Alambraron un sector del lago de Embalse
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La Voz del Interior (27/04/2024)
Alambrada: controversia en Calamuchita por el cierre de una playa del lago de Embalse
El municipio de Villa del Dique y un vecino denunciaron a un complejo de turismo por esta acción. Desde la institución, que depende de la Armada, niegan haber cometido alguna transgresión
El impacto visual es indisimulable: hasta desde la costa vecina del lago se observa el alambrado perimetral que avanza sobre la orilla del embalse del río Tercero, en Villa del Dique, en el Valle de Calamuchita.
La polémica está instalada. Y se suma a otras por los usos de las costas de lagos y de ríos.
No obstante, continúa, sin pausa, la construcción del cerco que “encerrará” las 64 hectáreas del parador Almirante Brown, un establecimiento que la Dirección de Bienestar de la Armada Argentina (DIBA) tiene allí desde hace décadas.
Es un complejo turístico tanto para afiliados de Iosfa (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) como para el público en general. Cuenta con cabañas, salón de eventos, pileta, muelle y un gran espacio verde, entre otras comodidades. El espacio es una referencia en la localidad.
La contaminación visual afectará a los propios huéspedes, que desde algunos sectores del predio observarán el lago “acorralado” por un alambrado olímpico. Pero el reclamo central es por la presunta invasión de terrenos de uso público. Desde la institución, lo niegan, respaldados en un convenio rubricado en 1999.
El alambrado avanza más allá de los mojones que la Provincia colocó hace dos décadas para demarcar en las costas los límites de lo privado y de lo público.
Reacciones y discusiones
El municipio de Villa del Dique objetó el avance de la obra. El asesor letrado municipal, Juan Pablo González, confirmó que constataron infracciones “en el código de edificación y en el código de faltas municipal”. Detalló que labraron varias actas por violación de normas ambientales, como la tala de especies autóctonas, tanto en la zona privada como pública, sin avisar al municipio y por tareas de cercado que no respetarían lo que disponen las ordenanzas sobre las distancias que se deben guardar hasta el lago.
Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas municipal.
Días atrás, hubo una reunión entre autoridades del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el establecimiento de la Armada, quienes presentaron documentación. A su vez, el municipio también radicó la denuncia ante la Policía Ambiental de la Provincia.
Por su parte, un vecino, de forma particular, radicó el 18 de marzo una denuncia ante la Policía Ambiental, que refiere a un hecho “que sería violatorio a la legislación vigente en cuanto a uso de costa y perilago de los embalses de la provincia”. También elevó la denuncia a la Defensoría del Pueblo provincial para que ayudara a “clarificar si el alambrado avanza en un espacio de dominio público”.
Que dice la ley
La ley 10.115 marca la creación de la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia, que tiene la competencia de recibir e investigar denuncias e intervenir cuando se infrinja la normativa.
El Código Civil y Comercial es la norma general que regula estas cuestiones. El artículo 235 detalla los bienes de dominio público (salvo lo dispuesto por leyes especiales), entre los que se encuentran ríos, arroyos, lagos y lagunas navegables.
La norma marca que por lago o laguna se entiende “el agua, sus playas y su lecho”, delimitado de la misma manera que los ríos, es decir, “por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias”.
La explicación de la Armada
Desde el parador Almirante Brown, aseguraron que un artículo que marca las excepciones de un convenio, firmado el 2 de diciembre de 1999 entre los gobiernos provincial y nacional, los autoriza a llevar adelante el cerco, que avanza sobre la línea de mojones del deslinde público-privado.
Dicho convenio establece la voluntad de la Provincia “de lograr la transferencia o cesión de los derechos correspondientes al Estado nacional sobre los perilagos de los embalses del Río Tercero, Segunda Usina, Tercera Usina, Los Molinos y Casa de Huéspedes del Piedras Moras”, y fija como límite de propiedad las poligonales de expropiación.
No obstante, el artículo siguiente –en el que se sustenta el argumento de la Armada– indica que “se exceptúan de la transferencia solicitada las fracciones transferidas en propiedad a terceros por el Estado nacional, las ocupadas por distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, y las correspondientes a las solicitudes efectuadas en el marco de la ley 24.146 modificada por sus similares números 24.383 y 24.768 por los municipios de Embalse, Villa Rumipal, Villa del Dique, Almafuerte y Segunda Usina, cuya transferencia por dicha norma resulta viable en función del destino propuesto y del cumplimiento oportuno de los requisitos pertinentes”.
Entre las excepciones, se encontraría el parador Almirante Brown, en jurisdicción de Villa del Dique. La duda que persiste es si ese acuerdo fue homologado y si ese convenio tiene carácter oficial.
A su vez, explicaron que el cerco fue impulsado por razones de seguridad, para evitar robos en el establecimiento y accidentes que se registraron en hoteles en ruinas en ese predio. Con el tejido, quedó bloqueado el ingreso a los tres hoteles construidos hace más de 70 años, que despiertan la curiosidad de quien los observa desde el lago.
En este sentido, justifican el alambrado en el artículo 2031 del Código Civil, que refiere a un “cerramiento forzoso rural”, que interpretaron como “un acto posesorio sin necesidad de aviso”.
Destacaron, a su vez, que continúa abierto un camino que permite transitar entre la costa y el alambrado.
A su vez, desde la institución valoraron el acercamiento con el municipio a través de una reunión reciente e insistieron en que no han cometido faltas.
Una respuesta provincial
Sobre esta problemática, este diario consultó a Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular, quien señaló que están trabajando para “definir competencias jurisdiccionales” en este caso, justamente en relación con el convenio de hace un cuarto de siglo. Reconoció que recibieron denuncias sobre el tema, sobre las que están trabajando.
“No quiero adelantar ninguna solución porque es parte del trabajo de un equipo, estamos viendo cuál es la mejor salida “, completó Flores.
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En Villa del Dique denuncian invasión de tierras fiscales
La Voz del Interior (16/03/2024)
Lago de Embalse: denuncian construcción de un muro privado sobre costas en terrenos fiscales
El hecho ocurrió en Villa del Dique, en el coqueto barrio Embalsina. Interviene la fiscalía de Instrucción de Río Tercero. El caso representa uno de tantos que generan reclamos en la zona serrana.
Un jardinero denunció al propietario de una casa ubicada en Embalsina, el barrio residencial de Villa del Dique, sobre las costas del lago de Embalse del río Tercero, por presunta invasión de tierras fiscales.
La denuncia fue radicada en la subcomisaría local y si bien manifiesta la “construcción de un muro”, refiere a una supuesta ocupación, por esa vía, de terrenos públicos.
En la investigación interviene la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Río Tercero, que ordenó algunas diligencias en los últimos días. Consultada al respecto, la fiscal Paula Bruera informó que entre las directivas “ofició a organismos públicos para que brinden un informe y se realizó una inspección judicial en el lugar”.
La construcción tiene una base de cemento y piedras sobre la que se levanta un tejido romboidal que delimita el patio de la residencia. La Justicia deberá determinar si efectivamente se trata de una usurpación que invade tierras que corresponden al Estado y deberían ser de uso público.
La acción generó malestar en el exclusivo barrio que en ese sector se denomina Aguas Claras, pero que se lo conoce como Embalsina, que se destaca por las viviendas de veraneo.
Según manifestaron algunos vecinos (que prefirieron permanecer en el anonimato) los mojones que hace más de 20 años colocó la Provincia y que fijaban el límite entre lo público de lo privado fueron quitados por manos desconocidas en ese sector y estaban varios metros adentro de donde se levantó el nuevo cerco. También argumentan un negativo impacto visual de esa presunta “invasión” en las costas.
Una práctica ilegal repetida
Más allá de este caso puntual, la apropiación ilegal de tierras públicas es una práctica que se repite desde hace muchos años en contornos de lagos y de riberas de ríos cordobeses.
Por lo general, se cuentan muchos casos de dueños de propiedades ubicadas en perilagos o costas de ríos que extienden sus patios hacia terrenos que debieran ser de acceso público. Sería como cercar una plaza o una calle para uso privado..
Desde hace décadas se producen numerosas situaciones que transgreden las normas, pero que, a esta altura, ya parecen naturalizadas, ante controles inexistentes. Hace unos 20 años, la entonces Dipas (hoy Recursos Hidricos) habia iniciado un plan de ordenamiento con la fijación de mojones en costas de varios lagos, pero ese programa fue luego abandonado sin ser culminado.
Recorriendo el sector pegado de este y otros lagos se pueden observar piscinas de natación y pasarelas de cemento para embarcaciones, que prácticamente ingresan al lago invadiendo el espacio público, o patios “estirados” con cercos hasta las playas.
Esa situación viene generando reclamos en varios lagos serranos. También ocurre sobre riberas de ríos.
Un ambicioso plan archivado
Hace más de dos décadas, el gobierno provincial, que tiene el poder de policía sobre lagos y ríos, había iniciado un plan de reordenamiento territorial para corregir estas transgresiones, con algunas acciones visibles. En esa ocasión topadoras derribaron tejidos y muros en alguans costas d elos lagos Los Molinos y Embalse.
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Villa del Dique: la empresa dice que tiene aval de Ambiente y que no se apropió de una calle
La firma sostuvo que el loteo cuenta con autorización de la Provincia y que se realizó una audiencia pública. Aclaró que el camino que está cerrado es propiedad privada, aunque una vez reacondicionado será donado al Municipio
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Total impunidad de barrio cerrado en Villa del Dique
El Puntal de Río Cuarto (12/07/2021)
Villa del Dique: denuncian que una empresa se apropió de un camino y avanza sobre el lago
Vecinos señalaron que una firma desarrollista está construyendo casas de lujo, y que para ello anuló el sendero de acceso al cerro y destruyó bosque nativo. La legisladora Echevarría elevó un pedido de informe a Ambiente
Vecinos de Villa del Dique denunciaron que una empresa desarrollista se apropió de un camino público y avanzó sobre terrenos del cerro para construir viviendas de alta categoría. A su vez, sostienen que se destruyó bosque nativo y que no se respeta la cota del lago, al avanzar sobre sus márgenes.
Alertados por el avance de las obras, un grupo de pobladores acudieron a la legisladora Luciana Echevarría, quien ya elevó un pedido de informes a la Secretaría de Ambiente a fin de saber si dicho proyecto inmobiliario cuenta con las autorizaciones y estudios de impacto ambientales obligatorios.
Según denuncian los vecinos, y así lo documentan con fotos, la firma constructora cerró el camino antiguo al cerro, utilizado por los vecinos para el esparcimiento y actividades deportivas, colocando barreras y hasta una garita
“No solo eso, sino que además se apropió de las costas del lago y abrió un camino más alto en medio del bosque nativo y deja una ladera descubierta con riesgo de derrumbe”, explicó la legisladora Echevarría a Puntal.
Si bien asumen que en la zona que rodea a Villa del Dique hay muchos espacios verdes, el sendero al cerro por el camino viejo es parte del patrimonio del lugar, y sobre el cual la firma privada habría avanzado.
El pedido de informes elevado a Ambiente de la provincia procura saber si este organismo tiene conocimiento de estos proyectos y advierten sobre la posible violación de varias leyes que regulan la construcción en lugares serranos, protección de los bosques nativos, y la obligación de respetar las líneas de ribera en zonas de arroyos y ríos.
Por su parte, los vecinos difundieron un video en el que reclaman respuesta los Estados municipal y provincial sobre estos proyectos urbanísticos.
Cerraron el camino
“Cerraron el camino viejo y avanzaron en la construcción de las casas de alta gama sobre éste. Además, hay viviendas pegadas al lago y eso está violando la cota que fija al menos un mínimo de 30 metros; inclusive hay una pileta construida, casi volada y pegada al espejo de agua”, detalló Echevarría.
Asimismo, dijo que para abrir el nuevo camino se rompió toda la montaña, dañando no solo la flora autóctona, sino también generando un riesgo de derrumbes. “Hay arbolitos con las raíces al aire”, advirtió.
Según denuncian los vecinos, la empresa “se apropió de un camino público y de las costas del lago” para construir casas de alta gama.
Consultada la legisladora acerca de si plantearon la inquietud al Municipio de Villa del Dique sostuvo que no lo hicieron, pero tiene conocimiento de que existe un litigio entre el actual gobierno y la empresa.
“La antigua gestión es la que habilitó el proyecto, y el nuevo gobierno sostiene que la empresa no cumplió con los procedimientos y que además viola el Código de Edificación de Villa del Dique. Pero, en definitiva, pide una indemnización económica por hacer uso del espacio público”.
Cabe destacar que los vecinos van más allá en su reclamo y piden que se dé marcha atrás con todo el proyecto y se haga una remediación ambiental del cerro.
Piden explicaciones a Ambiente
En medio, la empresa obradora sostendría que cuenta con la licencia ambiental otorgada por Ambiente la Provincia. “La firma dice eso, el Municipio sostiene que solicitó los permisos y no están. Entonces nuestro pedido de informes apunta a que se responda a todas las dudas”.
Insistió Echevarría en que no solo podrían existir irregularidades en lo ambiental, sino además sobre leyes que rigen respecto de la protección de los recursos hídricos.
En el pedido de informe, se solicita a Ambiente que diga “si está al tanto” de los proyectos inmobiliarios y, de ser así, si existen estudios de impacto ambiental.
“Sería urgente la intervención de la Secretaría de Ambiente para que cesen las violaciones al ambiente y se restauren de inmediato las condiciones en la zona”, concluye el escrito.
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Video: La lluvia trajo un poco de alivio a los ríos
Tras las lluvias de esta tarde, la Dirección de Bomberos informó los niveles de precipitaciones en las sierras. En Cosquín: 0.33 mm, Las Mojarras: 0.8 mm, San Antonio Cuenca Alta: 3.17mm, Cuenca Media: 5.4mm, Cuenca Baja: 6.8mm, Las Jarillas: 0.65mm y Perilago: 0.6mm
El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (24/10/2020)
Avanzan las obras de saneamiento en San Francisco
El Ministerio de Obras Públicas, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), avanza con la etapa final de las obras de saneamiento en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, que incluyen la ampliación de la Planta Depuradora, la construcción del Colector Sur y una nueva cloaca máxima, por una inversión de $715 millones.
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Comenzó la recolección de neumáticos en La Francia
La recolección domiciliaria será martes y jueves mientras que los comercios deberán solicitar turno al municipio. Las cubiertas serán coprocesadas por una empresa cordobesa para la fabricación de hormigón.
El Puntal de Río Cuarto (24/10/2020)
Achiras: acuerdan mantener abierto el paso en el balneario
El intendente de Achiras y el propietario de tierras que lindan con el balneario de la villa serrana acordaron ayer dejar liberado el paso que había sido cerrado por el privado con una tranquera, y esperar que la Provincia se expida en cuanto a la línea de ribera.
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Otras noticias ambientales del día 21/10/2020
El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (21/10/2020)
¿Porqué se demora la creación del Parque Nacional Ansenuza en Córdoba?
La diputada nacional Brenda Austin (UCR) presentó este viernes un proyecto de resolución para obtener información sobre la demora en la creación del Parque Nacional Ansenuza en Córdoba, el más grande de la Argentina. A través de la iniciativa, se busca obtener datos “precisos y detallados” sobre el estado de las gestiones realizadas en el marco del trabajo conjunto puesto en marcha en 2017 entre la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El Puntal de Río Cuarto (21/10/2020)
En Achiras, un privado puso una tranquera en un sector del balneario
A metros del vado, el vecino decidió cerrar un camino paralelo al río colocando alambres, postes y un cartel en el que advierte que es su propiedad. El Municipio hizo la denuncia por entender que avanzó sobre la línea de ribera
Comercio y Justicia (21/10/2020)
Dos propuestas para proteger bosques nativos, nominadas en el NASA Space Apps Challenge
En Córdoba se organizó, a principios de octubre, por cuarta vez, el hackaton más grande del mundo. Más de 26.000 personas participaron desde diferentes ciudades de todo el planeta y la ciudad volvió a formar parte de este evento, gracias a la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Córdoba.
El Diario de Villa María (21/10/2020)
Gran despliegue de maquinarias extrayendo arena del Ctalamochita
Es en un sector que no pertenece a Villa María ni a Villa Nueva. No hay información sobre dragado u otra intervención estatal
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Alta Gracia: causa por arroyo alambrado sin avances
La Nueva Mañana - Edición Electrónica (17/09/2020)
Critican la demora judicial en la causa sobre un arroyo alambrado en Alta Gracia
El expediente se generó a partir del cercado del curso de agua por parte de un barrio cerrado. Organizaciones señalaron dos años de demora en el pedido para ser "terceros interesados".
Bajo el título “Arroyos alambrados: La ciudadanía debe ser parte”, el Colectivo Social Todos por Nuestros Arroyos (TXNA) de Alta Gracia y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) de Córdoba elaboraron un documento para expresar “nuestra preocupación por la demora de más de dos años por parte del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de Segunda Nominación de Alta Gracia, para resolver sobre nuestro pedido de participación como terceros interesados en el juicio denominado “El Potrerillo de Larreta S.A. c/ Provincia de Córdoba”.
Se trata del caso que involucra a ese barrio cerrado ubicado al oeste de la ciudad del Tajamar, que desde hace unos diez años mantiene alambrado un arroyo que atraviesa el loteo. Las organizaciones firmantes recordaron que “en dicho litigio se encuentra en juego la preservación y apertura de aproximadamente cuatro kilómetros de espacio público del Arroyo Los Paredones, que desde hace años el barrio privado Potrerillo de Larreta mantiene cercado con un alambre para uso exclusivo de sus instalaciones”.
Y señalaron que “en 2018, luego de participar bajo el carácter de “amigos del tribunal” para presentar nuestra postura ante el Poder Judicial, desde TXNA y Fundeps decidimos solicitar la participación como terceros interesados, figura que nos compromete aún más con la causa, y nos permite acceder de esta manera a la lectura de los expedientes y tomar intervención en el juicio que en su momento se estaba tramitando ante la Cámara de Apelación de 9° Nominación de la ciudad de Córdoba”. Ese pedido no ha tenido aún respuesta, y en julio pasado “la Cámara de Apelaciones dictó la sentencia sobre el fondo, dejándonos sin oportunidad de presentar argumentos en esta instancia, privándonos consecuentemente de la posibilidad de defender los derechos lesionados”, indicaron.
De este modo, las organizaciones insistieron en que “necesitamos tener la posibilidad de acceder a la justicia en causas que afectan al interés público, vinculadas a derechos de incidencia colectiva, en un plazo razonable y sin dilaciones”.
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Otras noticias ambientales del día 16/11/2019
La Voz del Interior - Edición Electrónica (16/11/2019)
Diques serranos: a la espera de más lluvias para llegar bien al verano
El San Roque y el Embalse lucen más “atrasados”. El resto, con volúmenes de agua dentro de lo normal para esta época. Los pronósticos climáticos anticipan buenas lluvias para sumarles caudal de aquí a enero.
Incendio forestal cercano a Alpa Corral
El Puntal de Río Cuarto - Edición Electrónica (16/11/2019)
Monitorean un incendio originado al sudoeste de Alpa Corral
Bomberos de esa localidad señalaron que el foco está en una zona de vegetación de difícil acceso y evalúan cómo sigue desarrollándose. Creen que pudo haberse originado por un rayo.
En Hernando recolectarán el aceite
El Puntal de Villa María (16/11/2019)
Hernando: recolectarán el aceite para evitar daños ambientales y en cañerías
El compuesto vegetal ya es retirado por una empresa en locales comerciales. Ahora será el Municipio el que lo recolectará para luego entregarlo a la misma firma, sin costo alguno
Aclaran porque limitaron el acceso al lago en Villa Quillinzo
El Puntal de Río Cuarto (16/11/2019)
Villa Quillinzo: el jefe comunal dijo que no está restringido el acceso al lago pero que tomaron medidas para preservarlo
El jefe comunal de Villa Quillinzo, Danilo Grazziano, respondió a los pescadores que denunciaron la obstrucción de caminos para llegar al lago que se encuentra en esta localidad y aclaró que no está vedado el ingreso a la costa, sino que se tomaron medidas para preservar una reserva natural de la zona y el denominado “Cementerio de los Indios”.
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Otras noticias ambientales del día 15/11/2019
El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (15/11/2019)
Tras las lluvias llegó una creciente al río San Antonio
Una creciente de 1,50 metros ingresó al río San Antonio tras las lluvias ocurridas durante las últimas jornadas en las sierras, lo que trajo alivio ante la sequía.
Tío Pujio avanza en un proyecto de parque fotovoltaico
El Diario de Villa María (15/11/2019)
Avanzan en un proyecto de parque fotovoltaico
Los cooperativistas, empresarios y autoridades municipales visitaron las instalaciones de la firma con la que proyectan la creación del mismo, en la ciudad de San Luis
Río Cuarto: post inundaciones analizan la situación
El Puntal de Río Cuarto (15/11/2019)
Ajeproc: Llamosas visitó el barrio y habló de medidas para mitigar inundaciones
El intendente les prometió a los vecinos una serie de intervenciones sobre los desagües. También adelantó que hará una obra de cloacas. Los residentes de ese sector siguen recuperándose después de la tormenta del domingo
Tosquita: un árbol por cada nuevo egresado
El Puntal de Río Cuarto (15/11/2019)
En Tosquita plantaron un árbol por cada nuevo egresado
Con el objetivo de dar por concluido un ciclo y el inicio de otro, en Tosquita se decidió plantar un árbol por cada egresado que culmine sus estudios en la población.
Restrigen accesos al río Quillinzo
El Puntal de Río Cuarto (15/11/2019)
Pescadores de Elena denuncian que cerraron los accesos al río Quillinzo
El fin de semana, vecinos que concurrieron a disfrutar del lugar, ubicado unos 49 kilómetros al norte y muy cercano al lago Embalse, se encontraron con árboles, postes y hasta piedras que impedían llegar a la costa
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Villa Rumipal y otro proyecto inmobiliario cuestionable
Fuego cruzado por proyecto inmobiliario pegado al lago
Un tan ambicioso como controvertido proyecto de desarrollo urbanístico, en las costas del lago de Embalse, quedó adormecido. Si alguna polémica ya generaba cuando se anunció, por el uso de tierras fiscales, un conflicto asoma ahora con despertarse por haberse frustrado su realización.
El proyecto “Puerto Riemann”, en Villa Rumipal, era fruto de un acuerdo entre la Municipalidad y un inversor privado. No se concretó y ahora los “socios” se acusan mutuamente.
Ante la demora, que lleva 15 años, el empresario responsabiliza al intendente de “inacción”. El municipio replica que el privado no quiere sentarse a renegociar las condiciones, que deberían variar tras una década y media.
¿Quedan chances de que el proyecto que lleva el nombre del fundador del pueblo se ejecute?
“Desde que tuve la idea, en 2002, jamás me bajé del proyecto”, aclaró desde Villa María el contador Pablo Mattoni, titular de la Compañía de Emprendimientos y Desarrollos Inmobiliarios (Cedisa), la empresa adjudicada.
La iniciativa contemplaba construir un loteo privado tipo country, para un centenar de casas, y un puerto para la práctica de deportes náuticos, en 20 hectáreas que pertenecen al Estado nacional, pegadas al mayor embalse de Córdoba. Por ser costas, son fiscales.
Mattoni asegura que lleva invertidos unos 530 mil dólares en la compra de tierras, honorarios de arquitectura e ingeniería y estructuración legal.
Algo de historia
La iniciativa surgió en 2002 pero fue en 2003, ya con Gustavo Gantus como intendente, que comenzó a tomar forma. El predio integraba una porción mucho mayor, de 150 hectáreas de tierras fiscales cedidas al municipio por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), con el propósito específico de que sea una reserva natural.
Luego, con aval del ente nacional, la comuna devolvió 20 hectáreas para que fueran recompradas y utilizadas con fines comerciales, con inversión privada. Esa operatoria fue aprobada por el Concejo Deliberante local y hubo una licitación de proyectos. La villamariense Cedisa fue adjudicada.
La empresa aportó el dinero para la recompra de los terrenos y se firmó un boleto de compraventa en 2007.
La escrituración debía llegar luego de la aprobación catastral de la subdivisión de 20 hectáreas, respecto al terreno de 150. Por la ubicación colindante al lago, la escrituración requería el visado del plano de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (Dipas), hoy Secretaría de Recursos Hídricos. En ese punto el proceso se frenó.
Mattoni recordó que, pasado cierto tiempo, el municipio solicitó un “pronto despacho” y luego inició un amparo por mora, con fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó a la Provincia que se expidiera. El empresario se queja ahora de que el municipio nunca accionó para que ese fallo se cumpliera y se pudiera escriturar.
“Desde entonces envié cartas documento al intendente y otros trámites, Pero por alguna razón la Municipalidad llegó a un punto después del cual no impulsó más el proyecto. El intendente dejó de cumplir con su obligación, que era instar a la Provincia a que aprobara un plano de subdivisión y que cumpla el fallo judicial”, apuntó. Advirtió, además, que el expediente “desapareció” del organismo provincial.
Nada nuevo pasó desde 2008. Mattoni sostiene que, de concretarse, el proyecto disparará en cinco años una inversión de 40 millones de dólares, por las obras de infraestructura, del puerto y de las 110 casas de alta gama previstas.
Qué dice el municipio
Gustavo Gantus es intendente de la localidad desde 2003 y acaba de ser reelecto hasta 2023.
Julio Gantus, su hermano y asesor letrado del municipio, aclaró que las dilaciones son ajenas a la comuna y al adjudicatario. “El proyecto está suspendido hasta tanto se cumplimenten actos de distintos organismos”, señaló. Acotó que, por la demora, “se produjeron muchas modificaciones a las necesidades del municipio” y que debería revisarse el proyecto original.
El abogado aseguró que la comuna hizo todo lo que tuvo a su alcance para que el proceso se destrabara, sin resultados. Achacó al empresario no sentarse a renegociar los “compromisos obligatorios que están vencidos”.
“Nos juntamos muchas veces, él siempre tenía su formalidad jurídica, pero nosotros a cualquier modificación la queremos pasar por el Concejo y con audiencia pública”, añadió.
Gantus mostró el contrato de adjudicación que establecía que “la vigencia y exigibilidad quedan sujetas a que el Onabe ceda, venda y transfiera el inmueble”, así como que “si la transferencia no es aprobada, el adjudicatario nada tendrá que reclamar a la Municipalidad”.
Respecto de las obligaciones, precisó que la empresa debía entregar al municipio maquinarias y ejecutar pavimento en varias calles del pueblo.
Gantus consideró que el proyecto también era beneficioso para el municipio, porque además de esos “pagos” habría inversiones y mejoras en esa zona costera y, tras un tiempo, algunos bienes de ese predio –como el puerto y el club house– quedarían para la comuna de Villa Rumipal.
“En ningún momento se lo intimó para dar de baja el proyecto; siempre se habló de cómo encauzarlo, pero contemplando las necesidades actuales. Dado el tiempo transcurrido, hay cosas que modificar y otras que evaluar”, apuntó el abogado del municipio.
Por ahora, las hectáreas en cuestión que el lago bañan siguen como antes. No son un loteo, pero tampoco lucen como una verdadera reserva natural pública.
Terrenos, en ubicación privilegiada
Las tierras están ubicadas en una zona privilegiada, de alto potencial de explotación turística. Las 150 hectáreas cedidas por la Nación al municipio de Villa Rumipal hace 15 años se extienden por el sur, desde el límite con Villa del Dique hasta el sector de Villa del Parque. El proyecto empresario involucra 20 de esas hectáreas.
En reiteradas ocasiones, este diario consultó sobre el tema al área Prensa del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia, del que depende la Secretaría de Recursos Hídricos, pero no se obtuvo información. Según el empresario Pablo Mattoni, ese expediente habría desaparecido de las oficinas estatales.
El proyecto de 2007 apuntaba, de manera central, a un desarrollo inmobiliario ya que venderían parcelas para un barrio residencial. También contemplaba la construcción de departamentos para alquilar y de un club náutico con muelle, que tras 15 años de uso pasaría a propiedad del municipio.
Por la cesión de las tierras, la empresa se obligaba a hacerse cargo de pavimentar varias cuadras en Villa Rumipal y de generar una serie de mejoras en el balneario municipal y en colegios, además de la entrega de maquinaria.
De reactivarse el proyecto, una discusión será sobre qué se reformularía del original.
Pero otra volverá seguramente respecto de cuál debiera ser el destino de tierras fiscales costeras.
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Los Molinos: denuncian privatización de costas del río
Vecinos de Los Molinos denuncian que la Comuna privatizó el acceso al río
El gobierno local habría vendido a privados el camping municipal que tiene la bajada al río Los Molinos. La Jefa comunal dijo desconocer todo.
Las vecinas y vecinos de la Comuna Los Molinos denunciaron que el gobierno local vendió al concesionario del camping municipal las instalaciones y les prohíben ingresar y llegar al río que atraviesa el mismo. La Jefa comunal desmintió estas acusaciones y dijo que "desconoce" la situación del camping.
En Comuna Los Molinos del Valle de Paravachasca (ubicado a 90 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba), los vecinos y vecinas se convocaron este miércoles a las 18 a una asamblea en la plaza del pueblo para reclamarle a la jefa comunal, Silvia Martínez, por la presunta venta del camping municipal.
"La venta del camping comunal y el río Los Molinos, con intermediación de la inmobiliaria Quintero a la familia que se encontraba ejerciendo la concesión del camping desde la temporada verano 2019, es el motivo que convoca y moviliza en estado de alerta permanente a toda la comunidad de Los Molinos", indica la convocatoria de Trabajadores Unidos Por La Tierra, una organización que llevan adelante una huerta comunitaria que trabajan vecinos de distintas localidades de la región.
"Éstas irregularidades, fueron precedidas por otras, que fueron denunciadas en su momento: el alambrado y venta de porciones del camping comunal (con asadores incluidos), en la rivera del río Los Molinos, en los que casualmente también habría operado otra inmobiliaria de la zona de Despeñaderos. Por esto, es que las y los vecinos de Los Molinos, esperan las explicaciones de la jefa comunal Silvia Martínez ante semejante avasallamiento de los derechos de los habitantes de Los Molinos", sigue el comunicado difundido en redes sociales.
La Nueva Mañana le consultó a Martínez sobre esta acusación y respondió: "Mañana a las 11 hay una reunión con la gente que está ocupando el camping y el asesor letrado de la comuna, después de esa reunión se informará lo que está ocurriendo".
"En este momento desconozco lo que usted me está diciendo", aseguró la jefa comunal.
"Niego totalmente eso, yo no tengo ninguna tratativa con ninguna inmobiliaria", aseguró Martínez e insistió en que este miércoles no tendría información para dar y luego de la reunión con el concesionario dará una entrevista al respecto.
A la reunión de este jueves a las 11, fueron invitados los vecinos "para clarificar la situación y avanzar en la declaración de 'utilidad pública' de toda la costa del río para avanzar en la exigencia conjunta de comuna y asamblea del pueblo a las autoridades provinciales para que expropien esas tierras", según informaron Trabajadores Unidos por la Tierra.
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Desde las sierras se movilizan en defensa de su territorio
Vecinos de Sierras Chicas se movilizarán en defensa del Río Chavascate
Denuncian la construcción de un desarrollo inmobiliario, el funcionamiento ilegal de canteras y la construcción de una autovía en una reserva natural.
Organizaciones sociales y culturales de Sierras Chicas se movilizarán este viernes a las 17, en defensa del territorio y el monte nativo ante el avance inmobiliario, la posible construcción de un autovía de montaña y el funcionamiento ilegal de tres canteras.
"Somos mucha gente, desde asambleas, organizaciones y grupos culturales, todos preocupados por distintos problemas, como el negocio inmobiliario, el funcionamiento ilegal de canteras, protección del patrimonio arqueológico frente a la posibilidad de construcción de una autovía", resumió Patrizia de la Asamblea de Vecinos del Chavascate a La Nueva Mañana.
Las organizaciones que convocan a la marcha este viernes son la Asamblea Vecinos del Chavascate, Comunidad Chavascate, Cerro Azul Despierta y Sierras Chicas sin Canteras.
"Nos venimos ocupando de distintas problemáticas ambientales en la zona, como el loteo en cercanía de Capilla de Candonga, tres canteras que funcionan sin autorización provincial y la posibilidad de la construcción de una autovía el camino que cruza Cerro Azul hasta Candonga. Decidimos hacer una movilización conjunta entre todas las organizaciones para informar que está en riesgo la calidad de vida de los que vivimos aquí y de los que vienen a disfrutar del río Chavascate", indicó Diana Raab, integrante de la Asamblea de Vecinos del Chavascate, en una entrevista con Nexo FM.
Diana explicó que para construir la autovía de montaña "además de asfaltar tendrían que ampliar el camino y se llevarían puesto patrimonio arqueológico que tenemos de presencia de antiguos pueblos comechingones".
"Está esperando juicio el funcionario que autorizó el loteo sobre Capilla Candonga y sin embargo, siguen construyendo casas ahí. El secretario de Minería nos dice que no están autorizadas las canteras pero sin embargo, siguen trabajando", contó Diana.
"Si no protegemos nosotros el río Chavascate, no lo protege nadie. Sentimos que las autoridades no nos ayudan en la protección pese a que están las leyes de protección del monte, tienen que presentar ley de impacto ambiental pero no se cumplen", aseguró la vecina de Sierras Chicas.
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La Calera: vecinos denuncian el cercado ilegal del río Suquía
Un grupo de vecinos de La Calera denuncia que particulares construyen cabañas, ensucian y cortan el libre acceso al curso de agua en la zona de Villa el Diquecito.
La vecina Angelina Yofre se comunicó con La Nueva Mañana y explicó que hace años se da esta problemática. “Hay gente que les dieron permiso para que vivan un tiempo y luego tienen que irse. También están los dueños de florería de Las Lilas que usurparon orillas del río aunque ellos dicen tener papeles".
Además, Yofre agregó que ayer jueves a la mañana "había gente nueva que quería cercar una parte, un hombre que compró de buena fe esos territorios en una escribanía pero no es legal que cerquen el río”.
En tanto, Marcela, otra vecina del lugar, explicó a este medio que algunas personas tienen "un permisito de la época de Perón" para construir a la vera del Suquía, pero que en su mayoría se trata de usurpaciones.
"La gente ya no tiene espacio para bajar al río. Los vecinos hicieron un puente para que los niños que viven del otro lado crucen y vayan a una escuela rural. Y vienen personas de alto nivel económico a construir casas en esos lugares con el simple hecho de decir que tienen abogados, asustando a la gente. La idea es dar aviso que no se puede construir, porque hay avisos de venta de terrenos en esta zona", amplió la vecina.
Finalmente, comentó que los vecinos quitaron un alambrado nuevo que estaba en la zona y que la intención es quitar más demarcaciones para evitar que se siga construyendo.
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Más Información:
Hoy Día - Edición Electrónica (04/01/2019)
Movilización en Sierras Chicas en defensa del medioambiente
Organizaciones sociales, civiles y ambientales de la zona de Sierras Chicas realizarán hoy una movilización en la zona para alertar del riesgo existente ante el avance de obras públicas, emprendimientos inmobiliarios y actividades extractivistas ilegales.
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Paravachasca: un mapa de los conflictos ambientales
La Nueva Mañana (06/08/2018)
Varios frentes de conflicto por “alerta ambiental” en Paravachasca
Fumigaciones, desmontes, negocios inmobiliarios, minería a cielo abierto y concentración de residuos, entre los problemas ambientales que enfrentan los vecinos del valle.
A partir de la construcción de la autovía Atilio López, en la ruta 5, el valle de Paravachasca se convirtió en una de las zonas cordobesas con mayor explosión demográfica en los últimos años. Son miles las familias que eligieron la región para asentarse, provenientes en su mayoría de la ciudad de Córdoba y buscando tranquilidad, vista a las sierras y una vida más armónica con la naturaleza.
Sin embargo, a poco de haberse instalado en la zona, más de uno se llevó una sorpresa: demasiado pronto descubrieron que muy cerca de sus casas había distintos focos de impacto ambiental, que a priori se daban de patadas con ese proyecto de vida más natural y relajada. Así, muchos “recién llegados” se sumaron a los pobladores más antiguos en una serie de reclamos vecinales que tienen sus particularidades pero están unidos por un hilo conductor: la lucha por un ambiente sano.
Esta nota da cuenta del estado actual de los principales reclamos ambientales en la zona, una “ruta de alerta ambiental” que atraviesa de lado a lado al valle de Paravachasca.
Dique Chico
En la comuna de Dique Chico, los pobladores llevan dos años batallando contra las fumigaciones cercanas al ejido urbano. La lucha comenzó en la primavera de 2016, y tuvo un hito importante en noviembre pasado, cuando la Resolución Nº 242 firmada por el jefe comunal Nilo Pérez limitó las aplicaciones y directamente las prohibió cerca de las viviendas y de la escuela Bernardo de Monteagudo. La norma, similar a la sancionada en Alta Gracia, no fue bien recibida por los productores, que desestimaron reconvertirse a agricultores orgánicos y judicializaron su reclamo.
Actualmente los empresarios cuentan con permiso para fumigar, ya que “está vigente una ampliación de aquella medida cautelar que pidieron los productores y se les concedió. Nosotros presentamos Recurso de Apelación contra esa nueva medida pero la Justicia todavía no se pronunció sobre la admisibilidad”, señaló Darío Ávila, abogado de los vecinos.
Mientras el tema se dirime en el Poder Judicial, la comuna, los vecinos organizados y la Red Universitaria de Ambiente y Salud realizaron un relevamiento sanitario. Se trata de estudios de genotoxicidad a niños del lugar de entre 5 y 12 años de edad, llevados adelante en el marco del Programa Integral de Salud Preventiva que sostiene la comuna. La idea es relevar la eventual existencia de daños genéticos por la exposición a sustancias químicas, entre las que están las que se utilizan en agricultura.
“Esta iniciativa se da en el marco del intento de aplicar una resolución que restrinja el uso de agroquímicos en cercanías de las viviendas y la escuela de Bajo Chico”, informaron desde el municipio y destacaron la importancia del relevamiento, en el que trabajaron unas 30 personas y tuvo carácter multidisciplinario. Inclusive va más allá de las fumigaciones, porque “también estamos haciendo un análisis del ambiente, del pueblo, ver si hay antenas de celulares, si hay contaminación, con la basura o el agua. O sea, ver otros factores, no solamente tomar la hipótesis de los agrotóxicos como el único factor de contaminación, puede haber otros elementos que pueden que estén mal manejados y que estén produciendo un riesgo para la población”, señaló a Diario Tortuga el médico Medardo Ávila Vázquez.
Los datos de las 82 casas y las 271 personas relevadas están en proceso y estarán listos “a fines de agosto”, informó a La Nueva Mañana el facultativo, y señaló que “quedan pendiente los análisis químicos que van a hacerse en septiembre u octubre, que es la época en que comienzan las fumigaciones”. Pero más allá de lo que arroje el estudio, hay un antecedente importante: el Laboratorio Servicios y Diagnóstico en Salud y Ambiente de Río Cuarto tomó muestras de seis niños de entre 7 y 11 años y concluyó que todos tienen elevado daño en sus genes, hasta tres veces por encima de los niños no expuestos a agrotóxicos.
José de la Quintana
Las canteras son la principal preocupación ambientan en el pueblo, que alberga a la Escuela de Minería creada en 1954 y tuvo una fuerte impronta minera durante todo el siglo XX. En 2016 sacudió al poblado y a la cercana Villa San Isidro el proyecto para instalar la cantera Sol de Venus en una explotación abandonada, ubicada en un campo muy cercano a las viviendas del lugar. La enérgica reacción y participación vecinal frenó el proyecto, que está judicializado y en instancia de audiencias entre dos partes que a priori tienen intereses irreconciliables.
Pero este año el tema volvió a la palestra: surgió con fuerza el proyecto minero de Canteras Blancaley-Grupo Calderón, que pretende extraer 2.500 toneladas al mes de carbonato de calcio, en un campo ubicado a menos de 3 kilómetros del pueblo.
El proyecto se debatió el 17 de julio en una audiencia pública celebrada en Anisacate, donde hubo más de 60 expositores en contra de la iniciativa y solo 2 a favor: el empresario y un empleado. En la reunión, Miguel Calderón admitió que tiempo atrás se realizaron trabajos en la cantera pese a no contar con el estudio de impacto ambiental aprobado, hecho que en 2016 le valió una clausura de Ambiente provincial.
A modo de represalia
Tras la audiencia, la polémica continuó: la empresa suspendió las pasantías de los estudiantes de la Escuela de Minería en su sede de San Agustín, tras la exposición pública del director escolar, Jorge Giménez, que criticó la radicación de una nueva cantera. En una carta enviada a la IPET 256, Blancaley señala que “nos resulta inviable otorgar pasantías a una institución cuyo máximo responsable está totalmente en contra de nuestra actividad”.
Entre los vecinos que se oponen a la explotación, el escrito fue interpretado como una represalia por aquella postura crítica durante la audiencia pública. Las idas y vueltas de Calderón abonan esa hipótesis: en la entrevista que brindó a este medio a principios de Julio, el empresario había señalado que “por ahí hablamos con el director del colegio, e inclusive tenemos buena relación ahí con el colegio de La Quintana” y que “ahora después de Julio los chicos de la Escuela de Minería vienen a hacer acá 200 horas de pasantías”.
Tras darlas de baja, y reclamo estudiantil mediante, la escuela anunció convenios con una empresa de La Calera que sí estaría dispuesta a recibir a los alumnos.
Santa Ana
La lucha ambiental más grande de la zona, y quizás de todo Córdoba. Los habitantes de Villa Santa Ana llevan casi dos años enfrentando a la sociedad anónima Cormecor, que pretende gestionar los residuos de la Capital provincial y un puñado de municipalidades asociadas en una planta a erigirse en Alto El Durazno, a unos mil metros del pueblo. El proyecto generó amplia resistencia vecinal, es motivo de múltiples reclamos y también está judicializado.
Si Cormecor prospera en ese sitio, sería la frutilla del postre de una zona que es catalogada como “la cloaca de Córdoba”: allí están el viejo enterramiento sanitario, el más reciente –Piedras Blancas- y la planta Taym, de residuos peligrosos, que colapsó durante el temporal del 28 de marzo de 2017. También el complejo carcelario, incluido en el rubro de “residuo social” por un amplio espectro de la población que reniega de los Derechos Humanos y al que nada le importa la situación de las personas privadas de su libertad.
Si hubo un hito en la lucha vecinal contra Cormecor fue justamente aquel temporal del año pasado. Los vecinos insisten en que el colapso de la planta del grupo Roggio devino en el derrame de agua contaminada en los sembradíos de la zona y en el canal Los Molinos, que abastece de agua potable al sur de la ciudad de Córdoba.
Una investigación judicial comandada por el fiscal Alejandro Peralta Otonello investiga el hecho desde hace más de un año, con un único imputado por ahora: el gerente de la empresa. Esta semana culminarían las pericias y los vecinos insisten en el reclamo de justicia, mientras sostienen un acampe en las puertas del futuro “complejo ambiental”, que sólo tomará forma si logra un aval explícito del Poder Judicial.
“Mi pueblo no es un basural”
En Santa Ana, los vecinos organizados bajo el lema “Mi pueblo no es un basural” también avanzaron en una experiencia novedosa de separación de residuos y reciclaje, que redujo considerablemente la cantidad de basura que produce la localidad. “Si nosotros podemos hacerlo, cada localidad de las que integran Cormecor y quieren tirar su basura acá puede hacerlo también”, indican.
Mientras, falta avanzar en la cuantificación económica que potencialmente implican las toneladas de residuos que manejaría la sociedad anónima, que tiene a la Municipalidad de Córdoba como accionista principal (clase A), a nueve municipios y comunas como accionistas clase B y al Surrbac como accionista clase C.
A desalambrar… los arroyos
Si hubo un hito ambiental en Alta Gracia en los últimos años fue la lucha por la protección del arroyo Chicamtoltina, que cruza a la ciudad. Allá por 2001 se escucharon las primeras voces por el uso privado de los recursos naturales y públicos, hasta que el tema estalló años más tarde con la conformación del colectivo “Todos por Nuestros Arroyos”, que denunció al barrio cerrado Potrerillo de Larreta por el uso del agua para riego de su cancha de golf de 18 hoyos, entre otras cuestiones.
Mientras el country apeló la decisión judicial que lo obliga a demarcar los límites de ribera, el arroyo sigue alambrado y los vecinos comenzaron a juntar firmas para ingresar al expediente como “terceros interesados”.
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Justicia ordena a “country” sacar alambrado en arroyo
Propietarios de un country no podrán fijar alambrados sobre un arroyo
La jueza Graciela Cerini resolvió que los dueños de diferentes fracciones tienen prohibido instalar cercos sobre ese curso de agua, denominado Los Paredones, en el ingreso y egreso de sus dominios. La parte demandante esgrimía el argumento de que el perímetro en cuestión estaba destinado a paseos privados, a senderos de circulación de carritos de golf y a otras instalaciones deportivas
La jueza de 2ª Nominación de Alta Gracia, Graciela Cerini, resolvió que los propietarios de diferentes fracciones de un country ubicado en Alta Gracia no podrán instalar alambrados sobre el arroyo Los Paredones, en el ingreso y egreso de sus dominios.
Al mismo tiempo, fijó un plazo de 90 días para que la Provincia y la Municipalidad determinen el uso del espacio público del cauce de agua en la parte afectada y con el fin de que tomen las medidas de control, seguridad y protección necesarias para lograr la armonización de los intereses en juego, aclarando que durante ese lapso se mantendrán los cercados existentes.
Cerini desestimó la demanda promovida por El Potrerillo de Larreta Country Club SA en contra la Provincia, con el fin de que se revocaran una serie de decisiones administrativas, adoptadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que habían dispuesto el retiro de los alambrados que atravesaban transversalmente el cauce del arroyo Los Paredones.
La parte demandante aducía que el perímetro en cuestión estaba destinado a paseos privados (peatonales y vehicularles), a senderos de circulación de carritos de golf y a otras instalaciones deportivas. En la causa, la Municipalidad de Alta Gracia participó como tercera.
Para resolver el caso, en el cual está en juego el límite entre lo privado y lo público, la magistrada tuvo en cuenta que la entrada en vigor del Código Civil (CC) significó “un cambio trascendente en la relación entre los derechos individuales y los de incidencia colectiva”.
“La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, con la subordinación del derecho privado a aquellos y a la Constitución Nacional, impacta en la gestión de las aguas, ya que nuestra Carta Magna (1994), al reconocer el derecho al ambiente sano y equilibrado, también impuso a las autoridades el deber de proteger el ambiente y el uso racional de los recursos naturales”, recordó la sentenciante, precisando que, de esa manera, jerarquizó las aguas, que ya no serían reguladas como recursos hídricos solamente sino como recurso ambiental, patrimonio natural y de desarrollo sustentable.
En la misma dirección, de acuerdo con la jueza, el CC introdujo criterios para armonizar los derechos individuales con la integridad de lo colectivo mediante la figura del abuso del derecho y el ejercicio compatible con la sustentabilidad. “En el ejercicio concurrente de derechos de incidencia colectiva y de derechos individuales deberán buscarse mecanismos de armonía”, destacó.
Como consecuencia, concluyó que -en función del nuevo paradigma- el dominio privado de la demandante encontraba límite en la línea de ribera provisoria establecida conforme a la normativa y a las aprobaciones analizadas.
Así, estimó que la reclamante invadió el dominio público al encerrar con los alambrados el arroyo Los Paredones dentro de su dominio privado en el curso que atraviesa su propiedad.
Por lo tanto, valoró que su pretensión de cercar el curso de agua en los puntos que especificó debía ser rechazada y que, por ello, deberá demarcar la línea de ribera provisoria a fin del resguardo de su propiedad, según lo considere conveniente.
No obstante, la magistrada destacó que ello no implicaba autorizar sin más el ingreso irrestricto del público al curso de agua y, bajo esa premisa, dispuso que la Provincia y la Municipalidad de Alta Gracia deberán determinar el uso de ese espacio público, acotado al curso de agua del arroyo Los Paredones, sin invadir terrenos privados. “Por sus características geográficas, tendrán que estudiar si es posible que sea una vía abierta de tránsito o de esparcimiento público y si, llegado el caso, sería posible la evacuación de personas que se encuentren en el lugar ante una eventual crecida”, añadió.
También indicó que deberán considerar si el acceso sería con arreglo a la normativa ambiental y a todo otro aspecto que el Estado debe regular, proteger y controlar conforme a la legislación vigente en materia de aguas.
Finalmente, con el objetivo de lograr la adecuación material y jurídica de los bienes afectados, ya sean de dominio público o privado, Cerini les otorgó a las partes un plazo de 90 días para que tomen las medidas de seguridad pertinentes que demande el cambio de la situación en el entorno.
“En el ejercicio concurrente de derechos de incidencia colectiva y de derechos individuales deberán buscarse mecanismos de armonía entre el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes disponibles y los derechos de incidencia colectiva; en especial, el derecho ambiental, con el objetivo social de lograr la sustentabilidad”, remarcó Cerini.
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Más Información:
Hoy Día (29/11/2017)
- Impiden que un country instale alambrados sobre un arroyo. Propietarios de diferentes fracciones de un country ubicado en la localidad de Alta Gracia no podrán instalar alambrados sobre el arroyo Los Paredones, en el ingreso y egreso de sus dominios. Al mismo tiempo, la Provincia y la Municipalidad de Alta Gracia deberán determinar el uso público del cauce de agua en la parte afectada y tomar las medidas de control, seguridad y protección necesarias para lograr la armonización de los intereses en juego, para lo cual dispondrán de un período de 90 días, lapso durante el cual se mantendrán los cercados existentes.
El Diario de Villa Carlos Paz (29/11/2017)
- Impiden que propietarios de un country de Alta Gracia alambren un arroyo. Propietarios de diferentes fracciones de un country ubicado en Alta Gracia no podrán instalar alambrados sobre el arroyo Los Paredones, en el ingreso y egreso de sus dominios.
La Voz del Interior (29/11/2017)
- La Justicia ordena a “country” el retiro de alambrados en arroyo. Alta Gracia. Un conflicto que lleva años por el alambrado de un arroyo a su paso por un country en Alta Gracia llegó a una nueva instancia. La jueza de 2ª Nominación, Graciela Cerini, resolvió que, en un plazo de 90 días, los alambrados sean retirados y que la Provincia y la Municipalidad determinen el uso del espacio público en torno al curso de agua, pero sin invadir terrenos privados.
A desalabrar arroyo de Alta Gracia
La Justicia impide a un 'country' alambrar un arroyo en Alta Gracia
Una jueza fijó un plazo de 90 días para que la Provincia y la Municipalidad local determinen el uso del espacio público, sin invadir terrenos privados.
Propietarios de diferentes fracciones de un barrio privado cerrado ubicado en Alta Gracia no podrán instalar alambrados sobre el arroyo Los Paredones, en el ingreso y egreso de sus dominios. Al mismo tiempo, la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Alta Gracia deberán determinar el uso público del cauce de agua en la parte afectada y tomar las medidas de control, seguridad y protección necesarias para lograr la armonización de los intereses en juego, para lo cual dispondrán de un período de 90 días, lapso durante el cual se mantendrán los cercados existentes.
Tal resolución adoptó la jueza de Segunda Nominación de Alta Gracia, Graciela Cerini, ante una situación de conflicto que lleva largo tiempo. La jueza desestimó la demanda promovida por eEl Protrerillo de Larretea Country Club SA contra la Provincia, por la que reclamaba que se reovocaran decisiones adoptadas por el área de Recursos Hídricos cuando dispuso el retiro de alambrados que atravesaban transversalmente el cauce del arroyo Los Paredones, que circula por ese espacio.
La causa representa un conflicto sobre los límites entre espacios públicos y privados. La jueza, en su resolución, tuvo en cuenta el nuevo Código Civil y Comercial en cuanto a "la relación entre los derechos individuales y los de incidencia colectiva".
En Alta Gracia, hace años se creó un grupo de vecinos que reclamaba por el acceso libre a la ribera de los arroyos. El fallo considera que la empresa "ha invadido el dominio público al encerrar con alambrados el arroyo" en el curso que atraviesa su propiedad. Y exige ahora "demarcar la linea de ribera provisoria a fin de resguardar la propiedad". Acalró que eso ni implica "autorizar sin más el ingreso irrestricto del público" a todo el curso de agua, por lo que exige a la Provincia y al municipio de Alta Gracia que definan ahora el uso de esos espacios públicos "sin invadir terrenos privados".
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Más Información:
La Nueva Mañana - Edición Electrónica (28/11/2017)
- Alta Gracia: la Justicia impide a un country alambrar un arroyo. Entró en vigencia el plazo de 90 días firmado por una jueza, para que la Municipalidad y la Provincia determinen el uso del espacio público sin apropiarse de terrenos privados.
El Periódico de San Francisco - Edición Electrónica (28/11/2017)
- La Justicia impide a un "country" alambrar un arroyo en Alta Gracia. Una jueza fijó un plazo de 90 días para que la Provincia y la Municipalidad local determinen el uso del espacio público, sin invadir terrenos privados.
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Lago Los Molinos y balsas a la deriva
Riesgo flotante en el lago Los Molinos
En un rincón de Potrero de Garay, una villa de balsas junta basura, cables pelados, óxido y desechos de varios tipos que van al agua.La jefa comunal se queja del problema; dice que advirtió de la situación a las autoridades y que hasta ahora no encuentra una solución.
En una ensenada de la costa oeste del lago Los Molinos, detrás de un bosque ralo de árboles autóctonos y pinos de distintas especies, una aldea singular se suma al paisaje serrano.
La villa en cuestión es muy diferente a las barriadas tradicionales de los valles de Paravachasca y Calamuchita, distinguidas por sus cabañas de techos en agua, madera abundante en la construcción, sombra tupida y aire puro.
Tampoco hay bungalós ni chalés de rasgos alpinos, sino decenas de balsas de estilos indefinidos boyando en el embalse o amarradas en la costa de la bahía que los lugareños conocen como El Pique, en el patio lacustre de Potrero de Garay, 70 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.
A este arrabal flotante no lo fundaron colonos berlineses seducidos por el faldeo de la montaña. Tampoco los descendientes de los primeros criollos que se asentaron sobre las márgenes de los ríos Los Reartes, Corralejos, San Pedro, Espinillo, del Medio u otros afluentes que nacen en las cercanas Sierras de Comechingones.
Lo armó, a los ponchazos, un grupo de socios del Club Argüello Juniors, en los ‘60.
De aquellos pioneros no queda casi ninguno. Y se conserva muy poco del encanto natural de ese recodo, ahora rancio, a seis kilómetros al oeste de Villa Ciudad de América, al que se llega por la ruta provincial 271.
De sueño a pesadilla
El sueño de un refugio propio, para el descanso y la pesca del pejerrey, se transformó en una pesadilla. “Hace como 15 o 16 años, nos desayunamos un día con la noticia de que teníamos que juntar los bártulos y marcharnos de aquí porque las casas y toda la infraestructura que habíamos levantado, desde la entrada que llamamos ‘lonja de Pedernera’ hasta unos 800 metros al norte, iban a ser arrasadas por topadoras. Estaban por debajo de la cota 769, donde no puede haber nada, según las normas de la (ex) Dipas (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento)”, trae a la memoria Carlos Alberto Menardi, uno de los damnificados.
La orden salió del Juzgado de Primera Instancia y 19ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, el 29 de septiembre de 2004. Fue el epílogo del expediente N° 637.853/36, caratulado “Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba c/ Club Argüello Juniors”.
“Fuimos estafados y la ilusión se redujo a escombros”, resume la desventura “Tito” Menardi, como lo conocen en la zona, mientras muestra un contrato de cesión de lotes en El Pique, fechado el 1° de abril de 1994.
El lanzamiento “de la entidad ocupante, como así también de las personas y cosas por ella puestas o que de ella dependan y/o de cualquier otro ocupante, con cualquier título (...), en el predio ubicado debajo de la cota 769 (en el perilago del dique Los Molinos, a la altura del barrio Las Residencias)”, se cumplió de manera parcial.
Varios lanchones quedaron fondeados en la caleta. Luego recalaron más y más y más...
Barrio anfibio
Hoy en la bahía de referencia hay unas 40 balsas que configuran una villa flotante. Algunas están habitadas de manera permanente. Otras se ocupan los fines de semana o durante las vacaciones. Varias con capacidad para entre cuatro y seis personas se ofrecen en alquiler a unos dos mil pesos la jornada.
Hugo Aramayo frecuenta el lugar desde hace varias décadas y se declara fanático de la pesca y del asado con amigos junto al lago.
Dice que solía alquilar balsas con otros pescadores pero que ahora “no vale la pena”. ¿La razón? El pejerrey prácticamente ha desaparecido del lago y los aficionados van a despuntar el vicio tirando la caña desde la orilla con la ilusión de que alguna carpa se trague el anzuelo.
También recuerda con nostalgia y pesar cómo eran este rincón serrano y su entorno. “Veinticinco años atrás, el agua del lago era muy limpia. Nos alejábamos en bote unos 20 o 30 metros de la costa y veíamos el fondo”, trae a la memoria.
“En verano nos bañábamos durante horas sin problemas; mire en lo que se ha transformado esto ahora”, lamenta, e invita a hacer un paneo con la mirada.
Hoy el agua es turbia y hedionda. Pese a los carteles que invitan a los acampantes a colaborar con la higiene y dejar todo en bolsa, la margen del embalse está cubierta de desperdicios, de tachos plásticos y de chapas que son enormes criaderos de mosquitos.
También hay un par de embarcaciones abandonadas juntando óxido, colonias de almejas tóxicas y sanguijuelas por todos lados.
Y, detrás de una maraña de cables de electricidad tendidos en el suelo o que surcan a baja altura, del bosque de lo que queda del exclub El Pique, de antenas parabólicas y construcciones precarias, en el enorme charco degradado crece una villa flotante que contrasta con los encantos del paisaje de esa comarca turística.
Dolor de cabeza
“La situación me causa dolores de cabeza, porque el predio del club El Pique representa un riesgo constante para todos. Hay basura y cables de electricidad por todas partes y nadie se hace responsable de esta barbaridad”, se queja Susana Minelli de Stabio, presidenta comunal de Potrero de Garay.
“Me preocupa mucho porque justo en ese lugar tenemos la bomba extractora de agua para abastecer al pueblo y vemos a diario las descargas de desechos cloacales, combustibles y otros líquidos contaminantes directamente al lago”, expresó la mandataria.
Cabe recordar que en ese embalse también se capta agua para surtir a un tercio de los habitantes de la ciudad de Córdoba.
La jefa comunal asegura que los responsables de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Agua y de la Policía Ambiental están al tanto del asunto, porque ella se ocupó en persona de hacérselos saber. “El tema me está complicando muchísimo, me causa dolores de cabeza constantes y le doy vueltas todo el tiempo para hallarle un solución y no la encuentro”, concluyó Minelli de Stabio.
Ninguno de los balseros presentes quiso hablar con este diario.
Qué dice la ley
Requisitos. La ley 8.264 es la norma que rige la actividad náutica en la provincia de Córdoba.
Quién. La Dirección de Seguridad Náutica es la dependencia del Ministerio de Gobierno de Córdoba encargada de regular y fiscalizar las normas y disposiciones que ordenan la actividad náutica donde la Provincia ejerce el poder de policía, incluyendo las actividades comerciales, deportivas, turísticas, industriales y/o particulares.
Cobertura. La ley comprende a embarcaciones, balsas, cruceros, yates y lanchones que funcionen a motor o vela y que posean camarotes o superficies cubiertas. También a clubes, embarcaderos, campings e instalaciones dentro de los límites de la línea de ribera de los ríos y espejos de agua.
Higiene. La ley exige la instalación de baños químicos en las embarcaciones y de cisternas de almacenamiento de líquidos cloacales, en coordinación con los municipios donde se localicen los clubes y embarcaderos.
Desechos. Prohíbe arrojar residuos desde las embarcaciones –sólidos o líquidos– y eliminar combustibles o lubricante y agentes que se usen para la limpieza.
Obligación. Los clubes o instituciones que posean fondeaderos y/o amarres de las embarcaciones están obligados a denunciar el incumplimiento de estas disposiciones legales.
Sanciones. Las infracciones se castigan con sanciones que van desde multas hasta la clausura definitiva.
Matriculación. En 2004 se suspendió la matriculación de embarcaciones nuevas.
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