El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (18/04/2023)
Pidieron tres años de cárcel por la avanzada inmobiliaria en Punilla

El fiscal lo acusó de abuso de autoridad y los responsabilizó por haber autorizado el country «El Dorado 2» en la localidad de San Antonio.
El fiscal Gustavo Dalma solicitó ayer tres años de prisión condicional para el ex secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, quien está acusado de «abuso de autoridad» por haber autorizado emprendimientos inmobiliarios en zonas de bosque nativo en el sur de Punilla.
La semana pasada comenzó un juicio histórico tras una denuncia que fue presentada por la ONG Amigos del Río San Antonio (Adarsa) por la construcción del country «El Dorado 2» y la estación transformadora de EPEC, ubicadas dentro de un área protegida en la localidad de San Antonio de Arredondo.
La causa se remonta a una década atrás y el único imputado es Costa, quien ocupó la Secretaría de Ambiente entre 2007 y 2010 y autorizó el emprendimiento inmobiliario de la desarrolladora GAMA y la planta eléctrica para garantizar la luz en el barrio cerrado.
En la denuncia, se estableció que las autorizaciones se hicieron en violación a las leyes ambientales, sin estudio de impacto ambiental previo y sin que se cumpliera con las audiencias públicas exigidas.

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El Diario de Villa María (18/04/2023)
Las partes alegaron y se prevé que el jueves se conozca el veredicto

El villamariense Raúl Costa, a quien se lo acusa de haber autorizado emprendimientos en zonas protegidas, dijo no haber tenido intención de incumplir con la ley. El fiscal pidió tres años en suspenso y la defensa la absolución
 A eso de las 9.30 de ayer, en la Cámara 10ª de Córdoba capital, Raúl “Rally” Costa -villamariense que ocupó la Secretaría de Ambiente de la provincia, entre 2007 y 2010-, acusado de haber autorizado emprendimientos en zonas protegidas de bosque nativo, declaró: “Que nunca tuvo la intención de incumplir con la ley, que no es su responsabilidad, que simplemente aprobó dictámenes que le llegaron desde otras áreas especializadas en la que intervienen técnicos y abogados de la Secretaría de Ambiente”.
Después, como estaba previsto, las partes alegaron.
Marcela Fernández, abogada querellante en la causa, contó cómo se desarrolló la audiencia. “Fue todo bastante complejo y largo”, mencionó. En este sentido, el fiscal Gustavo Dalma solicitó tres años de prisión de ejecución condicional por abuso de autoridad para el hombre al que se lo juzga, cabe recordar, por haber otorgado autorizaciones a dos proyectos  para que avancen en la zona dentro del área de la reserva Valle del Cóndor: uno de ellos un desarrollo inmobiliario denominado El Dorado II y el otro una estación eléctrica de  la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
También es preciso rememorar que la investigación comenzó hace más de diez años, tras una denuncia de Juan Carlos Ferrero, integrante de la ONG protectora del ambiente Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio).
Con respecto a la petición del Ministerio Público Fiscal (MPF), Fernández expuso: “Consideró que no cabía aplicar las normas de la reserva recreativa cuando la querella hizo mucho hincapié en ese aspecto porque entendemos que es zona roja”.
Y añadió: “Más allá de eso, sostuvo en los mismos términos que nosotros la configuración del delito al no haber convocado a la audiencia pública que, entendemos, era obligatoria; que  estaba fijada en normas del presupuesto mínimo nacional, tanto en la Ley de Ambiente (25.675) como en la Ley de Bosques (9.814)”.
Al respecto, además, insistió en que en los sectores referidos, de acuerdo con la ley, está prohibido el desmonte y el cambio de uso del suelo.
La querella, en tanto, pidió el máximo de la pena -dos años-, previsto en el artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Fernández apuntó que al tratarse de dos hechos, lo solicitado es una condena de 4 años y la inhabilitación por el mismo tiempo.
La defensa, a cargo de Darío Vezzaro, exigió la absolución para Costa. En relación con los argumentos que expuso, Fernández dijo que el letrado se enfocó en que hay una “confusión de leyes” y en que no se lo puede condenar por haber autorizado documentos que le llegaron de otras áreas.
Asimismo, Vezzaro -según Fernández- habló sobre la cuestión de la audiencia pública y expresó que “no fue obligatoria en Córdoba hasta 2014 con la sanción de la Ley 10.208”. La querellante, en esta dirección, agregó que Vezzaro dijo que “los políticos han sido los responsables de no haber dictado antes esa norma”.
Por lo demás, el jueves se llevará adelante una nueva audiencia. En esta ocasión, Costa tendrá la posibilidad de decir “la última palabra”. Y es probable, a partir de lo comentado por Fernández, que los jurados populares “ya hayan deliberado lo suficiente” como para que se proceda con el veredicto.
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El Diario de Villa María - Edición Electrónica (17/04/2023)
El fiscal pidió 3 años de prisión condicional para Raúl Costa

El villamariense está acusado de "abuso de autoridad" por haber autorizado emprendimientos inmobiliarios en zonas protegidas por el bosque nativo
Minutos atrás, el fiscal Gustavo Dalma pidió la condena del exsecretario de Ambiente de Córdoba, el villamariense Raúl Costa, a 3 años de prisión condicional por "abuso de autoridad", al haber autorizado emprendimientos inmobiliarios en zonas protegidas de bosque nativo.

La causa
La investigación se inició hace más de una década a raíz de una denuncia que hizo Juan Carlos Ferrero, integrante de la ONG protectora del ambiente Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio).
Concretamente, acusó a Costa -que ocupó el cargo entre 2007 y 2010-, ante la Justicia por autorizar un loteo a la constructora GAMA en una zona ubicada en cercanías de San Antonio de Arredondo y que, según la denuncia, estaba en un área protegida por la Ley de Bosques.
Y también, derivado de esta primera autorización, cuestiona ante la Justicia a Costa porque le dio el visto bueno a EPEC, para que en un terreno donado a la empresa de energía por GAMA construya una estación transformadora. Es decir, para que lleve luz al barrio que iban a construir.
Agregan que esas autorizaciones se hicieron sin realizar previamente los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas para escuchar la opinión de los vecinos.
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Hoy Día (17/01/2023)
Polémica obra de agua en el country Potrerillos de Larreta

El concejal Marcelo Jean compartió datos claves sobre las posibles consecuencias
El country Potrerillos de Larreta es apuntado por una polémica obra de agua en Alta Gracia, en donde además de cortar el curso del Arroyo Chicamtoltina, actualmente quieren conectar un acueducto a la toma de agua cruda de la localidad. A raíz de esto, crecen los reclamos por parte de los vecinos de la ciudad, quienes se apoyan en las grandes consecuencias que generaría la obra.
Desde el colectivo “Todos Por Nuestros Arroyos” explican que el caño que desde el country quieren colocar es para abastecer a 20.000 personas “cuando ahí no viven más de 2.000”. Sobre esto, en una publicación de su cuenta de Instagram, hacen hincapié en que se están aprovechando de la infraestructura hídrica de Alta Gracia que es pagada por todos los vecinos.
“Están a 300 metros de empalmarse en nuestro caño maestro. Y las autoridades justifican. El intendente Marcos Torres en una entrevista dijo que es otro barrio de la ciudad que como no le vamos a proporcionar agua a otro barrio. Queríamos saber si los barrios de la ciudad que ya tienen problemas de agua, van a poder abrir la canilla del patio y de ahí va a salir una gota. Eso es lo gravísimo” agregaron desde la organización ambiental.
Asimismo, cuando se dieron los primeros indicios de la obra en el mes de diciembre del año pasado, desde el bloque de concejales de Alta Gracia Crece (AGC) realizaron un pedido de informe, del cual no han tenido respuesta hasta el momento. En declaraciones a “Radio Tortuga”, el concejal Marcelo Jean compartió algunos datos al respecto: “Vimos que el caño tiene un diámetro muy importante. Potrerillo, catastralmente tiene 374 lotes, y el caño de 160 abastecería a cerca de 20 mil personas”, señaló.
Localidades como Falda del Carmen o Villa del Prado también se abastecen de la toma de agua donde se haría la obra, por lo que Jean afirmó: “El caño a Potrerillo insumiría el 10% de lo que se toma. Esto sería grave, si empezamos a entregar agua de esta manera, entregaríamos el futuro de nuestros nietos y futuras generaciones”.
En contraposición a la presunta obra, existe una grave situación de abastecimiento de agua entre los vecinos y vecinas de diferentes barrios de Alta Gracia como Piedra del Sapo, Tiro Federal, Santa Teresa de Jesús, El Mirador o Crucero Sud. Por lo que la obra priorizaría una cancha de golf a la necesidad básica de otros vecinos junto a la crisis hídrica existente.
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El Diario de Villa Carlos Paz (11/01/2023)
Denuncian que un country hizo «desaparecer» un arroyo en Alta Gracia

El municipio investigará la urbanización Potrerillo de Larreta y por qué se desvió el curso con un mini-dique.
La desaparición del arroyo Chicamtoltina desató un verdadero escándalo en la ciudad de Alta Gracia y obligó al Concejo Deliberante a suspender sus vacaciones y conformar una comisión, la cual tendrá la tarea de investigar si el curso de agua fue secado por el desarrollo del country Potrerillo de Larreta.
Se trata de una urbanización que hace varios años es elegida por el expresidente Mauricio Macri para descansar en Córdoba.
Según trascendió, el pasado lunes y mediante un comunicado, el gobierno de la ciudad informó que el bloque de Hacemos por Córdoba solicitó una sesión extraordinaria para poner en marcha una mesa participativa (integrada por expertos y representantes de vecinos) que sirva para profundizar el debate en torno a la escasez de agua.
También solicitó una serie de informes a la Administración Provincial de Recursos Hídricos y Policía Ambiental con datos empíricos que cotejen la situación de este año con los años anteriores. Esta decisión se tomó tras la multiplicidad de videos y tristes postales que compartían vecinos y turistas sobre el estado del arroyo en Alta Gracia.
El intendente Marcos Torres se desvinculó rápidamente de la situación y dijo que él no tiene vinculación con el emprendimiento inmobiliario y que no posee propiedad alguna dentro de sus límites.
Tras anunciar que se creará una comisión para que investigue qué pasó con el arroyo, donde prácticamente no corre agua, el mandatario dialogó con el portal local Mi Valle y se comprometió a esclarecer la situación.
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