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11 oct 2013
Scotto contra la Ley de Bosques de Córdoba
9:46 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Mañana de Córdoba (11/10/2013)
Scotto criticó a la Provincia por una Ley de Bosques "funcional a entidades del agro"
La candidata a diputada por el FpV Carolina Scotto partició esta noche de una charla abierta en Mendiolaza. Allí manifestó sus críticas al manejo que realizó la Provincia de la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos y la falta de remediación ambiental del Camino del Cuadrado.
Carolina Scotto, candidata a diputada del Frente para la Victoria, participó esta noche en una charla abierta en la localidad de Mendiolaza y se refirió a los problemas ambientales que aquejan a los vecinos de las Sierras Chicas.
"El porcentaje de crecimiento poblacional de las Sierras Chicas fue muy superior al de las demás zonas de la provincia, sin embargo ningún funcionario parece interesarle la planificación territorial, las consecuencias están a la vista. Hoy tenemos una situación de escasez del agua en la zona de Sierras Chicas cada vez más preocupante”, dijo Scotto.
Además, la ex rectora de la UNC criticó la gestión ambiental de la provincia recordando una anécdota: “Cuando la Provincia solicitó permiso a la Nación para la construcción del Camino del Cuadrado, el anterior rector de la UNC había acordado con el gobernador De la Sota que el mismo atravesara la reserva natural “Vaquerías” para que fuera más directo, y esto ocasionaría un daño ambiental gravísimo a esta zona. Cuando asumí como rectora, exigí que el Camino del Cuadrado bordeara la Reserva, así se hizo. Sin embargo la obra no cumplió con una propuesta de remediación ambiental, lo que provocó daños irreparables”.
Ley de Bosques. Scotto manifestó que “el manejo que realizó la Provincia de la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos fue una vergüenza. A pesar del trabajo impecable de la COTBN el gobernador terminó habilitando para su aprobación en la legislatura provincial, un proyecto de adecuación a la ley nacional, funcional a los intereses de las entidades agropecuarias”.
El debate abierto fue moderado por el periodista Mariano Saravia y comenzó con la exposición del biólogo Fernando Barri, integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) quién expuso sobre la situación ambiental de nuestra provincia: “En Córdoba tenemos hoy, producto de la ausencia total de políticas públicas ambientales, un cuarto de nuestro territorio en situación de desertificación”.
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Scotto criticó a la Provincia por una Ley de Bosques "funcional a entidades del agro"
La candidata a diputada por el FpV Carolina Scotto partició esta noche de una charla abierta en Mendiolaza. Allí manifestó sus críticas al manejo que realizó la Provincia de la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos y la falta de remediación ambiental del Camino del Cuadrado.
Carolina Scotto, candidata a diputada del Frente para la Victoria, participó esta noche en una charla abierta en la localidad de Mendiolaza y se refirió a los problemas ambientales que aquejan a los vecinos de las Sierras Chicas.
"El porcentaje de crecimiento poblacional de las Sierras Chicas fue muy superior al de las demás zonas de la provincia, sin embargo ningún funcionario parece interesarle la planificación territorial, las consecuencias están a la vista. Hoy tenemos una situación de escasez del agua en la zona de Sierras Chicas cada vez más preocupante”, dijo Scotto.
Además, la ex rectora de la UNC criticó la gestión ambiental de la provincia recordando una anécdota: “Cuando la Provincia solicitó permiso a la Nación para la construcción del Camino del Cuadrado, el anterior rector de la UNC había acordado con el gobernador De la Sota que el mismo atravesara la reserva natural “Vaquerías” para que fuera más directo, y esto ocasionaría un daño ambiental gravísimo a esta zona. Cuando asumí como rectora, exigí que el Camino del Cuadrado bordeara la Reserva, así se hizo. Sin embargo la obra no cumplió con una propuesta de remediación ambiental, lo que provocó daños irreparables”.
Ley de Bosques. Scotto manifestó que “el manejo que realizó la Provincia de la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos fue una vergüenza. A pesar del trabajo impecable de la COTBN el gobernador terminó habilitando para su aprobación en la legislatura provincial, un proyecto de adecuación a la ley nacional, funcional a los intereses de las entidades agropecuarias”.
El debate abierto fue moderado por el periodista Mariano Saravia y comenzó con la exposición del biólogo Fernando Barri, integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) quién expuso sobre la situación ambiental de nuestra provincia: “En Córdoba tenemos hoy, producto de la ausencia total de políticas públicas ambientales, un cuarto de nuestro territorio en situación de desertificación”.
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5 ago 2013
La Provincia dubitativa con los desmontes
La Voz del Interior (05/08/2013)
La Provincia impediría el desmonte en zona con riego
Con el objetivo de adecuarla a la norma nacional, la Provincia firmó un decreto que difiere la aplicación de artículos de la ley de bosques y modifica su reglamentación. De esta forma, Córdoba podría percibir cerca de 20 millones de pesos anuales para proteger los bosques y pagarles a los dueños de predios con monte nativo.
El problema es que este decreto no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, procedimiento esencial para que quede vigente según el artículo 2º del Código Civil (ver Infografía).
El episodio trascendió a tres años de la sanción de la ley, el 5 de agosto de 2010 a altas horas de la noche y tras un duro debate en la Legislatura.
El texto fue exhibido a la Nación como normativa válida, según pudieron confirmar este diario y la senadora nacional Norma Morandini. Lo curioso es que tanto ruralistas como ambientalistas desconocían su existencia.
La modificación está firmada por el gobernador José Manuel de la Sota; el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba. Está fechado el 4 de octubre de 2012, N° 1.131.
El decreto deroga párrafos del decreto reglamentario y posterga la aplicación de parte de la ley, otra medida polémica. El objetivo es “eliminar el concepto de aprovechamiento sustentable” y no permitir el desmonte en predios que sean aptos para producir bajo riego.
La Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente de la Nación cuestionó siempre estos puntos y fueron los argumentos centrales para negarle los fondos que prevé la ley nacional.
Se especula que la Provincia no difundió este decreto para evitar la polémica con los productores agropecuarios, quienes se verían perjudicados con las modificaciones. En cambio, mostró esta “carta” a la Nación para poder destrabar el giro del dinero.
“Celebramos el decreto 1.131/12, que pone parches a dos aspectos inconstitucionales de la ley de bosques”, dice Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental. Aunque luego aclara: “Sin embargo, creemos que los bosques nativos requieren soluciones de fondo”.
Uno de los dos puntos que modifica es la aplicación del concepto de “aprovechamiento sustentable”. “Es un eufemismo para permitir el rolado o control selectivo de bajo impacto y la implantación de especies exóticas, que nada tienen de sustentables para la categoría de conservación I (rojo), que la propia ley define como ‘sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse’”, dice Kopta.
El otro aspecto modificado por el decreto “secreto” es diferir la posibilidad de que, si existe o se genera infraestructura para riego, un predio de categoría de conservación I (rojo) o II (amarillo) pase a la categoría III (verde), en la cual se permite el desmonte total.
Estos dos puntos y otros más forman parte del argumento que la Universidad Nacional de Río Cuarto esgrimió para pedir la inconstitucionalidad de la norma provincial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se expidió.
La senadora Morandini realizó un pedido de informes a la Provincia para que dé precisiones sobre este decreto secreto. Hasta el jueves, no había sido respondido. Ante la consulta de este diario, la Provincia no brindó precisiones sobre el tema. La Nación tampoco dio detalles.
Cronología
Debate. Como prevé la ley nacional, la Provincia conforma en 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), integrada en su mayoría por sectores ambientalistas y académicos. Las organizaciones rurales denuncian esta situación.
Sanción. El 5 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba la Ley de Bosques Nativos. El debate fue largo porque el texto final no coincidió con el que se había acordado entre la COTBN y el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales, el legislador Marcelo Falo. El ambientalismo denunció presiones del sector rural.
Inconstitucionalidad. A fines de 2010, la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que todavía no se expidió.
Reglamentación. En febrero de 2011, se publica la reglamentación de la ley, que no conforma ni a ruralistas ni a ambientalistas.
Sin fondos. Por tercer año consecutivo, en 2012, Córdoba no recibe los fondos nacionales destinados a proteger el bosque nativo y compensar a los dueños de predios con monte. Ambiente de la Nación confirma que la Provincia debe modificar la ley.
Decreto secreto. Hace 10 meses, la Provincia modifica la ley para percibir fondos nacionales. El hecho trascendió en julio pasado.
40% de los bosques desapareció entre 2004 y 2010
Fueron 269 mil hectáreas. Eran de bosque cerrado (casi monte original) y de bosque abierto (hasta con 40% de cobertura de árboles autóctonos).
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Otro mapa, con menos hectáreas protegidas
En el sitio en Internet de Ambiente de la Nación figura un mapa de bosques diferente al anexado a la ley provincial.
Hay menos superficie bajo la categoría amarilla.
La senadora Norma Morandini y miembros de la ex Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) también advirtieron cambios en el mapa cordobés de ordenamiento territorial de bosques nativos que tiene en su poder la Nación (http://bit.ly/16la8oF) y el que está anexado a la ley provincial (ver infográfico).
“Hay una dramática reducción de la superficie con categoría de conservación II (amarillo), que pasa de 3,93 millones de hectáreas a 0,48 millones, lo que implica la pérdida del 87,7 por ciento de la superficie con categoría intermedia de conservación”, detalla Kopta.
“Si bien el mapa de ordenamiento sancionado por la Legislatura no fue admitido por la Nación –que observó sus serias deficiencias técnicas–, integra la ley y no puede ser escindido de ella. Por lo tanto, su contenido debe ser modificado con otra ley y en ningún caso por una simple voluntad del gobernante de turno”, comentó Norma Morandini en un nota de opinión (http://bit.ly/12ZLwCR) publicada por este diario el 22 de julio pasado.
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Más Información:
Hoy Día (05/08/2013)
- Piden que la Corte Suprema se expida sobre la ley de bosques
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La Provincia impediría el desmonte en zona con riego
Con el objetivo de adecuarla a la norma nacional, la Provincia firmó un decreto que difiere la aplicación de artículos de la ley de bosques y modifica su reglamentación. De esta forma, Córdoba podría percibir cerca de 20 millones de pesos anuales para proteger los bosques y pagarles a los dueños de predios con monte nativo.El problema es que este decreto no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, procedimiento esencial para que quede vigente según el artículo 2º del Código Civil (ver Infografía).
El episodio trascendió a tres años de la sanción de la ley, el 5 de agosto de 2010 a altas horas de la noche y tras un duro debate en la Legislatura.
El texto fue exhibido a la Nación como normativa válida, según pudieron confirmar este diario y la senadora nacional Norma Morandini. Lo curioso es que tanto ruralistas como ambientalistas desconocían su existencia.
La modificación está firmada por el gobernador José Manuel de la Sota; el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba. Está fechado el 4 de octubre de 2012, N° 1.131.
El decreto deroga párrafos del decreto reglamentario y posterga la aplicación de parte de la ley, otra medida polémica. El objetivo es “eliminar el concepto de aprovechamiento sustentable” y no permitir el desmonte en predios que sean aptos para producir bajo riego.
La Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente de la Nación cuestionó siempre estos puntos y fueron los argumentos centrales para negarle los fondos que prevé la ley nacional.
Se especula que la Provincia no difundió este decreto para evitar la polémica con los productores agropecuarios, quienes se verían perjudicados con las modificaciones. En cambio, mostró esta “carta” a la Nación para poder destrabar el giro del dinero.
“Celebramos el decreto 1.131/12, que pone parches a dos aspectos inconstitucionales de la ley de bosques”, dice Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental. Aunque luego aclara: “Sin embargo, creemos que los bosques nativos requieren soluciones de fondo”.
Uno de los dos puntos que modifica es la aplicación del concepto de “aprovechamiento sustentable”. “Es un eufemismo para permitir el rolado o control selectivo de bajo impacto y la implantación de especies exóticas, que nada tienen de sustentables para la categoría de conservación I (rojo), que la propia ley define como ‘sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse’”, dice Kopta.
El otro aspecto modificado por el decreto “secreto” es diferir la posibilidad de que, si existe o se genera infraestructura para riego, un predio de categoría de conservación I (rojo) o II (amarillo) pase a la categoría III (verde), en la cual se permite el desmonte total.
Estos dos puntos y otros más forman parte del argumento que la Universidad Nacional de Río Cuarto esgrimió para pedir la inconstitucionalidad de la norma provincial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se expidió.
La senadora Morandini realizó un pedido de informes a la Provincia para que dé precisiones sobre este decreto secreto. Hasta el jueves, no había sido respondido. Ante la consulta de este diario, la Provincia no brindó precisiones sobre el tema. La Nación tampoco dio detalles.
Cronología
Debate. Como prevé la ley nacional, la Provincia conforma en 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), integrada en su mayoría por sectores ambientalistas y académicos. Las organizaciones rurales denuncian esta situación.
Sanción. El 5 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba la Ley de Bosques Nativos. El debate fue largo porque el texto final no coincidió con el que se había acordado entre la COTBN y el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales, el legislador Marcelo Falo. El ambientalismo denunció presiones del sector rural.
Inconstitucionalidad. A fines de 2010, la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que todavía no se expidió.
Reglamentación. En febrero de 2011, se publica la reglamentación de la ley, que no conforma ni a ruralistas ni a ambientalistas.
Sin fondos. Por tercer año consecutivo, en 2012, Córdoba no recibe los fondos nacionales destinados a proteger el bosque nativo y compensar a los dueños de predios con monte. Ambiente de la Nación confirma que la Provincia debe modificar la ley.
Decreto secreto. Hace 10 meses, la Provincia modifica la ley para percibir fondos nacionales. El hecho trascendió en julio pasado.
40% de los bosques desapareció entre 2004 y 2010
Fueron 269 mil hectáreas. Eran de bosque cerrado (casi monte original) y de bosque abierto (hasta con 40% de cobertura de árboles autóctonos).
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Otro mapa, con menos hectáreas protegidas
En el sitio en Internet de Ambiente de la Nación figura un mapa de bosques diferente al anexado a la ley provincial.
Hay menos superficie bajo la categoría amarilla.
La senadora Norma Morandini y miembros de la ex Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) también advirtieron cambios en el mapa cordobés de ordenamiento territorial de bosques nativos que tiene en su poder la Nación (http://bit.ly/16la8oF) y el que está anexado a la ley provincial (ver infográfico).
“Hay una dramática reducción de la superficie con categoría de conservación II (amarillo), que pasa de 3,93 millones de hectáreas a 0,48 millones, lo que implica la pérdida del 87,7 por ciento de la superficie con categoría intermedia de conservación”, detalla Kopta.
“Si bien el mapa de ordenamiento sancionado por la Legislatura no fue admitido por la Nación –que observó sus serias deficiencias técnicas–, integra la ley y no puede ser escindido de ella. Por lo tanto, su contenido debe ser modificado con otra ley y en ningún caso por una simple voluntad del gobernante de turno”, comentó Norma Morandini en un nota de opinión (http://bit.ly/12ZLwCR) publicada por este diario el 22 de julio pasado.
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Hoy Día (05/08/2013)
- Piden que la Corte Suprema se expida sobre la ley de bosques
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20 sept 2012
Sin solución para los desmontes de Córdoba
Hoy Día (20/09/2012)
Sin solución para los desmontes
Afirman que existe influencia de intereses agropecuarios en la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
La cuestión de los desmontes en el territorio cordobés, sobre todo después de la sanción de la fallida y controvertida ley de bosques 9.814 por parte de la Legislatura, sigue poniendo al descubierto uno de los flancos más débiles de la administración provincial. Según explicó a Hoy Día Córdoba Alicia Bar-chuk, doctora en Ciencias Agrope-cuarias y ex titular de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), esta situación se ve propiciada, por un lado, por una situación de anomia jurídica y, por otro, por la influencia de los "lobbys del agro".
Barchuk recordó que la ley 9.814, sancionada en el año 2010, correspondió a un proyecto que salió a la luz el mismo día de la votación y que fue aprobado entre gallos y medianoche, sin considerar lo realizado a lo largo de dos años por los expertos de la COTBN. Por su parte, el ex secretario de Ambiente de la Provincia, Darío Sbarato, explicó que mientras esta ley esté en suspenso, a raíz de un pedido de inconstitucionalidad, no se puede tocar "ni un sólo árbol" dentro del territorio cordobés.
Sbarato señaló que mientras estuvo al frente de esa dependencia, desde diciembre de 2011 a mayo de 2012, realizó gestiones para que saliera un decreto "que dejara en suspenso los artículos problemáticos hasta tanto saliera la nueva ley". El objetivo era poder tener una ley acreditada que habilitar a la Provincia a recibir los fondos previstos en la ley nacional. Sin embargo, según afirmó el ex funcionario, a pesar de este esfuerzo, el ministro de Agua Ambiente y Energía, Manuel Fernando Calvo, decidió no impulsar ese decreto, privando a Córdoba de recibir las partidas para defender los bosques, lo que motivó su renuncia al cargo. Además, Sbarato señaló que, luego de su salida de la repartición, la tasa de desmonte pasó de "75 hectáreas en cinco meses a 5.000 hectáreas en dos meses".
Esta situación también coincide con lo denunciado hace dos meses por Facundo Fernández, quien fue cesanteado de su puesto en el área de Fiscalización Ambiental de la Secretaría, junto a otros 19 compañeros que desempeñaban funciones en esa dependencia. Según explicó Fernández a este diario, actualmente se está dando un proceso de "desgranamiento en el área de control; ya en los últimos años estábamos desbordados y superados por la inmensa cantidad de denuncias y actos concretos de desmontes ilegales". En el caso del cuerpo de inspectores, el también biólogo explicó que "para los 16.000.000 de hectáreas de la provincia sólo quedan seis personas". En tanto, ante una consulta de Hoy Día Córdoba, desde la Secretaría señalaron que el nuevo titular, Luis Federico Bocco, no realizaría declaraciones, al tiempo que negaron un desgranamiento institucional y dijeron que "se estaba trabajando" en el reemplazo de los empleados cesanteados.
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Sin solución para los desmontes
Afirman que existe influencia de intereses agropecuarios en la Secretaría de Ambiente de la Provincia.La cuestión de los desmontes en el territorio cordobés, sobre todo después de la sanción de la fallida y controvertida ley de bosques 9.814 por parte de la Legislatura, sigue poniendo al descubierto uno de los flancos más débiles de la administración provincial. Según explicó a Hoy Día Córdoba Alicia Bar-chuk, doctora en Ciencias Agrope-cuarias y ex titular de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), esta situación se ve propiciada, por un lado, por una situación de anomia jurídica y, por otro, por la influencia de los "lobbys del agro".
Barchuk recordó que la ley 9.814, sancionada en el año 2010, correspondió a un proyecto que salió a la luz el mismo día de la votación y que fue aprobado entre gallos y medianoche, sin considerar lo realizado a lo largo de dos años por los expertos de la COTBN. Por su parte, el ex secretario de Ambiente de la Provincia, Darío Sbarato, explicó que mientras esta ley esté en suspenso, a raíz de un pedido de inconstitucionalidad, no se puede tocar "ni un sólo árbol" dentro del territorio cordobés.
Sbarato señaló que mientras estuvo al frente de esa dependencia, desde diciembre de 2011 a mayo de 2012, realizó gestiones para que saliera un decreto "que dejara en suspenso los artículos problemáticos hasta tanto saliera la nueva ley". El objetivo era poder tener una ley acreditada que habilitar a la Provincia a recibir los fondos previstos en la ley nacional. Sin embargo, según afirmó el ex funcionario, a pesar de este esfuerzo, el ministro de Agua Ambiente y Energía, Manuel Fernando Calvo, decidió no impulsar ese decreto, privando a Córdoba de recibir las partidas para defender los bosques, lo que motivó su renuncia al cargo. Además, Sbarato señaló que, luego de su salida de la repartición, la tasa de desmonte pasó de "75 hectáreas en cinco meses a 5.000 hectáreas en dos meses".
Esta situación también coincide con lo denunciado hace dos meses por Facundo Fernández, quien fue cesanteado de su puesto en el área de Fiscalización Ambiental de la Secretaría, junto a otros 19 compañeros que desempeñaban funciones en esa dependencia. Según explicó Fernández a este diario, actualmente se está dando un proceso de "desgranamiento en el área de control; ya en los últimos años estábamos desbordados y superados por la inmensa cantidad de denuncias y actos concretos de desmontes ilegales". En el caso del cuerpo de inspectores, el también biólogo explicó que "para los 16.000.000 de hectáreas de la provincia sólo quedan seis personas". En tanto, ante una consulta de Hoy Día Córdoba, desde la Secretaría señalaron que el nuevo titular, Luis Federico Bocco, no realizaría declaraciones, al tiempo que negaron un desgranamiento institucional y dijeron que "se estaba trabajando" en el reemplazo de los empleados cesanteados.
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29 ago 2012
Investigadores piden por el bosque nativo
La Voz del Interior - Edición Electrónica (29/08/2012)
Reclaman medidas para que cesen los desmontes de bosque nativo
Investigadores universitarios y representantes de ONG pidieron a la Provincia un plan para evitar que siga disminuyendo la forestación autóctona en Córdoba.
Un grupo de investigadores y docentes de universidades cordobesas, ligados a tema ambientales y forestales, además de representantes de entidades ambientalistas y miembros de la ex Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn) elevaron esta semana al gobernador José Manuel de la Sota una nota en la que reclaman medidas para que cese el desmonte en esta provincia.
La misiva se redactó tras un encuentro realizado en la UNC en la que se abordaron los últimos datos sobre el desmonte en Córdoba.
En el escrito, enviado con copía al área ambiental nacional, se expone que estudios científicos realizados por centros de investigación de la UNC, muestran que "entre 2004 y 2010 hubo desmontes por casi 269.000 hectáreas de bosques nativos en el norte y oeste de la Provincia, lo que representa la desaparición del 40 por ciento del pequeño remanente de bosque nativo existente en la Provincia de Córdoba hacia 2004, como también un alto grado de fragmentación de las superficies boscosas que aún perduran, pese a que en la mayoría de ese período estuvo en vigencia la Ley 9219 de prohibición de desmontes totales".
También exponen que "la deforestación ha continuado en la provincia desde que fuera aprobada la Ley 9814 en agosto de 2010", y citan que "sólo en junio de 2012 se han desmontado 3.302 hectáreas de bosques nativos, lo que implica que se ha multiplicado exponencialmente la superficie desmontada (más de 200 veces la superficie mensual detectada en el último año), tendencia que continuó en julio con 1.128 hectáreas más, según lo revela el
informe de la ONG Guyra Paraguay".
Citan, en todos esos casos, las notas publicadas por este diario.
Propuestas. En ese marco, solicitan al Gobierno de la Provincia que "a los fines de revertir la dramática pérdida de bosques nativos tome una decisión política equivalente a la realizada con el Plan Provincial de Manejo del Fuego, en 2003, que logró reducir en un orden de magnitud la superficie quemada".
Y en ese sentido, sugieren que esa medida debería implicar al menos cinco puntos: declarar la emergencia forestal en lo que a bosque nativo se refiere para toda la provincia; la urgente revisión de la ley provincial 9814 y su efectiva adecuación a la Ley Nacional 26331 de Presupuestos Mínimos para la protección de los bosques nativos; realizar una efectiva aplicación de las sanciones a las que obliga la legislación vigente para quienes realicen desmontes totales o selectivos sin autorización; utilizar correctamente los fondos de la Ley de Bosques para la detección temprana de desmontes (su importancia es análoga a la detección temprana de los incendios) y al control de la efectiva reforestación de los predios sancionados; transparentar en Internet y el Boletín Oficial de la Provincia los datos sobre desmontes, infractores y sanciones.
Asimismo, plantean que "dada la disminución de la planta de personal que monitorea y controla los desmontes", se tomen medidas para contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el control de los desmontes y hacer cumplir las sanciones correspondientes.
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Reclaman medidas para que cesen los desmontes de bosque nativo
Investigadores universitarios y representantes de ONG pidieron a la Provincia un plan para evitar que siga disminuyendo la forestación autóctona en Córdoba.
Un grupo de investigadores y docentes de universidades cordobesas, ligados a tema ambientales y forestales, además de representantes de entidades ambientalistas y miembros de la ex Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn) elevaron esta semana al gobernador José Manuel de la Sota una nota en la que reclaman medidas para que cese el desmonte en esta provincia.
La misiva se redactó tras un encuentro realizado en la UNC en la que se abordaron los últimos datos sobre el desmonte en Córdoba.
En el escrito, enviado con copía al área ambiental nacional, se expone que estudios científicos realizados por centros de investigación de la UNC, muestran que "entre 2004 y 2010 hubo desmontes por casi 269.000 hectáreas de bosques nativos en el norte y oeste de la Provincia, lo que representa la desaparición del 40 por ciento del pequeño remanente de bosque nativo existente en la Provincia de Córdoba hacia 2004, como también un alto grado de fragmentación de las superficies boscosas que aún perduran, pese a que en la mayoría de ese período estuvo en vigencia la Ley 9219 de prohibición de desmontes totales".
También exponen que "la deforestación ha continuado en la provincia desde que fuera aprobada la Ley 9814 en agosto de 2010", y citan que "sólo en junio de 2012 se han desmontado 3.302 hectáreas de bosques nativos, lo que implica que se ha multiplicado exponencialmente la superficie desmontada (más de 200 veces la superficie mensual detectada en el último año), tendencia que continuó en julio con 1.128 hectáreas más, según lo revela el
informe de la ONG Guyra Paraguay".
Citan, en todos esos casos, las notas publicadas por este diario.
Propuestas. En ese marco, solicitan al Gobierno de la Provincia que "a los fines de revertir la dramática pérdida de bosques nativos tome una decisión política equivalente a la realizada con el Plan Provincial de Manejo del Fuego, en 2003, que logró reducir en un orden de magnitud la superficie quemada".
Y en ese sentido, sugieren que esa medida debería implicar al menos cinco puntos: declarar la emergencia forestal en lo que a bosque nativo se refiere para toda la provincia; la urgente revisión de la ley provincial 9814 y su efectiva adecuación a la Ley Nacional 26331 de Presupuestos Mínimos para la protección de los bosques nativos; realizar una efectiva aplicación de las sanciones a las que obliga la legislación vigente para quienes realicen desmontes totales o selectivos sin autorización; utilizar correctamente los fondos de la Ley de Bosques para la detección temprana de desmontes (su importancia es análoga a la detección temprana de los incendios) y al control de la efectiva reforestación de los predios sancionados; transparentar en Internet y el Boletín Oficial de la Provincia los datos sobre desmontes, infractores y sanciones.
Asimismo, plantean que "dada la disminución de la planta de personal que monitorea y controla los desmontes", se tomen medidas para contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el control de los desmontes y hacer cumplir las sanciones correspondientes.
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12 ago 2012
La COTBN adviete sobre el desmonte descotrolado
El Puntal de Río Cuarto (12/08/2012)
Alertan que por desmontes la ciudad está en grave riesgo de inundación
Representantes de la Cotbn advirtieron que la escasa presencia de bosque nativo en la cuenca alta impide regular el nivel de lluvias, que en la última década se incrementó debido al cambio climático
La presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn) Alicia Barchuk alertó que los desmontes ocurridos en las últimas décadas ubican a la ciudad en una situación de alto riesgo de inundación. Durante una charla organizada por la UNRC en el Concejo Deliberante, la investigadora advirtió que la cuenca alta del río Cuarto no cuenta con bosques nativos que permitan regular el nivel de lluvias, que en los últimos años se incrementó por el cambio climático.
Ante la escasa cantidad de flora nativa que queda en nuestra región y su importancia para amortiguar distintos eventos climáticos, Barchuk calificó como “dramática” la situación de las cuencas altas en el sur provincial y destacó que existen “enormes riesgos de erosión hídrica y eólica”.
La investigadora manifestó que la población de nuestra ciudad se ve particularmente afectada por esta problemática debido a que en la cuenca del río Cuarto sólo queda entre un 2 y un 3 por ciento de cobertura de bosque nativo. “Cuando perdemos cobertura vegetal las cuencas se transforman en toboganes donde el agua escurre a muy alta velocidad”, explicó.
En ese marco, la representante de la Cotbn aseguró: “La ciudad de Río Cuarto está en una posición realmente de riesgo, no solamente porque la escasa regulación de la cuenca alta lleva a que las napas freáticas estén sobreelevadas casi al nivel de la superficie, sino también porque en épocas de verano pueden ocurrir grandes lluvias y poner en riesgo a toda la población por inundación.
- ¿Qué condiciones deberían darse para que ocurra esta inundación?, consultó PUNTAL.
Eso estamos evaluando, estamos trabajando en un modelo que nos va a llevar a proyecciones en base a las tendencias que estamos encontrando. Pero es fácil mirar la historia de inundaciones que ha tenido Río Cuarto, por ejemplo hubo una en el año ´56 que fue muy grande, muy importante, y en esa época había muy buena cobertura de las sierras y de todo el lecho del río y la actividad agrícola no era tan marcada.
En base a la evaluación que nosotros hicimos desde 2000 a 2009, ya partimos de que en el año 2000 se estaba en una situación muy deteriorada que se acentuó a una tasa de 0,25% anual de desmonte, lo que ha llevado a una cuenca casi sin cobertura vegetal permanente. Ese mismo antecedente coloca a Río Cuarto en una situación de altísimo riesgo en la época estival, ya que además está aumentando la frecuencia de lluvias torrenciales en la última década a raíz del cambio climático.
Toboganes de agua
Los árboles nativos cumplen una importante función ante los eventos del ambiente físico, como vientos, lluvias torrenciales y sequías, etc. y su ausencia ya se hace notar en el sur provincial.
- ¿Cómo se relaciona la ausencia de bosques con el riesgo de inundación?
La cobertura vegetal amortigua el efecto de las gotas de lluvia, ayuda a una infiltración profunda y un escurrimiento superficial más lento y por lo tanto cuanta mejor cobertura haya, mejor es la capacidad de regulación hídrica de las cuencas altas y no repercute en la llegada del agua a las cuencas bajas. Cuando perdemos cobertura vegetal las cuencas se transforman en toboganes donde el agua escurre a muy alta velocidad y puede generar riesgos de aluviones y arrastrar todo a su paso.
Además, Barchuk afirmó que el desmonte ya hace visibles sus consecuencias mediante la elevación de las napas freáticas: “En el sur provincial tenemos enormes nuevas lagunas, nuevos humedales y una permanente canalización de los suelos para sacar esa agua, pero en realidad es producto de la pérdida de regulación de la cuenca de arriba”, explicó.
A través de evaluaciones de imágenes satelitales, los integrantes de la Cotbn informaron que en el sur de la provincia de Córdoba sólo quedan alredeor de seis mil hectáreas de bosque nativo de los tres millones que existían originalmente.
Además, indicaron que la situación de los desmontes en el sur de la provincia continuó agravándose en la última década a raíz del avance de los cultivos y el uso más extendido del fuego en zonas montañosas.
“La situación en el sur de Córdoba es tremendamente grave”, advirtió Barchuk en relación a los desmontes. Y continuó: “Sabemos por evaluaciones con imágenes satelitales que queda escasísima cantidad de bosques. Hay solamente dos parches de poco más de 3 mil hectáreas y después no queda ningún ecosistema boscoso significativo”.
Las dos regiones mencionadas por la representante de la Cotbn están compuestas por bosques de Caldén, la especie nativa más importante de nuestra región.
Originalmente, los bosques de Caldén ocupaban tres millones de hectáreas en el sur provincial. En el año 2000, según un estudio realizado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, quedaban 40 mil hectáreas con esta especie y en los últimos doce años esa cantidad se redujo a tan sólo seis mil hectáreas.
“En los últimos diez años han continuado los desmontes, nosotros hemos detectado que de los escasos bosques que quedaban en el año 2000 el 40% pasó a agricultura”, expresó al respecto Barchuk.
Al avance de la frontera agrícola se suma una nueva problemática, según señala la investigadora: “Otro cambio en el uso de la tierra que se ha incentivado es el uso de fuego en zona montañosa o sea que tenemos grandes superficies quemadas”, dijo. Y recordó que el incendio ocurrido en 2009 quemó “prácticamente toda la zona sur de la Sierra Comechingones”, generando una nueva pérdida de cobertura vegetal.
“A causa de esta pérdida de cobertura de suelo tenemos enormes riesgos de erosión hídrica y eólica en casi 500 mil hectáreas y también a nivel satelital estamos evaluando que continuamente hay una pérdida de productividad agrícola, que se ha acentuado en los últimos diez años”, advirtieron desde la organización.
La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn) iniciará acciones judiciales por la falta de control de los desmontes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La decisión se tomó luego de que trascendiera que empleados clave de esa dependencia fueron despedidos por presiones de entidades del campo.
Los 19 despidos realizados en Ambiente en el último tiempo dejaron a la Provincia sin personal para realizar relevamientos satelitales ni inspectores suficientes para corroborar y sancionar desmontes ilegales. La polémica creció aún más cuando trascendió que varios empleados clave del Área de Fiscalización y Control Ambiental habrían sido cesanteados por el pedido de un abogado de Cartez y la Sociedad Rural de Jesús María.
“Una vez más el Estado es intervenido o manejado por grupos minoritarios, en este caso Cartez y Sociedad Rural, que deciden directamente los destinos de nuestros recursos naturales pero también deciden sobre los órganos de control y fiscalización”, afirmó al respecto la presidenta de la Cotbn Alicia Barchuk. Y adelantó que por estas irregularidades iniciarán acciones judiciales contra las entidades del agro involucradas y el gobierno provincial.
“Tenemos que decir basta”
Desde la Cotbn compararon lo ocurrido con los últimos despidos con el modo en que se aprobó la ley de bosques vigente en la actualidad y denunciaron que en ambos casos existió una “connivencia” entre el Estado y los productores. “Con la ley 9814 ellos prácticamente manipularon el Poder Legislativo, hicieron lobby para favorecer la ley que les convenía a ellos”, sostuvieron desde la organización que participó en la elaboración de un proyecto que a último momento fue modificado.
Y denunciaron que ahora las entidades agropecuarias “hacen lo mismo con la Secretaría de Ambiente de la Provincia decidiendo qué funcionarios y qué empleados quedan en relación al control y la fiscalización”.
En ese marco, Barchuk afirmó: “Nosotros tenemos que decir un basta, y ese basta significa conservar lo que tenemos, recuperar y no permitir más esa injerencia de estos sectores minoritarios sobre nuestros gobiernos que son democráticos”.
Así, desde la Cotbn anunciaron que recurrirán a la Justicia para denunciar la situación de la Secretaría de Ambiente. “Creo que no hay otro camino, es el defendernos y hoy la defensa es acudir al Poder Judicial para iniciar acciones contra esos grupos y contra el gobierno directamente”, expresó la investigadora.
En el mismo sentido, el abogado Alejandro Vera del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), que también integra la Cotbn, reafirmó la necesidad de iniciar acciones judiciales para detener las irregularidades que están ocurriendo en Córdoba.
“Nosotros siempre tratamos de incentivar que cualquier persona en cualquier lugar de la provincia denuncie los desmontes porque es su derecho, que sigan los expedientes, que busquen información de la autoridad de aplicación y que llegado el caso se puede judicializar, y eso es lo que hace falta hoy en la provincia”, manifestó.
El abogado Alejandro Vera del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) explicó que los fondos destinados a conservación que le corresponden a Córdoba a partir de la Ley Nacional de Bosques no llegarán hasta que no se modifique la normativa provincial.
Así, este sería el segundo año que Córdoba pierde alrededor de 20 millones de pesos destinados a preservar el escaso monte que aún queda en territorio provincial.
Según explicó Vera, un 70% de los fondos estipulados por la denominada Ley Bonasso deberían destinarse a productores como compensación, mientras que el 30% restante iría a las áreas de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente provincial, justamente la dependencia que mayores déficit presenta en cuanto a recursos y personal.
Sin embargo, el abogado afirmó que mientras se mantenga sin cambios la ley 9814, es imposible que nuestra provincia reciba el dinero, ya que la norma contradice en diversos aspectos las disposiciones a nivel nacional.
Según relató Vera, la propia directora del Área de Bosques de la Nación cuestionó en su momento aquellos artículos que “permiten actividades en zonas que la ley nacional declara expresamente de alto valor de conservación y donde no se pueden realizar más actividades que las científicas, de investigación y de algunas comunidades campesinas y aborígenes”, precisó el abogado.
Y agregó que otra de las deficiencias mencioandas desde Nación es que según la ley provincial aquellas zonas aptas para cultivo bajo riego son automáticamente declaradas como zona de bajo nivel de conservación.
“Sabemos que la lista es mucho más larga que esos artículos, que en realidad el ordenamiento es totalmente deficiente porque no responde a los criterios de la ley nacional, los que deben interpretarse de manera integrada”, sostuvo el integrante de Cedha.
“Creemos que hasta ahora no han llegado a un acuerdo entre Nación y Provincia para una modificación viable porque saben que no hay otro ordenamiento posible que el que establece la ley nacional. En definitiva hay que establecer un mapa conforme a esos criterios y no es el mapa que actualmente tiene la 9814”, explicó Vera.
En ese marco, advirtió que es imposible para Córdoba recibir los fondos que le corresponden porque si así fuera el gobierno nacional “también estaría incumpliendo con los presupuestos mínimos ambientales”.
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Alertan que por desmontes la ciudad está en grave riesgo de inundación
Representantes de la Cotbn advirtieron que la escasa presencia de bosque nativo en la cuenca alta impide regular el nivel de lluvias, que en la última década se incrementó debido al cambio climático
La presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn) Alicia Barchuk alertó que los desmontes ocurridos en las últimas décadas ubican a la ciudad en una situación de alto riesgo de inundación. Durante una charla organizada por la UNRC en el Concejo Deliberante, la investigadora advirtió que la cuenca alta del río Cuarto no cuenta con bosques nativos que permitan regular el nivel de lluvias, que en los últimos años se incrementó por el cambio climático.
Ante la escasa cantidad de flora nativa que queda en nuestra región y su importancia para amortiguar distintos eventos climáticos, Barchuk calificó como “dramática” la situación de las cuencas altas en el sur provincial y destacó que existen “enormes riesgos de erosión hídrica y eólica”.
La investigadora manifestó que la población de nuestra ciudad se ve particularmente afectada por esta problemática debido a que en la cuenca del río Cuarto sólo queda entre un 2 y un 3 por ciento de cobertura de bosque nativo. “Cuando perdemos cobertura vegetal las cuencas se transforman en toboganes donde el agua escurre a muy alta velocidad”, explicó.
En ese marco, la representante de la Cotbn aseguró: “La ciudad de Río Cuarto está en una posición realmente de riesgo, no solamente porque la escasa regulación de la cuenca alta lleva a que las napas freáticas estén sobreelevadas casi al nivel de la superficie, sino también porque en épocas de verano pueden ocurrir grandes lluvias y poner en riesgo a toda la población por inundación.
- ¿Qué condiciones deberían darse para que ocurra esta inundación?, consultó PUNTAL.
Eso estamos evaluando, estamos trabajando en un modelo que nos va a llevar a proyecciones en base a las tendencias que estamos encontrando. Pero es fácil mirar la historia de inundaciones que ha tenido Río Cuarto, por ejemplo hubo una en el año ´56 que fue muy grande, muy importante, y en esa época había muy buena cobertura de las sierras y de todo el lecho del río y la actividad agrícola no era tan marcada.
En base a la evaluación que nosotros hicimos desde 2000 a 2009, ya partimos de que en el año 2000 se estaba en una situación muy deteriorada que se acentuó a una tasa de 0,25% anual de desmonte, lo que ha llevado a una cuenca casi sin cobertura vegetal permanente. Ese mismo antecedente coloca a Río Cuarto en una situación de altísimo riesgo en la época estival, ya que además está aumentando la frecuencia de lluvias torrenciales en la última década a raíz del cambio climático.
Toboganes de agua
Los árboles nativos cumplen una importante función ante los eventos del ambiente físico, como vientos, lluvias torrenciales y sequías, etc. y su ausencia ya se hace notar en el sur provincial.
- ¿Cómo se relaciona la ausencia de bosques con el riesgo de inundación?
La cobertura vegetal amortigua el efecto de las gotas de lluvia, ayuda a una infiltración profunda y un escurrimiento superficial más lento y por lo tanto cuanta mejor cobertura haya, mejor es la capacidad de regulación hídrica de las cuencas altas y no repercute en la llegada del agua a las cuencas bajas. Cuando perdemos cobertura vegetal las cuencas se transforman en toboganes donde el agua escurre a muy alta velocidad y puede generar riesgos de aluviones y arrastrar todo a su paso.
Además, Barchuk afirmó que el desmonte ya hace visibles sus consecuencias mediante la elevación de las napas freáticas: “En el sur provincial tenemos enormes nuevas lagunas, nuevos humedales y una permanente canalización de los suelos para sacar esa agua, pero en realidad es producto de la pérdida de regulación de la cuenca de arriba”, explicó.
A través de evaluaciones de imágenes satelitales, los integrantes de la Cotbn informaron que en el sur de la provincia de Córdoba sólo quedan alredeor de seis mil hectáreas de bosque nativo de los tres millones que existían originalmente.
Además, indicaron que la situación de los desmontes en el sur de la provincia continuó agravándose en la última década a raíz del avance de los cultivos y el uso más extendido del fuego en zonas montañosas.
“La situación en el sur de Córdoba es tremendamente grave”, advirtió Barchuk en relación a los desmontes. Y continuó: “Sabemos por evaluaciones con imágenes satelitales que queda escasísima cantidad de bosques. Hay solamente dos parches de poco más de 3 mil hectáreas y después no queda ningún ecosistema boscoso significativo”.
Las dos regiones mencionadas por la representante de la Cotbn están compuestas por bosques de Caldén, la especie nativa más importante de nuestra región.
Originalmente, los bosques de Caldén ocupaban tres millones de hectáreas en el sur provincial. En el año 2000, según un estudio realizado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, quedaban 40 mil hectáreas con esta especie y en los últimos doce años esa cantidad se redujo a tan sólo seis mil hectáreas.
“En los últimos diez años han continuado los desmontes, nosotros hemos detectado que de los escasos bosques que quedaban en el año 2000 el 40% pasó a agricultura”, expresó al respecto Barchuk.
Al avance de la frontera agrícola se suma una nueva problemática, según señala la investigadora: “Otro cambio en el uso de la tierra que se ha incentivado es el uso de fuego en zona montañosa o sea que tenemos grandes superficies quemadas”, dijo. Y recordó que el incendio ocurrido en 2009 quemó “prácticamente toda la zona sur de la Sierra Comechingones”, generando una nueva pérdida de cobertura vegetal.
“A causa de esta pérdida de cobertura de suelo tenemos enormes riesgos de erosión hídrica y eólica en casi 500 mil hectáreas y también a nivel satelital estamos evaluando que continuamente hay una pérdida de productividad agrícola, que se ha acentuado en los últimos diez años”, advirtieron desde la organización.
La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn) iniciará acciones judiciales por la falta de control de los desmontes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La decisión se tomó luego de que trascendiera que empleados clave de esa dependencia fueron despedidos por presiones de entidades del campo.
Los 19 despidos realizados en Ambiente en el último tiempo dejaron a la Provincia sin personal para realizar relevamientos satelitales ni inspectores suficientes para corroborar y sancionar desmontes ilegales. La polémica creció aún más cuando trascendió que varios empleados clave del Área de Fiscalización y Control Ambiental habrían sido cesanteados por el pedido de un abogado de Cartez y la Sociedad Rural de Jesús María.
“Una vez más el Estado es intervenido o manejado por grupos minoritarios, en este caso Cartez y Sociedad Rural, que deciden directamente los destinos de nuestros recursos naturales pero también deciden sobre los órganos de control y fiscalización”, afirmó al respecto la presidenta de la Cotbn Alicia Barchuk. Y adelantó que por estas irregularidades iniciarán acciones judiciales contra las entidades del agro involucradas y el gobierno provincial.
“Tenemos que decir basta”
Desde la Cotbn compararon lo ocurrido con los últimos despidos con el modo en que se aprobó la ley de bosques vigente en la actualidad y denunciaron que en ambos casos existió una “connivencia” entre el Estado y los productores. “Con la ley 9814 ellos prácticamente manipularon el Poder Legislativo, hicieron lobby para favorecer la ley que les convenía a ellos”, sostuvieron desde la organización que participó en la elaboración de un proyecto que a último momento fue modificado.
Y denunciaron que ahora las entidades agropecuarias “hacen lo mismo con la Secretaría de Ambiente de la Provincia decidiendo qué funcionarios y qué empleados quedan en relación al control y la fiscalización”.
En ese marco, Barchuk afirmó: “Nosotros tenemos que decir un basta, y ese basta significa conservar lo que tenemos, recuperar y no permitir más esa injerencia de estos sectores minoritarios sobre nuestros gobiernos que son democráticos”.
Así, desde la Cotbn anunciaron que recurrirán a la Justicia para denunciar la situación de la Secretaría de Ambiente. “Creo que no hay otro camino, es el defendernos y hoy la defensa es acudir al Poder Judicial para iniciar acciones contra esos grupos y contra el gobierno directamente”, expresó la investigadora.
En el mismo sentido, el abogado Alejandro Vera del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), que también integra la Cotbn, reafirmó la necesidad de iniciar acciones judiciales para detener las irregularidades que están ocurriendo en Córdoba.
“Nosotros siempre tratamos de incentivar que cualquier persona en cualquier lugar de la provincia denuncie los desmontes porque es su derecho, que sigan los expedientes, que busquen información de la autoridad de aplicación y que llegado el caso se puede judicializar, y eso es lo que hace falta hoy en la provincia”, manifestó.
El abogado Alejandro Vera del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) explicó que los fondos destinados a conservación que le corresponden a Córdoba a partir de la Ley Nacional de Bosques no llegarán hasta que no se modifique la normativa provincial.
Así, este sería el segundo año que Córdoba pierde alrededor de 20 millones de pesos destinados a preservar el escaso monte que aún queda en territorio provincial.
Según explicó Vera, un 70% de los fondos estipulados por la denominada Ley Bonasso deberían destinarse a productores como compensación, mientras que el 30% restante iría a las áreas de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente provincial, justamente la dependencia que mayores déficit presenta en cuanto a recursos y personal.
Sin embargo, el abogado afirmó que mientras se mantenga sin cambios la ley 9814, es imposible que nuestra provincia reciba el dinero, ya que la norma contradice en diversos aspectos las disposiciones a nivel nacional.
Según relató Vera, la propia directora del Área de Bosques de la Nación cuestionó en su momento aquellos artículos que “permiten actividades en zonas que la ley nacional declara expresamente de alto valor de conservación y donde no se pueden realizar más actividades que las científicas, de investigación y de algunas comunidades campesinas y aborígenes”, precisó el abogado.
Y agregó que otra de las deficiencias mencioandas desde Nación es que según la ley provincial aquellas zonas aptas para cultivo bajo riego son automáticamente declaradas como zona de bajo nivel de conservación.
“Sabemos que la lista es mucho más larga que esos artículos, que en realidad el ordenamiento es totalmente deficiente porque no responde a los criterios de la ley nacional, los que deben interpretarse de manera integrada”, sostuvo el integrante de Cedha.
“Creemos que hasta ahora no han llegado a un acuerdo entre Nación y Provincia para una modificación viable porque saben que no hay otro ordenamiento posible que el que establece la ley nacional. En definitiva hay que establecer un mapa conforme a esos criterios y no es el mapa que actualmente tiene la 9814”, explicó Vera.
En ese marco, advirtió que es imposible para Córdoba recibir los fondos que le corresponden porque si así fuera el gobierno nacional “también estaría incumpliendo con los presupuestos mínimos ambientales”.
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23 jul 2012
A la provincia no le interesan los desmontes
La Voz del Interior (23/07/2012)
Ambiente, con menos gente para controlar los desmontes
Ambiente, con menos gente para controlar los desmontes
La Provincia no les renovó el contrato a 19 empleados que fiscalizaban deforestación. Se fue el único de relevamiento satelital.La Secretaría de Ambiente de la Provincia reconoció que dejaron cesantes a 19 empleados. Varios de ellos se dedicaban a controlar los desmontes y otros ilícitos ambientales.
“Se dieron desvinculaciones en distintas áreas y no sólo en el área de control, porque todas esas personas no se adecuaban a los objetivos de la gestión actual”, indicaron desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, de la que depende la Secretaría.
La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn) asegura que esto se debe a presiones de las agrupaciones rurales. “Los despidos ocurrieron luego de una nota enviada por Raúl Carranza, abogado de la Sociedad Rural de Jesús María y consultor de otras asociaciones, a Luis Bocco, secretario de Ambiente, donde se manifiesta una supuesta enemistad por parte de los trabajadores despedidos”, indicó Alicia Barchuk, de la Cotbn.
Desde la Provincia desmintieron que la baja de contratos se deba a presiones de alguna agrupación agropecuaria. Los cesanteados en Ambiente entran dentro de un paquete de más de 100 empleados en varias áreas de la administración provincial a los que no les renovaron el contrato que venció a fines de junio.
No obstante, Ambiente es un área sensible para la que se requiere muchos inspectores para cubrir todo el territorio provincial y controlar diversos delitos ambientales. La propia Provincia reconoció varias veces la falta de personal para hacer una correcta fiscalización.
Para el área de bosques, la Provincia contaba con los recursos que le debía girar la Nación en el marco de la ley de bosques. El monto es de casi 20 millones de pesos, pero está trabado debido a que la norma provincial no cumpliría con los presupuestos mínimos estipulados en la ley nacional. Hay una presentación ante la Corte Suprema por este motivo.
Los empleados cesanteados realizaban los informes y pericias de los campos en infracción para estimar la superficie desmontada y calcular la multa. También controlaban el funcionamiento de los feed lot y establecimientos avícolas (son focos de contaminación de las napas y de moscas, por ejemplo) y las lagunas cordobesas, para evitar la caza y pesca furtiva.
Tampoco le renovaron el contrato a la única persona encargada de realizar el relevamiento satelital de los desmontes, que servía como prueba para cuantificar la multa.
Esta área tenía que procesar varias decenas de expedientes por semana, según trascendió. Este ex empleado es una de las personas aludidas en el pedido de recusamiento realizado por el abogado Carranza, al que tuvo acceso este diario.
Un alto funcionario de la anterior gestión en Ambiente explicó que el área de control y fiscalización tenía 14 empleados, pero que en su momento solicitó 40 más para realizar un buen seguimiento de los diferentes delitos ambientales. “Tengo gente adentro que me cuentan que no tienen presupuesto. Están frenados. No están saliendo a controlar nada”, comentó.
“Es evidente que tanto la pasada como la actual gestión de gobierno han cedido sistemáticamente a las presiones de Cartez (Confederación de las Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), quienes lograron que hoy tengamos una ley a medida de sus intereses particulares”, indicó Barchuk.
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A pesar de la ley nacional, la Provincia autorizó desmontes
Desde la Cotbn sostienen que aprobaron ilegalmente varios expedientes para deforestar parte de bosque nativo.
En 2011, cuando Raúl Costa estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente (gestión de Juan Schiaretti), la Provincia autorizó varios desmontes, según expedientes a los que tuvo acceso el diario. Lo realizó en el marco de la ley de bosques nativos, aprobada en agosto de 2010, que habilita esta práctica dentro de la categoría roja.
Pero los desmontes autorizados serían ilegales si se tiene en cuenta la norma nacional (ley Bonasso), entienden desde la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn), que agrupa a ambientalistas, investigadores y comunidades campesinas.
La ley nacional prohíbe el desmonte de cualquier tipo en zona roja. Uno de los expedientes habilita un desmonte selectivo de 622 hectáreas en un predio de 1.039 hectáreas (900 con bosques nativo), en el departamento Cruz del Eje (pedanía Pichanas).
El desmonte selectivo implica pasar un rolo que deja el estrato arbóreo, pero elimina el pasto natural y los arbustos y árboles más pequeños y más jóvenes. “La superficie de bosques que permanecerá intangible, así como el área que se realizará (el desmonte) selectivo de bajo impacto, corresponde a la categoría roja y amarilla”, señala el informe de mayo de 2011, sobre el expediente 0517-011020/08.
En otro campo de 400 hectáreas, cubierto de bosque nativo, se autorizó un desmonte selectivo en la mitad del predio, ubicado cerca de Quilino (departamento Ischilín). El propio informe, fechado en septiembre de 2011 y vinculado al expediente 0517-011062/08, admite que el predio está en zona roja.
La Provincia remarcó que desde el comienzo de la gestión delasotista no se han autorizado nuevos desmontes totales y que es prioridad controlarlos.
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Más Información:
Hoy Día (24/07/2012)
- El control ambiental se verá resentido por varios despidos
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14 ene 2012
Bosques: Defensoría pide cambios en la Ley
La Voz del Interior (14/01/2012)
La Defensoría le pide a Córdoba que cambie su ley de bosques
El ente nacional dice que la norma no protege el monte nativo ni se adecua a la ley nacional. Promueve la agricultura en ecosistemas de alto valor ambiental.
La Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a la Provincia adecuar la ley de bosques nativos para asegurar la efectiva protección de estos ecosistemas y su adecuación a la norma nacional.
También señala que el texto cordobés es la peor de las leyes aprobadas entre otras 14 provincias, pues es la única que autoriza actividades ganaderas y agrícolas en las zonas con bosques bien conservados (categoría roja).
Son las principales conclusiones de un informe confeccionado por este organismo tras una solicitud de intervención de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN).
Al conocer el informe, la rectora de la UNC, Carolina Scotto, instó al Gobierno y a la Legislatura a revisar la ley.
En declaraciones al multimedio universitario SRT, Scotto planteó que hay una inentendible falta de adecuación de la norma local a la nacional, al tiempo que pronosticó un fuerte debate al respecto este año.
El texto tiene como principales fuentes informes de la Secretaría de Ambiente de la Nación y especialistas de la UNC y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
La ley provincial fue aprobada en agosto de 2010. La COTBN había trabajado por dos años en la confección de un anteproyecto, que luego fue cambiado en sus puntos fundamentales.
A partir de allí surgieron las críticas de los sectores ambientales. Denunciaron que la norma es inconstitucional porque no se adecua a la ley nacional.
La Universidad Nacional de Río Cuarto realizó una presentación judicial para pedir su inconstitucionalidad. La UNC recurrió a la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN). El informe señala tres puntos en lo que la norma provincial incumple a la ley nacional.
Agricultura en el bosque. Dice que promueve actividades productivas en bosques de alto valor de conservación.
La norma provincial permite actividades de “aprovechamiento sustentable” en la categoría roja, de mayor conservación.
Esto está prohibido en la ley nacional. A su vez, en “aprovechamiento sustentable” se incluye el rolado de bajo impacto incluso con tractor no previsto en la norma nacional.
El texto cita una nota de Ambiente de la Nación en la que le pide a la Provincia que “las prácticas de rolado y siembra de forrajeras exóticas no deben promoverse en forma extensiva en la categoría roja”.
La misma nota advierte sobre el artículo 37º de la norma provincial que permite el desmonte total para minería por considerarla una actividad “transitoria”.
Descenso de categoría. La ley permite que los bosques de alto valor de conservación desciendan de categoría.
Si en una zona en categoría roja se puede obtener agua para riego, la ley provincial (artículo 14º) permite el desmonte total para realizar una actividad agropecuaria.
“La ley pareciera otorgar la mayor categoría de protección a los bosques valiosos de Córdoba, pero sólo mientras no estén dadas las condiciones para implantar cultivos en la zona, momento en el cual podrían descender de categoría y desmontarse”, sintetiza el informe.
Cero participación. La ley no tuvo en cuenta las opiniones emanadas del proceso participativo previo.
En 2008, Ambiente de la Provincia creó la COTBN, integrada por organizaciones ambientales, campesinas, universidades y entes nacionales como Inta y Parques Nacionales.
La COTBN realizó siete talleres regionales para dar participación a la ciudadanía, como prevé la ley nacional. Con ese material, la COTBN realizó un anteproyecto que fue cambiado sustancialmente por la Legislatura cuando aprobó la ley.
La DPN entiende que de esta manera la norma provincial no respeta el texto aprobado por el Congreso de la Nación.
El informe también destaca que estas irregularidades dificultan el cobro de los fondos nacionales previstos para proteger los bosques nativos de cada provincia.
“En diciembre 2011, autoridades nacionales informaron que aunque la provincia cuenta formalmente con un ordenamiento aprobado por ley mediante el cual accedería a los fondos, Ambiente de la Nación se encuentra gestionando con la Provincia los ajustes de la ley previo al otorgamiento de los fondos”, señala el informe.
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La Voz del Interior (14/01/2012)
- El desmonte que no nos deja ver el agua
La Defensoría le pide a Córdoba que cambie su ley de bosques
El ente nacional dice que la norma no protege el monte nativo ni se adecua a la ley nacional. Promueve la agricultura en ecosistemas de alto valor ambiental.
La Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a la Provincia adecuar la ley de bosques nativos para asegurar la efectiva protección de estos ecosistemas y su adecuación a la norma nacional.
También señala que el texto cordobés es la peor de las leyes aprobadas entre otras 14 provincias, pues es la única que autoriza actividades ganaderas y agrícolas en las zonas con bosques bien conservados (categoría roja).
Son las principales conclusiones de un informe confeccionado por este organismo tras una solicitud de intervención de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN).
Al conocer el informe, la rectora de la UNC, Carolina Scotto, instó al Gobierno y a la Legislatura a revisar la ley.
En declaraciones al multimedio universitario SRT, Scotto planteó que hay una inentendible falta de adecuación de la norma local a la nacional, al tiempo que pronosticó un fuerte debate al respecto este año.
El texto tiene como principales fuentes informes de la Secretaría de Ambiente de la Nación y especialistas de la UNC y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
La ley provincial fue aprobada en agosto de 2010. La COTBN había trabajado por dos años en la confección de un anteproyecto, que luego fue cambiado en sus puntos fundamentales.
A partir de allí surgieron las críticas de los sectores ambientales. Denunciaron que la norma es inconstitucional porque no se adecua a la ley nacional.
La Universidad Nacional de Río Cuarto realizó una presentación judicial para pedir su inconstitucionalidad. La UNC recurrió a la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN). El informe señala tres puntos en lo que la norma provincial incumple a la ley nacional.
Agricultura en el bosque. Dice que promueve actividades productivas en bosques de alto valor de conservación.
La norma provincial permite actividades de “aprovechamiento sustentable” en la categoría roja, de mayor conservación.
Esto está prohibido en la ley nacional. A su vez, en “aprovechamiento sustentable” se incluye el rolado de bajo impacto incluso con tractor no previsto en la norma nacional.
El texto cita una nota de Ambiente de la Nación en la que le pide a la Provincia que “las prácticas de rolado y siembra de forrajeras exóticas no deben promoverse en forma extensiva en la categoría roja”.
La misma nota advierte sobre el artículo 37º de la norma provincial que permite el desmonte total para minería por considerarla una actividad “transitoria”.
Descenso de categoría. La ley permite que los bosques de alto valor de conservación desciendan de categoría.
Si en una zona en categoría roja se puede obtener agua para riego, la ley provincial (artículo 14º) permite el desmonte total para realizar una actividad agropecuaria.
“La ley pareciera otorgar la mayor categoría de protección a los bosques valiosos de Córdoba, pero sólo mientras no estén dadas las condiciones para implantar cultivos en la zona, momento en el cual podrían descender de categoría y desmontarse”, sintetiza el informe.
Cero participación. La ley no tuvo en cuenta las opiniones emanadas del proceso participativo previo.
En 2008, Ambiente de la Provincia creó la COTBN, integrada por organizaciones ambientales, campesinas, universidades y entes nacionales como Inta y Parques Nacionales.
La COTBN realizó siete talleres regionales para dar participación a la ciudadanía, como prevé la ley nacional. Con ese material, la COTBN realizó un anteproyecto que fue cambiado sustancialmente por la Legislatura cuando aprobó la ley.
La DPN entiende que de esta manera la norma provincial no respeta el texto aprobado por el Congreso de la Nación.
El informe también destaca que estas irregularidades dificultan el cobro de los fondos nacionales previstos para proteger los bosques nativos de cada provincia.
“En diciembre 2011, autoridades nacionales informaron que aunque la provincia cuenta formalmente con un ordenamiento aprobado por ley mediante el cual accedería a los fondos, Ambiente de la Nación se encuentra gestionando con la Provincia los ajustes de la ley previo al otorgamiento de los fondos”, señala el informe.
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12 oct 2011
Plantearían inconstitucionalidad de la ley de bosques
Comercio y Justicia (12/10/2011)
Estudian plantear la inconstitucionalidad de la ley de bosques
Ley de Bosques Estudian plantear la inconstitucionalidad de la ley de bosquesLas universidades nacionales de Córdoba, Villa María y Río Cuarto estudian interponer un recurso judicial para plantear la inconstitucionalidad de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (ley de bosques) que, por mayoría, fue aprobada en julio por la Legislatura.
La decisión de realizar la presentación judicial fue anticipada por el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Oscar Spada, quien se suma así al rechazo que exteriorizaron entidades ambientalistas, organizaciones no gubernamentales y productores rurales.
Spada dijo que planteará próximamente el tema ante los rectores de las otras dos universidades, teniendo en cuenta que técnicos de las tres hicieron aportes a la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) que no se reflejaron en la norma.
Argumentó en tal sentido que la ley “es más permisiva” que la que rige actualmente y fue aprobada ediante un método “poco ortodoxo”; además, no cumple con los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional 26331, al permitir el aprovechamiento sustentable en las zonas más protegidas.
Según los aportes de técnicos universitarios a la COTBN, “Córdoba ya desmontó 11.500.000 hectáreas y ahora sólo quedan 500.000, advirtiendo además que el proyecto -ahora convertido en ley- permite reducir las zonas de protección a los costados de ríos, lagunas y salinas.
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Estudian plantear la inconstitucionalidad de la ley de bosques
Ley de Bosques Estudian plantear la inconstitucionalidad de la ley de bosquesLas universidades nacionales de Córdoba, Villa María y Río Cuarto estudian interponer un recurso judicial para plantear la inconstitucionalidad de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (ley de bosques) que, por mayoría, fue aprobada en julio por la Legislatura.
La decisión de realizar la presentación judicial fue anticipada por el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Oscar Spada, quien se suma así al rechazo que exteriorizaron entidades ambientalistas, organizaciones no gubernamentales y productores rurales.
Spada dijo que planteará próximamente el tema ante los rectores de las otras dos universidades, teniendo en cuenta que técnicos de las tres hicieron aportes a la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) que no se reflejaron en la norma.
Argumentó en tal sentido que la ley “es más permisiva” que la que rige actualmente y fue aprobada ediante un método “poco ortodoxo”; además, no cumple con los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional 26331, al permitir el aprovechamiento sustentable en las zonas más protegidas.
Según los aportes de técnicos universitarios a la COTBN, “Córdoba ya desmontó 11.500.000 hectáreas y ahora sólo quedan 500.000, advirtiendo además que el proyecto -ahora convertido en ley- permite reducir las zonas de protección a los costados de ríos, lagunas y salinas.
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10 oct 2011
Bosques: no llega el dinero de la Nación
El Puntal de Río Cuarto (10/10/2011)
Bosques: por observaciones en la ley, no llega el dinero de la Nación
Son aproximadamente 20 millones los que la Nación ya hubiera asignado. Pero objetan artículos
Mucho después de su polémica aprobación y de las críticas de los sectores ambientalistas, la ley de bosques sigue despertando controversia. Las dudas en torno a su aplicabilidad y la demora en recibir los fondos de la Nación son algunos de los nuevos problemas que presenta la polémica ley.
La misma se creó para adherir a la normativa nacional de conservación y recibir los fondos de la Nación. Pero en la práctica no ocurre ninguna de las dos cuestiones. Y los am-bientalistas siguen sosteniendo que la ley actual es peor que la anterior.
Sin plata de la Nación
Respecto del tema económico, desde la Nación ya anunciaron la asignación de partidas a tales fines, y Córdoba no figura entre las provincias beneficiadas. El dinero del gobierno nacional debería destinarse a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, a ayudar al sostenimiento de la autoridad de aplicación, y además para compensar a los productores rurales que tienen hectáreas de bosque nativo que proteger en sus tierras.
En total, se calcula en unos 20 mi-llones de pesos que Córdoba, de momento, no percibirá. Ocurre que la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (9.814) ha sido observada por la Secretaría de Ambiente de la Nación. Y mientras esto no se revierta no habrá novedades en este sentido.
Para los ambientalistas, la ley no respeta los presupuestos mínimos y la Nación no girará plata mientras eso no se revierta. Califican a la situación de alarmante y recuerdan que de los más de 12 mi-llones de hectáreas de bosque nativo, sólo queda un 5 por ciento.
Autoridad de aplicación
Otro de los temas polémicos tiene que ver con aplicación concreta en el territorio provincial. Es decir, con las autorizaciones que la provincia debe otorgar a los productores para el posible desmonte. El decreto 1476 del gobierno provincial creó la unidad ejecutora con facultades a tales fines.
Pero los productores dudan respecto de la aplicabilidad de la ley y, sobre todo, de los tiempos del estado en relación al de los privados. Además, tanto los ruralistas como los ambientalistas cuestionan que sea un funcionario el que defina qué terrenos puedan desmontarse y cuáles no.
El objeto de la ley
La ley fue ela-borada durante más de un año y medio por la comisión de ordenamiento territorial del bosque nativo para ponerla a consideración de los legisladores provinciales y que éstos la aprobaran. El objetivo final siempre fue poder adherir a la normativa nacional, que le exige a las provincias regulación para que éstas puedan percibir los fondos nacionales para la conservación del bosque. De no sancionar la ley a tiempo, Córdoba perdía los fondos correspondientes a 2010.
Pero el debate en la Legislatura fue largo debido a que las partes no lograban ponerse de acuerdo. No todos los bloques apoyaban el proyecto de la COTBN y los sectores ligados a la producción agropecuaria consideraban que la nueva ley llegaba para terminar con fuentes de trabajo. Por eso, y para acelerar los trámites, fue que la comisión de ambiente modificó algunos de los artículos y se logró aprobar la ley. Claro que sin el apoyo de los am-bientalistas.
La llamada Ley Bonasso parte de la premisa de respetar ciertos presupuestos mínimos, presupuestos que para los biólogos e ingenieros de la COTBN no están garantizados. Esto originó la presentación de un amparo de la Universidad de Río Cuarto en contra de la Provincia, planteando la inconstitucionalidad de 12 artículos de la ley 9.814. La Procuración General de Nación ya giró el caso a la Corte Suprema de Justicia.
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Bosques: por observaciones en la ley, no llega el dinero de la Nación
Son aproximadamente 20 millones los que la Nación ya hubiera asignado. Pero objetan artículos
Mucho después de su polémica aprobación y de las críticas de los sectores ambientalistas, la ley de bosques sigue despertando controversia. Las dudas en torno a su aplicabilidad y la demora en recibir los fondos de la Nación son algunos de los nuevos problemas que presenta la polémica ley.
La misma se creó para adherir a la normativa nacional de conservación y recibir los fondos de la Nación. Pero en la práctica no ocurre ninguna de las dos cuestiones. Y los am-bientalistas siguen sosteniendo que la ley actual es peor que la anterior.
Sin plata de la Nación
Respecto del tema económico, desde la Nación ya anunciaron la asignación de partidas a tales fines, y Córdoba no figura entre las provincias beneficiadas. El dinero del gobierno nacional debería destinarse a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, a ayudar al sostenimiento de la autoridad de aplicación, y además para compensar a los productores rurales que tienen hectáreas de bosque nativo que proteger en sus tierras.
En total, se calcula en unos 20 mi-llones de pesos que Córdoba, de momento, no percibirá. Ocurre que la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (9.814) ha sido observada por la Secretaría de Ambiente de la Nación. Y mientras esto no se revierta no habrá novedades en este sentido.
Para los ambientalistas, la ley no respeta los presupuestos mínimos y la Nación no girará plata mientras eso no se revierta. Califican a la situación de alarmante y recuerdan que de los más de 12 mi-llones de hectáreas de bosque nativo, sólo queda un 5 por ciento.
Autoridad de aplicación
Otro de los temas polémicos tiene que ver con aplicación concreta en el territorio provincial. Es decir, con las autorizaciones que la provincia debe otorgar a los productores para el posible desmonte. El decreto 1476 del gobierno provincial creó la unidad ejecutora con facultades a tales fines.
Pero los productores dudan respecto de la aplicabilidad de la ley y, sobre todo, de los tiempos del estado en relación al de los privados. Además, tanto los ruralistas como los ambientalistas cuestionan que sea un funcionario el que defina qué terrenos puedan desmontarse y cuáles no.
El objeto de la ley
La ley fue ela-borada durante más de un año y medio por la comisión de ordenamiento territorial del bosque nativo para ponerla a consideración de los legisladores provinciales y que éstos la aprobaran. El objetivo final siempre fue poder adherir a la normativa nacional, que le exige a las provincias regulación para que éstas puedan percibir los fondos nacionales para la conservación del bosque. De no sancionar la ley a tiempo, Córdoba perdía los fondos correspondientes a 2010.
Pero el debate en la Legislatura fue largo debido a que las partes no lograban ponerse de acuerdo. No todos los bloques apoyaban el proyecto de la COTBN y los sectores ligados a la producción agropecuaria consideraban que la nueva ley llegaba para terminar con fuentes de trabajo. Por eso, y para acelerar los trámites, fue que la comisión de ambiente modificó algunos de los artículos y se logró aprobar la ley. Claro que sin el apoyo de los am-bientalistas.
La llamada Ley Bonasso parte de la premisa de respetar ciertos presupuestos mínimos, presupuestos que para los biólogos e ingenieros de la COTBN no están garantizados. Esto originó la presentación de un amparo de la Universidad de Río Cuarto en contra de la Provincia, planteando la inconstitucionalidad de 12 artículos de la ley 9.814. La Procuración General de Nación ya giró el caso a la Corte Suprema de Justicia.
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10 ago 2011
Suerte incierta para buena parte de los bosques
La Voz del Interior (10/08/2011)
Compensación para 11% del bosque nativo
Son 418 mil hectáreas incluidas en 409 planes presentados por la Provincia para recibir los fondos nacionales. Este año, los productores recibirán 30 pesos por cada hectárea.
El 11 por ciento de los montes nativos protegidos por la ley provincial de bosques sancionada hace un año recibirá fondos compensatorios del Gobierno nacional. Se trata de 418 mil hectáreas de los 3,8 millones que la norma categorizó en la zona roja (1,8 millón) de mayor protección, y amarilla, donde se permite realizar más actividades productivas.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia presentó 409 planes de manejo y de conservación de bosques nativos. Están incluidos 117 planes de conservación de pequeños productores, los cuales abarcan 32.192 hectáreas, y otros 36 planes de manejo por 1.136 hectáreas.
Ambiente entiende por pequeño productor a quien explota su predio con fines productivos pero también para autoabastecimiento, emplean mano de obra familiar y en general diversifican su producción.
El resto son 253 presentaciones de ruralistas, en su mayoría ganaderos, que entregaron planes de conservación para 383.291 hectáreas y otras 1.820 hectáreas para tres planes de manejo. La Provincia dispondrá de 17,7 millones de pesos entregados por la Nación, de los cuales 70 por ciento se destinará a compensar a estos productores. Si se promedia el dinero disponible por el total de hectáreas, cada productor recibirá este año casi 30 pesos por hectárea.
La Provincia debe destinar el restante 30 por ciento del fondo nacional a fortalecer las mediciones, controles y remediación de los bosques nativos.
Sigue la polémica. La norma provincial dividió el territorio provincial en tres categorías (verde, amarilla y roja) según el grado de conservación de los bosques nativos y las intervenciones productivas que se pueden hacer en cada zona.
Fue aprobada en agosto de 2010 por la Legislatura, tras cambios de último momento que dejaron inconformes a ambientalistas y universitarios, quienes reclamaron por su inconstitucionalidad. Uno de esos cambios fue una reducción del área protegida, que pasó de cinco millones de hectáreas a los actuales 3,8 millones, sumando las categorías amarilla y roja.
Cuando se reglamentó, en febrero de este año, el sector productivo también se quejó al asegurar que no se respetaba el espíritu de la ley.
“Un año después de la aprobación de la ley 9.814, las evidencias indican que el bosque nativo en Córdoba se sigue reduciendo y, más allá del ‘maquillaje verde’ que se intenta hacer con una burda ley de forestación, todos los indicadores ambientales de la provincia han empeorado”, advirtió la semana pasada el Colectivo de Organizaciones en Defensa del Bosque y la Vida.
Natalia De Luca, ingeniera forestal e integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aseguró que las intervenciones que se están tramitando actualmente estarían infringiendo la ley provincial vigente.
Sostuvo que los planes presentados con las normativas anteriores ya no tienen validez y deberían adaptarse a la nueva ley a pesar de las graves falencias que presenta esta última.
Ambiente aclaró que muchos de los expedientes aprobados con anterioridad a la ley tenían determinada una reserva intangible de monte nativo (ahora categorizado en la zona roja). Estos expedientes se incluyeron como planes de conservación en los proyectos enviados a la Nación.
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El Puntal de Río Cuarto (10/08/2011)
Dicen que aún no llegaron los fondos de la Nación para los bosques nativos
Son casi 20 millones de pesos. La Secretaría de Ambiente de la Provincia informó que se presentaron “en tiempo y forma 409 planes de Conservación y Manejo para preservar un total de 418.439 hectáreas”
La Dirección de Áreas Protegidas, Bosques y Forestación de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba informó que “Córdoba espera los fondos de Nación para la conservación del bosque”, como se había prometido tras la aprobación de la ley de bosques por la cual el gobierno nacional le asignó 19.710.000 pesos.
Ante las denuncias de organizaciones no gubernamentales y especialistas que participaron de la Comisión Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), que formó parte del debate sobre la polémica ley, a un año de su sanción la deforestación continua y los indicadores ambientales en los bosques nativos han empeorado.
Los ambientalistas denunciaron en su momento que la normativa consensuada había sido modificada a último momento para priorizar los intereses del agro (avance de la frontera agropecuaria), en detrimento de la preservación de medio ambiente y los bosques nativos.
La Secretaría de Ambiente aclaró que “con la ley aprobada y con los fondos otorgados para el año 2011 a la provincia de Córdoba por parte de la Nación ($ 19.710.000.-) se presentaron en tiempo y forma, ya que el 29 de julio era el último día de presentación, la cantidad de 409 planes”.
Presentaron 409 planes
“De los cuales pertenecen a Pequeños Productores: 117 planes de Conservación por un total de 32.192 hectáreas y 36 planes de Manejo sobre 1.136 hectáreas. El resto lo completan 253 planes de Conservación por un total de 383.291 hectáreas y 3 son de Manejo por 1.820 hectáreas, esto hace un total de 418.439 hectáreas de bosques lo que demuestra la voluntad y el objetivo de preservación de los Bosques Nativos” enfatizaron en un comunicado de prensa.
Sobre la base de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la ley provincial 9.814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y su Reglamentación 170/11, se explicó que “de los $ 19.710.000, se debe restar un 10 por ciento que corresponde a un monto definido por Resolución en el ámbito del COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) para cubrir fondos que utilizarían aquellas provincias que aprueben sus ordenamientos territoriales con posterioridad al 29 de julio del corriente”.
Con los descuentos quedan 12.417.300 pesos
“Además, también se debe descontar un 30 por ciento que corresponde a fortalecimiento institucional de la Secretaría de Ambiente provincial, haciendo hincapié entre otras cosas al apoyo al sistema de Pequeños Productores, lo que en definitiva resulta una cifra de $12.417.300 que es la que cubrirá la demanda de los planes presentados”, detallaron.
Ante la crítica que “se están autorizando planes presentados hace 5 años, cuando todavía no estaba aprobada la ley de Bosques, permiten más el desmonte que la conservación de bosques”, la Secretaría de Ambiente aclaró que “los planes enviados a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para obtener los fondos del pago al servicio ambiental fueron presentados bajo la normativa correspondiente. Cada uno llevaba el Formulario A donde se describe: titular del plan, superficie del campo, superficie afectada a la conservación o manejo, coordenadas de ubicación, profesional responsable, etc., y el Formulario B, que específicamente se refiere al POA (Plan Operativo Anual), es decir, descripción de las acciones que se desarrollarán”.
Admiten que “muchos de los proyectos presentados como planes de manejo y conservación, corresponden a planes que habiendo sido presentados antes de la sanción de la ley 9814, no fueron resueltos hasta que se concluyó con la aprobación y reglamentación de la misma. Esto demuestra que Ambiente no tiene presión alguna para la aprobación de proyectos fuera de los términos de la Ley”.
Agregaron que “desde el momento en que se aprobó el envío de los fondos para el manejo y conservación de los bosques nativos, esta entidad se ocupó de comunicar a todos aquellos interesados a través de los diversos medios de comunicación. También se realizaron reuniones con agrupaciones campesinas, entre ellas el Movimiento Campesino, UCaTras, UCAN, etc., habiendo logrado de esta manera que estas organizaciones presentaran varios de los proyectos que antes mencionamos”.
Debate en el Concejo
Hoy a las 18.30 horas en el Concejo Deliberante se realizará un panel de discusión sobre la inconstitucionalidad de la Ley provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba.
Disertarán: Antonia Oggero, el biólogo Ricardo Suárez y el abogado Ramiro Fresneda.
Invitó a participar del debate el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
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Compensación para 11% del bosque nativo
Son 418 mil hectáreas incluidas en 409 planes presentados por la Provincia para recibir los fondos nacionales. Este año, los productores recibirán 30 pesos por cada hectárea.
El 11 por ciento de los montes nativos protegidos por la ley provincial de bosques sancionada hace un año recibirá fondos compensatorios del Gobierno nacional. Se trata de 418 mil hectáreas de los 3,8 millones que la norma categorizó en la zona roja (1,8 millón) de mayor protección, y amarilla, donde se permite realizar más actividades productivas.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia presentó 409 planes de manejo y de conservación de bosques nativos. Están incluidos 117 planes de conservación de pequeños productores, los cuales abarcan 32.192 hectáreas, y otros 36 planes de manejo por 1.136 hectáreas.
Ambiente entiende por pequeño productor a quien explota su predio con fines productivos pero también para autoabastecimiento, emplean mano de obra familiar y en general diversifican su producción.
El resto son 253 presentaciones de ruralistas, en su mayoría ganaderos, que entregaron planes de conservación para 383.291 hectáreas y otras 1.820 hectáreas para tres planes de manejo. La Provincia dispondrá de 17,7 millones de pesos entregados por la Nación, de los cuales 70 por ciento se destinará a compensar a estos productores. Si se promedia el dinero disponible por el total de hectáreas, cada productor recibirá este año casi 30 pesos por hectárea.
La Provincia debe destinar el restante 30 por ciento del fondo nacional a fortalecer las mediciones, controles y remediación de los bosques nativos.
Sigue la polémica. La norma provincial dividió el territorio provincial en tres categorías (verde, amarilla y roja) según el grado de conservación de los bosques nativos y las intervenciones productivas que se pueden hacer en cada zona.
Fue aprobada en agosto de 2010 por la Legislatura, tras cambios de último momento que dejaron inconformes a ambientalistas y universitarios, quienes reclamaron por su inconstitucionalidad. Uno de esos cambios fue una reducción del área protegida, que pasó de cinco millones de hectáreas a los actuales 3,8 millones, sumando las categorías amarilla y roja.
Cuando se reglamentó, en febrero de este año, el sector productivo también se quejó al asegurar que no se respetaba el espíritu de la ley.
“Un año después de la aprobación de la ley 9.814, las evidencias indican que el bosque nativo en Córdoba se sigue reduciendo y, más allá del ‘maquillaje verde’ que se intenta hacer con una burda ley de forestación, todos los indicadores ambientales de la provincia han empeorado”, advirtió la semana pasada el Colectivo de Organizaciones en Defensa del Bosque y la Vida.
Natalia De Luca, ingeniera forestal e integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aseguró que las intervenciones que se están tramitando actualmente estarían infringiendo la ley provincial vigente.
Sostuvo que los planes presentados con las normativas anteriores ya no tienen validez y deberían adaptarse a la nueva ley a pesar de las graves falencias que presenta esta última.
Ambiente aclaró que muchos de los expedientes aprobados con anterioridad a la ley tenían determinada una reserva intangible de monte nativo (ahora categorizado en la zona roja). Estos expedientes se incluyeron como planes de conservación en los proyectos enviados a la Nación.
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El Puntal de Río Cuarto (10/08/2011)
Dicen que aún no llegaron los fondos de la Nación para los bosques nativos
Son casi 20 millones de pesos. La Secretaría de Ambiente de la Provincia informó que se presentaron “en tiempo y forma 409 planes de Conservación y Manejo para preservar un total de 418.439 hectáreas”
La Dirección de Áreas Protegidas, Bosques y Forestación de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba informó que “Córdoba espera los fondos de Nación para la conservación del bosque”, como se había prometido tras la aprobación de la ley de bosques por la cual el gobierno nacional le asignó 19.710.000 pesos.
Ante las denuncias de organizaciones no gubernamentales y especialistas que participaron de la Comisión Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), que formó parte del debate sobre la polémica ley, a un año de su sanción la deforestación continua y los indicadores ambientales en los bosques nativos han empeorado.
Los ambientalistas denunciaron en su momento que la normativa consensuada había sido modificada a último momento para priorizar los intereses del agro (avance de la frontera agropecuaria), en detrimento de la preservación de medio ambiente y los bosques nativos.
La Secretaría de Ambiente aclaró que “con la ley aprobada y con los fondos otorgados para el año 2011 a la provincia de Córdoba por parte de la Nación ($ 19.710.000.-) se presentaron en tiempo y forma, ya que el 29 de julio era el último día de presentación, la cantidad de 409 planes”.
Presentaron 409 planes
“De los cuales pertenecen a Pequeños Productores: 117 planes de Conservación por un total de 32.192 hectáreas y 36 planes de Manejo sobre 1.136 hectáreas. El resto lo completan 253 planes de Conservación por un total de 383.291 hectáreas y 3 son de Manejo por 1.820 hectáreas, esto hace un total de 418.439 hectáreas de bosques lo que demuestra la voluntad y el objetivo de preservación de los Bosques Nativos” enfatizaron en un comunicado de prensa.
Sobre la base de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la ley provincial 9.814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y su Reglamentación 170/11, se explicó que “de los $ 19.710.000, se debe restar un 10 por ciento que corresponde a un monto definido por Resolución en el ámbito del COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) para cubrir fondos que utilizarían aquellas provincias que aprueben sus ordenamientos territoriales con posterioridad al 29 de julio del corriente”.
Con los descuentos quedan 12.417.300 pesos
“Además, también se debe descontar un 30 por ciento que corresponde a fortalecimiento institucional de la Secretaría de Ambiente provincial, haciendo hincapié entre otras cosas al apoyo al sistema de Pequeños Productores, lo que en definitiva resulta una cifra de $12.417.300 que es la que cubrirá la demanda de los planes presentados”, detallaron.
Ante la crítica que “se están autorizando planes presentados hace 5 años, cuando todavía no estaba aprobada la ley de Bosques, permiten más el desmonte que la conservación de bosques”, la Secretaría de Ambiente aclaró que “los planes enviados a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para obtener los fondos del pago al servicio ambiental fueron presentados bajo la normativa correspondiente. Cada uno llevaba el Formulario A donde se describe: titular del plan, superficie del campo, superficie afectada a la conservación o manejo, coordenadas de ubicación, profesional responsable, etc., y el Formulario B, que específicamente se refiere al POA (Plan Operativo Anual), es decir, descripción de las acciones que se desarrollarán”.
Admiten que “muchos de los proyectos presentados como planes de manejo y conservación, corresponden a planes que habiendo sido presentados antes de la sanción de la ley 9814, no fueron resueltos hasta que se concluyó con la aprobación y reglamentación de la misma. Esto demuestra que Ambiente no tiene presión alguna para la aprobación de proyectos fuera de los términos de la Ley”.
Agregaron que “desde el momento en que se aprobó el envío de los fondos para el manejo y conservación de los bosques nativos, esta entidad se ocupó de comunicar a todos aquellos interesados a través de los diversos medios de comunicación. También se realizaron reuniones con agrupaciones campesinas, entre ellas el Movimiento Campesino, UCaTras, UCAN, etc., habiendo logrado de esta manera que estas organizaciones presentaran varios de los proyectos que antes mencionamos”.
Debate en el Concejo
Hoy a las 18.30 horas en el Concejo Deliberante se realizará un panel de discusión sobre la inconstitucionalidad de la Ley provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba.
Disertarán: Antonia Oggero, el biólogo Ricardo Suárez y el abogado Ramiro Fresneda.
Invitó a participar del debate el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
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8 ago 2011
Futuro negro para los bosques de Córdoba
El Puntal de Río Cuarto (08/08/2011)
“Ambiente está tramitando muchos más pedidos de desmonte que de conservación”
Según la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, desde que se sancionó la normativa provincial, la deforestación continuó avanzando en el norte y el sur cordobés y todos los indicadores ambientales han empeorado
Durante el primer año de vigencia de la polémica ley 9.814, la situación del monte nativo en la provincia ha empeorado. Así lo advierten los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn), quienes habían elaborado un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta por la Legislatura. Advierten que la Secretaría de Ambiente está tramitando más pedidos de desmonte que de conservación de los bosques y que ni siquiera existen los controles necesarios para que se cumpla la normativa vigente.
El 5 de agosto de 2010 la Legislatura provincial aprobó la ley 9.814 de ordenamiento de bosques nativos, pese a los cuestionamientos de diversas organizaciones que durante dos años habían participado de la creación de un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta.
Los integrantes de la Cotbn denunciaron que la normativa había sido modificada a último momento y sólo priorizaba los intereses del agro en detrimento del medio ambiente, además de contradecir la legislación nacional.
“Un año después de la aprobación de la ley 9.814, las evidencias indican que el bosque
nativo en la provincia de Córdoba se sigue reduciendo y, más allá del ‘maquillaje verde’ que se intenta hacer con una burda ley de forestación, todos los indicadores ambientales de la provincia han empeorado: degradación de las cuencas y aumento de la crisis hídrica, pérdida de suelos y de la productividad, desaparición de especies y recursos naturales, y migración de comunidades campesinas”, advierten desde el Colectivo de Organizaciones en Defensa del Bosque y la Vida.
Más permisos para deforestar
“A partir de la reglamentación de la ley 9.814, la Secretaría de Ambiente está tramitando muchos más pedidos de desmonte selectivo que pedidos de conservación de bosques, lo que evidencia que el objetivo de esta ley es favorecer el interés económico de unos pocos en desmedro del bienestar de todos los cordobeses”, afirman desde el colectivo de organizaciones.
Uno de sus integrantes, Gustavo Peyroti, relató que en realidad Ambiente no brinda información clara al respecto, por lo que sólo pudieron obtener datos a través de personal del organismo oficial que dieron a conocer esa situación desde el anonimato.
Peyroti afirmó que una gran parte de los trámites que se están llevando adelante actualmente son aquellos presentados hace alrededor de 5 años. “Son proyectos de desmonte y desmonte selectivo, no están en el marco de la nueva ley ni de la ley nacional porque hace 5 años estas leyes no existían”, dijo.
Según pudieron conocer desde las organizaciones, serían alrededor de 600 los pedidos de intervención de boque nativo que se han presentado en el último tiempo. Sobre el objetivo de estas solicitudes, el integrante de la Cotbn sostuvo: “Seguramente no están encuadrados como conservación porque el mismo secretario de Ambiente dijo que son pedidos de hace 5 años y en ese momento no existían proyectos de conservación”.
A esto se suma, como indicó Peyroti, que la reglamentación de la “mal llamada ley de bosques” no incluye planes de conservación sino de intervención del bosque nativo para realizar distintas actividades.
“Hay una parte de la nueva ley que contempla proyectos de conservación y este punto no está reglamentado, entonces mal puede haber proyectos de conservación si la ley no lo reglamenta”, añadió.
Ante esta situación, desde las organizaciones ambientalistas ponen en duda el destino de los 19,7 millones de pesos que la Nación decidió entregar a Córdoba con el objetivo de proteger sus bosques. Según lo acordado, esos fondos deberían repartirse entre productores que conservarán el monte existente en sus propiedades.
“No sabemos a dónde van a ir esos 20 millones que son para proyectos de conservación. Nosotros no tenemos seguridad porque para que haya conservación tiene que haber una guía y sólo está reglamentada la intervención”, manifestó Peyroti.
Incumplimiento de la ley vigente
Incluso, la ingeniera forestal e integrante de la Cotbn Natalia De Luca advirtió que las intervenciones que se están tramitando actualmente estarían infringiendo la ley provincial vigente.
“Hay ciertos pasos a seguir para lograr una autorización en el marco de esta nueva ley que no se están cumpliendo: hay que presentar un plan firmado por un profesional pertinente registrado, hay una normativa para la presentación”, afirmó.
Además, De Luca sostuvo que los planes de desmonte presentados en el marco de la normativa anterior ya no tienen validez y deberían adaptarse a la nueva ley a pesar de las graves falencias que presenta esta última.
De cualquier modo, los integrantes de la Cotbn indican que la Provincia aprobó una resolución que establece que los proyectos de desmonte presentados antes de la ley nacional y que aún no han sido ejecutados tienen validez. Pero aclaran que “esto no se maneja en forma transparente”.
En este sentido, la ingeniera forestal advierte que Ambiente está siendo presionada para aprobar más de 200 expedientes de estas características.
“La Secretaría de Ambiente está recibiendo presión de todos lados porque no supieron manejar el tema y no llevan claridad a la gente”, dijo. Y continuó: “Lo que habría que exigir es que se actualicen los datos de planes presentados, porque esa información es pública”.
Otro aspecto de la ley 9.814 que se estaría incumpliendo según los miembros de la Cotbn es la creación de una comisión honoraria de ordenamiento de bosque nativo. Pese a que la normativa provincial establece la obligación de conformar dicha entidad, la misma aún no fue constituida.
La destrucción del monte
En las últimas décadas, los bosques de Córdoba han desaparecido a una velocidad seis veces mayor al resto del mundo. Esta devastación hizo desaparecer a más del 90% del monte existente en nuestra región.
A pesar de esta crítica situación, en el último año se continuaron realizando desmontes en múltiples zonas del territorio provincial, según advierten desde las organizaciones ambientalistas.
“Se ha continuado reduciendo el bosque”, afirman. Y mencionan que tanto en el norte como en el sur cordobés se observaron varios desmontes durante el último tiempo. Al respecto, aseguran que la falta de información oficial sobre el tema, sumado a lo que se percibe al recorrer la provincia, demuestra que “no hay buenas noticias”.
“Ha habido desmontes en el último año, durante la vigencia de la ley”, aseguró Peyroti y mencionó que se han intervenido bosques en las zonas de Cruz del Eje, Villa del Soto, San Marcos Sierra, Río Ceballos, Punilla Sur. De Luca advirtió que en las sierras del sur también se ha deforestado en los últimos meses.
“En la zona turística de San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Salsipuedes ha habido desmonte para la construcción de countries y esto se ha hecho en el último año, se ha desmontado mucho”, expresó Peyroti.
Y agregó: “La pregunta es: ¿Bajo qué ley está eso? ¿Hubo estudios de impacto ambiental?”. Al respecto, indicó que muchas intervenciones se están realizando en zonas que serían catalogadas como amarrillas y rojas y donde el desmonte no estaría avalado ni siquiera por la ley vigente, aunque ésta permite desmontar en zonas críticas si, por ejemplo, hay posibilidades de riesgo.
Desde la Cotbn señalan que en este aspecto también se habrían dado otras infracciones a la norma, ya que se suponía que hasta que la reglamentación no fuera aprobada no se podía realizar ningún tipo de intervención sobre el bosque. Ello ocurrió en febrero de este año y, sin embargo, se han registrado desmontes previos a esa fecha. “Hasta que no estaba la reglamentación no se podía desmontar. Así y todo, mientras se estuvo discutiendo la ley e inclusive volviendo de la Legislatura, observamos desmontes a la vista de todos”, relató la ingeniera forestal. En el mismo sentido, Peyroti comentó que en noviembre de 2010 realizaron denuncias por desmontes realizados en la zona de Cuesta Blanca y señaló que gracias a contactos de la jefa comunal se logró detener la deforestación.
Sin control
Las organizaciones involucradas en la temática distinguen diversos factores como causas del avance de la deforestación en los últimos meses. Además del crecimiento del negocio inmobiliario y la expansión de la frotera agropecuaria (ver recuadro), sostienen que las graves falencias de la ley provincial y la falta de control por parte de la Secretaría de Ambiente son centrales para configurar este escenario.
Al respecto, Peyroti estableció que con la nueva ley “todos los desmontes ilegales que ha habido en la provincia -que son muchísimos por falta de gestión y de intención política- ahora son legales”. Y destacó que justamente la incapacidad del Gobierno para controlar la deforestación también influyó en la configuración de una norma más permisiva.
Por su parte, De Luca sostuvo que la Secretaría de Ambiente no tiene suficiente personal y equipamiento para controlar la totalidad del territorio provincial.
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“Ambiente está tramitando muchos más pedidos de desmonte que de conservación”
Según la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, desde que se sancionó la normativa provincial, la deforestación continuó avanzando en el norte y el sur cordobés y todos los indicadores ambientales han empeorado
Durante el primer año de vigencia de la polémica ley 9.814, la situación del monte nativo en la provincia ha empeorado. Así lo advierten los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn), quienes habían elaborado un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta por la Legislatura. Advierten que la Secretaría de Ambiente está tramitando más pedidos de desmonte que de conservación de los bosques y que ni siquiera existen los controles necesarios para que se cumpla la normativa vigente.
El 5 de agosto de 2010 la Legislatura provincial aprobó la ley 9.814 de ordenamiento de bosques nativos, pese a los cuestionamientos de diversas organizaciones que durante dos años habían participado de la creación de un proyecto que finalmente no fue tenido en cuenta.
Los integrantes de la Cotbn denunciaron que la normativa había sido modificada a último momento y sólo priorizaba los intereses del agro en detrimento del medio ambiente, además de contradecir la legislación nacional.
“Un año después de la aprobación de la ley 9.814, las evidencias indican que el bosque
nativo en la provincia de Córdoba se sigue reduciendo y, más allá del ‘maquillaje verde’ que se intenta hacer con una burda ley de forestación, todos los indicadores ambientales de la provincia han empeorado: degradación de las cuencas y aumento de la crisis hídrica, pérdida de suelos y de la productividad, desaparición de especies y recursos naturales, y migración de comunidades campesinas”, advierten desde el Colectivo de Organizaciones en Defensa del Bosque y la Vida.
Más permisos para deforestar
“A partir de la reglamentación de la ley 9.814, la Secretaría de Ambiente está tramitando muchos más pedidos de desmonte selectivo que pedidos de conservación de bosques, lo que evidencia que el objetivo de esta ley es favorecer el interés económico de unos pocos en desmedro del bienestar de todos los cordobeses”, afirman desde el colectivo de organizaciones.
Uno de sus integrantes, Gustavo Peyroti, relató que en realidad Ambiente no brinda información clara al respecto, por lo que sólo pudieron obtener datos a través de personal del organismo oficial que dieron a conocer esa situación desde el anonimato.
Peyroti afirmó que una gran parte de los trámites que se están llevando adelante actualmente son aquellos presentados hace alrededor de 5 años. “Son proyectos de desmonte y desmonte selectivo, no están en el marco de la nueva ley ni de la ley nacional porque hace 5 años estas leyes no existían”, dijo.
Según pudieron conocer desde las organizaciones, serían alrededor de 600 los pedidos de intervención de boque nativo que se han presentado en el último tiempo. Sobre el objetivo de estas solicitudes, el integrante de la Cotbn sostuvo: “Seguramente no están encuadrados como conservación porque el mismo secretario de Ambiente dijo que son pedidos de hace 5 años y en ese momento no existían proyectos de conservación”.
A esto se suma, como indicó Peyroti, que la reglamentación de la “mal llamada ley de bosques” no incluye planes de conservación sino de intervención del bosque nativo para realizar distintas actividades.
“Hay una parte de la nueva ley que contempla proyectos de conservación y este punto no está reglamentado, entonces mal puede haber proyectos de conservación si la ley no lo reglamenta”, añadió.
Ante esta situación, desde las organizaciones ambientalistas ponen en duda el destino de los 19,7 millones de pesos que la Nación decidió entregar a Córdoba con el objetivo de proteger sus bosques. Según lo acordado, esos fondos deberían repartirse entre productores que conservarán el monte existente en sus propiedades.
“No sabemos a dónde van a ir esos 20 millones que son para proyectos de conservación. Nosotros no tenemos seguridad porque para que haya conservación tiene que haber una guía y sólo está reglamentada la intervención”, manifestó Peyroti.
Incumplimiento de la ley vigente
Incluso, la ingeniera forestal e integrante de la Cotbn Natalia De Luca advirtió que las intervenciones que se están tramitando actualmente estarían infringiendo la ley provincial vigente.
“Hay ciertos pasos a seguir para lograr una autorización en el marco de esta nueva ley que no se están cumpliendo: hay que presentar un plan firmado por un profesional pertinente registrado, hay una normativa para la presentación”, afirmó.
Además, De Luca sostuvo que los planes de desmonte presentados en el marco de la normativa anterior ya no tienen validez y deberían adaptarse a la nueva ley a pesar de las graves falencias que presenta esta última.
De cualquier modo, los integrantes de la Cotbn indican que la Provincia aprobó una resolución que establece que los proyectos de desmonte presentados antes de la ley nacional y que aún no han sido ejecutados tienen validez. Pero aclaran que “esto no se maneja en forma transparente”.
En este sentido, la ingeniera forestal advierte que Ambiente está siendo presionada para aprobar más de 200 expedientes de estas características.
“La Secretaría de Ambiente está recibiendo presión de todos lados porque no supieron manejar el tema y no llevan claridad a la gente”, dijo. Y continuó: “Lo que habría que exigir es que se actualicen los datos de planes presentados, porque esa información es pública”.
Otro aspecto de la ley 9.814 que se estaría incumpliendo según los miembros de la Cotbn es la creación de una comisión honoraria de ordenamiento de bosque nativo. Pese a que la normativa provincial establece la obligación de conformar dicha entidad, la misma aún no fue constituida.
La destrucción del monte
En las últimas décadas, los bosques de Córdoba han desaparecido a una velocidad seis veces mayor al resto del mundo. Esta devastación hizo desaparecer a más del 90% del monte existente en nuestra región.
A pesar de esta crítica situación, en el último año se continuaron realizando desmontes en múltiples zonas del territorio provincial, según advierten desde las organizaciones ambientalistas.
“Se ha continuado reduciendo el bosque”, afirman. Y mencionan que tanto en el norte como en el sur cordobés se observaron varios desmontes durante el último tiempo. Al respecto, aseguran que la falta de información oficial sobre el tema, sumado a lo que se percibe al recorrer la provincia, demuestra que “no hay buenas noticias”.
“Ha habido desmontes en el último año, durante la vigencia de la ley”, aseguró Peyroti y mencionó que se han intervenido bosques en las zonas de Cruz del Eje, Villa del Soto, San Marcos Sierra, Río Ceballos, Punilla Sur. De Luca advirtió que en las sierras del sur también se ha deforestado en los últimos meses.
“En la zona turística de San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Salsipuedes ha habido desmonte para la construcción de countries y esto se ha hecho en el último año, se ha desmontado mucho”, expresó Peyroti.
Y agregó: “La pregunta es: ¿Bajo qué ley está eso? ¿Hubo estudios de impacto ambiental?”. Al respecto, indicó que muchas intervenciones se están realizando en zonas que serían catalogadas como amarrillas y rojas y donde el desmonte no estaría avalado ni siquiera por la ley vigente, aunque ésta permite desmontar en zonas críticas si, por ejemplo, hay posibilidades de riesgo.
Desde la Cotbn señalan que en este aspecto también se habrían dado otras infracciones a la norma, ya que se suponía que hasta que la reglamentación no fuera aprobada no se podía realizar ningún tipo de intervención sobre el bosque. Ello ocurrió en febrero de este año y, sin embargo, se han registrado desmontes previos a esa fecha. “Hasta que no estaba la reglamentación no se podía desmontar. Así y todo, mientras se estuvo discutiendo la ley e inclusive volviendo de la Legislatura, observamos desmontes a la vista de todos”, relató la ingeniera forestal. En el mismo sentido, Peyroti comentó que en noviembre de 2010 realizaron denuncias por desmontes realizados en la zona de Cuesta Blanca y señaló que gracias a contactos de la jefa comunal se logró detener la deforestación.
Sin control
Las organizaciones involucradas en la temática distinguen diversos factores como causas del avance de la deforestación en los últimos meses. Además del crecimiento del negocio inmobiliario y la expansión de la frotera agropecuaria (ver recuadro), sostienen que las graves falencias de la ley provincial y la falta de control por parte de la Secretaría de Ambiente son centrales para configurar este escenario.
Al respecto, Peyroti estableció que con la nueva ley “todos los desmontes ilegales que ha habido en la provincia -que son muchísimos por falta de gestión y de intención política- ahora son legales”. Y destacó que justamente la incapacidad del Gobierno para controlar la deforestación también influyó en la configuración de una norma más permisiva.
Por su parte, De Luca sostuvo que la Secretaría de Ambiente no tiene suficiente personal y equipamiento para controlar la totalidad del territorio provincial.
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20 feb 2011
El ruralismo, contra la ley de Bosques
El Puntal de Río Cuarto (20/02/2011)
El ruralismo, contra la ley de Bosques
No concuerda con la discrecionalidad con que la Secretaría de Ambiente determina dónde desmontar
Como si el rechazo de los ambientalistas resultara poco, la ley de Bosques despertó una crítica más. Pese a lo que se podría suponer, quienes se unieron para rechazarla esta vez son los productores rurales.
Resulta extraño, si se tiene en cuenta que para la Comisión de Ordenamiento del Bosque Nativo (COTBN) la ley no hizo más que beneficiarlos de acuerdo a la demarcación en zonas rojas, amarillas y verdes que estableció. Ahora, a pocos días de que se conociera su reglamentación, el ruralismo tampoco está conforme.
La principal crítica apunta al grado de discrecionalidad con que Ambiente manejará las zonas sobre las que se puede o no avanzar en materia de producción.
La semana pasada realizaron una asamblea en Sinsacate en la que hicieron público su repudio al contenido de la normativa. E incluso amenazaron con volver a las rutas en caso de mantenerse el texto de la reglamentación.
Las tres polémicas zonas
Recordemos que la ley divide en tres zonas al territorio provincial según el grado protección que requieran. Ese es el eje de la discordia, porque mientras para los ambientalistas e investigadores en la materia la zona roja debería abarcar más hectáreas, para los ruralistas es demasiado el territorio en el que no se puede producir.
Afirman que en el concepto de bosque se incluyen más hectáreas de las que deberían protegerse y que se cambió el plazo de 120 días que contemplaba la ley para la resolución de los expedientes. Otro de los puntos con los que no concuerdan tiene que ver con el resarcimiento monetario que percibirán por no desmontar.
En concreto, para los productores está en riesgo el trabajo de pequeños y medianos productores, sobre todo en el norte y nordeste cordobés. Desde la vereda contraria, para los ambientalistas es el modelo actual el que diezmó las fuentes de trabajo de los pequeños productores, porque donde antes trabajaban 3 familias, hoy hay 3 empleados, en función de la tecnificación de las siembras y cosechas.
Lamentos
“Lo sigue manejando ambiente y el órgano de consulta es la COTBN y está formada por conervacionistas, y ya se empieza trabajando en desventaja. Y, por otro lado, se había hablado de una compensación que no está reglamentada, y se modificó la definición de bosques. Habíamos hablado que no entraba la parte de fachinales y ahora parece que ahí no se va a poder trabajar. Es donde podemos crear pasturas para la
ganadería”, dijo a PUNTAL el titular de la Sociedad Rural de Jesús María, Marco Mc Hardy.
Pese a que la ley se sancionó en agosto del año pasado, la polémica se reactualizó con la reciente reglamentación que permitirá su aplicación efectiva. Un día después de que venciera el plazo de los 180 días hábiles desde su publicación, la fiscalía de Estado envió el texto corregido y se publicó en el boletín oficial.
A partir de su publicación, Ambiente es el órgano encargado de su ejecución y por lo tanto quien autoriza o no los desmontes que tanto preocupan a ambientalistas y productores.
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El ruralismo, contra la ley de Bosques
No concuerda con la discrecionalidad con que la Secretaría de Ambiente determina dónde desmontar
Como si el rechazo de los ambientalistas resultara poco, la ley de Bosques despertó una crítica más. Pese a lo que se podría suponer, quienes se unieron para rechazarla esta vez son los productores rurales.
Resulta extraño, si se tiene en cuenta que para la Comisión de Ordenamiento del Bosque Nativo (COTBN) la ley no hizo más que beneficiarlos de acuerdo a la demarcación en zonas rojas, amarillas y verdes que estableció. Ahora, a pocos días de que se conociera su reglamentación, el ruralismo tampoco está conforme.
La principal crítica apunta al grado de discrecionalidad con que Ambiente manejará las zonas sobre las que se puede o no avanzar en materia de producción.
La semana pasada realizaron una asamblea en Sinsacate en la que hicieron público su repudio al contenido de la normativa. E incluso amenazaron con volver a las rutas en caso de mantenerse el texto de la reglamentación.
Las tres polémicas zonas
Recordemos que la ley divide en tres zonas al territorio provincial según el grado protección que requieran. Ese es el eje de la discordia, porque mientras para los ambientalistas e investigadores en la materia la zona roja debería abarcar más hectáreas, para los ruralistas es demasiado el territorio en el que no se puede producir.
Afirman que en el concepto de bosque se incluyen más hectáreas de las que deberían protegerse y que se cambió el plazo de 120 días que contemplaba la ley para la resolución de los expedientes. Otro de los puntos con los que no concuerdan tiene que ver con el resarcimiento monetario que percibirán por no desmontar.
En concreto, para los productores está en riesgo el trabajo de pequeños y medianos productores, sobre todo en el norte y nordeste cordobés. Desde la vereda contraria, para los ambientalistas es el modelo actual el que diezmó las fuentes de trabajo de los pequeños productores, porque donde antes trabajaban 3 familias, hoy hay 3 empleados, en función de la tecnificación de las siembras y cosechas.
Lamentos
“Lo sigue manejando ambiente y el órgano de consulta es la COTBN y está formada por conervacionistas, y ya se empieza trabajando en desventaja. Y, por otro lado, se había hablado de una compensación que no está reglamentada, y se modificó la definición de bosques. Habíamos hablado que no entraba la parte de fachinales y ahora parece que ahí no se va a poder trabajar. Es donde podemos crear pasturas para la
ganadería”, dijo a PUNTAL el titular de la Sociedad Rural de Jesús María, Marco Mc Hardy.
Pese a que la ley se sancionó en agosto del año pasado, la polémica se reactualizó con la reciente reglamentación que permitirá su aplicación efectiva. Un día después de que venciera el plazo de los 180 días hábiles desde su publicación, la fiscalía de Estado envió el texto corregido y se publicó en el boletín oficial.
A partir de su publicación, Ambiente es el órgano encargado de su ejecución y por lo tanto quien autoriza o no los desmontes que tanto preocupan a ambientalistas y productores.
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18 feb 2011
Productores quieren más desmonte
La Voz del Interior (18/02/2011)
Productores amenazan con volver a las rutas
Quieren que la Provincia cambie la reglamentación o iniciarán protestas en las calles. Se quejan de la discrecionalidad que tiene Ambiente y de la propia definición de bosque.
Sinsacate. Pese a que ambientalistas y científicos señalan que tanto la ley como la reglamentación provincial sobre bosques nativos beneficia al sector agropecuario, organizaciones rurales y productores del norte de Córdoba se reunieron en la rotonda de acceso a Sinsacate para señalar su repudio a la reglamentación publicada la semana pasada.
Los distintos oradores que tuvo la reunión a la que asistieron unas 200 personas coincidieron en que endurecerán su posición, con medidas de protesta concretas y en las rutas, si el actual texto que reglamenta la ley se mantiene.
Marcelo Angeli, de la Sociedad Rural de Cruz del Eje, señaló que la actual reglamentación “condena a la pobreza total a los departamentos del noroeste cordobés y a los pequeños y medianos productores”. Agustín Pizzichini, de Federación Agraria, añadió que los productores no confían en cómo aplicará Ambiente la reglamentación.
“En cualquier momento vamos a tener que salir a la calle a defender nuestro trabajo”, advirtió el productor Luis Vanella, quien cargó contra Ambiente: “La reglamentación le da la discrecionalidad para manejar nuestras tierras”.
El presidente de Cartez, Néstor Roulet, puntualizó los aspectos con los que no coinciden los productores. El descontento parte de la propia definición de bosque nativo que terminó incluyendo a los fachinales, los renovales y las chacras y, por lo tanto, una superficie mayor que la que habría que proteger. También se modificó el plazo de 120 días que contemplaba la ley para resolver los expedientes. Tampoco hay satisfacción en cuanto a la instalación de infraestructura que se permite y en la compensación económica por no desmontar.
Ambientalistas y ruralistas
Al borde. La reglamentación fue publicada al borde del plazo que estipulaba la ley, la cual fue sancionada en agosto de 2010.
No se puede desmontar. Con ley y reglamentación vigente, aún no se pueden realizar trabajos de desmonte en las zonas de bosques nativos. La Secretaría de Ambiente es la encargada de dar los permisos para realizar estas tareas y ahora cuenta con esta nueva normativa, pero la leyes anteriores siguen vigentes.
Parados. No se dan autorizaciones desde 2007. Hay 50 productores del norte cordobés que tienen sus expedientes en suspenso y otros tantos han consultado para intervenir sus predios.
Ambientalistas. La ley es cuestionada por sectores ambientalistas y universitarios y hay iniciativas para pedir intervención a la Justicia por considerarla inconstitucional, al no respetar los lineamientos de la norma nacional.
Qué dice. La ley categoriza el territorio cordobés en tres zonas (roja, amarilla y verde), según el grado de conservación de los bosques.
Polémica. Los puntos polémicos para los ambientalistas son una reducción del área a proteger en los bordes de cursos de agua lagunas y salinas; cambio en la definición de bosque nativo y habilitación del rolado y la siembra de pasturas exóticas en la categoría roja.
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Productores amenazan con volver a las rutas
Quieren que la Provincia cambie la reglamentación o iniciarán protestas en las calles. Se quejan de la discrecionalidad que tiene Ambiente y de la propia definición de bosque.
Sinsacate. Pese a que ambientalistas y científicos señalan que tanto la ley como la reglamentación provincial sobre bosques nativos beneficia al sector agropecuario, organizaciones rurales y productores del norte de Córdoba se reunieron en la rotonda de acceso a Sinsacate para señalar su repudio a la reglamentación publicada la semana pasada.
Los distintos oradores que tuvo la reunión a la que asistieron unas 200 personas coincidieron en que endurecerán su posición, con medidas de protesta concretas y en las rutas, si el actual texto que reglamenta la ley se mantiene.
Marcelo Angeli, de la Sociedad Rural de Cruz del Eje, señaló que la actual reglamentación “condena a la pobreza total a los departamentos del noroeste cordobés y a los pequeños y medianos productores”. Agustín Pizzichini, de Federación Agraria, añadió que los productores no confían en cómo aplicará Ambiente la reglamentación.
“En cualquier momento vamos a tener que salir a la calle a defender nuestro trabajo”, advirtió el productor Luis Vanella, quien cargó contra Ambiente: “La reglamentación le da la discrecionalidad para manejar nuestras tierras”.
El presidente de Cartez, Néstor Roulet, puntualizó los aspectos con los que no coinciden los productores. El descontento parte de la propia definición de bosque nativo que terminó incluyendo a los fachinales, los renovales y las chacras y, por lo tanto, una superficie mayor que la que habría que proteger. También se modificó el plazo de 120 días que contemplaba la ley para resolver los expedientes. Tampoco hay satisfacción en cuanto a la instalación de infraestructura que se permite y en la compensación económica por no desmontar.
Ambientalistas y ruralistas
Al borde. La reglamentación fue publicada al borde del plazo que estipulaba la ley, la cual fue sancionada en agosto de 2010.
No se puede desmontar. Con ley y reglamentación vigente, aún no se pueden realizar trabajos de desmonte en las zonas de bosques nativos. La Secretaría de Ambiente es la encargada de dar los permisos para realizar estas tareas y ahora cuenta con esta nueva normativa, pero la leyes anteriores siguen vigentes.
Parados. No se dan autorizaciones desde 2007. Hay 50 productores del norte cordobés que tienen sus expedientes en suspenso y otros tantos han consultado para intervenir sus predios.
Ambientalistas. La ley es cuestionada por sectores ambientalistas y universitarios y hay iniciativas para pedir intervención a la Justicia por considerarla inconstitucional, al no respetar los lineamientos de la norma nacional.
Qué dice. La ley categoriza el territorio cordobés en tres zonas (roja, amarilla y verde), según el grado de conservación de los bosques.
Polémica. Los puntos polémicos para los ambientalistas son una reducción del área a proteger en los bordes de cursos de agua lagunas y salinas; cambio en la definición de bosque nativo y habilitación del rolado y la siembra de pasturas exóticas en la categoría roja.
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14 feb 2011
Bosques: “traiciona el espíritu de la ley nacional”
El Puntal de Río Cuarto (14/02/2011)
Advierten que la nueva Ley de Bosques “traiciona el espíritu de la ley nacional”
Marcelo Cabido, docente e investigador de la UNC, consideró que la normativa oficializada la semana pasada no se condice con la denominada Ley Bonasso. Dijo que no apunta a la verdadera conservación
Marcelo Cabido, docente e integrante de investigaciones del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, advirtió que la nueva Ley de Bosques, oficializada por el Gobierno provincial en la semana que pasó, no se condice con lo estipulado por la Ley nacional.
“La ley que se sancionó traiciona el espíritu de la Ley Nacional, denominada Ley Bonasso, la que propone el enriquecimiento, restauración y conservación del bosque nativo, y eventualmente el aprovechamiento sostenido del Bosque y de los servicios ambientales que los mismos brindan a la sociedad”, señaló el investigador.
Y agregó: “Lo que se sancionó en la Provincia es más bien la pretensión de conservar los bosques a través de su explotación racional. Y no estoy demonizando a los agricultores sino todo lo contrario. La explotación racional significa hacer rollado y desmonte selectivo, o sea, que no propende a la verdadera conservación del bosque”.
Cabido ratificó así que “el espíritu de la Ley que se sancionó no tiene nada que ver con la Ley Bonasso”.
Cabe recordar que el pasado miércoles PUNTAL dio a conocer que la realidad de desmontes en el sur provincial es más complicada que la media de la provincia. Se estima que se ha perdido más del 95 por ciento del bosque nativo en la región, según los datos que el propio Cabido y Marcelo Zak relevaron en el marco de las investigaciones del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV).
El verdadero “desierto”
A fines del siglo 19 a esta zona del sur de Córdoba se la denominaba como la puerta del “desierto” o tierra adentro.
Bosques de caldenes, chañares y algarrobos, eran parte del paisaje natural pocas veces explorado y habitado causalmente por los Ranqueles. Hoy, ese “desierto” demográfico se ha transformado en un desierto geográfico.
El espinal ya ha cambiado artificialmente su paisaje por una marea verde de soja que suele inundar la tierra donde otrora florecían los bosques y abundaban las aguadas o lagunas naturales.
No se puede evitar pensar que en la deforestación, principalmente a causa de la agricultura intensiva, no está incidiendo en el habitat natural y por ende en los habitantes de esta zona. Tampoco puede dejar de pensarse en un desarrollo de esta zona que no sea a través de uno de los recursos principales de esta región como la agricultura o la ganadería.
De todos modos, el aprovechamiento no se hace racionalmente a tal punto de que la pérdida es ya irreparable, teniendo en cuenta que los bosques naturales y principalmente de Caldenes (especie endémica) son prácticamente imposibles de recuperar por la característica de estos árboles centenarios en su ciclo natural.
Como señala Cabido, la ley reglamentada llega a destiempo y hoy no cumple con los requisitos necesarios a la protección de lo poco que queda. Es atemporal y el espíritu de la misma no es el de la Ley Bonasso que apunta a la protección y conservación, aspectos que brillan por su ausencia en la zona.
Hoy suelen verse a menudo columnas de humo hacia el sur-oeste del departamento Roca, en ese humo se van las almas de los últimos árboles centenarios que son quemados para “abrir terreno” a la soja. Son los últimos que aún sobreviven como un estigma del paisaje natural que una vez reinó en estos lares y que hoy sólo aparecen como un pobre reflejo de una pesadilla ambiental.
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Advierten que la nueva Ley de Bosques “traiciona el espíritu de la ley nacional”
Marcelo Cabido, docente e investigador de la UNC, consideró que la normativa oficializada la semana pasada no se condice con la denominada Ley Bonasso. Dijo que no apunta a la verdadera conservación
Marcelo Cabido, docente e integrante de investigaciones del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, advirtió que la nueva Ley de Bosques, oficializada por el Gobierno provincial en la semana que pasó, no se condice con lo estipulado por la Ley nacional.
“La ley que se sancionó traiciona el espíritu de la Ley Nacional, denominada Ley Bonasso, la que propone el enriquecimiento, restauración y conservación del bosque nativo, y eventualmente el aprovechamiento sostenido del Bosque y de los servicios ambientales que los mismos brindan a la sociedad”, señaló el investigador.
Y agregó: “Lo que se sancionó en la Provincia es más bien la pretensión de conservar los bosques a través de su explotación racional. Y no estoy demonizando a los agricultores sino todo lo contrario. La explotación racional significa hacer rollado y desmonte selectivo, o sea, que no propende a la verdadera conservación del bosque”.
Cabido ratificó así que “el espíritu de la Ley que se sancionó no tiene nada que ver con la Ley Bonasso”.
Cabe recordar que el pasado miércoles PUNTAL dio a conocer que la realidad de desmontes en el sur provincial es más complicada que la media de la provincia. Se estima que se ha perdido más del 95 por ciento del bosque nativo en la región, según los datos que el propio Cabido y Marcelo Zak relevaron en el marco de las investigaciones del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV).
El verdadero “desierto”
A fines del siglo 19 a esta zona del sur de Córdoba se la denominaba como la puerta del “desierto” o tierra adentro.
Bosques de caldenes, chañares y algarrobos, eran parte del paisaje natural pocas veces explorado y habitado causalmente por los Ranqueles. Hoy, ese “desierto” demográfico se ha transformado en un desierto geográfico.
El espinal ya ha cambiado artificialmente su paisaje por una marea verde de soja que suele inundar la tierra donde otrora florecían los bosques y abundaban las aguadas o lagunas naturales.
No se puede evitar pensar que en la deforestación, principalmente a causa de la agricultura intensiva, no está incidiendo en el habitat natural y por ende en los habitantes de esta zona. Tampoco puede dejar de pensarse en un desarrollo de esta zona que no sea a través de uno de los recursos principales de esta región como la agricultura o la ganadería.
De todos modos, el aprovechamiento no se hace racionalmente a tal punto de que la pérdida es ya irreparable, teniendo en cuenta que los bosques naturales y principalmente de Caldenes (especie endémica) son prácticamente imposibles de recuperar por la característica de estos árboles centenarios en su ciclo natural.
Como señala Cabido, la ley reglamentada llega a destiempo y hoy no cumple con los requisitos necesarios a la protección de lo poco que queda. Es atemporal y el espíritu de la misma no es el de la Ley Bonasso que apunta a la protección y conservación, aspectos que brillan por su ausencia en la zona.
Hoy suelen verse a menudo columnas de humo hacia el sur-oeste del departamento Roca, en ese humo se van las almas de los últimos árboles centenarios que son quemados para “abrir terreno” a la soja. Son los últimos que aún sobreviven como un estigma del paisaje natural que una vez reinó en estos lares y que hoy sólo aparecen como un pobre reflejo de una pesadilla ambiental.
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11 feb 2011
Bosques: nadie está conforme con la ley
La Voz del Interior (11/02/2011)
Bosques: nadie está conforme con la ley
Tras conocer la reglamentación, sectores ambientalistas y universitarios insistieron en sus cuestionamientos.
La ley de bosques nativos de Córdoba sancionada en agosto había dejado conformes a los sectores ruralistas, pero generó el rechazo de un amplio abanico de organizaciones ambientalistas y de sectores académicos universitarios. Ayer, al conocerse la reglamentación con la que se aplicará esa ley, no sorprendió que estos últimos insistieran en su enfática crítica a la norma, pero sí que desde las entidades agropecuarias se manifestara ahora también cierta disconformidad.
La letra chica de la ley fue publicada ayer en el Boletín Oficial . Un día antes, el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa, había anticipado a este diario que esa reglamentación no variaba “en ningún aspecto” el contenido de la ley. Lo hizo ante la presión previa que plantearon las entidades rurales que enviaron esta semana una carta al gobernador Juan Schiaretti, quejándose de no haber participado del debate para la reglamentación y advirtiendo que si ese texto no contenía sus reclamos recurrirían a medidas de protesta.
Ayer, cuando la reglamentación tomó estado público, desde las entidades rurales dijeron tener “muchas dudas”, mientras que los sectores ambientalistas y universitarios ligados a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), que había elaborado un proyecto de ley diferente del aprobado, ratificaron sus cuestionamientos e insistieron en la inconstitucionalidad de la ley.
Desde la tranquera. “No estamos convencidos de que esta reglamentación sea conveniente”, señaló Marcos Mc Hardy, titular de la Sociedad Rural de Jesús María. “Nos deja dudas abiertas y los productores, sobre todo del noroeste, desconfían. Hay varios artículos que no fueron reglamentados y deja todo abierto a que tengamos que ver cómo se aplica en el día a día”, marcó.
El dirigente rural admitió que la ley sancionada en agosto los había conformado, pero insistió en que “la duda es cómo se aplicará”. Y dijo: “Quedará cada pedido de los productores a criterio de la Secretaría de Ambiente”. Mc Hardy insistió en que el sector admite que “los árboles no se toquen” pero advirtió: “Sí esperamos que se permita el trabajo ganadero bajo el bosque, mediante el rolado del suelo, salvo en terrenos con pendientes. Y no está muy claro que se vayan a autorizar esos pedidos”.
Para el ruralista, si la aplicación de la ley no es clara en favor de la producción, se comprometerá “la ganadería, que es clave en el norte provincial”.
Contrapunto. Para el biólogo Fernando Barri, investigador de la UNC y miembro de la COTBN, la reglamentación conocida ayer “es más o peor de lo mismo”. Aseguró que tampoco fueron consultados por el Gobierno provincial para discutir el texto reglamentario y sentenció: “No esperábamos otra cosa después de lo que pasó con la ley. No es cierto que esta norma prohíba los desmontes. Por el contrario: ahora se permitirán”. También cuestionó que no se contemple ningún criterio de participación ciudadana para el cuidado del bosque.
Barri insistió en que “ésta no es una ley de protección de bosques sino una que busca favorecer la producción dentro del poco bosque que queda, degradándolo”. Y señaló que “ninguna” de las cuestiones criticadas fue remediada o atenuada.
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Córdoba, sin margen para seguir desmontando
Nadie duda, ni los propios dirigentes rurales, de que la ley cordobesa y su reglamentación han sido mucho más contemplativas de sus intereses que de los que planteaban los ambientalistas o universitarios. Fernando Colautti.
Córdoba –o su poder político, o su mayoría legislativa con la anuencia de sus principales partidos– prefirió tener una ley de bosques autóctonos que, más que asegurar la protección de lo poco que queda, privilegie el derecho de los propietarios de esas tierras a producir en ellas.
El equilibrio es complicado, sobre todo cuando se trata de tierras privadas. El esquema sólo puede funcionar con compensaciones, que dependen de que la Nación cumpla con los aportes que la ley nacional le obliga a hacer –y aún no hizo– a las provincias que cumplieron sancionando su ley en tiempo y forma.
Pero nadie duda, ni los propios dirigentes rurales, de que la ley cordobesa y su reglamentación han sido mucho más contemplativas de sus intereses que de los que planteaban los sectores ambientalistas o universitarios.
Un único aspecto en el que sin querer parecen coincidir unos y otros es que la “letra chica” de la ley conocida ayer deja a la autoridad de aplicación (la Secretaría de Ambiente) la amplia potestad de resolver cada pedido por desmontes o trabajos selectivos bajo el bosque. Así, al analizar caso por caso, el sistema se torna peligroso, porque puede facilitar las presiones económicas o políticas. Una ley para un asunto que genera tanta controversia y cruce de intereses debería contener un criterio más rotundo y restrictivo, para que su aplicación no dependa de quién ocupe el cargo que decide.
Ahora empezarán a desfilar pedidos de avance sobre los bosques y controversias por cada uno. En este marco, Córdoba debería preguntarse si acaso tiene margen para seguir reduciendo su bosque autóctono. No es cuestión de miradas románticas del verde natural, sino de si esta provincia está en condiciones de seguir perdiendo biodiversidad, aumentando su ritmo de desertificación, incrementando los riesgos de tormentas de tierra o de inundaciones por crecidas no contenidas, o de no detener las causas que producen las crisis hídricas.
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Día a Día (11/02/2011)
La reglamentación de la ley de bosques es leña para el fuego
La Defensoría de la Nación emitirá un dictamen los próximos días con críticas a la ley.
Ayer se publicó la primera parte de la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y con ello, comienza a regir la norma en la provincia. Organizaciones ambientales advirtieron que tanto la ley como la reglamentación son inconstitucionales y el 18 de febrero el defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella, estará en Córdoba para escuchar los planteos de la UNC y la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn).
Antes de su llegada, el ombudsman emitirá un dictamen detallando los puntos dudosos que observa en la ley: el aprovechamiento sustentable del bosque en zonas rojas, ya que la ley nacional de presupuestos mínimos 26.331 pretende que esos sectores sean intangibles, la modificación de zonas rojas a verdes (articulo 14 del capitulo 2 de la reglamentación), cosa que la ley nacional no permite, y la insuficiencia de un proceso participativo en la confección de la ley.
Alicia Barchuk, presidente de la Cotbn, apuntó que “la reglamentación y la ley aprobada (9814) no tienen contenido que ayude a la protección y recuperación del bosque ya que reglamenta el raleado y el desmonte en zonas habilitadas para el riego, no respetando las categorías rojas (alto valor de conservación) y amarillas (mediano valor de conservación) por permitir el aprovechamiento sustentable en áreas protegidas”.
“Otra cosa no podíamos esperar de una ley tremendamente limitada que lo único que regla es el desmonte”, destacó Barchuk.
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Hoy Día (11/02/2011)
Réquiem para el bosque
La polémica ley de bosques va camino de convertirse en una de esas normas que, por haber sido dictadas en el marco de numerosos compromisos e intereses encontrados, termina por no conformar a nadie: ni a los detractores, en este caso las entidades ambientalistas, ni a quienes supuestamente beneficia, es decir, los productores rurales.
Todo ello sin entrar a considerar si realmente sirve al propósito de preservar el escaso monte natural que queda en la provincia. Por lo menos, eso es lo que se pudo apreciar luego de que en la víspera fuera publicada en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley. Marcos MacHarby, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, confirmó el desacuerdo de los productores, dijo que se mantendrán en estado de alerta y confirmó una asamblea a realizarse en Sinsacate el próximo 17 de febrero.
Según el dirigente, en el texto publicado ayer muchos artículos no fueron reglamentados y resaltó su preocupación por las autoridades de aplicación. "Con la reglamentación, la autoridad de aplicación, (la Secretaría de) Ambiente, se convierte en el mandamás", dijo MacHarby. "Desde que se establecieron las restricciones previas a la ley la receptividad de los campos del norte ha bajado. En ciertos lugares de la ley se habla de un rolado de bajo impacto para permitir el paso de la luz a los cultivos, pero no está bien explicado dónde y cómo se puede hacer", cuestionó el titular de la Rural de Jesús María. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación prepara un dictamen sobre la ley de bosques de Córdoba y ya alertó sobre algunos puntos "dudosos", como el cambio de categoría de los terrenos y la transformación que hubo entre el proyecto debatido y lo que finalmente se aprobó en la Legislatura.
Anselmo Sella, defensor Adjunto a cargo del organismo, adelantó que el viernes 18 vendrá a Córdoba junto a técnicos de la Defensoría para escuchar los planteos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN). La reglamentación dice que se permite "un aprovechamiento sustentable" de los bosques de la categoría I, lo cual, según Sella, es un "concepto laxo" y "podría permitirse una modificación del bosque, cuando justamente la ley nacional pretende que sea inmodificable". El ombudsman cuestiona también la posibilidad de pasar de categoría roja a verde en el caso de que existiera infraestructura para el riego, como se establece en el artículo 14. "No nos parece en principio que la ley nacional admita que un bosque pueda transformarse de rojo a verde", señaló. Finalmente, Sella no descarta que un dictamen de la Defensoría tenga luego un correlato judicial.
Ambientalistas molestos. La COTBN aseguró que la reglamentación "empeora" la ley de bosques y criticó que se autorice el desmonte en predios con riego y que a las audiencias públicas sólo pueda convocarlas el secretario de Ambiente. Como era de esperar, la reacción negativa de los ambientalistas y académicos fue contundente, por lo que ahora esperan que la Corte Suprema de Justicia dé lugar a un planteo de inconstitucionalidad presentado por la Universidad Nacional de Río Cuarto en contra de la ley. "La reglamentación es peor que la ley, porque sutilmente explicita dónde y cómo se pueden hacer los desmontes selectivos, tanto para actividad ganadera como los de riego para actividad agrícola", dijo Fernando Barri, miembro de la COTBN. También se critica que las audiencias públicas no son vinculantes, es decir que no incidirán en las decisiones administrativas posteriores. En medio de las críticas, la Secretaría de Ambiente salió ayer a anunciar que continúa llevando a cabo inspecciones en campos para evitar desmontes ilegales.
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El Puntal de Río Cuarto (11/02/2011)
Protesta de ruralistas por la ley de bosques
Ruralistas de la zona norte de la provincia se reunieron ayer para manifestar su disconformidad con la reglamentación de la ley de bosques, que fue oficializada el pasado miércoles.
La protesta, convocada por Cartez, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, se llevó a cabo en la rotonda de acceso a Sinsacate, sobre la ruta 9 norte.
Los productores expresaron su preocupación porque muchos artículos no fueron reglamentados y resaltaron su preocupación por las autoridades de aplicación que establece la ley, ya que la Secretaría de Ambiente se convierte en la autoridad máxima.
Los ambientalistas esperan la resolución del planteo de inconstitucionalidad de la nueva ley que elevó la Universidad Nacional de Río Cuarto ante la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que la norma no llega a cumplir los requisitos mínimos de protección que exige la ley nacional a la que cada provincia debía adherir para aspirar a obtener recursos para proteger la vegetación restante.
Cuestionan la posibilidad de desmontar 100 hectáreas
Entre los puntos más criticados de la ley se encuentran la posibilidad de desmontar hasta 100 hectáreas de bosque nativo en predios con riego, por un lado, y la atribución para que sólo el secretario de Ambiente decida cuándo se realizan audiencias públicas, por el otro.
El titular de la Rural de Jesús María, Marcos McHardy, enfatizó que “finalmente la reglamentación de la ley no es tal cual como nos habían dicho. Se han suprimido varios artículos y hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta. Hay puntos muy oscuros en la reglamentación actual y no entiendo por qué no se tuvieron en cuenta nuestros pedidos, tal como sí lo habían hecho a la hora de sancionar la ley”.
Los ruralistas anunciaron que van a continuar con las medidas de protesta y se movilizarán el próximo 17.
La ley sancionada en la Legislatura en agosto pasado había conformado a los sectores rurales, pero fue muy cuestionada por las organizaciones ambientalistas y los sectores universitarios.
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Bosques: nadie está conforme con la ley
Tras conocer la reglamentación, sectores ambientalistas y universitarios insistieron en sus cuestionamientos.
La ley de bosques nativos de Córdoba sancionada en agosto había dejado conformes a los sectores ruralistas, pero generó el rechazo de un amplio abanico de organizaciones ambientalistas y de sectores académicos universitarios. Ayer, al conocerse la reglamentación con la que se aplicará esa ley, no sorprendió que estos últimos insistieran en su enfática crítica a la norma, pero sí que desde las entidades agropecuarias se manifestara ahora también cierta disconformidad.
La letra chica de la ley fue publicada ayer en el Boletín Oficial . Un día antes, el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa, había anticipado a este diario que esa reglamentación no variaba “en ningún aspecto” el contenido de la ley. Lo hizo ante la presión previa que plantearon las entidades rurales que enviaron esta semana una carta al gobernador Juan Schiaretti, quejándose de no haber participado del debate para la reglamentación y advirtiendo que si ese texto no contenía sus reclamos recurrirían a medidas de protesta.
Ayer, cuando la reglamentación tomó estado público, desde las entidades rurales dijeron tener “muchas dudas”, mientras que los sectores ambientalistas y universitarios ligados a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), que había elaborado un proyecto de ley diferente del aprobado, ratificaron sus cuestionamientos e insistieron en la inconstitucionalidad de la ley.
Desde la tranquera. “No estamos convencidos de que esta reglamentación sea conveniente”, señaló Marcos Mc Hardy, titular de la Sociedad Rural de Jesús María. “Nos deja dudas abiertas y los productores, sobre todo del noroeste, desconfían. Hay varios artículos que no fueron reglamentados y deja todo abierto a que tengamos que ver cómo se aplica en el día a día”, marcó.
El dirigente rural admitió que la ley sancionada en agosto los había conformado, pero insistió en que “la duda es cómo se aplicará”. Y dijo: “Quedará cada pedido de los productores a criterio de la Secretaría de Ambiente”. Mc Hardy insistió en que el sector admite que “los árboles no se toquen” pero advirtió: “Sí esperamos que se permita el trabajo ganadero bajo el bosque, mediante el rolado del suelo, salvo en terrenos con pendientes. Y no está muy claro que se vayan a autorizar esos pedidos”.
Para el ruralista, si la aplicación de la ley no es clara en favor de la producción, se comprometerá “la ganadería, que es clave en el norte provincial”.
Contrapunto. Para el biólogo Fernando Barri, investigador de la UNC y miembro de la COTBN, la reglamentación conocida ayer “es más o peor de lo mismo”. Aseguró que tampoco fueron consultados por el Gobierno provincial para discutir el texto reglamentario y sentenció: “No esperábamos otra cosa después de lo que pasó con la ley. No es cierto que esta norma prohíba los desmontes. Por el contrario: ahora se permitirán”. También cuestionó que no se contemple ningún criterio de participación ciudadana para el cuidado del bosque.
Barri insistió en que “ésta no es una ley de protección de bosques sino una que busca favorecer la producción dentro del poco bosque que queda, degradándolo”. Y señaló que “ninguna” de las cuestiones criticadas fue remediada o atenuada.
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Córdoba, sin margen para seguir desmontando
Nadie duda, ni los propios dirigentes rurales, de que la ley cordobesa y su reglamentación han sido mucho más contemplativas de sus intereses que de los que planteaban los ambientalistas o universitarios. Fernando Colautti.
Córdoba –o su poder político, o su mayoría legislativa con la anuencia de sus principales partidos– prefirió tener una ley de bosques autóctonos que, más que asegurar la protección de lo poco que queda, privilegie el derecho de los propietarios de esas tierras a producir en ellas.
El equilibrio es complicado, sobre todo cuando se trata de tierras privadas. El esquema sólo puede funcionar con compensaciones, que dependen de que la Nación cumpla con los aportes que la ley nacional le obliga a hacer –y aún no hizo– a las provincias que cumplieron sancionando su ley en tiempo y forma.
Pero nadie duda, ni los propios dirigentes rurales, de que la ley cordobesa y su reglamentación han sido mucho más contemplativas de sus intereses que de los que planteaban los sectores ambientalistas o universitarios.
Un único aspecto en el que sin querer parecen coincidir unos y otros es que la “letra chica” de la ley conocida ayer deja a la autoridad de aplicación (la Secretaría de Ambiente) la amplia potestad de resolver cada pedido por desmontes o trabajos selectivos bajo el bosque. Así, al analizar caso por caso, el sistema se torna peligroso, porque puede facilitar las presiones económicas o políticas. Una ley para un asunto que genera tanta controversia y cruce de intereses debería contener un criterio más rotundo y restrictivo, para que su aplicación no dependa de quién ocupe el cargo que decide.
Ahora empezarán a desfilar pedidos de avance sobre los bosques y controversias por cada uno. En este marco, Córdoba debería preguntarse si acaso tiene margen para seguir reduciendo su bosque autóctono. No es cuestión de miradas románticas del verde natural, sino de si esta provincia está en condiciones de seguir perdiendo biodiversidad, aumentando su ritmo de desertificación, incrementando los riesgos de tormentas de tierra o de inundaciones por crecidas no contenidas, o de no detener las causas que producen las crisis hídricas.
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Día a Día (11/02/2011)
La reglamentación de la ley de bosques es leña para el fuego
La Defensoría de la Nación emitirá un dictamen los próximos días con críticas a la ley.
Ayer se publicó la primera parte de la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y con ello, comienza a regir la norma en la provincia. Organizaciones ambientales advirtieron que tanto la ley como la reglamentación son inconstitucionales y el 18 de febrero el defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella, estará en Córdoba para escuchar los planteos de la UNC y la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (Cotbn).
Antes de su llegada, el ombudsman emitirá un dictamen detallando los puntos dudosos que observa en la ley: el aprovechamiento sustentable del bosque en zonas rojas, ya que la ley nacional de presupuestos mínimos 26.331 pretende que esos sectores sean intangibles, la modificación de zonas rojas a verdes (articulo 14 del capitulo 2 de la reglamentación), cosa que la ley nacional no permite, y la insuficiencia de un proceso participativo en la confección de la ley.
Alicia Barchuk, presidente de la Cotbn, apuntó que “la reglamentación y la ley aprobada (9814) no tienen contenido que ayude a la protección y recuperación del bosque ya que reglamenta el raleado y el desmonte en zonas habilitadas para el riego, no respetando las categorías rojas (alto valor de conservación) y amarillas (mediano valor de conservación) por permitir el aprovechamiento sustentable en áreas protegidas”.
“Otra cosa no podíamos esperar de una ley tremendamente limitada que lo único que regla es el desmonte”, destacó Barchuk.
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Hoy Día (11/02/2011)
Réquiem para el bosque
La polémica ley de bosques va camino de convertirse en una de esas normas que, por haber sido dictadas en el marco de numerosos compromisos e intereses encontrados, termina por no conformar a nadie: ni a los detractores, en este caso las entidades ambientalistas, ni a quienes supuestamente beneficia, es decir, los productores rurales.
Todo ello sin entrar a considerar si realmente sirve al propósito de preservar el escaso monte natural que queda en la provincia. Por lo menos, eso es lo que se pudo apreciar luego de que en la víspera fuera publicada en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley. Marcos MacHarby, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, confirmó el desacuerdo de los productores, dijo que se mantendrán en estado de alerta y confirmó una asamblea a realizarse en Sinsacate el próximo 17 de febrero.
Según el dirigente, en el texto publicado ayer muchos artículos no fueron reglamentados y resaltó su preocupación por las autoridades de aplicación. "Con la reglamentación, la autoridad de aplicación, (la Secretaría de) Ambiente, se convierte en el mandamás", dijo MacHarby. "Desde que se establecieron las restricciones previas a la ley la receptividad de los campos del norte ha bajado. En ciertos lugares de la ley se habla de un rolado de bajo impacto para permitir el paso de la luz a los cultivos, pero no está bien explicado dónde y cómo se puede hacer", cuestionó el titular de la Rural de Jesús María. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación prepara un dictamen sobre la ley de bosques de Córdoba y ya alertó sobre algunos puntos "dudosos", como el cambio de categoría de los terrenos y la transformación que hubo entre el proyecto debatido y lo que finalmente se aprobó en la Legislatura.
Anselmo Sella, defensor Adjunto a cargo del organismo, adelantó que el viernes 18 vendrá a Córdoba junto a técnicos de la Defensoría para escuchar los planteos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN). La reglamentación dice que se permite "un aprovechamiento sustentable" de los bosques de la categoría I, lo cual, según Sella, es un "concepto laxo" y "podría permitirse una modificación del bosque, cuando justamente la ley nacional pretende que sea inmodificable". El ombudsman cuestiona también la posibilidad de pasar de categoría roja a verde en el caso de que existiera infraestructura para el riego, como se establece en el artículo 14. "No nos parece en principio que la ley nacional admita que un bosque pueda transformarse de rojo a verde", señaló. Finalmente, Sella no descarta que un dictamen de la Defensoría tenga luego un correlato judicial.
Ambientalistas molestos. La COTBN aseguró que la reglamentación "empeora" la ley de bosques y criticó que se autorice el desmonte en predios con riego y que a las audiencias públicas sólo pueda convocarlas el secretario de Ambiente. Como era de esperar, la reacción negativa de los ambientalistas y académicos fue contundente, por lo que ahora esperan que la Corte Suprema de Justicia dé lugar a un planteo de inconstitucionalidad presentado por la Universidad Nacional de Río Cuarto en contra de la ley. "La reglamentación es peor que la ley, porque sutilmente explicita dónde y cómo se pueden hacer los desmontes selectivos, tanto para actividad ganadera como los de riego para actividad agrícola", dijo Fernando Barri, miembro de la COTBN. También se critica que las audiencias públicas no son vinculantes, es decir que no incidirán en las decisiones administrativas posteriores. En medio de las críticas, la Secretaría de Ambiente salió ayer a anunciar que continúa llevando a cabo inspecciones en campos para evitar desmontes ilegales.
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El Puntal de Río Cuarto (11/02/2011)
Protesta de ruralistas por la ley de bosques
Ruralistas de la zona norte de la provincia se reunieron ayer para manifestar su disconformidad con la reglamentación de la ley de bosques, que fue oficializada el pasado miércoles.
La protesta, convocada por Cartez, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, se llevó a cabo en la rotonda de acceso a Sinsacate, sobre la ruta 9 norte.
Los productores expresaron su preocupación porque muchos artículos no fueron reglamentados y resaltaron su preocupación por las autoridades de aplicación que establece la ley, ya que la Secretaría de Ambiente se convierte en la autoridad máxima.
Los ambientalistas esperan la resolución del planteo de inconstitucionalidad de la nueva ley que elevó la Universidad Nacional de Río Cuarto ante la Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que la norma no llega a cumplir los requisitos mínimos de protección que exige la ley nacional a la que cada provincia debía adherir para aspirar a obtener recursos para proteger la vegetación restante.
Cuestionan la posibilidad de desmontar 100 hectáreas
Entre los puntos más criticados de la ley se encuentran la posibilidad de desmontar hasta 100 hectáreas de bosque nativo en predios con riego, por un lado, y la atribución para que sólo el secretario de Ambiente decida cuándo se realizan audiencias públicas, por el otro.
El titular de la Rural de Jesús María, Marcos McHardy, enfatizó que “finalmente la reglamentación de la ley no es tal cual como nos habían dicho. Se han suprimido varios artículos y hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta. Hay puntos muy oscuros en la reglamentación actual y no entiendo por qué no se tuvieron en cuenta nuestros pedidos, tal como sí lo habían hecho a la hora de sancionar la ley”.
Los ruralistas anunciaron que van a continuar con las medidas de protesta y se movilizarán el próximo 17.
La ley sancionada en la Legislatura en agosto pasado había conformado a los sectores rurales, pero fue muy cuestionada por las organizaciones ambientalistas y los sectores universitarios.
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