se preguntará si nuestro país cuenta con una política de calidad de aire o de reducción del O3. La respuesta es no. Si bien en 2007 se inició una política de Estado a nivel federal en este sentido, a partir de 2009 fue totalmente abandonada.
En cuanto a la Municipalidad de Córdoba, no sólo no cuenta con una política de calidad de aire sino que además pretende dedicarse a la tala de árboles en la avenida Rafael Núñez, pese a la resistencia de los vecinos. Mas aún, los vecinos han plantado árboles para reemplazar los ejemplares que la Municipalidad ha talado y los funcionarios arrancan los ejemplares nuevos.
No criticamos aquí el empecinamiento de los funcionarios en llevar adelante un decisión política; por el contrario, nos parece loable. Lo que cuestionamos es precisamente la decisión política de talar árboles en una ciudad donde la calidad del aire está muy por debajo de los niveles recomendados por la OMS.
Es nuestro deseo que este empecinamiento en llevar adelante la tala en la Núñez se transmita a desarrollar una política ambiental que permita respirar aire limpio a los ciudadanos cordobeses.
En sentido contrario
Por supuesto, el antes mencionado informe –elaborado por 235 científicos reconocidos a nivel mundial– sugiere la forestación y evitar la tala como unas de las principales acciones que deben realizar los gobiernos. Reducir la contaminación local del aire es otra de las medidas mencionadas en el Informe.
Para avanzar como país, como sociedad, es necesario incorporar a la ciencia como fundamento de nuestras políticas públicas; de lo contrario, vamos a la deriva o nos sometemos a la discreción del gobernante de turno.
Nos preguntamos, entonces, cuáles son las bases científicas para ordenar la tala de árboles. No comprendemos por qué la implementación de esta medida se ha realizado casi a escondidas de la gente. Tampoco entendemos la falta de información y el atropello frente a la necesidad de la población de comprender el porqué de una decisión del Ejecutivo municipal.
El informe identifica a la no tala y a la forestación como uno de los pilares para avanzar en la mitigación del calentamiento global con el beneficio adicional de depurar el aire que respiramos.
Aquí no hay opción. Simplemente, la Tierra es el único planeta que podemos habitar y es imposible dejar de respirar. Las políticas públicas y las decisiones políticas deben al menos enmarcarse en esta realidad incontestable.
Lo más sensato sería que la Municipalidad dé marcha atrás en la decisión de talar árboles en la Núñez y proponga un proyecto alternativo en consonancia con la ciencia. Todos nos podemos equivocar; los ciudadanos valoramos cuando quienes nos gobiernan reconocen el error y corrigen sus políticas.
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16 sept 2013
Denuncian nuevamente la contaminación en Bajo Grande
Hoy Día (16/09/2013)
Alertan por los altos índices de contaminación en Bajo Grande
Desde Cedha y la UNC insisten en denunciar que la situación ambiental es grave.
Este problema tiene más de diez años de historia. Miles de metros cúbicos de líquidos cloacales que recibe la planta municipal de Bajo Grande son arrojados sin el debido tratamiento al río Suquía, que atraviesa toda la ciudad de Córdoba y localidades aledañas, contaminando sus aguas. “Esta planta está colapsada hace varios años y, en consecuencia, realiza el volcamiento de líquidos cloacales sin tratar al Río Suquía”, informó en declaraciones a HOY DÍA CÓRDOBA Juan Picolotti, apoderado del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
“Observamos una disminución drástica del oxígeno disuelto, un aumento de amonio, aumento de sólidos en suspensión, más bacterias, menos peces e invertebrados”, advirtió Picolotti. Los datos fueron constatados hasta en Villa Corazón de María, situada 12 kilómetros aguas abajo de Bajo Grande, fuera del ejido municipal.
Por su parte, el delegado de los empleados de la estación de Bajo Grande, Julio Ariza, denunció que a principios de julio de 2012 “se rompió la última de las ocho bombas que se habían colocado en los nuevos digestores construidos en la ampliación de la planta, que finalizó en 2011”. El delegado explicó que “como las bombas son importadas, a los repuestos hay que comprarlos en el exterior y pagarlos con euros”. La rotura impide que sean tratados más del 20 por ciento de los fluidos.
El intendente Ramón Mestre prometió que para fines del año pasado iba a estar solucionado el inconveniente en Bajo Grande, pero en el noveno mes de 2013 la situación sigue siendo la misma. “Entre 60 y 80 familias de Chacras de la Merced padecen la contaminación. Hay gente sin agua. Otros, la sacan de un pozo. Hasta los animales se ven perjudicados. Estamos esperando la sentencia por parte de la Justicia”, comentó Picolotti. En ese sentido, el apoderado del Cedha agregó que “hicimos una demanda de recomposición ambiental”.
En tanto, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) concreta permanentes estudios vinculados con la mencionada problemática. “En el 45% de los monitoreos realizados no se detectaron rastros de cloro y los valores de bacterias coliformes totales superaron ampliamente los permitidos”, comentó a este medio el ingeniero Carlos Mancini, responsable del análisis. “Encontramos larvas muertas y malos olores. Esto puede provocar una simple conjuntivitis o escherichia coli y, con ésta, puede llegar la muerte”, subrayó el profesional.
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Alertan por los altos índices de contaminación en Bajo Grande
Desde Cedha y la UNC insisten en denunciar que la situación ambiental es grave.
Este problema tiene más de diez años de historia. Miles de metros cúbicos de líquidos cloacales que recibe la planta municipal de Bajo Grande son arrojados sin el debido tratamiento al río Suquía, que atraviesa toda la ciudad de Córdoba y localidades aledañas, contaminando sus aguas. “Esta planta está colapsada hace varios años y, en consecuencia, realiza el volcamiento de líquidos cloacales sin tratar al Río Suquía”, informó en declaraciones a HOY DÍA CÓRDOBA Juan Picolotti, apoderado del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
“Observamos una disminución drástica del oxígeno disuelto, un aumento de amonio, aumento de sólidos en suspensión, más bacterias, menos peces e invertebrados”, advirtió Picolotti. Los datos fueron constatados hasta en Villa Corazón de María, situada 12 kilómetros aguas abajo de Bajo Grande, fuera del ejido municipal.
Por su parte, el delegado de los empleados de la estación de Bajo Grande, Julio Ariza, denunció que a principios de julio de 2012 “se rompió la última de las ocho bombas que se habían colocado en los nuevos digestores construidos en la ampliación de la planta, que finalizó en 2011”. El delegado explicó que “como las bombas son importadas, a los repuestos hay que comprarlos en el exterior y pagarlos con euros”. La rotura impide que sean tratados más del 20 por ciento de los fluidos.
El intendente Ramón Mestre prometió que para fines del año pasado iba a estar solucionado el inconveniente en Bajo Grande, pero en el noveno mes de 2013 la situación sigue siendo la misma. “Entre 60 y 80 familias de Chacras de la Merced padecen la contaminación. Hay gente sin agua. Otros, la sacan de un pozo. Hasta los animales se ven perjudicados. Estamos esperando la sentencia por parte de la Justicia”, comentó Picolotti. En ese sentido, el apoderado del Cedha agregó que “hicimos una demanda de recomposición ambiental”.
En tanto, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) concreta permanentes estudios vinculados con la mencionada problemática. “En el 45% de los monitoreos realizados no se detectaron rastros de cloro y los valores de bacterias coliformes totales superaron ampliamente los permitidos”, comentó a este medio el ingeniero Carlos Mancini, responsable del análisis. “Encontramos larvas muertas y malos olores. Esto puede provocar una simple conjuntivitis o escherichia coli y, con ésta, puede llegar la muerte”, subrayó el profesional.
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17 ago 2013
Luego del desastre De la Sota quiere la plata de los bosques
Día a Día (17/08/2013)
De la Sota reclama a la Nación plata por los bosques
La Provincia le reclama a la Nación fondos por haber armonizado la ley de bosques nativos
El viernes, en el Boletín Oficial, la Provincia publicó un decreto para dejar sin efecto dos artículos de la ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos (9.814) considerados inconstitucionales por no respetar lo expuesto en la ley de presupuestos mínimos nacional para protección de bosques (26.331).
Habiendo formalizado estos cambios, desde el Panal consideran que Córdoba ya debe cobrar los fondos por protección de bosques que la ley nacional establece que le corresponden a las provincias que hayan sancionado su ordenamiento territorial, por eso, el secretario de Ambiente de la Provincia, Federico Bocco, envió una carta a la Nación para que en un plazo de 15 días se haga efectiva la reserva de fondos.
Según explicaron desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, el decreto que suspende los artículos más controversiales de la ley provincial fue consensuado en el marco de la Comisión Federal de Medio Ambiente (Cofema) y aprobados por la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Este decreto deja sin efecto el artículo 6 de la ley sancionada en 2010 (que fija las pautas para el aprovechamiento sustentable del bosque nativo, permitiendo actividades de bajo impacto en zonas de máxima preservación), y el artículo 14 (que permite la intervención en zonas de máxima conservación para obras públicas y su explotación si estuvieran en zonas aptas para cultivos con riego).
“El decreto no es malo porque se terminan no aplicando artículos gravemente inconstitucionales. Que la Provincia admita esto no es menor”, indicó Alejandro Vera, abogado integrante del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
Alerta. Desmonte. Según estudios, entre 2004 y 2010 Córdoba perdió el 40 por ciento de sus bosques nativos: 269 mil hectáreas.
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De la Sota reclama a la Nación plata por los bosques
La Provincia le reclama a la Nación fondos por haber armonizado la ley de bosques nativosEl viernes, en el Boletín Oficial, la Provincia publicó un decreto para dejar sin efecto dos artículos de la ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos (9.814) considerados inconstitucionales por no respetar lo expuesto en la ley de presupuestos mínimos nacional para protección de bosques (26.331).
Habiendo formalizado estos cambios, desde el Panal consideran que Córdoba ya debe cobrar los fondos por protección de bosques que la ley nacional establece que le corresponden a las provincias que hayan sancionado su ordenamiento territorial, por eso, el secretario de Ambiente de la Provincia, Federico Bocco, envió una carta a la Nación para que en un plazo de 15 días se haga efectiva la reserva de fondos.
Según explicaron desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, el decreto que suspende los artículos más controversiales de la ley provincial fue consensuado en el marco de la Comisión Federal de Medio Ambiente (Cofema) y aprobados por la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Este decreto deja sin efecto el artículo 6 de la ley sancionada en 2010 (que fija las pautas para el aprovechamiento sustentable del bosque nativo, permitiendo actividades de bajo impacto en zonas de máxima preservación), y el artículo 14 (que permite la intervención en zonas de máxima conservación para obras públicas y su explotación si estuvieran en zonas aptas para cultivos con riego).
“El decreto no es malo porque se terminan no aplicando artículos gravemente inconstitucionales. Que la Provincia admita esto no es menor”, indicó Alejandro Vera, abogado integrante del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
Alerta. Desmonte. Según estudios, entre 2004 y 2010 Córdoba perdió el 40 por ciento de sus bosques nativos: 269 mil hectáreas.
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26 abr 2013
ONGs plantean una Córdoba sin energía nuclear
La Voz del Interior - Edición Electrónica (26/04/2013)
Plantean debate legislativo por "una Córdoba no nuclear"
Organizaciones ambientalistas promueven una ley que prohíba esa actividad en la provincia. Tres legisladores apoyan la iniciativa y proponen debatirla en la Legislatura.
Se concretó este jueves en la Legislatura provincial una jornada para empezar a debatir el proyecto de ley, impulsado por varias entidades ambientalistas, que propone la prohibición de las actividades nucleares en Córdoba a partir de 2014.
Contó con la presencia de legisladores provinciales y miembros de organizaciones que impulsan este proyecto, cuyas principales metas son frenar el proyecto en marcha para la extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse, prohibir el transporte de sustancias radioactivas por territorio provincial y poner fecha límite al postergado cierre de la fábrica Dioxitek, en la Capital, entre otros puntos. Excluye de las prohibiciones los fines medicinales, industriales y de docencia de la energía nuclear.
El proyecto fue asumido como propio por tres legisladores: Roberto Birri (Frente Cívico) y Rodrigo de Loredo y Amalia Vagni (UCR).
Las organizaciones que integran la campaña “Córdoba No Nuclear” realizan desde hace dos semanas una junta de firmas a escala provincial para alcanzar las 25.000 establecidas en la legislación actual para que el proyecto adopte estatus de “Iniciativa Popular” y la Legislatura tenga la obligación de tratarlo. Participan de esa iniciativa Greenpece, el Cedha, Fundación TierraVida. Ecositio y otras ONG ambientalistas.
“Nos alegra que algunos legisladores tomen la iniciativa de fomentar el debate nuclear en Córdoba", señlaó en el encuentro Mauro Fernández, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace. "Esperamos ver de qué lado se para la totalidad del cuerpo legislativo provincial”, desafió luego.
Juan Villalonga,de la Junta Directiva de Los Verdes, opinó que “es muy importante que la Legislatura de Córdoba se haga eco de este tema trascendente, es una discusión que pone sobre la mesa desde los impactos de la minería de uranio y los costos que pagamos por la energía hasta el modelo energético que queremos desarrollar en los próximos años”.
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Plantean debate legislativo por "una Córdoba no nuclear"
Organizaciones ambientalistas promueven una ley que prohíba esa actividad en la provincia. Tres legisladores apoyan la iniciativa y proponen debatirla en la Legislatura.
Se concretó este jueves en la Legislatura provincial una jornada para empezar a debatir el proyecto de ley, impulsado por varias entidades ambientalistas, que propone la prohibición de las actividades nucleares en Córdoba a partir de 2014.
Contó con la presencia de legisladores provinciales y miembros de organizaciones que impulsan este proyecto, cuyas principales metas son frenar el proyecto en marcha para la extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse, prohibir el transporte de sustancias radioactivas por territorio provincial y poner fecha límite al postergado cierre de la fábrica Dioxitek, en la Capital, entre otros puntos. Excluye de las prohibiciones los fines medicinales, industriales y de docencia de la energía nuclear.
El proyecto fue asumido como propio por tres legisladores: Roberto Birri (Frente Cívico) y Rodrigo de Loredo y Amalia Vagni (UCR).
Las organizaciones que integran la campaña “Córdoba No Nuclear” realizan desde hace dos semanas una junta de firmas a escala provincial para alcanzar las 25.000 establecidas en la legislación actual para que el proyecto adopte estatus de “Iniciativa Popular” y la Legislatura tenga la obligación de tratarlo. Participan de esa iniciativa Greenpece, el Cedha, Fundación TierraVida. Ecositio y otras ONG ambientalistas.
“Nos alegra que algunos legisladores tomen la iniciativa de fomentar el debate nuclear en Córdoba", señlaó en el encuentro Mauro Fernández, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace. "Esperamos ver de qué lado se para la totalidad del cuerpo legislativo provincial”, desafió luego.
Juan Villalonga,de la Junta Directiva de Los Verdes, opinó que “es muy importante que la Legislatura de Córdoba se haga eco de este tema trascendente, es una discusión que pone sobre la mesa desde los impactos de la minería de uranio y los costos que pagamos por la energía hasta el modelo energético que queremos desarrollar en los próximos años”.
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7 mar 2013
Piden prohíbir las actividades nucleares
La Mañana de Córdoba (07/03/2013)
Exigen una ley que prohíba las actividades nucleares
Organizaciones presentaron ayer en Córdoba un proyecto para que desde el 1 de enero de 2014 se inhiba esta actividad en la provincia. Proponen además una recolección de firmas que sería considerada como iniciativa popular.
Las organizaciones que componen la coalición “Córdoba No Nuclear” presentaron ayer por la mañana un proyecto de Ley en la Legislatura Provincial que promueve la desnuclearización de la Provincia de Córdoba a partir del 1 de enero de 2014. Asimismo, anunciaron el inicio del proceso formal de recolección de firmas para que sea adoptado por la Legislatura como “Iniciativa Popular”, de acuerdo a lo reglamentado por la Ley Provincial 7811.
En una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Legislatura, los representantes de la coalición, comentaron la importancia del año legislativo que inicia “para abandonar completamente el peligro nuclear que amenaza a 4 millones de personas y miles de hectáreas cultivables en 300 kilómetros alrededor de la Central Nuclear Embalse, tomando en cuenta el alcance que las emisiones radiactivas han demostrado alcanzar en los accidentes de Chernobyl y Fukushima”.
Asimismo, las organizaciones recordaron que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, por lo que es responsabilidad de la Provincia legislar de acuerdo a la protección de los mismos.
El texto de la “Iniciativa Popular” que impulsa la coalición prohíbe explícitamente la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo en la provincia de Córdoba a partir del 1 de enero de 2014. Asimismo, reitera la prohibición de la minería de minerales nucleares como el Uranio y el Torio en todo el territorio provincial, y sólo permite la continuidad de Dioxitek en la provincia, hasta el vencimiento del convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Municipalidad de la ciudad cordobesa. No se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación.
Integran la coalición el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
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La Voz del Interior (07/03/2013)
Juntan firmas para que Córdoba sea territorio no nuclear
Organizaciones ambientalistas presentaron un proyecto de ley y buscan que se trate como iniciativa popular.
Organizaciones de la coalición “Córdoba No Nuclear” presentaron ayer en la Legislatura un proyecto de ley que promueve la desnuclearización de la provincia. Anunciaron el inicio de la junta de firmas para una iniciativa popular al respecto.
Integran la coalición el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
El proyecto promueve la desnuclearización a partir del 1 de enero de 2014, prohibiendo la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo.
También reitera la prohibición de la minería de minerales nucleares como el uranio y el torio y permite la continuidad de Dioxitek en la ciudad de Córdoba hasta el vencimiento del convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Municipalidad. No se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación.
Las organizaciones informaron que la iniciativa se toma “para abandonar completamente el peligro nuclear que amenaza a cuatro millones de personas y miles de hectáreas cultivables en 300 kilómetros alrededor de la Central Nuclear Embalse, tomando en cuenta el alcance que las emisiones radiactivas han demostrado alcanzar en los accidentes de Chernobyl y Fukushima”.
Y afirmaron que el artículo 124 de la Constitución Nacional “reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, por lo que es responsabilidad de la Provincia legislar” al respecto.
Dónde firmar. La primera ocasión para juntar firmas será el sábado de 10 a 14 frente a la Legislatura. Necesitan 25 mil para tratar el proyecto.
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Exigen una ley que prohíba las actividades nucleares
Organizaciones presentaron ayer en Córdoba un proyecto para que desde el 1 de enero de 2014 se inhiba esta actividad en la provincia. Proponen además una recolección de firmas que sería considerada como iniciativa popular.Las organizaciones que componen la coalición “Córdoba No Nuclear” presentaron ayer por la mañana un proyecto de Ley en la Legislatura Provincial que promueve la desnuclearización de la Provincia de Córdoba a partir del 1 de enero de 2014. Asimismo, anunciaron el inicio del proceso formal de recolección de firmas para que sea adoptado por la Legislatura como “Iniciativa Popular”, de acuerdo a lo reglamentado por la Ley Provincial 7811.
En una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Legislatura, los representantes de la coalición, comentaron la importancia del año legislativo que inicia “para abandonar completamente el peligro nuclear que amenaza a 4 millones de personas y miles de hectáreas cultivables en 300 kilómetros alrededor de la Central Nuclear Embalse, tomando en cuenta el alcance que las emisiones radiactivas han demostrado alcanzar en los accidentes de Chernobyl y Fukushima”.
Asimismo, las organizaciones recordaron que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, por lo que es responsabilidad de la Provincia legislar de acuerdo a la protección de los mismos.
El texto de la “Iniciativa Popular” que impulsa la coalición prohíbe explícitamente la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo en la provincia de Córdoba a partir del 1 de enero de 2014. Asimismo, reitera la prohibición de la minería de minerales nucleares como el Uranio y el Torio en todo el territorio provincial, y sólo permite la continuidad de Dioxitek en la provincia, hasta el vencimiento del convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Municipalidad de la ciudad cordobesa. No se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación.
Integran la coalición el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
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La Voz del Interior (07/03/2013)
Juntan firmas para que Córdoba sea territorio no nuclear
Organizaciones ambientalistas presentaron un proyecto de ley y buscan que se trate como iniciativa popular.
Organizaciones de la coalición “Córdoba No Nuclear” presentaron ayer en la Legislatura un proyecto de ley que promueve la desnuclearización de la provincia. Anunciaron el inicio de la junta de firmas para una iniciativa popular al respecto.
Integran la coalición el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
El proyecto promueve la desnuclearización a partir del 1 de enero de 2014, prohibiendo la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo.
También reitera la prohibición de la minería de minerales nucleares como el uranio y el torio y permite la continuidad de Dioxitek en la ciudad de Córdoba hasta el vencimiento del convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Municipalidad. No se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación.
Las organizaciones informaron que la iniciativa se toma “para abandonar completamente el peligro nuclear que amenaza a cuatro millones de personas y miles de hectáreas cultivables en 300 kilómetros alrededor de la Central Nuclear Embalse, tomando en cuenta el alcance que las emisiones radiactivas han demostrado alcanzar en los accidentes de Chernobyl y Fukushima”.
Y afirmaron que el artículo 124 de la Constitución Nacional “reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, por lo que es responsabilidad de la Provincia legislar” al respecto.
Dónde firmar. La primera ocasión para juntar firmas será el sábado de 10 a 14 frente a la Legislatura. Necesitan 25 mil para tratar el proyecto.
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6 mar 2013
Córdoba No Nuclear presentó proyecto de ley
La Voz del Interior - Edición Electrónica (06/03/2013)
Ambientalistas presentaron un proyecto para prohibir actividades nucleares en Córdoba
La propuesta busca prohibir la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo a partir del próximo año en la Provincia de Córdoba.
Las organizaciones integradas en la coalición “Córdoba No Nuclear” (ver sitio web) ofrecieron una conferencia de prensa en la que presentaron un proyecto de ley en la Legislatura proponiendo la “desnuclearización” en la Provincia a partir de 2014.
La propuesta que impulsan pretende prohibir la “generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo a partir del próximo año en la Provincia de Córdoba”, según detallan las organizaciones en un comunicado.
El texto aclara que “no se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación”.
Las organizaciones realizarán una recolección de firmas para que la Unicameral adopte la propuesta como una “iniciativa popular”, de acuerdo a lo reglamentado por la Ley Provincial 7.811.
Las organizaciones realizan la propuesta tras conocerse que la Central Atómica de Embalse ha llegado al límite de su vida útil y que el gobierno nacional está dispuesto a invertir más dinero para extender la vida de esa central.
“El enorme potencial renovable refuerza la viabilidad de cambiar el rumbo, dejando atrás el riesgo nuclear y colocar a Córdoba al frente de un proceso de desnuclearización y así liderar la transición energética necesaria en el país”, concluyen en el comunicado.
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Ambientalistas presentaron un proyecto para prohibir actividades nucleares en Córdoba
La propuesta busca prohibir la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo a partir del próximo año en la Provincia de Córdoba.
Las organizaciones integradas en la coalición “Córdoba No Nuclear” (ver sitio web) ofrecieron una conferencia de prensa en la que presentaron un proyecto de ley en la Legislatura proponiendo la “desnuclearización” en la Provincia a partir de 2014.
La propuesta que impulsan pretende prohibir la “generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo a partir del próximo año en la Provincia de Córdoba”, según detallan las organizaciones en un comunicado.
El texto aclara que “no se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación”.
Las organizaciones realizarán una recolección de firmas para que la Unicameral adopte la propuesta como una “iniciativa popular”, de acuerdo a lo reglamentado por la Ley Provincial 7.811.
Las organizaciones realizan la propuesta tras conocerse que la Central Atómica de Embalse ha llegado al límite de su vida útil y que el gobierno nacional está dispuesto a invertir más dinero para extender la vida de esa central.
“El enorme potencial renovable refuerza la viabilidad de cambiar el rumbo, dejando atrás el riesgo nuclear y colocar a Córdoba al frente de un proceso de desnuclearización y así liderar la transición energética necesaria en el país”, concluyen en el comunicado.
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25 feb 2013
Córdoba No Nuclear se manifestó en Embalse
La Voz del Interior - Edición Electrónica (25/02/2013)
Manifestación anti-nuclear en Embalse
Activistas de distintas organizaciones simularon la muerte súbita de una decena de personas para visibilizar los riesgos de la energía atómica.
Un grupo de activistas de organizaciones protagonizaron ayer en Embalse una manifestación para pedir el cierre de la central nuclear ubicada en esa ciudad cordobesa.
Los integrantes de la campaña "Córdoba No Nuclear" realizaron una simulación de muerte súbita en playa El Ceibo, donde una decena de "víctimas" eran trasladados por "liquidadores nucleares" a un gazebo.
Luego, activistas desplegaron una muestra fotográfica caminante, con imágenes de del desastre atómico de Chernobyl.
"La necesidad de intervenir esta actividad para evidenciar la otra cara de la energía atómica es una nueva prueba de la falta de debate sobre el futuro de la Central Nuclear Embalse, incluso ante la población local, la que mayores impactos recibe a su salud y que sería la principal damnificada en el caso de un accidente", dijo Mauro Fernández, uno de los voceros, según un comunicado difundido por la coalición.
José Guzmán, otro integrante, dijo que "es preciso que la sociedad cordobesa se oponga a este innecesario riesgo en nuestra provincia. Así como ya hemos logrado prohibir la contaminante minería de Uranio a nivel provincial, debemos ahora proponer el cierre definitivo de la planta atómica de Embalse".
Itengran la coalición "Córdoba No Nuclear" el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
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La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (25/02/2013)
Campaña por una “Córdoba No Nuclear”
Manifestación anti-nuclear en Embalse
Activistas de distintas organizaciones simularon la muerte súbita de una decena de personas para visibilizar los riesgos de la energía atómica.Un grupo de activistas de organizaciones protagonizaron ayer en Embalse una manifestación para pedir el cierre de la central nuclear ubicada en esa ciudad cordobesa.
Los integrantes de la campaña "Córdoba No Nuclear" realizaron una simulación de muerte súbita en playa El Ceibo, donde una decena de "víctimas" eran trasladados por "liquidadores nucleares" a un gazebo.
Luego, activistas desplegaron una muestra fotográfica caminante, con imágenes de del desastre atómico de Chernobyl.
"La necesidad de intervenir esta actividad para evidenciar la otra cara de la energía atómica es una nueva prueba de la falta de debate sobre el futuro de la Central Nuclear Embalse, incluso ante la población local, la que mayores impactos recibe a su salud y que sería la principal damnificada en el caso de un accidente", dijo Mauro Fernández, uno de los voceros, según un comunicado difundido por la coalición.
José Guzmán, otro integrante, dijo que "es preciso que la sociedad cordobesa se oponga a este innecesario riesgo en nuestra provincia. Así como ya hemos logrado prohibir la contaminante minería de Uranio a nivel provincial, debemos ahora proponer el cierre definitivo de la planta atómica de Embalse".
Itengran la coalición "Córdoba No Nuclear" el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
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La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (25/02/2013)
Campaña por una “Córdoba No Nuclear”
A través de una actividad de Nucleoeléctrica, activistas de la campaña exigieron ayer el cierre de la Central Nuclear de esa ciudad.
En el marco de la campaña “Córdoba No Nuclear”, un grupo de activistas realizaron una aintervención en Nucleoeléctrica Argentina de Embalse (la empresa operadora de las centrales nucleares argentinas que opera en la ciudad de Embalse, con el propósito de visibilizar los riesgos, la contaminación y los impactos a la salud que produce la energía atómica.
Además se montó una muestra fotográfica caminante, con imágenes de víctimas del desastre atómico de Chernobyl, al tiempo que decenas de voluntarios distribuían folletos con información sobre los impactos de la energía atómica.
“La necesidad de intervenir para evidenciar la otra cara de la energía atómica es una nueva prueba de la falta de debate sobre el futuro de la Central Nuclear Embalse, incluso ante la población local, la que mayores impactos recibe a su salud y que sería la principal damnificada en el caso de un accidente”, precisó Mauro Fernández, uno de los voceros.
Por su parte, José Guzmán, dijo: “Es preciso que la sociedad cordobesa se oponga a este innecesario riesgo en nuestra provincia. Así como ya hemos logrado prohibir la contaminante minería de Uranio a nivel provincial, debemos ahora proponer el cierre definitivo de la planta atómica de Embalse”.
Quiénes integran “Córdoba No Nuclear”. La coalición está formada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida. En los últimos días estuvieron presentes en distintos paradores de Villa Carlos Paz, en el Festival de Peñas de Villa María y en el Cosquín Rock, donde recolectaron más de 4.000 firmas en apoyo a la campaña.
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En el marco de la campaña “Córdoba No Nuclear”, un grupo de activistas realizaron una aintervención en Nucleoeléctrica Argentina de Embalse (la empresa operadora de las centrales nucleares argentinas que opera en la ciudad de Embalse, con el propósito de visibilizar los riesgos, la contaminación y los impactos a la salud que produce la energía atómica.
Además se montó una muestra fotográfica caminante, con imágenes de víctimas del desastre atómico de Chernobyl, al tiempo que decenas de voluntarios distribuían folletos con información sobre los impactos de la energía atómica.
“La necesidad de intervenir para evidenciar la otra cara de la energía atómica es una nueva prueba de la falta de debate sobre el futuro de la Central Nuclear Embalse, incluso ante la población local, la que mayores impactos recibe a su salud y que sería la principal damnificada en el caso de un accidente”, precisó Mauro Fernández, uno de los voceros.
Por su parte, José Guzmán, dijo: “Es preciso que la sociedad cordobesa se oponga a este innecesario riesgo en nuestra provincia. Así como ya hemos logrado prohibir la contaminante minería de Uranio a nivel provincial, debemos ahora proponer el cierre definitivo de la planta atómica de Embalse”.
Quiénes integran “Córdoba No Nuclear”. La coalición está formada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida. En los últimos días estuvieron presentes en distintos paradores de Villa Carlos Paz, en el Festival de Peñas de Villa María y en el Cosquín Rock, donde recolectaron más de 4.000 firmas en apoyo a la campaña.
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31 ene 2013
'Córdoba No Nuclear' en Villa María
El Diario de Villa María (31/01/2013)
Ambientalistas harán campaña por una 'Córdoba No Nuclear'
En un stand del recorrido peñero, EcoSitio y entidades de toda la provincia darán a conocer la iniciativa que propone que en Córdoba “se abandone la energía atómica a partir de enero de 2014”
La coalición “Córdoba No Nuclear” que integra al colectivo ambientalista villamariense EcoSitio estará presente durante los días en que se desarrolle el Festival Nacional de Peñas de Villa María, fomentando una campaña especial.
Según pudo conocer este matutino, voluntarios de las organizaciones que integran la campaña “Córdoba No Nuclear” darán a conocer su iniciativa en el marco del recorrido peñero que estará activo hasta el venidero lunes.
Los días viernes, sábado y domingo, a partir de las 21, los activistas ofrecerán información para que la gente pueda sumarse a la campaña para que Córdoba abandone la energía atómica a partir del 1 de enero de 2014.
Evitar errores del pasado
“El país está atravesando una crisis energética que lo obliga a redefinir el rumbo a seguir en las próximas décadas. La Argentina puede profundizar el paradigma fósil y nuclear que llevó a la crisis actual o comenzar una transición hacia fuentes renovables, limpias y seguras que garanticen su abastecimiento”, manifestaron desde la entidad que nuclea a los grupos ambientalistas.
“El Gobierno nacional reactivó el plan nuclear de la última década militar, pretende construir nuevas plantas y prolongar la operación de reactores obsoletos, como el de Embalse en la provincia de Córdoba”, advirtieron.
“La provincia de Córdoba, por su parte, ya comenzó la transición para abandonar los peligros de la energía atómica. En 2008 sancionó la Ley 9.526, que prohíbe la minería de uranio y torio”, explicaron también los de “Córdoba No Nuclear”.
“En tanto, el municipio de Córdoba Capital ha sancionado la Ordenanza Nº 8.133 de uso de suelo, que prohíbe que una planta purificadora de uranio como Dioxitek, pueda estar ubicada en un barrio de categoría 2, como lo es Alta Córdoba. Por esto el municipio ha instado en reiteradas oportunidades a la planta a abandonar el ejido municipal de la ciudad”, acotaron.
“Ahora, la provincia tiene una oportunidad histórica. La Central Atómica de Embalse ha llegado al límite de su vida útil y el Gobierno nacional está dispuesto a invertir más dinero para extender la vida de esa central”, enfatizaron los impulsores de la cruzada antiatómica.
“La política energética actual nos conduce a repetir los mismos errores del pasado. El enorme potencial renovable refuerza la viabilidad de cambiar el rumbo, dejando atrás el riesgo nuclear y colocar a Córdoba al frente de un proceso de desnuclearización y así liderar la transición energética necesaria para el país”, concluye el comunicado al que adhieren los integrantes de EcoSitio, presidido por Luis Tuninetti.
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Ambientalistas harán campaña por una 'Córdoba No Nuclear'
En un stand del recorrido peñero, EcoSitio y entidades de toda la provincia darán a conocer la iniciativa que propone que en Córdoba “se abandone la energía atómica a partir de enero de 2014”La coalición “Córdoba No Nuclear” que integra al colectivo ambientalista villamariense EcoSitio estará presente durante los días en que se desarrolle el Festival Nacional de Peñas de Villa María, fomentando una campaña especial.
Según pudo conocer este matutino, voluntarios de las organizaciones que integran la campaña “Córdoba No Nuclear” darán a conocer su iniciativa en el marco del recorrido peñero que estará activo hasta el venidero lunes.
Los días viernes, sábado y domingo, a partir de las 21, los activistas ofrecerán información para que la gente pueda sumarse a la campaña para que Córdoba abandone la energía atómica a partir del 1 de enero de 2014.
Evitar errores del pasado
“El país está atravesando una crisis energética que lo obliga a redefinir el rumbo a seguir en las próximas décadas. La Argentina puede profundizar el paradigma fósil y nuclear que llevó a la crisis actual o comenzar una transición hacia fuentes renovables, limpias y seguras que garanticen su abastecimiento”, manifestaron desde la entidad que nuclea a los grupos ambientalistas.
“El Gobierno nacional reactivó el plan nuclear de la última década militar, pretende construir nuevas plantas y prolongar la operación de reactores obsoletos, como el de Embalse en la provincia de Córdoba”, advirtieron.
“La provincia de Córdoba, por su parte, ya comenzó la transición para abandonar los peligros de la energía atómica. En 2008 sancionó la Ley 9.526, que prohíbe la minería de uranio y torio”, explicaron también los de “Córdoba No Nuclear”.
“En tanto, el municipio de Córdoba Capital ha sancionado la Ordenanza Nº 8.133 de uso de suelo, que prohíbe que una planta purificadora de uranio como Dioxitek, pueda estar ubicada en un barrio de categoría 2, como lo es Alta Córdoba. Por esto el municipio ha instado en reiteradas oportunidades a la planta a abandonar el ejido municipal de la ciudad”, acotaron.
“Ahora, la provincia tiene una oportunidad histórica. La Central Atómica de Embalse ha llegado al límite de su vida útil y el Gobierno nacional está dispuesto a invertir más dinero para extender la vida de esa central”, enfatizaron los impulsores de la cruzada antiatómica.
“La política energética actual nos conduce a repetir los mismos errores del pasado. El enorme potencial renovable refuerza la viabilidad de cambiar el rumbo, dejando atrás el riesgo nuclear y colocar a Córdoba al frente de un proceso de desnuclearización y así liderar la transición energética necesaria para el país”, concluye el comunicado al que adhieren los integrantes de EcoSitio, presidido por Luis Tuninetti.
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14 dic 2012
Campaña para abandonar la energía nuclear
La Mañana de Córdoba (14/12/2012)
ONGs presentaron campaña para que Córdoba abandone la energía atómica en 2014
Las organizaciones ambientalistas promocionaron además el sitio Web: cordobanonuclear.org para sumar adhesiones a la campaña.
Las organizaciones Cedha, Eco-Sitio (Villa María), Greenpeace, Los Verdes-FEP, Red Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida, brindaron ayer una conferencia de prensa en el Paseo del Buen Pastor, donde presentaron una campaña conjunta en la que exigen que la Provincia de Córdoba que abandone las actividades nucleares antes del 1 de enero de 2014. Con este fin, se puso en funcionamiento el sitio Web: cordobanonuclear.org en la que las organizaciones invitan a los cordobeses a sumarse a esta campaña “por una provincia más limpia y más segura en materia energética”.
La iniciativa se basa en la crisis energética que atraviesa el país y una propuesta para redefinir el rumbo a seguir en las próximas décadas. “Argentina puede profundizar la utilización de energías sucias, como las fósiles y la nuclear, o comenzar una transición hacia fuentes renovables, limpias y seguras que garanticen el abastecimiento energético”, aseguraron.
“Córdoba ya comenzó la transición para abandonar la energía atómica. En 2008 sancionó la Ley 9526 que prohíbe la minería de uranio y torio. Por su parte, en 2012, la Municipalidad de Córdoba acordó que la empresa Dioxitek cese sus actividades en el ejido municipal. Es necesario garantizar el cumplimiento de estos objetivos, y profundizar el apagón nuclear con el cierre de la usina atómica de Embalse”, aseguraron a la vez que aseguraron que la plataforma “Córdoba No Nuclear”, no se opone a los usos medicinales de la energía nuclear.
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La Voz del Interior (14/12/2012)
Comenzó la campaña para abandonar la energía nuclear
La impulsan Greenpeace, Cedha y otras organizaciones. Creen que no se debe extender la vida útil del reactor de la Central de Embalse.
Las organizaciones Cedha (Centro de Derechos Humanos y Ambiente), Eco-Sitio (de Villa María), Greenpeace, Los Verdes-FEP, la Red Nuestra Córdoba y la Fundación TierraVida, presentaron ayer una plataforma desde la cual exigen que la provincia de Córdoba abandone las actividades nucleares antes del 1° de enero de 2014.
Al mismo tiempo, invitaron a todas las organizaciones ambientalistas y actores sociales de la provincia de Córdoba a adherir a la iniciativa.
La campaña, a la que denominan #CórdobaNoNuclear, motorizará acciones para difundir y visibilizar la problemática nuclear de la provincia, específicamente en lo que respecta a la extensión de vida del reactor atómico de Embalse, a 100 kilómetros de la Ciudad, al necesario cierre de Dioxitek y al estricto cumplimiento de la prohibición de la minería de Uranio establecido por la Ley 9.526.
Cómo. La sociedad cordobesa podrá adherir a la campaña en el sitio web www.cordobanonuclear.org.
“La Provincia dio un primer paso necesario en 2008, cuando sancionó la ley 9.526 que prohíbe la minería de uranio y torio, y profundizó ese camino al exigirle a Dioxitek que cierre sus puertas en la Ciudad de Córdoba. El paso lógico y urgente que la provincia debe dar en esta dirección, es cerrarle las puertas a la usina atómica de Embalse, un reactor peligroso y obsoleto, que el Gobierno Nacional pretende extender por 30 años más allá de su vida útil de diseño”, señalaron las organizaciones. “Es necesario que la provincia garantice el cumplimiento de la Ley 9.526, y exigir transparencia en cuanto al acuerdo para que Dioxitek abandone el ejido municipal de Córdoba”, agregaron.
Por último, sostuvieron que “el país atraviesa una crisis energética que lo obliga a redefinir el rumbo a seguir en las próximas décadas. La Central Nuclear Embalse representa un caso inédito en el país. Es la primera planta atómica que llega al fin de su vida útil y debe definirse la política que adopta el país en cuanto a los reactores obsoletos: el cierre, o extender 30 años su operación. Córdoba puede liderar la transición energética que el país necesita, comenzando por el abandono de la energía atómica y favoreciendo el desarrollo de energías limpias y seguras, como la eólica”.
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ONGs presentaron campaña para que Córdoba abandone la energía atómica en 2014
Las organizaciones ambientalistas promocionaron además el sitio Web: cordobanonuclear.org para sumar adhesiones a la campaña.Las organizaciones Cedha, Eco-Sitio (Villa María), Greenpeace, Los Verdes-FEP, Red Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida, brindaron ayer una conferencia de prensa en el Paseo del Buen Pastor, donde presentaron una campaña conjunta en la que exigen que la Provincia de Córdoba que abandone las actividades nucleares antes del 1 de enero de 2014. Con este fin, se puso en funcionamiento el sitio Web: cordobanonuclear.org en la que las organizaciones invitan a los cordobeses a sumarse a esta campaña “por una provincia más limpia y más segura en materia energética”.
La iniciativa se basa en la crisis energética que atraviesa el país y una propuesta para redefinir el rumbo a seguir en las próximas décadas. “Argentina puede profundizar la utilización de energías sucias, como las fósiles y la nuclear, o comenzar una transición hacia fuentes renovables, limpias y seguras que garanticen el abastecimiento energético”, aseguraron.
“Córdoba ya comenzó la transición para abandonar la energía atómica. En 2008 sancionó la Ley 9526 que prohíbe la minería de uranio y torio. Por su parte, en 2012, la Municipalidad de Córdoba acordó que la empresa Dioxitek cese sus actividades en el ejido municipal. Es necesario garantizar el cumplimiento de estos objetivos, y profundizar el apagón nuclear con el cierre de la usina atómica de Embalse”, aseguraron a la vez que aseguraron que la plataforma “Córdoba No Nuclear”, no se opone a los usos medicinales de la energía nuclear.
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La Voz del Interior (14/12/2012)
Comenzó la campaña para abandonar la energía nuclear
La impulsan Greenpeace, Cedha y otras organizaciones. Creen que no se debe extender la vida útil del reactor de la Central de Embalse.
Las organizaciones Cedha (Centro de Derechos Humanos y Ambiente), Eco-Sitio (de Villa María), Greenpeace, Los Verdes-FEP, la Red Nuestra Córdoba y la Fundación TierraVida, presentaron ayer una plataforma desde la cual exigen que la provincia de Córdoba abandone las actividades nucleares antes del 1° de enero de 2014.
Al mismo tiempo, invitaron a todas las organizaciones ambientalistas y actores sociales de la provincia de Córdoba a adherir a la iniciativa.
La campaña, a la que denominan #CórdobaNoNuclear, motorizará acciones para difundir y visibilizar la problemática nuclear de la provincia, específicamente en lo que respecta a la extensión de vida del reactor atómico de Embalse, a 100 kilómetros de la Ciudad, al necesario cierre de Dioxitek y al estricto cumplimiento de la prohibición de la minería de Uranio establecido por la Ley 9.526.
Cómo. La sociedad cordobesa podrá adherir a la campaña en el sitio web www.cordobanonuclear.org.
“La Provincia dio un primer paso necesario en 2008, cuando sancionó la ley 9.526 que prohíbe la minería de uranio y torio, y profundizó ese camino al exigirle a Dioxitek que cierre sus puertas en la Ciudad de Córdoba. El paso lógico y urgente que la provincia debe dar en esta dirección, es cerrarle las puertas a la usina atómica de Embalse, un reactor peligroso y obsoleto, que el Gobierno Nacional pretende extender por 30 años más allá de su vida útil de diseño”, señalaron las organizaciones. “Es necesario que la provincia garantice el cumplimiento de la Ley 9.526, y exigir transparencia en cuanto al acuerdo para que Dioxitek abandone el ejido municipal de Córdoba”, agregaron.
Por último, sostuvieron que “el país atraviesa una crisis energética que lo obliga a redefinir el rumbo a seguir en las próximas décadas. La Central Nuclear Embalse representa un caso inédito en el país. Es la primera planta atómica que llega al fin de su vida útil y debe definirse la política que adopta el país en cuanto a los reactores obsoletos: el cierre, o extender 30 años su operación. Córdoba puede liderar la transición energética que el país necesita, comenzando por el abandono de la energía atómica y favoreciendo el desarrollo de energías limpias y seguras, como la eólica”.
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13 dic 2012
Presentan campaña antinuclear
La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (13/12/2012)
Campaña para que Córdoba abandone energía atómica
Será presentada hoy a las 19 en el Paseo del Buen Pastor, en el bar “Santos Colores”. La idea es que la provincia abandone el sistema a partir de 2014.
Las organizaciones CEDHA, Eco-Sitio (Villa María), Greenpeace, Los Verdes-FEP, Red Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida, presentarán hoy una campaña conjunta en la que exigen que la Provincia de Córdoba que abandone las actividades nucleares antes del 1 de enero de 2014.
Desde el sitio www.cordobanonuclear.org las organizaciones invitaron además a la sociedad a sumarse a esta campaña por una provincia más limpia y más segura en materia energética. La adhesión está abierta a todos los colectivos, movimientos u organizaciones de la provincia que quieran sumarse como promotores de esta iniciativa.
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Campaña para que Córdoba abandone energía atómica
Será presentada hoy a las 19 en el Paseo del Buen Pastor, en el bar “Santos Colores”. La idea es que la provincia abandone el sistema a partir de 2014.
Las organizaciones CEDHA, Eco-Sitio (Villa María), Greenpeace, Los Verdes-FEP, Red Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida, presentarán hoy una campaña conjunta en la que exigen que la Provincia de Córdoba que abandone las actividades nucleares antes del 1 de enero de 2014.
Desde el sitio www.cordobanonuclear.org las organizaciones invitaron además a la sociedad a sumarse a esta campaña por una provincia más limpia y más segura en materia energética. La adhesión está abierta a todos los colectivos, movimientos u organizaciones de la provincia que quieran sumarse como promotores de esta iniciativa.
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22 jun 2012
Ongs cordobesas en Río + 20
La Voz del Interior (22/06/2012)
Demandas y logros de cordobeses
El Movimiento Campesino y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) son de las pocas ONG cordobesas presentes en Río+20.
Cien integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, 15 cordobeses, fueron a Río a participar de la Cumbre de los Pueblos. Llegaron en colectivo y están acampando en el Sambódromo de la ciudad. El miércoles participaron de una marcha que convocó a 20 mil personas por las calles cariocas.
Integran la asociación mundial Vía Campesina. “Rechazamos de plano las falsas soluciones, que plantean que mercantilizando y cotizando los recursos naturales como el bosque y el agua vamos a reducir el efecto invernadero”, dice la cordobesa Susana Rosales.
Los campesinos cordobeses intercambiaron experiencias con colegas latinoamericanos. “Como nosotros, resisten y padecen las consecuencias de este modelo de desarrollo: desmonte, contaminación, desalojos y pobreza extrema”, apunta.
Y plantea: “La producción campesina enfría el planeta. La agroindustria intensiva, sus insumos y transportes son responsables del 50 por ciento de las emisiones. Proponemos la agroecología como solución”.
Del Cedha vinieron 10 integrantes en avión, la mayoría cordobeses, y se hospedan en dos departamentos alquilados. En las salas de eventos paralelos de la cumbre oficial, organizaron varios talleres sobre minería y glaciares que fueron muy demandados. También participaron de la Cumbre de los Pueblos con charlas sobre derechos humanos y agua.
“El acuerdo de la ONU se llama ‘El futuro que queremos’. Yo lo llamo ‘El pasado que teníamos’. No tiene ningún compromiso nuevo. Por ejemplo, se dejó de lado un reconocimiento del daño ambiental que produce la megaminería”, comenta Romina Picolotti, fundadora de la ONG.
Rescata como positivo las protestas y que la sociedad civil está alerta, a pesar de que las ONG no son tenidas en cuenta ni por la ONU ni integran las delegaciones de los países. No obstante, Cedha, junto con otras ONG del mundo lograron incorporar en el párrafo 222 del el texto del acuerdo que se reconozca el gas HFC como gran contaminante y se trabaje en su eliminación. “Se encuentran en equipos de aires acondicionados y heladeras. Si se eliminara este gas, se lograría un mitigación mayor de la que fija el Protocolo de Kioto para otros gases”, cuenta.
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Demandas y logros de cordobeses
El Movimiento Campesino y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) son de las pocas ONG cordobesas presentes en Río+20.
Cien integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, 15 cordobeses, fueron a Río a participar de la Cumbre de los Pueblos. Llegaron en colectivo y están acampando en el Sambódromo de la ciudad. El miércoles participaron de una marcha que convocó a 20 mil personas por las calles cariocas.
Integran la asociación mundial Vía Campesina. “Rechazamos de plano las falsas soluciones, que plantean que mercantilizando y cotizando los recursos naturales como el bosque y el agua vamos a reducir el efecto invernadero”, dice la cordobesa Susana Rosales.
Los campesinos cordobeses intercambiaron experiencias con colegas latinoamericanos. “Como nosotros, resisten y padecen las consecuencias de este modelo de desarrollo: desmonte, contaminación, desalojos y pobreza extrema”, apunta.
Y plantea: “La producción campesina enfría el planeta. La agroindustria intensiva, sus insumos y transportes son responsables del 50 por ciento de las emisiones. Proponemos la agroecología como solución”.
Del Cedha vinieron 10 integrantes en avión, la mayoría cordobeses, y se hospedan en dos departamentos alquilados. En las salas de eventos paralelos de la cumbre oficial, organizaron varios talleres sobre minería y glaciares que fueron muy demandados. También participaron de la Cumbre de los Pueblos con charlas sobre derechos humanos y agua.
“El acuerdo de la ONU se llama ‘El futuro que queremos’. Yo lo llamo ‘El pasado que teníamos’. No tiene ningún compromiso nuevo. Por ejemplo, se dejó de lado un reconocimiento del daño ambiental que produce la megaminería”, comenta Romina Picolotti, fundadora de la ONG.
Rescata como positivo las protestas y que la sociedad civil está alerta, a pesar de que las ONG no son tenidas en cuenta ni por la ONU ni integran las delegaciones de los países. No obstante, Cedha, junto con otras ONG del mundo lograron incorporar en el párrafo 222 del el texto del acuerdo que se reconozca el gas HFC como gran contaminante y se trabaje en su eliminación. “Se encuentran en equipos de aires acondicionados y heladeras. Si se eliminara este gas, se lograría un mitigación mayor de la que fija el Protocolo de Kioto para otros gases”, cuenta.
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24 feb 2012
Siete mitos de la minería a gran escala
La Voz del Interior (24/02/2012)
Siete mitos de la minería a gran escala en la Argentina
Por Romina Picolotti - Ex secretaria de Ambiente de la Nación
Desde la década de 1990, empresas mineras extranjeras han sabido construir un complejo sistema de privilegios que les ha permitido saquear a nuestro país. Romina Picolotti.
Reflexionaba José Ingenieros: “Cuando las miserias morales asuelan a un país, la culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria: de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella”. Hoy, sin embargo, parece que los idealistas son enemigos de la patria.
La situación de la minería de oro y plata a gran escala en la Argentina revela un gran desamor por nuestro país. Es posible y oportuno revertirla, simplemente con hechos concretos que demuestren el amor por nuestra tierra.
Desde la década de 1990, empresas mineras extranjeras han sabido construir un complejo sistema de privilegios que les ha permitido saquear nuestro país hasta dejarlo exhausto, no sólo desde lo ambiental sino también desde lo social e institucional.
Prueba de ello ha sido la represión brutal de la Policía de Catamarca contra mujeres y niños que se manifestaban de manera pacífica en defensa de su patria. Ninguno de los manifestantes reclama en pos de un interés individual.
Para comenzar a construir un país mas justo, sin privilegios, en el que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, es preciso aclarar aquellos mitos que algunos pícaros pretenden instaurar como verdades absolutas.
Mito 1: no existen glaciares ni en Catamarca ni en La Rioja.
La realidad: sí existen glaciares en Catamarca y en La Rioja, en zonas de explotación y exploración minera, tal como lo demuestran imágenes satelitales. En Catamarca, en torno de los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado (de las empresas Yamana Gold y Xstrata Copper) y a lo largo de la sierra del Aconquija, hay más de 150 glaciares de roca y algunos glaciares descubiertos. Varios de ellos ya fueron impactados por la actividad minera en la zona.
En La Rioja, hay más de 300 glaciares, muchos de ellos en zonas mineras. Sí hay glaciares en torno del cerro Famatina. Muchos de los glaciares riojanos también muestran impactos por tareas de exploración minera.
Mito 2: la minería genera desarrollo. Aquellos que se oponen a la minería en Catamarca y La Rioja se oponen al desarrollo.
La realidad: La Alumbrera, sita en Catamarca, es una de las minas de oro y plata a cielo abierto más grandes del mundo. Las empresas extranjeras propietarias de los derechos de explotación han facturado aproximadamente 11 mil millones de dólares. Sin embargo, Catamarca es una de las provincias más pobres de la Argentina: el 21,5 por ciento de su gente tiene necesidades básicas insatisfechas.
Mito 3: las empresas mineras cumplen con la legislación vigente.
La realidad: ninguna de las empresas mineras que operan en zona de glaciares cumple con la ley nacional 26.639, de protección de glaciares y ambiente periglacial. Es oportuno destacar que el artículo 6 de esta ley establece: “En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: ... c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial”. La ley declara a los glaciares bienes de carácter público.
Mito 4: la minería no compite por el agua con otras actividades de la zona.
La realidad: La Alumbrera consume aproximadamente 50 millones de litros de agua diarios. Es decir que La Alumbrera consume más agua en un mes de lo que necesita toda la población de Andalgalá para abastecerse durante un año. Si consideramos que la mayoría de las explotaciones mineras se encuentra en zonas áridas o semiáridas, el consumo hídrico de la minería es alarmante.
Mito 5: los glaciares no aportan grandes cantidades de agua.
La realidad: un glaciar del tamaño de una cancha de fútbol y de un metro de espesor (que es menor al tamaño mínimo para ser inventariado según la ley nacional) contiene suficiente agua para abastecer a una familia tipo de cuatro personas con agua potable durante más de 30 años.
En años de escasa precipitación en la Cordillera, los glaciares andinos suministran hasta el 80 por ciento de los caudales de los ríos de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa si consideramos la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y escombros. O sea que, de no contar con ellos, estas provincias dependerían exclusivamente de las precipitaciones para poder acceder al agua y subsistir.
Mito 6: las compañías mineras no tienen privilegio alguno.
La realidad: las empresas mineras gozan de importantes privilegios. Por ejemplo: estabilidad fiscal (congelación tributaria) por 30 años, con el derecho de retener fondos de la coparticipación provincial si la estabilidad fiscal no es respetada; deducción de impuestos del ciento por ciento de montos invertidos en prospección y estudios; diversas exenciones sobre el Impuesto a las Ganancias; ciento por ciento de exención sobre Impuestos sobre Activos; ciento por ciento exento de pagos de derechos de importación; límite máximo de tres por ciento sobre el valor boca de mina a las regalías que puede percibir la provincia y el privilegio de fijar ellas mismas el monto de la reserva por potencial daño ambiental y deducirlo del Impuestos a las Ganancias. Ninguna pyme argentina goza de todos estos privilegios.
Mito 7: la minería no impacta en los glaciares.
La realidad: la megaminería es una de las actividades industriales que mayores perjuicios provocan a los glaciares, tanto en su fase de explotación como en su fase de exploración.
Son claramente visibles por imágenes satelitales numerosos impactos de empresas mineras en glaciares, por ejemplo en proyectos como Veladero, Pascua Lama, Los Azules, El Altar, Del Carmen, José María, Las Flechas, Vicuñas, Batidero, Portones, Amos Andrés, Filo Colorado.
Es oportuno señalar que la empresa canadiense Barrick Gold no sólo ocultó la presencia de decenas de glaciares en su área de impacto en los proyectos Veladero y Pascua Lama, sino que también propuso dinamitar tres glaciares para llegar al oro.
La Dirección General de Aguas de Chile emitió un informe en 2007, en el que señalaba que los glaciares en la zona de influencia del proyecto Pascua Lama habían disminuido en promedio un 70 por ciento, y otros directamente habían desaparecido, sólo durante las actividades de prospección. Como consecuencia de ello, Chile decidió modificar el proyecto original.
La cordillera de los Andes alberga la gran mayoría de nuestros glaciares. Hoy se encuentran en una situación de total indefensión, frente al avance con total impunidad de estas compañías extranjeras, con la venia del Estado.
Pero la gente, que es de este suelo, que tiene su familia allí y que permanecerá aun cuando el oro se haya terminado, ha decidido defender su tierra, su patria, su agua, aquello que la ley de glaciares tiene por objeto proteger.
El momento es ahora; el pueblo entendió que ya no queda más tiempo. Entre dos bienes, el oro y el agua, el pueblo decidió defender el bien vital.
Ahora, siendo conscientes de los sentimientos de desazón e impotencia de los pueblos de Catamarca, frente a tan brutal represión para abrir paso a la fuerza de palos y perros a camiones de la empresa minera suizo-canadiense, es bueno tener presentes las palabras de Eva Perón: “La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Las Fuerzas Armadas sirven a la patria sirviendo al pueblo”.
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Siete mitos de la minería a gran escala en la Argentina
Por Romina Picolotti - Ex secretaria de Ambiente de la Nación
Desde la década de 1990, empresas mineras extranjeras han sabido construir un complejo sistema de privilegios que les ha permitido saquear a nuestro país. Romina Picolotti.
Reflexionaba José Ingenieros: “Cuando las miserias morales asuelan a un país, la culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria: de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella”. Hoy, sin embargo, parece que los idealistas son enemigos de la patria.
La situación de la minería de oro y plata a gran escala en la Argentina revela un gran desamor por nuestro país. Es posible y oportuno revertirla, simplemente con hechos concretos que demuestren el amor por nuestra tierra.
Desde la década de 1990, empresas mineras extranjeras han sabido construir un complejo sistema de privilegios que les ha permitido saquear nuestro país hasta dejarlo exhausto, no sólo desde lo ambiental sino también desde lo social e institucional.
Prueba de ello ha sido la represión brutal de la Policía de Catamarca contra mujeres y niños que se manifestaban de manera pacífica en defensa de su patria. Ninguno de los manifestantes reclama en pos de un interés individual.
Para comenzar a construir un país mas justo, sin privilegios, en el que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, es preciso aclarar aquellos mitos que algunos pícaros pretenden instaurar como verdades absolutas.
Mito 1: no existen glaciares ni en Catamarca ni en La Rioja.
La realidad: sí existen glaciares en Catamarca y en La Rioja, en zonas de explotación y exploración minera, tal como lo demuestran imágenes satelitales. En Catamarca, en torno de los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado (de las empresas Yamana Gold y Xstrata Copper) y a lo largo de la sierra del Aconquija, hay más de 150 glaciares de roca y algunos glaciares descubiertos. Varios de ellos ya fueron impactados por la actividad minera en la zona.
En La Rioja, hay más de 300 glaciares, muchos de ellos en zonas mineras. Sí hay glaciares en torno del cerro Famatina. Muchos de los glaciares riojanos también muestran impactos por tareas de exploración minera.
Mito 2: la minería genera desarrollo. Aquellos que se oponen a la minería en Catamarca y La Rioja se oponen al desarrollo.
La realidad: La Alumbrera, sita en Catamarca, es una de las minas de oro y plata a cielo abierto más grandes del mundo. Las empresas extranjeras propietarias de los derechos de explotación han facturado aproximadamente 11 mil millones de dólares. Sin embargo, Catamarca es una de las provincias más pobres de la Argentina: el 21,5 por ciento de su gente tiene necesidades básicas insatisfechas.
Mito 3: las empresas mineras cumplen con la legislación vigente.
La realidad: ninguna de las empresas mineras que operan en zona de glaciares cumple con la ley nacional 26.639, de protección de glaciares y ambiente periglacial. Es oportuno destacar que el artículo 6 de esta ley establece: “En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: ... c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial”. La ley declara a los glaciares bienes de carácter público.
Mito 4: la minería no compite por el agua con otras actividades de la zona.
La realidad: La Alumbrera consume aproximadamente 50 millones de litros de agua diarios. Es decir que La Alumbrera consume más agua en un mes de lo que necesita toda la población de Andalgalá para abastecerse durante un año. Si consideramos que la mayoría de las explotaciones mineras se encuentra en zonas áridas o semiáridas, el consumo hídrico de la minería es alarmante.
Mito 5: los glaciares no aportan grandes cantidades de agua.
La realidad: un glaciar del tamaño de una cancha de fútbol y de un metro de espesor (que es menor al tamaño mínimo para ser inventariado según la ley nacional) contiene suficiente agua para abastecer a una familia tipo de cuatro personas con agua potable durante más de 30 años.
En años de escasa precipitación en la Cordillera, los glaciares andinos suministran hasta el 80 por ciento de los caudales de los ríos de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa si consideramos la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y escombros. O sea que, de no contar con ellos, estas provincias dependerían exclusivamente de las precipitaciones para poder acceder al agua y subsistir.
Mito 6: las compañías mineras no tienen privilegio alguno.
La realidad: las empresas mineras gozan de importantes privilegios. Por ejemplo: estabilidad fiscal (congelación tributaria) por 30 años, con el derecho de retener fondos de la coparticipación provincial si la estabilidad fiscal no es respetada; deducción de impuestos del ciento por ciento de montos invertidos en prospección y estudios; diversas exenciones sobre el Impuesto a las Ganancias; ciento por ciento de exención sobre Impuestos sobre Activos; ciento por ciento exento de pagos de derechos de importación; límite máximo de tres por ciento sobre el valor boca de mina a las regalías que puede percibir la provincia y el privilegio de fijar ellas mismas el monto de la reserva por potencial daño ambiental y deducirlo del Impuestos a las Ganancias. Ninguna pyme argentina goza de todos estos privilegios.
Mito 7: la minería no impacta en los glaciares.
La realidad: la megaminería es una de las actividades industriales que mayores perjuicios provocan a los glaciares, tanto en su fase de explotación como en su fase de exploración.
Son claramente visibles por imágenes satelitales numerosos impactos de empresas mineras en glaciares, por ejemplo en proyectos como Veladero, Pascua Lama, Los Azules, El Altar, Del Carmen, José María, Las Flechas, Vicuñas, Batidero, Portones, Amos Andrés, Filo Colorado.
Es oportuno señalar que la empresa canadiense Barrick Gold no sólo ocultó la presencia de decenas de glaciares en su área de impacto en los proyectos Veladero y Pascua Lama, sino que también propuso dinamitar tres glaciares para llegar al oro.
La Dirección General de Aguas de Chile emitió un informe en 2007, en el que señalaba que los glaciares en la zona de influencia del proyecto Pascua Lama habían disminuido en promedio un 70 por ciento, y otros directamente habían desaparecido, sólo durante las actividades de prospección. Como consecuencia de ello, Chile decidió modificar el proyecto original.
La cordillera de los Andes alberga la gran mayoría de nuestros glaciares. Hoy se encuentran en una situación de total indefensión, frente al avance con total impunidad de estas compañías extranjeras, con la venia del Estado.
Pero la gente, que es de este suelo, que tiene su familia allí y que permanecerá aun cuando el oro se haya terminado, ha decidido defender su tierra, su patria, su agua, aquello que la ley de glaciares tiene por objeto proteger.
El momento es ahora; el pueblo entendió que ya no queda más tiempo. Entre dos bienes, el oro y el agua, el pueblo decidió defender el bien vital.
Ahora, siendo conscientes de los sentimientos de desazón e impotencia de los pueblos de Catamarca, frente a tan brutal represión para abrir paso a la fuerza de palos y perros a camiones de la empresa minera suizo-canadiense, es bueno tener presentes las palabras de Eva Perón: “La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Las Fuerzas Armadas sirven a la patria sirviendo al pueblo”.
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11 nov 2010
Las tormentas de nuestros nietos
La Voz del Interior (11/11/2010)
Las tormentas de nuestros nietos
Por Romina Picolotti
El dueño del bosque nativo debería recibir apoyo económico para desequilibrar la ecuación actual, que favorece la deforestación.
¿Qué tormentas de tierra les dejaremos a nuestros nietos? La sabiduría popular las sintetizó en “siembra vientos y cosecharás tempestades”. En Córdoba, podríamos decir “tala de manera indiscriminada tu bosque nativo y cosecharás tormentas de tierra y sequía”.
Algunas provincias tienen una tasa de deforestación anual 14 veces mayor a la tasa de deforestación global. Córdoba se encuentra entre las que encabeza esa lamentable lista.
¿Qué hacer? En primer lugar, exigir una política real de protección de nuestro bosque nativo, desvirtuada por la vergonzosa aprobación por la Unicameral de la ley provincial de bosques, que promueve más tala.
En segundo lugar, conjugar fondos existentes para tornar atractiva económicamente la preservación del bosque nativo. Si uno pretende ser serio y exitoso en la protección del bosque nativo, tanto a nivel local como global, debe comprender que es preciso ocuparse de la desvalorización económica de éste. Es decir, es menester invertir la ecuación que promueve la deforestación o, al menos, tornar la protección del bosque en una actividad económicamente rentable.
Fondos nacionales. En la ley nacional de bosques (2007), introdujimos un artículo específico que crea un Fondo Nacional de Bosques Nativos. Este fondo está destinado a pagar a los que decidan o se vean obligados a no deforestar. El 70 por ciento deberá destinarse a compensar a los titulares de las tierras y 30 por ciento a la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, que lo dirigirá a:
1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos.
2. La implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas.
Es preciso exigir la operatividad de este fondo, que hoy duerme el sueño eterno en la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Fondos internacionales. En cuanto a los fondos disponibles a nivel global, éstos están vinculados con la lucha contra el cambio climático. Los bosques son cruciales para reducir las emisiones “efecto invernadero” que producen el calentamiento global. Nuestro país está ubicado tercero en América latina, después de Brasil y México, en emisiones absolutas de gases “efecto invernadero”.
El sector agrícola es, después del energético, el más importante en emisiones. En 2000, fue responsable de casi 23,5 por ciento de las emisiones, fundamentalmente en forma de óxido nitroso (N2O). Una gran parte de esas emisiones está vinculada al cultivo de soja. En 2000, casi 25 por ciento de las emisiones del sector agrícola estaba vinculado a la soja.
Entre 1998 y 2006, se deforestaron en el parque chaqueño casi dos millones de hectáreas. Casi en su totalidad fueron sembradas con soja.
Para acceder a los fondos internacionales, el Estado debe desarrollar un sistema de monitoreo simple, que permita verificar la reducción de gases “efecto invernadero”. Así, el titular del bosque nativo debería recibir dinero para su protección, tanto del fondo nacional como de los fondos globales. El resultado debería desequilibrar la ecuación económica actual, que promueve la deforestación, a favor de una ecuación que aliente la conservación. Para ello, los estados federal y provinciales deben cumplir con sus obligaciones legales.
Así, es posible evitarles tempestades y tristezas a nuestros nietos.
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Las tormentas de nuestros nietos
Por Romina Picolotti
El dueño del bosque nativo debería recibir apoyo económico para desequilibrar la ecuación actual, que favorece la deforestación.
¿Qué tormentas de tierra les dejaremos a nuestros nietos? La sabiduría popular las sintetizó en “siembra vientos y cosecharás tempestades”. En Córdoba, podríamos decir “tala de manera indiscriminada tu bosque nativo y cosecharás tormentas de tierra y sequía”.
Algunas provincias tienen una tasa de deforestación anual 14 veces mayor a la tasa de deforestación global. Córdoba se encuentra entre las que encabeza esa lamentable lista.
¿Qué hacer? En primer lugar, exigir una política real de protección de nuestro bosque nativo, desvirtuada por la vergonzosa aprobación por la Unicameral de la ley provincial de bosques, que promueve más tala.
En segundo lugar, conjugar fondos existentes para tornar atractiva económicamente la preservación del bosque nativo. Si uno pretende ser serio y exitoso en la protección del bosque nativo, tanto a nivel local como global, debe comprender que es preciso ocuparse de la desvalorización económica de éste. Es decir, es menester invertir la ecuación que promueve la deforestación o, al menos, tornar la protección del bosque en una actividad económicamente rentable.
Fondos nacionales. En la ley nacional de bosques (2007), introdujimos un artículo específico que crea un Fondo Nacional de Bosques Nativos. Este fondo está destinado a pagar a los que decidan o se vean obligados a no deforestar. El 70 por ciento deberá destinarse a compensar a los titulares de las tierras y 30 por ciento a la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, que lo dirigirá a:
1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos.
2. La implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas.
Es preciso exigir la operatividad de este fondo, que hoy duerme el sueño eterno en la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Fondos internacionales. En cuanto a los fondos disponibles a nivel global, éstos están vinculados con la lucha contra el cambio climático. Los bosques son cruciales para reducir las emisiones “efecto invernadero” que producen el calentamiento global. Nuestro país está ubicado tercero en América latina, después de Brasil y México, en emisiones absolutas de gases “efecto invernadero”.
El sector agrícola es, después del energético, el más importante en emisiones. En 2000, fue responsable de casi 23,5 por ciento de las emisiones, fundamentalmente en forma de óxido nitroso (N2O). Una gran parte de esas emisiones está vinculada al cultivo de soja. En 2000, casi 25 por ciento de las emisiones del sector agrícola estaba vinculado a la soja.
Entre 1998 y 2006, se deforestaron en el parque chaqueño casi dos millones de hectáreas. Casi en su totalidad fueron sembradas con soja.
Para acceder a los fondos internacionales, el Estado debe desarrollar un sistema de monitoreo simple, que permita verificar la reducción de gases “efecto invernadero”. Así, el titular del bosque nativo debería recibir dinero para su protección, tanto del fondo nacional como de los fondos globales. El resultado debería desequilibrar la ecuación económica actual, que promueve la deforestación, a favor de una ecuación que aliente la conservación. Para ello, los estados federal y provinciales deben cumplir con sus obligaciones legales.
Así, es posible evitarles tempestades y tristezas a nuestros nietos.
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3 sept 2010
Denuncias por desmontes en Alta Gracia
La Voz del Interior (03/09/2010)
Denuncias por desmontes
Se hicieron para instalar “countries”. Ecologistas dicen que son ilegales. Pero fueron autorizados.
Alta Gracia. La organización Tierra y Ambiente, junto a otras organizaciones sociales de Alta Gracia y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) de Córdoba, realizaron una denuncia administrativa contra la Municipalidad de Alta Gracia, por haber autorizado desmontes –que suponen ilegales– en el marco de la ejecución de dos proyectos inmobiliarios: el Alta Gracia Country Golf y el Alta Gracia Golf Club.
Desde el municipio, rechazaron que haya ilegalidad y señalaron que se trata de “criterios diferentes”.
En 2009, la agrupación Tierra y Ambiente denunció la deforestación de 66 hectáreas de bosque nativo en el sector denominado La Rinconada, al noroeste de esta ciudad, para la realización de un country y un predio de golf. Luego, la autorización de otros proyectos inmobiliarios en zonas que conservaban bosques autóctonos preocupó a distintas instituciones de la zona.
Mientras, la subdirectora de Ambiente del municipio, Gabriela Lavilla, señaló que “el proyecto del country y golf está aprobado, corresponde por el uso de suelo municipal, está en una zona residencial mixta. El desmonte planteado para nosotros no es tal. Para ellos no es urbanizable, para nosotros sí”, señaló la funcionaria.
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Denuncias por desmontes
Se hicieron para instalar “countries”. Ecologistas dicen que son ilegales. Pero fueron autorizados.
Alta Gracia. La organización Tierra y Ambiente, junto a otras organizaciones sociales de Alta Gracia y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) de Córdoba, realizaron una denuncia administrativa contra la Municipalidad de Alta Gracia, por haber autorizado desmontes –que suponen ilegales– en el marco de la ejecución de dos proyectos inmobiliarios: el Alta Gracia Country Golf y el Alta Gracia Golf Club.
Desde el municipio, rechazaron que haya ilegalidad y señalaron que se trata de “criterios diferentes”.
En 2009, la agrupación Tierra y Ambiente denunció la deforestación de 66 hectáreas de bosque nativo en el sector denominado La Rinconada, al noroeste de esta ciudad, para la realización de un country y un predio de golf. Luego, la autorización de otros proyectos inmobiliarios en zonas que conservaban bosques autóctonos preocupó a distintas instituciones de la zona.
Mientras, la subdirectora de Ambiente del municipio, Gabriela Lavilla, señaló que “el proyecto del country y golf está aprobado, corresponde por el uso de suelo municipal, está en una zona residencial mixta. El desmonte planteado para nosotros no es tal. Para ellos no es urbanizable, para nosotros sí”, señaló la funcionaria.
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5 jun 2010
Acción judicial para sanear el río Suquía
La Voz del Interior (05/06/2010)
Acción judicial para sanear el río Suquía
El Cedha presentó una denuncia para que la Municipalidad se haga cargo del saneamiento aguas abajo de la planta de efluentes de Bajo Grande.
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) presentó ayer una denuncia en la Justicia provincial para que la Municipalidad de Córdoba se haga cargo del saneamiento del río Suquía, aguas abajo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. El curso de agua recibe desde hace más de una década efluentes tratados de manera deficiente.
Bajo Grande recibe los líquidos cloacales de gran parte de la Capital. Desde 1998 funciona desbordada en su capacidad de tratamiento, lo que generó tres denuncias en contra del municipio y que en están en manos de la fiscal Antonia De la Rúa.
La situación se revertiría con la puesta en marcha de una ampliación de la planta, que está en periodo de prueba desde principios de mayo. Eso permitiría dejar de volcar los efluentes mal tratados y atenuar los efectos negativos en el río, en el extremo este de la ciudad.
Sin embargo, el larguísimo período de tiempo en el que el Suquía recibió líquidos cloacales mal tratados impactó en el ambiente.
Por este motivo, el Cedha presentó ayer una acción judicial que, en uno de sus aspectos más importantes, solicita que se obligue a la Municipalidad a sanear el río. La denuncia recayó en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 30 Nominación.
La acción insta a sanear y recomponer el Suquía entre Bajo Grande y el kilómetro 18 del camino a Chacras de la Merced; y a establecer un sistema de monitoreo continuo sobre el ambiente dañado. En esa zona están asentados los barrios Chacras de la Merced, Unidos y Ciudad de Mi Esperanza; Corazón de María (Malvinas Argentinas) y la comuna de Capilla de los Remedios.
También solicita el cese de los volcamientos, la provisión de los insumos de la planta y la suspensión de las nuevas conexiones a la red cloacal hasta que se garantice que los volcamientos se realicen conforme a la legislación vigente.
La prohibición de nuevas conexiones rige desde 2004, mediante un decreto firmado por el entonces intendente Luis Juez. Sin embargo, se multiplicaron por la construcción de edificios.
Si bien Juez prohibió las conexiones, eliminó la necesidad de disponer de la factibilidad de cloacas para el certificado final de obras, lo que permitió que todas las edificaciones desde 2004 a la fecha pudieran escriturar sin ningún tipo de inconvenientes.
Y muchas de estas nuevas viviendas siguen "irregulares" y no abonan el 45 por ciento de sobretasa inmobiliaria por usar el servicio.
Más medidas. El Cedha, patrocinado por el abogado Juan Picolotti (hermano de Romina, ex secretaria de Ambiente de la Nación), también solicita que se designe dos peritos para controlar la planta de Bajo Grande.
Se trata de un ingeniero civil para que controle la obra de ampliación de la planta, y un ingeniero químico para verificar los valores de volcamiento al río.
Además, se solicitan medidas como un mapa sociodemográfico para luego elaborar un programa de salud y un corredor sanitario preventivo.
Para financiar todas las acciones, el Cedha pide que se establezca un fondo compensatorio con el 50 por ciento de lo que se recauda a través de la sobretasa de cloacas. Finalmente, de hacer lugar a la denuncia, la Municipalidad deberá contratar un seguro ambiental para la planta.
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Hoy Día (05/06/2010)
Acción judicial para recomponer el Suquía
El Cedha presentó una denuncia en la Justicia provincial para que la Municipalidad de Córdoba se haga cargo del saneamiento del río Suquía, aguas abajo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.
Bajo Grande recibe los líquidos cloacales de gran parte de la Capital. Desde 1998 funciona desbordada en su capacidad de tratamiento, lo que generó tres denuncias en contra del municipio y que están en manos de la fiscal Antonia De la Rúa.
La situación se revertiría con la puesta en marcha de una ampliación de la planta, que está en periodo de prueba desde principios de mayo. Eso permitiría dejar de volcar los efluentes mal tratados y atenuar los efectos negativos en el río, en el extremo este de la ciudad.
Sin embargo, el larguísimo período de tiempo en el que el Suquía recibió líquidos cloacales mal tratados impactó en el ambiente.
Por este motivo, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) presentó ayer una acción judicial que, en uno de sus aspectos más importantes, solicita que se obligue a la Municipalidad a sanear el río. La denuncia recayó en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 30 Nominación.
La acción insta a sanear y recomponer el Suquía entre Bajo Grande y el kilómetro 18 del camino a Chacras de la Merced; y a establecer un sistema de monitoreo continuo sobre el ambiente dañado. En esa zona están asentados los barrios Chacras de la Merced, Unidos y Ciudad de Mi Esperanza; Corazón de María (Malvinas Argentinas) y la comuna de Capilla de los Remedios.
También solicita el cese de los volcamientos, la provisión de los insumos de la planta y la suspensión de las nuevas conexiones a la red cloacal hasta que se garantice que los volcamientos se realicen conforme a la legislación vigente.
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Acción judicial para sanear el río Suquía
El Cedha presentó una denuncia para que la Municipalidad se haga cargo del saneamiento aguas abajo de la planta de efluentes de Bajo Grande.
El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) presentó ayer una denuncia en la Justicia provincial para que la Municipalidad de Córdoba se haga cargo del saneamiento del río Suquía, aguas abajo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. El curso de agua recibe desde hace más de una década efluentes tratados de manera deficiente.
Bajo Grande recibe los líquidos cloacales de gran parte de la Capital. Desde 1998 funciona desbordada en su capacidad de tratamiento, lo que generó tres denuncias en contra del municipio y que en están en manos de la fiscal Antonia De la Rúa.
La situación se revertiría con la puesta en marcha de una ampliación de la planta, que está en periodo de prueba desde principios de mayo. Eso permitiría dejar de volcar los efluentes mal tratados y atenuar los efectos negativos en el río, en el extremo este de la ciudad.
Sin embargo, el larguísimo período de tiempo en el que el Suquía recibió líquidos cloacales mal tratados impactó en el ambiente.
Por este motivo, el Cedha presentó ayer una acción judicial que, en uno de sus aspectos más importantes, solicita que se obligue a la Municipalidad a sanear el río. La denuncia recayó en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 30 Nominación.
La acción insta a sanear y recomponer el Suquía entre Bajo Grande y el kilómetro 18 del camino a Chacras de la Merced; y a establecer un sistema de monitoreo continuo sobre el ambiente dañado. En esa zona están asentados los barrios Chacras de la Merced, Unidos y Ciudad de Mi Esperanza; Corazón de María (Malvinas Argentinas) y la comuna de Capilla de los Remedios.
También solicita el cese de los volcamientos, la provisión de los insumos de la planta y la suspensión de las nuevas conexiones a la red cloacal hasta que se garantice que los volcamientos se realicen conforme a la legislación vigente.
La prohibición de nuevas conexiones rige desde 2004, mediante un decreto firmado por el entonces intendente Luis Juez. Sin embargo, se multiplicaron por la construcción de edificios.
Si bien Juez prohibió las conexiones, eliminó la necesidad de disponer de la factibilidad de cloacas para el certificado final de obras, lo que permitió que todas las edificaciones desde 2004 a la fecha pudieran escriturar sin ningún tipo de inconvenientes.
Y muchas de estas nuevas viviendas siguen "irregulares" y no abonan el 45 por ciento de sobretasa inmobiliaria por usar el servicio.
Más medidas. El Cedha, patrocinado por el abogado Juan Picolotti (hermano de Romina, ex secretaria de Ambiente de la Nación), también solicita que se designe dos peritos para controlar la planta de Bajo Grande.
Se trata de un ingeniero civil para que controle la obra de ampliación de la planta, y un ingeniero químico para verificar los valores de volcamiento al río.
Además, se solicitan medidas como un mapa sociodemográfico para luego elaborar un programa de salud y un corredor sanitario preventivo.
Para financiar todas las acciones, el Cedha pide que se establezca un fondo compensatorio con el 50 por ciento de lo que se recauda a través de la sobretasa de cloacas. Finalmente, de hacer lugar a la denuncia, la Municipalidad deberá contratar un seguro ambiental para la planta.
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Hoy Día (05/06/2010)
Acción judicial para recomponer el Suquía
El Cedha presentó una denuncia en la Justicia provincial para que la Municipalidad de Córdoba se haga cargo del saneamiento del río Suquía, aguas abajo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.
Bajo Grande recibe los líquidos cloacales de gran parte de la Capital. Desde 1998 funciona desbordada en su capacidad de tratamiento, lo que generó tres denuncias en contra del municipio y que están en manos de la fiscal Antonia De la Rúa.
La situación se revertiría con la puesta en marcha de una ampliación de la planta, que está en periodo de prueba desde principios de mayo. Eso permitiría dejar de volcar los efluentes mal tratados y atenuar los efectos negativos en el río, en el extremo este de la ciudad.
Sin embargo, el larguísimo período de tiempo en el que el Suquía recibió líquidos cloacales mal tratados impactó en el ambiente.
Por este motivo, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) presentó ayer una acción judicial que, en uno de sus aspectos más importantes, solicita que se obligue a la Municipalidad a sanear el río. La denuncia recayó en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 30 Nominación.
La acción insta a sanear y recomponer el Suquía entre Bajo Grande y el kilómetro 18 del camino a Chacras de la Merced; y a establecer un sistema de monitoreo continuo sobre el ambiente dañado. En esa zona están asentados los barrios Chacras de la Merced, Unidos y Ciudad de Mi Esperanza; Corazón de María (Malvinas Argentinas) y la comuna de Capilla de los Remedios.
También solicita el cese de los volcamientos, la provisión de los insumos de la planta y la suspensión de las nuevas conexiones a la red cloacal hasta que se garantice que los volcamientos se realicen conforme a la legislación vigente.
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27 oct 2009
Piden ordenanza sobre contaminación de ríos
La Voz del Interior (27/10/2009)
Piden ordenanza sobre contaminación de ríos
El Foro Ambiental Córdoba, la Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y el Centro Vecinal de Quebrada de las Rosas firmaron una declaración para pedir que se apruebe un proyecto de ordenanza sobre la contaminación de los cursos de agua de la ciudad de Córdoba.
El proyecto se discutirá hoy a las 11.30 en una reunión de las comisiones de Legislación General y de Medio Ambiente del Concejo Deliberante. Al encuentro asistirá el Foro Ambiental (autor de la norma en tratamiento), para proponer algunos cambios al documento presentado originalmente.
“Mientras que en el mundo se habla del agua como un recurso estratégico del siglo 21, en Córdoba se hace poco y nada por conservar la calidad del río Suquía, la Cañada y el arroyo Infiernillo. Entendemos que este proyecto de ordenanza, en caso de ser aprobado, constituiría un aporte esencial para comenzar a revertir esta situación de aparente indiferencia”, afirmaron los firmantes de la declaración.
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Piden ordenanza sobre contaminación de ríos
El Foro Ambiental Córdoba, la Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y el Centro Vecinal de Quebrada de las Rosas firmaron una declaración para pedir que se apruebe un proyecto de ordenanza sobre la contaminación de los cursos de agua de la ciudad de Córdoba.
El proyecto se discutirá hoy a las 11.30 en una reunión de las comisiones de Legislación General y de Medio Ambiente del Concejo Deliberante. Al encuentro asistirá el Foro Ambiental (autor de la norma en tratamiento), para proponer algunos cambios al documento presentado originalmente.
“Mientras que en el mundo se habla del agua como un recurso estratégico del siglo 21, en Córdoba se hace poco y nada por conservar la calidad del río Suquía, la Cañada y el arroyo Infiernillo. Entendemos que este proyecto de ordenanza, en caso de ser aprobado, constituiría un aporte esencial para comenzar a revertir esta situación de aparente indiferencia”, afirmaron los firmantes de la declaración.
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7 dic 2007
DDT del Senasa
La Mañana de Córdoba (07/12/2007)
El lunes finaliza la toma de muestras en el galpón del SENASA
La primera etapa de la remediación estará concluida el lunes, cuando se envíen las últimas 60 muestras a la Universidad Nacional del Litoral para ser analizadas. Los resultados se esperan para la primera quincena de febrero de 2008.
El lunes finalizará la toma de muestras en el depósito regional del SENASA, en el barrio Alta Córdoba, que se realiza desde el 7 de noviembre de este año, a los fines de diagnosticar la contaminación existente para luego diseñar el plan de remediación del predio.
Las tareas de muestreo están siendo realizadas por técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba, contratados por el SENASA, y cuentan con una activa participación de los vecinos, quienes están monitoreando el correcto de- senvolvimiento de las labores.
La última remesa de este muestreo será enviada para ser analizada en la Universidad Nacional del Litoral. Los resultados se esperan para la primera quincena de febrero del 2008.
La toma de muestras en el predio del organismo nacional situado en calle Avellaneda de barrio Alta Córdoba, devinieron por la detección de la permanencia de tóxicos prohibidos en el lugar durante más de 30 años, situación que alertó a los vecinos y los condujo a tomar cartas en el asunto reclamando por sus derechos humanos a la salud y a un ambiente sano.
Intervinieron organizaciones como CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) y la Defensoría del Pueblo de la Nación, quienes apoyaron firmemente a los vecinos en su lucha a través de reclamos judiciales a los efectos de lograr la remediación del lugar, el diseño y la ejecución de un plan sanitario para la población afectada, y la disposición final adecuada de los residuos tóxicos hallados.
La acción de los vecinos, en conjunto con las instituciones mencionadas, generó que el SENASA contratara a la cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para la primera etapa del proceso de remediación del predio, correspondiente al diagnóstico de la contaminación del mismo.
Para ello, sobre un plano del predio se planteó un muestreo predeterminado de cuarenta puntos. Hasta el momento, se han relevado más de la mitad de los mismos obteniendo un total, a la fecha, de 60 muestras: 56 de suelo, 2 de hormigón, 1 de blanco de muestra y otra de blanco de viaje, tomadas a diferentes profundidades hasta los 7 metros.
Dichas muestras, precintadas, acondicionadas y refrigeradas, serán trasladadas en tres contenedores al laboratorio central de Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de la ciudad de Santa Fe, bajo la tutela de personal especializado de la UNC. Los resultados se espera para la primera quincena de febrero de 2008.
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La Voz del Interior (07/12/2007)
Ya se tomaron 60 muestras en el galpón de Senasa
Esta semana comenzó la toma de muestras en el depósito de Senasa en Alta Córdoba,que permitirán diagnosticar la contaminación existente en el lugar, para luego diseñar el plan de remediación del predio.
La información fue brindada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, que precisó en un comunicado que los trabajos en el lugar comenzaron el lunes pasado y que hasta el momento se tomó un total de 60 muestras.De ellas, 56 fueron de suelo, dos de hormigón, una de blanco de muestra y otra de blanco de viaje, tomadas diferentes profundidades hasta los siete metros.
Según informó Cedha, el trabajo se hizo en base a un muestreo predeterminado de 40 puntos, definido sobre un plano del predio. Y hasta el momento se logró relevar más de la mitad de los puntos previstos.
La labor es llevada adelante por la cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, que fue contratada por Senasa.
Las muestras, debidamente acondicionadas, fueron trasladadas al laboratorio central de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe, bajo la tutela de personal especializado de la UNC. Los resultados se esperan para la primera quincena de febrero de 2008.
En el depósito de Senasa se almacenaron durante años 11 toneladas de tóxicos, en pésimas condiciones.
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El lunes finaliza la toma de muestras en el galpón del SENASA
La primera etapa de la remediación estará concluida el lunes, cuando se envíen las últimas 60 muestras a la Universidad Nacional del Litoral para ser analizadas. Los resultados se esperan para la primera quincena de febrero de 2008.
El lunes finalizará la toma de muestras en el depósito regional del SENASA, en el barrio Alta Córdoba, que se realiza desde el 7 de noviembre de este año, a los fines de diagnosticar la contaminación existente para luego diseñar el plan de remediación del predio.
Las tareas de muestreo están siendo realizadas por técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba, contratados por el SENASA, y cuentan con una activa participación de los vecinos, quienes están monitoreando el correcto de- senvolvimiento de las labores.
La última remesa de este muestreo será enviada para ser analizada en la Universidad Nacional del Litoral. Los resultados se esperan para la primera quincena de febrero del 2008.
La toma de muestras en el predio del organismo nacional situado en calle Avellaneda de barrio Alta Córdoba, devinieron por la detección de la permanencia de tóxicos prohibidos en el lugar durante más de 30 años, situación que alertó a los vecinos y los condujo a tomar cartas en el asunto reclamando por sus derechos humanos a la salud y a un ambiente sano.
Intervinieron organizaciones como CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) y la Defensoría del Pueblo de la Nación, quienes apoyaron firmemente a los vecinos en su lucha a través de reclamos judiciales a los efectos de lograr la remediación del lugar, el diseño y la ejecución de un plan sanitario para la población afectada, y la disposición final adecuada de los residuos tóxicos hallados.
La acción de los vecinos, en conjunto con las instituciones mencionadas, generó que el SENASA contratara a la cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para la primera etapa del proceso de remediación del predio, correspondiente al diagnóstico de la contaminación del mismo.
Para ello, sobre un plano del predio se planteó un muestreo predeterminado de cuarenta puntos. Hasta el momento, se han relevado más de la mitad de los mismos obteniendo un total, a la fecha, de 60 muestras: 56 de suelo, 2 de hormigón, 1 de blanco de muestra y otra de blanco de viaje, tomadas a diferentes profundidades hasta los 7 metros.
Dichas muestras, precintadas, acondicionadas y refrigeradas, serán trasladadas en tres contenedores al laboratorio central de Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de la ciudad de Santa Fe, bajo la tutela de personal especializado de la UNC. Los resultados se espera para la primera quincena de febrero de 2008.
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La Voz del Interior (07/12/2007)
Ya se tomaron 60 muestras en el galpón de Senasa
Esta semana comenzó la toma de muestras en el depósito de Senasa en Alta Córdoba,que permitirán diagnosticar la contaminación existente en el lugar, para luego diseñar el plan de remediación del predio.
La información fue brindada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, que precisó en un comunicado que los trabajos en el lugar comenzaron el lunes pasado y que hasta el momento se tomó un total de 60 muestras.De ellas, 56 fueron de suelo, dos de hormigón, una de blanco de muestra y otra de blanco de viaje, tomadas diferentes profundidades hasta los siete metros.
Según informó Cedha, el trabajo se hizo en base a un muestreo predeterminado de 40 puntos, definido sobre un plano del predio. Y hasta el momento se logró relevar más de la mitad de los puntos previstos.
La labor es llevada adelante por la cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, que fue contratada por Senasa.
Las muestras, debidamente acondicionadas, fueron trasladadas al laboratorio central de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe, bajo la tutela de personal especializado de la UNC. Los resultados se esperan para la primera quincena de febrero de 2008.
En el depósito de Senasa se almacenaron durante años 11 toneladas de tóxicos, en pésimas condiciones.
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