Piden participación en el ordenamiento territorial
La Voz del Interior - Edición Electrónica (15/03/2021)
Ordenamiento territorial: la Red Nuestra Córdoba pide audiencia pública
La ordanización planteó que no se tiene en cuenta la situación metropolitana.
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba pidió que se convoque a una audiencia pública para debatir el plan de ordenamiento territorial que el intendente Martín Llaryora envió al Concejo Deliberante la semana pasada.
Son cinco artículos que aprueban un mapa que frena la expansión de la mancha urbana dentro del ejido de 576 kilómetros cuadrados que tiene el departamento Capital.
"Entre las dificultades más serias del plan presentado notamos que no promueve una planificación integral, no cuenta con la participación efectiva de los vecinos y lo que se presenta como un Plan de Ordenamiento territorial es en realidad un plano de usos de suelo", señala el comunicado de la Red, que agrupa a distintas organizaciones de Córdoba.
Se apunta que no se evidencian cuestiones relacionadas a lo metropolitano o a la integralidad del plan. "Tampoco advertimos alguna articulación con otras áreas intramunicipales, interinstitucionales, interjurisdiccionales o con otros actores relevantes del sector productivo o de la sociedad civil", dice el texto.
Y agrega: "Por otro lado, no se observa cuál es la innovación de este 'plan' si los instrumentos ya existentes como los convenios urbanísticos, parcelas atípicas, áreas especiales, seguirán vigentes y tampoco se visualiza cuál es la garantía de que efectivamente se respeten los usos de suelo establecidos si el mismo instrumento jurídico que lo aprueba establece el modo de modificarlo".
Por ese motivo, la Red consideró fundamental convocar una audiencia pública para debatirlo públicamente. "Sería importante también que se contemplen y desarrollen otros espacios de diálogo y concertación multisectorial que brinden insumos para el trabajo legislativo. La complejidad de la problemática y la cantidad de dudas que surgen de la lectura del proyecto merecen que al proyecto se le dedique tiempo de debate y maduración", cierra el comunicado.
El proyecto tiene preferencia de dos sesiones, por lo que podría tratarse el jueves 25 de marzo.
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Reserva San Martín y la necesidad de protegerla más
Alertan por las amenazas en torno a la Reserva San Martín
Diversas organizaciones ambientalistas y vecinales de Córdoba alertaron sobre las amenazas que se ciernen en torno a la Reserva Natural Urbana San Martín, al conmemorarse el sábado pasado el décimo aniversario de la sanción de la ordenanza número 11702 que la creó a partir del Parque General San Martín. En tal sentido, alertaron por la afectación al río Suquía en su ingreso a nuestra ciudad, e impactos urbanísticos en el entorno.
Al respecto, se informó en un comunicado que si bien la Reserva Urbana San Martín muestra un estado de conservación notablemente superior al que tenía al momento de su creación, lo ha sido gracias a la resistencia ciudadana ante amenazas que iban a deteriorarla en forma irreversible, como el proyecto de avenida que iba a atravesarla, detenido por un amparo judicial de la asociación civil Amigos de la Reserva. Sin embargo, se aclaró que se fueron multiplicando otras amenazas. Dentro de la propia reserva, la construcción de un estadio de hockey en el área de camping la afectó con ocasionales concurrencias masivas de público. Y al exterior, el proyecto de construcción del puente en calle Buitrago y Costanera en parte de la margen sur, y la continuación de avenida República de China, cuya traza está prevista a escasos 200 metros de la reserva. Este proyecto ya tuvo audiencia pública y fue resistido por los vecinos.
En el escrito que lleva las firmas de Amigos de la Reserva San Martín, Foro Ambiental Córdoba, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Montes y Ribera del Suquía; y los Centros Vecinales de La Carolina, Valle Escondido y Villa Belgrano, se indicó además que entre los impactos humanos que deterioran el río Suquía y la conectividad biológica con áreas con bosque nativo en la parte superior de la cuenca, se cuenta la continuación de la Costanera Norte, frente a la reserva, lo cual determina la afectación del ecosistema de ribera. Por caso, se recordó que hace solo una semana una máquina realizó una intervención dentro del cauce, desviando una curva del río frente a la reserva con el supuesto objetivo de rellenar el lugar.
Otro factor es la inminente modificación de la ordenanza de uso del suelo número 8.133, que está en tratamiento en el Concejo Deliberante, a fin de cambiar patrones de uso del suelo sobre el tramo de Costanera (ribera sur) entre Buitrago y La Carolina. Asimismo, hay otros emprendimientos en el marco de la ordenanza de convenios urbanísticos, uno de los cuales ya fue aprobado en el Concejo y otros dos estarían por ser tratados. Del mismo modo, existirían otras excepciones con contraprestaciones pactadas mediante acta acuerdo en el marco de la ordenanza número 11.272, a fin de habilitar departamentos en la zona.
Todos estos cambios y excepciones se plantearon a días de finalizar la gestión del intendente Ramón Mestre. Por último, las organizaciones lamentaron que “las finalidades de la ordenanza 11.702, mediante la cual se creó la Reserva Natural Urbana, fueron omitidas por las autoridades”. Por tales motivos, se oponen en forma terminante a las obras, cambios de uso del suelo, convenios urbanísticos y excepciones mediante acta acuerdo que sigan afectando irremediablemente el ecosistema del Suquía y de la Reserva San Martín.
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Pedidos de información: casi nadie responde
Responder pedidos de información, una cuenta pendiente de la Provincia y el municipio
En Córdoba, solamente el 10 por ciento de los pedidos de acceso a la información pública obtiene una respuesta satisfactoria en tiempo y forma. De las 140 solicitudes que presentaron este año cuatro organizaciones de la sociedad civil –tanto a la Provincia como al municipio capitalino– sólo 14 recibieron una respuesta completa por parte de las autoridades.
La cifra surge de los datos suministrados por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Fundeps, Foro Ambiental y Córdoba de Todos a partir de los pedidos realizados hasta la semana pasada. En la mayoría de los casos no lograron ninguna respuesta. Otras organizaciones del tercer sector también reconocieron que fue dificultoso obtener datos de calidad del Estado en años anteriores, aunque en 2019 no realizaron ningún pedido de acceso a la información.
A fines de octubre pasado, Fundeps además presentó un recurso de amparo ante la Justicia por la falta de respuesta por parte de la Provincia sobre el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en los hospitales provinciales. En abril de este año, la misma fundación logró –luego de nueve años– que el Tribunal Superior de Justicia le habilitara un pedido presentado en 2010.
De acuerdo al portal de Datos Abiertos de la Municipalidad de Córdoba, este año la Oficina de Acceso a la Información Pública recibió 274 pedidos de datos estatales. Sobre ese total elaboró 75 respuestas, tanto de requerimientos de ONG como de personas particulares, informaron desde el municipio. En muchos casos se trató de consultas repetidas y/o que estaban dirigidas a otras órbitas del Estado.
Desde la Municipalidad indicaron que el índice de respuesta estará disponible en los próximos días, cuando se cierre el balance del Plan de Metas 2019. La mayoría de los pedidos está relacionada con problemáticas urbanas, la situación de la planta de Bajo Grande, la disposición de residuos sólidos urbanos y el estado del transporte.
Por su parte, la Provincia no amplió su respuesta. El 20 de noviembre se la consultó sobre cuántos pedidos de acceso a la información pública se realizaron este año, cuántos fueron respondidos, qué mecanismo se implementó para gestionar estos pedidos, si hay una oficina a cargo y cuál es el rol de la mesa de Gobierno Abierto.
La respuesta fue: “La Mesa de Gobierno Abierto se formó para el trabajo que se realizó vinculado a la meta provincial que se incluyó en el tercer plan de acción nacional de Gobierno Abierto. Además, nos acompañó en iniciativas relacionadas con el piloto de territorialización de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Ocde, en el que la Provincia participa”.
En 2017 se implementó esa Mesa de Gobierno Abierto como una forma de canalizar las demandas de las organizaciones. Sin embargo, su operatividad –reconocen estas entidades– es una muestra de voluntad política.
Vigencia
En materia legislativa, la Provincia tiene una normativa de más de 20 años, que data del 6 octubre de 1999, cuando recién asumía su primer mandato el exgobernador José Manuel de la Sota. La Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado era parte de una serie de reformas que apuntaban a dotar de mayor transparencia al poder político, que hacia fines de la década del ’90 era blanco de fuertes denuncias de corrupción, sobre todo a nivel nacional.
El texto vigente de 11 artículos estipula que se puede pedir información en cualquier dependencia estatal de los tres poderes del Estados, incluidas las agencias, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, de manera escrita. Y fija un plazo de 10 días hábiles (más una prórroga de otros 10) para su entrega.
“La actual ley tiene más de 20 años, cuando muchas de las nociones de Gobierno Abierto y de acceso a la información pública aún no estaban concebidas. Habla de actos administrativos y no de acceso a la información pública. Pensemos que Internet se hace masiva después de 2000. Además, no se contempla una oficina que centralice los pedidos. En lugar de eso hay que esperar a tener suerte con una nota que se sube al Sistema Único de Atención al Ciudadano (Suac)”, señala María Victoria Sibilla, coordinadora del área de Democracia de Fundeps.
A nivel municipal, la última modificación de la ordenanza de acceso a la información pública se realizó durante la gestión de Daniel Giacomino, el 20 de noviembre de 2010. Entre los cambios que introduce este texto se encuentra la creación de la oficina de acceso a la información pública, que recién nació en la gestión de Ramón Mestre.
“La ventaja de la Municipalidad es que tiene una oficina dedicada a gestionar los pedidos de acceso a la información pública. No obstante, muchas veces eso no se traduce en una respuesta concreta o satisfactoria”, dice Virginia Romanutti, coordinadora de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
“Es común que el municipio no responda a los pedidos de acceso a la información; inclusive nos han contestado diciendo que no van a responder”, comenta Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
Gobierno Abierto
El 30 de octubre pasado ingresó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza de Gobierno Abierto, una de las políticas de gestión de las que Ramón Mestre siempre hizo gala junto con los parques educativos.
La apertura de datos y su portal le valieron al municipio varios reconocimientos, como el del Ministerio de Modernización y de diversas entidades.
“Los avances en términos de Gobierno Abierto son conquistas respecto a transparencia, trabajo colaborativo y participación ciudadana, y son para siempre. Aun así, son prácticas que necesitan profundizarse. Seguramente nos falta, pero hemos abierto muchísimos datos, desde las declaraciones juradas de los funcionarios hasta la nómina salarial de los empleados. Esperamos que a este trabajo lo continúe la próxima gestión”, señaló el secretario de Modernización de la Municipalidad, Marcelo Cossar.
Todo indica que no lograría en la sesión de hoy el apoyo legislativo y quedaría para la próxima gestión. “La ordenanza enviada al Concejo es una gran oportunidad para asegurarle al ciudadano ese avance. Honestamente, no le encontraría lógica si es que los caprichos o egoísmos políticos desestiman una ordenanza que es objetivamente incuestionable”, dice Cossar.
Distintas organizaciones reconocen el trabajo que realizó el municipio en materia de apertura de datos. Inclusive destacaron que sea en formatos abiertos y reutilizables (un requisito indispensable para trabajar sobre ellos). No obstante observan –también en el caso de la Provincia– que la publicación de datos no sigue una sistematización y que en muchos casos está en función de los intereses de una determinada gestión.
“Hay iniciativas que apuntan a mejorar la transparencia y el acceso de la información del Estado; no obstante, vemos que hay muchos datos que se abren y no necesariamente son útiles. Es decir, debe haber criterios a la hora de publicar datos que realmente sirvan para diseñar políticas públicas y saber cuál es la situación en que estamos”, apunta Gabriela Larrauri, de la Asociación Gobierno Abierto (AGA).
Portal
En materia de finanzas, el Portal de Transparencia de la Provincia fue reconocido por su calidad por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en varias oportunidades. Y logró durante cuatro años seguidos la calificación más alta del país en esta materia.
En el sitio se pueden observar todos los detalles sobre el Presupuesto provincial, sus recursos y la ejecución de los gastos. Hasta se puede llegar a una factura de compra. De hecho, este nivel de acceso a la información le sirve a la Provincia como carta de presentación a la hora de gestionar financiamiento en el extranjero.
Más allá de la apertura de datos y su disponibilidad en la web, para el director ejecutivo del Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, Sebastián Freille, las plataformas tienen que ser lo más amigables posibles ya que cada clic que hay hacer para buscar información supone una barrera.
“La Provincia está abriendo la ejecución presupuestaria a nivel muy detallado. Esa información está disponible pero no es de fácil acceso. Se llega a la información pero si yo quisiera llegar a ciertos rubros no es fácil de hacerlo y tampoco se puede acceder de manera rápida”, observa Freille.
Acceso: Solicitudes
Pedidos. Los datos se trabajaron en función de lo que aportaron las organizaciones. Recibieron 14 respuestas satisfactorias, 16 regulares, una está en trámite y los 109 restantes aún no obtuvieron respuesta. A su vez, Fundeps presentó el viernes pasado 37 nuevas solicitudes que están en plazo.
Nacional. La normativa aprobada en 2016 prevé que los tres poderes del Estado brinden información en un plazo de 15 días hábiles (con una prórroga por 15 más) y establece una serie de definiciones amplias sobre los mecanismos de las solicitudes y las respuestas.
Nación, Provincia, municipio
Nación. En septiembre de 2016, el Congreso aprobó la ley de acceso a la información pública, luego de 15 años de debate.
Ministerio de Salud de Córdoba. Recibió una treintena de pedidos sobre el Programa de Educación Sexual y Reproductiva.
Bajo Grande. La situación de la planta de tratamiento de líquido cloacal de la ciudad es uno de los pedidos más requeridos.
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Más Información:
Piden cambios a la Provincia en el acceso a datos públicos
“Córdoba cuenta con una ley denominada de ‘Acceso al conocimiento a los actos del Estado’, aprobada en 1999. En esta ley, sus 10 artículos no establecen todas las condiciones necesarias para un adecuado goce del derecho de acceso a la información.
Saber de qué se trata, ese derecho irrenunciable
Para los periodistas, la información pública nutre los informes que mejor permiten controlar al poder, sus circunstanciales ocupantes y su discurso público, y detectar sus frecuentes abusos
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Residuos: oportunidad perdida
Las nuevas prestatarias de recolección de residuos debutarán recién en 2018
Aunque el pliego para licitar la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba ya fue aprobado en primera lectura (faltan audiencia pública y segunda votación), el debate de ese tema promete atravesar todo este 2017.
El Concejo Deliberante abordó el tema desde fines de enero, en sesiones extraordinarias, y ahora asoman otras perspectivas sobre el cierre del proceso: se calcula que las nuevas concesionarias del servicio, que reemplazarán (o no, si es que hay continuidad de las mismas caras) a las actuales Lusa y Cotreco, recién arrancarían en los primeros meses de 2018.
“Es así. Los tiempos de la licitación no van a dar para que resolvamos el tema este mismo año. Antes, no llegamos”, coincidieron dos hombres del oficialismo.
La Municipalidad espera tener los pliegos definitivos este mes y lanzar la convocatoria a oferentes desde abril próximo. Pero entre las toneladas de información que deberá evaluar luego la comisión de adjudicación y los plazos legales para impugnaciones y demás actos, calculan que se consumirá todo 2017. Ese dato tiene al menos dos implicancias políticas.
Demora
La resolución del servicio de higiene urbana sigue siendo una materia difícil para Ramón Mestre, quien no logra terminar de cerrar las diferentes aristas del proceso (barrido, recolección, enterramiento).
En esto, el calendario habla. Recién seis años después de la cesión de contrato que hizo en 2012 desde Crese a Lusa y Cotreco, el municipio estaría terminando con la precariedad legal del servicio, contabilizando en el medio una licitación fallida.
Basta repasar el archivo para comprobar que, por ejemplo, hace sólo un año, cuando inauguraba las sesiones del Concejo, Mestre dedicó gran parte de su discurso al tema higiene urbana.
Fue el momento de blanquear lo que ya era un hecho: el fracaso de la licitación abierta en 2013 y el inminente debut del Ente de Servicios Públicos (Esop) a cargo del barrido de calles, lo que se concretó en junio pasado.
Ese cambio vino de la mano del anuncio de un ahorro de unos 180 millones de pesos al año, en función de que el Esop no paga IVA, ni otros impuestos. Pero la veracidad de tal ventaja quedará expuesta ahora, cuando se sepa cuánto costarán realmente el nuevo esquema de recolección, y el servicio de higiene en su conjunto, sumando Crese residual, Esop y lo que demande Cormecor para el tratamiento y disposición final de los residuos.
El Ejecutivo presupuestó para 2018 unos 3.500 millones para ese ítem. La cifra representa el 17,4 por ciento de los recursos municipales, pero no de cualquier presupuesto, sino de uno que este año será récord absoluto: 20.088 millones de pesos.
En la fallida licitación de 2013, el Ejecutivo se había autoimpuesto que la higiene no se llevará más de un 13 por ciento del presupuesto. Todo indica que ahora ese número se quedará cortísimo.
Extensión
Si, como se especula, el debut de las nuevas prestatarias se da en los primeros meses del año que viene, el principal contrato que paga el municipio (por importancia y por el dinero en juego) podría quedar atado hasta prácticamente mediados de 2028.
Esto, porque si bien la concesión es a ocho años, también se estipula hasta 18 meses de prórroga y otros seis meses de extensión. Eso implica que los próximos dos intendentes tendrían, a priori, incidencia mínima en el tema de la higiene urbana.
Será un contrato ya cerrado, con actualizaciones casi automáticas cuando los costos suban por encima de un cinco por ciento.
Sólo hay un aspecto en el cual posiblemente el sucesor de Mestre tendrá que intervenir: la definición del modelo de contenerización. Es que la redacción original del pliego preveía contenedores sólo para el área central, pero luego, entre las modificaciones incorporadas, está la de hacer extensiva de manera progresiva a otros barrios, grandes avenidas, áreas comerciales y hospitales, a partir del tercer año de concesión.
Ya inscriben oradores para la audiencia pública. Se realizará el próximo jueves en el CPC Monseñor Pablo Cabrera. El Concejo Deliberante de Córdoba está anotando a los interesados en exponer durante la audiencia pública que se realizará el próximo jueves, para analizar el pliego de la licitación de la recolección de residuos.
Esa reunión fue convocada para las 15, en el CPC Monseñor Pablo Cabrera, y es una exigencia que impone la Carta Orgánica, antes de proceder a la votación en segunda lectura del proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo.
Un despacho del pliego ya fue aprobado en el recinto en primera lectura el pasado viernes 17. El oficialismo obtuvo 16 votos y la oposición reunió 15.
Los interesados en participar en la audiencia deben dirigirse a Secretaría General de Comisiones del Concejo (pasaje Comercio N° 457), hasta las 13 del mismo jueves 2, y luego, desde las 14, en el mencionado CPC. Cada uno de ellos podrá exponer durante cinco minutos.
Cronología
Abril de 2012. Mestre saca a Crese y les concede habilitación precaria a Lusa y a Cotreco.
Diciembre de 2013. Se abren los sobres de la licitación pero por los costos queda parada.
Junio de 2016. El Ejecutivo declara caída la licitación y le pasa el barrido al Esop.
Febrero de 2017. Primer aval al pliego para una licitación con menos prestaciones.
2018. Se estima que recién ese año se pondrá en marcha la nueva prestación.
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Carlos Pastori: Perdimos la oportunidad de discutir a fondo
Para Red Ciudadana Nuestra Córdoba, conceptualmente el Ejecutivo no puso el énfasis necesario para abordar la lógica de todo el proceso: separación en origen, recolección y disposición final, para obtener ventajas económicas, sociales y ambientales. Las nuevas prestatarias de recolección de residuos debutarán recién en 2018
Entre las voces que se alzaron para alertar de que el pliego de la basura actualmente en discusión en el Concejo es “una oportunidad pérdida” por limitarse a conservar, a grandes rasgos, el actual esquema de recolección y enterramiento sin innovar o al menos intentar darle una vuelta de tuerca al asunto, se cuenta la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
Para esa ONG, conceptualmente el Ejecutivo no puso el énfasis necesario para abordar la lógica de todo el proceso: separación en origen, recolección y disposición final, para obtener ventajas económicas, sociales y ambientales.
“Nos la pasamos discutiendo si seguirán o no las mismas empresas; si el Surrbac tiene buen convenio o no y si se lo puede cambiar. Son cosas que no están a nuestro alcance como vecinos, y que no son el eje central. Desaprovechamos la oportunidad de abrir la discusión sobre cómo reciclamos más, para enterrar menos basura”, opinó Carlos Pastori, miembro de la Red que, en nombre de esa entidad, acercó aportes al Concejo.
Reciclado
Pastori se apoyó en datos. Dijo que la ciudad recicla sólo entre el tres y el cinco por ciento de la basura que genera, cuando esa proporción podría elevarse hasta el 30 por ciento; y que el sistema tiene integradas unas 200 personas en el reciclado, pese a que ellos tienen relevadas unas tres mil que hacen esa tarea informalmente y que podrían potenciar el proceso.
“Están las condiciones dadas para encarar la separación en origen y el reciclado, pero lamentablemente no fue este el interés central del pliego”, agregó Pastori.
Si bien admitió que la frecuencia de una vez por semana para el retiro de restos secos “es correcta”, machacó con que no se dio un debate público para involucrar a miles de vecinos en la selección previa al reciclado.
“Es lo que los vecinos pueden aportar, pero nadie los convocó. Por ejemplo, se podría haber evaluado un régimen de premios para quienes separan la basura en origen”, dijo.
Según datos de la Red, casi la mitad de los residuos que llegan a los Centros Verdes en la actualidad provienen de vecinos que los acercan por su cuenta, mientras que el resto los llevan las empresas Lusa y Cotreco, tras la recolección domiciliaria.
“Hay que aceitar todo esto. El vecino que separa restos secos siete días y no se los retiran se desalienta y abandona todo”, señaló Pastori.
Por otro lado, desde Nuestra Córdoba alertaron que las falencias en el reciclado pueden terminar impactando en la etapa de enterramiento, y no sólo por la provisión de mayores volúmenes de material.
Peligra el enterramiento
Pastori indicó que la licencia ambiental obtenida por Cormecor –la sociedad anónima que se ocupará de la disposición final de los residuos– de parte de la Secretaría de Ambiente tiene como requisito la presentación de un programa sistemático de metas de reducción de RSU (residuos sólidos urbanos) para enterrar y el uso prioritario de la metodología de separación en origen.
En ese sentido, advirtió que no hay en los pliegos pautas concretas de seguimiento del proceso de reciclado, lo cual podría poner en aprietos la licencia de Cormecor.
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Pliego de residuos: cambiar para que nada cambie
La Red Nuestra Córdoba envió a todos los concejales de la ciudad propuestas para mejorar el proyecto de licitación de residuos. Señalan que falta información para que más competidores puedan participar.
En medio del debate en comisión por el pliego de concesión de la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba, y ante la apertura del oficialismo para evaluar cambios al proyecto original girado por el intendente Ramón Mestre, la Red Nuestra Córdoba presentó una serie de observaciones.
Antes de abordar en detalle las cuatro temáticas en la que se divide el pliego (fracción húmeda, fracción seca, restos de poda y escombros), el Grupo de Ambiente de la red opinó que el proyecto original “no presenta grandes modificaciones respecto del sistema actualmente vigente”.
Esa crítica había sido expresada también por ediles opositores en el Concejo Deliberante, quienes al sostener su rechazo advirtieron que la discusión resulta “parcial” al no revisarse “todo el sistema” de higiene urbana.
Desde la red consideraron que la ciudad “pierde una excelente oportunidad para implementar un sistema de recolección que se articule con un plan integral de gestión de los residuos sólidos”.
Pero focalizaron sus objeciones y propuestas sin apartarse del pliego para, explicaron, contribuir a una mejor confección.
En ese plano, destacaron que no hay información en los seis cuerpos del pliego acerca de la cantidad de gente que trabaja hoy en las empresas Lusa y Cotreco. Esos empleados serán trasladados al futuro gestor de los residuos.
Matías Roldán, integrante del Grupo de Ambiente, remarca que esto “influye en el costo de la mano de obra, y por ende en el costo del pliego”.
“Si una empresa quiere licitar posee todos los indicadores salvo qué cantidad de gente tiene que incorporar. Esto implica entre el 50 y 60 por ciento del cálculos del costo del sistema”, acentuó.
En las reuniones de comisión de Servicios Públicos el punto fue advertido por el riutorista Martín Llarena, quien demandó la precisión de la información.
La oposición infiere que este asunto es otra muestra más de que el pliego está pensado para Lusa y Cotreco.
Roldán también pidió definiciones en materia de recolección de residuos secos. El Grupo Ambiente que integra, propuso que se expliciten los porcentajes que les corresponderán tratar a los centros verdes y a las empresas, para evitar que en la distribución de zonas los primeros pierdan su fuente de subsistencia.
El consultor también se sumó al planteo de Nuestra Córdoba de que con el pliego en discusión se está perdiendo “una nueva oportunidad de trabajar en un esquema más integral del servicio”.
En detalle
El informe avanza en aportes puntuales sobre las cuatro temáticas que componen el pliego de licitación para la concesión.
Sobre la fracción húmeda, se plantea la posibilidad de que la recolección no sea diaria, teniendo en cuenta que el municipio prevé expandir la modalidad diferenciada a la totalidad de la ciudad, como se establece en el Plan de Metas de Gobierno.
Así, el costo del servicio puede disminuir significativamente, afirman en Nuestra Córdoba.
En cuanto a la recolección seca, se propone que las cooperativas de recicladores urbanos puedan ser incorporadas plenamente al sistema, como ya lo hacen otras ciudades del país, como es el caso de la Ciudad Buenos Aires.
En estrecha relación con este punto, se observa que el pliego no brinda garantías respecto de la separación en origen (lo húmedo de lo seco), con lo cual la licencia ambiental de Cormecor podría perderse o complicar su cumplimiento.
Argumentan que dicha corporación intermunicipal tiene como requisito la presentación de un programa sistemático de metas de reducción de RSU a enterrar y el uso prioritario de la metodología de separación en origen al momento de la obtención de dicha licencia.
En referencia a la recolección de resto de poda y escombros, se sugiere redefinir las cifras que fija el pliego. La razón de este requerimiento radica en que tanto vecinos como empresas no siempre cuentan con los medios adecuados para calcular el volumen o el peso de estos residuos.
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Más Información:
Día a Día - Edición Electrónica (13/02/2017)
Nuestra Córdoba critica los pliegos de basura
La Voz del Interior (13/02/2017)
Se pierde una excelente oportunidad
Para algunos opositores, Crese aún puede competir
Diario El Alfil (13/02/2017)
Topada por reciclar la basura entre cinco grandes
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Basura y suelo entre los temas urgentes para la capital
Transporte, basura y suelo, lo más urgente
La Red Nuestra Córdoba organizó una jornada de debate sobre el Gran Córdoba. La coordinación entre áreas del Estado y más participación, entre las mayores necesidades.
La agenda metropolitana del Gran Córdoba va tomando cada vez más fuerza. Los límites entre la Capital y las localidades que la rodean son cada vez más difusos, y si se observa una imagen satelital, la mancha urbana es prácticamente una sola.
Si bien la metropolización está cada vez más presente, los municipios y el Gobierno provincial aún no lo tienen tan presente. Por ejemplo, los sistemas de transporte urbano de Córdoba e interurbano no están coordinados y compiten entre sí por el mismo espacio, pese a que en algunos casos los recorridos que realizan son casi los mismos.
En ese marco, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba realizó una intensa jornada de debate y reflexión días atrás, abordando además de la movilidad y el transporte, la problemática del uso del suelo y de la gestión de residuos sólidos urbanos.
“De las tres mesas salieron cosas en general: la necesidad de mayor articulación entre Nación, municipios y la Provincia; también entre las áreas de Ambiente, Desarrollo Urbano y Transporte; la necesidad de que en la planificación y toma de decisiones estén involucrados todos los actores, no sólo los funcionarios; y contar con información actualizada sobre la temática”, sintetizó Virginia Romanutti, coordinadora de la Red.
La jornada se desarrolló en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, y contó con la presencia de decenas de representantes del sector público, académico, empresarial, gremial y organizaciones de la sociedad civil.
Conclusiones
Con los participantes se desarrolló una interesante acción para recoger las propuestas. Luego de una puesta escrita, Nuestra Córdoba las seleccionó y las agrupó.
Así, surgió la necesidad de una planificación y clara definición de los ejidos municipales, de mejorar la participación y la inclusión de los diferentes actores sociales en los debates. Sobre el acceso al suelo, se coincidió en la necesidad de la recuperación del rol del Estado en la regulación como bien económico y social.
También en mejorar la planificación, el control y la gestión de la tierra teniendo en cuenta la valoración del paisaje como patrimonio cultural y ambiental.
En lo referido a la gestión de residuos, se marcó la falta de articulación con el ordenamiento territorial, mejorar los sistemas de control e integrar a trabajadores informales, entre otros puntos.
En transporte y tránsito, se planteó como desafío llegar a un pacto de movilidad, articulación entre las jurisdicciones y los demás actores, mejorar la planificación y apropiación por parte de la ciudadanía.
En el mismo sentido, se señaló la necesidad de utilizar múltiples medios de transporte y promover la intermodalidad (combinación entre estos). Y sacar incentivos a vehículos particulares para promover peatones y ciclistas.
Un insumo para el Estado
La Red Nuestra Córdoba plasmará todas las conclusiones en un documento que será entregado a las autoridades provinciales y a los municipios de Córdoba y del Gran Córdoba, para que sea un insumo de calidad en los procesos de planificación.
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Nuestra Córdoba impulsa foro para pensar Córdoba
Foro para debatir el futuro del área metropolitana de Córdoba
Lo organiza la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Será mañana martes desde las 9 en Hipólito Yrigoyen 490.
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba convoca a intendentes, funcionarios y referentes de distintos sectores a debatir e intercambiar ideas sobre el futuro del Gran Córdoba. El desafío que representa el conurbano cordobés será el eje del "Foro hacia una agenda para el área metropolitana de Córdoba: Democrática, Justa y Sustentable", que se realizará mañana en el salón auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Av. Hipólito Yrigoyen 490, de la ciudad de Córdoba.
El foro se propone como un espacio de encuentro para conocer y compartir experiencias de planificación urbana desarrolladas en la región y debatir acerca de los desafíos del área metropolitana de Córdoba en materia de Ordenamiento Territorial, Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Transporte y Movilidad Urbana.
El Área Metropolitana de Córdoba, con más de un millón y medio de habitantes, es el segundo aglomerado urbano en población y superficie del país después del Gran Buenos Aires, y concentra más del 40 por ciento de los habitantes de la provincia.
Uno de los principales desafíos que enfrenta este aglomerado urbano radica en la implementación de mecanismos e instancias formales de coordinación de las políticas intermunicipales, con participación de la Provincia y la Nación, así como de nuevas formas de gobernanza que permitan afrontar los retos de un desarrollo sostenible e inclusivo.
El foro constará de tres sesiones temáticas consecutivas que abordarán los siguientes ejes:
• Ordenamiento Territorial
• Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
• Transporte y Movilidad Urbana
El objetivo de estas mesas es que allí se encuentren funcionarios de los municipios del Gran Córdoba y referentes en cada una de las temáticas, para contar con su visión y plasmar algunos acuerdos base para pensar una planificación en relación a cada eje desde una perspectiva metropolitana. También participarán en las sesiones temáticas otras experiencias como las del Ente de la Movilidad de Rosario, CEAMSE, Reciclaje Inclusivo (AVINA) y el Banco Interamericano de Desarrollo.Por la tarde, se expondrán las conclusiones del trabajo desarrollado en estas mesas redondas y luego, destacados expertos temáticos compartirán experiencias a modo de invitación e inspiración para pensar acerca de nuestra realidad local.
La entrada es gratuita y es requisito preinscribirse en: https://goo.gl/forms/ttXfiKMkBbM2J0tg1
Más información: info@nuestracordoba.org.ar
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ONGs plantean una Córdoba sin energía nuclear
Plantean debate legislativo por "una Córdoba no nuclear"
Organizaciones ambientalistas promueven una ley que prohíba esa actividad en la provincia. Tres legisladores apoyan la iniciativa y proponen debatirla en la Legislatura.
Se concretó este jueves en la Legislatura provincial una jornada para empezar a debatir el proyecto de ley, impulsado por varias entidades ambientalistas, que propone la prohibición de las actividades nucleares en Córdoba a partir de 2014.
Contó con la presencia de legisladores provinciales y miembros de organizaciones que impulsan este proyecto, cuyas principales metas son frenar el proyecto en marcha para la extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse, prohibir el transporte de sustancias radioactivas por territorio provincial y poner fecha límite al postergado cierre de la fábrica Dioxitek, en la Capital, entre otros puntos. Excluye de las prohibiciones los fines medicinales, industriales y de docencia de la energía nuclear.
El proyecto fue asumido como propio por tres legisladores: Roberto Birri (Frente Cívico) y Rodrigo de Loredo y Amalia Vagni (UCR).
Las organizaciones que integran la campaña “Córdoba No Nuclear” realizan desde hace dos semanas una junta de firmas a escala provincial para alcanzar las 25.000 establecidas en la legislación actual para que el proyecto adopte estatus de “Iniciativa Popular” y la Legislatura tenga la obligación de tratarlo. Participan de esa iniciativa Greenpece, el Cedha, Fundación TierraVida. Ecositio y otras ONG ambientalistas.
“Nos alegra que algunos legisladores tomen la iniciativa de fomentar el debate nuclear en Córdoba", señlaó en el encuentro Mauro Fernández, coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace. "Esperamos ver de qué lado se para la totalidad del cuerpo legislativo provincial”, desafió luego.
Juan Villalonga,de la Junta Directiva de Los Verdes, opinó que “es muy importante que la Legislatura de Córdoba se haga eco de este tema trascendente, es una discusión que pone sobre la mesa desde los impactos de la minería de uranio y los costos que pagamos por la energía hasta el modelo energético que queremos desarrollar en los próximos años”.
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Piden prohíbir las actividades nucleares
Exigen una ley que prohíba las actividades nucleares
Organizaciones presentaron ayer en Córdoba un proyecto para que desde el 1 de enero de 2014 se inhiba esta actividad en la provincia. Proponen además una recolección de firmas que sería considerada como iniciativa popular.Las organizaciones que componen la coalición “Córdoba No Nuclear” presentaron ayer por la mañana un proyecto de Ley en la Legislatura Provincial que promueve la desnuclearización de la Provincia de Córdoba a partir del 1 de enero de 2014. Asimismo, anunciaron el inicio del proceso formal de recolección de firmas para que sea adoptado por la Legislatura como “Iniciativa Popular”, de acuerdo a lo reglamentado por la Ley Provincial 7811.
En una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Legislatura, los representantes de la coalición, comentaron la importancia del año legislativo que inicia “para abandonar completamente el peligro nuclear que amenaza a 4 millones de personas y miles de hectáreas cultivables en 300 kilómetros alrededor de la Central Nuclear Embalse, tomando en cuenta el alcance que las emisiones radiactivas han demostrado alcanzar en los accidentes de Chernobyl y Fukushima”.
Asimismo, las organizaciones recordaron que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, por lo que es responsabilidad de la Provincia legislar de acuerdo a la protección de los mismos.
El texto de la “Iniciativa Popular” que impulsa la coalición prohíbe explícitamente la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo en la provincia de Córdoba a partir del 1 de enero de 2014. Asimismo, reitera la prohibición de la minería de minerales nucleares como el Uranio y el Torio en todo el territorio provincial, y sólo permite la continuidad de Dioxitek en la provincia, hasta el vencimiento del convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Municipalidad de la ciudad cordobesa. No se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación.
Integran la coalición el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
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La Voz del Interior (07/03/2013)
Juntan firmas para que Córdoba sea territorio no nuclear
Organizaciones ambientalistas presentaron un proyecto de ley y buscan que se trate como iniciativa popular.
Organizaciones de la coalición “Córdoba No Nuclear” presentaron ayer en la Legislatura un proyecto de ley que promueve la desnuclearización de la provincia. Anunciaron el inicio de la junta de firmas para una iniciativa popular al respecto.
Integran la coalición el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
El proyecto promueve la desnuclearización a partir del 1 de enero de 2014, prohibiendo la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo.
También reitera la prohibición de la minería de minerales nucleares como el uranio y el torio y permite la continuidad de Dioxitek en la ciudad de Córdoba hasta el vencimiento del convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Municipalidad. No se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación.
Las organizaciones informaron que la iniciativa se toma “para abandonar completamente el peligro nuclear que amenaza a cuatro millones de personas y miles de hectáreas cultivables en 300 kilómetros alrededor de la Central Nuclear Embalse, tomando en cuenta el alcance que las emisiones radiactivas han demostrado alcanzar en los accidentes de Chernobyl y Fukushima”.
Y afirmaron que el artículo 124 de la Constitución Nacional “reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, por lo que es responsabilidad de la Provincia legislar” al respecto.
Dónde firmar. La primera ocasión para juntar firmas será el sábado de 10 a 14 frente a la Legislatura. Necesitan 25 mil para tratar el proyecto.
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Córdoba No Nuclear presentó proyecto de ley
Ambientalistas presentaron un proyecto para prohibir actividades nucleares en Córdoba
La propuesta busca prohibir la generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo a partir del próximo año en la Provincia de Córdoba.
Las organizaciones integradas en la coalición “Córdoba No Nuclear” (ver sitio web) ofrecieron una conferencia de prensa en la que presentaron un proyecto de ley en la Legislatura proponiendo la “desnuclearización” en la Provincia a partir de 2014.
La propuesta que impulsan pretende prohibir la “generación nucleoeléctrica, la creación de repositorios nucleares y el transporte de material radiactivo a partir del próximo año en la Provincia de Córdoba”, según detallan las organizaciones en un comunicado.
El texto aclara que “no se establecen restricciones para el uso de radioisótopos en aplicaciones biomedicinales, industriales o de investigación”.
Las organizaciones realizarán una recolección de firmas para que la Unicameral adopte la propuesta como una “iniciativa popular”, de acuerdo a lo reglamentado por la Ley Provincial 7.811.
Las organizaciones realizan la propuesta tras conocerse que la Central Atómica de Embalse ha llegado al límite de su vida útil y que el gobierno nacional está dispuesto a invertir más dinero para extender la vida de esa central.
“El enorme potencial renovable refuerza la viabilidad de cambiar el rumbo, dejando atrás el riesgo nuclear y colocar a Córdoba al frente de un proceso de desnuclearización y así liderar la transición energética necesaria en el país”, concluyen en el comunicado.
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Córdoba No Nuclear se manifestó en Embalse
Manifestación anti-nuclear en Embalse
Activistas de distintas organizaciones simularon la muerte súbita de una decena de personas para visibilizar los riesgos de la energía atómica.Un grupo de activistas de organizaciones protagonizaron ayer en Embalse una manifestación para pedir el cierre de la central nuclear ubicada en esa ciudad cordobesa.
Los integrantes de la campaña "Córdoba No Nuclear" realizaron una simulación de muerte súbita en playa El Ceibo, donde una decena de "víctimas" eran trasladados por "liquidadores nucleares" a un gazebo.
Luego, activistas desplegaron una muestra fotográfica caminante, con imágenes de del desastre atómico de Chernobyl.
"La necesidad de intervenir esta actividad para evidenciar la otra cara de la energía atómica es una nueva prueba de la falta de debate sobre el futuro de la Central Nuclear Embalse, incluso ante la población local, la que mayores impactos recibe a su salud y que sería la principal damnificada en el caso de un accidente", dijo Mauro Fernández, uno de los voceros, según un comunicado difundido por la coalición.
José Guzmán, otro integrante, dijo que "es preciso que la sociedad cordobesa se oponga a este innecesario riesgo en nuestra provincia. Así como ya hemos logrado prohibir la contaminante minería de Uranio a nivel provincial, debemos ahora proponer el cierre definitivo de la planta atómica de Embalse".
Itengran la coalición "Córdoba No Nuclear" el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.
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La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica (25/02/2013)
Campaña por una “Córdoba No Nuclear”
En el marco de la campaña “Córdoba No Nuclear”, un grupo de activistas realizaron una aintervención en Nucleoeléctrica Argentina de Embalse (la empresa operadora de las centrales nucleares argentinas que opera en la ciudad de Embalse, con el propósito de visibilizar los riesgos, la contaminación y los impactos a la salud que produce la energía atómica.
Además se montó una muestra fotográfica caminante, con imágenes de víctimas del desastre atómico de Chernobyl, al tiempo que decenas de voluntarios distribuían folletos con información sobre los impactos de la energía atómica.
“La necesidad de intervenir para evidenciar la otra cara de la energía atómica es una nueva prueba de la falta de debate sobre el futuro de la Central Nuclear Embalse, incluso ante la población local, la que mayores impactos recibe a su salud y que sería la principal damnificada en el caso de un accidente”, precisó Mauro Fernández, uno de los voceros.
Por su parte, José Guzmán, dijo: “Es preciso que la sociedad cordobesa se oponga a este innecesario riesgo en nuestra provincia. Así como ya hemos logrado prohibir la contaminante minería de Uranio a nivel provincial, debemos ahora proponer el cierre definitivo de la planta atómica de Embalse”.
Quiénes integran “Córdoba No Nuclear”. La coalición está formada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida. En los últimos días estuvieron presentes en distintos paradores de Villa Carlos Paz, en el Festival de Peñas de Villa María y en el Cosquín Rock, donde recolectaron más de 4.000 firmas en apoyo a la campaña.
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Quieren cambiar la matriz energética de la provincia
Comienza una campaña para cambiar la matriz energética
Desde hoy y hasta el domingo, las agrupaciones EcoSitio, Nuestra Córdoba, Los Verdes y Greenpeace, que integran la coalición “Córdoba No Nuclear”, llevarán adelante una campaña de concientización para lograr una provincia sin energía atómica desde el 1 de enero de 2014.
Para tal fin, la Municipalidad de Villa María les cedió un espacio en la costanera donde a partir de hoy se instalará una carpa desde la que desarrollarán las actividades.
En diálogo con EL DIARIO, Luis Tuninetti, de EcoSitio, y Gabriel Andrada, de Nuestra Córdoba, explicaron que durante las tres jornadas los ambientalistas juntarán firmas para avalar el desarrollo de proyectos no nucleares y mostrarán en el stand material informativo sobre los problemas que acarrea el uso de energía atómica.
La plataforma “Córdoba No Nuclear” viene trabajando en esta concientización desde diciembre y ya estuvo presente en dos eventos desarrollando estas actividades, entre ellos el Festival de Cosquín.
“La idea es tratar de concientizar, tratamos de estar en lugares en los que se congreguen muchas personas para que la gente conozca por qué pedimos una Córdoba no nuclear”, afirmó Andrada.
El representante de Nuestra Córdoba sostuvo que el objetivo de comenzar esta campaña es porque la provincia “se ha hecho nuclear” desde que se instaló la Central Atómica de Embalse de Río Tercero, en 1967, y se emplazó Dioxitex 10 años después en el barrio Alta Córdoba de la capital provincial.
Dioxitex procesa uranio para el combustible de Atucha, Embalse y una planta de Mendoza.
Obsoleta e insegura
“La Central de Embalse está obsoleta y en vez de desguazarla, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) va a hacer una inversión y le va a dar 10 años más de funcionamiento hasta que esté Atucha II”, señaló Andrada.
“La de Embalse es una Central anterior a la de Chernobyl, por lo tanto adolece de un montón de medidas de seguridad que fueron adoptadas internacionalmente tras el accidente en Rusia, el tipo de reactor es peligroso y ha tenido varias fallas, de hecho en su país de origen, Canadá, ya se sacó de línea. No se puede refuncionalizar porque es una central nuclear obsoleta”, argumentó Tuninetti.
“Tanto Chernobyl como Fukushima, hace dos años atrás, nos dieron como antecedentes que en caso de haber un accidente, se afectaría un área de 300 kilómetros a la redonda y casi cuatro millones de personas, en el caso de Embalse”, indicó Andrada.
“Hoy Embalse contempla un grado de seguridad de tres kilómetros y simplemente tiene pastillas de iodo para que no se afecten las glándulas tiroides, que es lo primero que afecta la radiación”, agregó.
“La radiación genera varios tipos de cáncer, además de los inconvenientes genéticos posteriores, como se ha visto en Chernobyl. En Japón, aún hoy se ven los efectos de la radiación de las bombas atómicas. Resulta imposible cuantificar el verdadero efecto que han tenido estos desastres”, acotó Tuninetti.
“Creemos que no hay un conocimiento acabado de la peligrosidad que puede haber. La percepción del daño probable no está vislumbrado por la gente, parece que no nos va a tocar, pero Embalse está muy cerca”, completó el integrante de EcoSitio.
“Lo que estamos haciendo no es alertar sobre algo que tal vez no pase, sino concientizar sobre lo que podría ocurrir en una situación como ésta y comenzar a trabajar con energías renovables”, aseguró Andrada.
“Ya hay antecedentes de esto y pedimos que los Estados nacional y provincial se pongan a trabajar en cómo remplazar las energías que estamos usando por energías renovables”, añadió.
Para el integrante de Nuestra Córdoba, “hay que cambiar la matriz energética, en vez de invertir en refuncionalizar la Central de Embalse, que está obsoleta”.
Antecedentes
Según Andrada, hay una ley nacional que establece que en el año 2016 el 8% del sistema interconectado de energía tiene que ser de energía renovable y consideró que para ello “desde 2007 tendría que haber comenzado a cambiarse la matriz energética”.
En segundo término, mencionó que existe la Ley 9.650, que es la de minería a cielo abierto, y prohíbe en la provincia de Córdoba el uranio y el torio, que son dos elementos que utilizan para el combustible de la energía atómica.
Por otra parte, en noviembre pasado, la Municipalidad de Córdoba firmó un convenio con la CNEA para cerrar Dioxitex y remediar las 50 mil toneladas que tienen dentro del predio.
“Hay antecedentes, pero hasta ahora no se hizo nada”, se quejó.
“Si se va a refuncionalizar la Central de Embalse, lo que está haciendo este Gobierno nacional es seguir con lo mismo”, opinó Andrada, quien consideró que “hay una clara política de impulso de la energía nuclear”.
Hacia una iniciativa popular
En cuanto a la respuesta de la gente, Tuninetti dice que la que se muestra interesada es bastante, pero no son tantas las personas que se comprometen con la causa.
“Lamentablemente el problema ambiental hasta que no se ve o le toca a alguien, no se percibe. Entonces la gente no se compromete. Por eso la idea es crear conciencia para más adelante encarar una iniciativa popular para que la Legislatura de Córdoba determine una provincia sin energía atómica y con un cambio de matriz energética”, explicó Andrada.
“Para llegar a esa iniciativa popular es necesario que la gente conozca de qué se trata, por eso vamos a estar realizando esta campaña”, concluyó.
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La capital de córdoba sin un plan para los residuos
Aseguran que no hay un plan de residuos
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba denunció ayer que el pliego de la licitación de la recolección de basura aprobado anteayer en el Concejo Deliberante no cuenta con un plan integral de gestión de residuos.
Según señaló Sebastián Antonini, miembro de dicha organización, existen dos cuestiones "que le quitan legitimidad al pliego como parte de una construcción social". "Uno es cómo se encaró el diseño y presentación de la licitación, y otro, el grado de representación que tuvo a la sociedad", expresó. El integrante de la ONG consideró que "está bien que se haga una licitación pero no sin cuestionar la reducción de la generación y reciclaje de residuos". Además, destacó que tampoco se analizaron alternativas para disminuir los costos de la recolección al ciudadano. "Cuando objetamos, se nos dijo que no se les pueden fijar a las empresas objetivos de reducción de residuos porque depende del comportamiento ciudadano. Pero en algún momento hay que fijarlo y orientar la actividad de la empresa hacia objetivos más sustentables", acotó Antonini.
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