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3 jul 2014
Los encapuchados de traje de Monsanto
8:57 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (03/07/2014)
Los encapuchados de traje de Monsanto
Por Eduardo Salas - Dirigente del Partido Obrero, secretario del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
González y el gobernador quieren hacer olvidar que el Estado ha reprimido las protestas contra Monsanto con la misma saña que lo han hecho con otras movilizaciones populares.
Cuando denuncias televisivas (e incluso algunos testimonios en la Justicia) lo vincularon con actos de corrupción (la mesa de dinero ilegal –CBI–, entre otros), Oscar González (exjefe de Gabinete y actual presidente provisorio de la Unicameral) declaró sentirse agraviado por haber sido “acusado sin pruebas”.
Ahora es él quien recurre al agravio y la mentira, esta vez bien reales, para difamar a nuestra fuerza política y a nuestra legisladora. En una columna de opinión publicada en esta sección el pasado 26 de junio, González escribe que “es posible y hasta necesario conectar esta salvaje avanzada... con la única voz dentro del recinto que despreció la oportunidad de sumarse al intento de lograr un despacho único para este cuerpo legal”.
González añade al infundio la defensa del delito de opinión, pues incluso denuncia la disidencia parlamentaria con un negocio de contaminación ambiental y de alto rendimiento económico para un pulpo internacional. Los firmantes del “despacho único” que reivindica González son los partidos que han llevado a la Argentina y a la provincia a un nivel de decadencia sin paralelo.
Es el mismo establishment que, por acción u omisión, fue cómplice de la sustracción de una banca nacional al Frente de Izquierda en las elecciones últimas.
El representante de un régimen político denunciado por su responsabilidad en los saqueos que asolaron a la ciudad de Córdoba, a fines del año pasado, tiene la osadía de imputar a quienes manifestaron contra el proyecto de ley Monsanto de “sectarios encapuchados, recalcitrantes (que) ejecutaban un oscuro mandato... mediante amenazas, insultos y destrozos”.
González finge ignorar que hace mucho tiempo que los manifestantes se vienen oponiendo al proyecto Monsanto y que han obtenido satisfacción judicial de ver bloqueado el intento contaminador.
La ley votada con la oposición del Frente de Izquierda es un intento, precisamente, de saltear ese escollo de la Justicia de Córdoba.
Nuestra oposición a la ley fue pública y establecida con mucho tiempo de anticipación; lo hicimos en las reuniones de las comisiones, donde el 99,99 por ciento de las asambleas ambientales también rechazó el proyecto. Lo hicimos saber a través de declaraciones y presentamos proyectos alternativos (que tienen estado parlamentario y la Legislatura no incorpora al temario).
Sin trabas
En la sesión del 11 de junio, hubo un único y gran encapuchado, que nunca dio la cara, pero que contó con ejecutores de su voluntad dentro del recinto. Ese encapuchado es Monsanto. Lo que se hizo en la Legislatura el pasado 11 de junio es votar una ley que quita las trabas que hoy impiden a esa multinacional instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas.
La ley establece un nuevo ordenamiento territorial (Monsanto se instaló en un predio que el actual ordenamiento no autoriza) y puede volver a presentar un estudio de impacto ambiental, cuando el anterior fue rechazado, entre otras cosas.
La difamación contra nuestra diputada pretende relegar la denuncia del Frente de Izquierda y de las asambleas ambientales de que la ley está hecha a medida de esa corporación. El rechazo a la instalación de Monsanto no es caprichoso; su mecanismo de producción es contaminante y su producto (semillas transgénicas) también. Alemania y Francia prohibieron las semillas transgénicas en sus territorios.
Esta es la razón de las mentiras e infamias de los legisladores radicales que acusaron a Cintia Frencia, repetimos, sin ninguna prueba. Lo mismo ha hecho el gobernador José Manuel de la Sota en un programa de televisión, lo cual demuestra que el establishment político se ha concertado en una acción contra el Frente de Izquierda.
En respuesta a nuestra carta documento para que ratifique esa denuncia, el gobernador alegó que no pronunció el nombre de Cintia Frencia. ¿No es esto una demostración contundente de que los acusadores difaman sin pruebas?
Mientras tanto, en una comisión de la Legislatura se está juzgando a Cintia Frencia en un proceso lleno de irregularidades: reuniones cerradas a las cuales no se le permite el ingreso, como tampoco a la prensa ni a las autoridades del bloque del FIT. Donde se impide a Frencia interpelar a los acusadores en el ejercicio de su derecho a defensa, en un escandaloso intento de condicionar a la acusada.
Este atropello se explica por la certeza de que las precisiones que daría nuestra diputada harían caer los testimonios fabricados e insostenibles. Exigimos que las audiencias sean públicas y se permita a la legisladora preguntar.
González y el gobernador quieren hacer olvidar que el Estado ha reprimido las protestas contra Monsanto con la misma saña que lo han hecho con otras movilizaciones populares, como las de los empleados públicos y los jubilados. Estamos ante un perfil de Estado policial, que se pretende disimular con agravios contra una representante del pueblo que lo denuncia, así como a sus cómplices.
Es el mismo Estado que priva a los jubilados de los aumentos salariales, o que destruye el bosque nativo, o que viabiliza negociados con las obras públicas, o que gobierna con códigos contravencionales que derivan en gatillo fácil, sin tener que enfrentar un real desafío en el Parlamento.
González desliza temerariamente que propiciaríamos una suerte de grupos “paramilitantes”, ocultando la responsabilidad de la existencia de grupos parapoliciales en las fuerzas de seguridad y su vínculo con las bandas narcos.
Los grupos paramilitares (Triple A, Comando Libertadores de América) nacieron bajo el gobierno constitucional de la corriente política de González: Perón, Isabelita y López Rega. Los luchadores obreros y populares que González difama, para protegerse a sí mismo y a su gobierno, fuimos las víctimas.
El Gobierno de Córdoba está imitando al Gobierno nacional y a la burocracia del Smata, que también han lanzado una campaña macartista contra el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, en un vano intento de obstaculizar nuestro creciente ascenso político.
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Los encapuchados de traje de Monsanto
Por Eduardo Salas - Dirigente del Partido Obrero, secretario del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
González y el gobernador quieren hacer olvidar que el Estado ha reprimido las protestas contra Monsanto con la misma saña que lo han hecho con otras movilizaciones populares.
Cuando denuncias televisivas (e incluso algunos testimonios en la Justicia) lo vincularon con actos de corrupción (la mesa de dinero ilegal –CBI–, entre otros), Oscar González (exjefe de Gabinete y actual presidente provisorio de la Unicameral) declaró sentirse agraviado por haber sido “acusado sin pruebas”.
Ahora es él quien recurre al agravio y la mentira, esta vez bien reales, para difamar a nuestra fuerza política y a nuestra legisladora. En una columna de opinión publicada en esta sección el pasado 26 de junio, González escribe que “es posible y hasta necesario conectar esta salvaje avanzada... con la única voz dentro del recinto que despreció la oportunidad de sumarse al intento de lograr un despacho único para este cuerpo legal”.
González añade al infundio la defensa del delito de opinión, pues incluso denuncia la disidencia parlamentaria con un negocio de contaminación ambiental y de alto rendimiento económico para un pulpo internacional. Los firmantes del “despacho único” que reivindica González son los partidos que han llevado a la Argentina y a la provincia a un nivel de decadencia sin paralelo.
Es el mismo establishment que, por acción u omisión, fue cómplice de la sustracción de una banca nacional al Frente de Izquierda en las elecciones últimas.
El representante de un régimen político denunciado por su responsabilidad en los saqueos que asolaron a la ciudad de Córdoba, a fines del año pasado, tiene la osadía de imputar a quienes manifestaron contra el proyecto de ley Monsanto de “sectarios encapuchados, recalcitrantes (que) ejecutaban un oscuro mandato... mediante amenazas, insultos y destrozos”.
González finge ignorar que hace mucho tiempo que los manifestantes se vienen oponiendo al proyecto Monsanto y que han obtenido satisfacción judicial de ver bloqueado el intento contaminador.
La ley votada con la oposición del Frente de Izquierda es un intento, precisamente, de saltear ese escollo de la Justicia de Córdoba.
Nuestra oposición a la ley fue pública y establecida con mucho tiempo de anticipación; lo hicimos en las reuniones de las comisiones, donde el 99,99 por ciento de las asambleas ambientales también rechazó el proyecto. Lo hicimos saber a través de declaraciones y presentamos proyectos alternativos (que tienen estado parlamentario y la Legislatura no incorpora al temario).
Sin trabas
En la sesión del 11 de junio, hubo un único y gran encapuchado, que nunca dio la cara, pero que contó con ejecutores de su voluntad dentro del recinto. Ese encapuchado es Monsanto. Lo que se hizo en la Legislatura el pasado 11 de junio es votar una ley que quita las trabas que hoy impiden a esa multinacional instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas.
La ley establece un nuevo ordenamiento territorial (Monsanto se instaló en un predio que el actual ordenamiento no autoriza) y puede volver a presentar un estudio de impacto ambiental, cuando el anterior fue rechazado, entre otras cosas.
La difamación contra nuestra diputada pretende relegar la denuncia del Frente de Izquierda y de las asambleas ambientales de que la ley está hecha a medida de esa corporación. El rechazo a la instalación de Monsanto no es caprichoso; su mecanismo de producción es contaminante y su producto (semillas transgénicas) también. Alemania y Francia prohibieron las semillas transgénicas en sus territorios.
Esta es la razón de las mentiras e infamias de los legisladores radicales que acusaron a Cintia Frencia, repetimos, sin ninguna prueba. Lo mismo ha hecho el gobernador José Manuel de la Sota en un programa de televisión, lo cual demuestra que el establishment político se ha concertado en una acción contra el Frente de Izquierda.
En respuesta a nuestra carta documento para que ratifique esa denuncia, el gobernador alegó que no pronunció el nombre de Cintia Frencia. ¿No es esto una demostración contundente de que los acusadores difaman sin pruebas?
Mientras tanto, en una comisión de la Legislatura se está juzgando a Cintia Frencia en un proceso lleno de irregularidades: reuniones cerradas a las cuales no se le permite el ingreso, como tampoco a la prensa ni a las autoridades del bloque del FIT. Donde se impide a Frencia interpelar a los acusadores en el ejercicio de su derecho a defensa, en un escandaloso intento de condicionar a la acusada.
Este atropello se explica por la certeza de que las precisiones que daría nuestra diputada harían caer los testimonios fabricados e insostenibles. Exigimos que las audiencias sean públicas y se permita a la legisladora preguntar.
González y el gobernador quieren hacer olvidar que el Estado ha reprimido las protestas contra Monsanto con la misma saña que lo han hecho con otras movilizaciones populares, como las de los empleados públicos y los jubilados. Estamos ante un perfil de Estado policial, que se pretende disimular con agravios contra una representante del pueblo que lo denuncia, así como a sus cómplices.
Es el mismo Estado que priva a los jubilados de los aumentos salariales, o que destruye el bosque nativo, o que viabiliza negociados con las obras públicas, o que gobierna con códigos contravencionales que derivan en gatillo fácil, sin tener que enfrentar un real desafío en el Parlamento.
González desliza temerariamente que propiciaríamos una suerte de grupos “paramilitantes”, ocultando la responsabilidad de la existencia de grupos parapoliciales en las fuerzas de seguridad y su vínculo con las bandas narcos.
Los grupos paramilitares (Triple A, Comando Libertadores de América) nacieron bajo el gobierno constitucional de la corriente política de González: Perón, Isabelita y López Rega. Los luchadores obreros y populares que González difama, para protegerse a sí mismo y a su gobierno, fuimos las víctimas.
El Gobierno de Córdoba está imitando al Gobierno nacional y a la burocracia del Smata, que también han lanzado una campaña macartista contra el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, en un vano intento de obstaculizar nuestro creciente ascenso político.
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2 jul 2014
Ley de Convivencia Ambiental vigente
Diario El Despertador de Jesús María (02/07/2014)
Entró en vigencia la nueva Ley de Convivencia Ambiental
Con la publicación en el Boletín Oficial, rige la Ley Ambiental de Córdoba, aprobada por amplia mayoría y consenso en la Unicameral.
Con la publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia la nueva Ley de Convivencia Ambiental de Córdoba, número 10.208, aprobada por amplia mayoría y consenso en la Unicameral.
La norma definitiva fue posible tras varios meses de debate y de labor en comisiones, quienes fueron las encargadas de receptar aportes de universidades, asambleas ambientales, organizaciones no gubernamentales, sectores empresariales y sindicales.
En lo medular, la nueva ley apunta a “establecer el marco para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de Córdoba”.
Asimismo, moderniza y define los principales instrumentos de política y gestión ambiental y establece la participación ciudadana en los procesos de gestión.
Ella fija, de manera pormenorizada, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y la forma en que debe realizarse, así como la modalidad de otorgamiento de la licencia ambiental.
También se impone como propósito “organizar e integrar la información ambiental provincial garantizando su libre acceso y la obligación de informar tanto del sector público como del sector privado”, y “promover en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la asignación de competencia especializada para la investigación penal preparatoria en materia de delitos ambientales”.
Además de garantizar la prevalencia de la Ley General del Ambiente sobre la normativa provincial y municipal, consagra principios tales como “prevención”, disponiendo que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”.
En otro de sus apartados establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.
Consagra, por otra parte, el principio de responsabilidad según el cual “el generador de efectos degradantes del ambiente -actuales o futuroses responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”.
Junto con la exigencia de un uso sustentable del ambiente que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras, señala que “la Provincia, los municipios y las comunas son responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos”.
El ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos será el organismo de aplicación.
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Entró en vigencia la nueva Ley de Convivencia Ambiental
Con la publicación en el Boletín Oficial, rige la Ley Ambiental de Córdoba, aprobada por amplia mayoría y consenso en la Unicameral.
Con la publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia la nueva Ley de Convivencia Ambiental de Córdoba, número 10.208, aprobada por amplia mayoría y consenso en la Unicameral.
La norma definitiva fue posible tras varios meses de debate y de labor en comisiones, quienes fueron las encargadas de receptar aportes de universidades, asambleas ambientales, organizaciones no gubernamentales, sectores empresariales y sindicales.
En lo medular, la nueva ley apunta a “establecer el marco para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de Córdoba”.
Asimismo, moderniza y define los principales instrumentos de política y gestión ambiental y establece la participación ciudadana en los procesos de gestión.
Ella fija, de manera pormenorizada, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y la forma en que debe realizarse, así como la modalidad de otorgamiento de la licencia ambiental.
También se impone como propósito “organizar e integrar la información ambiental provincial garantizando su libre acceso y la obligación de informar tanto del sector público como del sector privado”, y “promover en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la asignación de competencia especializada para la investigación penal preparatoria en materia de delitos ambientales”.
Además de garantizar la prevalencia de la Ley General del Ambiente sobre la normativa provincial y municipal, consagra principios tales como “prevención”, disponiendo que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”.
En otro de sus apartados establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.
Consagra, por otra parte, el principio de responsabilidad según el cual “el generador de efectos degradantes del ambiente -actuales o futuroses responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”.
Junto con la exigencia de un uso sustentable del ambiente que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras, señala que “la Provincia, los municipios y las comunas son responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos”.
El ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos será el organismo de aplicación.
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27 jun 2014
Ley ambiental de Córdoba publicada en el Boletín
La Voz del Interior - Edición Electrónica (27/06/2014)
Entró en vigencia la ley ambiental de Córdoba
La norma sancionada el 11 de junio fue publicada hoy en el Boletín Oficial de la provincia. Se incorporan las audiencias públicas y la consulta popular.
La ley de política ambiental de la provincia de Córdoba entró hoy en vigencia con la publicación de la norma en el Boletín Oficial.
La ley sancionada por la Legislatura el 11 de junio incorpora entre los puntos más salientes las audiencias públicas y la consulta popular como requisito a cumplimentar en actividades de alto impacto ambiental.
La ley, rechazada por algunos sectores ambientalistas y respaldada por casi la totalidad de los bloques parlamentarios cuando fue aprobada, complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente.
Entre ambas legislaciones se pretende la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno.
El texto
El texto normativo garantiza la prevalencia de la Ley General del Ambiente de la Nación sobre la normativa provincial y municipal, y consagra la prevención, disponiendo que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada" para "prevenir los efectos negativos" sobre el medioambiente.
La ley también determina que “la provincia, los municipios y las comunas son responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos”.
Audiencia obligatoria
El nuevo marco normativo, que surgió a partir del fuerte rechazo social a la radicación de la compañía Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, establece la audiencia pública como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental.
La aprobación
La ley de ambiente fue aprobada el 11 de junio, mientras en las afueras de la Legislatura se daban fuertes disturbios, que terminaron con 27 detenidos y más de 10 policías heridos.
Denuncia contra el jefe policial
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra el jefe de Policía de Córdoba, Julio César Suárez, y mandos medios de esa fuera por las detenciones durante la protesta por el tratamiento de la nueva ley de ambiente provincial, el 11 de junio pasado.
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Más Información:
La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (27/06/2014)
Pese al rechazo de algunos sectores, entró en vigencia la Ley de Política Ambiental
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Entró en vigencia la ley ambiental de Córdoba
La norma sancionada el 11 de junio fue publicada hoy en el Boletín Oficial de la provincia. Se incorporan las audiencias públicas y la consulta popular.
La ley de política ambiental de la provincia de Córdoba entró hoy en vigencia con la publicación de la norma en el Boletín Oficial.
La ley sancionada por la Legislatura el 11 de junio incorpora entre los puntos más salientes las audiencias públicas y la consulta popular como requisito a cumplimentar en actividades de alto impacto ambiental.
La ley, rechazada por algunos sectores ambientalistas y respaldada por casi la totalidad de los bloques parlamentarios cuando fue aprobada, complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente.
Entre ambas legislaciones se pretende la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno.
El texto
El texto normativo garantiza la prevalencia de la Ley General del Ambiente de la Nación sobre la normativa provincial y municipal, y consagra la prevención, disponiendo que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada" para "prevenir los efectos negativos" sobre el medioambiente.
La ley también determina que “la provincia, los municipios y las comunas son responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos”.
Audiencia obligatoria
El nuevo marco normativo, que surgió a partir del fuerte rechazo social a la radicación de la compañía Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, establece la audiencia pública como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental.
La aprobación
La ley de ambiente fue aprobada el 11 de junio, mientras en las afueras de la Legislatura se daban fuertes disturbios, que terminaron con 27 detenidos y más de 10 policías heridos.
Denuncia contra el jefe policial
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra el jefe de Policía de Córdoba, Julio César Suárez, y mandos medios de esa fuera por las detenciones durante la protesta por el tratamiento de la nueva ley de ambiente provincial, el 11 de junio pasado.
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Más Información:
La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (27/06/2014)
Pese al rechazo de algunos sectores, entró en vigencia la Ley de Política Ambiental
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21 jun 2014
Avalan la nueva ley ambiental pero con reparos
El Puntal de Río Cuarto (21/06/2014)
Especialistas respaldan la nueva ley ambiental pero piden que se cumpla
Después de lograr un consenso político amplio en la Unicameral, la norma también tuvo el respaldo de quienes habían sido críticos en el proceso de consulta previo a su tratamiento en el Poder Legislativo
La nueva normativa ambiental que fue aprobada con un amplio respaldo político en la Unicameral provincial pasó una exigencia más al superar las críticas de los especialistas, muchos de los cuales formaron parte del proceso previo del debate sobre el proyecto original enviado por el Ejecutivo y que había recibido cuestionamientos de casi todos los sectores, desde los ambientalistas hasta las entidades del campo y la industria.
Incluso muchos de los que sumaron su opinión en la Legislatura, en las rondas organizadas por los diferentes bloques, temían que poco de lo señalado formara parte del texto final que recibiera la última votación. Es que aún estaba fresco para muchas entidades el recuerdo de la Ley de Bosques, que después de una comprometida participación de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (Cotbn), nada de lo discutido llegó a ser parte de la ley.
Los técnicos en materia ambiental admiten que el conflicto por la radicación de Monsanto fue el disparador central de que esta normativa comenzara a debatirse en la provincia, y también coinciden en que se dieron importantes pasos pero al mismo tiempo remarcaron la necesidad de contar con voluntad política para que se aplique y recursos para robustecer a la raquítica Secretaría de Ambiente.
“Hay elementos realmente interesantes que tiene esta ley. Por ejemplo lo del amparo ambiental, que no estaba previsto en Córdoba”, remarcó Federico Kopta, biólogo e integrante del Foro Ambiental Córdoba.
El especialista destacó que “los elementos de participación ciudadana no tienen nada que ver con lo que se había escrito en el proyecto enviado en febrero. Hubo avances sobre las precisiones de esas herramientas. Ahora prevé que para un emprendimiento, depende el tamaño, corresponde generar audiencia pública y consulta popular. Esto según el tipo de actividad y la magnitud. De alguna manera está bastante reglamentado en el propio cuerpo de la ley”, señaló.
En el mismo sentido, Nelso Doffo, geólogo y secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, apuntó que “se avanzó bastante y se escucharon las opiniones sobre un proyecto enviado por el Ejecutivo bastante negativo. Aparecen nuevos instrumentos de gestión, como la planificación ambiental estratégica, y también se dieron pasos importantes en educación. Hay que reconocer que hay avances. La posibilidad de un amparo y la mayor vinculación con los Municipios porque la Provincia sola no puede controlar un aspecto que está distribuido en el territorio, también hay que destacarlos. Por ejemplo, en Río Cuarto se había planteado el control del río pero luego de manera unilateral se cayó”, recordó Doffo.
Los dos especialistas habían sido muy críticos de los términos del proyecto original que envió el gobernador José Manuel De la Sota a la Unicameral, pero rescataron los aportes que finalmente aparecieron. De hecho, de 47 artículos que tenía aquella propuesta del Ejecutivo, la normativa duplicó la cantidad de puntos; entre ellos, un capítulo completo destinado a la salud que no era tenido en cuenta en un comienzo.
Para Kopta, “se eliminó una cantidad de grises existentes en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Con respecto a la participación ciudadana teníamos la ley nacional que indicaba que lo que debía hacer cada provincia era reglamentar esa participación, pero lo del Ejecutivo no sumaba nada en ese sentido. Por eso es interesante la construcción que se fue realizando. A nivel político es valorable lo hecho porque hubo discusión y aportes de parte de la sociedad”, insistió.
Al ser consultado por inclusiones destacadas, el biólogo destacó que “muchas observaciones fueron absorbidas. Para que una ley fuese eficaz necesitaba presupuesto y personal idóneo, y ambos fueron incorporados dentro de la ley. Cierto es que cuando se habla de personal idóneo puede haber diferentes varas para definirlo, pero está en la ley y es importante”.
Sobre las críticas a la normativa, Kopta señaló que “el proyecto terminó siendo votado luego de que llegara a último momento el acuerdo. Creo que los episodios de violencia se podrían haber evitado si se hubiera difundido unos días antes para bajar la ansiedad de sectores preocupados por esto. Se hubiese evitado un mal trago”, dijo.
Por su parte, Doffo remarcó que “ahora, se requiere una superestructura. Implica pasar de una escuálida secretaría a otra con capacidad humana y técnica. En cuanto a los informes ambientales, tuvimos uno de los incendios más importantes de la historia de Córdoba y no hubo un informe de la autoridad de aplicación para saber cómo quedaron los acuíferos, los relieves. La ley prevé eso. Hay mucho para reglamentar y trabajar, entre otras cosas el ordenamiento territorial. Para todo eso hay que tener una robusta Secretaría”.
Tanto Doffo como Kopta no dudaron en señalar al caso Monsanto como el disparador de este nuevo marco normativo. “Fue el disparador de la discusión. El conflicto de Monsanto y la rebelión policial. El gobierno cambia su estilo cerrado de gobernar a partir de la rebelión policial. Bienvenido sea que fuese así porque era un gobierno autista hasta ahí”, fustigó Kopta. Aunque aclaró que “Monsanto tendrá que presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. La nueva norma lo obliga a realizar una audiencia pública y seguramente habrá una consulta popular. Porque para los proyectos conflictivos esto también está previsto. Luego la población va a terminar definiendo de manera definitiva, porque si la consulta le da en contra a Monsanto no podría seguir ahí”.
Por último, Nelso Doffo remarcó que “aún la autoridad de aplicación tiene que definir la participación ciudadana. En la reglamentación debería accederse a la construcción de ese punto. También autoriza que para aquellos que no son de Anexo I -de alto riesgo- se pueda pedir consulta o audiencia pero no está en claro cómo será y eso deberá resolverse en la reglamentación”, advirtió.
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Especialistas respaldan la nueva ley ambiental pero piden que se cumpla
Después de lograr un consenso político amplio en la Unicameral, la norma también tuvo el respaldo de quienes habían sido críticos en el proceso de consulta previo a su tratamiento en el Poder Legislativo
La nueva normativa ambiental que fue aprobada con un amplio respaldo político en la Unicameral provincial pasó una exigencia más al superar las críticas de los especialistas, muchos de los cuales formaron parte del proceso previo del debate sobre el proyecto original enviado por el Ejecutivo y que había recibido cuestionamientos de casi todos los sectores, desde los ambientalistas hasta las entidades del campo y la industria.
Incluso muchos de los que sumaron su opinión en la Legislatura, en las rondas organizadas por los diferentes bloques, temían que poco de lo señalado formara parte del texto final que recibiera la última votación. Es que aún estaba fresco para muchas entidades el recuerdo de la Ley de Bosques, que después de una comprometida participación de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (Cotbn), nada de lo discutido llegó a ser parte de la ley.
Los técnicos en materia ambiental admiten que el conflicto por la radicación de Monsanto fue el disparador central de que esta normativa comenzara a debatirse en la provincia, y también coinciden en que se dieron importantes pasos pero al mismo tiempo remarcaron la necesidad de contar con voluntad política para que se aplique y recursos para robustecer a la raquítica Secretaría de Ambiente.
“Hay elementos realmente interesantes que tiene esta ley. Por ejemplo lo del amparo ambiental, que no estaba previsto en Córdoba”, remarcó Federico Kopta, biólogo e integrante del Foro Ambiental Córdoba.
El especialista destacó que “los elementos de participación ciudadana no tienen nada que ver con lo que se había escrito en el proyecto enviado en febrero. Hubo avances sobre las precisiones de esas herramientas. Ahora prevé que para un emprendimiento, depende el tamaño, corresponde generar audiencia pública y consulta popular. Esto según el tipo de actividad y la magnitud. De alguna manera está bastante reglamentado en el propio cuerpo de la ley”, señaló.
En el mismo sentido, Nelso Doffo, geólogo y secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, apuntó que “se avanzó bastante y se escucharon las opiniones sobre un proyecto enviado por el Ejecutivo bastante negativo. Aparecen nuevos instrumentos de gestión, como la planificación ambiental estratégica, y también se dieron pasos importantes en educación. Hay que reconocer que hay avances. La posibilidad de un amparo y la mayor vinculación con los Municipios porque la Provincia sola no puede controlar un aspecto que está distribuido en el territorio, también hay que destacarlos. Por ejemplo, en Río Cuarto se había planteado el control del río pero luego de manera unilateral se cayó”, recordó Doffo.
Los dos especialistas habían sido muy críticos de los términos del proyecto original que envió el gobernador José Manuel De la Sota a la Unicameral, pero rescataron los aportes que finalmente aparecieron. De hecho, de 47 artículos que tenía aquella propuesta del Ejecutivo, la normativa duplicó la cantidad de puntos; entre ellos, un capítulo completo destinado a la salud que no era tenido en cuenta en un comienzo.
Para Kopta, “se eliminó una cantidad de grises existentes en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Con respecto a la participación ciudadana teníamos la ley nacional que indicaba que lo que debía hacer cada provincia era reglamentar esa participación, pero lo del Ejecutivo no sumaba nada en ese sentido. Por eso es interesante la construcción que se fue realizando. A nivel político es valorable lo hecho porque hubo discusión y aportes de parte de la sociedad”, insistió.
Al ser consultado por inclusiones destacadas, el biólogo destacó que “muchas observaciones fueron absorbidas. Para que una ley fuese eficaz necesitaba presupuesto y personal idóneo, y ambos fueron incorporados dentro de la ley. Cierto es que cuando se habla de personal idóneo puede haber diferentes varas para definirlo, pero está en la ley y es importante”.
Sobre las críticas a la normativa, Kopta señaló que “el proyecto terminó siendo votado luego de que llegara a último momento el acuerdo. Creo que los episodios de violencia se podrían haber evitado si se hubiera difundido unos días antes para bajar la ansiedad de sectores preocupados por esto. Se hubiese evitado un mal trago”, dijo.
Por su parte, Doffo remarcó que “ahora, se requiere una superestructura. Implica pasar de una escuálida secretaría a otra con capacidad humana y técnica. En cuanto a los informes ambientales, tuvimos uno de los incendios más importantes de la historia de Córdoba y no hubo un informe de la autoridad de aplicación para saber cómo quedaron los acuíferos, los relieves. La ley prevé eso. Hay mucho para reglamentar y trabajar, entre otras cosas el ordenamiento territorial. Para todo eso hay que tener una robusta Secretaría”.
Tanto Doffo como Kopta no dudaron en señalar al caso Monsanto como el disparador de este nuevo marco normativo. “Fue el disparador de la discusión. El conflicto de Monsanto y la rebelión policial. El gobierno cambia su estilo cerrado de gobernar a partir de la rebelión policial. Bienvenido sea que fuese así porque era un gobierno autista hasta ahí”, fustigó Kopta. Aunque aclaró que “Monsanto tendrá que presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. La nueva norma lo obliga a realizar una audiencia pública y seguramente habrá una consulta popular. Porque para los proyectos conflictivos esto también está previsto. Luego la población va a terminar definiendo de manera definitiva, porque si la consulta le da en contra a Monsanto no podría seguir ahí”.
Por último, Nelso Doffo remarcó que “aún la autoridad de aplicación tiene que definir la participación ciudadana. En la reglamentación debería accederse a la construcción de ese punto. También autoriza que para aquellos que no son de Anexo I -de alto riesgo- se pueda pedir consulta o audiencia pero no está en claro cómo será y eso deberá resolverse en la reglamentación”, advirtió.
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19 jun 2014
"Remiendan" la nueva Ley de Ambiente
La Voz del Interior (19/06/2014)
Por un error tuvieron que enmendar la ley de ambiente
Se modificó un artículo que marginaba de los controles de la nueva normativa a los basurales a cielo abierto.
Esto lo que contrariaba el espíritu de la ley. La nueva ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que había sido aprobada apenas siete días atrás, tuvo que ser modificada ayer por la Legislatura.
Según explicó el legislador Dante Heredia (Unión por Córdoba), la semana pasada, se incluyó en el despacho que se aprobó un artículo propuesto por el legislador radical Luis Brouwer de Koning referido a los pasivos ambientales.
Como se aceptó la idea para generar consenso, se incluyó la redacción de todo el artículo, sin percatarse -todos los parlamentarios- que el texto correspondía al proyecto de ley original del radicalismo no al que finalmente se aprobó.
Legisladores de la oposición se percataron del error cuando leyeron el artículo 95 de la ley que, contrariando el espíritu de la nueva norma sancionada con un amplio consenso, dejaba sin control a los basurales.
Entonces, Heredia dijo que había que cambiarlo por ley. Ayer, el pleno aprobó la modificación de los artículos 94º y 95º de la Ley N° 10208. Se eliminó el contenido del 95º y, para no generar modificaciones ni corrimientos en todo el articulado de la ley, se decidió desdoblar el artículo anterior.
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Hoy Día (19/06/2014)
Dos errores obligaron a modificar la ley ambiental
.
Por un error tuvieron que enmendar la ley de ambiente
Se modificó un artículo que marginaba de los controles de la nueva normativa a los basurales a cielo abierto.
Esto lo que contrariaba el espíritu de la ley. La nueva ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que había sido aprobada apenas siete días atrás, tuvo que ser modificada ayer por la Legislatura.
Según explicó el legislador Dante Heredia (Unión por Córdoba), la semana pasada, se incluyó en el despacho que se aprobó un artículo propuesto por el legislador radical Luis Brouwer de Koning referido a los pasivos ambientales.
Como se aceptó la idea para generar consenso, se incluyó la redacción de todo el artículo, sin percatarse -todos los parlamentarios- que el texto correspondía al proyecto de ley original del radicalismo no al que finalmente se aprobó.
Legisladores de la oposición se percataron del error cuando leyeron el artículo 95 de la ley que, contrariando el espíritu de la nueva norma sancionada con un amplio consenso, dejaba sin control a los basurales.
Entonces, Heredia dijo que había que cambiarlo por ley. Ayer, el pleno aprobó la modificación de los artículos 94º y 95º de la Ley N° 10208. Se eliminó el contenido del 95º y, para no generar modificaciones ni corrimientos en todo el articulado de la ley, se decidió desdoblar el artículo anterior.
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Hoy Día (19/06/2014)
Dos errores obligaron a modificar la ley ambiental
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18 jun 2014
La ley de ambiente tiene errores
La Voz del Interior - Edición Electrónica (18/06/2014)
La flamante ley de ambiente se sancionó con un error
Dos artículos marginaban de la nueva normativa a los basurales a cielo abierto, lo que contrariaba el espíritu de la nueva legislación.
una semana de ser sancionada, la nueva ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba tuvo que ser modificada. Es que dos artículos de la nueva normativa dejaban al margen del control a los basurales a cielo abierto, lo que contrariaba todo el espíritu consensuado en la novedosa legislación.
El error fue detectado días después de la aprobación, por legisladores del Frente Cívico quienes notificaron a las autoridades de la Cámara acerca del error. Tras el diálogo acordaron que en la sesión de hoy se aprobara sobre tablas, sin debate, una ley para modificar los dos artículos en cuestión.
Según la jefa de la bancada del Frente Cívico, Liliana Montero, la redacción de los arti´culos 94 y 95 de la Ley N° 10208 correspondía a uno de los proyectos que se consensuaron durante el acalorado debate de la semana anterior.
Dante Heredia, de Unión por Córdoba, dijo que no fue el Frente Cívico quien avisó sino los legisladores radicales Brouwer de Koning y Amalia Vagni, que habían propuesto ese proyecto sobre los pasivos ambientales y transmitieron la redacción del artículo conforme al proyecto original y no a la nueva normativa.
Heredia dijo que ellos admitieron que había que cambiar esto y decidieron hacerlo por ley.
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La flamante ley de ambiente se sancionó con un error
Dos artículos marginaban de la nueva normativa a los basurales a cielo abierto, lo que contrariaba el espíritu de la nueva legislación.
una semana de ser sancionada, la nueva ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba tuvo que ser modificada. Es que dos artículos de la nueva normativa dejaban al margen del control a los basurales a cielo abierto, lo que contrariaba todo el espíritu consensuado en la novedosa legislación.
El error fue detectado días después de la aprobación, por legisladores del Frente Cívico quienes notificaron a las autoridades de la Cámara acerca del error. Tras el diálogo acordaron que en la sesión de hoy se aprobara sobre tablas, sin debate, una ley para modificar los dos artículos en cuestión.
Según la jefa de la bancada del Frente Cívico, Liliana Montero, la redacción de los arti´culos 94 y 95 de la Ley N° 10208 correspondía a uno de los proyectos que se consensuaron durante el acalorado debate de la semana anterior.
Dante Heredia, de Unión por Córdoba, dijo que no fue el Frente Cívico quien avisó sino los legisladores radicales Brouwer de Koning y Amalia Vagni, que habían propuesto ese proyecto sobre los pasivos ambientales y transmitieron la redacción del artículo conforme al proyecto original y no a la nueva normativa.
Heredia dijo que ellos admitieron que había que cambiar esto y decidieron hacerlo por ley.
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17 jun 2014
Ley de Ambiente: quedan dos detenidos
La Mañana de Córdoba (17/06/2014)
Aún quedan dos detenidos por los disturbios frente a la Legislatura
Ayer fueron puestos en libertad Daniel Juárez y Juan Tévez, este último analizaba realizar una denuncia por maltrato policial, tal como lo hizo ayer un joven que padece discapacidad, y habría sido detenido “por error”.
Dos personas fueron puestas en libertad y aún restan dos más que todavía aguardan ser liberados, de los 26 apresados durante los disturbios ocurridos en las afueras de la Legislatura cordobesa el miércoles pasado, en ocasión de aprobarse la Ley de Convivencia Ambiental.
Se trata de Daniel Juárez y Juan Tévez, a quienes se los liberó luego de que el fiscal de instrucciones Gustavo González les tomó indagatoria. Desde las organizaciones Frente Popular Darío Santillán, Mariana De la Vega Viale informó ayer que uno de los liberados es Juan Tévez, un bonaerense que hace más de un mes reside en la provincia de Córdoba, quien estudiaba anoche presentar una denuncia penal por el maltrato policial recibido.
Junto a Sudestada y Marea Popular, sumado a otras agrupaciones políticas, el frente Popular Darío Santillán encabezó la protesta desde las 9 de ayer frente a los Tribunales II, donde los detenidos fueron llamados ayer por el fiscal Gustavo González a declarar.
Del mismo modo, ayer en esos Tribunales amplió su denuncia Claudio Carrubba, un joven con capacidades especiales que fue detenido en los sucesos ocurridos el miércoles pasado y alojado en la cárcel de Bouwer, cuando salía de comprar medicamentos de una farmacia. Carrubba presentó una denuncia por apremios policiales. La causa recayó en la Fiscalía del doctor Carlos Matheu.
Según se supo ayer, el fiscal González resolverá en las próximas horas la situación de los últimos dos detenidos por los incidentes registrados en los alrededores de la Unicameral, quienes están acusados de «resistencia a la autoridad» y «lesiones leves calificadas», entre otros delitos.
Según explicó el abogado defensor Carlos Orzaocoa, quienes aún permanecen privados de libertad son Ivan Baigorria y Eduardo Farías.
“Mañana (por hoy) serán llevados desde la Penitenciaría de Bouwer hasta Tribunales II para que se les tome indagatoria, tras lo cual estimo que serán puestos en libertad”, señaló el letrado consultado por LA MAÑANA.
Según dijo, en la Fiscalía se les explicó que ayer no hubo tiempo de escuchar sus testimonios, por lo cual la indagatoria fue prorrogada hasta hoy.
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Hoy Día (17/06/2014)
Exigen la liberación de detenidos
La Voz del Interior - Edición Electrónica (17/06/2014)
Liberaron a los dos últimos detenidos por la protesta contra la ley de ambiente
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Aún quedan dos detenidos por los disturbios frente a la Legislatura
Ayer fueron puestos en libertad Daniel Juárez y Juan Tévez, este último analizaba realizar una denuncia por maltrato policial, tal como lo hizo ayer un joven que padece discapacidad, y habría sido detenido “por error”.
Dos personas fueron puestas en libertad y aún restan dos más que todavía aguardan ser liberados, de los 26 apresados durante los disturbios ocurridos en las afueras de la Legislatura cordobesa el miércoles pasado, en ocasión de aprobarse la Ley de Convivencia Ambiental.
Se trata de Daniel Juárez y Juan Tévez, a quienes se los liberó luego de que el fiscal de instrucciones Gustavo González les tomó indagatoria. Desde las organizaciones Frente Popular Darío Santillán, Mariana De la Vega Viale informó ayer que uno de los liberados es Juan Tévez, un bonaerense que hace más de un mes reside en la provincia de Córdoba, quien estudiaba anoche presentar una denuncia penal por el maltrato policial recibido.
Junto a Sudestada y Marea Popular, sumado a otras agrupaciones políticas, el frente Popular Darío Santillán encabezó la protesta desde las 9 de ayer frente a los Tribunales II, donde los detenidos fueron llamados ayer por el fiscal Gustavo González a declarar.
Del mismo modo, ayer en esos Tribunales amplió su denuncia Claudio Carrubba, un joven con capacidades especiales que fue detenido en los sucesos ocurridos el miércoles pasado y alojado en la cárcel de Bouwer, cuando salía de comprar medicamentos de una farmacia. Carrubba presentó una denuncia por apremios policiales. La causa recayó en la Fiscalía del doctor Carlos Matheu.
Según se supo ayer, el fiscal González resolverá en las próximas horas la situación de los últimos dos detenidos por los incidentes registrados en los alrededores de la Unicameral, quienes están acusados de «resistencia a la autoridad» y «lesiones leves calificadas», entre otros delitos.
Según explicó el abogado defensor Carlos Orzaocoa, quienes aún permanecen privados de libertad son Ivan Baigorria y Eduardo Farías.
“Mañana (por hoy) serán llevados desde la Penitenciaría de Bouwer hasta Tribunales II para que se les tome indagatoria, tras lo cual estimo que serán puestos en libertad”, señaló el letrado consultado por LA MAÑANA.
Según dijo, en la Fiscalía se les explicó que ayer no hubo tiempo de escuchar sus testimonios, por lo cual la indagatoria fue prorrogada hasta hoy.
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Hoy Día (17/06/2014)
Exigen la liberación de detenidos
La Voz del Interior - Edición Electrónica (17/06/2014)
Liberaron a los dos últimos detenidos por la protesta contra la ley de ambiente
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16 jun 2014
Sigue la liberación de presos por la protesta
La Voz del Interior - Edición Electrónica (16/06/2014)
Otros dos liberados tras la protesta contra la ley de ambiente
Lo ordenó el fiscal Guillermo González tras tomarles declaración indagatoria. Aún quedan dos personas presas en Bouwer que podrían recuperar la libertad mañana.
Dos personas, una domiciliada en Córdoba y otra en Buenos Aires, recuperaron este lunes la libertad, tras haber sido detenidos durante la protesta contra la ley de ambiente, en el centro de la Capital, el miércoles pasado. Quedan aún dos detenidos en la cárcel de Bouwer.
El fiscal a cargo del caso, Guillermo González, ordenó la liberación de ambos tras tomarles declaración indagatoria. “Uno es domiciliado en Córdoba y otro en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza”, explicó a La Voz González, quien precisó que al liberado bonaerense se le fijó una caución (fianza) de 10 mil pesos.
El fiscal informó que mañana tomará declaración a las otras dos personas que aún están presas. Luego de esa instancia, es probable que recuperen la libertad al igual que los demás.
González no accedió a informar los nombres de los liberados ni de los aún detenidos. En tanto, el Frente Popular Darío Santillán difundió un comunicado en el que celebró la liberación de uno de sus integrantes, Juan Manuel Petito Tévez.
"Con gran alegría, los militantes y organizaciones del campo popular recibimos la notificación sobre la liberación de un compañero que fue víctima del operativo de arrestos indiscriminados llevado a cabo por la Policía de Córdoba", informó la agrupación.
Desde la mañana, grupos de distintos partidos de izquierda y organizaciones sociales se concentraron frente a Tribunales II para pedir la liberación de todos los apresados.
Los primeros que recuperaron la libertad, la semana pasada, eran los que estaban acusados de los delitos más leves, como entorpecimiento de la función de la autoridad. “Ese es el caso, por ejemplo, de una chica que se interpuso a un Policía para defender al novio, a quien estaban por arrestar”, señaló.
Las imputaciones más graves son por lesiones y agresiones, según indicó González. “Son los que están acusados de llevar palos o gomeras y golpear a policías”, sostuvo.
Ahora continúa la investigación, en la cual también se analiza el accionar de agentes policiales, acusados por organizaciones políticas y sociales de ejercer una “brutal represión”. “Ahora empieza la etapa investigativa fuerte, con todas las pruebas, incluidas las fílmicas”, informó González.
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Hoy Día (16/06/2014)
Malvinas Argentinas: Arzani convocaría la consulta popular
La Mañana de Córdoba (16/06/2014)
Cuatro personas siguen detenidas por disturbios tras Ley de Ambiente
Día a Día - Edición Electrónica (16/06/2014)
Ley de Ambiente: quedan cuatro detenidos
La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (16/06/2014)
Grupos de Izquierda reclaman por los últimos cuatro detenidos
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Otros dos liberados tras la protesta contra la ley de ambiente
Lo ordenó el fiscal Guillermo González tras tomarles declaración indagatoria. Aún quedan dos personas presas en Bouwer que podrían recuperar la libertad mañana.
Dos personas, una domiciliada en Córdoba y otra en Buenos Aires, recuperaron este lunes la libertad, tras haber sido detenidos durante la protesta contra la ley de ambiente, en el centro de la Capital, el miércoles pasado. Quedan aún dos detenidos en la cárcel de Bouwer.
El fiscal a cargo del caso, Guillermo González, ordenó la liberación de ambos tras tomarles declaración indagatoria. “Uno es domiciliado en Córdoba y otro en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza”, explicó a La Voz González, quien precisó que al liberado bonaerense se le fijó una caución (fianza) de 10 mil pesos.
El fiscal informó que mañana tomará declaración a las otras dos personas que aún están presas. Luego de esa instancia, es probable que recuperen la libertad al igual que los demás.
González no accedió a informar los nombres de los liberados ni de los aún detenidos. En tanto, el Frente Popular Darío Santillán difundió un comunicado en el que celebró la liberación de uno de sus integrantes, Juan Manuel Petito Tévez.
"Con gran alegría, los militantes y organizaciones del campo popular recibimos la notificación sobre la liberación de un compañero que fue víctima del operativo de arrestos indiscriminados llevado a cabo por la Policía de Córdoba", informó la agrupación.
Desde la mañana, grupos de distintos partidos de izquierda y organizaciones sociales se concentraron frente a Tribunales II para pedir la liberación de todos los apresados.
Los primeros que recuperaron la libertad, la semana pasada, eran los que estaban acusados de los delitos más leves, como entorpecimiento de la función de la autoridad. “Ese es el caso, por ejemplo, de una chica que se interpuso a un Policía para defender al novio, a quien estaban por arrestar”, señaló.
Las imputaciones más graves son por lesiones y agresiones, según indicó González. “Son los que están acusados de llevar palos o gomeras y golpear a policías”, sostuvo.
Ahora continúa la investigación, en la cual también se analiza el accionar de agentes policiales, acusados por organizaciones políticas y sociales de ejercer una “brutal represión”. “Ahora empieza la etapa investigativa fuerte, con todas las pruebas, incluidas las fílmicas”, informó González.
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La Mañana de Córdoba (16/06/2014)
Cuatro personas siguen detenidas por disturbios tras Ley de Ambiente
Día a Día - Edición Electrónica (16/06/2014)
Ley de Ambiente: quedan cuatro detenidos
La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (16/06/2014)
Grupos de Izquierda reclaman por los últimos cuatro detenidos
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14 jun 2014
Piden por los detenidos y anular el permiso a Monsanto
La Voz del Interior (14/06/2014)
Juecismo pide a De la Sota anular permiso a Monsanto
Para el bloque opositor, la nueva ley de ambiente ratificó la norma sobre uso del suelo que sólo autoriza actividad agropecuaria no contaminante donde se radicó la semillera.
La aprobación consensuada de la nueva ley de ambiente, el miércoles último, no ha logrado hasta ahora aplacar la discusión generada por la radicación de la empresa Monsanto.
A los inconvenientes que provocaron en esa ocasión los activistas disconformes por la sanción de la nueva normativa, se sumó ayer un reclamo de índole política.
El bloque de legisladores provinciales del Frente Cívico le solicitó al gobernador José Manuel de la Sota que anule la autorización del “aviso de proyecto” que, en agosto de 2012, permitió el inicio de las obras para la instalación de la semillera en la ciudad de Malvinas Argentinas.
A través de una carta firmada por los parlamentarios Liliana Montero, Santiago Clavijo y Ricardo Fonseca, en representación de toda la bancada, el juecismo reiteró que el mencionado “aviso de proyecto” fue autorizado “en abierta violación” a lo establecido en la ley provincial 9.841. Esto, en razón de que esa ley que regula el uso del suelo en la Región Metropolitana de Córdoba reserva la zona donde se instaló Monsanto a actividades “agropecuarias no contaminantes”.
En la misiva ingresada ayer en el Centro Cívico, el Frente Cívico destaca la aprobación consensuada de la nueva ley de ambiente de la provincia. Pero le recuerda a De la Sota que la flamante normativa ratificó la vigencia de los ordenamientos territoriales y ambientales. En efecto, argumentan, la zona donde comenzó a construirse la planta de Monsanto sigue reservada a actividades no contaminantes. “Por lo que, sin dudas, debe ordenarse la anulación de la Resolución 595 de la Secretaría de Ambiente, firmada por el exsecretario de Ambiente Federico Bocco”, sostuvieron. Y en otro párrafo pidieron al Gobierno “notificar a la Empresa Monsanto Company que por estos motivos se rechaza el proyecto de instalación de una planta de acondicionamiento de semillas” en Malvinas Argentinas.
Antecedente judicial
No es la primera vez que la oposición denuncia que aquella autorización del aviso de proyecto, de agosto de 2012, sería irregular. El caso fue llevado a la Justicia por un grupo ambientalista con el patrocinio de la Fundación Club de Derecho; pasó por la fiscalía del fuero Anticorrupción y sus derivaciones llegaron incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia.
El Gobierno provincial todavía no ha analizado el contenido de la misiva y no tiene plazos legales para responder.
En tanto, como se informó recientemente, el gerente de Asuntos Corporativos de la multinacional, Adrián Vilaplana, dijo que la empresa está analizando la nueva normativa y elaborando un nuevo estudio de impacto ambiental que será presentado en julio próximo.
Los puntos salientes de la ley
Ley de Política Ambiental. Fue sancionada el miércoles pasado y complementa el marco normativo de la Ley Nacional de Ambiente 25.675.
Impacto ambiental. Tendrá carácter obligatorio y previo al otorgamiento de la licencia ambiental. Si es rechazado, el proyecto quedará descartado. Esta evaluación deberá contener estudio de impacto, dictamen técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias públicas obligatorias pero no vinculantes.
Participación. Deberán realizarse audiencias públicas como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidos obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. Se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante pero obligatorio. A iniciativa del Estado o la comunidad, podrá realizarse una consulta popular.
Seguro ambiental. Deberán contratarlo quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente por el daño que se pudiera producir.
Diagnóstico ambiental. Deberá ser elevado por el Ejecutivo al Poder Legislativo antes del 30 de noviembre de cada año.
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El Puntal de Río Cuarto (14/06/2014)
Monsanto: piden que se anule todo el proceso de instalación
Día a Día (14/06/2014)
Liberan a cuatro detenidos por la Ley de Ambiente
Juecismo pide a De la Sota anular permiso a Monsanto
Para el bloque opositor, la nueva ley de ambiente ratificó la norma sobre uso del suelo que sólo autoriza actividad agropecuaria no contaminante donde se radicó la semillera.
La aprobación consensuada de la nueva ley de ambiente, el miércoles último, no ha logrado hasta ahora aplacar la discusión generada por la radicación de la empresa Monsanto.
A los inconvenientes que provocaron en esa ocasión los activistas disconformes por la sanción de la nueva normativa, se sumó ayer un reclamo de índole política.
El bloque de legisladores provinciales del Frente Cívico le solicitó al gobernador José Manuel de la Sota que anule la autorización del “aviso de proyecto” que, en agosto de 2012, permitió el inicio de las obras para la instalación de la semillera en la ciudad de Malvinas Argentinas.
A través de una carta firmada por los parlamentarios Liliana Montero, Santiago Clavijo y Ricardo Fonseca, en representación de toda la bancada, el juecismo reiteró que el mencionado “aviso de proyecto” fue autorizado “en abierta violación” a lo establecido en la ley provincial 9.841. Esto, en razón de que esa ley que regula el uso del suelo en la Región Metropolitana de Córdoba reserva la zona donde se instaló Monsanto a actividades “agropecuarias no contaminantes”.
En la misiva ingresada ayer en el Centro Cívico, el Frente Cívico destaca la aprobación consensuada de la nueva ley de ambiente de la provincia. Pero le recuerda a De la Sota que la flamante normativa ratificó la vigencia de los ordenamientos territoriales y ambientales. En efecto, argumentan, la zona donde comenzó a construirse la planta de Monsanto sigue reservada a actividades no contaminantes. “Por lo que, sin dudas, debe ordenarse la anulación de la Resolución 595 de la Secretaría de Ambiente, firmada por el exsecretario de Ambiente Federico Bocco”, sostuvieron. Y en otro párrafo pidieron al Gobierno “notificar a la Empresa Monsanto Company que por estos motivos se rechaza el proyecto de instalación de una planta de acondicionamiento de semillas” en Malvinas Argentinas.
Antecedente judicial
No es la primera vez que la oposición denuncia que aquella autorización del aviso de proyecto, de agosto de 2012, sería irregular. El caso fue llevado a la Justicia por un grupo ambientalista con el patrocinio de la Fundación Club de Derecho; pasó por la fiscalía del fuero Anticorrupción y sus derivaciones llegaron incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia.
El Gobierno provincial todavía no ha analizado el contenido de la misiva y no tiene plazos legales para responder.
En tanto, como se informó recientemente, el gerente de Asuntos Corporativos de la multinacional, Adrián Vilaplana, dijo que la empresa está analizando la nueva normativa y elaborando un nuevo estudio de impacto ambiental que será presentado en julio próximo.
Los puntos salientes de la ley
Ley de Política Ambiental. Fue sancionada el miércoles pasado y complementa el marco normativo de la Ley Nacional de Ambiente 25.675.
Impacto ambiental. Tendrá carácter obligatorio y previo al otorgamiento de la licencia ambiental. Si es rechazado, el proyecto quedará descartado. Esta evaluación deberá contener estudio de impacto, dictamen técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias públicas obligatorias pero no vinculantes.
Participación. Deberán realizarse audiencias públicas como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidos obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. Se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante pero obligatorio. A iniciativa del Estado o la comunidad, podrá realizarse una consulta popular.
Seguro ambiental. Deberán contratarlo quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente por el daño que se pudiera producir.
Diagnóstico ambiental. Deberá ser elevado por el Ejecutivo al Poder Legislativo antes del 30 de noviembre de cada año.
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Liberan a cuatro detenidos por la Ley de Ambiente
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Quedan cuatro detenidos en Bouwer por los incidentes
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Quedan cuatro detenidos en Bouwer por los incidentes
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13 jun 2014
Ley de Ambiente: de acuerdo en que es superadora
La Voz del Interior (13/06/2014)
Aval ambientalista y cautela de la industria
El médico Ávila Vázquez y el biólogo Federico Kopta se mostraron conformes con la nueva ley. Asambleístas de Malvinas Argentinas reconocieron un avance, pero plantearon recaudos. El sector productivo está preocupado por el aumento de exigencias.
Mientras organizaciones en defensa del ambiente y la salud valoran como positiva la flamante ley de política ambiental sancionada anteayer, el sector productivo mostró reparos y criticó la presión que podría generar sobre las pyme y pequeños productores agropecuarios al establecer nuevas exigencias.
Ayer, vecinos que integran la asamblea ciudadana de Malvinas Argentinas, que se oponen a la radicación de Monsanto en esa ciudad, reconocieron que la nueva ley es un avance pero dijeron que les preocupa de qué manera se aplicará. Asimismo, repudiaron los hechos de violencia en las afueras de la Legislatura y afirmaron desconocer quienes los perpetraron.
“Desde el inicio pensamos que esta ley era para lavarle la cara y legalizar el proceso de instalación de Monsanto. Pero reconocemos que lo que se sancionó fue superador del proyecto inicial del Ejecutivo”, expresó Gastón Mazzalay.
Junto con él, Vanesa Sartori, también de la asamblea, se refirió a los disturbios: “Repudiamos todos los hechos de violencia y contra de la libertad de expresión. Son generados por un grupo minoritario que desconocemos, que se presentan siempre con el rostro cubierto y deslegitiman nuestra lucha. Dudamos de a quién responden”, afirmó. “Son gente que va en contra de las decisiones asamblearias y de los movimientos que apoyan esta lucha”. También repudiaron lo que consideraron una cruenta represión de la Policía.
Medardo Ávila Vázquez, coordinador de Red Universitaria de Ambiente, Salud y Médicos de Pueblos Fumigado expresó estar conforme con las modificaciones que se realizaron al proyecto inicial que presentó el Poder Ejecutivo, con los aportes de la oposición y de organizaciones como la que él coordina.
El médico, que integra el conjunto de organizaciones que se oponen a la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, destacó la inclusión de un apartado en la ley para la salud ambiental, la consulta popular y los amparos ambientales, entre otros instrumentos.
Sin embargo, advirtió: “Lo que Córdoba necesita es que se declare la emergencia ambiental, por la crisis que existe con los desmontes, las fumigaciones, la falta de agua. Pero sabemos que esta ley (la sancionada) es lo máximo que podíamos esperar de este Gobierno”.
Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, sostuvo: “El proyecto aprobado es indudablemente superador al proyecto original presentado en febrero por el Ejecutivo. Entre los aspectos más destacables, precisa el Proceso de Participación Ciudadana en decisiones ambientales, la figura del amparo ambiental y que existan recursos y personal idóneo en las áreas de Ambiente”.
Por otro lado, Kopta objetó el hecho de que las instituciones tuvieron el texto definitivo en sus manos pocas horas antes de su sanción. “Hubiese sido conveniente que las organizaciones dispusiésemos del proyecto con más tiempo”, dijo.
Ércole Felippa, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) planteó su preocupación por los gastos que supondrán para las pymes las nuevas exigencias, como los seguros ambientales. “Es una ley bastante robusta que, obviamente, para muchas empresas pequeñas y medianas va a ser muy difícil cumplimentarla”, sostuvo Felippa.
“Creo que quizás el momento en que se discutió no fue el más oportuno en función del escenario actual, en el medio de un conflicto de Monsanto. Eso impide tener una perspectiva más objetiva”, agregó Felippa.
La delegación de Córdoba de la Federación Agraria Argentina (FAA), en tanto, objetó el miércoles temprano el hecho de que a pequeños productores se les exijan estudios de impacto ambiental. Tras la objeción, esa exigencia fue modificada antes de la sanción de la ley.
Intimidación a periodista
Acampe. Un grupo que acampa frente al predio donde Monsanto quiere instalar su planta, en Malvinas Argentinas, impidió que el fotógrafo de La Voz del Interior Ramiro Pereyra realizara una cobertura gráfica y lo obligó a borrar las imágenes que había captado. La asamblea ciudadana de Malvinas repudió el hecho y dijo desconocer a los agresores.
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Lenta liberación
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El médico Ávila Vázquez y el biólogo Federico Kopta se mostraron conformes con la nueva ley. Asambleístas de Malvinas Argentinas reconocieron un avance, pero plantearon recaudos. El sector productivo está preocupado por el aumento de exigencias.
Mientras organizaciones en defensa del ambiente y la salud valoran como positiva la flamante ley de política ambiental sancionada anteayer, el sector productivo mostró reparos y criticó la presión que podría generar sobre las pyme y pequeños productores agropecuarios al establecer nuevas exigencias.
Ayer, vecinos que integran la asamblea ciudadana de Malvinas Argentinas, que se oponen a la radicación de Monsanto en esa ciudad, reconocieron que la nueva ley es un avance pero dijeron que les preocupa de qué manera se aplicará. Asimismo, repudiaron los hechos de violencia en las afueras de la Legislatura y afirmaron desconocer quienes los perpetraron.
“Desde el inicio pensamos que esta ley era para lavarle la cara y legalizar el proceso de instalación de Monsanto. Pero reconocemos que lo que se sancionó fue superador del proyecto inicial del Ejecutivo”, expresó Gastón Mazzalay.
Junto con él, Vanesa Sartori, también de la asamblea, se refirió a los disturbios: “Repudiamos todos los hechos de violencia y contra de la libertad de expresión. Son generados por un grupo minoritario que desconocemos, que se presentan siempre con el rostro cubierto y deslegitiman nuestra lucha. Dudamos de a quién responden”, afirmó. “Son gente que va en contra de las decisiones asamblearias y de los movimientos que apoyan esta lucha”. También repudiaron lo que consideraron una cruenta represión de la Policía.
Medardo Ávila Vázquez, coordinador de Red Universitaria de Ambiente, Salud y Médicos de Pueblos Fumigado expresó estar conforme con las modificaciones que se realizaron al proyecto inicial que presentó el Poder Ejecutivo, con los aportes de la oposición y de organizaciones como la que él coordina.
El médico, que integra el conjunto de organizaciones que se oponen a la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, destacó la inclusión de un apartado en la ley para la salud ambiental, la consulta popular y los amparos ambientales, entre otros instrumentos.
Sin embargo, advirtió: “Lo que Córdoba necesita es que se declare la emergencia ambiental, por la crisis que existe con los desmontes, las fumigaciones, la falta de agua. Pero sabemos que esta ley (la sancionada) es lo máximo que podíamos esperar de este Gobierno”.
Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, sostuvo: “El proyecto aprobado es indudablemente superador al proyecto original presentado en febrero por el Ejecutivo. Entre los aspectos más destacables, precisa el Proceso de Participación Ciudadana en decisiones ambientales, la figura del amparo ambiental y que existan recursos y personal idóneo en las áreas de Ambiente”.
Por otro lado, Kopta objetó el hecho de que las instituciones tuvieron el texto definitivo en sus manos pocas horas antes de su sanción. “Hubiese sido conveniente que las organizaciones dispusiésemos del proyecto con más tiempo”, dijo.
Ércole Felippa, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) planteó su preocupación por los gastos que supondrán para las pymes las nuevas exigencias, como los seguros ambientales. “Es una ley bastante robusta que, obviamente, para muchas empresas pequeñas y medianas va a ser muy difícil cumplimentarla”, sostuvo Felippa.
“Creo que quizás el momento en que se discutió no fue el más oportuno en función del escenario actual, en el medio de un conflicto de Monsanto. Eso impide tener una perspectiva más objetiva”, agregó Felippa.
La delegación de Córdoba de la Federación Agraria Argentina (FAA), en tanto, objetó el miércoles temprano el hecho de que a pequeños productores se les exijan estudios de impacto ambiental. Tras la objeción, esa exigencia fue modificada antes de la sanción de la ley.
Intimidación a periodista
Acampe. Un grupo que acampa frente al predio donde Monsanto quiere instalar su planta, en Malvinas Argentinas, impidió que el fotógrafo de La Voz del Interior Ramiro Pereyra realizara una cobertura gráfica y lo obligó a borrar las imágenes que había captado. La asamblea ciudadana de Malvinas repudió el hecho y dijo desconocer a los agresores.
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Liberan a detenidos e investigan a policías
Monsanto: El informe se adecuará a la nueva ley
El agro, frente a nuevas exigencias ambientales
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Lenta liberación
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Montero: “Acá hay funcionarios que son responsables del conflicto social”
Hoy Día (13/06/2014)
Críticas cruzadas tras la sanción de la ley ambiental
Diario El Alfil (13/06/2014)
Ecofachos
Día a Día (13/06/2014)
Ambientalistas amenazaron a un fotógrafo en el acampe de Malvinas Argentinas
El Puntal de Río Cuarto (13/06/2014)
Protección del ambiente: qué cambia con la nueva ley
Los legisladores destacaron el consenso y cuestionaron la protesta
La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (13/06/2014)
Ley Ambiental: movilización de la Izquierda causa caos en el centro
La Voz del Interior - Edición Electrónica (13/06/2014)
Piden liberar a detenidos tras los disturbios cerca de la Legislatura
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Ley de ambiente: quedan seis detenidos
El Puntal de Villa María (13/06/2014)
Ley de Ambiente: incorporaron propuestas locales y dicen que la norma es superadora
.
12 jun 2014
Ley de Ambiente: consenso político, caos social
La Mañana de Córdoba (12/06/2014)
Consenso político para la ley y desmanes en la calle
Al menos 15 policías heridos y 26 personas detenidas fue el saldo de la violenta protesta contra el proyecto que anoche se aprobó con el apoyo de todos los bloques, con la excepción del Frente de Izquierda y una abstención.
Con el voto de todos los bloques de la Unicameral, con excepción del Frente de Izquierda y la abstención del legislador José De Lucca, del Frente para la Victoria, se aprobó ayer la nueva Ley de Convivencia Ambiental. La norma contó con el aporte de organizaciones ambientales durante el debate en comisión que llevó cerca de tres meses, y tuvo modificaciones que se fueron realizando al despacho final hasta último momento. Esto hizo que muchas de esas organizaciones desconocieran el texto final.
Esto, sumado al malestar de los asambleístas que resisten en un acampe en Malvinas Argentinas al considerar ésta una ley “a la medida de Monsanto”, enrareció el clima previo a la maratónica sesión de la Legislatura.
Desde temprano, un grupo de ambientalistas encabezado por la referente de las Madres de Barrio Ituzaingó, Sofía Gatica, se encadenó a las vallas que rodeaban a la Unicameral. Pero lo que fue planteado como una manifestación pacífica para impedir la aprobación de esta ley, se convirtió a pocos minutos de su tratamiento, en hechos de violencia que rozaban de a ratos lo irracional (ver en: lmcordoba.com.ar)
Estos hechos merecieron el repudio de los bloques al iniciar la sesión y del gobernador José Manuel de la Sota, quien dedicó varios tuits sobre los desmanes.
Los desmanes también ocasionaron un fuerte cruce entre los legisladores cuando la radical María Alejandra Matar pidió una cuestión de privilegio contra su par del FIT, Cintia Frencia (con el apoyo de Unión por Córdoba) a quien acusó de alentar los incidentes. Frencia, a su turno, hizo responsable a quienes aprobaron esta ley por los desmanes ocurridos previamente y adelantó que irá a la Justicia por las acusaciones de la UCR. Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Yuni, aseguró que esos disturbios tuvieron por fin que no hubiera debate en el recinto de la Unicameral.
Frencia fue, junto a Nancy Lizzul del Frente Cívico, la única que se opuso al proyecto argumentando que el mismo fue diseñado para permitir el ingreso de Monsanto a Malvinas Argentinas, cuando permite el reordenamiento territorial para que la multinacional pueda instalarse donde actualmente no podría hacerlo por la actual norma de uso de suelo. Desde el FIT, la contrapropuesta era declarar la emergencia ambiental.
Lizzul no acompañó la propuesta oficialista de política ambiental, por considerarla “una elevada barrera al ingreso de nuevas industrias”. Señaló que “así como cuidamos el medio ambiente, hay que preservar los puestos de trabajo a través de seguir siendo una provincia atractiva para la radicación de nuevas industrias y emprendimientos productivos”.
Principales puntos
• Incorpora un ordenamiento ambiental de territorio que asegure el uso adecuado de los recursos ambientales.
• Introduce la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental, previo al otorgamiento de la licencia ambiental, y la realización de audiencias públicas, en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante pero obligatoria.
• Obliga al control y fiscalización de las actividades antrópicas mediante la vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades y auditorías ambientales, entre otras.
• Introduce temáticas ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles.
• Obliga a la contratación de un seguro ambiental por quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente.
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Batalla campal
Detenidos y denuncia de irregularidades
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Fuerte aval político para la polémica ley ambiental
Graves incidentes y 15 policías heridos
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Afuera el caos, adentro nueva ley de ambiente
El Puntal de Río Cuarto (12/06/2014)
En la Legislatura, aprobaron la nueva Ley de Ambiente
Comercio y Justicia (12/06/2014)
Consensúan ley de ambiente con amplias facultades para exigir estudio de impacto
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Incidentes en Córdoba: Veinte detenidos por la nueva ley ambiental
Diario El Alfil (12/06/2014)
Nueva ley ambiental con masivo apoyo legislativo
Reprobados en biología; también en política
Hoy Día (12/06/2014)
Fuerte resistencia a la ley de ambiente
La Voz del Interior - Edición Electrónica (12/06/2014)
El FIT pide la liberación de los detenidos tras los disturbios cerca de la Legislatura
Liberarán durante la tarde a los detenidos por los incidentes en la Unicameral
Saieg: Hubo bastantes infiltrados y delincuentes en la protesta de ayer
Ambientalistas obligaron a fotógrafo de La Voz a borrar fotos
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Liberan a los primeros detenidos por incidentes en la Legislatura
Reparan los daños ocasionados al edificio de la Legislatura
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Liberan a 3 detenidos por incidentes contra la nueva ley ambiental
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.
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Con el voto de todos los bloques de la Unicameral, con excepción del Frente de Izquierda y la abstención del legislador José De Lucca, del Frente para la Victoria, se aprobó ayer la nueva Ley de Convivencia Ambiental. La norma contó con el aporte de organizaciones ambientales durante el debate en comisión que llevó cerca de tres meses, y tuvo modificaciones que se fueron realizando al despacho final hasta último momento. Esto hizo que muchas de esas organizaciones desconocieran el texto final.
Esto, sumado al malestar de los asambleístas que resisten en un acampe en Malvinas Argentinas al considerar ésta una ley “a la medida de Monsanto”, enrareció el clima previo a la maratónica sesión de la Legislatura.
Desde temprano, un grupo de ambientalistas encabezado por la referente de las Madres de Barrio Ituzaingó, Sofía Gatica, se encadenó a las vallas que rodeaban a la Unicameral. Pero lo que fue planteado como una manifestación pacífica para impedir la aprobación de esta ley, se convirtió a pocos minutos de su tratamiento, en hechos de violencia que rozaban de a ratos lo irracional (ver en: lmcordoba.com.ar)
Estos hechos merecieron el repudio de los bloques al iniciar la sesión y del gobernador José Manuel de la Sota, quien dedicó varios tuits sobre los desmanes.
Los desmanes también ocasionaron un fuerte cruce entre los legisladores cuando la radical María Alejandra Matar pidió una cuestión de privilegio contra su par del FIT, Cintia Frencia (con el apoyo de Unión por Córdoba) a quien acusó de alentar los incidentes. Frencia, a su turno, hizo responsable a quienes aprobaron esta ley por los desmanes ocurridos previamente y adelantó que irá a la Justicia por las acusaciones de la UCR. Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Yuni, aseguró que esos disturbios tuvieron por fin que no hubiera debate en el recinto de la Unicameral.
Frencia fue, junto a Nancy Lizzul del Frente Cívico, la única que se opuso al proyecto argumentando que el mismo fue diseñado para permitir el ingreso de Monsanto a Malvinas Argentinas, cuando permite el reordenamiento territorial para que la multinacional pueda instalarse donde actualmente no podría hacerlo por la actual norma de uso de suelo. Desde el FIT, la contrapropuesta era declarar la emergencia ambiental.
Lizzul no acompañó la propuesta oficialista de política ambiental, por considerarla “una elevada barrera al ingreso de nuevas industrias”. Señaló que “así como cuidamos el medio ambiente, hay que preservar los puestos de trabajo a través de seguir siendo una provincia atractiva para la radicación de nuevas industrias y emprendimientos productivos”.
Principales puntos
• Incorpora un ordenamiento ambiental de territorio que asegure el uso adecuado de los recursos ambientales.
• Introduce la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental, previo al otorgamiento de la licencia ambiental, y la realización de audiencias públicas, en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante pero obligatoria.
• Obliga al control y fiscalización de las actividades antrópicas mediante la vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades y auditorías ambientales, entre otras.
• Introduce temáticas ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles.
• Obliga a la contratación de un seguro ambiental por quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente.
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Liberarán durante la tarde a los detenidos por los incidentes en la Unicameral
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Ambientalistas obligaron a fotógrafo de La Voz a borrar fotos
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Ley de Ambiente: liberan a 13 detenidos más por los enfrentamientos de ayer
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11 jun 2014
Con serios incidentes se aprueba la Ley de Ambiente
La Voz del Interior - Edición Electrónica (11/06/2014)
Tras los incidentes, la Unicameral aprobó la nueva Ley de Ambiente
Vecinos de Malvinas Argentinas e Ituzaingó Anexo se quejan porque dicen que no tienen conocimiento del contenido de la normativa. Durante la tarde hubo rotura de vidrios, 27 detenidos y una decena de policías heridos.
La Unicameral de Córdoba aprobó en noche del miércoles el proyecto de ley de Política Ambiental Provincial enviada por el Ejecutivo.
El proyecto original enviado por el gobernador José Manuel de la Sota, sufrió modificaciones en el texto original y fue aprobado con los votos de todos los bloques parlamentarios excepto del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El legislador De Lucca, del Frente para la Victoria, se abstuvo.
Después de los enfrentamientos, que incluyeron el lanzamiento de gases por parte de la Policía, la situación se calmó en la esquina de Deán Funes y Rivera Indarte, mientras adentro del recinto se debatía la ley.
Disturbios
Hacia las 18.30 los disturbios se trasladaron a las zonas aledañas a la Legislatura, donde se produjeron dificultades para la circulación vehicular.
En la intersección de Vélez Sarsfield y bulevard San Juan se observó un importante despliegue policial, que derivó en más una veintena de detenidos, según confirmó a La Voz, el comisario a cargo del operativo, Abel Díaz.
Según describió el comisario, los manifestantes hirieron con piedras y palos a una decena de policías que debieron ser trasladados hacia el Policlínico Policial. “Algunos recibieron golpes fuertes en la cabeza”, agregó Díaz.
Por su parte, el fiscal Guillermo González aseguró en conversación con Cadena 3 que son 27 los detenidos tras los disturbios.
Encadenados
La protesta de vecinos se inició de manera pacífica esta mañana, cuando ocho manifestantes se encadenaron en la puerta de la Unicameral, en rechazo a la iniciativa ambiental.
Ester Quispe, una de las integrantes de la protesta, contó a La Voz que hasta la mañana del miércoles eran ocho las personas encadenadas, aunque esperaban que se sumaran más a partir de una convocatoria en Facebook.
La dirigente se pronunció en contra de “la ley que se quiere votar de nuevo entre gallos y medianoche”. “Si bien han pasado distintas organizaciones por la Legislatura, no tenemos ningún tipo de conocimiento de lo que contiene, no nos ha llegado nada”, agregó.
“No creemos en los legisladores, en esta ley que nos quieren imponer. No nos sentimos representados”, insistió Quispe.
“Tendrán que escuchar lo que necesitamos nosotros, no votar leyes a puertas cerradas”, sostuvo.
Sofía Gatica advirtió en declaraciones a Mitre Córdoba que "la ley está hecha para que Monsanto se instale legalmente".
En el mismo sentido y mediante un comunicado, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores responsabilizó al “Gobierno provincial por los incidentes frente a la Legislatura” y aseguró que: “El oficialismo, esta vez con el aval de la oposición, quiere aprobar una ley hecha a la medida de la multinacional Monsanto”. Además denunciaron que no dejan ingresar a los abogados de las agrupaciones a los lugares de detención.
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Incidentes en el debate de la ley ambiental: 20 detenidos
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Se aprobó nueva Ley de Ambiente con el rechazo de ecologistas
Debaten Ley de Ambiente: hubo disturbios frente a la Legislatura
Represión, corridas y tránsito caótico en torno a la Unicameral
Señalan a "encapuchados" como los protagonistas de disturbios
Asambleístas se encadenaron contra la nueva Ley de Ambiente
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Ambientalistas se encadenan en rechazo a proyecto de ley de De la Sota
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Con retoques en el despacho final, hoy se aprobaría la nueva Ley de Ambiente
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Negocian detalles de la ley de ambiente; igual protestarían los asambleístas
.
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Vecinos de Malvinas Argentinas e Ituzaingó Anexo se quejan porque dicen que no tienen conocimiento del contenido de la normativa. Durante la tarde hubo rotura de vidrios, 27 detenidos y una decena de policías heridos.
La Unicameral de Córdoba aprobó en noche del miércoles el proyecto de ley de Política Ambiental Provincial enviada por el Ejecutivo.
El proyecto original enviado por el gobernador José Manuel de la Sota, sufrió modificaciones en el texto original y fue aprobado con los votos de todos los bloques parlamentarios excepto del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El legislador De Lucca, del Frente para la Victoria, se abstuvo.
Después de los enfrentamientos, que incluyeron el lanzamiento de gases por parte de la Policía, la situación se calmó en la esquina de Deán Funes y Rivera Indarte, mientras adentro del recinto se debatía la ley.
Disturbios
Hacia las 18.30 los disturbios se trasladaron a las zonas aledañas a la Legislatura, donde se produjeron dificultades para la circulación vehicular.
En la intersección de Vélez Sarsfield y bulevard San Juan se observó un importante despliegue policial, que derivó en más una veintena de detenidos, según confirmó a La Voz, el comisario a cargo del operativo, Abel Díaz.
Según describió el comisario, los manifestantes hirieron con piedras y palos a una decena de policías que debieron ser trasladados hacia el Policlínico Policial. “Algunos recibieron golpes fuertes en la cabeza”, agregó Díaz.
Por su parte, el fiscal Guillermo González aseguró en conversación con Cadena 3 que son 27 los detenidos tras los disturbios.
Encadenados
La protesta de vecinos se inició de manera pacífica esta mañana, cuando ocho manifestantes se encadenaron en la puerta de la Unicameral, en rechazo a la iniciativa ambiental.
Ester Quispe, una de las integrantes de la protesta, contó a La Voz que hasta la mañana del miércoles eran ocho las personas encadenadas, aunque esperaban que se sumaran más a partir de una convocatoria en Facebook.
La dirigente se pronunció en contra de “la ley que se quiere votar de nuevo entre gallos y medianoche”. “Si bien han pasado distintas organizaciones por la Legislatura, no tenemos ningún tipo de conocimiento de lo que contiene, no nos ha llegado nada”, agregó.
“No creemos en los legisladores, en esta ley que nos quieren imponer. No nos sentimos representados”, insistió Quispe.
“Tendrán que escuchar lo que necesitamos nosotros, no votar leyes a puertas cerradas”, sostuvo.
Sofía Gatica advirtió en declaraciones a Mitre Córdoba que "la ley está hecha para que Monsanto se instale legalmente".
En el mismo sentido y mediante un comunicado, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores responsabilizó al “Gobierno provincial por los incidentes frente a la Legislatura” y aseguró que: “El oficialismo, esta vez con el aval de la oposición, quiere aprobar una ley hecha a la medida de la multinacional Monsanto”. Además denunciaron que no dejan ingresar a los abogados de las agrupaciones a los lugares de detención.
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Negocian detalles de la ley de ambiente; igual protestarían los asambleístas
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5 jun 2014
Ley de Ambiente: oficialismo pidió una semana más
Día a Día (05/06/2014)
La Legislatura pospuso el tratamiento de varias leyes de ambiente
El oficialismo pidió una semana más para tratar el proyecto de ambiente.
El bloque Unión por Córdoba (UPC) pidió una semana más para analizar los distintos proyectos de ley de ambiente debatidos en Comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral. De esta manera, se pospuso una vez más el tratamiento en recinto de la iniciativa que busca complementar la ley provincial 25.675 que fija presupuestos mínimos para ambiente.
El debate fue generado a instancias del Ejecutivo provincial. Desde comienzo de año a la fecha, unas 30 instituciones participaron del debate, según informó Sergio Busso, titular del bloque de UPC. El viernes pasado entraron en despacho dos proyectos de ley ambiental.
El primero le pertenece al Frente Cívico. La legisladora Liliana Montero explicó a este diario que con esta iniciativa se busca incorporar la salud al estudio de impacto ambiental. Se prevé la creación de un Fondo de Protección Ambiental y una consulta popular para temas polémicos, como emprendimientos inmobiliarios que puedan poner en riesgo el medio ambiente.
El segundo proyecto le pertenece al Seminario de Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que solicitó incorporar la acción de amparo de los intereses difusos y los derechos colectivos como un instrumento más de la política ambiental, según informó La Voz del Interior.
Dante Heredia, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, explicó que este fin de semana estaría listo un proyecto de medio ambiente que unifique las iniciativas presentadas. Y de esta manera justificó la semana extra que se solicitó para el tratamiento de las mismas.
Ver Noticia On Line
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El Puntal de Río Cuarto (05/06/2014)
Ley de ambiente: el oficialismo busca acordar con la oposición
La UCR y el Frente Cívico pidieron incorporar cambios para votar el proyecto oficialista. Entre ellos, generar una comisión multidisciplinaria y controlar el impacto, de cada emprendimiento, sobre la salud
Después de que se suspendiera, por segunda vez, el tratamiento del proyecto oficialista, se abrió la posibilidad de que en la Unicameral se llegue a un acuerdo que permita que la nueva ley salga no solamente con el apoyo de Unión por Córdoba sino también de buena parte de la oposición.
Ayer, desde la UCR y el Frente Cívico confirmaron que el viernes habría un borrador en el que el oficialismo buscaría contemplar parte de las ideas que la oposición dio a conocer en las últimas semanas.
El proyecto original que envió el gobernador José Manuel de la Sota prevé que sean obligatorias las consultas populares y las audiencias públicas cuando pretenda instalarse una industria o un emprendimiento con posible impacto ambiental.
La UCR y el Frente Cívico presentaron sus propias iniciativas.
“Nuestra propuesta apunta a garantizar la seguridad jurídica para los inversores que lleguen a la provincia, la participación social y todo lo que tiene que ver con la remediación de pasivos ambientales e incentivos, para aquellas empresas que vienen modernizándose y actualizándose”, manifestó Eduardo Yuni, titular del bloque radical.
Y agregó: “Consideramos necesario no dejar sujeto a reglamentación aspectos que deberían estar expresamente incluidos en la ley. Segundo, proponemos que se cree un consejo ambiental en el que participen las universidades, los sectores productivos, industriales y las organizaciones medioambientales. Así se podrían evaluar proyectos o situaciones de crisis y, después, se avanzaría en llamados a audiencias públicas o consultas populares”.
Yuni también señaló que la Legislatura debería tener participación en la evaluación de los proyectos para evitar situaciones de crisis medioambiental como las que vienen ocurriendo en Córdoba.
El radicalismo propuso además que se categoricen los proyectos entre aquellos de alto y mediano impacto sobre el ambiente.
Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico, indicó que se espera que el viernes el oficialismo presente un borrador de un nuevo proyecto; a partir de ahí, los bloques opositores definirán si apoyan el texto o si reclaman más cambios. “Al parecer, la intención es que no necesariamente se trate el miércoles próximo, sino llegar a un acuerdo”, manifestó.
Entre los aspectos más importantes que pidió incluir el Frente Cívico está realizar análisis previos y posteriores al inicio de las actividades de un emprendimiento que podría generar contaminación. Así, habrá un seguimiento concreto sobre los efectos que, por ejemplo, una planta de agroquímicos tiene sobre el medio ambiente.
Los puntos que aportó el Frente Cívico son:
l Participación ciudadana en la toma de decisiones.
l Acceso a la información pública ambiental.
l La evaluación de impacto en la salud.
l El acceso a la justicia en materia ambiental.
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Diario El Despertador de Jesús María (05/06/2014)
Ambiente: "Una ley con el mayor consenso"
.
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El debate fue generado a instancias del Ejecutivo provincial. Desde comienzo de año a la fecha, unas 30 instituciones participaron del debate, según informó Sergio Busso, titular del bloque de UPC. El viernes pasado entraron en despacho dos proyectos de ley ambiental.
El primero le pertenece al Frente Cívico. La legisladora Liliana Montero explicó a este diario que con esta iniciativa se busca incorporar la salud al estudio de impacto ambiental. Se prevé la creación de un Fondo de Protección Ambiental y una consulta popular para temas polémicos, como emprendimientos inmobiliarios que puedan poner en riesgo el medio ambiente.
El segundo proyecto le pertenece al Seminario de Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que solicitó incorporar la acción de amparo de los intereses difusos y los derechos colectivos como un instrumento más de la política ambiental, según informó La Voz del Interior.
Dante Heredia, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, explicó que este fin de semana estaría listo un proyecto de medio ambiente que unifique las iniciativas presentadas. Y de esta manera justificó la semana extra que se solicitó para el tratamiento de las mismas.
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El Puntal de Río Cuarto (05/06/2014)
Ley de ambiente: el oficialismo busca acordar con la oposición
La UCR y el Frente Cívico pidieron incorporar cambios para votar el proyecto oficialista. Entre ellos, generar una comisión multidisciplinaria y controlar el impacto, de cada emprendimiento, sobre la salud
Después de que se suspendiera, por segunda vez, el tratamiento del proyecto oficialista, se abrió la posibilidad de que en la Unicameral se llegue a un acuerdo que permita que la nueva ley salga no solamente con el apoyo de Unión por Córdoba sino también de buena parte de la oposición.
Ayer, desde la UCR y el Frente Cívico confirmaron que el viernes habría un borrador en el que el oficialismo buscaría contemplar parte de las ideas que la oposición dio a conocer en las últimas semanas.
El proyecto original que envió el gobernador José Manuel de la Sota prevé que sean obligatorias las consultas populares y las audiencias públicas cuando pretenda instalarse una industria o un emprendimiento con posible impacto ambiental.
La UCR y el Frente Cívico presentaron sus propias iniciativas.
“Nuestra propuesta apunta a garantizar la seguridad jurídica para los inversores que lleguen a la provincia, la participación social y todo lo que tiene que ver con la remediación de pasivos ambientales e incentivos, para aquellas empresas que vienen modernizándose y actualizándose”, manifestó Eduardo Yuni, titular del bloque radical.
Y agregó: “Consideramos necesario no dejar sujeto a reglamentación aspectos que deberían estar expresamente incluidos en la ley. Segundo, proponemos que se cree un consejo ambiental en el que participen las universidades, los sectores productivos, industriales y las organizaciones medioambientales. Así se podrían evaluar proyectos o situaciones de crisis y, después, se avanzaría en llamados a audiencias públicas o consultas populares”.
Yuni también señaló que la Legislatura debería tener participación en la evaluación de los proyectos para evitar situaciones de crisis medioambiental como las que vienen ocurriendo en Córdoba.
El radicalismo propuso además que se categoricen los proyectos entre aquellos de alto y mediano impacto sobre el ambiente.
Santiago Clavijo, legislador del Frente Cívico, indicó que se espera que el viernes el oficialismo presente un borrador de un nuevo proyecto; a partir de ahí, los bloques opositores definirán si apoyan el texto o si reclaman más cambios. “Al parecer, la intención es que no necesariamente se trate el miércoles próximo, sino llegar a un acuerdo”, manifestó.
Entre los aspectos más importantes que pidió incluir el Frente Cívico está realizar análisis previos y posteriores al inicio de las actividades de un emprendimiento que podría generar contaminación. Así, habrá un seguimiento concreto sobre los efectos que, por ejemplo, una planta de agroquímicos tiene sobre el medio ambiente.
Los puntos que aportó el Frente Cívico son:
l Participación ciudadana en la toma de decisiones.
l Acceso a la información pública ambiental.
l La evaluación de impacto en la salud.
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Diario El Despertador de Jesús María (05/06/2014)
Ambiente: "Una ley con el mayor consenso"
.
3 jun 2014
Ley de ambiente: nuevamente pateada para adelante
La Voz del Interior - Edición Electrónica (03/06/2014)
El delasotismo volvió a postergar la sanción de la ley de ambiente
El legislador Dante Heredia (UPC) lo anunció este mediodía en la Legislatura. Quieren analizar nuevas propuestas.
Una vez más, el oficialismo postergó la sanción de la nueva ley de ambiente. Tras haber sido anunciada para el miércoles pasado y luego para mañana, Unión por Córdoba pidió este mediodía en la comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral una semana más.
Dante Heredia, legislador delasotista y presidente de esa comisión, justificó la decisión al afirmar que quieren analizar dos nuevas propuestas.
Una es del Frente Cívico, que pide incoporar un apartado de protección de la salud. La otra es del Seminario de Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), de la Universidad Nacional de Córdona (UNC), que solicitó incorporar la acción de amparo de los intereses difusos y/o derechos colectivos como un instrumento más de la política ambiental.
"No queremos cerrar el proyecto sin al menos leer y analizar todas las propuestas", dijo Heredia. "Queremos que esta sea una ley de todos los cordobeses y no sólo de un partido político".
Los distintos bloques opositores presentes en la reunión estuvieron de acuerdo. Asimismo, pidieron que el oficialismo les envíe con al menos 48 horas de anticipación el proyecto definitivo para poder analizarlo antes de la sesión del miércoles de la semana próxima.
En respuesta a ello, Heredia afirmó: "Antes del fin de semana estaremos cursando el proyecto definitivo a los distintos bloques y también a las instituciones que hicieron sus aportes".
El legislador sostuvo que en una reunión ayer con representantes del IIFAP y también de la Facultad de Derecho de la UNC, le pidieron que esta vez no ocurra lo mismo que con la ley de bosques.
En esa oportunidad, el oficialismo había consensuado un proyecto con numerosas instituciones pero luego, antes de la sanción, lo modificó sin aviso, lo que generó duras críticas y hasta denuncias de inconstitucionalidad.
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Hoy Día - Edición Electrónica (03/06/2014)
Se demora la sanción de la nueva ley de ambiente
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El delasotismo volvió a postergar la sanción de la ley de ambiente
El legislador Dante Heredia (UPC) lo anunció este mediodía en la Legislatura. Quieren analizar nuevas propuestas.
Una vez más, el oficialismo postergó la sanción de la nueva ley de ambiente. Tras haber sido anunciada para el miércoles pasado y luego para mañana, Unión por Córdoba pidió este mediodía en la comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral una semana más.
Dante Heredia, legislador delasotista y presidente de esa comisión, justificó la decisión al afirmar que quieren analizar dos nuevas propuestas.
Una es del Frente Cívico, que pide incoporar un apartado de protección de la salud. La otra es del Seminario de Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), de la Universidad Nacional de Córdona (UNC), que solicitó incorporar la acción de amparo de los intereses difusos y/o derechos colectivos como un instrumento más de la política ambiental.
"No queremos cerrar el proyecto sin al menos leer y analizar todas las propuestas", dijo Heredia. "Queremos que esta sea una ley de todos los cordobeses y no sólo de un partido político".
Los distintos bloques opositores presentes en la reunión estuvieron de acuerdo. Asimismo, pidieron que el oficialismo les envíe con al menos 48 horas de anticipación el proyecto definitivo para poder analizarlo antes de la sesión del miércoles de la semana próxima.
En respuesta a ello, Heredia afirmó: "Antes del fin de semana estaremos cursando el proyecto definitivo a los distintos bloques y también a las instituciones que hicieron sus aportes".
El legislador sostuvo que en una reunión ayer con representantes del IIFAP y también de la Facultad de Derecho de la UNC, le pidieron que esta vez no ocurra lo mismo que con la ley de bosques.
En esa oportunidad, el oficialismo había consensuado un proyecto con numerosas instituciones pero luego, antes de la sanción, lo modificó sin aviso, lo que generó duras críticas y hasta denuncias de inconstitucionalidad.
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Hoy Día - Edición Electrónica (03/06/2014)
Se demora la sanción de la nueva ley de ambiente
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2 jun 2014
Ley de ambiente: se aprobaría el miércoles
La Voz del Interior (02/06/2014)
Se sancionaría este miércoles la nueva ley de ambiente
Así lo anunció Unión por Córdoba. Aún no se conoce el proyecto definitivo del oficialismo. UCR y Frente Cívico hicieron sus propuestas.
Si el delasotismo no modifica sus planes, los cordobeses tendrán a partir del miércoles una nueva ley de ambiente. Sin embargo, aún no se conoce el texto definitivo del proyecto que el oficialismo llevará al recinto.
Mientras tanto, el Frente Cívico y la UCR presentaron sus propuestas. Según declararon representantes de ambos bloques, esperan que Unión por Córdoba las tome para incluirlas en su proyecto final.
Ambos sectores proponen la audiencia pública y la consulta popular como las dos formas de participación ciudadana y avanzan en establecer en qué casos y de qué manera se implementaría cada una. También precisan cómo sería el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Unicameral en febrero último, si bien mencionaba la incorporación de “audiencia pública y mecanismos de consulta”, no determinaba cómo se harían ni en qué casos. Tampoco especificaba el proceso de la EIA.
Tanto Sergio Busso, presidente del bloque de Unión por Córdoba, como Dante Heredia, legislador a cargo del proyecto, manifestaron que trabajan en modificaciones al texto original en base a los aportes hechos por numerosas instituciones y especialistas y también por los bloques opositores.
Si bien la nueva norma legislará sobre una decena de instrumentos de política ambiental (ordenamiento territorial, seguros ambientales, acceso a la información, entre otros), la participación ciudadana y la EIA son clave.
En ambos casos, hay contradicción entre la legislación provincial y la nacional, lo que contribuyó, entre otros problemas, al conflicto social y judicial por la instalación de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas.
Esto es lo que propone la oposición para esos dos instrumentos:
Frente Cívico. Para la Evaluación de Impacto Ambiental, pide que sea obligatoria y previa a la autorización de emprendimientos con mayor riesgo de afectar el ambiente, aunque no detalla cuáles serían éstos. Para los casos de menor impacto, la exigencia sería sólo un aviso de proyecto. El criterio es similar al que la Provincia establece en el decreto 2131/00 que reglamenta en la actualidad los estudios de impacto ambiental.
El juecismo propone dejar sentado en la nueva ley el procedimiento técnico-administrativo de la EIA, que constaría de cinco pasos: presentación del aviso de proyecto por parte del promotor, realización y presentación del estudio de impacto ambiental, campaña de difusión e información, proceso de participación ciudadana y, finalmente, otorgamiento o no de la licencia socioambiental por parte de la autoridad de aplicación.
UCR. Propone exigir un estudio de impacto ambiental pero diferencia dos momentos según el grado de incidencia que tenga la actividad: como requisito previo a la “ejecución o desarrollo” de un proyecto, o previo a “su certificado de uso conforme, habilitación o autorización”. Con ello, se plantea una situación similar a la actual legislación provincial de permisos por etapas.
El radicalismo pide, además, que el proceso de EIA se deje establecido paso a paso en la nueva ley y que no quede supeditado a la posterior reglamentación. Asimismo, considera que hay que avanzar en la clasificación de actividades con “presunción de impacto ambiental relevante” y las de “presunción de impacto ambiental mediano”, y que esas categorías deben quedar precisadas en la ley.
Participación ciudadana
Frente Cívico. Las dos formas de participación que propone son la audiencia pública y la consulta popular, según los casos. Considera que la participación debe ser obligatoria en todos los emprendimientos a los que se le exija evaluación de impacto ambiental. La consulta popular quedaría reservada para los proyectos de “alta complejidad ambiental que generen conflicto social”, según precisaron, y sería no vinculante.
UCR. Al igual que el juecismo, considera que la audiencia pública debe ser parte integrante de la evaluación de impacto ambiental, pero agrega que debe ser instrumentada por un consejo provincial de ambiente. Este órgano estaría formado por los distintos niveles de gobierno provincial, representantes de instituciones y de los distintos sectores productivos.
Asimismo, prevé dos formas de consulta popular. Una que sea potestad de la Legislatura, “que podrá considerar someter a Consulta Popular un Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo en el que se planifique el emplazamiento de una obra pública o emprendimiento”. En esos casos, el voto afirmativo del pueblo lo convertiría en ley. La otra forma es un referéndum que podría ser convocado por la Legislatura o por el Gobierno provincial para los emprendimientos de mayor riesgo de impacto ambiental. Al momento de convocarla, tanto el Legislativo como el Ejecutivo determinarían si es o no vinculante
La salud
El Frente Cívico introduce en su propuesta un apartado específico sobre la salud ambiental, que incluye un procedimiento de evaluación de impacto en salud para las actividades en las que sea obligatoria la evaluación de impacto ambiental.
Además, propone un Plan Quinquenal de Salud y Ambiente de la Provincia, que se elaboraría con la participación de instituciones académicas y científicas. El objetivo sería identificar y medir factores de riesgo, elaborar mapas de riesgo ambiental y proponer medidas para minimizar los impactos, entre otras.
Puntos de vista
Eduardo Yuni. Presidente del bloque UCR. “Creemos que hay que establecer reglas de juego claras para los inversores y crear un consejo ambiental provincial para evitar conflictos como el de Monsanto”.
Santiago Clavijo. Legislador del Frente Cívico. “Necesitamos que la participación de los cordobeses en el tema ambiental sea efectiva y anterior a la toma de decisiones, y que no se quede en el discurso”.
Sergio Busso. Presidente de Unión por Córdoba. “Queremos llegar a un proyecto consensuado con la oposición. Hemos escuchado a más de 30 instituciones y creemos que ya es hora de sancionar la ley”.
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El socialismo y la izquierda se oponen a crear otra norma
Para Roberto Birri, legislador del Partido Socialista, es suficiente con actualizar la Ley Provincial del Ambiente N° 7.343.
“La ley actual goza de un consenso que la nueva ley no tiene”, sostuvo Birri, quien recordó que buena parte de los académicos, instituciones y organizaciones sociales que opinaron en la Unicameral sobre el proyecto del Poder Ejecutivo fueron muy críticos.
“Creo que es suficiente con incorporar a la ley provincial la participación ciudadana y adecuarla en todos los puntos que sea necesario a las exigencias de la ley nacional (Ley General del Ambiente N° 25.675)”, sostuvo. Entre la adecuaciones, mencionó la evaluación de impacto ambiental, los principios ambientales y la noción de daño ambiental, entre otras.
El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), representado por la legisladora Cintia Frencia, en tanto, denunció que la nueva ley que se quiere sancionar es “a medida de Monsanto” y presentaron un proyecto para declarar la “emergencia ambiental” en la provincia.
El FIT considera que se debe “prohibir por 24 meses la instalación de nuevos emprendimientos comerciales, urbanísticos y productivos de alto impacto” y crear una comisión de emergencia ambiental para sanear zonas de la provincia afectadas del territorio.
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El Puntal de Río Cuarto (02/06/2014)
Reforma a la ley de ambiente: el Frente Cívico reclama cambios
El proyecto girado por el Ejecutivo provincial podría ser tratado esta semana en la Unicameral. El bloque de la oposición remarca que “el límite es la salud” y exige modificaciones “sustanciales” al texto
La propuesta que el Ejecutivo provincial giró a la Legislatura para modificar la normativa ambientalista en Córdoba generó un sinfín de observaciones de diferentes sectores económicos, políticos y sociales en las distintas instancias de consultas que se abrieron con la finalidad de intercambiar opiniones antes de aplicar las modificaciones en el recinto, algo que podría finalmente darse esta semana.
Ante esto, el bloque del Frente Cívico reclamó “cambios sustanciales, luego de más de tres meses de trabajo y de escuchar las fuertes críticas al proyecto del oficialismo”.
En este sentido, la titular del bloque, Liliana Montero, adelantó que el bloque “presentará alternativas al proyecto oficial, esperando que el oficialismo las tome para beneficio de todos los cordobeses”.
El legislador de esa bancada, Carlos Roffé, expresó que proponen incorporar “mecanismos de prevención y protección de la salud, y que se promuevan acciones de salud ambiental ya que el ser humano y su salud deben ser considerados como elementos indisociables del medio ambiente”.
“A la evaluación de impacto ambiental la consideramos una intervención fundamental en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental y tiene como objetivo determinar los potenciales efectos nocivos en la salud de la población”, agregó.
“En definitiva, es un proceso preventivo que persigue proteger la salud del entorno poblacional del proyecto en estudio”, dijo Roffé.
Por su parte, el legislador Santiago Clavijo sostuvo que en una provincia como Córdoba, “con gravísimos problemas ambientales y de salud, poder incorporar en legislación ambiental algunos criterios que sirvan para la defensa de un ambiente sano y saludable, es una pelea que tenemos la obligación de dar”.
“Necesitamos que la participación de los cordobeses en el tema ambiental sea efectiva y anterior a la toma de decisiones y no un discurso; tener acceso a la información ambiental para poder opinar y defender nuestras posiciones con fundamento; poder proponer, cuestionar, consultar y que las autoridades estén obligadas a tener en cuenta lo que decimos”, siguió.
Y cerró: “Necesitamos en Córdoba herramientas jurídicas como el Amparo Ambiental para poder frenar rápida y eficazmente procesos y actividades contaminantes. Hay que sacarse la careta, no podemos vivir como vivimos sin afectar el ambiente, pero eso tiene que tener un límite y ese límite es la salud de la comunidad”.
Por último, la legisladora del mismo bloque Nancy Lizzul argumentó: "Nos parece que debemos apuntar a cuidar la salud y el ambiente incluyendo al hombre y su trabajo en el sector productivo público, respetando las zonas industriales, urbanas y rurales para favorecer la instalación de industrias con bajo impacto ambiental y no contaminantes para la salud humana. Es necesaria también la modificación de la ley de destrucción de bosques nativos, así como también saber por qué hay obras mal ejecutadas por el gobierno de Unión por Córdoba porque en ningún caso se realizó la evaluación de impacto ambiental”.
La propuesta
* El proyecto prevé la obligatoriedad de las consultas y audiencias públicas frente a todas las actividades que puedan provocar algún tipo de perjuicio en el medio ambiente de Córdoba, como instancia previa a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
* Obliga a las personas físicas y jurídicas a proporcionar información sobre la calidad ambiental y las actividades que realicen en la provincia.
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Se sancionaría este miércoles la nueva ley de ambiente
Así lo anunció Unión por Córdoba. Aún no se conoce el proyecto definitivo del oficialismo. UCR y Frente Cívico hicieron sus propuestas.
Si el delasotismo no modifica sus planes, los cordobeses tendrán a partir del miércoles una nueva ley de ambiente. Sin embargo, aún no se conoce el texto definitivo del proyecto que el oficialismo llevará al recinto.
Mientras tanto, el Frente Cívico y la UCR presentaron sus propuestas. Según declararon representantes de ambos bloques, esperan que Unión por Córdoba las tome para incluirlas en su proyecto final.
Ambos sectores proponen la audiencia pública y la consulta popular como las dos formas de participación ciudadana y avanzan en establecer en qué casos y de qué manera se implementaría cada una. También precisan cómo sería el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Unicameral en febrero último, si bien mencionaba la incorporación de “audiencia pública y mecanismos de consulta”, no determinaba cómo se harían ni en qué casos. Tampoco especificaba el proceso de la EIA.
Tanto Sergio Busso, presidente del bloque de Unión por Córdoba, como Dante Heredia, legislador a cargo del proyecto, manifestaron que trabajan en modificaciones al texto original en base a los aportes hechos por numerosas instituciones y especialistas y también por los bloques opositores.
Si bien la nueva norma legislará sobre una decena de instrumentos de política ambiental (ordenamiento territorial, seguros ambientales, acceso a la información, entre otros), la participación ciudadana y la EIA son clave.
En ambos casos, hay contradicción entre la legislación provincial y la nacional, lo que contribuyó, entre otros problemas, al conflicto social y judicial por la instalación de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas.
Esto es lo que propone la oposición para esos dos instrumentos:
Frente Cívico. Para la Evaluación de Impacto Ambiental, pide que sea obligatoria y previa a la autorización de emprendimientos con mayor riesgo de afectar el ambiente, aunque no detalla cuáles serían éstos. Para los casos de menor impacto, la exigencia sería sólo un aviso de proyecto. El criterio es similar al que la Provincia establece en el decreto 2131/00 que reglamenta en la actualidad los estudios de impacto ambiental.
El juecismo propone dejar sentado en la nueva ley el procedimiento técnico-administrativo de la EIA, que constaría de cinco pasos: presentación del aviso de proyecto por parte del promotor, realización y presentación del estudio de impacto ambiental, campaña de difusión e información, proceso de participación ciudadana y, finalmente, otorgamiento o no de la licencia socioambiental por parte de la autoridad de aplicación.
UCR. Propone exigir un estudio de impacto ambiental pero diferencia dos momentos según el grado de incidencia que tenga la actividad: como requisito previo a la “ejecución o desarrollo” de un proyecto, o previo a “su certificado de uso conforme, habilitación o autorización”. Con ello, se plantea una situación similar a la actual legislación provincial de permisos por etapas.
El radicalismo pide, además, que el proceso de EIA se deje establecido paso a paso en la nueva ley y que no quede supeditado a la posterior reglamentación. Asimismo, considera que hay que avanzar en la clasificación de actividades con “presunción de impacto ambiental relevante” y las de “presunción de impacto ambiental mediano”, y que esas categorías deben quedar precisadas en la ley.
Participación ciudadana
Frente Cívico. Las dos formas de participación que propone son la audiencia pública y la consulta popular, según los casos. Considera que la participación debe ser obligatoria en todos los emprendimientos a los que se le exija evaluación de impacto ambiental. La consulta popular quedaría reservada para los proyectos de “alta complejidad ambiental que generen conflicto social”, según precisaron, y sería no vinculante.
UCR. Al igual que el juecismo, considera que la audiencia pública debe ser parte integrante de la evaluación de impacto ambiental, pero agrega que debe ser instrumentada por un consejo provincial de ambiente. Este órgano estaría formado por los distintos niveles de gobierno provincial, representantes de instituciones y de los distintos sectores productivos.
Asimismo, prevé dos formas de consulta popular. Una que sea potestad de la Legislatura, “que podrá considerar someter a Consulta Popular un Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo en el que se planifique el emplazamiento de una obra pública o emprendimiento”. En esos casos, el voto afirmativo del pueblo lo convertiría en ley. La otra forma es un referéndum que podría ser convocado por la Legislatura o por el Gobierno provincial para los emprendimientos de mayor riesgo de impacto ambiental. Al momento de convocarla, tanto el Legislativo como el Ejecutivo determinarían si es o no vinculante
La salud
El Frente Cívico introduce en su propuesta un apartado específico sobre la salud ambiental, que incluye un procedimiento de evaluación de impacto en salud para las actividades en las que sea obligatoria la evaluación de impacto ambiental.
Además, propone un Plan Quinquenal de Salud y Ambiente de la Provincia, que se elaboraría con la participación de instituciones académicas y científicas. El objetivo sería identificar y medir factores de riesgo, elaborar mapas de riesgo ambiental y proponer medidas para minimizar los impactos, entre otras.
Puntos de vista
Eduardo Yuni. Presidente del bloque UCR. “Creemos que hay que establecer reglas de juego claras para los inversores y crear un consejo ambiental provincial para evitar conflictos como el de Monsanto”.
Santiago Clavijo. Legislador del Frente Cívico. “Necesitamos que la participación de los cordobeses en el tema ambiental sea efectiva y anterior a la toma de decisiones, y que no se quede en el discurso”.
Sergio Busso. Presidente de Unión por Córdoba. “Queremos llegar a un proyecto consensuado con la oposición. Hemos escuchado a más de 30 instituciones y creemos que ya es hora de sancionar la ley”.
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El socialismo y la izquierda se oponen a crear otra norma
Para Roberto Birri, legislador del Partido Socialista, es suficiente con actualizar la Ley Provincial del Ambiente N° 7.343.
“La ley actual goza de un consenso que la nueva ley no tiene”, sostuvo Birri, quien recordó que buena parte de los académicos, instituciones y organizaciones sociales que opinaron en la Unicameral sobre el proyecto del Poder Ejecutivo fueron muy críticos.
“Creo que es suficiente con incorporar a la ley provincial la participación ciudadana y adecuarla en todos los puntos que sea necesario a las exigencias de la ley nacional (Ley General del Ambiente N° 25.675)”, sostuvo. Entre la adecuaciones, mencionó la evaluación de impacto ambiental, los principios ambientales y la noción de daño ambiental, entre otras.
El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), representado por la legisladora Cintia Frencia, en tanto, denunció que la nueva ley que se quiere sancionar es “a medida de Monsanto” y presentaron un proyecto para declarar la “emergencia ambiental” en la provincia.
El FIT considera que se debe “prohibir por 24 meses la instalación de nuevos emprendimientos comerciales, urbanísticos y productivos de alto impacto” y crear una comisión de emergencia ambiental para sanear zonas de la provincia afectadas del territorio.
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El Puntal de Río Cuarto (02/06/2014)
Reforma a la ley de ambiente: el Frente Cívico reclama cambios
El proyecto girado por el Ejecutivo provincial podría ser tratado esta semana en la Unicameral. El bloque de la oposición remarca que “el límite es la salud” y exige modificaciones “sustanciales” al texto
La propuesta que el Ejecutivo provincial giró a la Legislatura para modificar la normativa ambientalista en Córdoba generó un sinfín de observaciones de diferentes sectores económicos, políticos y sociales en las distintas instancias de consultas que se abrieron con la finalidad de intercambiar opiniones antes de aplicar las modificaciones en el recinto, algo que podría finalmente darse esta semana.
Ante esto, el bloque del Frente Cívico reclamó “cambios sustanciales, luego de más de tres meses de trabajo y de escuchar las fuertes críticas al proyecto del oficialismo”.
En este sentido, la titular del bloque, Liliana Montero, adelantó que el bloque “presentará alternativas al proyecto oficial, esperando que el oficialismo las tome para beneficio de todos los cordobeses”.
El legislador de esa bancada, Carlos Roffé, expresó que proponen incorporar “mecanismos de prevención y protección de la salud, y que se promuevan acciones de salud ambiental ya que el ser humano y su salud deben ser considerados como elementos indisociables del medio ambiente”.
“A la evaluación de impacto ambiental la consideramos una intervención fundamental en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental y tiene como objetivo determinar los potenciales efectos nocivos en la salud de la población”, agregó.
“En definitiva, es un proceso preventivo que persigue proteger la salud del entorno poblacional del proyecto en estudio”, dijo Roffé.
Por su parte, el legislador Santiago Clavijo sostuvo que en una provincia como Córdoba, “con gravísimos problemas ambientales y de salud, poder incorporar en legislación ambiental algunos criterios que sirvan para la defensa de un ambiente sano y saludable, es una pelea que tenemos la obligación de dar”.
“Necesitamos que la participación de los cordobeses en el tema ambiental sea efectiva y anterior a la toma de decisiones y no un discurso; tener acceso a la información ambiental para poder opinar y defender nuestras posiciones con fundamento; poder proponer, cuestionar, consultar y que las autoridades estén obligadas a tener en cuenta lo que decimos”, siguió.
Y cerró: “Necesitamos en Córdoba herramientas jurídicas como el Amparo Ambiental para poder frenar rápida y eficazmente procesos y actividades contaminantes. Hay que sacarse la careta, no podemos vivir como vivimos sin afectar el ambiente, pero eso tiene que tener un límite y ese límite es la salud de la comunidad”.
Por último, la legisladora del mismo bloque Nancy Lizzul argumentó: "Nos parece que debemos apuntar a cuidar la salud y el ambiente incluyendo al hombre y su trabajo en el sector productivo público, respetando las zonas industriales, urbanas y rurales para favorecer la instalación de industrias con bajo impacto ambiental y no contaminantes para la salud humana. Es necesaria también la modificación de la ley de destrucción de bosques nativos, así como también saber por qué hay obras mal ejecutadas por el gobierno de Unión por Córdoba porque en ningún caso se realizó la evaluación de impacto ambiental”.
La propuesta
* El proyecto prevé la obligatoriedad de las consultas y audiencias públicas frente a todas las actividades que puedan provocar algún tipo de perjuicio en el medio ambiente de Córdoba, como instancia previa a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
* Obliga a las personas físicas y jurídicas a proporcionar información sobre la calidad ambiental y las actividades que realicen en la provincia.
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27 may 2014
La ley de ambiente se prorroga una semana
La Voz del Interior - Edición Electrónica (27/05/2014)
Postergan una semana la sanción de la ley de ambiente
Lo confirmó Sergio Busso, presidente del bloque delasotista en la Legislatura. Buscan consenso con la oposición. Expectativa por la planta de Monsanto.
El delasotismo informó esta tarde que postergarán para el miércoles que viene la sanción de la nueva ley de ambiente, cuyo debate estaba previsto para mañana.
"La oposición nos pidió una semana más y aceptamos", explicó a La Voz Sergio Busso, presidente del bloque de Unión por Córdoba en la Unicameral. "Desde el principio planteamos que queremos que esta ley salga con el mayor consenso posible", remarcó.
La iniciativa de adecuar la legislación provincial de ambiente a la ley nacional de presupuestos mínimos N° 25.675 fue del Poder Ejecutivo, en medio del conflicto por la instalación de una planta de semillas de maíz de Monsanto en Malvinas Argentinas, a 15 kilómetros de la Capital.
El gobernador José Manuel de la Sota lo planteó como un proyecto de "convivencia ambiental", por el cual se reforzaría la participación ciudadana y la exigencia en materia ambiental a los emprendimientos productivos.
Desde que el proyecto ingresó a la Legislatura, en febrero último, recibió numerosas críticas desde distintos sectores, como las universidades, organizaciones sociales, cámaras industriales y agropecuerias. Todos plantearon que no está claro cómo y cuándo se implementarán mecanismos de participación ciudadana ni cuáles serán. También cuestionan que muchos puntos quedan supeditados a la posterior reglamentación que haga el Poder Ejecutivo.
Busso dijo que tomaron nota de todo y que estudian modificaciones al proyecto junto con los aportes que haga la oposición. De todos modos, aclaró que el miércoles que viene es la fecha límite: "Haremos todos los acuerdos posibles hasta la semana que viene, que es la fecha definitiva de sanción", sostuvo.
El delasotismo cuenta con la mayoría suficiente como para tratar y sancionar el proyecto.
Si bien los legisladores oficialistas buscan separar el debate de esta ley de la radicación de Monsanto, la empresa ya anunció que está esperando la nueva legislación para presentar otro estudio de impacto ambiental, ya que el primero le fue reprobado por el Gobierno.
Desde enero pasado, la construcción de la planta esta suspendida por un fallo judicial que declaró inconstitucionales las autorizaciones dadas por la Provincia y el municipio de Malvinas a la empresa. El Tribunal Superior de Justicia ahora analiza si avala esa resolución o la revierte.
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Postergan una semana la sanción de la ley de ambiente
Lo confirmó Sergio Busso, presidente del bloque delasotista en la Legislatura. Buscan consenso con la oposición. Expectativa por la planta de Monsanto.
El delasotismo informó esta tarde que postergarán para el miércoles que viene la sanción de la nueva ley de ambiente, cuyo debate estaba previsto para mañana.
"La oposición nos pidió una semana más y aceptamos", explicó a La Voz Sergio Busso, presidente del bloque de Unión por Córdoba en la Unicameral. "Desde el principio planteamos que queremos que esta ley salga con el mayor consenso posible", remarcó.
La iniciativa de adecuar la legislación provincial de ambiente a la ley nacional de presupuestos mínimos N° 25.675 fue del Poder Ejecutivo, en medio del conflicto por la instalación de una planta de semillas de maíz de Monsanto en Malvinas Argentinas, a 15 kilómetros de la Capital.
El gobernador José Manuel de la Sota lo planteó como un proyecto de "convivencia ambiental", por el cual se reforzaría la participación ciudadana y la exigencia en materia ambiental a los emprendimientos productivos.
Desde que el proyecto ingresó a la Legislatura, en febrero último, recibió numerosas críticas desde distintos sectores, como las universidades, organizaciones sociales, cámaras industriales y agropecuerias. Todos plantearon que no está claro cómo y cuándo se implementarán mecanismos de participación ciudadana ni cuáles serán. También cuestionan que muchos puntos quedan supeditados a la posterior reglamentación que haga el Poder Ejecutivo.
Busso dijo que tomaron nota de todo y que estudian modificaciones al proyecto junto con los aportes que haga la oposición. De todos modos, aclaró que el miércoles que viene es la fecha límite: "Haremos todos los acuerdos posibles hasta la semana que viene, que es la fecha definitiva de sanción", sostuvo.
El delasotismo cuenta con la mayoría suficiente como para tratar y sancionar el proyecto.
Si bien los legisladores oficialistas buscan separar el debate de esta ley de la radicación de Monsanto, la empresa ya anunció que está esperando la nueva legislación para presentar otro estudio de impacto ambiental, ya que el primero le fue reprobado por el Gobierno.
Desde enero pasado, la construcción de la planta esta suspendida por un fallo judicial que declaró inconstitucionales las autorizaciones dadas por la Provincia y el municipio de Malvinas a la empresa. El Tribunal Superior de Justicia ahora analiza si avala esa resolución o la revierte.
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