Hoy Día (12/06/2024)
Frenaron el desarrollo de Villa Candonga

El exsecretario de Ambiente, que aprobó el proyecto en 2010, tiene una causa por abuso de poder
La Cámara Cuarta Civil y Comercial de Apelaciones frenó el emprendimiento presentado por la firma Ticupil SA, por haber sido autorizado ilegalmente. La resolución de la Secretaría de Ambiente de la Provincia dictada en 2010 quedó sin efecto gracias a los reclamos y luchas constantes de vecinos autoconvocados y organizados para proteger el loteo de Candonga.
Con esto, el “Emprendimiento inmobiliario turístico de Villa Candonga”, ya no podrá realizar obras nuevas, cancelando las actividades previstas. Los vecinos de El Manzano, Cerro Azul y Agua de Oro habían presentado un amparo ambiental para evitar que se vulneren las áreas de protección ambiental ubicadas en “zona roja” que abarcaba el proyecto.
Inicialmente, fue el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, quien con la resolución 1.200 había dado el visto bueno para la realización del desarrollo inmobiliario, ignorando todos los protocolos ambientales de la zona. Una semana atrás, los camaristas Federico Alejandro Ossola y Ricardo Javier Belmaña, declararon la nulidad de la anterior sentencia. Acosta debió abandonar su cargo debido a una situación similar en San Antonio de Arredondo, siendo condenado en 2023 por abuso de la autoridad, ahora sumándose esta nueva causa.
El emprendimiento intervenía el bosque nativo de la zona de cuenca alta del arroyo Chavascate, donde se planificaron 308 unidades habitacionales en 248 hectáreas. La cámara cuarta indicó que lo único que puede continuar son 23 viviendas que ya comenzaron a construirse, sin embargo, estas estarán sujetas a condiciones de resguardo de ambiente tales como: el mantenimiento de la cuenca hídrica, desarrollo del bosque nativo y restricciones en la construcción en lotes ribereños, sumado a que toda modificación deberá ser aprobada previamente por peritos designados.
En caso de no estar de acuerdo, a la empresa Ticupil SA le queda la posibilidad de recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Juan Carlos Smith, el abogado del grupo de vecinos organizados de la zona, declaró: “Este emprendimiento no debió pasar ni por la mesa de entradas de la Secretaría de Ambiente” basándose en que los predios se ubican en una “zona roja” .

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Comercio y Justicia (12/06/2024)
Suspenden emprendimiento inmobiliario en Candonga

Lo resolvió la Cámara Civil y Comercial de  4° Nominación de la ciudad de Córdoba. Los lotes se encuentran en un sector, próximo a la histórica capilla, que la normativa ambiental considera “zona roja”
La Cámara en lo Civil y Comercial de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba revocó la autorización concedida a una empresa para el desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario Turístico de Villa Candonga, situado en las adyacencias de la histórica capilla. De esta manera, el tribunal modificó una resolución de primera instancia que, en su momento, había rechazado una acción de amparo ambiental presentada por un grupo de vecinos de la zona, aunque impuso varias obligaciones tendientes a la preservación ambiental.
La sentencia declara la nulidad de la Resolución 1200 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que había autorizado el emprendimiento. Para el tribunal, esta resolución incumple lo dispuesto por la Ley 9814, denominada “Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba”, que entró en vigencia mientras se tramitaba el pedido de autorización.
Esta resolución había sido dictada en octubre de 2010 por el entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl O. Costa, quien está imputado en una causa penal (aún no resuelta) iniciada con motivo de dicha decisión administrativa.

Zona roja
El emprendimiento se encuentra situado en un sector considerado “zona roja” por el artículo 5 de la ley (Categoría I, rojo). Allí está prohibido alterar el suelo de manera casi absoluta, salvo una situación excepcionalísima; por ejemplo, que el bosque nativo haya sido sometido con anterioridad a un cambio de uso del suelo, salvo en los casos en que haya existido una violación a la normativa vigente al momento del hecho. Asimismo, ese predio forma parte de la cuenca hídrica de la zona.
La Cámara señaló que la norma imponía a la Autoridad de Aplicación un análisis serio, completo, exhaustivo y detallado, orientado a determinar si, en el caso en concreto, la excepción (que claramente debe ser evaluada con criterio restrictivo) se verificaba, bajo qué circunstancias y con qué características. Luego de analizar el caso, el tribunal –integrado por los camaristas Federico Ossola y Ricardo Belmaña- concluyó que nada de ello se hizo en el marco de lo obrado con motivo de la Resolución 1200.
Los vocales aclararon, en la sentencia, que no se trata aquí de abrazar posturas extremas o ideologizadas, sea en “defensa” de la propiedad privada o sea en “defensa” del ambiente. En efecto, los magistrados sostuvieron que, en el caso, y aun presentándose aquí este delicadísimo conflicto de intereses, la cuestión se simplifica en parte: la ley, que es de orden público, no fue cumplida y ello vicia de nulidad la Resolución 1200, por su ilegalidad manifiesta.
Además, la sentencia indicó que la empresa desarrollista incumplió con la contratación de un seguro ambiental, que era una de las exigencias impuestas por la resolución.

Paralización de obras
En consecuencia, la Cámara en lo Civil y Comercial de 4° Nominación ordenó la inmediata paralización del emprendimiento tal como fuera proyectado y autorizado y, además, prohibió la concreción de obras nuevas como así también de todas las actividades previstas en el proyecto original.
Dado que algunas casas fueron construidas (en violación a la prohibición que se había impuesto en su momento), el tribunal autorizó la finalización de las construcciones efectuadas (23, en total) de acuerdo a las normas legales y reglas contractuales originariamente previstas, bajo el criterio de la menor afectación ambiental posible a la zona. Todo esto deberá ser determinado mediante peritos que deberán ser designados en la etapa de ejecución de sentencia.
Esto último en razón de que no tuvieron participación en el proceso los adquirentes de dichos lotes, por lo cual el resguardo de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa en juicio impiden otro tipo de solución.
Finalmente, se impuso a la Provincia de Córdoba, a través de la Autoridad de Aplicación, el estricto seguimiento de las acciones que se realicen. Deberá velar por el cumplimiento de lo aquí resuelto e informar al juzgado de primera instancia, cada dos meses, sobre el avance de las obras y demás cuestiones que sean conducentes para el cumplimiento de lo aquí decidido.
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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (11/06/2024)
Villa Candonga: Se frena polémico proyecto de country

La Cámara en lo Civil y Comercial de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba revocó la autorización concedida a una empresa para el desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario Turístico de Villa Candonga, situado en las adyacencias de la histórica capilla. De esta manera, el tribunal modificó una resolución de primera instancia que, en su momento, había rechazado una acción de amparo ambiental presentada por un grupo de vecinos de la zona, aunque impuso varias obligaciones tendientes a la preservación ambiental.
La sentencia declara la nulidad de la Resolución 1200 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que había autorizado el emprendimiento. Para el tribunal, esta resolución incumple lo dispuesto por la Ley 9814, denominada “Ordenamiento territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba”, que entró en vigencia mientras se tramitaba el pedido de autorización.
Esta resolución había sido dictada en octubre de 2010 por el entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl O. Costa, quien está imputado en una causa penal (aún no resuelta) iniciada con motivo de dicha decisión administrativa.

Zona roja
El emprendimiento se encuentra situado en un sector considerado “zona roja” por el artículo 5 de la ley (Categoría I, rojo). Allí está prohibido alterar el suelo de manera casi absoluta, salvo una situación excepcionalísima; por ejemplo, que el bosque nativo haya sido sometido con anterioridad a un cambio de uso del suelo, salvo en los casos en que haya existido una violación a la normativa vigente al momento del hecho. Asimismo, ese predio forma parte de la cuenca hídrica de la zona.
La Cámara señaló que la norma imponía a la Autoridad de Aplicación un análisis serio, completo, exhaustivo y detallado, orientado a determinar si, en el caso en concreto, la excepción (que claramente debe ser evaluada con criterio restrictivo) se verificaba, bajo qué circunstancias y con qué características. Luego de analizar el caso, el tribunal –integrado por los camaristas Federico Ossola y Ricardo Belmaña- concluyó que nada de ello se hizo en el marco de lo obrado con motivo de la Resolución 1200.
Los vocales aclararon, en la sentencia, que no se trata aquí de abrazar posturas extremas o ideologizadas, sea en “defensa” de la propiedad privada o sea en “defensa” del ambiente. En efecto, los magistrados sostuvieron que, en el caso, y aun presentándose aquí este delicadísimo conflicto de intereses, la cuestión se simplifica en parte: la ley, que es de orden público, no fue cumplida y ello vicia de nulidad la Resolución 1200, por su ilegalidad manifiesta.
Además, la sentencia indicó que la empresa desarrollista incumplió con la contratación de un seguro ambiental, que era una de las exigencias impuestas por la resolución.

Paralización de obras
En consecuencia, la Cámara en lo Civil y Comercial de 4° Nominación ordenó la inmediata paralización del emprendimiento tal como fuera proyectado y autorizado y, además, prohibió la concreción de obras nuevas como así también de todas las actividades previstas en el proyecto original.
Dado que algunas casas fueron construidas (en violación a la prohibición que se había impuesto en su momento), el tribunal autorizó la finalización de las construcciones efectuadas (23, en total) de acuerdo a las normas legales y reglas contractuales originariamente previstas, bajo el criterio de la menor afectación ambiental posible a la zona. Todo esto deberá ser determinado mediante peritos que deberán ser designados en la etapa de ejecución de sentencia.
Esto último en razón de que no tuvieron participación en el proceso los adquirentes de dichos lotes, por lo cual el resguardo de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa en juicio impiden otro tipo de solución.
Finalmente, se impuso a la Provincia de Córdoba, a través de la Autoridad de Aplicación, el estricto seguimiento de las acciones que se realicen. Deberá velar por el cumplimiento de lo aquí resuelto e informar al juzgado de primera instancia, cada dos meses, sobre el avance de las obras y demás cuestiones que sean conducentes para el cumplimiento de lo aquí decidido.
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La Voz del Interior - Edición Electrónica (10/06/2024)
La Justicia frenó el country de Candonga por haber sido autorizado ilegalmente

Quedó sin efecto una resolución de Ambiente de la Provincia que lo habilitó, en 2010. La Cámara 4ª Civil y Comercial de Apelaciones ordenó la inmediata paralización del emprendimiento. Dejarán 23 casas ya construidas, sobre un total de 308 proyectadas.
La Cámara de Apelaciones de 4ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba ordenó la inmediata paralización del “Emprendimiento inmobiliario turístico de Villa Candonga”, tal cual fue proyectado y autorizado, y prohibió la realización de obras nuevas y todas las actividades previstas en la planificación inicial.
Con esto, se le da un corte decisivo a la decisión de continuar con las obras, luego de que un nutrido grupo de vecinos de El Manzano, de Cerro Azul y de Agua de Oro presentaron un amparo para evitar que se vulneraran áreas de protección ambiental ubicadas en “zona roja”.
Esto se debe a la sentencia 70 de este tribunal, firmada el pasado 5 de junio por los camaristas Federico Alejandro Ossola y Ricardo Javier Belmaña, quienes declararon la nulidad de la polémica resolución 1.200 que en octubre de 2010 había firmado el entonces secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, quien luego debió abandonar el cargo y terminó condenado por una situación similar en San Antonio de Arredondo.
Costa está acusado por esta autorización de Ambiente en 2010 y está procesado por el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini por “abuso de autoridad”. Por ese mismo delito, Costa fue condenado en abril de 2023, por la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, a tres años de prisión en suspenso. Fue el primer funcionario del Ejecutivo provincial condenado desde la asunción de autoridades justicialistas, en 1999.

Ilegalidad manifiesta
La Cámara de Apelaciones de 4ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba ahora resuelve que la nulidad de esa autorización (resolución 1.200) es “por ilegalidad manifiesta”.
Pero, lo interesante es que esa nulidad deja “sin efecto la autorización allí decidida para la realización del “Emprendimiento inmobiliario turístico de Villa Candonga” presentado por (la firma) Ticupil SA”.
El emprendimiento preveía la intervención del bosque nativo en una zona de cuenca alta del arroyo Chavascate. Se planificaron 308 unidades habitacionales en un predio de unas 148 hectáreas, en los terrenos que dependen de El Manzano (pedanía San Vicente), en el oeste del departamento Colón.
El proyecto de urbanización de montaña se ubica junto a la capilla de Candonga, monumento histórico nacional, que data del siglo XVIII.
Los sucesivos embates judiciales de una y de otra parte –vecinos proteccionistas y Ticupil SA– hicieron frenar las obras y también que en diversas etapas continuaran, a lo largo de casi 14 años. Esto generó la construcción –total y parcial– de 23 viviendas en el country de montaña. Sobre estas unidades habitacionales, la Cámara 4ª sostiene que pueden ser finalizadas, constituyéndose en lo único que puede continuar, en un loteo que no está autorizado para seguir con el resto de su planificación.
No obstante, la finalización de esas viviendas está sujeta a una serie de condiciones que buscan resguardar el ambiente: los vocales Ossola y Belmaña les indican que pueden seguir “bajo el criterio de la menor afectación ambiental posible a la zona, todo lo cual deberá ser determinado mediante peritos que deberán ser designados en la etapa de ejecución de sentencia”.
De igual modo, la cámara ratifica lo que ya había decidido el juez de primera instancia de Jesús María, en cuanto a lo que debe respetarse en materia ambiental con relación a los “deberes de conducta impuestos a Ticupil SA”. Estos son, a saber: mantenimiento de la cuenca hídrica, desarrollo del bosque nativo y restricciones en la construcción en lotes ribereños.
Ahora, en material judicial, a la empresa le queda la posibilidad de recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Pero ese recurso debe ser admitido por la cámara que acaba de fallar en contra de la firma desarrollista.

Contra la normativa
El abogado que patrocina a los vecinos de El Manzano, de Cerro Azul y de Agua de Oro es Juan Carlos Smith, quien celebró la decisión de la cámara y señaló que las autoridades deben tomar nota para actuar en situaciones a futuro. “Los secretarios de Ambiente deben entender que lo que tienen que aplicar es la Ley de Ambiente y donde dice ‘no’ es ‘no’, algo que también deberán entender los intendentes y los jefes comunales”.
“Este emprendimiento (de Candonga) no debió pasar ni por la mesa de entradas de la Secretaría de Ambiente”, reflexionó Smith, quien fundamentó que los predios se ubican en la “zona roja” de total exclusión a intervenciones inmobiliarias.

Decisión pendiente
Por otra parte, está pendiente de resolución una acción de estos vecinos (en los autos “Oitana, Adrián contra Ersep”) en contra de una decisión del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) que en 2017 autorizó a Ticupil a realizar la obra de ingeniería del soterramiento del tendido eléctrico, lo cual, tras varios incidentes, llegó al TSJ con fallo favorable a los ambientalistas.
Ahora, está pendiente si el TSJ les concede recurso extraordinario ante la Corte Suprema. La decisión está “a fallo” en la Sala Electoral del alto cuerpo, donde se tramitan los recursos extraordinarios y se les da respuesta.
Por lo que se aprecia, los vecinos están afianzando sus consignas iniciales de lucha. Tras 14 años de litigar y luego de 11 años de amparo, la Justicia les ha dado la razón en eso de que “el monte no se toca” y “Candonga no se toca”.
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La Voz del Interior (03/09/2021)
Imputaron a cuatro sospechosos por el incendio en Intiyaco

Son cuatro hombres que habrían estado trabajando en ese lugar. Se quemaron 2.500 hectáreas, con cuantiosos daños ambientales y pérdida de viviendas.
El fiscal Alejandro Carballo, de Río Tercero, imputó este viernes a cuatro hombres por el delito de incendio culposo, por el fuego registrado hace pocos días en Intiyaco, al norte del valle de Calamuchita.
Estas personas -según la causa- habrían estado llevando a cabo tareas de recolección de piedras, en el campo afectado por el siniestro. Es precisamente en la zona en que el fiscal habría acreditado que se inició el fuego, según aseguraron a La Voz, fuentes con acceso a la causa.
Se supo que era un día más, en que a determinado horario, pasaban a recolectar las piedras, que luego se comercializaban para la construcción.
Los pesquisas judiciales siguen la hipótesis, que la tarde anterior a la madrugada que se detectó el incendio, estas personas habrían estado realizando esas tareas en el lugar.
Esa línea de investigación apunta a que habrían estado en el lugar, no sólo trabajando sino también almorzando.
Las condiciones climáticas, calor, viento y sequía, fue lo que hizo reavivar las llamas y tener un siniestro que afectó también a la zona de Atos Pampa.
En la causa se asegura que se quemaron 2.500 hectáreas, con cuantiosos daños ambientales y pérdida de viviendas.
Se descartaron varias hipótesis antes de llegar a la imputación: Ese fuego, por la ubicación del lugar, en que no hay cables de alta tensión que se pudieron haber caído -según la investigación- tampoco se podría haber caído parte de un vidrio y hacer el efecto lupa para el posterior incendio.
Se podría inferir, entonces, que el fiscal considera que están dadas las condiciones para sumarlos al proceso en carácter de imputados. De esta manera, pueden ejercer su derecho a defensa.
Aún quedan pendientes varias pericias para avanzar en la investigación judicial y otras pruebas que la fiscalía tiene previsto.
Sin embargo, por ahora el fiscal tiene sospechas de que la responsabilidad culposa por este incendio tiene a cuatro acusados.
Este diario pudo conocer que la causa va dirigida hacia una responsabilidad culposa, es decir, que por caso, no han dejado encendido llamas de manera deliberada para que se produzca este siniestro.
En este incendio intervinieron cuerpos de bomberos de varias localidades del interior provincial.
No hubo víctimas, sólo cuantiosos daños materiales y ambientales.

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Hoy Día (03/09/2021)
Piden que se investigue el incendio en Candonga

Una agrupación ambientalista apuntó a los desarrollos urbanos presentes en la zona
La Mesa de Agua y Ambiente La Granja (MAyA) anunció su adhesión a la acción judicial del “Pone en Conocimiento” entregado a la fiscalía de Jesús María, en la cual se pide que la Justicia investigue las causas del incendio que se inició el 13 de agosto pasado en la zona de Candonga.
En un comunicado, la organización apunta a emprendimientos inmobiliarios “piratas”, que desafían a las leyes de protección ambiental.
“Los incendios recientes en la zona de Agua de Oro/Salsipuedes se agregan a una larga lista de riesgos que presentan estos desarrollos urbanos que se levantan a menudo en sitios aislados en plena zona roja. El fuego descrito como ‘interfase’ está saliendo del corazón del bosque”, expresaron.
Con referencia al loteo “Ticupil” en Candonga, donde se inició el incendio en cuestión, mostraron su incredulidad sobre como se logró la autorización de este desarrollo urbano y por qué se sigue llevando a cabo pese a a que se expidió la Justicia.
Además, exigen saber cuál es la postura de las autoridades locales. La MAyA ya había hecho una denuncia penal en el año 2013, por un incendio que se desató durante un campeonato de rally local autorizado por las autoridades provinciales en medio de una aguda sequía.

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El Diario de Villa Carlos Paz - Edición Electrónica (30/08/2021)
Sierras Chicas en pie de guerra por avanzada desarrollista en Candonga

Advierten que en la cuenca del Río Chavascate, se condensan graves conflictos socioambientales y piden la intervención de la justicia.
Asambleas ambientalistas de las Sierras Chicas se reunieron el fin de semana pasado con la premisa de frenar la avanzada de los emprendimientos inmobiliarios en las áreas protegidas y en particular, en la zona de Candonga.
«Canteras que están bajando literalmente las montañas, emprendimientos inmobiliarios que arrasan con monte nativo, afectando también el paisaje cultural en torno a la Capilla de Candonga, Museo Histórico Nacional. Recientemente se quemaron 240 hectáreas por un incendio iniciado en el mismísimo barrio cerrado»; destacaron los asambleístas a través de las redes sociales.
«Este incendio casualmente, o no tanto, se dirigió con rumbo certero hacia el Camino del Cuadrado, por donde Ticupil S.A. pretendió abrir un acceso a su barrio. Las agresiones, amenazas y hostigamiento incesantes a la Comunidad Comechingona Pluma Blanca no son hechos desvinculados. El territorio que habita esta comunidad es pretendido por el mismo sector económico»; denunciaron.
Los grupos ecologistas dijeron además que la voracidad con que estos sectores empresariales pretenden apropiarse de bienes comunes naturales, culturales y ancestrales no tiene límites.
«Y este saqueo sólo es posible con la complicidad del poder político de turno, y una justicia que prefiere mirar para otro lado. Este modelo cordobesista de negociados, expoliación de bienes comunes, despojo y concentración del capital, sigue destruyendo sin pausa, dejando heridas cada vez más profundas. El daño ambiental acumulado es irreversible», expresaron.
Ante este panorama, las distintas asambleas y organizaciones de Sierras Chicas, se organizaron en lucha y reunieron firmas para que el fiscal de Jesús María investigue el incendio en Candonga.

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Comercio y Justicia (03/08/2021)
Ratificaron suspensión de obras de tendido eléctrico para loteo de Candonga

El Alto Cuerpo pausó el cumplimiento de una resolución del Ersep que habilitaba la continuidad de trabajos vinculados a un emprendimiento inmobiliario. Recordó que, en cuestiones ambientales, la prioridad absoluta es la prevención del daño futuro
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar al recurso planteado por vecinos y usuarios de los servicios de luz y agua de localidades cercanas al lugar donde se está construyendo el denominado “Emprendimiento Inmobiliario Turístico de Villa Candonga” (El Manzano, Cerro Azul y Agua de Oro) y resolvió suspender la ejecución de las obras de tendido eléctrico mientras se sustancie la cuestión de fondo en la causa que iniciaron aquéllos.

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Hoy Día - Edición Electrónica (08/03/2021)
El TSJ determinó que se frenen las obras de un country de Candonga

Los vecinos festejan esta resolución que, aseguran, permitirá preservar el ambiente y el patrimonio histórico de la Capilla de Candonga
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar a la apelación presentada por los vecinos de Candonga contra una resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación. En su decisión, la Cámara había dejado sin efecto en el 2017 la medida cautelar que impedía el avance de obras de tendido eléctrico en el predio de Ticupil S.A. en Candonga, zona roja que por lo tanto implica protección natural.
Los habitantes de la zona también aseguran que con estas obras no sólo se daña la naciente del Río Chavascate, que es un espacio natural que requiere alta protección por ser parte de la zona roja, sino también la Capilla de Candonga, Monumento Histórico Nacional, ya que las obras están totalmente terminadas y las zanjas rodearon la Capilla a muy escasa distancia.
Las obras que la Cámara habilitó consistieron en la realización de un tendido eléctrico para un futuro country en el lugar, proyecto que a su vez fue aprobado por Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) aún conociendo que se trata de una zona que debía protegerse. Por este motivo, los vecinos sostienen que "resultan muy llamativas todas las acciones y omisiones de una gran cantidad de funcionarios públicos, que vienen permitiendo desde hace más de 10 años el avance de esta sistemática destrucción".
Al respecto los vecinos ponen en dudas por cuáles intereses se mueve la Cámara, ya que explican es la misma que "devolvió a la Fiscalía el expediente de nuestra denuncia a Costa, ex Secretario de Ambiente que firmó la ilegal Res. 1200/10, para que investigue sobre una posible connivencia entre los funcionarios al momento del dictado de dicha resolución".
Además, aseguran que en todo este tiempo de lucha no recibieron respuestas por parte del "Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, de la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos, del ERSeP y la Policía Ambiental" así como tampoco del "Gobernador Schiaretti".
Quien se pronunció sobre este fallo es el abogado Juan Smith, quien representa a los vecinos: "Es un fallo que nos parece muy importante ya que reclama la aplicación del orden público ambiental a la hora de las medidas cautelares". Asimismo, sostuvo que con esta resolución el TSJ determina que "no pueden quedar las zonas rojas ni un segundo sin protección cautelar".

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