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18 sept 2017
Cuestionaron informe de la Universidad sobre Cormecor
9:21 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Nueva Mañana - Edición Electrónica (18/09/2017)
Cormecor: Vecinos cuestionaron el informe elevado por la Universidad
Tras la unificación de los tres amparos contra la instalación del megabasural cerca de Villa Parque Santa Ana, Bouwer y Los Cedros, los demandantes rechazan el documento elevado a la Cámara I en lo Contencioso Administrativo.
Tras la unificación de tres amparos colectivos contra la instalación del megabasural de Cormecor S.A. en cercanías de Villa Parque Santa Ana, Bouwer y Los Cedros, los vecinos cuestionaron el informe elevado por técnicos universitarios la Cámara I en lo Contencioso Administrativo.
Los demandantes requirieron a la justicia la realización de una serie de pericias que implicaban el trabajo de especialistas en diferentes disciplinas (hidrología, geología, biología, trabajo social, antropología, sociología, psicología, medicina, etc.); ya que los puntos objetados al Estudio de Impacto Ambiental atañen a aspectos diversos que involucra la complejidad socio-ambiental. Los demandantes propusieron sus propios peritos de control que habían sido aceptados y estaban a la espera del sorteo de los peritos oficiales.
Sin embargo, tras la unificación de las causas, el nuevo tribunal solicitó a la UNC que opinara sobre este requerimiento.
La semana pasada fue enviada su respuesta a la Justicia. El informe plantea que ninguna de las objeciones planteadas por los vecinos demandantes eran “de recibo”. Los vecinos recordaron que los puntos reclamados habían sido avalados e incluso ampliados por las Defensorías del Pueblo de la Provincia y la Nación a partir de detallados informes técnicos.
Según detallaron, el informe que los vecinos rechazan fue presentado a la justicia está firmado por los ingenieros Héctor R. Camaño (Departamento de Ingeniería Química de la UTN) y Daniel Yorio (Departamento de Química Industrial de la FCEFN-UNC).
“Sólo ingenieros y no otros profesionales de formaciones específicas en áreas sociales, biológicas, médicas, meteorológicas, geológicas, físicas, etc firman el informe. No ofrecen pruebas científicas que sustenten sus opiniones. Por ejemplo, en relación a las distancias que separan al predio del borde urbano –que son menores a las recomendadas por el ISEA y normativa internacional-, no realizaron una agrimensura sino que evaden el tema aduciendo que la ubicación del predio está dentro de las zonas “aptas” señaladas por el estudio del ISEA-UNC. La realidad es que la zona de impacto directo del proyecto invade el ejido de Villa Parque Santa Ana”, insistieron los vecinos en un comunicado que fue difundido este fin de semana.
Pero además, cuestionaron a los firmantes del informe y a los propios vocales de la Cámara Contencioso Administrativo, advirtiendo en un comunicado que “el pueblo de Villa Parque Santa Ana continúa de pie y no permitirá que se avasallen sus derechos ni se enajene su futuro”.
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Cormecor: Vecinos cuestionaron el informe elevado por la Universidad
Tras la unificación de los tres amparos contra la instalación del megabasural cerca de Villa Parque Santa Ana, Bouwer y Los Cedros, los demandantes rechazan el documento elevado a la Cámara I en lo Contencioso Administrativo.
Tras la unificación de tres amparos colectivos contra la instalación del megabasural de Cormecor S.A. en cercanías de Villa Parque Santa Ana, Bouwer y Los Cedros, los vecinos cuestionaron el informe elevado por técnicos universitarios la Cámara I en lo Contencioso Administrativo.
Los demandantes requirieron a la justicia la realización de una serie de pericias que implicaban el trabajo de especialistas en diferentes disciplinas (hidrología, geología, biología, trabajo social, antropología, sociología, psicología, medicina, etc.); ya que los puntos objetados al Estudio de Impacto Ambiental atañen a aspectos diversos que involucra la complejidad socio-ambiental. Los demandantes propusieron sus propios peritos de control que habían sido aceptados y estaban a la espera del sorteo de los peritos oficiales.
Sin embargo, tras la unificación de las causas, el nuevo tribunal solicitó a la UNC que opinara sobre este requerimiento.
La semana pasada fue enviada su respuesta a la Justicia. El informe plantea que ninguna de las objeciones planteadas por los vecinos demandantes eran “de recibo”. Los vecinos recordaron que los puntos reclamados habían sido avalados e incluso ampliados por las Defensorías del Pueblo de la Provincia y la Nación a partir de detallados informes técnicos.
Según detallaron, el informe que los vecinos rechazan fue presentado a la justicia está firmado por los ingenieros Héctor R. Camaño (Departamento de Ingeniería Química de la UTN) y Daniel Yorio (Departamento de Química Industrial de la FCEFN-UNC).
“Sólo ingenieros y no otros profesionales de formaciones específicas en áreas sociales, biológicas, médicas, meteorológicas, geológicas, físicas, etc firman el informe. No ofrecen pruebas científicas que sustenten sus opiniones. Por ejemplo, en relación a las distancias que separan al predio del borde urbano –que son menores a las recomendadas por el ISEA y normativa internacional-, no realizaron una agrimensura sino que evaden el tema aduciendo que la ubicación del predio está dentro de las zonas “aptas” señaladas por el estudio del ISEA-UNC. La realidad es que la zona de impacto directo del proyecto invade el ejido de Villa Parque Santa Ana”, insistieron los vecinos en un comunicado que fue difundido este fin de semana.
Pero además, cuestionaron a los firmantes del informe y a los propios vocales de la Cámara Contencioso Administrativo, advirtiendo en un comunicado que “el pueblo de Villa Parque Santa Ana continúa de pie y no permitirá que se avasallen sus derechos ni se enajene su futuro”.
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15 abr 2017
Enterramientos y conflictos eternos en córdoba capital
La Voz del Interior (15/04/2017)
Basura: el conflicto que se recicla y se multiplica
En Parque Santa Ana se gesta un conflicto social complejo y difícil de resolver.
Hace 10 años, la localidad de Bouwer estaba en pie de guerra contra el enterramiento sanitario de Potrero del Estado y su gigantesca montaña con basura de décadas. El 1° de abril se cumplieron siete años desde que ese establecimiento fue clausurado para dar fin a un creciente conflicto ambiental.
A la Municipalidad de Córdoba le costó mucho encontrar adónde llevar entonces la basura: en ningún lado aceptaban un nuevo enterramiento. Terminó montándolo en un predio de 60 hectáreas alquilado –durante dos años se adeudó el alquiler– denominado Piedra Blanca, al sur de la Capital. Hubo conflicto, pero finalmente fue aceptado con la promesa de que sería temporario: apenas por dos años. Fue en 2010.
Hoy la basura sigue en ese predio “temporario” que está a punto de desbordarse, que tiene montañas de 20 metros de residuos y que, contra promesas y recomendaciones, seguirá recibiendo los desechos de la Capital y de otros municipios al menos hasta fin de año.
Otra vez no hay adónde llevar la basura, porque nuevamente hay un conflicto socioambiental que, lejos de resolverse, se extiende y se profundiza.
Mientras el Estado minimiza los planteos de los vecinos de ?Villa Parque Santa Ana, la sociedad intermunicipal Cormecor sigue adelante con el proceso de licitación de ese complejo ambiental –hay cuatro oferentes, uno con ventaja: las firmas Urbaser-Cotreco-Petramas– y pronto estará lista para la adjudicación. Cuando concrete ese paso, ya otorgará derechos a un consorcio empresarial, y no es difícil imaginar que la resistencia vecinal será más intensa.
Ese conflicto tiene varios elementos que lo asemejan al que impidió el desembarco de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. El modo en que el Estado deslegitima la preocupación de los vecinos es el primero. La organización y el asesoramiento legal también son coincidentes: como en Malvinas, los vecinos fueron a la Justicia a plantear que no estaban completos los estudios ambientales, y los jueces les dieron la razón. Desde octubre, una cautelar impide que esa obra comience.
Como en Malvinas, además, hay un acampe que se mantiene hace meses, y que difícilmente se levante. En especial, después de lo ocurrido tras la inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym, que está a escasos metros del predio donde Cormecor planea su enterramiento. Como ocurrió en Malvinas entre 2012 y 2015, no deja de crecer la tensión y de aumentar la desconfianza. Y no surge ninguna alternativa efectiva de mediación.
Pero este conflicto es más complicado que el de Malvinas. Al frente de los vecinos no hay una poderosa multinacional: está toda la basura del Gran Córdoba, que no para de crecer porque no hay una sola política pública en ese sentido.
Lo que se vive en Santa Ana es un conflicto social complejo. Alguien debería tomarlo en serio.
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Basura: el conflicto que se recicla y se multiplica
En Parque Santa Ana se gesta un conflicto social complejo y difícil de resolver.
Hace 10 años, la localidad de Bouwer estaba en pie de guerra contra el enterramiento sanitario de Potrero del Estado y su gigantesca montaña con basura de décadas. El 1° de abril se cumplieron siete años desde que ese establecimiento fue clausurado para dar fin a un creciente conflicto ambiental.
A la Municipalidad de Córdoba le costó mucho encontrar adónde llevar entonces la basura: en ningún lado aceptaban un nuevo enterramiento. Terminó montándolo en un predio de 60 hectáreas alquilado –durante dos años se adeudó el alquiler– denominado Piedra Blanca, al sur de la Capital. Hubo conflicto, pero finalmente fue aceptado con la promesa de que sería temporario: apenas por dos años. Fue en 2010.
Hoy la basura sigue en ese predio “temporario” que está a punto de desbordarse, que tiene montañas de 20 metros de residuos y que, contra promesas y recomendaciones, seguirá recibiendo los desechos de la Capital y de otros municipios al menos hasta fin de año.
Otra vez no hay adónde llevar la basura, porque nuevamente hay un conflicto socioambiental que, lejos de resolverse, se extiende y se profundiza.
Mientras el Estado minimiza los planteos de los vecinos de ?Villa Parque Santa Ana, la sociedad intermunicipal Cormecor sigue adelante con el proceso de licitación de ese complejo ambiental –hay cuatro oferentes, uno con ventaja: las firmas Urbaser-Cotreco-Petramas– y pronto estará lista para la adjudicación. Cuando concrete ese paso, ya otorgará derechos a un consorcio empresarial, y no es difícil imaginar que la resistencia vecinal será más intensa.
Ese conflicto tiene varios elementos que lo asemejan al que impidió el desembarco de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. El modo en que el Estado deslegitima la preocupación de los vecinos es el primero. La organización y el asesoramiento legal también son coincidentes: como en Malvinas, los vecinos fueron a la Justicia a plantear que no estaban completos los estudios ambientales, y los jueces les dieron la razón. Desde octubre, una cautelar impide que esa obra comience.
Como en Malvinas, además, hay un acampe que se mantiene hace meses, y que difícilmente se levante. En especial, después de lo ocurrido tras la inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym, que está a escasos metros del predio donde Cormecor planea su enterramiento. Como ocurrió en Malvinas entre 2012 y 2015, no deja de crecer la tensión y de aumentar la desconfianza. Y no surge ninguna alternativa efectiva de mediación.
Pero este conflicto es más complicado que el de Malvinas. Al frente de los vecinos no hay una poderosa multinacional: está toda la basura del Gran Córdoba, que no para de crecer porque no hay una sola política pública en ese sentido.
Lo que se vive en Santa Ana es un conflicto social complejo. Alguien debería tomarlo en serio.
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31 dic 2015
Mestre deberá presentar un plan para remediar Bouwer
La Mañana de Córdoba (31/12/2015)
Justicia intimó a Mestre a presentar un plan definitivo para el cierre del basural de Bouwer
La Municipalidad de Córdoba tiene seis meses para presentar el proyecto de remediación del predio donde depositó durante varios años los residuos producidos en la Capital provincial.
La jueza de Control Nº 6 de la ciudad de Córdoba, Cristina Giordano, intimó al intendente Ramón Mestre para que en un plazo máximo de seis meses presente el proyecto del plan de cierre y clausura del predio de Potrero del Estado, en el municipio de Bouwer, que fue utilizado durante décadas para la disposición final de los residuos sólidos urbanos.
La Municipalidad de Córdoba deberá presentar en forma conjunta el estudio de impacto ambiental correspondiente ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia, a fin de que sea sometido al correspondiente proceso administrativo.
La decisión de la magistrada fue adoptada por una resolución que admite una acción de amparo presentada por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente y la Fundación Club de Derecho.
En su demanda, los amparistas afirmaron que si bien desde el 1 de abril de 2010 ya no ingresan más residios sólidos urbanos al predio, las actividades desarrolladas durante tanto años (fosas, vertederos, horno incinerador de residuos patógenos e industriales), han producido consecuencias lesivas y contaminantes que afectan en la actualidad su salud y las condiciones de vida del lugar
En su resolución la jueza Giordano consignó que si bien el municipio de Córdoba ya no deposita más residuos en ese lugar, aún no ha presentado el plan de cierre y clausura y el estudio de impacto ambiental para su aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba
“Teniendo en cuenta la envergadura, extensión, tiempo de utilización y actividades desarrolladas en el lugar es determinando la presentación del plan de cierre y clausura mencionado con el correspondiente estudio de impacto ambiental a los fines de determinar posible contaminación actual o inminente y tomar las medidas y recaudos necesarios para hacer cesar el mismo, reparar el suelo, tierra o aire que pudiera haber sido afectado o que se encuentra en riesgo de ser contaminado, de conformidad con los procedimientos técnicos y legales vigentes y a la tecnología disponible actualmente para el tratamiento y remediación de predios utilizados para similares fines”, expresa la resolución.
El auto intercoluctorio de la magistrada también refiere que el estudio de impacto ambiental “permitirá evaluar si el proyecto de cierre y clausura se adecua a los estándares, precedimientos y protocolos que en materia de regulación ambiental se requieren instrumentar para remediar la posible afectación que las actividades desarrolladas durante tantos años en el predio pudiere haber causado o pudiere causar en el futuro”.
Para la magistrada el no cumplimiento hasta ahora del intendente Ramón Mestre representa una clara e inequívoca lesión a los citados derechos reconocidos por la Constitución Nacional, y las normas que regulan la materia ambiental, que traduce la arbitrariedad manifiesta a que alude la Ley Nacional de Amparo.
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Comercio y Justicia (31/12/2015)
La Municipalidad debe presentar plan para cerrar predio de Bouwer
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Justicia intimó a Mestre a presentar un plan definitivo para el cierre del basural de Bouwer
La Municipalidad de Córdoba tiene seis meses para presentar el proyecto de remediación del predio donde depositó durante varios años los residuos producidos en la Capital provincial.
La jueza de Control Nº 6 de la ciudad de Córdoba, Cristina Giordano, intimó al intendente Ramón Mestre para que en un plazo máximo de seis meses presente el proyecto del plan de cierre y clausura del predio de Potrero del Estado, en el municipio de Bouwer, que fue utilizado durante décadas para la disposición final de los residuos sólidos urbanos.
La Municipalidad de Córdoba deberá presentar en forma conjunta el estudio de impacto ambiental correspondiente ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia, a fin de que sea sometido al correspondiente proceso administrativo.
La decisión de la magistrada fue adoptada por una resolución que admite una acción de amparo presentada por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente y la Fundación Club de Derecho.
En su demanda, los amparistas afirmaron que si bien desde el 1 de abril de 2010 ya no ingresan más residios sólidos urbanos al predio, las actividades desarrolladas durante tanto años (fosas, vertederos, horno incinerador de residuos patógenos e industriales), han producido consecuencias lesivas y contaminantes que afectan en la actualidad su salud y las condiciones de vida del lugar
En su resolución la jueza Giordano consignó que si bien el municipio de Córdoba ya no deposita más residuos en ese lugar, aún no ha presentado el plan de cierre y clausura y el estudio de impacto ambiental para su aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba
“Teniendo en cuenta la envergadura, extensión, tiempo de utilización y actividades desarrolladas en el lugar es determinando la presentación del plan de cierre y clausura mencionado con el correspondiente estudio de impacto ambiental a los fines de determinar posible contaminación actual o inminente y tomar las medidas y recaudos necesarios para hacer cesar el mismo, reparar el suelo, tierra o aire que pudiera haber sido afectado o que se encuentra en riesgo de ser contaminado, de conformidad con los procedimientos técnicos y legales vigentes y a la tecnología disponible actualmente para el tratamiento y remediación de predios utilizados para similares fines”, expresa la resolución.
El auto intercoluctorio de la magistrada también refiere que el estudio de impacto ambiental “permitirá evaluar si el proyecto de cierre y clausura se adecua a los estándares, precedimientos y protocolos que en materia de regulación ambiental se requieren instrumentar para remediar la posible afectación que las actividades desarrolladas durante tantos años en el predio pudiere haber causado o pudiere causar en el futuro”.
Para la magistrada el no cumplimiento hasta ahora del intendente Ramón Mestre representa una clara e inequívoca lesión a los citados derechos reconocidos por la Constitución Nacional, y las normas que regulan la materia ambiental, que traduce la arbitrariedad manifiesta a que alude la Ley Nacional de Amparo.
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Comercio y Justicia (31/12/2015)
La Municipalidad debe presentar plan para cerrar predio de Bouwer
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30 dic 2015
Bouwer: justicia ordena presentar remediciación
La Voz del Interior - Edición Electrónica (30/12/2015)
Intiman al municipio a presentar plan de cierre y clausura del enterramiento de Bouwer
Funcionó hasta 2010. El fallo judicial obliga a la Municipalidad a realizar el estudio de impacto ambiental.
La jueza de Control número 6 de la ciudad de Córdoba, Cristina Giordano, intimó a la Municipalidad de Córdoba para que en el plazo de seis meses presente el proyecto de plan de cierre y clausura del enterramiento sanitario de Potrero del Estado, que funcionó hasta abril de 2010.
El municipio también deberá presentar el estudio de impacto ambiental correspondiente ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para que sea sometido al proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental.
Ese predio recibió la basura de Córdoba durante 30 años. En 2014, comenzó a cerrarse la fosa 9, que había quedado descubierta desde su cierre en 2010.
La decisión fue adoptada por medio de una resolución que admite una acción de amparo presentada por vecinos de la localidad de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la fundación Club de Derecho.
En la demanda, los amparistas afirmaron que, si bien desde el 1° de abril de 2010 ya no ingresan más residuos sólidos urbanos al predio, "las actividades desarrolladas durante tantos años (fosas, vertederos, gases, horno incinerador de residuos patógenos, residuos industriales, etc.) han dejado consecuencias lesivas y contaminantes que afectan en la actualidad su salud y las condiciones de vida en el lugar".
En la resolución, la magistrada consignó que, si bien la Municipalidad de Córdoba ya no deposita más residuos domiciliarios en el lugar, aún no ha presentado el plan de cierre y clausura y el estudio de impacto ambiental para que sea evaluado y, eventualmente, aprobado por la Secretaría de Ambiente provincial.
“Teniendo en cuenta la envergadura, extensión, tiempo de utilización, y actividades desarrolladas en el lugar (…) es determinante la presentación del plan de cierre y clausura mencionado con el correspondiente estudio de impacto ambiental a los fines de determinar posible contaminación ambiental actual o inminente y tomar las medidas y recaudos necesarios para hacer cesar –en su caso- el mismo, reparar el suelo, tierra o aire que pudiera haber sido afectado o que se encontrara en riesgo de ser contaminado, de conformidad con los procedimientos técnicos y legales vigentes y a la tecnología disponible actualmente para el tratamiento y remediación de predios que han sido utilizados para similares fines”, expresa la resolución.
Impacto ambiental
La decisión afirma que el estudio de impacto ambiental “permitirá evaluar si el proyecto de cierre y clausura se adecua a los estándares, procedimientos y protocolos que, en materia de regulación ambiental, se requieren instrumentar para remediar la posible afectación que las actividades desarrolladas durante tantos años en el predio pudiere haber causado o pudiere causar en el futuro”.
“En definitiva, la Municipalidad de Córdoba no ha presentado el plan de cierre y clausura del predio en cuestión, estudio de impacto ambiental y su correspondiente aprobación luego de ser sometido al proceso administrativo de evaluación por parte de la autoridad de aplicación de conformidad a la legislación vigente. Hay en la omisión de la autoridad pública municipal clara e inequívocamente una lesión a los citados derechos reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes que regulan la materia ambiental, que traduce la ‘arbitrariedad manifiesta’ a que alude la Ley de Amparo”, concluye la resolución.
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Día a Día - Edición Electrónica (30/12/2015)
La Justicia intima a la Muni para que remedie el vertedero de residuos de Bouwer
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4 abr 2015
La Justicia ordenó sanear el enterramiento de Bouwer
El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (04/04/2015)
Justicia ordenó al gobierno sanear del predio de Bouwer`
Exige que se recomponga el daño ambiental causado por el enterramiento de residuos sólidos urbanos en un predio de la localidad de Bouwer.
La justicia ordenó se tramite la acción de amparo contra la Municipalidad de Córdoba y el gobierno de la provincia para que cesen y recompongan el daño ambiental causado por el enterramiento de residuos sólidos urbanos en un predio de la localidad de Bouwer.
La Fundación para la defensa del ambiente (Funam) informó que el vertedero, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, "fue cerrado el 1 de abril de 2010 gracias a la lucha vecinal y desde entonces sigue la contaminación ya que no se ha remediado el predio".
La acción de amparo había sido promovida en noviembre de 2013 por 26 adultos y 17 menores de Bouwer acompañados en la presentación por Raúl Montenegro, titular de Funam y por el abogado patrocinante Federico Macciocchi, de la Fundación Club de Derecho.
Según se informó, el municipio capitalino "debe contestar ahora la demanda y ofrecer la prueba. No obstante ello, el juez le ha requerido que informe el estado de las actividades de remediación del predio que la jueza de Alta Gracia le había ordenado iniciar en un plazo de 180 días contados a partir del 23 de diciembre de 2013".
Al respecto, Montenegro señaló que "hasta ahora la Municipalidad de Córdoba nunca presentó un proyecto serio de remediación a la Municipalidad de Bouwer".
"Es asombroso y preocupante comprobar cómo la gestión de Ramón Mestre (intendente de Córdoba) desobedeció impunemente lo ordenado por la justicia durante casi un año y medio", añadió.
Por otra parte sostuvo que el gobierno de la provincia "tampoco hizo caso de la exhortación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que por resolución 102 del año 2010, hace más de cuatro años, le requirió hacer un diagnóstico de salud en Bouwer y en el complejo carcelario", ubicado en esa misma localidad.
Montenegro agregó, finalmente, que la Municipalidad de Córdoba y el gobierno provincial "transformaron a Bouwer en zona de sacrificio y quieren seguir contaminándola, no les importa que la gente enferme por culpa de la basura ajena y mal gestionada", concluyó.
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Hoy Día - Edición Electrónica (04/04/2015)
La Justicia le ordenó al gobierno de Córdoba sanear a la localidad de Bouwer
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Justicia ordenó al gobierno sanear del predio de Bouwer`
Exige que se recomponga el daño ambiental causado por el enterramiento de residuos sólidos urbanos en un predio de la localidad de Bouwer.
La justicia ordenó se tramite la acción de amparo contra la Municipalidad de Córdoba y el gobierno de la provincia para que cesen y recompongan el daño ambiental causado por el enterramiento de residuos sólidos urbanos en un predio de la localidad de Bouwer.
La Fundación para la defensa del ambiente (Funam) informó que el vertedero, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, "fue cerrado el 1 de abril de 2010 gracias a la lucha vecinal y desde entonces sigue la contaminación ya que no se ha remediado el predio".
La acción de amparo había sido promovida en noviembre de 2013 por 26 adultos y 17 menores de Bouwer acompañados en la presentación por Raúl Montenegro, titular de Funam y por el abogado patrocinante Federico Macciocchi, de la Fundación Club de Derecho.
Según se informó, el municipio capitalino "debe contestar ahora la demanda y ofrecer la prueba. No obstante ello, el juez le ha requerido que informe el estado de las actividades de remediación del predio que la jueza de Alta Gracia le había ordenado iniciar en un plazo de 180 días contados a partir del 23 de diciembre de 2013".
Al respecto, Montenegro señaló que "hasta ahora la Municipalidad de Córdoba nunca presentó un proyecto serio de remediación a la Municipalidad de Bouwer".
"Es asombroso y preocupante comprobar cómo la gestión de Ramón Mestre (intendente de Córdoba) desobedeció impunemente lo ordenado por la justicia durante casi un año y medio", añadió.
Por otra parte sostuvo que el gobierno de la provincia "tampoco hizo caso de la exhortación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que por resolución 102 del año 2010, hace más de cuatro años, le requirió hacer un diagnóstico de salud en Bouwer y en el complejo carcelario", ubicado en esa misma localidad.
Montenegro agregó, finalmente, que la Municipalidad de Córdoba y el gobierno provincial "transformaron a Bouwer en zona de sacrificio y quieren seguir contaminándola, no les importa que la gente enferme por culpa de la basura ajena y mal gestionada", concluyó.
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1 abr 2015
Los residuos son noticias
Día a Día - Edición Electrónica (01/04/2015)
Reclaman que municipio y Provincia remedien el enterramiento de Bouwer
La Funam señaló que la Justicia ordenó que se tramite el amparo que interpuso para que ambas cesen la contaminación del sitio.
"Que se tramite la acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Córdoba y contra el Gobierno de la provincia para que cese y recomponga el daño ambiental que genera el enterramiento de residuos sólidos urbanos de Potrero del Estado, en Bouwer". La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) aseguró que eso decidió la Justicia provincial, en referencia a la acción de amparo promovida en 2013 por la entidad junto a 26 adultos y 17 menores de Bouwer.
Federico Macciocchi, abogado de la Fundación Club de Derecho y patrocinante de la acción recordó que "a raíz de un conflicto de competencia suscitado entre el juez de control Agustín Espina Gómez y la Jueza de primera instancia de Alta Gracia, María Graciela Vigilanti, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió que el Juzgado de Control nº 6 es quien debe llevar adelante el proceso. (...) Lo trascendente es que el Juez de Control ordenó dar trámite al proceso de amparo. La Municipalidad de Córdoba debe contestar ahora la demanda y ofrecer la prueba."
El letrado explicó que no obstante ello, el juez le requirió al municipio que informe el estado de las actividades de remediación del predio que la jueza de Alta Gracia le había ordenado iniciar en un plazo de 180 días contados a partir del 23 de diciembre de 2013.
Mueven tierra. El vertedero ubicado fuera de la jurisdicción de la ciudad capital fue cerrado el 1º de abril de 2010 gracias a la lucha vecinal y de FUNAM, por decisión del entonces intendente Daniel Giacomino. Desde entonces está vigente el proyecto de remediar el predio -que recibió basura para enterrar durante años- pero no se avanzó casi nada en concretarlo.
La última acción del municipio en torno al complejo fue comenzar a rellenar la última fosa en uso con tierra extraída del enterramiento de Piedras Blancas, el que se abrió en forma "temporal" también al sur de la ciudad para sustituir al de Bouwer pero que aún está en uso. El material debe ser extraído de allí precisamente para ampliar su vida útil, ya que no se avanzó aún en el proyecto de montar un enterramiento para los próximos 30 años.
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La Mañana de Córdoba (01/04/2015)
Justicia ordena medida por la remediación de Bouwer
UPC piden un “estudio serio” para el Código de Convivencia
Por orden judicial se concretó audiencia para tratar el futuro de la basura
Piden aprovechar la basura para generar energía
Municipio traslada el basural fuera de la zona urbana
El Puntal de Río Cuarto (01/04/2015)
El Municipio dijo que no dará fondos extra a Cotreco y licitará de nuevo
“Se debe desestimar el planteo de la empresa”
La empresa da un ultimátum: sólo aguantará hasta abril
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Reclaman que municipio y Provincia remedien el enterramiento de Bouwer
La Funam señaló que la Justicia ordenó que se tramite el amparo que interpuso para que ambas cesen la contaminación del sitio.
"Que se tramite la acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Córdoba y contra el Gobierno de la provincia para que cese y recomponga el daño ambiental que genera el enterramiento de residuos sólidos urbanos de Potrero del Estado, en Bouwer". La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) aseguró que eso decidió la Justicia provincial, en referencia a la acción de amparo promovida en 2013 por la entidad junto a 26 adultos y 17 menores de Bouwer.
Federico Macciocchi, abogado de la Fundación Club de Derecho y patrocinante de la acción recordó que "a raíz de un conflicto de competencia suscitado entre el juez de control Agustín Espina Gómez y la Jueza de primera instancia de Alta Gracia, María Graciela Vigilanti, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió que el Juzgado de Control nº 6 es quien debe llevar adelante el proceso. (...) Lo trascendente es que el Juez de Control ordenó dar trámite al proceso de amparo. La Municipalidad de Córdoba debe contestar ahora la demanda y ofrecer la prueba."
El letrado explicó que no obstante ello, el juez le requirió al municipio que informe el estado de las actividades de remediación del predio que la jueza de Alta Gracia le había ordenado iniciar en un plazo de 180 días contados a partir del 23 de diciembre de 2013.
Mueven tierra. El vertedero ubicado fuera de la jurisdicción de la ciudad capital fue cerrado el 1º de abril de 2010 gracias a la lucha vecinal y de FUNAM, por decisión del entonces intendente Daniel Giacomino. Desde entonces está vigente el proyecto de remediar el predio -que recibió basura para enterrar durante años- pero no se avanzó casi nada en concretarlo.
La última acción del municipio en torno al complejo fue comenzar a rellenar la última fosa en uso con tierra extraída del enterramiento de Piedras Blancas, el que se abrió en forma "temporal" también al sur de la ciudad para sustituir al de Bouwer pero que aún está en uso. El material debe ser extraído de allí precisamente para ampliar su vida útil, ya que no se avanzó aún en el proyecto de montar un enterramiento para los próximos 30 años.
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8 oct 2014
Ni los estudios técnicos quieren en Bouwer
La Mañana de Córdoba (08/10/2014)
Vecinos buscan frenar estudios técnicos para la instalación del basural
A través de un recurso de amparo, habitantes de Altos del Durazno, Bouwer y Santa Ana, obtuvieron una medida cautelar que obliga a especialistas de la UNC a abstenerse de ingresar a sus predios rurales sin orden judicial, para acceder a un terreno en la mira para instalar la planta de tratamiento de residuos para la ciudad de Córdoba y otras localidades.
A través de una medida cautelar, la jueza Graciela Vigilanti de Alta Gracia dictó una medida cautelar dirigida a la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, para que sus técnicos se abstengan de ingresar a los predios rurales de vecinos de Bouwer, Alto del Durazno y Santa Ana, sin contar con orden judicial.
La medida se dictó días atrás en el marco de la reciente presentación de una acción de amparo ante ese Juzgado de Alta Gracia, por los estudios que técnicos universitarios comenzaron a realizar en un predio (distante a 2 kilómetros de donde originalmente se estudió instalar el basural de Comecor), que afecta a las propiedades lindantes a él, pertenecientes a los amparistas.
Como informó LA MAÑANA ayer, el amparo se presentó contra el propietario y poseedor rural del predio (J.C.), la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, y la Universidad Nacional de Córdoba (cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales).
El abogado patrocinante de los vecinos de Altos del Durazno, Bouwer y Santa Ana, Fabián Moscovich, señaló a este medio que además del amparo se tramitó en forma simultanea las medidas cautelares.
“Recientemente la jueza dictó la medida por la que la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC se debe abstener de ingresar a los predios rurales de los amparistas sin orden judicial. En el expediente del amparo además se adjuntan datos para acreditar que los estudios que iniciaron los técnicos universitarios de la UNC estarían revelando la voluntad de instalar una planta de Tratamiento Mecánicos y un Enterramiento Sanitario con residuos provenientes de la ciudad de Córdoba en ese predio de 300 hectáreas.”, dijo Moscovich También que el mismo estaría distante a escasos dos kilómetros del predio original donde Cormecor estudiaba como alternativa para instalar su basural el año pasado, el cual había sido declarado sujeto a expropiación por la Legislatura.
Según precisó el abogado, el predio de J.C, “resulta no apto” para el funcionamiento de la planta, porque afectaría “intereses individuales homogéneos” de los amparistas que residen en campos lindantes, “con incidencia colectiva” en relación a los habitantes en su conjunto de las localidades de Bouwer (incluido Alto del Durazno), Villa Parque Santa Ana y también la zona sur de Córdoba.
El letrado precisó al respecto que los terrenos en cuestión no sólo está ubicado en un sector habitado por varias familias, sino que también lo está en suelo permeable, con una importante pendiente. “Las lluvias del sábado provocaron correntías que llegaban hasta el canal Los Molinos-Córdoba. Imagínese si la planta estuviera instalada en ese predio, las lluvias arrastrarían el material de los residuos hasta el canal”, explicó Moscovich, recordando que el mismo nutre de agua a la zona “Sur” de la ciudad de Córdoba.
“Pero además, lo más grave aún, es que el Gobierno de la Provincia es propietario de un inmueble rural de similares dimensiones (273 hectáreas), situado a unos 15 kilómetros aproximadamente del lugar y que resultaría apto para la instalación de esa planta de tratamiento de basura sin provocar daño a ningún habitante del sector ni de la zona sur de Córdoba” (ver aparte).
Cabe destacar que con fecha 25 de septiembre, la jueza Vigilanti dio curso al amparo y además ordenó el traslado del mismo para que contesten cada uno de los demandados. Asimismo se está a la espera de la decisión de la magistrada, sobre la medida solicitada de no innovar, para evitar así “cualquier acto tendiente a la instalación de la Planta de Tratamiento y de Enterramiento de basura tanto en ese inmueble rural como en cualquier otro que se ubique en un radio de 8 kilómetros de allí”, explicó el letrado argumentando la precautoria constitucional “del derecho ambiental y la salud”.
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Vecinos buscan frenar estudios técnicos para la instalación del basural
A través de un recurso de amparo, habitantes de Altos del Durazno, Bouwer y Santa Ana, obtuvieron una medida cautelar que obliga a especialistas de la UNC a abstenerse de ingresar a sus predios rurales sin orden judicial, para acceder a un terreno en la mira para instalar la planta de tratamiento de residuos para la ciudad de Córdoba y otras localidades.
A través de una medida cautelar, la jueza Graciela Vigilanti de Alta Gracia dictó una medida cautelar dirigida a la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, para que sus técnicos se abstengan de ingresar a los predios rurales de vecinos de Bouwer, Alto del Durazno y Santa Ana, sin contar con orden judicial.
La medida se dictó días atrás en el marco de la reciente presentación de una acción de amparo ante ese Juzgado de Alta Gracia, por los estudios que técnicos universitarios comenzaron a realizar en un predio (distante a 2 kilómetros de donde originalmente se estudió instalar el basural de Comecor), que afecta a las propiedades lindantes a él, pertenecientes a los amparistas.
Como informó LA MAÑANA ayer, el amparo se presentó contra el propietario y poseedor rural del predio (J.C.), la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, y la Universidad Nacional de Córdoba (cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales).
El abogado patrocinante de los vecinos de Altos del Durazno, Bouwer y Santa Ana, Fabián Moscovich, señaló a este medio que además del amparo se tramitó en forma simultanea las medidas cautelares.
“Recientemente la jueza dictó la medida por la que la cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC se debe abstener de ingresar a los predios rurales de los amparistas sin orden judicial. En el expediente del amparo además se adjuntan datos para acreditar que los estudios que iniciaron los técnicos universitarios de la UNC estarían revelando la voluntad de instalar una planta de Tratamiento Mecánicos y un Enterramiento Sanitario con residuos provenientes de la ciudad de Córdoba en ese predio de 300 hectáreas.”, dijo Moscovich También que el mismo estaría distante a escasos dos kilómetros del predio original donde Cormecor estudiaba como alternativa para instalar su basural el año pasado, el cual había sido declarado sujeto a expropiación por la Legislatura.
Según precisó el abogado, el predio de J.C, “resulta no apto” para el funcionamiento de la planta, porque afectaría “intereses individuales homogéneos” de los amparistas que residen en campos lindantes, “con incidencia colectiva” en relación a los habitantes en su conjunto de las localidades de Bouwer (incluido Alto del Durazno), Villa Parque Santa Ana y también la zona sur de Córdoba.
El letrado precisó al respecto que los terrenos en cuestión no sólo está ubicado en un sector habitado por varias familias, sino que también lo está en suelo permeable, con una importante pendiente. “Las lluvias del sábado provocaron correntías que llegaban hasta el canal Los Molinos-Córdoba. Imagínese si la planta estuviera instalada en ese predio, las lluvias arrastrarían el material de los residuos hasta el canal”, explicó Moscovich, recordando que el mismo nutre de agua a la zona “Sur” de la ciudad de Córdoba.
“Pero además, lo más grave aún, es que el Gobierno de la Provincia es propietario de un inmueble rural de similares dimensiones (273 hectáreas), situado a unos 15 kilómetros aproximadamente del lugar y que resultaría apto para la instalación de esa planta de tratamiento de basura sin provocar daño a ningún habitante del sector ni de la zona sur de Córdoba” (ver aparte).
Cabe destacar que con fecha 25 de septiembre, la jueza Vigilanti dio curso al amparo y además ordenó el traslado del mismo para que contesten cada uno de los demandados. Asimismo se está a la espera de la decisión de la magistrada, sobre la medida solicitada de no innovar, para evitar así “cualquier acto tendiente a la instalación de la Planta de Tratamiento y de Enterramiento de basura tanto en ese inmueble rural como en cualquier otro que se ubique en un radio de 8 kilómetros de allí”, explicó el letrado argumentando la precautoria constitucional “del derecho ambiental y la salud”.
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7 oct 2014
Vecinos de Bouwer se presentan otra vez en la Justicia
La Mañana de Córdoba (07/10/2014)
Vecinos de Bouwer presentaron nuevo amparo por basural del Cormecor
Vecinos de Bouwer, Alto del Durazno y Santa Ana presentaron recientemente un recurso de amparo ante el Juzgado de Alta Gracia, a cargo de la doctora Graciela Vigilanti, por los estudios que técnicos universitarios habrían comenzado a realizar en un predio distante a 2 kilómetros de donde originalmente se estudió ubicar el basural de Comecor.
Según adelantó el abogado Fabian Moscovich, patrocinante de los vecinos de estas poblaciones, el amparo interpuesto hace alrededor de 10 días es contra el propietario de ese predio, la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. En dicha presentación se sugieren además graves hechos de corrupción para que la Justicia investigue.
Mónica Rescala, una de las vecinas de Bouwer, señaló por su parte que en la presentación de los vecinos de esa localidad, y de Altos del Durazno y Santa Ana (ubicados del otro lado de la Ruta 36), se pide como medida cautelar acciones para evitar que la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba, ubique allí su basural.
Cabe recordar que Cormecor, que integran varios municipios incluido el de la ciudad de Córdoba, se encuentra abocada al estudio junto a asesores de la universidad de otros terrenos donde localizar la planta de residuos sólidos urbanos, que reemplazará al enterramiento de Piedras Blancas.
En su momento, el terreno de 272 hectáreas cerca de Bouwer que se había evaluado como alternativa y había sido declarado sujeto a expropiación por la Legislatura en 2013, abrió un fuerte frente de conflicto con los vecinos de esa comuna y de Juárez Celman, en virtud de que el loteo se sitúa a 700 metros del antiguo predio de enterramiento, el cual aún no fue remediado.
Al parecer, en busca de alternativas a ese lugar, los vecinos advirtieron que técnicos universitarios están realizando estudios en otro predio cercano y rápidamente interpusieron un recurso para evitar que el basural se instale en ese sector, ya que aseguran también afectaría la salud a los vecinos y contaminaría la zona.
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Vecinos de Bouwer presentaron nuevo amparo por basural del Cormecor
Vecinos de Bouwer, Alto del Durazno y Santa Ana presentaron recientemente un recurso de amparo ante el Juzgado de Alta Gracia, a cargo de la doctora Graciela Vigilanti, por los estudios que técnicos universitarios habrían comenzado a realizar en un predio distante a 2 kilómetros de donde originalmente se estudió ubicar el basural de Comecor.
Según adelantó el abogado Fabian Moscovich, patrocinante de los vecinos de estas poblaciones, el amparo interpuesto hace alrededor de 10 días es contra el propietario de ese predio, la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. En dicha presentación se sugieren además graves hechos de corrupción para que la Justicia investigue.
Mónica Rescala, una de las vecinas de Bouwer, señaló por su parte que en la presentación de los vecinos de esa localidad, y de Altos del Durazno y Santa Ana (ubicados del otro lado de la Ruta 36), se pide como medida cautelar acciones para evitar que la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba, ubique allí su basural.
Cabe recordar que Cormecor, que integran varios municipios incluido el de la ciudad de Córdoba, se encuentra abocada al estudio junto a asesores de la universidad de otros terrenos donde localizar la planta de residuos sólidos urbanos, que reemplazará al enterramiento de Piedras Blancas.
En su momento, el terreno de 272 hectáreas cerca de Bouwer que se había evaluado como alternativa y había sido declarado sujeto a expropiación por la Legislatura en 2013, abrió un fuerte frente de conflicto con los vecinos de esa comuna y de Juárez Celman, en virtud de que el loteo se sitúa a 700 metros del antiguo predio de enterramiento, el cual aún no fue remediado.
Al parecer, en busca de alternativas a ese lugar, los vecinos advirtieron que técnicos universitarios están realizando estudios en otro predio cercano y rápidamente interpusieron un recurso para evitar que el basural se instale en ese sector, ya que aseguran también afectaría la salud a los vecinos y contaminaría la zona.
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24 ago 2014
Depósito judicial de Bouwer con 12 mil vehículos
Día a Día (24/08/2014)
La 'ciudad' de autos sextuplica a la de personas en Bouwer
Depósito judicial. En el predio ubicado en el ejido de esa localidad de 2 mil habitantes se acumulan al menos 12 mil vehículos. Crece a ritmo “impresionante”. La Justicia trabaja en bajar esa población a unos 3 mil.
Técnicamente, con sus algo más de 2 mil habitantes la localidad de Bouwer no alcanza el estatus de ciudad, fijado por sobre los 10 mil. Sin embargo su ejido urbano sí alberga una ciudad de vehículos, sobrepoblada y con crecimiento imparable. Se trata del depósito judicial ubicado sobre la ruta 36, contiguo a la cárcel, un predio de unas 13 hectáreas donde se estima que permanecen al menos 12 mil vehículos secuestrados.
El número crece en forma constante, debido a los nuevos ingresos dispuesto en el marco de causas penales y civiles que se tramitan todo el tiempo. A ese caudal se suman unidades secuestradas por la Justicia Federal –en su mayoría en procedimientos por drogas– que también terminan en el lote. El tráfico de ingreso al predio al menos duplica al de salida, constituido por las unidades que son recuperadas por propietarios sumadas a aquellas que la Justicia otorga para su uso a instituciones públicas y privadas que figuran como “depositarios judiciales”. Las fotos aéreas que acompañan esta nota dan idea de la magnitud que tiene el lugar, que luce como una verdadera ciudad desde el cielo.
El destino de estos vehículos, su uso y almacenamiento constituyen un problema ambiental y económico de larga data, que la Justicia provincial ahora está decidida a encausar. Es una tarea de gran alcance, que incluye como primer paso inventariar lo que guarda este depósito (denominado 1), pero también muchos distribuidos por el interior. A falta de datos certeros sólo existen estimaciones que hablan de unos 30 mil vehículos acumulados en toda la provincia.
El proceso avanza enmarcado en la ley 10.207, aprobada este año, un marco legal que acorta los tiempos para que la Justicia pueda disponer de los vehículos, habilita su venta como chatarra, su remate y obliga a generar un registro de ellos, entre otras buenas medidas. “Empezamos a inventariar la situación actual y la prioridad es el predio 1 de Bouwer. También mantuvimos contacto con empresas para diseñar la licitación por la chatarra, y por lo que averiguamos en este momento se podría armar un proceso importante que genere algún ingreso al Estado”, explicó Luis Sosa, al frente de la Sala Penal y designado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia como autoridad de aplicación de la 10.207.
“El colapso de los depósitos es un problema antiquísimo que nunca se encaró hasta ahora, se trata de una tarea titánica porque el ritmo al que ingresan autos es impresionante”, señaló.
El triple en 5 años
La única medida de magnitud aplicada hasta ahora también tuvo a Sosa como gestor, y fue en 2009, cuando el TSJ habilitó la venta como chatarra de unos 12 mil vehículos que se encontraban en Bouwer.
“Se pudo hacer sin esta ley porque eran autos que llevaban años acá, destruidos, imposibles de identificar. Con ese antecedente se avanzó en diseñar el marco legal”, apuntó. En esa oportunidad, además de desactivar la enorme bomba ambiental que constituían los autos, la venta de chatarra significó ingresos que fueron invertidos en dejar en condiciones un predio de 28 hectáreas (el depósito 2), un lote muy cercano al depósito 1 donde hoy se acumulan motos secuestradas en operativos policiales.
El plan oficial es utilizar ese en reemplazo del 1, que no debería usarse porque está junto a un colegio y ocupa el área pensada como laguna de contención de la cárcel. Sosa calculó que luego del procesamiento de 2009 quedaron alrededor de 4 mil o 5 mil autos en depósito. Eso significa que en cinco años volvieron a acumularse al menos otros 7 mil u 8 mil, elevando hoy la población del predio por encima de 12 mil unidades.
A esa cifra final habría que sumar otra a contramano: desde 2009 la Justicia logró distribuir para su uso más de 3 mil autos, camionetas y camiones a la Policía, al Ministerio de Seguridad, los consorcios camineros, Cáritas, dependencias judiciales y bomberos voluntarios; entre otros “depositarios judiciales” de los vehículos.
La meta con la que trabaja la Sala Penal es conseguir, al fin de todo el proceso, “estabilizar” la población del depósito en unos 2 mil a 3 mil autos, al menos una cuarta parte del tamaño actual.
Reúso
Las diferentes partes de los autos deteriorados pueden ser vendidos para su reinserción productiva. El metal se compacta y vende como chatarra, los neumáticos también (para reciclado de caucho) y con mayor procesamiento pueden separarse plásticos y obtener metales de partes más pequeñas, como cobre.
Desperdicio económico y daño ambiental
Todos coinciden: apilar autos, bicis, camionetas, motos y hasta casillas rodantes durante años y hasta que se convierten en chatarra constituye un derroche económico fenomenal y entraña un gran daño ambiental.
“En materia de contaminación, los materiales que se desprenden de los autos son hidrocarburos y metales pesados como plomo y cromo. Si se queman, como ya sucedió, pueden liberar sustancias muy peligrosas como ácido cianhídrico, dioxinas y furanos. Además pueden acumular agua de lluvia que se convierten en criaderos de mosquitos”, enumeró Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental Córdoba.
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la mejor opción es poder seguir usando los vehículos como tales; sea bajo depósito judicial (lo que hoy realiza la Justicia) o vía venta o remate. Vale aclarar que la flota que ingresa a los depósitos incluye unidades en buenas condiciones, incluso de alta gama. Cuando los vehículos están deteriorados, se procede a su desguace y venta como chatarra.
“En el país existe un circuito económico que aprovecha esa clase de materiales. Aquí en Ferreyra la mayor empresa operadora de chatarra del país tiene un depósito”, explicó Hugo Pesci, asesor técnico de Cormecor (la SA creada en el Gran Córdoba para tratar los residuos). La firma es Scrap Service, creada por el Grupo Techint –la mayor acerera argentina– con la misión de comprar y procesar chatarra ferrosa para transformarla en materia prima del acero. Desde 2009, procesó más de 400 mil autos. Según estimaciones de mercado, de cada auto pueden obtenerse unos 400 kilos de chatarra ferrosa, un material cuyo valor por tonelada pueden estar hoy en torno a los 500 pesos. Además del metal, Pesci remarcó que del auto pueden aprovecharse las cubiertas y, con una separación más sofisticada, cobre.
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La 'ciudad' de autos sextuplica a la de personas en Bouwer
Depósito judicial. En el predio ubicado en el ejido de esa localidad de 2 mil habitantes se acumulan al menos 12 mil vehículos. Crece a ritmo “impresionante”. La Justicia trabaja en bajar esa población a unos 3 mil.
Técnicamente, con sus algo más de 2 mil habitantes la localidad de Bouwer no alcanza el estatus de ciudad, fijado por sobre los 10 mil. Sin embargo su ejido urbano sí alberga una ciudad de vehículos, sobrepoblada y con crecimiento imparable. Se trata del depósito judicial ubicado sobre la ruta 36, contiguo a la cárcel, un predio de unas 13 hectáreas donde se estima que permanecen al menos 12 mil vehículos secuestrados.
El número crece en forma constante, debido a los nuevos ingresos dispuesto en el marco de causas penales y civiles que se tramitan todo el tiempo. A ese caudal se suman unidades secuestradas por la Justicia Federal –en su mayoría en procedimientos por drogas– que también terminan en el lote. El tráfico de ingreso al predio al menos duplica al de salida, constituido por las unidades que son recuperadas por propietarios sumadas a aquellas que la Justicia otorga para su uso a instituciones públicas y privadas que figuran como “depositarios judiciales”. Las fotos aéreas que acompañan esta nota dan idea de la magnitud que tiene el lugar, que luce como una verdadera ciudad desde el cielo.
El destino de estos vehículos, su uso y almacenamiento constituyen un problema ambiental y económico de larga data, que la Justicia provincial ahora está decidida a encausar. Es una tarea de gran alcance, que incluye como primer paso inventariar lo que guarda este depósito (denominado 1), pero también muchos distribuidos por el interior. A falta de datos certeros sólo existen estimaciones que hablan de unos 30 mil vehículos acumulados en toda la provincia.
El proceso avanza enmarcado en la ley 10.207, aprobada este año, un marco legal que acorta los tiempos para que la Justicia pueda disponer de los vehículos, habilita su venta como chatarra, su remate y obliga a generar un registro de ellos, entre otras buenas medidas. “Empezamos a inventariar la situación actual y la prioridad es el predio 1 de Bouwer. También mantuvimos contacto con empresas para diseñar la licitación por la chatarra, y por lo que averiguamos en este momento se podría armar un proceso importante que genere algún ingreso al Estado”, explicó Luis Sosa, al frente de la Sala Penal y designado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia como autoridad de aplicación de la 10.207.
“El colapso de los depósitos es un problema antiquísimo que nunca se encaró hasta ahora, se trata de una tarea titánica porque el ritmo al que ingresan autos es impresionante”, señaló.
El triple en 5 años
La única medida de magnitud aplicada hasta ahora también tuvo a Sosa como gestor, y fue en 2009, cuando el TSJ habilitó la venta como chatarra de unos 12 mil vehículos que se encontraban en Bouwer.
“Se pudo hacer sin esta ley porque eran autos que llevaban años acá, destruidos, imposibles de identificar. Con ese antecedente se avanzó en diseñar el marco legal”, apuntó. En esa oportunidad, además de desactivar la enorme bomba ambiental que constituían los autos, la venta de chatarra significó ingresos que fueron invertidos en dejar en condiciones un predio de 28 hectáreas (el depósito 2), un lote muy cercano al depósito 1 donde hoy se acumulan motos secuestradas en operativos policiales.
El plan oficial es utilizar ese en reemplazo del 1, que no debería usarse porque está junto a un colegio y ocupa el área pensada como laguna de contención de la cárcel. Sosa calculó que luego del procesamiento de 2009 quedaron alrededor de 4 mil o 5 mil autos en depósito. Eso significa que en cinco años volvieron a acumularse al menos otros 7 mil u 8 mil, elevando hoy la población del predio por encima de 12 mil unidades.
A esa cifra final habría que sumar otra a contramano: desde 2009 la Justicia logró distribuir para su uso más de 3 mil autos, camionetas y camiones a la Policía, al Ministerio de Seguridad, los consorcios camineros, Cáritas, dependencias judiciales y bomberos voluntarios; entre otros “depositarios judiciales” de los vehículos.
La meta con la que trabaja la Sala Penal es conseguir, al fin de todo el proceso, “estabilizar” la población del depósito en unos 2 mil a 3 mil autos, al menos una cuarta parte del tamaño actual.
Reúso
Las diferentes partes de los autos deteriorados pueden ser vendidos para su reinserción productiva. El metal se compacta y vende como chatarra, los neumáticos también (para reciclado de caucho) y con mayor procesamiento pueden separarse plásticos y obtener metales de partes más pequeñas, como cobre.
Desperdicio económico y daño ambiental
Todos coinciden: apilar autos, bicis, camionetas, motos y hasta casillas rodantes durante años y hasta que se convierten en chatarra constituye un derroche económico fenomenal y entraña un gran daño ambiental.
“En materia de contaminación, los materiales que se desprenden de los autos son hidrocarburos y metales pesados como plomo y cromo. Si se queman, como ya sucedió, pueden liberar sustancias muy peligrosas como ácido cianhídrico, dioxinas y furanos. Además pueden acumular agua de lluvia que se convierten en criaderos de mosquitos”, enumeró Federico Kopta, integrante del Foro Ambiental Córdoba.
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la mejor opción es poder seguir usando los vehículos como tales; sea bajo depósito judicial (lo que hoy realiza la Justicia) o vía venta o remate. Vale aclarar que la flota que ingresa a los depósitos incluye unidades en buenas condiciones, incluso de alta gama. Cuando los vehículos están deteriorados, se procede a su desguace y venta como chatarra.
“En el país existe un circuito económico que aprovecha esa clase de materiales. Aquí en Ferreyra la mayor empresa operadora de chatarra del país tiene un depósito”, explicó Hugo Pesci, asesor técnico de Cormecor (la SA creada en el Gran Córdoba para tratar los residuos). La firma es Scrap Service, creada por el Grupo Techint –la mayor acerera argentina– con la misión de comprar y procesar chatarra ferrosa para transformarla en materia prima del acero. Desde 2009, procesó más de 400 mil autos. Según estimaciones de mercado, de cada auto pueden obtenerse unos 400 kilos de chatarra ferrosa, un material cuyo valor por tonelada pueden estar hoy en torno a los 500 pesos. Además del metal, Pesci remarcó que del auto pueden aprovecharse las cubiertas y, con una separación más sofisticada, cobre.
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22 ago 2014
Potrero del Estado: ya están usando la última fosa
La Voz del Interior (22/08/2014)
La fosa 9 es la última que falta cerrar del predio
El municipio capitalino lo está haciendo desde hace seis meses. El lugar quedó abandonado en 2010. Las tareas demandarán un año.
Luego de algunos años de demora, la Municipalidad de Córdoba está cerrando la última fosa del enterramiento sanitario de Potrero del Estado, ubicado en la localidad de Bouwer. Con tierra que llega desde el relleno de Piedras Blancas, se cubren los desperdicios que habían quedado al aire libre desde abril de 2010.
El vertedero controlado de Potrero del Estado, ubicado 18 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, funcionó hasta el 1º de abril de 2010. La decisión de abandonarlo se había tomado un año antes, tras una protesta de vecinos de Bouwer que bloquearon el acceso al predio.
Posee nueve fosas en las que hay enterradas alrededor de 10 millones de toneladas de residuos que desde 1981 generó principalmente la ciudad de Córdoba.
A la última fosa habilitada, la nueve, jamás se la cubrió con tierra. Quedó con la basura expuesta, sin que se le terminara el cerramiento.
En 2011, la empresa Crese había realizado un llamado a licitación por 30 millones de pesos para clausurarla, pero la iniciativa fue desestimada ya que se realizaba en los últimos meses de la gestión del intendente Daniel Giacomino.
Intimación judicial
En diciembre pasado, la jueza de primera instancia de Alta Gracia, María Graciela Vigilanti, emplazó a la Municipalidad de Córdoba “a efectuar todas las actividades necesarias para evitar la contaminación ambiental con motivo del enterramiento de residuos explotado en Potrero del Estado” y a continuar con “el procesamiento de los residuos, tratamiento de lixiviados y de remediación en su caso”.
La jueza también dispuso que el municipio debe arbitrar los medios “para la captación de gases en todo el predio y posterior tratamiento, en especial en la fosa 9”.
Así, en febrero comenzaron las tareas de cerramiento, para lo que hacen falta 650 mil metros cúbicos de tierra –equivalentes a 650 mil toneladas– para terminar de cerrar la fosa de 400 metros de ancho, 800 metros de largo y 18 metros de elevación sobre la superficie. En realidad, el cierre será hasta el punto en que se abandonó, aproximadamente a unos 500 metros desde donde se empezó a trabajar.
Alejandro Chincarini, jefe de Tratamiento y Disposición Final de la Municipalidad de Córdoba, explicó que en el trabajo de traslado de tierra están involucrados ocho camiones que realizan ocho viajes cada uno por día. “La idea era poder terminar de procesar los residuos correctamente, que significa compactar y tapar”, comentó Chincarini.
Los trabajos se extenderán por un año más, hasta terminar de cubrir y compactar la fosa nueve. Luego se seguirán haciendo los controles de agua, de venteo de gases y tratamiento de lixiviados por los próximos 20 o 30 años.
El material se origina en el relleno de Piedras Blancas, localizado a pocos kilómetros hacia Córdoba, donde se efectúan las excavaciones de nuevas fosas que le permitirán continuar recibiendo unas dos mil toneladas diarias de residuos por al menos 18 meses más, hasta que se ponga en marcha el nuevo predio ubicado a 800 metros de Potrero del Estado.
Qué sigue
El subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, indicó que una vez cerrada la fosa se debe continuar con la clausura y posclausura. Según el funcionario, se colocará una cubierta verde y se implantarán especies vegetales.
También se debe retirar restos de residuos peligrosos que serán destinados a una planta de tratamiento de la empresa Taym.
“Apuntamos a generar la recuperación como un lugar de cobertura verde y forestación”, afirmó Roca, quien agregó que lo mismo va a suceder con el relleno de Piedras Blancas.
“Si conseguimos los fondos para financiarlo, lo ideal sería la construcción de un ecoparque”, acotó el subsecretario.
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Lo que viene para la basura de la Capital
La idea es construir una planta de tratamiento mecánico de la basura con capacidad para procesar 500 toneladas diarias (44% de lo que genera Córdoba), y que retire los materiales reciclables.
En paralelo con el cierre de la fosa nueve del enterramiento sanitario de Potrero del Estado y de la extensión de la vida útil del relleno de Piedras Blancas, se trabaja en delinear lo que serán los próximos 20 años en lo referido al tratamiento y disposición final de los residuos cordobeses.
En esa tarea se encuentra la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor), la sociedad anónima que creó la Municipalidad capitalina para que se encargue de la gestión de la basura.
Lo que se va a hacer ya está definido. Luego de un workshop del que participaron más de una veintena de empresas nacionales e internacionales, las propuestas fueron evaluadas por un comité integrado por científicos de las universidades Nacional, Católica y Tecnológica y por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y de la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS).
La decisión es construir una planta de tratamiento mecánico de la basura con capacidad de procesar 500 toneladas diarias (el 44 por ciento de lo que genera Córdoba), que retire los materiales reciclables. También se construirá un nuevo relleno sanitario y se gestionarán por separado los restos de poda, neumáticos y escombros.
Nueva planta
El Inti trabaja en el diseño de la planta de tratamiento mecánico y la ARS en la ingeniería de la instalación.
En principio, se instalará en un predio ubicado un kilómetro al sur de Potrero del Estado, y el vértice nordeste está a cuatro kilómetros de la localidad de Bouwer.
Según se había informado, el terreno tiene unas 270 hectáreas y allí se deberá dar disposición final a la basura por los próximos 30 años.
Pero esta localización aún no está totalmente confirmada. Trascendió que en Cormecor barajan otras localizaciones, siempre en la zona sur y en las áreas demarcadas por la Universidad Nacional de Córdoba. Se estaría analizando un nuevo predio con mejores características y accesibilidad que aquel que en principio se había seleccionado y por el cual se pidió a la Provincia su expropiación.
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La historia del relleno y los basurales a cielo abierto
Potrero del Estado se estableció a principios de los ’80, para terminar con los basurales a cielo abierto de la década de 1970.
Se eligió un sitio ubicado 18 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, muy cercano a la localidad de Bouwer.
La adopción del sistema de relleno sanitario significó un salto cualitativo en lo que se refiere a la disposición final de los residuos, ya que hasta ese momento, los residuos se arrojaban en basurales habilitados en la zona sur.
Esos basurales estaban donde hoy se asienta barrio Nuestro Hogar III y en el actual relleno sanitario de Piedras Blancas.
Se habían establecido después del cierre de dos incineradores que se encontraban en los barrios Observatorio y Villa Belgrano.
El enterramiento sanitario de Potrero del Estado operó hasta el 1º de abril de 2010, recibiendo en los últimos años 75 mil toneladas mensuales de basura que eran compactadas y enterradas, sumando unas 900 mil toneladas anuales.
En las décadas de 1980 y de 1990 se procesaban unas 200 mil toneladas de basura por año.
Durante los 28 años que funcionó, el predio de 220 hectáreas recibió más de 10 millones de toneladas de residuos. Esa basura está dividida en nueve fosas. Las primeras ocho se utilizaron desde 1982 hasta 1998, y hoy están cerradas.
La fosa nueve comenzó a operar ese año, hasta 2010. Tiene 840 metros de largo por 385 de ancho, una profundidad de 16 metros y una altura de 22.
Esta última fosa, que el municipio está cerrando ahora, tendría una vida útil que le permitiría seguir operando hasta 2016, pero fue clausurada por la presión de los vecinos de Bouwer.
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La fosa 9 es la última que falta cerrar del predio
El municipio capitalino lo está haciendo desde hace seis meses. El lugar quedó abandonado en 2010. Las tareas demandarán un año.
Luego de algunos años de demora, la Municipalidad de Córdoba está cerrando la última fosa del enterramiento sanitario de Potrero del Estado, ubicado en la localidad de Bouwer. Con tierra que llega desde el relleno de Piedras Blancas, se cubren los desperdicios que habían quedado al aire libre desde abril de 2010.
El vertedero controlado de Potrero del Estado, ubicado 18 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, funcionó hasta el 1º de abril de 2010. La decisión de abandonarlo se había tomado un año antes, tras una protesta de vecinos de Bouwer que bloquearon el acceso al predio.
Posee nueve fosas en las que hay enterradas alrededor de 10 millones de toneladas de residuos que desde 1981 generó principalmente la ciudad de Córdoba.
A la última fosa habilitada, la nueve, jamás se la cubrió con tierra. Quedó con la basura expuesta, sin que se le terminara el cerramiento.
En 2011, la empresa Crese había realizado un llamado a licitación por 30 millones de pesos para clausurarla, pero la iniciativa fue desestimada ya que se realizaba en los últimos meses de la gestión del intendente Daniel Giacomino.
Intimación judicial
En diciembre pasado, la jueza de primera instancia de Alta Gracia, María Graciela Vigilanti, emplazó a la Municipalidad de Córdoba “a efectuar todas las actividades necesarias para evitar la contaminación ambiental con motivo del enterramiento de residuos explotado en Potrero del Estado” y a continuar con “el procesamiento de los residuos, tratamiento de lixiviados y de remediación en su caso”.
La jueza también dispuso que el municipio debe arbitrar los medios “para la captación de gases en todo el predio y posterior tratamiento, en especial en la fosa 9”.
Así, en febrero comenzaron las tareas de cerramiento, para lo que hacen falta 650 mil metros cúbicos de tierra –equivalentes a 650 mil toneladas– para terminar de cerrar la fosa de 400 metros de ancho, 800 metros de largo y 18 metros de elevación sobre la superficie. En realidad, el cierre será hasta el punto en que se abandonó, aproximadamente a unos 500 metros desde donde se empezó a trabajar.
Alejandro Chincarini, jefe de Tratamiento y Disposición Final de la Municipalidad de Córdoba, explicó que en el trabajo de traslado de tierra están involucrados ocho camiones que realizan ocho viajes cada uno por día. “La idea era poder terminar de procesar los residuos correctamente, que significa compactar y tapar”, comentó Chincarini.
Los trabajos se extenderán por un año más, hasta terminar de cubrir y compactar la fosa nueve. Luego se seguirán haciendo los controles de agua, de venteo de gases y tratamiento de lixiviados por los próximos 20 o 30 años.
El material se origina en el relleno de Piedras Blancas, localizado a pocos kilómetros hacia Córdoba, donde se efectúan las excavaciones de nuevas fosas que le permitirán continuar recibiendo unas dos mil toneladas diarias de residuos por al menos 18 meses más, hasta que se ponga en marcha el nuevo predio ubicado a 800 metros de Potrero del Estado.
Qué sigue
El subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, indicó que una vez cerrada la fosa se debe continuar con la clausura y posclausura. Según el funcionario, se colocará una cubierta verde y se implantarán especies vegetales.
También se debe retirar restos de residuos peligrosos que serán destinados a una planta de tratamiento de la empresa Taym.
“Apuntamos a generar la recuperación como un lugar de cobertura verde y forestación”, afirmó Roca, quien agregó que lo mismo va a suceder con el relleno de Piedras Blancas.
“Si conseguimos los fondos para financiarlo, lo ideal sería la construcción de un ecoparque”, acotó el subsecretario.
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Lo que viene para la basura de la Capital
La idea es construir una planta de tratamiento mecánico de la basura con capacidad para procesar 500 toneladas diarias (44% de lo que genera Córdoba), y que retire los materiales reciclables.
En paralelo con el cierre de la fosa nueve del enterramiento sanitario de Potrero del Estado y de la extensión de la vida útil del relleno de Piedras Blancas, se trabaja en delinear lo que serán los próximos 20 años en lo referido al tratamiento y disposición final de los residuos cordobeses.
En esa tarea se encuentra la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor), la sociedad anónima que creó la Municipalidad capitalina para que se encargue de la gestión de la basura.
Lo que se va a hacer ya está definido. Luego de un workshop del que participaron más de una veintena de empresas nacionales e internacionales, las propuestas fueron evaluadas por un comité integrado por científicos de las universidades Nacional, Católica y Tecnológica y por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y de la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS).
La decisión es construir una planta de tratamiento mecánico de la basura con capacidad de procesar 500 toneladas diarias (el 44 por ciento de lo que genera Córdoba), que retire los materiales reciclables. También se construirá un nuevo relleno sanitario y se gestionarán por separado los restos de poda, neumáticos y escombros.
Nueva planta
El Inti trabaja en el diseño de la planta de tratamiento mecánico y la ARS en la ingeniería de la instalación.
En principio, se instalará en un predio ubicado un kilómetro al sur de Potrero del Estado, y el vértice nordeste está a cuatro kilómetros de la localidad de Bouwer.
Según se había informado, el terreno tiene unas 270 hectáreas y allí se deberá dar disposición final a la basura por los próximos 30 años.
Pero esta localización aún no está totalmente confirmada. Trascendió que en Cormecor barajan otras localizaciones, siempre en la zona sur y en las áreas demarcadas por la Universidad Nacional de Córdoba. Se estaría analizando un nuevo predio con mejores características y accesibilidad que aquel que en principio se había seleccionado y por el cual se pidió a la Provincia su expropiación.
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La historia del relleno y los basurales a cielo abierto
Potrero del Estado se estableció a principios de los ’80, para terminar con los basurales a cielo abierto de la década de 1970.
Se eligió un sitio ubicado 18 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, muy cercano a la localidad de Bouwer.
La adopción del sistema de relleno sanitario significó un salto cualitativo en lo que se refiere a la disposición final de los residuos, ya que hasta ese momento, los residuos se arrojaban en basurales habilitados en la zona sur.
Esos basurales estaban donde hoy se asienta barrio Nuestro Hogar III y en el actual relleno sanitario de Piedras Blancas.
Se habían establecido después del cierre de dos incineradores que se encontraban en los barrios Observatorio y Villa Belgrano.
El enterramiento sanitario de Potrero del Estado operó hasta el 1º de abril de 2010, recibiendo en los últimos años 75 mil toneladas mensuales de basura que eran compactadas y enterradas, sumando unas 900 mil toneladas anuales.
En las décadas de 1980 y de 1990 se procesaban unas 200 mil toneladas de basura por año.
Durante los 28 años que funcionó, el predio de 220 hectáreas recibió más de 10 millones de toneladas de residuos. Esa basura está dividida en nueve fosas. Las primeras ocho se utilizaron desde 1982 hasta 1998, y hoy están cerradas.
La fosa nueve comenzó a operar ese año, hasta 2010. Tiene 840 metros de largo por 385 de ancho, una profundidad de 16 metros y una altura de 22.
Esta última fosa, que el municipio está cerrando ahora, tendría una vida útil que le permitiría seguir operando hasta 2016, pero fue clausurada por la presión de los vecinos de Bouwer.
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18 ago 2014
Una aclaración necesaria sobre la basura en Córdoba
La Voz del Interior (18/08/2014)
Una aclaración necesaria sobre la basura en Córdoba
Por Juan Lupi - Intendente de la Municipalidad de Bouwer
Quiero aclarar algunos puntos en relación con la nota sobre enterramiento y tratamiento de residuos, titulada “La basura de Córdoba”, escrita por el exsecretario de Ambiente de la Provincia Raúl Costa y publicada en la edición del jueves 7 de agosto en esta página.
Expresa muchos conceptos que, en líneas generales, comparto, pero incurre en algunos errores de información, fundamentalmente en lo referente a los motivos del cierre del vertedero de Bouwer, que resultan de gran importancia en la línea argumental de la nota.
Costa afirma que el cierre del vertedero se debió a un error del entonces intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, quien cedió ante la presión de un puñado de vecinos de Bouwer. Si bien la lucha de los vecinos resultó muy importante, no fue esta la causa principal del cierre.
En 2009, se redefinieron los radios de muchos municipios, entre ellos el de la comuna de Bouwer. En el nuevo ejido, quedó incorporado el predio de Potrero del Estado, a propuesta de nuestro municipio.
Una vez concretado este cambio en la situación del predio, la comuna de Bouwer dictó, el 3 de noviembre de 2009, la resolución número 97/09, la que en su artículo 1 estableció la prohibición del depósito, enterramiento o disposición final en el radio comunal de Bouwer de todo tipo de residuos producidos en otras jurisdicciones.
En su artículo 2, otorgó un plazo de 150 días a las plantas que en ese momento se encontraban en funcionamiento (vertedero de la Municipalidad de Córdoba) para cesar en sus actividades. El artículo 3 establecía que aquellas plantas que no cumplieran con este plazo serían clausuradas.
El plazo otorgado vencía el 2 de abril de 2010, y el entonces intendente Giacomino procedió el día anterior al cierre del vertedero. Es decir que si decimos que hubo apresuramiento en el cierre, en todo caso fue de un día y ante la inminencia de la clausura.
Por otra parte, llama la atención que el exsecretario de Ambiente de la Provincia afirme que el vertedero estaba habilitado, ya que fue la misma Provincia la que en 2006, al prorrogar el comodato del predio a la Municipalidad de Córdoba, le exigió como condición la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, el que no fue aprobado por la Secretaría de Ambiente debido a la gran cantidad de irregularidades que presentaba.
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Una aclaración necesaria sobre la basura en Córdoba
Por Juan Lupi - Intendente de la Municipalidad de Bouwer
Quiero aclarar algunos puntos en relación con la nota sobre enterramiento y tratamiento de residuos, titulada “La basura de Córdoba”, escrita por el exsecretario de Ambiente de la Provincia Raúl Costa y publicada en la edición del jueves 7 de agosto en esta página.
Expresa muchos conceptos que, en líneas generales, comparto, pero incurre en algunos errores de información, fundamentalmente en lo referente a los motivos del cierre del vertedero de Bouwer, que resultan de gran importancia en la línea argumental de la nota.
Costa afirma que el cierre del vertedero se debió a un error del entonces intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, quien cedió ante la presión de un puñado de vecinos de Bouwer. Si bien la lucha de los vecinos resultó muy importante, no fue esta la causa principal del cierre.
En 2009, se redefinieron los radios de muchos municipios, entre ellos el de la comuna de Bouwer. En el nuevo ejido, quedó incorporado el predio de Potrero del Estado, a propuesta de nuestro municipio.
Una vez concretado este cambio en la situación del predio, la comuna de Bouwer dictó, el 3 de noviembre de 2009, la resolución número 97/09, la que en su artículo 1 estableció la prohibición del depósito, enterramiento o disposición final en el radio comunal de Bouwer de todo tipo de residuos producidos en otras jurisdicciones.
En su artículo 2, otorgó un plazo de 150 días a las plantas que en ese momento se encontraban en funcionamiento (vertedero de la Municipalidad de Córdoba) para cesar en sus actividades. El artículo 3 establecía que aquellas plantas que no cumplieran con este plazo serían clausuradas.
El plazo otorgado vencía el 2 de abril de 2010, y el entonces intendente Giacomino procedió el día anterior al cierre del vertedero. Es decir que si decimos que hubo apresuramiento en el cierre, en todo caso fue de un día y ante la inminencia de la clausura.
Por otra parte, llama la atención que el exsecretario de Ambiente de la Provincia afirme que el vertedero estaba habilitado, ya que fue la misma Provincia la que en 2006, al prorrogar el comodato del predio a la Municipalidad de Córdoba, le exigió como condición la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, el que no fue aprobado por la Secretaría de Ambiente debido a la gran cantidad de irregularidades que presentaba.
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7 ago 2014
Costa opina sobre la basura de Córdoba
La Voz del Interior (07/08/2014)
La basura de Córdoba
Por Raúl Costa - Exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba
El problema de la basura para la ciudad de Córdoba y más de 20 localidades de lo que se denomina el Gran Córdoba no es nuevo. Es de vieja data, pero se acentuó a partir de lo que, considero, fue un error del entonces intendente Daniel Giacomino, cuando a poco de asumir y ante la presión de un puñado de vecinos de la localidad de Bouwer, decidió cerrar el vertedero ubicado en ese lugar y anunciar la mudanza hacia algún sitio más alejado, más seguro y de menor impacto ambiental.
Fue un error. No con esto estoy diciendo que el vertedero de Potrero del Estado (Bouwer) debería haber seguido funcionando de manera indefinida. No. Pero tenía aún una vida útil por algún tiempo más; de hecho, la cava que se estaba llenando por entonces, la número nueve, había sido habilitada hacía poco tiempo y quedaba espacio por cubrir, además de estar convenientemente impermeabilizada.
Pero aquel intendente se apuró. Tal vez acosado por la protesta, legítima por cierto, de los vecinos. Y anunció de forma unilateral lo que no pudo traducir en hechos: una nueva localización, que no traería problemas para vecino alguno. Una ingenuidad.
Nadie quiere tener la basura cerca de su casa. Pero en algún lugar se debe tratar, en algún sitio se la debe depositar, aunque sea de forma transitoria. Y allí se la trataba, con deficiencias tal vez, pero se trabajaba en un lugar habilitado y controlado.
Nuevos problemas
Se comprometió al Gobierno provincial. Y a las universidades. Estas, porque deberían evaluar y decidir acerca del mejor lugar. Aquel, porque debería poner el dinero para la pertinente expropiación o compra del terreno una vez escogido.
Unos y otros cumplieron su función y actuaron a la altura de las circunstancias. El entonces gobernador Juan Schiaretti comprometió los recursos (económicos y humanos) y las universidades se involucraron en la cuestión.
Pero ocurrió lo previsible: no fue fácil determinar el sitio adecuado; tan sólo se acudió a un lugar “transitorio” (que no solucionó nada; es más, está cerca de Bouwer mismo y aún más cerca de la ciudad de Córdoba y de barrios densamente poblados). Y hoy, el apuro de aquel intendente, su falta de cintura para afrontar una protesta y tal vez también su inexperiencia aún son padecidos por los ciudadanos. Además, se volvió a un lugar cerrado en 1981, pues allí, en Piedras Blancas, ya se había enterrado basura tiempo atrás.
Por otro lado, aquel intendente se había comprometido también ante los vecinos a no “elevar” la altura del terreno con basura en más de un metro, y hoy esa medida ya se habría superado en algunos sectores. Entonces, ahora, cuando el objetivo es “alargar” la vida útil del predio, ¿se dan cuenta de que el camino elegido fue erróneo?
Sólo queda estirar su utilización hasta 2016; es decir que la decisión pasará a manos de nuevos gobernantes. Ergo, se sigue improvisando.
Recordemos que cuando se abrió, en 2010, se habilitó en forma provisoria, supuestamente por dos años como máximo.
No será fácil determinar el lugar y formalizar el traslado, por aquello de que nadie quiere tener la basura cerca de su casa. También, porque será arduo superar los estudios de impacto ambiental que, en mayor o menor medida, sin dudas se producirá sea cual fuere el sitio escogido.
Hubiese sido deseable, y así lo hice saber en su momento, que el vertedero de Bouwer continuara funcionando un tiempo más, con controles estrictos para asegurar un buen manejo, y definir una estrategia clara acerca de qué hacer con los residuos en cuanto a su tratamiento y disposición final, para, junto con la comunidad, trabajar en un proyecto para los próximos 50 años.
Salidas posibles
Alternativas hay, no sólo para el funcionamiento de un vertedero, sino también para la recolección misma. Tiene que ser diferenciada, pasando por la clasificación, que debe hacerse con plantas de tratamiento, donde se separe lo orgánico de lo que no lo es.
Hay que aprovechar todo lo que se pueda de los residuos, mediante tratamiento de los líquidos lixiviados, la transformación en energía o el enfardado o encapsulado. En fin, existen muchas variantes para analizar y producir, pero en el marco de una planificación estratégica.
Si bien un problema actual es el manejo de los líquidos lixiviados –que desprende la basura y que no estarían siendo extraídos del lugar y tratados en otro sitio, sino “recirculados” allí mismo, lo que no es bueno–, se pueden hacer muchas cosas que brinden paliativos a la situación planteada.
Al menos, a esta altura de los tiempos, la ciudad de Córdoba ya debería separar de manera correcta lo que es basura húmeda (es decir, la que se descompone) de la seca (como el vidrio, latas, papeles, etcétera). Así se reciclaría todo lo que es seco y se reduciría en un 20 por ciento lo que iría como destino final al relleno.
Municipios asociados
Un párrafo aparte merece la cuesti ón de los municipios “asociados” a través de Cormecor, que muchas veces son utilizados como “carne de cañón” y otras tantas sufren la incertidumbre surgida de estar atados a la suerte de Córdoba capital.
El 95 por ciento de la basura que se deposita hoy en el vertedero que funciona sobre la ruta 36, a metros del peaje, proviene de la capital mediterránea, y apenas alrededor del cinco por ciento restante proviene de dichos municipios.
No deben ser estos moneda de cambio ni motivo de negociaciones especiales, ya que si no se les permitiera llevar la basura allí, no se solucionaría en nada el problema de fondo y se agregarían veintitantos nuevos potenciales focos de conflicto y de desastre ambiental.
Tampoco podrá obviarse la urgente necesidad de realizar las actividades de posclausura, es decir, la remediación del predio de Bouwer. Y en su momento deberá hacerse lo mismo con el predio de Piedras Blancas. No se puede subestimar esa obligación; es tan importante como un correcto manejo y funcionamiento.
Abocarse al tema, brindar una solución de fondo tratando de no repetir errores del pasado es lo que espera la comunidad. Alguna vez habrá que hacerlo.
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La basura de Córdoba
Por Raúl Costa - Exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba
El problema de la basura para la ciudad de Córdoba y más de 20 localidades de lo que se denomina el Gran Córdoba no es nuevo. Es de vieja data, pero se acentuó a partir de lo que, considero, fue un error del entonces intendente Daniel Giacomino, cuando a poco de asumir y ante la presión de un puñado de vecinos de la localidad de Bouwer, decidió cerrar el vertedero ubicado en ese lugar y anunciar la mudanza hacia algún sitio más alejado, más seguro y de menor impacto ambiental.
Fue un error. No con esto estoy diciendo que el vertedero de Potrero del Estado (Bouwer) debería haber seguido funcionando de manera indefinida. No. Pero tenía aún una vida útil por algún tiempo más; de hecho, la cava que se estaba llenando por entonces, la número nueve, había sido habilitada hacía poco tiempo y quedaba espacio por cubrir, además de estar convenientemente impermeabilizada.
Pero aquel intendente se apuró. Tal vez acosado por la protesta, legítima por cierto, de los vecinos. Y anunció de forma unilateral lo que no pudo traducir en hechos: una nueva localización, que no traería problemas para vecino alguno. Una ingenuidad.
Nadie quiere tener la basura cerca de su casa. Pero en algún lugar se debe tratar, en algún sitio se la debe depositar, aunque sea de forma transitoria. Y allí se la trataba, con deficiencias tal vez, pero se trabajaba en un lugar habilitado y controlado.
Nuevos problemas
Se comprometió al Gobierno provincial. Y a las universidades. Estas, porque deberían evaluar y decidir acerca del mejor lugar. Aquel, porque debería poner el dinero para la pertinente expropiación o compra del terreno una vez escogido.
Unos y otros cumplieron su función y actuaron a la altura de las circunstancias. El entonces gobernador Juan Schiaretti comprometió los recursos (económicos y humanos) y las universidades se involucraron en la cuestión.
Pero ocurrió lo previsible: no fue fácil determinar el sitio adecuado; tan sólo se acudió a un lugar “transitorio” (que no solucionó nada; es más, está cerca de Bouwer mismo y aún más cerca de la ciudad de Córdoba y de barrios densamente poblados). Y hoy, el apuro de aquel intendente, su falta de cintura para afrontar una protesta y tal vez también su inexperiencia aún son padecidos por los ciudadanos. Además, se volvió a un lugar cerrado en 1981, pues allí, en Piedras Blancas, ya se había enterrado basura tiempo atrás.
Por otro lado, aquel intendente se había comprometido también ante los vecinos a no “elevar” la altura del terreno con basura en más de un metro, y hoy esa medida ya se habría superado en algunos sectores. Entonces, ahora, cuando el objetivo es “alargar” la vida útil del predio, ¿se dan cuenta de que el camino elegido fue erróneo?
Sólo queda estirar su utilización hasta 2016; es decir que la decisión pasará a manos de nuevos gobernantes. Ergo, se sigue improvisando.
Recordemos que cuando se abrió, en 2010, se habilitó en forma provisoria, supuestamente por dos años como máximo.
No será fácil determinar el lugar y formalizar el traslado, por aquello de que nadie quiere tener la basura cerca de su casa. También, porque será arduo superar los estudios de impacto ambiental que, en mayor o menor medida, sin dudas se producirá sea cual fuere el sitio escogido.
Hubiese sido deseable, y así lo hice saber en su momento, que el vertedero de Bouwer continuara funcionando un tiempo más, con controles estrictos para asegurar un buen manejo, y definir una estrategia clara acerca de qué hacer con los residuos en cuanto a su tratamiento y disposición final, para, junto con la comunidad, trabajar en un proyecto para los próximos 50 años.
Salidas posibles
Alternativas hay, no sólo para el funcionamiento de un vertedero, sino también para la recolección misma. Tiene que ser diferenciada, pasando por la clasificación, que debe hacerse con plantas de tratamiento, donde se separe lo orgánico de lo que no lo es.
Hay que aprovechar todo lo que se pueda de los residuos, mediante tratamiento de los líquidos lixiviados, la transformación en energía o el enfardado o encapsulado. En fin, existen muchas variantes para analizar y producir, pero en el marco de una planificación estratégica.
Si bien un problema actual es el manejo de los líquidos lixiviados –que desprende la basura y que no estarían siendo extraídos del lugar y tratados en otro sitio, sino “recirculados” allí mismo, lo que no es bueno–, se pueden hacer muchas cosas que brinden paliativos a la situación planteada.
Al menos, a esta altura de los tiempos, la ciudad de Córdoba ya debería separar de manera correcta lo que es basura húmeda (es decir, la que se descompone) de la seca (como el vidrio, latas, papeles, etcétera). Así se reciclaría todo lo que es seco y se reduciría en un 20 por ciento lo que iría como destino final al relleno.
Municipios asociados
Un párrafo aparte merece la cuesti ón de los municipios “asociados” a través de Cormecor, que muchas veces son utilizados como “carne de cañón” y otras tantas sufren la incertidumbre surgida de estar atados a la suerte de Córdoba capital.
El 95 por ciento de la basura que se deposita hoy en el vertedero que funciona sobre la ruta 36, a metros del peaje, proviene de la capital mediterránea, y apenas alrededor del cinco por ciento restante proviene de dichos municipios.
No deben ser estos moneda de cambio ni motivo de negociaciones especiales, ya que si no se les permitiera llevar la basura allí, no se solucionaría en nada el problema de fondo y se agregarían veintitantos nuevos potenciales focos de conflicto y de desastre ambiental.
Tampoco podrá obviarse la urgente necesidad de realizar las actividades de posclausura, es decir, la remediación del predio de Bouwer. Y en su momento deberá hacerse lo mismo con el predio de Piedras Blancas. No se puede subestimar esa obligación; es tan importante como un correcto manejo y funcionamiento.
Abocarse al tema, brindar una solución de fondo tratando de no repetir errores del pasado es lo que espera la comunidad. Alguna vez habrá que hacerlo.
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18 jun 2014
Clavijo pide una consulta popular en Bouwer
La Voz del Interior (18/06/2014)
Bouwer: impulsarán consulta popular
Legislador del Frente Cívico dijo que la promoverán. Lo habilita la nueva ley de ambiente, que hasta ayer no había sido promulgada.
“Vamos a avanzar para que haya consulta en el caso de Bouwer y en otros”, sostuvo Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico en referencia a la planta de tratamiento y disposición final de residuos que Cormecor prevé instalar al sur de esa localidad. “La ley fue pensada en función de muchos de los conflictos ambientales actuales de la provincia”, afirmó Clavijo.
La ley provincial de ambiente Nº 10.208, aprobada en medio de graves disturbios el miércoles pasado, establece que las instalaciones de tratamiento y destino final de residuos domiciliarios con capacidad de recibir basura de más de 100 mil habitantes estarán sujetas de manera obligatoria a la evaluación de impacto ambiental.
Ese proceso incluye un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública obligatoria, previo al otorgamiento de la las autorizaciones por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial.
Si bien para la mayoría de los casos la ley prevé una audiencia pública, en los artículos 68º y 69º establece: “Los proyectos aprobados y que en su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental hayan sido categorizados como de Alta Complejidad Ambiental que generen especial conflicto social deben ser sometidos a consulta popular”.
En esa localidad, un grupo de vecinos y el intendente Juan Lupi rechazan la instalación del vertedero ya que temen que cause daño ambiental en una zona donde ya hubo un enterramiento que aún no fue remediado.
De acuerdo con la ley, la consulta popular puede ser exigida por el Poder Ejecutivo, el Legislativo o por la población afectada, si junta un número determinado de firmas.
En el caso de Bouwer, por tener menos de 10 mil habitantes, se exigen las firmas de al menos el 20 por ciento del electorado.
La ley indica que están habilitadas a participar las personas registradas en el último padrón electoral de la localidad o región potencialmente afectadas y establece que el proceso de certificación de firmas será gratuito y acorde al procedimiento que disponga el Ministerio.
Pocas precisiones
Consultado por este diario, Jhon Boretto, el presidente de Cormecor –la sociedad anónima que integran la Municipalidad de Córdoba junto a otros nueve municipios metropolitanos para gestionar los residuos– dijo: “Sabemos que (la autorización de la planta de Bouwer) está enmarcada en la nueva ley, pero aún no sabemos cómo se va a instrumentar”.
Sobre la hipótesis de una posible consulta popular, Boretto sostuvo: “No sé como se podría instrumentar. ¿Quiénes votarían?”, se preguntó. “No está dentro de ningún ejido municipal”.
Por su parte, el intente Lupi dijo que desconocía el texto fino de la ley y que lo estaba analizando su asesor en ese tema.
Hasta ayer, la ley todavía no había sido promulgada por el gobernador José Manuel de la Sota. Luego de su promulgación, se espera que el Poder Ejecutivo redacte una reglamentación.
La planta de residuos se planea construir en un predio de 270 hectáreas, a 18 kilómetros al sur de la Capital, a metros del ejido municipal de Bouwer.
La Provincia aún no expropió el terreno; esperará a que está aprobada la evaluación de impacto ambiental. En tanto, Cormecor ya advirtió que necesita con urgencia empezar los trabajos porque se agota la capacidad del enterramiento actual, de Piedra Blanca.
Definen tecnología
Jhon Boretto, presidente de Cormecor, dijo que el jueves que viene se realizará la exposición de las conclusiones de un workshop efectuado el año pasado para decidir qué procedimiento y tecnología se usará para el tratamiento de los residuos.
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Bouwer: impulsarán consulta popular
Legislador del Frente Cívico dijo que la promoverán. Lo habilita la nueva ley de ambiente, que hasta ayer no había sido promulgada.
“Vamos a avanzar para que haya consulta en el caso de Bouwer y en otros”, sostuvo Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico en referencia a la planta de tratamiento y disposición final de residuos que Cormecor prevé instalar al sur de esa localidad. “La ley fue pensada en función de muchos de los conflictos ambientales actuales de la provincia”, afirmó Clavijo.
La ley provincial de ambiente Nº 10.208, aprobada en medio de graves disturbios el miércoles pasado, establece que las instalaciones de tratamiento y destino final de residuos domiciliarios con capacidad de recibir basura de más de 100 mil habitantes estarán sujetas de manera obligatoria a la evaluación de impacto ambiental.
Ese proceso incluye un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública obligatoria, previo al otorgamiento de la las autorizaciones por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial.
Si bien para la mayoría de los casos la ley prevé una audiencia pública, en los artículos 68º y 69º establece: “Los proyectos aprobados y que en su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental hayan sido categorizados como de Alta Complejidad Ambiental que generen especial conflicto social deben ser sometidos a consulta popular”.
En esa localidad, un grupo de vecinos y el intendente Juan Lupi rechazan la instalación del vertedero ya que temen que cause daño ambiental en una zona donde ya hubo un enterramiento que aún no fue remediado.
De acuerdo con la ley, la consulta popular puede ser exigida por el Poder Ejecutivo, el Legislativo o por la población afectada, si junta un número determinado de firmas.
En el caso de Bouwer, por tener menos de 10 mil habitantes, se exigen las firmas de al menos el 20 por ciento del electorado.
La ley indica que están habilitadas a participar las personas registradas en el último padrón electoral de la localidad o región potencialmente afectadas y establece que el proceso de certificación de firmas será gratuito y acorde al procedimiento que disponga el Ministerio.
Pocas precisiones
Consultado por este diario, Jhon Boretto, el presidente de Cormecor –la sociedad anónima que integran la Municipalidad de Córdoba junto a otros nueve municipios metropolitanos para gestionar los residuos– dijo: “Sabemos que (la autorización de la planta de Bouwer) está enmarcada en la nueva ley, pero aún no sabemos cómo se va a instrumentar”.
Sobre la hipótesis de una posible consulta popular, Boretto sostuvo: “No sé como se podría instrumentar. ¿Quiénes votarían?”, se preguntó. “No está dentro de ningún ejido municipal”.
Por su parte, el intente Lupi dijo que desconocía el texto fino de la ley y que lo estaba analizando su asesor en ese tema.
Hasta ayer, la ley todavía no había sido promulgada por el gobernador José Manuel de la Sota. Luego de su promulgación, se espera que el Poder Ejecutivo redacte una reglamentación.
La planta de residuos se planea construir en un predio de 270 hectáreas, a 18 kilómetros al sur de la Capital, a metros del ejido municipal de Bouwer.
La Provincia aún no expropió el terreno; esperará a que está aprobada la evaluación de impacto ambiental. En tanto, Cormecor ya advirtió que necesita con urgencia empezar los trabajos porque se agota la capacidad del enterramiento actual, de Piedra Blanca.
Definen tecnología
Jhon Boretto, presidente de Cormecor, dijo que el jueves que viene se realizará la exposición de las conclusiones de un workshop efectuado el año pasado para decidir qué procedimiento y tecnología se usará para el tratamiento de los residuos.
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4 jun 2014
RCP para Piedras Blancas
Día a Día (04/06/2014)
Basura: Municipalidad y Provincia buscan alargar la vida útil del enterramiento de Piedras Blancas
Quieren duplicar el traslado de tierra de ese complejo a Bouwer. Con eso, al actual enterramiento le quedarían 10 meses de uso.
Alargar su vida útil considerando que se demora la expropiación del lote que debe reemplazarlo. Eso busca lograr la Municipalidad de Córdoba con el enterramiento de Piedras Blancas, el lugar que a diario recibe más de 2 mil toneladas de basura de esta ciudad y de una docena del Gran Córdoba. Ayer, horas después de que cesara un protesta realizada por el sindicado de recolectores (Surrbac) en reclamo, entre otras cosas, por “el mal estado” del predio; el municipio informó que realizará varios trabajos en el lugar con vistas a ampliar su capacidad para recibir residuos.
El principal consiste en acelerar el traslado de tierra de piedras Blancas al ex enterramiento de Bouwer. “En la fosa que hoy usamos hay un terraplén que debemos desplazar para poder seguir con el cavado, son miles de metros cúbicos (m3) de tierra que hay que trasladar”, precisó Sebastián Roca, subsecretario de Ambiente del municipio. Y reveló que la Provincia ya comprometió ayuda para intensificar esa tarea: “Van a prestarnos más equipos, camiones con bateas y una retroexcavadora. Con eso podremos mudar más metros cúbicos. Estábamos llevando unos 30 mil (m3) mensuales y queremos sumar otros 30 mil”, dijo el funcionario.
Roca señaló que la tierra es llevada al ex enterramiento de Potrero del Estado, donde se utiliza para rellenar la fosa 9 –la última que quedó abierta en el complejo–, una labor que estaba pendiente y que los vecinos de Bouwer aceleraron con la presentación de un amparo judicial.
Trasladar unos 60 mil m3 de tierra por mes es lo que asegura necesitar el municipio para cumplir con los plazos de readecuación de Piedras Blancas y extender por 10 meses, desde ahora, su vida útil.
El funcionario señaló que la Provincia también trabajará con ellos en analizar qué se hace con dos líneas eléctricas de alta tensión que hoy cruzan el terreno y obligan a restringir en esa área la operatoria. El plan es despejarlas de alguna manera para poder aprovechar bien toda la superficie.
Licitación. Los trabajos previstos fueron detallados el lunes a la noche por el intendente Ramón Mestre a la cúpula del Surrbac y, señaló el sindicado, sirvieron para que los empleados depusieran una medida de fuerza (trabajo a reglamento) decretada en reclamo por malas condiciones en Piedras Blancas y en la base que usan Lusa y Cotreco en Circunvalación.
Junto a ese motivo enunciado, cierto es que en la protesta –que tomó de sorpresa al municipio– tallan también otros más de fondo, como la pendiente licitación del servicio de higiene urbana y la indemnización que esa renovación contractual depara a los 1.850 afiliados al Surrbac empleados en el sistema. Ambos procesos están abiertos y su pronta resolución interesa al gremio. Desde el Palacio 6 de Julio aseguran que en estos días se terminará con el estudio de las ofertas técnicas de las tres firmas en pugna (Lusa, Cotreco y Transporte Olivos), primer paso definitorio para la licitación. Medio mes después deberían conocerse las propuestas económicas.
El tema central que desvela al municipio son los costos: trascendidos señalan que implementar lo previsto en el pliego insumiría de arranque más de 100 millones de pesos mensuales, una factura para higiene urbana que la comuna no puede cubrir. Sobre eso, deben reunirse unos 130 millones para costear las indemnizaciones, ítem que la gestión Mestre intenta acordar pagar en cuotas y a largo plazo, una condición que el Surrbac no parece dispuesto a digerir.
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Basura: Municipalidad y Provincia buscan alargar la vida útil del enterramiento de Piedras Blancas
Quieren duplicar el traslado de tierra de ese complejo a Bouwer. Con eso, al actual enterramiento le quedarían 10 meses de uso.
Alargar su vida útil considerando que se demora la expropiación del lote que debe reemplazarlo. Eso busca lograr la Municipalidad de Córdoba con el enterramiento de Piedras Blancas, el lugar que a diario recibe más de 2 mil toneladas de basura de esta ciudad y de una docena del Gran Córdoba. Ayer, horas después de que cesara un protesta realizada por el sindicado de recolectores (Surrbac) en reclamo, entre otras cosas, por “el mal estado” del predio; el municipio informó que realizará varios trabajos en el lugar con vistas a ampliar su capacidad para recibir residuos.
El principal consiste en acelerar el traslado de tierra de piedras Blancas al ex enterramiento de Bouwer. “En la fosa que hoy usamos hay un terraplén que debemos desplazar para poder seguir con el cavado, son miles de metros cúbicos (m3) de tierra que hay que trasladar”, precisó Sebastián Roca, subsecretario de Ambiente del municipio. Y reveló que la Provincia ya comprometió ayuda para intensificar esa tarea: “Van a prestarnos más equipos, camiones con bateas y una retroexcavadora. Con eso podremos mudar más metros cúbicos. Estábamos llevando unos 30 mil (m3) mensuales y queremos sumar otros 30 mil”, dijo el funcionario.
Roca señaló que la tierra es llevada al ex enterramiento de Potrero del Estado, donde se utiliza para rellenar la fosa 9 –la última que quedó abierta en el complejo–, una labor que estaba pendiente y que los vecinos de Bouwer aceleraron con la presentación de un amparo judicial.
Trasladar unos 60 mil m3 de tierra por mes es lo que asegura necesitar el municipio para cumplir con los plazos de readecuación de Piedras Blancas y extender por 10 meses, desde ahora, su vida útil.
El funcionario señaló que la Provincia también trabajará con ellos en analizar qué se hace con dos líneas eléctricas de alta tensión que hoy cruzan el terreno y obligan a restringir en esa área la operatoria. El plan es despejarlas de alguna manera para poder aprovechar bien toda la superficie.
Licitación. Los trabajos previstos fueron detallados el lunes a la noche por el intendente Ramón Mestre a la cúpula del Surrbac y, señaló el sindicado, sirvieron para que los empleados depusieran una medida de fuerza (trabajo a reglamento) decretada en reclamo por malas condiciones en Piedras Blancas y en la base que usan Lusa y Cotreco en Circunvalación.
Junto a ese motivo enunciado, cierto es que en la protesta –que tomó de sorpresa al municipio– tallan también otros más de fondo, como la pendiente licitación del servicio de higiene urbana y la indemnización que esa renovación contractual depara a los 1.850 afiliados al Surrbac empleados en el sistema. Ambos procesos están abiertos y su pronta resolución interesa al gremio. Desde el Palacio 6 de Julio aseguran que en estos días se terminará con el estudio de las ofertas técnicas de las tres firmas en pugna (Lusa, Cotreco y Transporte Olivos), primer paso definitorio para la licitación. Medio mes después deberían conocerse las propuestas económicas.
El tema central que desvela al municipio son los costos: trascendidos señalan que implementar lo previsto en el pliego insumiría de arranque más de 100 millones de pesos mensuales, una factura para higiene urbana que la comuna no puede cubrir. Sobre eso, deben reunirse unos 130 millones para costear las indemnizaciones, ítem que la gestión Mestre intenta acordar pagar en cuotas y a largo plazo, una condición que el Surrbac no parece dispuesto a digerir.
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23 may 2014
Niños piden un Bower sin basura y contaminación
La Mañana de Córdoba (23/05/2014)
Alumnos de Bouwer le pidieron a Grahovac un 'mejor ambiente' para su escuela
Los estudiantes de una escuela rural le entregaron una carta cuando el ministro de Educación fue a inaugurar dos aulas. Además, le pidieron que interceda ante las autoridades provinciales pertinentes para que “no compre los terrenos destinados a ubicar un nuevo enterramiento de basura en la zona”.
Alumnos de la Escuela rural Cornelio Saavedra de la localidad de Bouwer le entregaron una carta al ministro de Educación de la Provincia Walter Grahovac para solicitarle se ocupe de mejorar las condiciones ambientales que rodean el establecimiento escolar.
Además, le pidieron que interceda ante las autoridades provinciales pertinentes para que “no compre los terrenos destinados a ubicar un nuevo enterramiento de basura en la zona”.
La iniciativa surgió de una alumna de primer año que al conocer que el funcionario provincial visitaría la escuela para inaugurar dos aulas, escribió una nota que firmaron tanto alumnos como docentes.
“Nos parece bien que venga a inaugurar aulas recién hechas y pintadas, pero lo que nosotros queremos es no enfermarnos“, dice un fragmento de la nota que recibió la semana pasada en Bouwer el ministro de Educación, Walter Grahovac.
“Llegué a la escuela con la nota y se la mostré a mis compañeros. Estaban apurados por firmar, todos querían firmar, estaban contentos”, relató Pamela, de 13 años.
“Cuando el ministro vino a nuestra aula, le entregué la carta. La leyó y después le pidió a otro compañero que la leyera en voz alta. Dijo que también estaba preocupado pero que esa no es su área“, contó la alumna que el año pasado fue abanderada del nivel inicial.
La directora del establecimiento, María Teresa Destéfanis, agregó que durante la visita oficial “llevamos al ministro afuera para que viera el depósito judicial y viera la huerta, que no podemos mantener por la cantidad de ratones que hay acá”. “A las aulas las pueden hacer de nuevo y colocarles pintura, pero a nuestros pulmones y nuestra sangre no los pueden volver a pintar, por eso le pedimos que no compren la tierra que les pide la Municipalidad para colocar el basural aquí cerquita“, dice la carta entregada a Grahovac.
“La visita del ministro fue muy importante para la escuela porque los chicos pudieron expresar sus inquietudes respecto al ambiente. Quizá el ministro no dio la repuesta que ellos esperaban, pero recibió la nota, la escuchó, la guardó y prometió hacerla llegar al gobernador”, evaluó Destéfanis.
“Ahora esperamos que el gobernador nos dé una respuesta“, apuntaron los alumnos. “Esperemos que el próximo basural no se ubique en esta zona ni cerca de ninguna escuela. Ya padecimos esto durante muchos años“, finalizó la directora.
La escuela fue fundada en 1935 y cuenta con 50 alumnos en el nivel medio, 70 en el primario y 20 en el jardín. Los docentes de la escuela cobran un extra del 60% de su sueldo porque su lugar de trabajo es considerado “zona desfavorable“.
La escuela rural está rodeada por miles de vehículos destruidos acumulados en un depósito a cielo abierto dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Calle de por medio se encuentra el predio en el que funcionaron el incinerador de residuos patógenos, la fosa para descarga de residuos industriales y las nueve fosas donde se depositaron durante tres décadas los residuos de la ciudad de Córdoba y otros municipios.
El vertedero fue cerrado en el año 2010 tras acumular unas 12 millones de toneladas de basura. Su remediación sigue pendiente. A 600 metros de allí se instalaría un nuevo enterramiento con capacidad para 24 millones de toneladas de basura.
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Hoy Día - Edición Electrónica (23/05/2014)
Niños de Bouwer pidieron mejoras a Grahovac
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Alumnos de Bouwer le pidieron a Grahovac un 'mejor ambiente' para su escuela
Los estudiantes de una escuela rural le entregaron una carta cuando el ministro de Educación fue a inaugurar dos aulas. Además, le pidieron que interceda ante las autoridades provinciales pertinentes para que “no compre los terrenos destinados a ubicar un nuevo enterramiento de basura en la zona”.
Alumnos de la Escuela rural Cornelio Saavedra de la localidad de Bouwer le entregaron una carta al ministro de Educación de la Provincia Walter Grahovac para solicitarle se ocupe de mejorar las condiciones ambientales que rodean el establecimiento escolar.
Además, le pidieron que interceda ante las autoridades provinciales pertinentes para que “no compre los terrenos destinados a ubicar un nuevo enterramiento de basura en la zona”.
La iniciativa surgió de una alumna de primer año que al conocer que el funcionario provincial visitaría la escuela para inaugurar dos aulas, escribió una nota que firmaron tanto alumnos como docentes.
“Nos parece bien que venga a inaugurar aulas recién hechas y pintadas, pero lo que nosotros queremos es no enfermarnos“, dice un fragmento de la nota que recibió la semana pasada en Bouwer el ministro de Educación, Walter Grahovac.
“Llegué a la escuela con la nota y se la mostré a mis compañeros. Estaban apurados por firmar, todos querían firmar, estaban contentos”, relató Pamela, de 13 años.
“Cuando el ministro vino a nuestra aula, le entregué la carta. La leyó y después le pidió a otro compañero que la leyera en voz alta. Dijo que también estaba preocupado pero que esa no es su área“, contó la alumna que el año pasado fue abanderada del nivel inicial.
La directora del establecimiento, María Teresa Destéfanis, agregó que durante la visita oficial “llevamos al ministro afuera para que viera el depósito judicial y viera la huerta, que no podemos mantener por la cantidad de ratones que hay acá”. “A las aulas las pueden hacer de nuevo y colocarles pintura, pero a nuestros pulmones y nuestra sangre no los pueden volver a pintar, por eso le pedimos que no compren la tierra que les pide la Municipalidad para colocar el basural aquí cerquita“, dice la carta entregada a Grahovac.
“La visita del ministro fue muy importante para la escuela porque los chicos pudieron expresar sus inquietudes respecto al ambiente. Quizá el ministro no dio la repuesta que ellos esperaban, pero recibió la nota, la escuchó, la guardó y prometió hacerla llegar al gobernador”, evaluó Destéfanis.
“Ahora esperamos que el gobernador nos dé una respuesta“, apuntaron los alumnos. “Esperemos que el próximo basural no se ubique en esta zona ni cerca de ninguna escuela. Ya padecimos esto durante muchos años“, finalizó la directora.
La escuela fue fundada en 1935 y cuenta con 50 alumnos en el nivel medio, 70 en el primario y 20 en el jardín. Los docentes de la escuela cobran un extra del 60% de su sueldo porque su lugar de trabajo es considerado “zona desfavorable“.
La escuela rural está rodeada por miles de vehículos destruidos acumulados en un depósito a cielo abierto dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Calle de por medio se encuentra el predio en el que funcionaron el incinerador de residuos patógenos, la fosa para descarga de residuos industriales y las nueve fosas donde se depositaron durante tres décadas los residuos de la ciudad de Córdoba y otros municipios.
El vertedero fue cerrado en el año 2010 tras acumular unas 12 millones de toneladas de basura. Su remediación sigue pendiente. A 600 metros de allí se instalaría un nuevo enterramiento con capacidad para 24 millones de toneladas de basura.
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Hoy Día - Edición Electrónica (23/05/2014)
Niños de Bouwer pidieron mejoras a Grahovac
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8 may 2014
"Apriete" policial por filmar en vertedero de Bouwer
La Mañana de Córdoba (08/05/2014)
Denuncian agresiones de policías y municipales a estudiantes en Bouwer
Se trata de jóvenes universitarios que hacían un documental sobre el problema de la basura.
La agrupación vecinal «Bouwer Sin Basura» y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunciaron agresiones contra estudiantes universitarios y una vecina de Bouwer cuando filmaban un documental frente al depósito de vehículos de la Justicia Provincial y al ex vertedero de residuos que la Municipalidad de Córdoba gestiona en la localidad de Bouwer.
Ambas organizaciones calificaron el hecho como «extremadamente grave», pues «la vecina y los estudiantes llegaron a temer por sus vidas ante la inaceptable y violenta actitud de un agente de seguridad y una patota compuesta por algunos empleados de la Municipalidad de Córdoba».
Los hechos, según los denunciantes, tuvieron lugar el pasado lunes en las inmediaciones de la Ruta Nacional 36, cuando Mónica Rescala, vecina de Bouwer, y cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica recorrían la zona para filmar un documental. El video se exhibiría en el marco de una charla-debate sobre vivienda y hábitat a realizarse el próximo miércoles en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC.
Según información suministrada por los denunciantes, “la vecina de Bouwer y cuatro estudiantes de distintas facultades de la UNC y la UTN se encontraban sobre una alcantarilla junto a la Ruta Nacional 36, frente al depósito de vehículos perteneciente al Poder Judicial de la provincia de Córdoba, cuando un automóvil se acercó a ellos. Del vehículo descendió un agente policial, que cargó su arma y los apuntó. Eran aproximadamente las 14.30”.
«Mientras nos apuntaba, exigía que nos identificáramos. Le explicamos que estábamos grabando un video para la facultad, pero recién bajó el arma cuando bajamos de la alcantarilla y uno de los chicos le mostró su libreta de estudiante», relató la vecina.
«También nos advirtió que tenían órdenes de ‘bajar’ a quienes entraran al depósito o pretendieran subir a las torres de alta tensión», añadieron los estudiantes.
Minutos después ocurrió el segundo episodio. Esta vez junto al predio del ex vertedero de residuos de la Municipalidad de Córdoba, sobre el camino de tierra que comunica a la Ruta Nacional 36 con el pueblo de Bouwer. Los estudiantes intentaban registrar el humo negro que se desprendía de una quema al interior del predio cuando desde allí salieron 5 personas -4 de ellos con uniformes de la Municipalidad de Córdoba- que agredieron al camarógrafo y amenazaron a la vecina de Bouwer y al resto de los universitarios.
«Estábamos filmando y se estacionó una camioneta blanca al ingreso del predio. Eran cinco personas completamente fuera de sí que bajaron del vehículo a los gritos exigiéndonos que nos identificáramos», indicó Franco Chávez, estudiante de la Facultad de Arquitectura.
«Yo les dije que no tenían derecho alguno a pedirnos identificación porque estábamos en un espacio público filmando un espacio también público. Entonces uno de los municipales le dijo a otro que tomara la chapa de mi vehículo», recordó Rescala.
«Decidimos hacer lo mismo y filmar la camioneta y su identificación. En ese momento uno de los municipales se interpuso y le pegó a una trompada a la cámara. Mientras tanto, el resto profería amenazas, insultos y asumía actitudes violentas», relató Augusto Oris, que estudia Cine en la Facultad de Arte de la UNC. «Llamamos a la Policía de Bouwer por teléfono celular mientras nos retirábamos, pues temíamos por nuestra integridad física. Cuando nos íbamos ya había en el lugar unos diez empleados municipales», añadió Emanuel Cárdenas, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Ambos hechos fueron denunciados en el destacamento policial de Bouwer.
Repudios. La Municipalidad de Bouwer se pronunció repudiando los hechos de violencia. La vecina y concejal Mirta Nievas afirmó que «Bouwer es un pueblo tranquilo. Es inconcebible que se den estos episodios de agresión en nuestra jurisdicción cuando se está haciendo uso de nuestro espacio público».
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Denuncian agresiones de policías y municipales a estudiantes en Bouwer
Se trata de jóvenes universitarios que hacían un documental sobre el problema de la basura.
La agrupación vecinal «Bouwer Sin Basura» y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunciaron agresiones contra estudiantes universitarios y una vecina de Bouwer cuando filmaban un documental frente al depósito de vehículos de la Justicia Provincial y al ex vertedero de residuos que la Municipalidad de Córdoba gestiona en la localidad de Bouwer.
Ambas organizaciones calificaron el hecho como «extremadamente grave», pues «la vecina y los estudiantes llegaron a temer por sus vidas ante la inaceptable y violenta actitud de un agente de seguridad y una patota compuesta por algunos empleados de la Municipalidad de Córdoba».
Los hechos, según los denunciantes, tuvieron lugar el pasado lunes en las inmediaciones de la Ruta Nacional 36, cuando Mónica Rescala, vecina de Bouwer, y cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica recorrían la zona para filmar un documental. El video se exhibiría en el marco de una charla-debate sobre vivienda y hábitat a realizarse el próximo miércoles en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC.
Según información suministrada por los denunciantes, “la vecina de Bouwer y cuatro estudiantes de distintas facultades de la UNC y la UTN se encontraban sobre una alcantarilla junto a la Ruta Nacional 36, frente al depósito de vehículos perteneciente al Poder Judicial de la provincia de Córdoba, cuando un automóvil se acercó a ellos. Del vehículo descendió un agente policial, que cargó su arma y los apuntó. Eran aproximadamente las 14.30”.
«Mientras nos apuntaba, exigía que nos identificáramos. Le explicamos que estábamos grabando un video para la facultad, pero recién bajó el arma cuando bajamos de la alcantarilla y uno de los chicos le mostró su libreta de estudiante», relató la vecina.
«También nos advirtió que tenían órdenes de ‘bajar’ a quienes entraran al depósito o pretendieran subir a las torres de alta tensión», añadieron los estudiantes.
Minutos después ocurrió el segundo episodio. Esta vez junto al predio del ex vertedero de residuos de la Municipalidad de Córdoba, sobre el camino de tierra que comunica a la Ruta Nacional 36 con el pueblo de Bouwer. Los estudiantes intentaban registrar el humo negro que se desprendía de una quema al interior del predio cuando desde allí salieron 5 personas -4 de ellos con uniformes de la Municipalidad de Córdoba- que agredieron al camarógrafo y amenazaron a la vecina de Bouwer y al resto de los universitarios.
«Estábamos filmando y se estacionó una camioneta blanca al ingreso del predio. Eran cinco personas completamente fuera de sí que bajaron del vehículo a los gritos exigiéndonos que nos identificáramos», indicó Franco Chávez, estudiante de la Facultad de Arquitectura.
«Yo les dije que no tenían derecho alguno a pedirnos identificación porque estábamos en un espacio público filmando un espacio también público. Entonces uno de los municipales le dijo a otro que tomara la chapa de mi vehículo», recordó Rescala.
«Decidimos hacer lo mismo y filmar la camioneta y su identificación. En ese momento uno de los municipales se interpuso y le pegó a una trompada a la cámara. Mientras tanto, el resto profería amenazas, insultos y asumía actitudes violentas», relató Augusto Oris, que estudia Cine en la Facultad de Arte de la UNC. «Llamamos a la Policía de Bouwer por teléfono celular mientras nos retirábamos, pues temíamos por nuestra integridad física. Cuando nos íbamos ya había en el lugar unos diez empleados municipales», añadió Emanuel Cárdenas, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Ambos hechos fueron denunciados en el destacamento policial de Bouwer.
Repudios. La Municipalidad de Bouwer se pronunció repudiando los hechos de violencia. La vecina y concejal Mirta Nievas afirmó que «Bouwer es un pueblo tranquilo. Es inconcebible que se den estos episodios de agresión en nuestra jurisdicción cuando se está haciendo uso de nuestro espacio público».
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8 abr 2014
Cormecor habló sobre la nueva ley de ambiente y Bouwer
La Voz del Interior - Edición Electrónica (08/04/2014)
Cormecor advirtió a legisladores la urgencia de concretar el enterramiento en Bouwer
El presidente, John Boretto, participó en la Unicameral de una reunión sobre la nueva ley de ambiente. Respondió consultas sobre la nueva planta de disposición final de residuos.
Jhon Boretto, presidente de Cormecor (la sociedad anónima que agrupa a los municipios del Gran Córdoba para gestionar los residuos) estuvo esta tarde en en la Legislatura para dar la visión de ese ente sobre la nueva ley de Ambiente que se discute en la Unicameral.
Durante la reunión, respondió preguntas sobre el futuro enterramiento sanitario, en Bouwer, y advirtió sobre la necesidad de que el proyecto se concrete pronto.
En setiembre pasado, con los votos de Unión por Córdoba y la UCR, la Legislatura aprobó la expropiación de dos predios: el de Bouwer, de unas 270 hectáreas para la disposición final; y otro de 35 hectáreas, cerca de Juárez Celman, para una futura estación de transferencia de residuos.
El legilsador Roberto Birri, del Partido Socialista, preguntó a Boretto acerca de las discrepancias que hay sobre este tema con el Gobierno provincial.
Boretto explicó que el desacuerdo estuvo en que Cormecor y su accionista principal, la Municipalidad de Córdoba, reclamaron el mes pasado al Gobierno que expropie los terrenos, teniendo en cuenta que hacía meses que la ley ya estaba sancionada. Ante ello, la Provincia respondió que antes deben estar aprobados los estudios de impacto ambiental.
"Nosotros respondimos que para hacer los estudios necesitamos acceder al predio. Ahora ya superamos esas discrepancias y estamos en una situación de absoluta colaboración con la Secertaría de Ambiente de la Provincia", sostuvo el presidente de Cormecor.
Por su parte, Santiago Clavijo, del Frente Cívico (que votó en contra de la expropiación) preguntó si no había posibilidad de que se elija otro predio, más alejado de Bouwer. "Nos parece un despropósito que se haya vuelto a elegir una zona colindate a Bouwer, que ya tiene un basural cerrado sin remediar", manifestó el legislador.
Boretto respondió que no lo descartan pero que sería una decisión en la que tendrían que estar de acuerdo todos los intendentes de Cormecor. Y advirtió sobre urgencia de concretar la nueva planta de disposición final.
"Hay que resolver con urgencia el predio de disposición final porque el actual se está agotando", señaló. "Hay que definir un sitio y hay que resolverlo pronto porque concretar este proyecto lleva tiempo".
De la reunión, que comenzó pasadas las 14, también participó el fiscal Marcelo Novillo Corvalán, quien intervino en el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzingó, quien dio su opinión y respondió consultas sobre el proyecto de nueva ley de ambiente.
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Cormecor advirtió a legisladores la urgencia de concretar el enterramiento en Bouwer
El presidente, John Boretto, participó en la Unicameral de una reunión sobre la nueva ley de ambiente. Respondió consultas sobre la nueva planta de disposición final de residuos.
Jhon Boretto, presidente de Cormecor (la sociedad anónima que agrupa a los municipios del Gran Córdoba para gestionar los residuos) estuvo esta tarde en en la Legislatura para dar la visión de ese ente sobre la nueva ley de Ambiente que se discute en la Unicameral.
Durante la reunión, respondió preguntas sobre el futuro enterramiento sanitario, en Bouwer, y advirtió sobre la necesidad de que el proyecto se concrete pronto.
En setiembre pasado, con los votos de Unión por Córdoba y la UCR, la Legislatura aprobó la expropiación de dos predios: el de Bouwer, de unas 270 hectáreas para la disposición final; y otro de 35 hectáreas, cerca de Juárez Celman, para una futura estación de transferencia de residuos.
El legilsador Roberto Birri, del Partido Socialista, preguntó a Boretto acerca de las discrepancias que hay sobre este tema con el Gobierno provincial.
Boretto explicó que el desacuerdo estuvo en que Cormecor y su accionista principal, la Municipalidad de Córdoba, reclamaron el mes pasado al Gobierno que expropie los terrenos, teniendo en cuenta que hacía meses que la ley ya estaba sancionada. Ante ello, la Provincia respondió que antes deben estar aprobados los estudios de impacto ambiental.
"Nosotros respondimos que para hacer los estudios necesitamos acceder al predio. Ahora ya superamos esas discrepancias y estamos en una situación de absoluta colaboración con la Secertaría de Ambiente de la Provincia", sostuvo el presidente de Cormecor.
Por su parte, Santiago Clavijo, del Frente Cívico (que votó en contra de la expropiación) preguntó si no había posibilidad de que se elija otro predio, más alejado de Bouwer. "Nos parece un despropósito que se haya vuelto a elegir una zona colindate a Bouwer, que ya tiene un basural cerrado sin remediar", manifestó el legislador.
Boretto respondió que no lo descartan pero que sería una decisión en la que tendrían que estar de acuerdo todos los intendentes de Cormecor. Y advirtió sobre urgencia de concretar la nueva planta de disposición final.
"Hay que resolver con urgencia el predio de disposición final porque el actual se está agotando", señaló. "Hay que definir un sitio y hay que resolverlo pronto porque concretar este proyecto lleva tiempo".
De la reunión, que comenzó pasadas las 14, también participó el fiscal Marcelo Novillo Corvalán, quien intervino en el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzingó, quien dio su opinión y respondió consultas sobre el proyecto de nueva ley de ambiente.
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6 abr 2014
Los grandes conflictos de Córdoba son ambientales
La Voz del Interior (06/04/2014)
Tres conflictos que desarman al Estado
Monsanto, el Sólo Bus y el incierto destino de la basura: tres desafíos ciudadanos para la política en serio.
Un campamento de ambientalistas logró paralizar una inversión de 1.500 millones de pesos que la Nación y la Provincia anunciaron con estruendo para Malvinas Argentinas, y que la Municipalidad de esa ciudad festejó mientras pudo.
Esas carpas que impidieron el ingreso de camiones durante meses también dejaron en evidencia que las autorizaciones que el Estado había concedido a Monsanto para avanzar en las obras eran, al menos, precipitadas. De hecho, el primer estudio de impacto ambiental de la multinacional terminó siendo rechazado por falta de garantías sobre el tratamiento de sus residuos y efluentes.
La asamblea de vecinos exigió desde el vamos una consulta popular sobre Monsanto. Casi siete meses después, el poder político cordobés comienza a barajar la alternativa del referéndum y también avanza en la modificación de la Ley de Ambiente, en abierta aceptación de su insuficiencia y desactualización.
Hasta hace pocas semanas, la Provincia consideraba que esa ley y su sola decisión política bastaban para que Monsanto pusiera en marcha una de las mayores semilleras del mundo en Malvinas Argentinas.
Sin dudas, “el caso Monsanto” inauguró en Córdoba una nueva era de conflictos que el Estado no logra conducir y que la política no puede manejar. Esos conflictos transitan por un mundo interconectado que organiza a miles en minutos, mientras las dependencias estatales primero los ignoran y después los minimizan, para terminar luego archivando proyectos para evitar problemas que los políticos no desean.
Son conflictos que desafían el poder del Estado, y también a los ciudadanos que pretenden respuestas institucionales. ¿Qué pensarán quienes confiaban en que Monsanto generaría empleo? ¿Quién los representa si el Estado se declara superado en todos los frentes por un campamento ambientalista? ¿Cómo podrá convencer el Gobierno a otros inversores para que vengan a Córdoba?
Con otros protagonistas, la situación vuelve a repetirse a lo largo de la avenida Rafael Núñez de la Capital, donde un grupo de vecinos resiste la implementación del sistema Sólo Bus en el transporte urbano.
En muchas ciudades del mundo, ese sistema resultó una enorme colaboración para el ambiente, ya que incrementó velocidades de circulación y logró que miles dejaran sus autos para viajar en colectivo. En Córdoba, los vecinos agrupados en el Foro Núñez sostienen, en cambio, que es una afrenta al ambiente y al paisaje de esa zona tradicional, porque hay que sacar árboles añosos para ponerlo en marcha.
La lluvia de insultos que durante tres horas recibieron los funcionarios municipales que –sin éxito– intentaron explicarles la semana pasada a vecinos enfervorizados los beneficios del Sólo Bus parecía una imagen de una época anterior a la organización del Estado y la delegación de las decisiones públicas.
Pero, tanto en el caso Monsanto como en el conflicto por el Sólo Bus, la inconsistencia de las explicaciones técnicas de los representantes del Estado es la otra constante: nadie puede pretender que esa falta de argumentos convincentes sea admitida en nombre de una institucionalidad que, sin el sustento que la legitime, se torna inexistente. Ningún cargo confiere poder por sí mismo: en Córdoba también avanza el siglo 21.
El tercer conflicto aún no terminó de detonar, pero se ve venir. Lo advirtió la Provincia antes que los intendentes del Gran Córdoba: no habrá manera de habilitar nuevos predios de tratamiento y disposición final para la basura de toda el área metropolitana si antes no existen los argumentos técnicos suficientes, los estudios de impacto ambiental necesarios y las imprescindibles búsquedas de consenso.
Tal vez sea el caso más complejo de los tres: Monsanto puede irse a otro lado y el Sólo Bus puede buscar otro recorrido, pero cada cordobés seguirá sacando su bolsa de basura y a algún lugar habrá que llevar esos residuos, que en poco tiempo ya no tendrán espacio en el actual enterramiento. No habrá un malo entonces. ¿Será todos contra todos?
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Tres conflictos que desarman al Estado
Monsanto, el Sólo Bus y el incierto destino de la basura: tres desafíos ciudadanos para la política en serio.
Un campamento de ambientalistas logró paralizar una inversión de 1.500 millones de pesos que la Nación y la Provincia anunciaron con estruendo para Malvinas Argentinas, y que la Municipalidad de esa ciudad festejó mientras pudo.
Esas carpas que impidieron el ingreso de camiones durante meses también dejaron en evidencia que las autorizaciones que el Estado había concedido a Monsanto para avanzar en las obras eran, al menos, precipitadas. De hecho, el primer estudio de impacto ambiental de la multinacional terminó siendo rechazado por falta de garantías sobre el tratamiento de sus residuos y efluentes.
La asamblea de vecinos exigió desde el vamos una consulta popular sobre Monsanto. Casi siete meses después, el poder político cordobés comienza a barajar la alternativa del referéndum y también avanza en la modificación de la Ley de Ambiente, en abierta aceptación de su insuficiencia y desactualización.
Hasta hace pocas semanas, la Provincia consideraba que esa ley y su sola decisión política bastaban para que Monsanto pusiera en marcha una de las mayores semilleras del mundo en Malvinas Argentinas.
Sin dudas, “el caso Monsanto” inauguró en Córdoba una nueva era de conflictos que el Estado no logra conducir y que la política no puede manejar. Esos conflictos transitan por un mundo interconectado que organiza a miles en minutos, mientras las dependencias estatales primero los ignoran y después los minimizan, para terminar luego archivando proyectos para evitar problemas que los políticos no desean.
Son conflictos que desafían el poder del Estado, y también a los ciudadanos que pretenden respuestas institucionales. ¿Qué pensarán quienes confiaban en que Monsanto generaría empleo? ¿Quién los representa si el Estado se declara superado en todos los frentes por un campamento ambientalista? ¿Cómo podrá convencer el Gobierno a otros inversores para que vengan a Córdoba?
Con otros protagonistas, la situación vuelve a repetirse a lo largo de la avenida Rafael Núñez de la Capital, donde un grupo de vecinos resiste la implementación del sistema Sólo Bus en el transporte urbano.
En muchas ciudades del mundo, ese sistema resultó una enorme colaboración para el ambiente, ya que incrementó velocidades de circulación y logró que miles dejaran sus autos para viajar en colectivo. En Córdoba, los vecinos agrupados en el Foro Núñez sostienen, en cambio, que es una afrenta al ambiente y al paisaje de esa zona tradicional, porque hay que sacar árboles añosos para ponerlo en marcha.
La lluvia de insultos que durante tres horas recibieron los funcionarios municipales que –sin éxito– intentaron explicarles la semana pasada a vecinos enfervorizados los beneficios del Sólo Bus parecía una imagen de una época anterior a la organización del Estado y la delegación de las decisiones públicas.
Pero, tanto en el caso Monsanto como en el conflicto por el Sólo Bus, la inconsistencia de las explicaciones técnicas de los representantes del Estado es la otra constante: nadie puede pretender que esa falta de argumentos convincentes sea admitida en nombre de una institucionalidad que, sin el sustento que la legitime, se torna inexistente. Ningún cargo confiere poder por sí mismo: en Córdoba también avanza el siglo 21.
El tercer conflicto aún no terminó de detonar, pero se ve venir. Lo advirtió la Provincia antes que los intendentes del Gran Córdoba: no habrá manera de habilitar nuevos predios de tratamiento y disposición final para la basura de toda el área metropolitana si antes no existen los argumentos técnicos suficientes, los estudios de impacto ambiental necesarios y las imprescindibles búsquedas de consenso.
Tal vez sea el caso más complejo de los tres: Monsanto puede irse a otro lado y el Sólo Bus puede buscar otro recorrido, pero cada cordobés seguirá sacando su bolsa de basura y a algún lugar habrá que llevar esos residuos, que en poco tiempo ya no tendrán espacio en el actual enterramiento. No habrá un malo entonces. ¿Será todos contra todos?
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28 mar 2014
Consultarán por la basura
Día a Día (28/03/2014)
El nuevo predio de la basura irá a una consulta popular
Lo ratificó el ministro de Agua y Ambiente provincial Fabián López a la secretaria Faustinelli.
El lugar que termine escogiendo Cormecor para receptar y tratar las toneladas de basura que generan Córdoba y otras 19 ciudades deberá conseguir una “licencia social” para operar, el término que define la nueva ley de Ambiente que se discute en la Legislatura y que contempla la necesidad de hacer audiencias públicas o consultas populares en casos de radicaciones con alto impacto.
La ratificación salió de la boca del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, en una reunión con la secretaria de Ambiente de la ciudad, Gabriela Faustinelli, quien le dijo que en este momento se está esperando el segundo informe sobre la posible localización de este predio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba.
Además de López y Faustinelli, estuvieron presentes el secretario de Ambiente, Germán Pratto, y el presidente de Cormecor, Jhon Boretto. La Provincia se comprometió a colaborar con sus especialistas para asesorar en todos los aspectos técnicos que la requieran, además de ratificar que pagará el costo del predio, tal como volvió a prometer el gobernador José Manuel de la Sota al intendente Ramón Mestre la semana pasada, cuando se reunieron cara a cara y, entre otros cuestiones, convinieron la cumbre entre los funcionarios involucrados en la definición del nuevo predio de la basura.
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La Voz del Interior (28/03/2014)
Residuos: protesta contra una planta de transferencia
Vecinos de Juárez Celman cortaron la ruta N° 9. La intendenta quiere abandonar Cormecor. El predio aún no fue expropiado.
Vecinos de Juárez Celman cortaron anoche la ruta N° 9 norte para exigir que no se instale en esa localidad una planta de transferencia de residuos.
En tanto, la intendenta de la localidad, Myriam Prunotto, si bien se manifestó en contra de la protesta de ayer, dijo que envió una nota a Cormecor para salir de esa empresa porque están disconformes con su accionar. Cormecor es la sociedad anónima integrada por la Municipalidad de Córdoba y otras nueve localidades para gestionar los residuos.
Los vecinos fundamentan su reclamo en un estudio hidrológico encargado por el Concejo Deliberante y dado a conocer a fines de octubre pasado. El documento, firmado por el geólogo Héctor Frontera, plantea que no es conveniente el lugar elegido para la planta de transferencia ya que se encuentra muy cerca del río subterráneo que abastece de agua a la localidad. “No estamos seguros de si será sólo una planta de transferencia o si allí se terminará enterrando la basura”, declaró a este diario Maximiliano Martínez, uno de los vecinos.
Ante ello, Jhon Boretto, presidente de Cormecor, sostuvo que en ese lugar sólo se planea hacer una planta de transferencia. Y agregó: “Ni siquiera tenemos el proyecto hecho. Nuetras prioridad es el nuevo enterramiento sanitario (en Bouwer)”. Además remarcó que para ambos casos se harán primero estudios de impacto ambiental.
Prunotto se mostró en desacuerdo con que los predios se hayan elegido sin haber tenido los estudios de factibilidad completos.
En septiembre pasado, la Legislatura aprobó la expropiación de los predios cercanos a Bouwer y Juárez Celman para el nuevo enterramiento y planta de transferencia. El Gobierno aún no expropió.
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El nuevo predio de la basura irá a una consulta popular
Lo ratificó el ministro de Agua y Ambiente provincial Fabián López a la secretaria Faustinelli.
El lugar que termine escogiendo Cormecor para receptar y tratar las toneladas de basura que generan Córdoba y otras 19 ciudades deberá conseguir una “licencia social” para operar, el término que define la nueva ley de Ambiente que se discute en la Legislatura y que contempla la necesidad de hacer audiencias públicas o consultas populares en casos de radicaciones con alto impacto.
La ratificación salió de la boca del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, en una reunión con la secretaria de Ambiente de la ciudad, Gabriela Faustinelli, quien le dijo que en este momento se está esperando el segundo informe sobre la posible localización de este predio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la Universidad Nacional de Córdoba.
Además de López y Faustinelli, estuvieron presentes el secretario de Ambiente, Germán Pratto, y el presidente de Cormecor, Jhon Boretto. La Provincia se comprometió a colaborar con sus especialistas para asesorar en todos los aspectos técnicos que la requieran, además de ratificar que pagará el costo del predio, tal como volvió a prometer el gobernador José Manuel de la Sota al intendente Ramón Mestre la semana pasada, cuando se reunieron cara a cara y, entre otros cuestiones, convinieron la cumbre entre los funcionarios involucrados en la definición del nuevo predio de la basura.
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La Voz del Interior (28/03/2014)
Residuos: protesta contra una planta de transferencia
Vecinos de Juárez Celman cortaron la ruta N° 9. La intendenta quiere abandonar Cormecor. El predio aún no fue expropiado.
Vecinos de Juárez Celman cortaron anoche la ruta N° 9 norte para exigir que no se instale en esa localidad una planta de transferencia de residuos.
En tanto, la intendenta de la localidad, Myriam Prunotto, si bien se manifestó en contra de la protesta de ayer, dijo que envió una nota a Cormecor para salir de esa empresa porque están disconformes con su accionar. Cormecor es la sociedad anónima integrada por la Municipalidad de Córdoba y otras nueve localidades para gestionar los residuos.
Los vecinos fundamentan su reclamo en un estudio hidrológico encargado por el Concejo Deliberante y dado a conocer a fines de octubre pasado. El documento, firmado por el geólogo Héctor Frontera, plantea que no es conveniente el lugar elegido para la planta de transferencia ya que se encuentra muy cerca del río subterráneo que abastece de agua a la localidad. “No estamos seguros de si será sólo una planta de transferencia o si allí se terminará enterrando la basura”, declaró a este diario Maximiliano Martínez, uno de los vecinos.
Ante ello, Jhon Boretto, presidente de Cormecor, sostuvo que en ese lugar sólo se planea hacer una planta de transferencia. Y agregó: “Ni siquiera tenemos el proyecto hecho. Nuetras prioridad es el nuevo enterramiento sanitario (en Bouwer)”. Además remarcó que para ambos casos se harán primero estudios de impacto ambiental.
Prunotto se mostró en desacuerdo con que los predios se hayan elegido sin haber tenido los estudios de factibilidad completos.
En septiembre pasado, la Legislatura aprobó la expropiación de los predios cercanos a Bouwer y Juárez Celman para el nuevo enterramiento y planta de transferencia. El Gobierno aún no expropió.
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24 mar 2014
RSU: nadie quiere ser la zona de sacrificio
Día a Día (24/03/2014)
Dos sitios rechazan ser el destino de la basura de Córdoba
El destino de los residuos. A la resistencia de Bouwer al futuro enterramiento, se suma Juárez Celman, que rechaza la planta de transferencia cercana y quiere renunciar a Cormecor.Desafiante en materia social se presenta el frente que debe sortear el proyecto que, se supone, resolverá el destino de la basura de esta Capital y 15 localidades en derredor por las próximas décadas. Se trata de un tema que urge solucionar, mientras se agota la vida útil del predio de Piedras Blancas, donde hoy se entierran más de dos mil toneladas diarias de basura (a más del 95 por ciento lo aporta esta Capital).
Al planteo de la Provincia –que no se modificó a pesar del acercamiento entre De la Sota y Mestre esta semana– de exigir estudios previos a la expropiación de los dos terrenos donde se planean el enterramiento (a unos 700 metros del cerrado vertedero de Bouwer) y una gran planta de acopio y transferencia (cercana a Estación Juárez Celman), se suma una fuerte resistencia en ambas localidades a sendas estructuras.
La postura de Bouwer ya era conocida, e incluso la llevó a no querer integrar Cormecor, la Sociedad Anónima que bajo el control de la Municipalidad de Córdoba (socia mayoritaria) reunió a las localidades que disponen su basura en Piedras Blancas. Esta empresa es la que debe ejecutar el proyecto del nuevo enterramiento y luego operarlo. A esa firme y militada resistencia, se sumó ahora la de Estación Juárez Celman, la ciudad al norte de la Capital en torno a la cual se planea radicar un centro de acopio y transferencia para captar los residuos que provengan de un radio cercano.
Myrian Prunotto, intendenta de Juárez Celman, reveló a Día a Día que días atrás envió a Cormecor la nota formal de desvinculación de la localidad a ese ente; además de exigir en forma expresa la presentación de un estudio de factibilidad del proyecto. “Aún no tuve respuesta, insistiremos de nuevo si no llega. Yo no estoy en contra del proyecto o de resolver este tema, pero lo defendí hasta que pude; sin apoyo del municipio de Córdoba ni de la Provincia. Todo fue muy desprolijo, a nuestra ciudad no se le dieron precisiones, ni información suficiente, tampoco se nos permitió integrar el Directorio de Cormecor; eso hizo crecer el rechazo en la gente. Ahora, el 98 por ciento piensa que allí pondrán un basural y no lo quiere, me parece que es imposible dar vuelta esa percepción”, apuntó la mandataria, señalando que el porcentaje es parte de los resultados de una encuesta que realizó en la localidad de 18 mil habitantes.
“Yo traté de colaborar, de sumar; pero debo bregar por la seguridad de mi comunidad. Qué haremos con la basura, no sé; pero mi responsabilidad es cuidar a los vecinos”, dijo la jefa comunal.
Zona gris. Prunotto señaló que el terreno de 35 hectáreas que se quiere como posible enclave de la planta de transferencia está ubicado a pocos kilómetros de la zona poblada de Estación Juárez Celman. Si bien al impulsar su expropiación, Cormecor informó que tanto este lote como el que se utilizaría para enterrar se encuentran en “zonas grises” en materia de jurisdicción (no pertenecen a ningún ejido municipal, ni a Juárez Celmán ni a Bouwer), la intendenta defendió el derecho de la localidad de prestar acuerdo a la radicación, y remarcó que demandará el estudio de factibilidad.
“Lo exigimos. Debe ocuparse de medir los impactos, de dar detalles de cómo será ese complejo que se planea, cómo trabajará, con qué método, qué accesos viales requiere, qué movimiento de camiones y de personal puede generar. Antes de analizar dar un permiso de localización tenemos que saber todo eso, y hasta ahora no hay ninguna información”, se quejó.
“No” de Bouwer. Los más de 2 mil vecinos de esa localidad y su jefe comunal, Juan Lupi, manifestaron su rechazo al sitio de enterramiento apenas conocida, en 2013, la posible localización del mismo en un predio de 272 hectáreas ubicado en una zona intermedia entre las rutas 5 y 36. Está a unos 700 metros del antiguo vertedero de Potrero del Estado, un sitio que con protestas y denuncias sostenidas los habitantes de la zona lograron que la intendencia de Daniel Giacomino cerrara prematuramente.
Si bien la tierra está en una “zona gris” en cuanto a jurisdicción (cae en la potestad de la Comunidad Regional que integran los 24 intendentes del departamento Santa María), Lupi insistió en que Bouwer es la zona poblada más cercana y sufriría su impacto. “En un acta que firmaron todas las localidades de la Comunidad consta que cuando se trata de radicaciones de gran impacto, la ciudad más cercana debe prestar conformidad escrita como condición para habilitarlo. O sea que para ubicar el enterramiento en ese lugar, Bouwer debería aceptarlo”, dijo Lupi a este diario.
No obstante, el citado “gris” deja margen para discutir quién tiene capacidad para dar uso del suelo a ese emprendimiento. “Los vecinos van a estar en pie de guerra, va a pasar lo mismo que con Monsanto. La gente ya padecía el viejo enterramiento, que era la mitad de chico que este que se planea, por eso no quiere saber nada”, explicó.
Se agota Piedras Blancas. El actual predio de enterramiento está por cumplir su vida útil, y es necesario reemplazarlo por uno nuevo.
Los terrenos. Por ley. La Legislatura declaró en 2013 “de utilidad pública y sujetos a expropiación” los terrenos en los que se planea localizar el enterramiento (que sumaría tecnología de tratamiento) y una planta de transferencia como sitios de destino de la basura de Córdoba y otras 15 localidades. La Provincia debe ahora ejecutar las expropiaciones.
Universidad. Los sitios se eligieron dentro de las áreas “aptas” más amplias que determinó un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba. La institución aclaró que Cormecor los eligió con un primer informe, pero antes de que se completara el tramo de “aspectos socioambientales” del estudio.
Precio I. Uno de los lotes tiene 272 hectáreas, está ubicado sobre la ruta 36, a 18 kilómetros al sur del centro de Córdoba, unos 4 km de Bouwer y entre 500 y 700 metros del antiguo vertedero de Potrero del Estado. Allí se montaría el enterramiento de residuos.
Predio II. El otro lote autorizado a expropiar es de 35 hectáreas, al norte de la ciudad, ubicado al oeste de la ruta 9 norte y entre 3 y 4 km al noroeste de la localidad de Juárez Celman. Hay otro anexo de dos hectáreas. En ese lugar se ubicaría una estación de transferencia, para acopiar residuos de Sierras Chicas y el norte de esta capital, que luego serían trasladados al destino final.
Audiencias y consultas. La realización de audiencias públicas o consultas populares previas a la ubicación de sitios de tratamiento de la basura comienzan a agitarse en el horizonte. La futura Ley de Ambiente institucionaliza los mecanismos de consulta popular como requisito obligatorio previo a proyectos de “actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”. Si bien serían “no vinculantes”, tendría un alto costo político desoir su resultado.
Contexto por Florencia Ripol - Provincia y municipios: que sí, que no. En la larga data que arrastra el problema de encontrar destino final a la basura de Córdoba y alrededores, la Provincia se ha presentado en general como un actor no tocado por la responsabilidad de resolverlo, pero con “voluntad” de colaborar. Las intendencias, con Córdoba a la cabeza, insisten en que al ser un problema regional la Gobernación es tan responsable y parte como los municipios. Esta puja pareció ceder durante el primer tramo de la gestión Mestre, cuando al calor de la buena relación entre el radical y De la Sota, el Gobierno de Córdoba asumió una actitud más activa, el compromiso de expropiar los predios de destino de los residuos y hasta pareció dispuesto a colaborar en la tarea de gestionar cualquier resistencia social al proyecto. Esa tónica fue cambiando –con el “caso Monsanto” como telón de fondo– y terminó de quedar claro este año, cuando la Provincia tomó distancia y subrayó que antes de proceder a las expropiaciones, Cormecor debe presentar el “estudio de impacto ambiental” de sendos proyectos. Desde la SA la expectativa había sido hasta entonces hacerse de los lotes, y luego cumplir ese requisito legal.
Este fue el escenario discutido esta semana entre el Gobernador y el intendente. Luego del encuentro del viernes, se aseguró que el tema recobrará vigor y se trabajará en conjunto para salir de la encerrona. En los próximos días, las máximas autoridades de Ambiente de cada administración puntualizarán los pasos a seguir. De la prolijidad de ese proceder y la colaboración sin recelos entre las partes dependerá la solución a este tema pendiente.
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Dos sitios rechazan ser el destino de la basura de Córdoba
El destino de los residuos. A la resistencia de Bouwer al futuro enterramiento, se suma Juárez Celman, que rechaza la planta de transferencia cercana y quiere renunciar a Cormecor.Desafiante en materia social se presenta el frente que debe sortear el proyecto que, se supone, resolverá el destino de la basura de esta Capital y 15 localidades en derredor por las próximas décadas. Se trata de un tema que urge solucionar, mientras se agota la vida útil del predio de Piedras Blancas, donde hoy se entierran más de dos mil toneladas diarias de basura (a más del 95 por ciento lo aporta esta Capital).
Al planteo de la Provincia –que no se modificó a pesar del acercamiento entre De la Sota y Mestre esta semana– de exigir estudios previos a la expropiación de los dos terrenos donde se planean el enterramiento (a unos 700 metros del cerrado vertedero de Bouwer) y una gran planta de acopio y transferencia (cercana a Estación Juárez Celman), se suma una fuerte resistencia en ambas localidades a sendas estructuras.
La postura de Bouwer ya era conocida, e incluso la llevó a no querer integrar Cormecor, la Sociedad Anónima que bajo el control de la Municipalidad de Córdoba (socia mayoritaria) reunió a las localidades que disponen su basura en Piedras Blancas. Esta empresa es la que debe ejecutar el proyecto del nuevo enterramiento y luego operarlo. A esa firme y militada resistencia, se sumó ahora la de Estación Juárez Celman, la ciudad al norte de la Capital en torno a la cual se planea radicar un centro de acopio y transferencia para captar los residuos que provengan de un radio cercano.
Myrian Prunotto, intendenta de Juárez Celman, reveló a Día a Día que días atrás envió a Cormecor la nota formal de desvinculación de la localidad a ese ente; además de exigir en forma expresa la presentación de un estudio de factibilidad del proyecto. “Aún no tuve respuesta, insistiremos de nuevo si no llega. Yo no estoy en contra del proyecto o de resolver este tema, pero lo defendí hasta que pude; sin apoyo del municipio de Córdoba ni de la Provincia. Todo fue muy desprolijo, a nuestra ciudad no se le dieron precisiones, ni información suficiente, tampoco se nos permitió integrar el Directorio de Cormecor; eso hizo crecer el rechazo en la gente. Ahora, el 98 por ciento piensa que allí pondrán un basural y no lo quiere, me parece que es imposible dar vuelta esa percepción”, apuntó la mandataria, señalando que el porcentaje es parte de los resultados de una encuesta que realizó en la localidad de 18 mil habitantes.
“Yo traté de colaborar, de sumar; pero debo bregar por la seguridad de mi comunidad. Qué haremos con la basura, no sé; pero mi responsabilidad es cuidar a los vecinos”, dijo la jefa comunal.
Zona gris. Prunotto señaló que el terreno de 35 hectáreas que se quiere como posible enclave de la planta de transferencia está ubicado a pocos kilómetros de la zona poblada de Estación Juárez Celman. Si bien al impulsar su expropiación, Cormecor informó que tanto este lote como el que se utilizaría para enterrar se encuentran en “zonas grises” en materia de jurisdicción (no pertenecen a ningún ejido municipal, ni a Juárez Celmán ni a Bouwer), la intendenta defendió el derecho de la localidad de prestar acuerdo a la radicación, y remarcó que demandará el estudio de factibilidad.
“Lo exigimos. Debe ocuparse de medir los impactos, de dar detalles de cómo será ese complejo que se planea, cómo trabajará, con qué método, qué accesos viales requiere, qué movimiento de camiones y de personal puede generar. Antes de analizar dar un permiso de localización tenemos que saber todo eso, y hasta ahora no hay ninguna información”, se quejó.
“No” de Bouwer. Los más de 2 mil vecinos de esa localidad y su jefe comunal, Juan Lupi, manifestaron su rechazo al sitio de enterramiento apenas conocida, en 2013, la posible localización del mismo en un predio de 272 hectáreas ubicado en una zona intermedia entre las rutas 5 y 36. Está a unos 700 metros del antiguo vertedero de Potrero del Estado, un sitio que con protestas y denuncias sostenidas los habitantes de la zona lograron que la intendencia de Daniel Giacomino cerrara prematuramente.
Si bien la tierra está en una “zona gris” en cuanto a jurisdicción (cae en la potestad de la Comunidad Regional que integran los 24 intendentes del departamento Santa María), Lupi insistió en que Bouwer es la zona poblada más cercana y sufriría su impacto. “En un acta que firmaron todas las localidades de la Comunidad consta que cuando se trata de radicaciones de gran impacto, la ciudad más cercana debe prestar conformidad escrita como condición para habilitarlo. O sea que para ubicar el enterramiento en ese lugar, Bouwer debería aceptarlo”, dijo Lupi a este diario.
No obstante, el citado “gris” deja margen para discutir quién tiene capacidad para dar uso del suelo a ese emprendimiento. “Los vecinos van a estar en pie de guerra, va a pasar lo mismo que con Monsanto. La gente ya padecía el viejo enterramiento, que era la mitad de chico que este que se planea, por eso no quiere saber nada”, explicó.
Se agota Piedras Blancas. El actual predio de enterramiento está por cumplir su vida útil, y es necesario reemplazarlo por uno nuevo.
Los terrenos. Por ley. La Legislatura declaró en 2013 “de utilidad pública y sujetos a expropiación” los terrenos en los que se planea localizar el enterramiento (que sumaría tecnología de tratamiento) y una planta de transferencia como sitios de destino de la basura de Córdoba y otras 15 localidades. La Provincia debe ahora ejecutar las expropiaciones.
Universidad. Los sitios se eligieron dentro de las áreas “aptas” más amplias que determinó un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba. La institución aclaró que Cormecor los eligió con un primer informe, pero antes de que se completara el tramo de “aspectos socioambientales” del estudio.
Precio I. Uno de los lotes tiene 272 hectáreas, está ubicado sobre la ruta 36, a 18 kilómetros al sur del centro de Córdoba, unos 4 km de Bouwer y entre 500 y 700 metros del antiguo vertedero de Potrero del Estado. Allí se montaría el enterramiento de residuos.
Predio II. El otro lote autorizado a expropiar es de 35 hectáreas, al norte de la ciudad, ubicado al oeste de la ruta 9 norte y entre 3 y 4 km al noroeste de la localidad de Juárez Celman. Hay otro anexo de dos hectáreas. En ese lugar se ubicaría una estación de transferencia, para acopiar residuos de Sierras Chicas y el norte de esta capital, que luego serían trasladados al destino final.
Audiencias y consultas. La realización de audiencias públicas o consultas populares previas a la ubicación de sitios de tratamiento de la basura comienzan a agitarse en el horizonte. La futura Ley de Ambiente institucionaliza los mecanismos de consulta popular como requisito obligatorio previo a proyectos de “actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”. Si bien serían “no vinculantes”, tendría un alto costo político desoir su resultado.
Contexto por Florencia Ripol - Provincia y municipios: que sí, que no. En la larga data que arrastra el problema de encontrar destino final a la basura de Córdoba y alrededores, la Provincia se ha presentado en general como un actor no tocado por la responsabilidad de resolverlo, pero con “voluntad” de colaborar. Las intendencias, con Córdoba a la cabeza, insisten en que al ser un problema regional la Gobernación es tan responsable y parte como los municipios. Esta puja pareció ceder durante el primer tramo de la gestión Mestre, cuando al calor de la buena relación entre el radical y De la Sota, el Gobierno de Córdoba asumió una actitud más activa, el compromiso de expropiar los predios de destino de los residuos y hasta pareció dispuesto a colaborar en la tarea de gestionar cualquier resistencia social al proyecto. Esa tónica fue cambiando –con el “caso Monsanto” como telón de fondo– y terminó de quedar claro este año, cuando la Provincia tomó distancia y subrayó que antes de proceder a las expropiaciones, Cormecor debe presentar el “estudio de impacto ambiental” de sendos proyectos. Desde la SA la expectativa había sido hasta entonces hacerse de los lotes, y luego cumplir ese requisito legal.
Este fue el escenario discutido esta semana entre el Gobernador y el intendente. Luego del encuentro del viernes, se aseguró que el tema recobrará vigor y se trabajará en conjunto para salir de la encerrona. En los próximos días, las máximas autoridades de Ambiente de cada administración puntualizarán los pasos a seguir. De la prolijidad de ese proceder y la colaboración sin recelos entre las partes dependerá la solución a este tema pendiente.
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