Hoy Día (08/09/2022)
Taym: reabrirán la causa de la inundación en la planta

El Juzgado de Control en lo Penal y Económico, a cargo de Gustavo Hidalgo y Diana Sonzini, hizo lugar al recurso de oposición planteado por vecinas y vecinos de Villa Parque Santa Ana y Altos El Durazno, y ordenó al fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, la reapertura y ampliación de la investigación sobre responsabilidades políticas en la inundación de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym, el 28 de marzo de 2017.
En referencia a esto, en la resolución los habitantes, representados por el abogado ambientalista Juan Smith, solicitan desarchivo de la causa, señalando la gravedad del caso, la falta de exhaustividad de la investigación del fiscal y puntualizando en una serie de hechos documentados -previos y posteriores a la inundación- que el fiscal Mondino nunca consideró.
El hecho ocurrió en 2017 cuando fuertes lluvias inundaron diversas zonas del Departamento Santa María, entre ellas el predio de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym, cuyo desborde alcanzó el canal Los Molinos – Córdoba, que alimenta de agua a una tercera parte de los usuarios residenciales de la capital y a su cinturón verde.
Al momento de ocurrir el desborde de la planta de residuos, el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, dividió la investigación en dos partes: una de ellas, por el hecho concreto y la otra por las responsabilidades políticas. Sin embargo, la actual decisión de los jueces Hidalgo y Sonzini reconoce que la fundamentación y material documental agregada a esta última, tanto en la primigenia presentación como en el recurso de oposición, debe ser considerada por el fiscal para evaluar responsabilidad de funcionarios públicos, tanto en la autorización como en el control de la planta de tratamiento de residuos peligrosos.
Sobre esto, el abogado Smith se mostró sorprendido con dicha decisión y afirmó: “Es muy interesante lo que dice el juez de Control en la resolución, porque se tuvo a un elefante blanco en una habitación de dos por dos y no se lo vio. Le dice al fiscal que revise esa información y establezca la responsabilidad de los funcionarios”. Por último, Smith aseguró que Mondino debe trabajar “en la causa y clarifique quiénes fueron los responsables de lo que ocurrió en Taym, cuando se contaminó el agua del 26% de los ciudadanos cordobeses”.
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Hoy Día (24/06/2022)
Los vecinos piden reabrir la causa por la responsabilidad política del desastre de Taym

Santa María sin Basura reclama investigar la responsabilidad de los funcionarios
La Asamblea Santa María sin Basura presentó un pedido ante la Fiscalía Anticorrupción para que se reabra la causa por supuesto mal desempeño de funcionarios públicos por la contaminación con residuos peligrosos producida por la empresa Taym, el 28 de marzo de 2017.
Ese día, copiosas lluvias inundaron el predio de la planta de tratamiento de residuos peligrosos controlada por el Grupo Roggio, ubicada sobre la ruta 36. El descontrol fue tal que el desborde contaminante alcanzó al canal de Los Molinos, que alimenta con su agua a nuestra ciudad y a su cinturón verde.
“El pedido se fundamenta en la gravedad del hecho y la falta de exhaustividad de la investigación llevada a cabo por el fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, quien decidió archivar la causa en junio de 2021 reparando solamente en las actuaciones inmediatamente previas a la inundación del, por entonces, secretario de Ambiente, Javier Britch, y del director de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo”, argumentaron los habitantes de Alto El Durazno y Villa Parque Santa Ana.
Los vecinos cuestionan que, pese a reconocer que la planta “no fue clausurada a pesar de graves violaciones a los protocolos de seguridad ambiental detectados por auditorías de Ambiente provincial y nacional meses y días antes de la inundación”, y “que la Policía Ambiental no fue notificada de estas irregularidades”, el fiscal Mondino consideró que estas malas prácticas de los funcionarios no habrían sido cometidas con “dolo” para archivar la causa.
Además, apuntan que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción debe considerar como punto de partida la autorización oficial otorgada en 2000 para que la planta de tratamiento de residuos peligrosos se instale en un lugar inundable, por lo que reclaman reabrir la investigación.
“El propio fiscal Mondino, en la resolución de archivo de la causa, cita al perito González, quien en una audiencia (…) señaló que ‘la inundación de la planta podría haberse evitado si se instalaba en otro lado’. Mondino usa este argumento para exculpar a Britch y Rinaudo, pero no se hace la pregunta evidente: ¿Qué funcionarios públicos autorizaron a instalar esa planta de residuos peligrosos allí, en medio de un paleocauce, una zona sumamente inundable?”, ampliaron desde Santa María sin Basura; donde también cuestionaron que Mondino “tampoco indaga por qué la planta no fue clausurada ni multada, a pesar de haber ampliado sus instalaciones -y estar operando con residuos peligrosos- sin autorización de Ambiente”; entre otras irregularidades.
“Taym hizo su negocio con la anuencia de los funcionarios públicos y a la hora del desastre, lega el pasivo ambiental a todos los cordobeses y sus generaciones futuras sin ningún tipo de consecuencias”, completaron los vecinos, que en su recurso también pidieron ser incorporados a la causa como querellantes particulares.
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Comercio y Justicia (08/06/2022)
El diagnóstico ambiental y el energético, ahora más fácil
El Gobierno de Córdoba lanzó ayer el Programa de Acciones Sustentables para la Industria, con la finalidad de impulsar la economía circular en la gestión ambiental y energética de pequeñas, medianas y grandes empresas de diferentes...

El Diario de Villa Carlos Paz (08/06/2022)
Emergencias: Córdoba suma 280 efectivos para el ETAC
El Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes de Córdoba (ETAC) cuenta desde este martes con la cifra de 700 efectivos, a partir de la incorporación de 280 jóvenes que culminaron el Curso de Agentes Técnicos. El acto de egreso fue encabezado...

La Voz de San Justo (08/06/2022)
Fabricarán bolitas con vidrio reciclado en Alicia
La primera experiencia de economía circular en el pueblo fue con el aceite vegetal usado, ahora es el turno del vidrio que se entrega a la única fábrica de bolitas del país, en San Jorge (Santa Fe) . Ya partió el primer cargamento de botellas.

Hoy Día (08/06/2022)
Prescripción y sobreseimiento en la causa Taym
La Cámara de Acusación confirmó ayer la decisión del Juzgado de Control de Alta Gracia de sobreseer a los directivos acusados de contaminación en la causa Taym (subsidiaria de Roggio).

El Despertador de Jesús María (08/06/2022)
Sinsacate. Nueva entrega de lombrices californianas
Un centenar de familias de Sinsacate recibieron los núcleos que reparte la Municipalidad, que insiste busca recoger menos residuos orgánicos.
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Hoy Día (02/11/2021)
Taym: apelaron la resolución del juez Lasso

La querella en la causa presentó un recurso contra la disposición que la daba por prescripta
De acuerdo a la información difundida por la asamblea de vecinos “Santa María sin Basura”, el abogado Juan Smith, representante de los querellantes en la causa por contaminación con residuos peligrosos de la empresa Taym, apeló ayer la resolución del juez de Control, Claudio Lasso, quien haciendo lugar al pedido de la defensa de los imputados, la dio por prescripta.
Al respecto, se advirtió en un comunicado que el juez de Control de Alta Gracia intenta cerrar el proceso judicial y sobreseer a los dos imputados: María del Milagro Aráoz Ferrer y César Ripsky, jefa técnica y Gerente de la planta de tratamiento de residuos peligrosos del Grupo Roggio.
La organización vecinal señaló además que la resolución del juez Lasso es “tremendamente contradictoria” ya que a la vez que pretende cerrar el proceso judicial mediante “un tecnicismo infundado”, dar por vencidos los plazos procesales y señalar que hay una “falta de voluntad persecutoria del Estado”, también describe la gravedad de los hechos contaminantes.
En el documento, se detallan las características de los tóxicos derramados, la enorme extensión de territorio afectado, el ingreso de agua contaminada en el canal Los Molinos-Córdoba y en la propia planta potabilizadora que abastece de agua a más 500.000 cordobeses. Además, se precisan las graves violaciones a los protocolos de seguridad y leyes regulatorias que se producían sistemáticamente en la Planta.
Cabe señalar que la respuesta del juez Lasso a la Cámara de Acusación se realizó una semana después de que vencieran los tiempos procesales establecidos. Ante la queja de la querella fue el propio Lasso el que respondió por su demora. Es por esto que los vecinos de Santa María califican los criterios del juez para evaluar la caducidad de los plazos procesales como “absolutamente discrecionales”.
Por otra parte, los vecinos denuncian que la contaminación no ha cesado: “La propia pericia judicial indicó que los metales pesados que se dispersaron en el ambiente, no se degradan y siguen representando un riesgo para la salud”, explicaron.
“Esta absurda situación representa una burla a todos los afectados. Es un flagrante acto de impunidad que evidencia la falta de independencia del poder judicial, su servilismo a los poderes económicos y políticos en desmedro de los derechos de la ciudadanía”, expresó la asamblea.
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Hoy Día (27/10/2021)
Lasso volvió a dictaminar la prescripción de la causa Taym

Los imputados fueron sobreseídos por considerar vencidos los plazos procesales
El juez de control de Alta Gracia, Claudio Lasso, volvió a dictaminar la prescripción de la causa penal por la contaminación con residuos peligrosos provocada por la empresa de Roggio, Taym en lo que fue el desastre ambiental generado por el derrame de residuos tóxicos en el propio canal que abastece de agua a más de medio millón de cordobeses.
De ese modo, aunque detalla las responsabilidades de los imputados, César Ripsky y María del Milagro Aráoz Ferrer, dictó su sobreseimiento por considerar que los plazos procesales para elevar la causa a juicio están vencidos, lo que demuestra, en las propias palabras del juez, “una falta de voluntad persecutoria del Estado”.
Cabe recordar, que hace dos semanas la Cámara de Acusación había considerado insuficientemente fundados los argumentos de Lasso y anulado la resolución de prescripción anterior, dándole la posibilidad de que ampliara su argumentación. Frente a este pedido, la respuesta del juez llegó, pero una vez vencidos los plazos dictaminados por la Cámara.
Al respecto, la Asamblea Santa María Sin Basura reflexionó que esta situación dejaría entrever como “los vencimientos de tiempo sólo jugarían a favor de los imputados y en detrimento de los derechos de toda la sociedad afectada” por la contaminación. “La resolución del juez de control Claudio Lasso es un flagrante acto de corrupción que devela la subordinación del poder judicial al poder económico y sus connivencias con el poder político. Es la crónica de una sentencia anunciada”, manifestaron en un comunicado.
Por su parte, la legisladora y candidata a diputada por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, también se refirió a la reciente resolución del Juez Lasso.“La empresa Taym, violó toda la normativa ambiental vigente en incontables ocasiones, eso está documentado con mucho detalle en la causa; el desastre ambiental provocado es una consecuencia de esa ilegalidad”, opinó.
Y agregó: “En la propia resolución el Juez Lasso asegura que los daños producidos por el desastre ambiental son a largo plazo e incluso permanentes. Sin embargo, considera que el plazo de dos años es suficiente para no juzgar a los responsables”.
“Es urgente incorporar los delitos ambientales al Código Penal y que los mismos sean imprescriptibles, porque si el daño es permanente la responsabilidad es para siempre”, concluyó la Legisladora.
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Hoy Día (01/10/2021)
Rechazaron la prescripción de la causa ambiental contra Taym

Dos responsables de la firma están acusados de contaminación
La Cámara de Acusación anuló el martes pasado la resolución del juez de Control de Alta Gracia, Caludio Lazo, quien había dado por prescripta la causa contra dos responsables de la empresa Taym por presunta contaminación ambiental culposa.
El pasado 4 de agosto, la medida de Lazo habría terminado por sobreseer a César Ernesto Ripsky y María del Milagro Aráos Ferrer, gerente y jefa técnica de la planta de Taym del grupo Roggio, respectivamente.
Sin embargo, la resolución fue apelada por el fiscal de control, Alejandro Peralta Ottonello, y los tres grupos de querellantes: la Asamblea Santa María sin Basura, la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, y Álvaro Zamora Consigli, vecino de la ciudad de Córdoba. En esa oportunidad, Ottonello y los querellantes rebatieron la caducidad de la causa y demandaron la efectiva elevación a juicio de la misma.
Cabe recordar que la causa investiga un desborde de Taym, por el que más de 500.000 personas recibieron en sus canillas agua contaminada con residuos tóxicos, peligrosos para la salud humana y el ambiente en general, según explicó la periodista Emilia Urouro del portal Resaltador.
Juan Smith, abogado querellante, explicó que lo que está diciendo la Cámara de Acusación es que la sentencia de Lazo, en una causa tan sensible y compleja, no está correctamente fundamentada, ya que el magistrado resolvió que el litigio prescribió en ocho carillas. Para el entrevistado, el juez de Control ahora cuenta con dos opciones: o busca más información y vuelve a insistir, o desiste y deja que quede firme el requerimiento de elevación a juicio.

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Hoy Día (20/08/2021)
Apelaron la prescripción de la causa Taym

El fiscal y los querellantes rebaten la caducidad de la causa y demandan la efectiva elevación a juicio de la misma
El fiscal Alejandro Peralta Ottonello apeló la resolución dictada por el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, que tras pasar más de dos años, dio por prescripta la causa penal por contaminación ambiental con residuos peligrosos contra los empleados jerárquicos de la empresa Taym, del grupo Roggio S.A.
Así lo informó ayer la asamblea de vecinos Santa María sin Basura, agrupación que también apeló la decisión judicial de Peralta Ottonello junto con los otros dos grupos querellantes del caso: la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana y Álvaro Zamora Consigli, un vecino de la ciudad de Córdoba.
De esta manera, el fiscal y los querellantes rebaten la caducidad de la causa y demandan una efectiva elevación a juicio. La apelación deberá ser resuelta por la Cámara de Acusación de Córdoba con sede en esta capital.

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La Nueva Mañana - Edición Electrónica (10/08/2021)
La “Asamblea Santa María Sin Basura” repudió el archivo de la causa Taym

El juez de control Claudio Lasso decidió dar por prescripto el expediente por el desborde y contaminación de marzo de 2017.
En un comunicado de prensa, la Asamblea Santa María Sin Basura  criticó la decisión del juez de control Lasso de dar por prescripta la causa que investigaba si la empresa Taym había incurrido en contaminación ambiental con residuos peligrosos.
“La prescripción de la Causa contra el Gerente y la Directora Técnica de Taym por contaminación ambiental con residuos peligrosos, dictada el pasado 4 de agosto por el juez de control de Alta Gracia, Claudio Lasso; es un flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses y agravia los derechos de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano”, indicaron desde organización social.
Anteriormente, el fiscal Alejandro Peralta Ottonello había elevado la causa a juicio con dos imputados: César Ernesto Ripsky y María del Milagro Aráos Ferrer, Gerente y Jefa técnica de la Planta Taym del grupo Roggio, por la presunta comisión del delito de contaminación con residuos peligrosos, en el episodio ocurrido el 28 de marzo de 2017.
Desde el colectivo indicaron que en su resolución, “el propio juez Claudio Lasso, al relatar “el hecho”, describe una situación espeluznante: "En la Planta de Taym auditorías previas a la inundación describieron graves y enormes irregularidades, materiales peligrosos arrojados a las celdas sin tratar, materiales peligrosos no autorizados a ser tratados en la planta acopiados en enormes cantidades, lagunas de lixiviados colmatadas, materiales peligrosos ubicados en lugares no autorizados, construcciones nuevas que no tenían licencia de la Secretaría de Ambiente, dónde se operaba con materiales peligrosos; instalaciones que, además, fueron construidas invadiendo la zona de exclusión, lo que hacían prever la salida de materiales peligrosos fuera de la planta”.
Lasso dio por sentado que el día de la inundación y desborde “el agua que salió de Taym arrastró muchos de los residuos peligrosos que se encontraban en la planta (...) conteniendo en todos los casos sustancias tóxicas y/o peligrosas (...) Asimismo el agua –que obviamente contenía sustancias contaminantes para el suelo, la salud, el agua y el ambiente en general- siguió su curso hacia el canal Los Molinos- Córdoba, ingresando en el mismo en grandes cantidades. Agua que siguió su curso en dirección a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, recorriendo un trayecto de 12.675 metros”.
A la vez, “el ingreso a la Planta potabilizadora puso en riesgo a la población, existiendo un peligro potencial que, al resultar insuficiente el análisis practicado sobre la misma, se asume que pudieron pasar a la red sustancias que no se miden regularmente según protocolo de Aguas Cordobesas”.
Pese a todo ello, Lasso da la causa por prescripta. “Ni el confinamiento social obligatorio producto de la pandemia y sus constatables efectos sobre la administración de justicia, han logrado alterar el curso del plazo de la prescripción penal”, señala el escrito.
“El propio gobernador Schiaretti ha declarado que “caería todo el peso de la ley” sobre los responsables de este desastre ambiental. ¿Qué pasó con su promesa gobernador? En Córdoba no existe la justicia”, cuestionaron desde el colectivo.
“A nadie se le escapa que en este desastre ambiental hay muchos más culpables. ¿Por qué no se investigó ni imputó a estos empresarios que pusieron en grave riesgo la salud de sus usuarios? ¿Por qué no se llamó a declarar a los funcionarios de gobierno encargados de controlarlos? ¿Por qué el gobierno de la ciudad de Córdoba jamás se constituyó como querellante, cuando la mitad de sus habitantes recibió agua contaminada con residuos peligrosos para la salud y el ambiente?”, finalizaron.

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Hoy Día (10/08/2021)
Causa Taym: apelarán el sobreseimiento de los directivos

Así lo anunció la Asamblea Santa María Sin Basura, que calificó como un “flagrante acto de corrupción e impunidad” a la resolución dictada por el juez Lasso
La Asamblea Santa María Sin Basura confirmó ayer la decisión de apelar el sobreseimiento, por prescripción, dictado el pasado 4 de agosto por el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, de tres directivos de la firma Taym, acusados de contaminación con residuos peligrosos.
Como se recordará, el 28 de marzo de 2017, una copiosa tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de nuestra ciudad. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym (propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos), localizada sobre la ruta 36, llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales. Los directivos Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires); la ingeniera María Áraoz, responsable técnica; y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba, terminaron imputados, pero recientemente fueron sobreseídos por prescripción.
Sobre el particular, la Asamblea Santa María Sin Basura repudió la decisión del juez Lasso ya que consideró que “es un flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses y agravia los derechos de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano”.
En este sentido, la organización recordó mediante un comunicado que en su resolución del 4 de agosto último, el magistrado describió el proceso hidráulico por el cual la planta quedó completamente bajo el agua de aquel 28 de marzo de 2017 y afirmó: “El agua que salió de Taym arrastró muchos de los residuos peligrosos que se encontraban en la planta (...) conteniendo en todos los casos sustancias tóxicas y/o peligrosas (...). Asimismo, el agua –que obviamente contenía sustancias contaminantes para el suelo, la salud, el agua y el ambiente en general- siguió su curso hacia el canal Los Molinos-Córdoba, ingresando en el mismo en grandes cantidades. Agua que siguió su curso en dirección a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas”.
A continuación, el juez reconoció que “el ingreso a la planta potabilizadora puso en riesgo a la población, existiendo un peligro potencial que, al resultar insuficiente el análisis practicado sobre la misma, se asume que pudieron pasar a la red sustancias que no se miden regularmente según protocolo de Aguas Cordobesas”.

“La orden viene de arriba”
Por tales motivos, para la Asamblea Santa María Sin Basura, “en épocas electorales a nadie escapa que la orden de archivar esta causa viene de arriba. Seguramente, Roggio pondrá dinero para la campaña -como siempre- y sus benefactores en el poder político le sacarán esta causa de encima, aunque el propio gobernador (Juan) Schiaretti haya declarado que `caería todo el peso de la ley´ sobre los responsables de este desastre ambiental”. “¿Qué pasó con su promesa Gobernador? En Córdoba, no existe la justicia”, denunció el colectivo de vecinos autoconvocados.
Finalmente, alertó que “sin justicia ambiental nuestra vida y la vida de las futuras generaciones está claramente en peligro”. “Sostendremos nuestra lucha hasta que haya justicia verdadera. No olvidamos, no desistimos, no claudicamos”, concluyó el escrito.
Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos. El propio gobernador Juan Schiaretti había señalado: “Estuvimos a un tris del desastre ambiental”.
Por ese entonces, y tras los peritajes realizados durante tres meses, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta.
El agua de la inundación ingresó a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y salió hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Anegamiento. El 28 de marzo de 2017, el agua llegó al canal Los Molinos-Córdoba, luego de ingresar a Taym. (La Voz / Archivo)
Los imputados eran Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
La planta de Taym había quedado totalmente anegada. En ese lugar existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.

Sobreseimientos
El delito de contaminación ambiental (dolosa) tiene una pena de tres a diez años de prisión, pero ahora la causa se cayó.
El juez de control Claudio Lasso dispuso en las últimas horas el sobreseimiento por prescripción de la causa de los tres directivos, informaron fuentes judiciales a radio Mitre.
Al pasar más de dos años de la causa, el juez entendió que el delito había prescripto. Trascendió además que el fiscal Otonello, tras analizar la resolución, podría apelar la decisión del juez de control de Alta Gracia.

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La Voz del Interior - Edición Electrónica (06/08/2021)
Causa Taym: sobreseen por prescripción a tres directivos acusados de contaminación

Para el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, la causa prescribió.
El 28 de marzo de 2017, una copiosa tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Córdoba Capital. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales.
Tres directivos terminaron imputados, pero ahora fueron sobreseídos por prescripción.
Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos. El propio gobernador Juan Schiaretti había señalado: “Estuvimos a un tris del desastre ambiental”.
Por ese entonces, y tras los peritajes realizados durante tres meses, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta.
El agua de la inundación ingresó a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y salió hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Los imputados eran Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
La planta de Taym había quedado totalmente anegada. En ese lugar existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.

Sobreseimientos
El delito de contaminación ambiental (dolosa) tiene una pena de tres a diez años de prisión, pero ahora la causa se cayó.
El juez de control Claudio Lasso dispuso en las últimas horas el sobreseimiento por prescripción de la causa de los tres directivos, informaron fuentes judiciales a radio Mitre.
Al pasar más de dos años de la causa, el juez entendió que el delito había prescripto. Trascendió además que el fiscal Otonello, tras analizar la resolución, podría apelar la decisión del juez de control de Alta Gracia.

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Hoy Día (07/06/2021)
Desde Funam apuntan contra la responsabilidad del Grupo Roggio

El titular de la fundación destacó la elevación a juicio de la causa por contaminación ambiental culposa contra Taym; para Montenegro “visibiliza una zona de sacrificio equiparable a las más contaminadas de América Latina”
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) destacó los alcances de la reciente elevación a juicio de una causa contra dos responsables de la planta de la firma Taym en Córdoba por contaminación ambiental culposa, a raíz de la inundación que desbordó las instalaciones el 28 de marzo de 2017.
Al respecto, el presidente de Funam, el biólogo Raúl Montenegro, aseguró que se trata de una “buena noticia para la comunidad, (y una) mala noticia para los contaminadores y, en especial para el grupo empresarial Roggio”. En ese sentido, recordó que “dos responsables de su empresa de almacenamiento de residuos peligrosos Taym van a juicio por contaminación ambiental culposa”.
Como se sabe, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, quien semanas atrás firmó el requerimiento de elevación a juicio, consideró responsables del desastre a César Ernesto Ripsky –gerente– y a María del Milagro Araoz Ferrer –jefa técnica–. Si bien dejó en claro que la tormenta de 2017 que acumuló 150 milímetros en tres horas fue un evento extraordinario, las deficiencias en los terraplenes y muros detectadas por inspecciones antes del fenómeno climático acreditan la responsabilidad penal. Eso se suma a la elevada presencia de contaminantes en los elementos dispuestos en Taym, porque es precisamente una empresa que recibe residuos altamente peligrosos desde distintos puntos del país.
Otro elemento que analizó el funcionario judicial fue que, una vez inundada la planta, el agua arrastró elementos potencialmente contaminantes hasta el canal Los Molinos y que las compuertas de la planta de Aguas Cordobesas –perteneciente al Grupo Roggio, al igual que Taym– se cerraron una hora después de que ese caudal llegara al cauce. Por eso, el ingreso de residuos arrastrados fue considerado como un riesgo para la salud de la población. Sobre el particular, el titular de Fuman indicó que “como las baterías de análisis químicos de Aguas Cordobesas no incluye a muchos de los contaminantes peligrosos que llegaron al canal Los Molinos-Córdoba, nunca sabremos qué sustancias pasaron a la red -previo al cierre de la planta- ni qué efectos provocaron en la comunidad”.
“En esta instancia judicial tan esperada debo felicitar a los miembros técnicos del equipo que analizó el desastre provocado por Taym; al intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker (desde donde participé en el peritaje); la valiosa colaboración del biólogo Ricardo Suárez y, sobre todo, felicito la incansable lucha de los vecinos de Villa Parque Santa Ana y de Bouwer”, rescató Montenegro, quien integró el grupo de peritos que trabajó en el análisis técnico convocado por la Justicia para evaluar la contaminación producida desde Taym.     
A continuación, consideró que “en una provincia como Córdoba marcada por la impunidad de sus funcionarios y líderes corporativos, la decisión judicial sobre Taym es un hecho destacable”. Sin embargo, aprovechó para hacer mención “a los responsables subyacentes de este desastre: a la Secretaría de Ambiente del gobierno de Córdoba, que autorizó la localización de Taym en una zona inviable, sometida a escorrentías superficiales; y al Grupo Roggio, cuyos responsables máximos siguen sin pasar por los estrados judiciales”.
Finalmente, el presidente de Funam fue más allá y sostuvo que “la elevación a juicio del caso Taym es trascendente pues visibiliza una zona de sacrificio equiparable a las zonas más contaminadas de América Latina, como el corredor Apaxco-Atotonilco-Tula en México”. “Cuando acompañábamos en terreno a los colectivos mexicanos en lucha contra el grupo de empresas irresponsables y gobiernos ineptos que crearon ese corredor, una y otra vez citamos su parecido con el corredor sur de la ciudad de Córdoba-Bouwer-Santa Ana”. Todo indica que la estrategia de los gobiernos queda resumida por la siguiente frase: `si una zona ya está contaminada, sigamos concentrando allí otras actividades contaminantes´. Asumen que la gente es de descarte, es el sur dentro del sur”, concluyó Montenegro.

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Hoy Día (23/03/2021)
Protesta vecinal por la falta de avances en la causa Taym

Los habitantes de Parque Santa Ana exigieron la elevación a juicio del caso
A cuatro años del desastre ambiental provocado por el derrame de residuos tóxicos en la planta Taym, vecinos de Parque Santa Ana protestaron ayer frente a la fiscalía de Alejandro Peralta Ottonello, en Alta Gracia, para reclamar mayor celeridad en la causa que investiga el presunto delito de contaminación ambiental.
La fecha de la protesta no es casual, pues el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, insumo vital para la supervivencia humana. El 28 de marzo de 2017, el derrumbe de un terraplén de la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la empresa Roggio produjo el derrame de material altamente tóxico en el canal Los Molinos, que llegó hasta la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas.
“Más de un millón y medio de personas podrían haber consumido agua contaminada”, alertó Liliana Lacombe, abogada y vecina de Alta Gracia, quien dijo que la protesta le reclamó al fiscal “la inmediata elevación a juicio” de la causa. “En estos cuatro años de investigación está más que probado el delito de contaminación y las responsabilidades empresariales y políticas”, planteó Lacombe, quien denunció “el sistemático encubrimiento por parte del fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, que en estos 4 años no ha avanzado en la causa y no ha llamado a indagatorias ni ha imputado a los responsables políticos, que siguen ostentando cargos”.
“No se ha calculado aún la cantidad de hectáreas afectadas por la inundación que arrastraba residuos peligrosos, ni se ha dimensionado la afectación de napas ni del propio canal que riega las huertas del cinturón verde (…) por lo que el delito no ha cesado y continuará afectando a las futuras generaciones”, denunciaron los vecinos.

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Hoy Día - Edición Electrónica (22/03/2021)
Vecinos se movilizan por la falta de avances en la causa Taym

Próximo a cumplirse cuatro años del derrame, vecinos de Parque Santa Ana protestan este lunes en los tribunales de Alta Gracia para exigir la elevación a juicio de la causa Taym
En el Día Mundial del Agua y a cuatro años del desastre provocado por el derrame de residuos tóxicos en la planta Taym, vecinos de Parque Santa Ana protestan este lunes frente a la fiscalía de Alejandro Peralta Ottonello, en Alta Gracia, para reclamar mayor celeridad en la causa que investiga el presunto delito de contaminación ambiental.
Liliana Lacombe, abogada y vecina de esa localidad próxima a la ciudad de Córdoba, dijo este lunes que la protesta frente a las oficinas judiciales es a fin de solicitarle al fiscal "la inmediata elevación a juicio" de la causa.
"En estos cuatro años de investigación está más que probado el delito de contaminación y las responsabilidades empresariales y políticas", planteó esta mañana Lacombe en declaraciones radiales.
A la vez, denunció "el sistemático encubrimiento por parte del fiscal anticorrupción, Franco Mondino, que en estos cuatro años no ha avanzado en la causa y no ha llamado a indagatorias ni ha imputado a los responsables políticos, que siguen ostentando cargos públicos pese a que numerosas prueban indican su responsabilidad en este desastre ambienta".
"Recordemos que fue el propio gobernador (Juan) Schiaretti quien prometió a todos los cordobeses que debía caerle todo el peso de la ley. Pero hoy solo tenemos dos empleados de la planta imputados", señaló.
El colectivo de vecinos autoconvocados que se conformó en octubre de 2016 para resistir la instalación de un megabasural cercano al pueblo, difundió una nota para recordar que el derrame de residuos tóxicos que se produjo en la planta Taym, tras la inundación del 28 de marzo de 2017,  "más de un millón y medio de personas podrían haber consumido agua contaminada".
"No se ha calculado aún la cantidad de hectáreas afectadas por la inundación que arrastraba residuos peligrosos, ni dimensionado la afectación de napas ni del propio canal que riega las huertas del cinturón verde inundado por la escorrentía envenenada. Los contaminantes no degradables, como los metales “pesados” arrastrados por la escorrentía, continúan dispersos en un territorio indeterminado. Por lo que el delito no ha cesado y continuará afectando a las futuras generaciones", denuncian los vecinos.

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