El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (21/09/2023)
- Denuncian que comenzó la construcción de las torres en El Pato
Vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron que comenzó la construcción del mega-emprendimiento inmobiliario en El Pato, en el límite entre Villa Carlos Paz y Santa Cruz del Lago. Aseguran que ingresaron máquinas al predio aún cuando el polémica emprendimiento todavía no cuenta con...

Hoy Día (21/09/2023)
- Ciudad de Córdoba. El servicio de bicicletas públicas sigue creciendo
El servicio ya registra más de 1800 viajes realizados por turistas en la ciudad. El servicio de bicicletas públicas que fue implementado por la Municipalidad de Córdoba ya registró más de 1800 viajes realizados por turistas. Así lo comunicaron desde el gobierno a cinco meses de su lanzamiento.

El Puntal de Río Cuarto (21/09/2023)
- Bulnes. Avanza la ciclovía en el predio del ferrocarril bulnense
Se finalizó con el llenado de la vereda y se sumarán luminarias y aparatos de gimnasio. La obra tiene una inversión de $ 25 millones. Avanza la obra de la ciclovía en el predio del ferrocarril de Bulnes. Esta semana se culminó con el llevado de la vereda y en los próximos días se colocarán más luminarias...
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El Diario de Villa María (28/04/2023)
“Me condenaron por hacer lo correcto”

El exfuncionario villamariense dijo que aprobó un expediente que tenía informes técnicos y jurídicos favorables según el marco legislativo y la conciencia ambiental de hace más de una década. Asegura que siente “impotencia” por “la injusticia”
“Siento una enorme impotencia, una gran sensación de injusticia, porque hice todo correctamente, todo ajustado a derecho; sin embargo, el jurado ha entendido que hubo abuso de autoridad”. Así comenzó la entrevista que concedió Raúl Costa a El Diario el día después de ser condenado en la Cámara 10º del Crimen a tres años de prisión en suspenso  y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La investigación se originó por la denuncia de un vecino de San Antonio de Arredondo, Juan Carlos Ferrero, quien acusó a Costa por autorizar, cuando era secretario de?Ambiente de la Provincia, un loteo en esa localidad serrana.
“En definitiva, me acusan por firmar dos resoluciones: una, autorizando un loteo, y la otra, una subestación eléctrica de EPEC, ambas en un mismo predio ubicado en San Antonio de Arredondo. Para firmar esos dos expedientes tuve en cuenta dos informes. Por un lado, el técnico, que concluye aconsejando y solicitando la aprobación del expediente, y por otra parte, el jurídico, que llega a la misma conclusión”, expresó el exfuncionario.
“Ese expediente pasó por EPEC, Recursos Hídricos, varios ministerios y terminó en Ambiente. En ningún área se advirtió nada irregular. Desde el pedido de la intendenta de San Antonio de Arredondo, pasando por todas esas oficinas, la opinión, con el marco legal vigente a esa época (2010), era unívoca recomendando la aprobación”, agregó. “Si lo hubiera rechazado, ahí sí hubiera caído en abuso de autoridad”, dijo.
“Además, si bien los informes no son vinculantes, en la práctica sí; porque no hay una sola resolución en la historia de la Secretaría de Ambiente de la Provincia que vaya en contra de lo que recomiendan los informes técnicos y jurídicos. Si se aconseja la aprobación, se aprueba”, manifestó.

-¿Por qué razones el informe técnico recomendaba la aprobación?
- Lo que dijeron los especialistas de la Secretaría de Ambiente, concretamente de la Dirección de Bosques, es que esa área  era ‘zona amarilla’ y no ‘roja’, como se dice. También se determinó que estaba fuera de la reserva -de El Cóndor-, porque hay gente de San Antonio que dice que el pueblo está dentro de la reserva, pero eso no es así, porque si no, no podrían haber construido hoteles, quinchos, casas ni piletas.
De todas maneras, por ser zona amarilla, se le había pedido a los impulsores de este loteo una triple reforestación, es decir, que si sacaban un árbol tenían que poner tres.

- ¿Le llama la atención el proceso judicial, casi excepcional en lo que a funcionarios se refiere?
- Sí, soy el único funcionario condenado sin estar acusado de corrupción económica y, la verdad, me hace sentir como un perejil. Hay montones de funcionarios que aún hoy ocupan sus cargos y que han sido denunciados por cosas peores, vinculadas a movimientos económicos nunca explicados y bueno, siento que la Justicia es así, a veces es injusta. En esos casos, los de la corrupción económica, miran para otro lado y a mí me miraron con una lupa.
Pero igual me interesa aclarar que la condena es por abuso de autoridad y no por un delito económico, porque mucha gente lee solo los títulos de los diarios y puede pensar que robé. En ningún momento del juicio se trató de nada que esté vinculado con corrupción económica.

-¿Va a recurrir la sentencia a una instancia superior?
-Lo evaluaremos después de conocer los fundamentos que se leerán el 17 de mayo. Ahí sabré por qué razón me condenaron y determinaré si apelo o no. También quiero vivir tranquilo y sé que hay que pasar este trago amargo. No estoy solo, los amigos y la familia siempre acompañan y la conciencia de haber actuado bien, también.
Pero para vivir tranquilo hay que dar un cierre a esto y seguramente será algo a evaluar antes de definir si recurrimos o no la sentencia.

- Hay otra denuncia en su contra...
-Sí, pero no tengo información, sé que la presentaron, pero ni sé qué destino tuvo.
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Hoy Día (27/04/2023)
Condenaron al ex secretario de Ambiente Costa por avalar un loteo en una zona protegida

El ex funcionario recibió la pena de tres años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos
El ex secretario de Ambiente de la Provincia Raúl Costa fue condenado ayer a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La Justicia de Córdoba lo encontró culpable por haber permitido el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios privados y la colocación de una estación eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) en zonas protegidas de Punilla por la Ley de Bosques.
En un fallo histórico en materia ambiental, el jurado popular de la Cámara 10º del Crimen encontró al ex secretario de Ambiente de la Provincia culpable por los cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia contra el ex funcionario había sido realizada por la organización no gubernamental Adarsa, sobre hechos ocurridos en 2010.
El primero de los ilícitos tuvo lugar en 2010, mientras Costa se desempeñaba como titular de la Secretaría de Ambiente. En ese entonces, el ex funcionario dio luz verde al proyecto “Dorados II”, de la constructora Gama S.A., dentro de la Reserva Natural Recreativa “Valle El Cóndor” en la localidad de San Antonio de Arredondo.
El otro hecho por el que Costa fue condenado tiene que ver con los permisos que le otorgó a Epec para construir una estación eléctrica, también en la misma zona. Allí, el ex secretario dio el visto bueno para cambiar los usos del suelo permitidos y que la empresa estatal pudiera ofrecer sus servicios en el lugar.
Si bien Costa es el único condenado por los delitos mencionados anteriormente, en un principio la causa tuvo otro imputado. Se trató de Federico Bocco, otro ex secretario de Ambiente, quien falleció en 2019.

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Comercio y Justicia (27/04/2023)
Daño ambiental: tras la condena, Costa anticipó que apelará el fallo

La defensa del exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, anticipó que apelará la condena que le impuso la Cámara 10° del Crimen de la ciudad de Córdoba por el delito de abuso de autoridad.
Costa fue acusado de haber autorizado en 2010 un emprendimiento inmobiliario de la empresa GAMA y, en otra época, una estación eléctrica de Epec en zonas protegidas por la Ley de Bosques, en Punilla. En lo que representa un fallo histórico en materia de medio ambiente, el ex funcionario recibió una pena de tres años de prisión con el doble de inhabilitación para ser funcionario público.
Tras conocerse el veredicto, el fiscal Gustavo Dalma, remarcó que la condena contra Costa marca precedente. “A partir de ahora, todo estas decisiones se tomarán con la conciencia que corresponde porque este tipo de desmontes y daño ambiental nos afecta a todos”, expresó.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (26/04/2023)
Condenaron al ex secretario de Ambiente por avalar un country en Punilla

El funcionario quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos luego de haber sido hallado responsable por la depredación del bosque nativo.
La justicia condenó hoy a tres años de prisión condicional al ex secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, por haber habilitado una urbanización inmobiliaria en una zona de bosque nativo, en el límite entre San Antonio de Arredondo y Villa Carlos Paz.
La Cámara 10º del Crimen consideró que el ex funcionario era responsable del delito de abuso de autoridad por haber avalado el emprendimiento «El Dorado 2» perteneciente a la empresa desarrollista GAMA, la cual además incluyó la construcción de una estación de EPEC para garantizar el suministro eléctrico en el country.
De acuerdo a la Ley Provincial de Bosques, el barrio privado se ubica en una «zona roja» de conservación que fue depredada en 2010, cuando Costa estaba en plenas funciones.
A partir de este fallo histórico fallo, Costa deberá renunciar a su función como síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, ya que se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Más Información:

El Diario de Villa María - Edición Electrónica (26/04/2023)
- Raúl Costa fue condenado a 3 años con prisión en suspenso
El exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, el villamariense Raúl Costa, fue condenado hoy a tres años de prisión (en suspenso) por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, tendrá de inhabilitación para ser funcionario.

La Voz del Interior - Edición Electrónica (26/04/2023)
- Córdoba: condenaron a tres años de prisión al exsecretario de Ambiente por autorizar obras en “zonas rojas”
El villamariense Raúl Costa estaba imputado de presunto abuso de autoridad. El jurado popular de la Cámara 10° del Crimen lo encontró responsable.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (18/04/2023)
Pidieron tres años de cárcel por la avanzada inmobiliaria en Punilla

El fiscal lo acusó de abuso de autoridad y los responsabilizó por haber autorizado el country «El Dorado 2» en la localidad de San Antonio.
El fiscal Gustavo Dalma solicitó ayer tres años de prisión condicional para el ex secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, quien está acusado de «abuso de autoridad» por haber autorizado emprendimientos inmobiliarios en zonas de bosque nativo en el sur de Punilla.
La semana pasada comenzó un juicio histórico tras una denuncia que fue presentada por la ONG Amigos del Río San Antonio (Adarsa) por la construcción del country «El Dorado 2» y la estación transformadora de EPEC, ubicadas dentro de un área protegida en la localidad de San Antonio de Arredondo.
La causa se remonta a una década atrás y el único imputado es Costa, quien ocupó la Secretaría de Ambiente entre 2007 y 2010 y autorizó el emprendimiento inmobiliario de la desarrolladora GAMA y la planta eléctrica para garantizar la luz en el barrio cerrado.
En la denuncia, se estableció que las autorizaciones se hicieron en violación a las leyes ambientales, sin estudio de impacto ambiental previo y sin que se cumpliera con las audiencias públicas exigidas.

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El Diario de Villa María (18/04/2023)
Las partes alegaron y se prevé que el jueves se conozca el veredicto

El villamariense Raúl Costa, a quien se lo acusa de haber autorizado emprendimientos en zonas protegidas, dijo no haber tenido intención de incumplir con la ley. El fiscal pidió tres años en suspenso y la defensa la absolución
 A eso de las 9.30 de ayer, en la Cámara 10ª de Córdoba capital, Raúl “Rally” Costa -villamariense que ocupó la Secretaría de Ambiente de la provincia, entre 2007 y 2010-, acusado de haber autorizado emprendimientos en zonas protegidas de bosque nativo, declaró: “Que nunca tuvo la intención de incumplir con la ley, que no es su responsabilidad, que simplemente aprobó dictámenes que le llegaron desde otras áreas especializadas en la que intervienen técnicos y abogados de la Secretaría de Ambiente”.
Después, como estaba previsto, las partes alegaron.
Marcela Fernández, abogada querellante en la causa, contó cómo se desarrolló la audiencia. “Fue todo bastante complejo y largo”, mencionó. En este sentido, el fiscal Gustavo Dalma solicitó tres años de prisión de ejecución condicional por abuso de autoridad para el hombre al que se lo juzga, cabe recordar, por haber otorgado autorizaciones a dos proyectos  para que avancen en la zona dentro del área de la reserva Valle del Cóndor: uno de ellos un desarrollo inmobiliario denominado El Dorado II y el otro una estación eléctrica de  la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
También es preciso rememorar que la investigación comenzó hace más de diez años, tras una denuncia de Juan Carlos Ferrero, integrante de la ONG protectora del ambiente Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio).
Con respecto a la petición del Ministerio Público Fiscal (MPF), Fernández expuso: “Consideró que no cabía aplicar las normas de la reserva recreativa cuando la querella hizo mucho hincapié en ese aspecto porque entendemos que es zona roja”.
Y añadió: “Más allá de eso, sostuvo en los mismos términos que nosotros la configuración del delito al no haber convocado a la audiencia pública que, entendemos, era obligatoria; que  estaba fijada en normas del presupuesto mínimo nacional, tanto en la Ley de Ambiente (25.675) como en la Ley de Bosques (9.814)”.
Al respecto, además, insistió en que en los sectores referidos, de acuerdo con la ley, está prohibido el desmonte y el cambio de uso del suelo.
La querella, en tanto, pidió el máximo de la pena -dos años-, previsto en el artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Fernández apuntó que al tratarse de dos hechos, lo solicitado es una condena de 4 años y la inhabilitación por el mismo tiempo.
La defensa, a cargo de Darío Vezzaro, exigió la absolución para Costa. En relación con los argumentos que expuso, Fernández dijo que el letrado se enfocó en que hay una “confusión de leyes” y en que no se lo puede condenar por haber autorizado documentos que le llegaron de otras áreas.
Asimismo, Vezzaro -según Fernández- habló sobre la cuestión de la audiencia pública y expresó que “no fue obligatoria en Córdoba hasta 2014 con la sanción de la Ley 10.208”. La querellante, en esta dirección, agregó que Vezzaro dijo que “los políticos han sido los responsables de no haber dictado antes esa norma”.
Por lo demás, el jueves se llevará adelante una nueva audiencia. En esta ocasión, Costa tendrá la posibilidad de decir “la última palabra”. Y es probable, a partir de lo comentado por Fernández, que los jurados populares “ya hayan deliberado lo suficiente” como para que se proceda con el veredicto.
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El Diario de Villa María - Edición Electrónica (17/04/2023)
El fiscal pidió 3 años de prisión condicional para Raúl Costa

El villamariense está acusado de "abuso de autoridad" por haber autorizado emprendimientos inmobiliarios en zonas protegidas por el bosque nativo
Minutos atrás, el fiscal Gustavo Dalma pidió la condena del exsecretario de Ambiente de Córdoba, el villamariense Raúl Costa, a 3 años de prisión condicional por "abuso de autoridad", al haber autorizado emprendimientos inmobiliarios en zonas protegidas de bosque nativo.

La causa
La investigación se inició hace más de una década a raíz de una denuncia que hizo Juan Carlos Ferrero, integrante de la ONG protectora del ambiente Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio).
Concretamente, acusó a Costa -que ocupó el cargo entre 2007 y 2010-, ante la Justicia por autorizar un loteo a la constructora GAMA en una zona ubicada en cercanías de San Antonio de Arredondo y que, según la denuncia, estaba en un área protegida por la Ley de Bosques.
Y también, derivado de esta primera autorización, cuestiona ante la Justicia a Costa porque le dio el visto bueno a EPEC, para que en un terreno donado a la empresa de energía por GAMA construya una estación transformadora. Es decir, para que lleve luz al barrio que iban a construir.
Agregan que esas autorizaciones se hicieron sin realizar previamente los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas para escuchar la opinión de los vecinos.
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El Diario de Villa María (12/04/2023)
Inició el juicio con jurados populares a Raúl Costa, exsecretario de Ambiente

Se realizó ayer la primera audiencia en Córdoba capital, donde se juzga al exsecretario de Ambiente por autorizar un loteo en cercanías a San Antonio de Arredondo sin audiencia pública previa ni estudio de impacto ambiental
Raúl “Rally” Costa está siendo juzgado en una Cámara de Córdoba capital, donde los jueces técnicos y jurados populares determinarán si el villamariense que ocupó la Secretaría de Ambiente de la provincia, entre 2007 y 2010, es inocente o culpable del delito de “abuso de autoridad”.
La investigación se inició hace más de una década a raíz de una denuncia que hizo Juan Carlos Ferrero, integrante de la ONG protectora del ambiente Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio).
Concretamente, lo acusó ante la Justicia por autorizar un loteo a la constructora GAMA en una zona ubicada en cercanías de San Antonio de?Arredondo y que, según la denuncia, estaba en un área protegida por la Ley de Bosques. Y también, derivado de esta primera autorización, cuestiona ante la Justicia a Costa porque le dio el visto bueno a EPEC, para que en un terreno donado a la empresa de energía por GAMA construya una estación transformadora. Es decir, para que lleve luz al barrio que iban a construir.
Agregan que esas autorizaciones se hicieron sin realizar previamente los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas para escuchar la opinión de los vecinos.
Cómo todas las causas que se inician en el fuero anticorrupción, el juicio se lleva adelante con jurados populares.

La primera audiencia
Ayer fue la primera audiencia en la Cámara 10ª de Córdoba capital, integrada por los jueces Mario Centeno, Carlos Palacio Laje y Juan José Rojas Moresi.
Tras la presentación del caso por parte del fiscal, la querella y la defensa, Costa dio sus datos personales ante el tribunal y se abstuvo de declarar.
Dado que es un debate de carácter técnico y legislativo -se discute la interpretación que tiene la acusación y la defensa de las leyes ambientales-, se dispuso que toda la prueba documental se incorpore por escrito, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 17 de abril, oportunidad en que se escucharán los alegatos. Ese es el tiempo que tienen los jurados populares para analizar la documentación.

Leyes en pugna
La acusación tiene que ver con el marco legal vigente.
Por un lado, el artículo 41 de la Constitución Nacional que expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Además, la Ley Nacional de Protección del Ambiente (25.675) establece los presupuestos mínimos para preservar el medio, entre los que está la obligatoriedad de la participación ciudadana en audiencias públicas. Esta ley es del año 2002 y la Provincia de Córdoba adhirió recién en 2014, es decir, después de que se aprobaran los loteos en cuestión. Se discute en la audiencia si la gestión de Costa debía atender a la legislación nacional antes de que la provincia adhiriera o no.
La otra norma en disputa es la Ley Provincial de Bosques (Nº 9.814), que determina las zonas de máxima protección del bosque nativo calificándolas como áreas “rojas” y las que pueden convivir con otras actividades, las que definen como “amarilla” o “verde”.
En definitiva, el juicio contra Costa trata sobre la interpretación jurídica y técnica de esas normas.

Marcela Fernández, abogada querellante: “En defensa del escasísimo bosque nativo que queda”
Marcela Fernández es la abogada querellante en la causa contra Raúl Costa. En diálogo con El Diario hizo una apretada síntesis de la denuncia presentada en el año 2012 y que tras cuatro años de instrucción fue elevada a juicio. Dijo que por los recursos interpuestos por los imputados (además de Costa estuvo acusado otro exsecretario de Ambiente, Federico Bocco, quien falleció) recién después de una década llegaron a la audiencia con jurados populares.
“Esta querella se presentó para defender el escasísimo bosque nativo que le queda a la provincia, con una fragilidad de cuenca de suelo que se refleja en los estudios agregados en la causa”, dijo la letrada.  El espacio donde se autorizó el loteo está dentro de un bosque “que funciona como un ecosistema y que no se repara con reforestación en otro lado, porque afecta el equilibrio biológico, desertifican las tierras y se pierde biodiversidad”, agregó.
“Estos emprendimientos inmobiliarios nos hace perder turismo también, porque la gente que viene a las sierras viene a disfrutar precisamente de las sierras. Si las tapamos con cemento, no queda nada”, señaló la letrada.
“No es una oposición a las obras en general, sino que estamos tratando de que respeten las leyes, las áreas definidas como zonas rojas y, también, la escucha a los vecinos”, explicitó.
Finalmente, recordó que hay otra causa abierta contra Costa que todavía no llegó a juicio. Se trata de la autorización firmada en 2010 a favor de la empresa Ticupil SA para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario en Candonga, cuenca media alta del río Chavascate, calificada también como zona roja.

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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (12/04/2023)
Arrancó el juicio por el country de GAMA y la estación de Punilla Sur

A 11 años de la denuncia realizada por las organizaciones ambientalistas, comenzó el juicio contra el ex secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, por la construcción de la planta transformadora de EPEC y un emprendimiento inmobiliario en el sur de Punilla.
Se lo acusa de haber otorgado una licencia ambiental de forma irregular que permitió el desarrollo del barrio cerrado El Dorado II (perteneciente a la empresa GAMA) y una instalación de la Empresa Provincial de Energía en San Antonio de Arredondo.
El proceso se realiza en la Cámara Décima del Crimen de la ciudad de Córdoba y Costa (quien estuvo en la función pública del 2007 al 2011) está imputado por el delito de abuso de autoridad, luego de haber sido sindicado como el responsable de haber permitido el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida.
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Hoy Día - Edición Electrónica (11/04/2023)
Comenzó el juicio al ex secretario de Ambiente Raúl Costa, acusado de abuso de autoridad

El ex funcionario provincial está acusado de autorizar emprendimientos inmobiliarios en zonas protegidas de bosque nativo
En la Justicia de Córdoba comenzó este martes un juicio con jurados populares  al ex secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, acusado de abuso de autoridad.
La Cámara Décima del Crimen deberá debatir si, efectivamente, Costa incurrió en un delito al autorizar la construcción de un emprendimiento inmobiliario y una subestación de Epec en una zona roja del territorio provincial, protegida como monte nativo.
El fiscal Gustavo Dalma llevará adelante la acusación. “Costa llega a juicio imputado por los delitos de abuso de autoridad, por haber dictado dos resoluciones violando leyes provinciales y nacionales”, expresó esta mañana Dalma en declaraciones a la prensa.
Los emprendimientos que habría autorizado Costa implicaron el desmonte de bosque nativo y el cambio del uso del suelo en áreas protegidas, como es la reserva recreativa natural Valle del Cóndor, ubicada en San Antonio de Arredondo.
“Los proyectos tenían como fin la construcción de un emprendimiento privado y el emplazamiento de una estación transformadora de energía eléctrica”, agregó el fiscal.
“Mi tarea se centrará en comprobar que Costa provocó un grave e irreparable daño ambiental al incumplir la ley provincial de ordenamiento territorial de bosque nativo, y la ley de presupuesto mínimo de protección ambiental de bosque nativo (ley 26.331), entre otras, las cuales prohíben cualquier tipo de desmonte de este tipo”, argumentó Dalma minutos antes del inicio del juicio.
Costa estuvo al frente de Ambiente entre los años 2007 y 2011.
Si se confirma la acusación, el ex funcionario podría recibir una condena de hasta cuatro años de cárcel, más la correspondiente inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.

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El Diario de Villa María - Edición Electrónica (11/04/2023)
Inicia hoy el juicio contra Raúl Costa por presunto abuso de autoridad

El villamariense Raúl Costa, en secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, entre el año 2007 y el 2011, será sometido a juicio desde hoy por ser el presunto autor de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Rally" Costa fue denunciado hace más de una década en el fuero Anticorrupción por haber autorizado un emprendimiento inmobiliario que, según la legislación, no se podía construir: autorizó un loteo de Gama SA en San Antonio de Arredondo y la construcción de la planta estación Carlos Paz Sur de EPEC.
Estas autorizaciones se dieron cuando él era el titular de la cartera ambiental.
Las grandes obras se habrían realizado sin estudio de impacto ambiental ni audiencias públicas y provocaron desmonte en zona nativa.
El juicio estará a cargo de la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba.
La denuncia fue realizada por el abogado Juan Carlos Ferrero en octubre del 2012, vicepresidente de la ONG Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio). Además de Costa, incluyó a Federico Bocco, otro ex secretario de Ambiente de la provincia que falleció en 2019.
Costa continuó ocupando durante todo este tiempo cargos públicos.
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Hoy Día (21/09/2022)
Piden al TSJ que analice cambios en la ley ambiental

La petición fue llevada a cabo por la ONG Asociación Amigos Río San Antonio
La organización no gubernamental (ONG) Asociación Amigos Río San Antonio (Adarsa), junto a otras asociaciones ambientalistas, presentó en la Justicia provincial una acción declarativa de la inconstitucionalidad por las modificaciones realizadas recientemente a la ley provincial de Ambiente en la Unicameral.
Los peticionantes llevaron a cabo una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el lunes, exigiendo que el órgano se expida sobre los cambios a la normativa que, semanas atrás, realizaron por amplia mayoría los representantes provinciales en la Legislatura de Córdoba.
La flexibilización de las condiciones para la instalación de determinados proyectos ambientales y la supresión de la evaluación de impacto ambiental son algunos de los puntos que pusieron en alerta a las organizaciones demandantes.
Además, según indicaron desde Adarsa, los cambios a la legislación ambiental devienen en “nuevas normas regresivas” que “violan el principio de progresividad” y “omiten toda instancia de participación ciudadana en el debate previo”. Hasta tanto se resuelva la acción declarativa de inconstitucionalidad, desde Adarsa pidieron al TSJ que la nueva ley quede suspendida.
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El Diario de Villa Carlos Paz (14/09/2022)
ADARSA contra las Torres del Lago, el «monstruo» que amenaza a Carlos Paz

Un grupo de particulares demandó a la Municipalidad por haber impedido la construcción de un complejo de diez torres de departamentos con capacidad para diez mil personas.
La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) se constituyó como «amigo del tribunal» en el juicio promovido por empresarios desarrollistas en contra de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que busca evitar la construcción del mega-emprendimiento inmobiliario conocido como «Torres del Lago».
El proceso se desarrolla en la Cámara Contencioso-Administrativo de 2ª Nominación de la ciudad de Córdoba y desde la ONG (que desde hace décadas lucha por la preservación de los recursos naturales en el sur de Punilla) advierten que los intereses privados pretenden avanzar sobre un Área Protegida sancionada por ordenanza municipal y protegida por la Ley de Bosques.
Asimismo, advierten que la construcción de un complejo de torres con capacidad para más de diez mil personas, no sólo devastaría el bosque nativo y las cuencas hídricas de la zona, sino que además constituye una invasión al ejido carlospacense y condicionaría la prestación de los servicios públicos en toda la ciudad.
Con la incorporación de la figura de «Amigo del Tribunal», ADARSA podrá participar del procedo judicial donde se disputan intereses que trascienden a las partes en conflicto e involucran a toda la comunidad.
«Con esta presentación judicial, que esperamos el Tribunal admita, se pretende aportar argumentos jurídicos para resolver un asunto que reviste un claro interés público desde que se vincula con la tutela del ambiente, y como tal con los derechos colectivos», expresaron desde la entidad ambientalista.
El municipio carlospacense sostiene que «nunca se dio factibilidad al proyecto» y que el mismo atentará contra la cuenca del lago San Roque y el bosque nativo. En concreto, «Torres del Lago» es un monstruoso complejo de diez torres de departamentos que afectaría el Área Protegida Norte, una reserva natural creada por el gobierno y reglamentada por Carta Orgánica.
Para tomar dimensión del impacto que tendría la ejecución del emprendimiento, basta con decir que se trataría de dos mil apartamentos que implicaría la constitución de una pequeña ciudad en los alrededores de Carlos Paz.

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El Diario de Villa Carlos Paz (31/03/2022)
Habrá juicio por los desmontes en Carlos Paz y San Antonio

La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba fijó fecha para el inicio del juicio contra el ex secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Omar Costa, quien se encuentra acusado por haber autorizado desmontes en Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo. La denuncia fue realizada por la Asociación de Amigos del Río San Antonio y se tratará del primer funcionario sentado en el banquillo de los acusados por atentar contra el ambiente.
Costa fue imputado por abuso de autoridad y durante diez años, fue presentando recursos fallidos para eludir el juicio.
La causa comenzó a tramitarse en 2012 a partir de la denuncia formulada por Juan Carlos Ferrero, vicepresidente de la ONG ADARSA a raíz de las autorizaciones irregulares a varios emprendimientos inmobiliarios de la empresa GAMA S.A y a la planta de EPEC Carlos Paz Sur, en San Antonio de Arredondo.
El 25 de agosto de 2021, se rechazó el último de los recursos interpuestos por Costa, quedando firme el decreto de citación a juicio con jurados populares y modalidad presencial para los días 11, 12, 13, 14 y 17 de octubre de este año.
«Esperamos que la Cámara Décima de la provincia resguarde el cumplimiento de las leyes de ambiente, torciendo el célebre apotegma donde los de arriba salen por arriba, profundizando la toma de consciencia que impulse a los gobiernos locales a reconocer las zonas de bosque protegido, dictando y cumpliendo las normas propias para la protección de su territorio»; indicaron desde la ONG, al tiempo que destacaron: «La imputación del exsecretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, por abuso de autoridad, que lo hará sentarse en el banquillo de los acusados durante el mes de octubre de este año, constituye un importante antecedente en materia de aplicación de la Ley de Bosques en la provincia y como garantía de la participación ciudadana».
«El grave deterioro ambiental que padecemos no se produciría si los encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes, lo hicieran. Sin duda, la sociedad también debe comportarse razonablemente, sin consentir la impunidad. Parte de esa responsabilidad social tiene que ver con no permitir que los funcionarios de turno incumplan la legislación vigente en desmedro de la biodiversidad y la calidad de vida de las personas»; concluyeron en un comunicado.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (09/09/2021)
Se consolida una reserva natural entre Carlos Paz y San Antonio

ADARSA destacó la importancia que tendrá el corredor para preservar la biodiversidad.
Con la creación de un área protegida dentro del ejido de San Antonio de Arredondo, se consolida un pulmón verde que alberga especies nativas en el límite con la ciudad de Villa Carlos Paz. Desde la ONG ADARSA destacaron la importancia de preservar el faldeo serrano por su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan al sur de Punilla.
La recientemente creada área protegida (aprobada el viernes pasado por el Concejo Deliberante) será además una continuidad del Área Protegida Camiare de Villa Carlos Paz, actuando como corredor ecológico para la conservación de la flora y fauna local y se extenderá hasta Las Jarillas.
«Celebramos que el creciente reclamo ciudadano por el cuidado ambiental se haya convertido en una política pública. Los incendios de 2020 llenaron de alarma y preocupación a la población, que demandó acciones concretas para evitar este tipo de catástrofes. A su vez, la reciente ampliación del Ejido de San Antonio de Arredondo generó una fuerte presión por el desarrollo inmobiliario en una zona que el Estado debe proteger necesariamente, ya que allí se encuentran algunos de los pocos bosques nativos que quedan en la región. Es importante remarcar que la intendencia del municipio deberá reglamentar la ordenanza a la brevedad y, fundamentalmente, brindar los recursos materiales y económicos para su efectiva gestión», expresaron desde ADARSA.
«Abogamos a su vez para que otros municipios y comunas también protejan de esta manera las zonas rojas y amarillas de la Ley de Bosques que se encuentren dentro de sus ejidos, a los fines de garantizar que el actual crecimiento urbano no se realice a costa de la pérdida del más valioso capital natural con el que contamos. Consideramos que se ha dado un paso muy importante para contribuir a un futuro más sustentable en nuestra región, y que ello ha sido gracias al trabajo constante de todos aquellos que se preocupan y ocupan por lograr un mundo mejor para las presentes y futuras generaciones»; concluyeron.

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El Diario de Villa María (27/08/2021)
Costa a juicio en causa en su contra

El villamariense fue denunciado por la presunta comisión de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”
El exsecretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, deberá afrontar un juicio en su contra por una denuncia formulada en octubre del año 2012 por Juan Carlos Ferrero, vicepresidente de la Organización No Gubernamental “Asociación Amigos del Río San Antonio” (Adarsa ONG).
Tal información que tiene que ver con la situación del villamariense que fuera legislador, concejal y candidato a intendente en nuestra ciudad fue confirmada durante la jornada de ayer por el portal provincial La Nueva Mañana.
Si bien en torno al funcionario, hoy ubicado como síndico en la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, primó el hermetismo, el pasado miércoles la elevación a juicio se dispuso en la Cámara 10 del Crimen, a través de su sala colegiada integrada por los vocales Mario Walter Centeno, Juan José Rojas Moresi y Rodolfo Eduardo Cabanillas y con jurados populares.
Costa y otro exsecretario, Federico Bocco (fallecido en 2019), fueron denunciados por la presunta comisión de delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a raíz de autorizaciones ambientales otorgadas a los emprendimientos inmobiliarios de GAMA SA, denominado “El Dorado II”, y a la Estación Transformadora de Energía Eléctrica, denominada “Carlos Paz Sur”, ambos en la localidad serrana de San Antonio de Arredondo (localidad del Departamento Punilla, a ocho kilómetros al sur de Villa Carlos Paz).
Cabe recordar que Raúl Costa estuvo a cargo de la cartera de Ambiente en el primer gobierno de Juan Schiaretti y Luis Federico Bocco, se desempeñó en el mismo cargo durante el tercer gobierno de José Manuel de la Sota.

Compás de espera
Desde las redes sociales de la  ONG denunciante señalaron que “desde que fue creado en 2004 el Fuero Penal Económico y Anticorrupción, para investigar exclusivamente las conductas de los funcionarios públicos, pocas han sido las causas que llegaron a juicio, por lo que estamos ante un importante precedente judicial”, y continúa: “El grave deterioro ambiental que padecemos no se hubiera producido si los encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes lo hubieran hecho”.
“Sin duda, la sociedad también debe comportarse razonablemente, sin consentir la impunidad. Parte de esa responsabilidad social tiene que ver con no permitir que los funcionarios de turno incumplan la legislación vigente en desmedro de la biodiversidad y la calidad de vida de las personas”, remarcaron.

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