La Voz del Interior - Edición Electrónica (22/03/2024)
- Ambientalista cordobés denunció penalmente a Javier Milei tras la derogación de la Ley de Tierras
Este 5 de marzo Raúl Montenegro, biólogo y titular de la ONG ambientalista cordobesa Funam, denunció penalmente al presidente argentino Javier Milei y ministros que firmaron el DNU 70/2023 por haber derogado la Ley de Tierras 26737 y en consecuencia violar el Acuerdo de Escazú y al Convenio 169 de Derechos Indígenas.

El Diario de Villa Carlos Paz (22/03/2024)
- Villa Carlos Paz. Charla de huerta y ecocanje en el Centro Vecinal Altos de San Pedro
El próximo viernes 22 de marzo, el Centro Vecinal Altos de San Pedro, ubicado en la intersección de las calles Chaco y Río Negro, será el punto de encuentro para una iniciativa comunitaria centrada en la promoción de la agricultura urbana y el reciclaje.

El Diario de Villa Carlos Paz (22/03/2024)
- El INTA dictará un curso de compostaje en Capilla del Monte
El municipio de Capilla del Monte apunta fuertemente a transformar la localidad en una ciudad sustentable y respetuosa del ambiente. En ese sentido, en la gran apuesta para remediar los daños ambientales que ha producido el basural a cielo abierto, el intendente Fabricio Díaz viene implementando una serie de acciones para concientizar sobre prácticas más responsables.

El Puntal de Río Cuarto (22/03/2024)
- Las Higueras: proponen usar el Parque Solar para mitigar la suba de luz en comercios
El Municipio impulsa la alternativa para acompañar a estos usuarios en medio del incremento tarifario. Los kilowatts generados se pondrán a disposición del sector y funcionarán como “crédito energético” en las boletas
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El Puntal de Río Cuarto (17/03/2024)
La Funam denunció a Milei por la derogación de la Ley de Tierras

Según Montenegro, "habría incurrido en incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita". "Es una bandera de remate a los bosques y glaciares", acotó. La presentación se hizo en la Justicia Federal
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció al presidente Javier Milei y a ministros de su gabinete por la derogación de la Ley de Tierras.
Según Raúl Montenegro, director de Funam, los funcionarios denunciados “habrían incurrido en incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita”.
Ydisparó:“Es una bandera de remate a los bosques nativos y glaciares”. “Les dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio”, lanzó el biólogo.
La presentación de 76 páginas se hizo en la Justicia Federal de Córdoba. Es una de las primeras denuncias penales contra el actual presidente.
Además de Milei, fueron denunciados penalmente los ministros Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra Pettovello.
Entre las argumentaciones esgrimidas figuran:
- “Es por haber derogado la Ley de Tierras en abierta violación al Acuerdo de Escazú y al Convenio 169 de Derechos Indígenas. Habrían incurrido en incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita”.
- Yagrega a renglón seguido:“Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos”.
- “También pedimos a la Justicia que investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no Federico, y/u otros consultores, y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley”.
- “La derogación de la Ley de Tierras implicó regresión en una norma sobre ambiente, algo prohibido por el Acuerdo de Escazú, y se hizo sin consultar a las comunidades indígenas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Violaría además otras leyes vigentes”.
- “Las modificaciones propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus sobre las leyes de bosques, glaciares e incendios complementan descaradamente la derogación de la Ley de Tierras”.
- Ysostiene a continuación:“Les dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio”.
- “No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidos por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socioambiental que enfrenta Argentina”.
La presentación judicial se hizo en la Fiscalía de Turno de la Justicia Federal de Córdoba, basándose en aportes del exjuez federal Miguel Rodríguez Villafañe, quien proporcionó los argumentos jurídicos que tornan al DNU como “de nulidad absoluta e insanable”.
Cabe recordar que Montenegro es profesor titular en la Universidad de Córdoba y director del Campus Córdoba del Right Livelihood College.
En el año 2004 el biólogo recibió en Suecia el premio Nobel Alternativo.
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El Puntal de Río Cuarto (16/02/2024)
Desagote de líquido cloacal al río: advierten por el impacto ambiental y riesgo sanitario

Según dijo el biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, los efluentes representan un grave peligro para el ecosistema y la biodiversidad y una situación crítica en materia de salud por la contaminación bacteriana y viral
La descarga de efluentes cloacales provenientes de Las Higueras casi sin tratamiento al río Cuarto es una problemática que está siendo abordada por la Municipalidad de la localidad y el Ministerio de Ambiente de la Provincia, los cuales evalúan soluciones. No obstante, la afluencia de estos residuos en medio de la Reserva Chocancharava tiene un impacto ambiental negativo tanto en el ecosistema y la biodiversidad como en la salud de la población. Así lo señaló a Puntal el biólogo y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro.
 El especialista sostuvo que para conocer el verdadero efecto que tiene este desagote de líquidos en el río hay que tener en cuenta “que, si el caudal baja y se mantiene constante la descarga, entonces el poder de dilución disminuye. O sea, cuanto menos caudal haya, mayor va a ser la concentración de la parte contaminante que aporta el líquido”. “Ese es un punto muy importante porque, de acuerdo a cómo evolucione el caudal de la masa receptora, va a ser el impacto de la masa volcada. Es decir, en los momentos en los que el caudal del río es más bajo, el impacto va a ser mayor”, detalló.
Según ilustró el especialista, “los cursos de agua de la provincia de Córdoba son de régimen monzónico, eso quiere decir que tienen que crecer en verano y bajar en invierno. Es decir que, si el valor de la descarga cloacal se mantiene más o menos durante todo el año, la contaminación más crítica será en invierno y se reduce un poco el impacto cuando el caudal sea mayor, que, de acuerdo con datos históricos, esto sería en el mes de diciembre”.
Al mismo tiempo, estableció otro punto de relevancia y se trata de la presencia de residuos peligrosos en los efluentes. Indicó que, si bien “los líquidos cloacales no entran dentro de lo regulado por la normativa 24051, que es la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, técnicamente consideramos que los líquidos cloacales tienen dos cargas en términos de riesgo. Una, residuos peligrosos porque las personas descargan, sobre todo cuando tienen colectora cloacal, tiran restos de solventes, medicamentos usados, la propia materia fecal y la orina. Si la persona está tomando medicamentos, van a estos residuos. Es decir, se utilizan muchísimo los inodoros como si fueran un pequeño vertedero”, explicitó.
A propósito de ello, Montenegro insistió: “En algunas acciones judiciales que hemos hecho nosotros, la Justicia Federal tomó como criterio que los líquidos cloacales podían tener residuos peligrosos”.
En tanto, también el exceso de materia orgánica que tiene este tipo de residuos representa un gran riesgo, según agregó el biólogo, ya que contiene “mucho fósforo y nitrógeno”. “El exceso de estos elementos suele generar la acción de eutrofización cultural (disminución de la concentración de oxígeno en agua). Eso no pasa tanto en los cursos de agua, pero sí pasa en las masas de agua estancada de los lagos. Por ejemplo, el lago de San Roque es un lago eutrófico cultural porque depende de descargas humanas. Un exceso de materia orgánica no es bueno porque la capacidad que tienen los cursos de agua para degradar materia orgánica es limitada”, precisó.

Riesgos para la salud
El ambientalista hizo referencia a los peligros sanitarios y habló sobre el saneamiento que se les debería hacer a los efluentes. “Lo ideal es un tratamiento terciario, que es el que saca el fósforo y el nitrógeno, pero cuando los líquidos están crudos significa que no tenemos ni primario, ni secundario, ni terciario. Es decir que en primer término tenemos residuos peligrosos, variables e impredecibles. Lo segundo, exceso de materia orgánica con una alta carga de fósforo y nitrógeno. Y el tercero, que es lo más crítico en términos de salud, son las poblaciones bacterianas y virales que vienen con el líquido cloacal. En el lugar donde se descarga hay como una especie de pluma de contaminación y en un río, agua abajo, se extiende esta pluma. Cuanto más contaminante se descarga, más larga e intensa será esa pluma. Eso implica que toda el agua, las personas que acceden a esa agua, si la toman sin tratamiento o tiene contacto directo, es crítico porque están sometidas a contaminantes como residuos peligrosos y virus y bacterias que vienen con la descarga”, subrayó.
Finalmente, recalcó que “cada curso de agua es como un ecosistema terrestre y, cuanto más contaminado esté, menos biodiversidad tendrá. O sea que, mientras más se contamine con líquido cloacal, residuos peligrosos, con materia orgánica, con bacterias y virus, menor va a ser la biodiversidad”.
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La Voz del Interior (16/11/2023)
Debaten nueva ley de “gestión de cuencas hídricas”: ONG ambientalistas critican el proyecto que propone la Provincia

El proyecto tiene como finalidad disponer de la gestión integrada de cuencas dentro del territorio provincial. Las organizaciones ambientales manifestaron que no protege la vegetación nativa y que se enfoca en la producción agrícola.
En la Legislatura de Córdoba se debate por estos días el proyecto de “Gestión Integrada de Cuencas Hídricas de la Provincia”, elevado por el Ejecutivo, que tiene como finalidad un nuevo enfoque integral de las cuencas hídricas, claves para el mapa del agua en Córdoba.
Se propone integrar el diagnóstico, la planificación, la gestión de recursos, y la ejecución de obras e infraestructura. También incluye planes orientados a la conservación del suelo y el mantenimiento de la infraestructura rural y de caminos, y apunta al “desarrollo sostenible de la producción agropecuaria”.
Uno de los objetivos que plantea la iniciativa es fomentar un cambio cultural en los sistemas de producción agropecuaria, con criterios de sustentabilidad, incluyendo la medición de variables productivas, sociales y ambientales.
La discusión del proyecto también se da fuera del recinto legislativo: organizaciones ambientalistas exponen reparos y reclaman formar parte de la discusión. Desde el Foro Ambiental Córdoba (FAC) y la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) plantean que no es posible una gestión integrada de cuencas sin proteger la vegetación nativa de las cabeceras en las Sierras y que el proyecto no menciona la cuestión ambiental y la protección de bosques naticvos.
Advierten que solo se enfoca en la producción agropecuaria, el agua y el suelo como recursos, pero que se soslaya la trama natural y ecosistémica.

Protección de cuencas
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental, afirmó que la protección de las cabeceras de cuencas implica fomentar la reforestación con especies nativas, frenar los desmontes, prevenir los incendios de montes y pastizales serranos, y controlar la proliferación de especies invasoras para proteger los lugares de captación de agua.
“Las sierras funcionan como un gran reservorio de agua, donde absorbe el agua de lluvia. Esta a su vez se incorpora en las napas y se va liberando lentamente. Asimismo, es necesario ampliar las reservas hídricas y brindarles protección efectiva, pero de eso no se habla”, dijo Kopta.
Asimismo, pidió frenar los desarrollos inmobiliarios de gran impacto ambiental para proteger esas cabeceras de cuencas, y la realización de un plan educativo sobre el uso racional del agua que abarque a todos los niveles, además de trabajar sobre un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
También planteó que desde el Foro realizaron un informe con 23 propuestas que no están contempladas en el proyecto, para el caso de las cuencas de las Sierras Chicas, pero extrapolable a las demás.
A su vez, Raúl Montenegro, de Funam, interpretó que el proyecto de ley “busca garantizar la provisión de agua al agronegocio”. Y afirmó que se pretende aprobarlo con celeridad y regresividad. “Ignora que la Provincia forma parte de ocho comités de cuenca interprovinciales y de 21 comités de cuenca provinciales”, apuntó.
Agregó que el proyecto introduce la figura de “Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas” sin referirse a la cuestión ambiental. Y que crea una comisión técnica que ni siquiera menciona a la Secretaría de Ambiente. “Peor aún, desconoce que la Provincia tiene un entramado de leyes vigentes de creación de comités de cuenca , que el gobierno nunca hizo cumplir”, afirmó.
Montenegro advirtió que si se aprueba esa nueva ley la ONG que preside reclamará por vía judicial. “Resulta temerario, en una provincia mayoritariamente semiárida, y donde queda menos del 4% de bosque nativo, que se siga sin manejar social, ambiental y participativamente los comités de cuenca que ya han sido creados por leyes que no se cumplen”, remarcó.

Qué dice la Provincia
El ingeniero Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la Provincia, indicó que no se trata de reemplazar un sistema legal por otro sino de mejorar el trabajo que ya se viene haciendo y darle un nuevo encuadre normativo. Y aclaró que el proyecto en debate no es sobre las cuencas de los embalses serranos.
“Estamos definiendo un territorio que hace tiempo lo venimos utilizando en emergencia agropecuaria, cuando es por anegamiento, en la conformación de los consorcios de suelo, en la conformación de los consorcios canaleros, en la conformación de la ley agroforestal”, afirmó.
A la vez, remarcó que la finalidad es sobre “el agua que llueve”, que se infiltra en los campos, que hace los caminos intransitables, para que los excesos hídricos sean conducidos de una forma ordenada, y no a través de los caminos.
De ese modo, negó que tenga impacto sobre las cuencas serranas.
“Son sobre acciones de los predios de los productores rurales, con métodos conservacionistas de producción, con terrazas, con microembalses, y después con obra pública coordinada desde lo público y lo privado con los consorcios”, dijo.
Blanda agregó que, junto a los productores hay consorcios que ya vienen funcionando desde hace años: “Consorcios camineros desde hace 70 años; los de conservación de suelo llevan 30; los canaleros, 20; y hay ahora consorcios de riego”.
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Hoy Día (19/09/2022)
Incendios: reactivan denuncia contra Schiaretti

“Hay un impacto acumulado de los incendios, año tras año. Por eso deben sumarse los impactos de lo quemado en 2020 y 2021, unas 500.000 hectáreas, a lo incendiado en 2022, más de 10.000 hectáreas”, Raúl Montenegro
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) informó ayer que “se reactivó la denuncia penal contra el gobernador Juan Schiaretti por los incendios de 2020”. “Si Schiaretti hubiese solicitado la colaboración de bomberos y equipos de otras Provincias y la Nación cuando los fuegos eran más fáciles de controlar, no se hubieran quemado 200.000 hectáreas”, indicó el presidente de la organización, Raúl Montenegro.
“Hay un impacto acumulado de los incendios, año tras año. Por eso deben sumarse los impactos de lo quemado en 2020 y 2021, unas 500.000 hectáreas, a lo incendiado en 2022, más de 10.000 hectáreas”, agregó el biólogo.
Montenegro también sostuvo que para la Provincia “pareciera que los incendios son un fenómeno que empieza y termina en el año en que ocurren. Repiten entonces enfermizamente como causas la gran sequía, los vientos, la multiplicidad de incendios provocados, y una serie de variables que –indudablemente- contribuyen a aumentar la gravedad de los fuegos, pero (…) no asumen que la gravedad de lo que ocurre hoy con los ambientes quemados es la suma de los efectos negativos, acumulados, que ya provocaron los fuegos de años anteriores, y de la crónica falta de prevención. Sumado, claro, a los daños por desmonte y la destrucción de la biodiversidad nativa por el uso insensato de plaguicidas a gran escala”.
“La provincia de Córdoba tiene hoy la peor situación ambiental de toda su historia”, agregó. Montenegro, junto al abogado Juan Smith, se presentó el pasado 9 de septiembre de 2022 ante el Tribunal Superior para pedirle celeridad en la resolución del recurso de casación presentado para ser reconocidos como querellantes en la acción penal.

Más Información:

Hoy Día (19/09/2022)
Pese a las lluvias, continúan los incendios en la provincia
Las lluvias de ayer no bastaron para acabar con los incendios en la provincia y, al cierre de esta edición, unos 250 efectivos de la Provincia trabajaban incansablemente sobre un frente en Villa Cura Brochero y el que inició en...

La Voz del Interior (19/09/2022)
Córdoba: fue contenido el incendio en Ciénaga de Allende, a 20 kilómetros de Cura Brochero
La rotación del viento reavivó las llamas en el casco de los fuegos. Hay ocho personas evacuadas y 25 autoevacuadas. Los brigadistas trabajarán toda la noche.

El Diario de Villa María (19/09/2022)
Traslasierra: sigue una dotación
Por otro lado, con relación a los incendios registrados durante las últimas semanas en las serranías cordobesas, se puntualizó que prosiguen trabajando, en el área comprendida por Panaholma y Villa Cura Brochero, una de las tres dotaciones ...
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Comercio y Justicia (26/08/2022)
Advierten sobre los riesgos de las modificaciones a la ley ambiental de la provincia de Córdoba

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, denunció en un comunicado de prensa que “el gobierno de Córdoba modificó su ley ambiental 10.208 para favorecer a corporaciones agrícolas y ganaderas, negocios inmobiliarios, y empresas telefónicas”.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, acusó al gobernador Juan Schiaretti y al secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto, de haber montado en la provincia de Córdoba “una mecánica ecocida que beneficia descaradamente a las grandes corporaciones, aumenta la destrucción ambiental, y provoca más daños a la salud”.
En el comunicado la organización ambientalista señala varios cuestionamientos a las modificaciones a la ley provincial 10.208. «Con el pretexto de agilizar trámites administrativos violaron el Principio de Progresividad que establece la Ley Nacional de Ambiente en su Artículo 4. El gobernador y su área de ambiente reducen así la protección ambiental en lugar de aumentarla. Habrían hecho sabiendas modificaciones inconstitucionales pues cuentan con el apoyo incondicional de un sector de la Justicia Provincial” agregó Montenegro.
Las modificaciones más polémicas mencionadas en el comunicado de prensa son las siguientes.
 1) Proyectos sometidos obligatoriamente a estudio de impacto ambiental y audiencia pública. “Originalmente los anexos de la antigua ley 10.208 de 2016 fueron redactados para listar las nuevas obras y acciones de riesgo para el ambiente y la salud, y que fueran sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental antes de su inicio. «En cualquier estado inteligente y a favor del ambiente –algo que no caracteriza al gobierno de Juan Schiaretti- se buscaría ampliar esos listados, sobre todo el Anexo I, y las exigencias. En Córdoba se hace al revés. Las modificaciones introducidas a la ley de política ambiental 10.208 favorecen al poder económico de grandes corporaciones, y violan el artículo 4 de la Ley Nacional sobre ambiente 25.675, que implantó el Principio de Progresividad. Las normas pueden volverse más estrictas, pero no más blandas”, subrayó Raúl Montenegro.
Además, el biólogo analizó luego cuáles son esos cambios que introdujo el gobierno “con sugestiva rapidez y sigilo”:   “El antiguo punto 32 del Anexo I obligaba a Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública para todo desmonte de ambiente protegido, ya fuera hecho por privados, o por el propio gobierno. Aunque existía normativa que prohíbe tales desmontes, su inclusión –que ya no está- robustecía la protección de los bosques nativos. Ahora el nuevo ‘enfoque’ elimina de esa acción a los privados que directa o indirectamente eliminen bosques y ambientes nativos. Los grandes emprendedores agropecuarios tienen ahora una traba menos para seguir destruyendo lo poco que queda de biodiversidad”, advirtió.
A nivel silos y en general plantas dedicadas a procesar y almacenar semillas el punto 35 establecía claramente que todo proyecto con más de 2.500 toneladas, cualquiera sea el lugar donde se pretenda instalar, estaba obligado a presentar Estudio de Impacto Ambiental y ser debatido en Audiencia Pública.
«Ahora la ‘agilización’ del gobierno excluye de esa obligación a todos los silos y plantas de localización no urbana, cualquiera sea su tamaño. Las personas que vivan cerca de los altos impactos sobre la salud que produzcan nuevos silos ´no urbanos’ dejarán de estar protegidas», añadió Montenegro.
Puso como ejemplo de lo anterior la planta de Monsanto que Malvinas Argentinas «echó (a contrapelo de lo que quería el gobierno) ahora puede instalarse con menos problemas en cualquier lugar no urbano de Córdoba. Monsanto, Syngenta, Bioceres y la Mesa de Enlace, deben estar muy satisfechas con las modificaciones que impulsaron Juan Schiaretti y Juan Carlos Scotto”, ironizó.
En lo referido a loteos, se añadió en el comunicado que hubo cambios que favorecen a los grupos inmobiliarios. En la antigua ley el punto 37 tornaba obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier nuevo loteo con 3 hectáreas de superficie o más. «Ahora las inmobiliarias con lotes de gran superficie cada uno, por ejemplo de 5.000 metros cuadrados cada uno, pueden superar el antiguo límite de 3 hectáreas, y respetar que haya ‘solamente’ 24 lotes, sin estar obligadas a Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”, señaló Montenegro.
2) Proyectos sometidos obligatoriamente a presentar Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a estudio de impacto ambiental.   En esta línea, Montenegro indicó: “debe quedar claro que el ‘Aviso de proyecto’ es menos riguroso que el ‘Estudio de Impacto Ambiental’, y no requiere Audiencia Pública. Aunque la Secretaría de Ambiente puede considerar que una actividad u obra ‘deba’ presentar Estudio de Impacto Ambiental, y ser sometido a Audiencia Pública. Pero esta no es la política más seguida por la Secretará de Ambiente”, indicó Montenegro.

Instalación de Silos y antenas de telefonía celular
Según el antiguo listado del Anexo II “los silos y en general depósitos de granos con más de 2.500 toneladas, tanto los ubicados en campo, como en zona urbana, debían presentar obligatoriamente Estudio de Impacto Ambiental y someterse a Audiencia Pública. En la nueva ley (punto 2.5), todo lo que no está como obligatorio en el Anexo I –silos y depósitos fuera de zona urbana, silos y depósitos con menos de 2.500 toneladas-quedan obligados a presentar Aviso de Proyecto. Es decir, la parte más discrecional y laxa de la ley”, apuntó el biólogo.
En cuanto al tema de la instalación referida a antenas, alertan sobre las consecuencias sanitarias negativas que tendría con la nueva modificación en la normativa. «El punto 3.B.g del listado original decía que estaban sometidas a Aviso de Proyecto y condicionalmente a Estudio de Impacto Ambiental, las “Instalaciones de transmisión o repetición de señales (antenas repetidoras de telefonía o comunicación en general”. Esto incluía las antenas, y la radiación no ionizante que producían: recordemos que la radiación no ionizante de antenas de telefonía celular por ejemplo (microondas) fueron catalogadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer, IARC, dentro del grupo 2B, “posible cancerígeno humano” (Monografía IARC 202, 2011).
En este punto, en el 3.B.g se cambia por completo la definición que tenía antes. Dice ahora: “Estructuras portantes para instalaciones o repetición de señales (antenas, repetidoras de telefonía y/o comunicación en general” a lo que agrega “En el supuesto que esos proyectos fueren habilitados por la autoridad municipal o comunal cuya normativa se ajuste a las exigencias establecidas en la legislación provincial, la Autoridad de Aplicación podrá tener por cumplimentadas las disposiciones de la presente ley”, agregó convencido.
Según Montenegro, “con particular malicia el gobierno provincial incluyó en su proyecto la inclusión de las palabras ‘estructuras portantes para instalaciones de transmisión’. Como resultado directo de esta redacción, lo que las empresas telefónicas deben avisar obligatoriamente es el proyecto de ‘estructuras portantes’, y queda fuera de evaluación la emisión de microondas desde las antenas”, subrayó.
Además, y sin tener en cuenta las limitaciones que pudieran tener las distintas municipalidades y comunas para autorizar esas “estructuras portantes”, la Secretaría de Ambiente se saca de encima una tarea -que por otra parte no venía realizando bien-  limitándose a aceptar las autorizaciones municipales. “Queda claro”, indicó Raúl Montenegro, “que los cambios producidos en los Anexos I y II de la Ley 10.208, y que ya son ley, no fueron ni menores ni superficiales. Son coherentes con la política de gobierno de favorecer a las grandes corporaciones, reducir el contralor por parte del Estado y de la sociedad, y aumentar la degradación del ambiente y la salud», concluyó.
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Hoy Día (19/08/2022)
Fuerte rechazo de los movimientos ecologistas a la nueva Ley de Ambiente

“El gobierno de Córdoba le da vía libre al desmonte”, denunció el Movimiento Verde
Los movimientos ambientalistas de Córdoba salieron a rechazar con énfasis ayer las modificaciones a la ley número 10.208 de Política Ambiental que fueron aprobadas el miércoles pasado por la Legislatura provincial sin el respaldo de las organizaciones. Si bien Hacemos por Córdoba aseguró que los cambios introducidos a los anexos I y II de la norma “no modifican aspectos esenciales” de la norma y “buscan dotarla de mayor efectividad”, desde los movimientos ambientalistas denunciaron justamente lo contrario.
“Dichas modificaciones están orientadas en el siguiente sentido: por un lado, para legitimar el desmonte que realizan las autovías que se están construyendo, otorgando un marco legal a las trazas que atraviesan bosques nativos catalogados como ‘zonas rojas’; por otro lado flexibilizan los requisitos para aprobar loteos, permitiendo que numerosos emprendimientos inmobiliarios no requieran del Estudio de Impacto Ambiental previo”, denunció el Movimiento Verde Cordobés, que consideró que “la nueva ley viene a legitimar el desmonte realizado por la obra pública sobre ‘zonas rojas’ y a impulsar el negocio inmobiliario sin controles”.
Como ejemplo, citó que los cambios establecen que “los emprendimientos (inmobiliarios) con más de 25 lotes serán los que deban ir a audiencia pública cuando antes se requería para los loteos de más de 10 lotes”. “Esto trae un grave problema político, social y ambiental, ya que las sociedades evolucionan hacia la regulación de la obra pública y los emprendimientos privados con el objeto de proteger el ambiente, en cambio en la provincia de Córdoba vamos por el sentido contrario, se privilegia el negocio de la obra pública y el negocio inmobiliario en desmedro de nuestro ambiente”, completó la organización.
La Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) coincidió con la denuncia al considerar que “el gobierno de Córdoba modificó su ley ambiental 10.208 para favorecer a las corporaciones agrícolas y ganaderas, negocios inmobiliarios, y empresas telefónicas”. El doctor Raúl Montenegro, presidente de Funam, acusó incluso al gobernador Juan Schiaretti de montar “una mecánica ecocida” en Córdoba que “beneficia descaradamente a las grandes corporaciones, aumenta la destrucción ambiental y provoca más daños a la salud”.
“Las modificaciones no son ingenuas. Con el pretexto de agilizar trámites administrativos, violaron el Principio de Progresividad que establece la Ley Nacional de Ambiente en su artículo 4. El gobernador y su área de Ambiente reducen así la protección ambiental en lugar de aumentarla”, explicó Montenegro, quien lamentó que “cuentan con el apoyo incondicional de un sector de la Justicia Provincial” para violar la legislación.

El oficialismo defendió los cambios
La legisladora oficialista Nadia Fernández defendió las modificaciones a la ley 10.208 con el argumento de que buscan “actualizar algunos conceptos y adecuarlos al Sistema Legislativo Ambiental de nuestra provincia”.
“El proyecto que hoy tratamos no es una reforma de ninguno de los aspectos esenciales de la ley 10.208 sino que, por el contrario, solo se modifican parcialmente puntos específicos de sus anexos que obedecen casi pura y exclusivamente a objetivos prácticos y de técnica legislativa, a los fines de dotar de mayor efectividad a la ley”, argumentó Fernández, pese a que los cambios afectan a los “proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio de Impacto Ambiental y audiencia pública”, entre otros ítems.

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El Diario de Villa María (19/08/2022)
La Unicameral aprobó modificar la Ley de Ambiente de la provincia

Fue una propuesta de la Secretaría de Ambiente firmada por el Gobernador Schiaretti. Denuncian que las modificaciones benefician a empresarios
La Legislatura de Córdoba aprobó modificaciones de la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincia, específicamente de los anexos I y II., en una sesión exprés que se llevó a cabo el miércoles.
Los cambios introducidos en la norma que estaba vigente significan menos exigencias para loteos, silos y la instalación de antenas telefónicas a la hora de presentar estudios de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas.
Ante la aprobación de las modificaciones, sectores relacionados al ambientalismo advirtieron sobre la falta de participación ciudadana en el proceso y también la rapidez con la que se aprobó el proyecto impulsado desde el Ejecutivo Provincial. Además, afirman que viola el Principio de Progresividad impuesto por el artículo 4° de la Ley General del Ambiente 25.675.
Desde el Foro Ambiental Córdoba y el Movimiento Verde se manifestaron en contra de las modificaciones hechas a la Ley de Ambiente y adelantaron que pedirán el veto de las mismas.
"Desde el Foro Ambiental Córdoba solicitaremos formalmente el veto de la ley aprobada ayer 17 de agosto, que reformó  los anexos de la Ley Provincial 10.208", indicó Federico Kopta en diálogo con La Nueva Mañana.
Y explicó que el pedido de veto tiene que ver con que el proceso a través del cual se modificó la ley "no contó con la información y participación ciudadana impuestas por el Acuerdo de Escazú, vigente por Ley nacional 27.566. Es agraviante para la ciudadanía porque la información y participación en temas ambientales no es algo opcional, sino obligatorio para el Estado, cosa que desde el poder parece no estar informados por el tratamiento perentorio e inconsulto de esta ley".
Antes de las modificaciones, la normativa fijaba un mínimo de 3 hectáreas para convocar a una audiencia pública, y ahora, cualquier emprendimiento menor a 25 lotes (de cualquier tamaño) no tiene que pasar por ese proceso.
La legisladora de Juntos por el Cambio, Silvia Paleo, explicó que el desacuerdo con el oficialismo surgió debido a la falta de especialistas y expertos al momento de discutir el proyecto, algo que habían pedido en el debate de comisiones dos días atrás.
"Nosotros entendemos que en materia ambiental siempre hay que fomentar la participación ciudadanía y avanzar hacia la protección, siempre más estrictos", aseguró.
Según dijo, fue la falta de debate y opinión de expertos lo que impidió que acompañaran la votación de la ley. Además, agregó que no hubo acuerdo en la modificación de incisos. Y que, a partir de ahora, quedan sujetos a interpretación y falta de rigurosidad.
Cabe destacar que la avanzada de la Provincia sobre la Ley de Ambiente se da en el marco de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, de los recientes presuntos abusos sexuales ocurridos en una residencia de SENAF, y del hackeo al sistema informático del Poder Judicial de la Provincia. Todos hechos de extrema gravedad que no ocurren de forma aislada, sino que son consecuencia de un modelo de gestión atravesado por el desmanejo, el vaciamiento, la tercerización de obligaciones propias del Estado y la precarización laboral. Una avanzada sobre el territorio y el monte nativo, priorizando intereses económicos por sobre los derechos de la ciudadanía y su derecho a vivir en un ambiente saludable. Basta de ejemplo con mencionar las obras de las autovías de Punilla y La Serranita.
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El Diario de Villa Carlos Paz (23/06/2022)
Denuncian el impacto de la autovía sobre las comunidades de Punilla

El biólogo Raúl Montenegro advirtió sobre los riesgos de la obra en un encuentro con vecinos de la zona.
Vecinos de la zona, representantes de comunidades originarias y dirigentes se congregaron el último sábado en el Paraje Las Tunas, ubicado dentro de la reserva natural Río Yuspe de Cosquín, para denunciar el peligro que el avance de la Autovía de Punilla tendrá sobre las cuencas hídricas y los yacimientos arqueológicos de las sierras.
Durante la primera etapa de la jornada, se realizó una recorrida por la margen norte del Río Yuspe en la zona de Villa El Ancón (mostrando los diferentes puntos arqueológicos que serían afectado por la traza) junto al arqueólogo Andrés Izeta y Mónica, representante de la comunidad originaria de la Familia Tulián. También participaron las legisladoras María Rosa Marcone y Luciana Echevarría, quienes vienen denunciado la problemática en el seno de la Unicameral.
Posteriormente, se puso de manifiesto la importancia y el valor de la preservación y el estudio de los sitios arqueológicos como parte fundamental también del resguardo de los valores intangibles de las comunidades.
El biólogo Raúl Montenegro denunció la falta de conciencia ambiental en las actuales gestiones políticas y sostuvo la importancia y el valor de las acciones contra el cambio climático.
Hubo testimonios de vecinos en contra de la obra, quienes manifestaron cómo el avance de la traza afectará sus viviendas. Jesús Díaz (dueño de una casa de la zona y miembro de la comunidad originaria de Las Tunas) contó en primera persona lo que supondría para su vida, su economía familiar y su identidad ancestral. También se pronunciaron Germán (vecino de San Roque) y Natalia (vecina de Bialet Massé), quienes dejaron su testimonio en contra de la obra.
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Hoy Día (19/05/2022)
Funam criticó la política ambiental de la Provincia

“Vivimos en una sociedad donde no existe, sobre todo a nivel Gobierno provincial y en varios municipios, una percepción de la gravedad del asunto”, señaló el biólogo Raúl Montenegro
El titular de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) y biólogo, Raúl Montenegro, criticó la política ambiental del gobierno provincial y de algunos municipios. Asimismo, apuntó contra el gobernador Juan Schiaretti por sus vínculos con la Mesa de Enlace. “Córdoba atraviesa la situación ambiental más crítica de toda su historia”, afirmó Montenegro.
“Vivimos en una sociedad donde no existe, sobre todo a nivel Gobierno provincial y en varios municipios, una percepción de la gravedad del asunto”, señaló el biólogo. “No sólo que no se percibe esa criticidad sino que las medidas que se van tomando, particularmente de la gestión de Juan Schiaretti, terminan agravándola.
Por caso, creer que el daño por los grandes incendios que hemos tenido se puede solucionar únicamente con la reforestación. Y lo que es peor, hay una notable falta de presencia en lo que hace al control de la normativa vigente”, agregó en declaraciones al portal Marca Informativa Córdoba.
Por otra parte, el biólogo se refirió al “sistema de represión que está desplegando para anular a las comunidades que no quieren su capricho de las autovías es una luz roja muy pronunciada”. “No se entiende que, habiendo requerimientos tan urgentes en salud, educación y ambiente, se sigan privilegiando obras faraónicas para las que no hay consenso social, como las autovías de Punilla y Paravachasca”, resaltó.
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Hoy Día (13/01/2022)
Alertan por la responsabilidad humana en los aumentos de temperatura
El país atraviesa esta semana temperaturas extremas que superan los 40 grados centígrados. La ola de calor que convirtió a la Argentina en el lugar más caliente del planeta había sido advertida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Voz del Interior (13/01/2022)
Ola de calor: volver a los árboles para combatir las altas temperaturas
Por estos días, el aire acondicionado es el objeto más deseado en Córdoba. Pero la mayor demanda de estos aparatos agrava la crisis climática. La salida son los árboles.

El Puntal de Río Cuarto (13/01/2022)
General Cabrera. Alto consumo de agua: con camiones abastecen a viviendas
El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de General Cabrera, Ricardo Ravotti, admitió que el suministro de agua potable está pasando por una situación crítica.
Alertan que las sierras tienen un riesgo extremo de incendios
El gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos Climáticos, Catástrofes y Protección Civil, informó ayer que se mantiene el alerta extremo por riesgo de incendios en todas las sierras de Córdoba, debido a las altas temperaturas y al bajo porcentaje de humedad, sumado a la presencia de viento.

La Voz de San Justo (13/01/2022)
San Francisco. Agua: se incrementa el consumo y advierten por posibles derroches
El consumo de agua potable tuvo un incremento importante, producto de la ola de calor con temperaturas cercanas a los 40 grados.
San Francisco. La ola de calor también hizo subir la demanda de energía
El aumento en el consumo de energía eléctrica fue el más importante desde febrero de 2018. Los mayores inconvenientes con la interrupción del suministro se dieron en Córdoba capital mientras que en San Francisco no se reportaron problemas de importancia

El Diario de Villa María (13/01/2022)
“El desmonte no tuvo que ver, pero hace que se viva peor”
“El cambio climático viene a potenciar estos eventos que ya ocurrían, pero que ahora lo hacen con más virulencia”, dijo el especialista al ser entrevistado por El Diario. Precisó que las lluvias y las temperaturas mínimas son más intensas
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Hoy Día (07/01/2022)
No podrán ser querellantes quienes denunciaron a Schiaretti

Juan Smith y Raúl Montenegro, los denunciantes, indicaron que esta decisión judicial "blinda" al Gobernador y facilita el archivo de causas presentadas en su contra
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) informó ayer que el juez de Control, Gustavo Hidalgo, resolvió “rechazar la instancia de constitución en querellante particular deducida por los denunciantes Raúl Montenegro y Juan Carlos Smith, por carecer los peticionantes de la legitimación subjetiva necesaria para otorgarle tal participación”.
Tanto Smith como Montenegro habían denunciado penalmente al gobernador Juan Schiaretti por haber demorado la declaración de emergencia durante los recientes incendios forestales y haber postergado injustificadamente el pedido de auxilio de equipos y brigadistas a otras jurisdicciones.
El juez indicó que, al no haberse hecho el pedido de querella desde una organización intermedia, no correspondía concederla. “Además de apelar la caprichosa decisión del juez, consideramos que cualquier ciudadano de la provincia de Córdoba es afectado por los incendios masivos que se produjeron en la provincia”, indicaron los denunciantes. “La no concesión de la querella anula la resistencia que opondríamos ante cualquier archivo y desestimación de nuestra denuncia”, agregaron.
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Hoy Día (07/06/2021)
Desde Funam apuntan contra la responsabilidad del Grupo Roggio

El titular de la fundación destacó la elevación a juicio de la causa por contaminación ambiental culposa contra Taym; para Montenegro “visibiliza una zona de sacrificio equiparable a las más contaminadas de América Latina”
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) destacó los alcances de la reciente elevación a juicio de una causa contra dos responsables de la planta de la firma Taym en Córdoba por contaminación ambiental culposa, a raíz de la inundación que desbordó las instalaciones el 28 de marzo de 2017.
Al respecto, el presidente de Funam, el biólogo Raúl Montenegro, aseguró que se trata de una “buena noticia para la comunidad, (y una) mala noticia para los contaminadores y, en especial para el grupo empresarial Roggio”. En ese sentido, recordó que “dos responsables de su empresa de almacenamiento de residuos peligrosos Taym van a juicio por contaminación ambiental culposa”.
Como se sabe, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, quien semanas atrás firmó el requerimiento de elevación a juicio, consideró responsables del desastre a César Ernesto Ripsky –gerente– y a María del Milagro Araoz Ferrer –jefa técnica–. Si bien dejó en claro que la tormenta de 2017 que acumuló 150 milímetros en tres horas fue un evento extraordinario, las deficiencias en los terraplenes y muros detectadas por inspecciones antes del fenómeno climático acreditan la responsabilidad penal. Eso se suma a la elevada presencia de contaminantes en los elementos dispuestos en Taym, porque es precisamente una empresa que recibe residuos altamente peligrosos desde distintos puntos del país.
Otro elemento que analizó el funcionario judicial fue que, una vez inundada la planta, el agua arrastró elementos potencialmente contaminantes hasta el canal Los Molinos y que las compuertas de la planta de Aguas Cordobesas –perteneciente al Grupo Roggio, al igual que Taym– se cerraron una hora después de que ese caudal llegara al cauce. Por eso, el ingreso de residuos arrastrados fue considerado como un riesgo para la salud de la población. Sobre el particular, el titular de Fuman indicó que “como las baterías de análisis químicos de Aguas Cordobesas no incluye a muchos de los contaminantes peligrosos que llegaron al canal Los Molinos-Córdoba, nunca sabremos qué sustancias pasaron a la red -previo al cierre de la planta- ni qué efectos provocaron en la comunidad”.
“En esta instancia judicial tan esperada debo felicitar a los miembros técnicos del equipo que analizó el desastre provocado por Taym; al intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker (desde donde participé en el peritaje); la valiosa colaboración del biólogo Ricardo Suárez y, sobre todo, felicito la incansable lucha de los vecinos de Villa Parque Santa Ana y de Bouwer”, rescató Montenegro, quien integró el grupo de peritos que trabajó en el análisis técnico convocado por la Justicia para evaluar la contaminación producida desde Taym.     
A continuación, consideró que “en una provincia como Córdoba marcada por la impunidad de sus funcionarios y líderes corporativos, la decisión judicial sobre Taym es un hecho destacable”. Sin embargo, aprovechó para hacer mención “a los responsables subyacentes de este desastre: a la Secretaría de Ambiente del gobierno de Córdoba, que autorizó la localización de Taym en una zona inviable, sometida a escorrentías superficiales; y al Grupo Roggio, cuyos responsables máximos siguen sin pasar por los estrados judiciales”.
Finalmente, el presidente de Funam fue más allá y sostuvo que “la elevación a juicio del caso Taym es trascendente pues visibiliza una zona de sacrificio equiparable a las zonas más contaminadas de América Latina, como el corredor Apaxco-Atotonilco-Tula en México”. “Cuando acompañábamos en terreno a los colectivos mexicanos en lucha contra el grupo de empresas irresponsables y gobiernos ineptos que crearon ese corredor, una y otra vez citamos su parecido con el corredor sur de la ciudad de Córdoba-Bouwer-Santa Ana”. Todo indica que la estrategia de los gobiernos queda resumida por la siguiente frase: `si una zona ya está contaminada, sigamos concentrando allí otras actividades contaminantes´. Asumen que la gente es de descarte, es el sur dentro del sur”, concluyó Montenegro.

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La Nueva Mañana - Edición Electrónica (04/05/2021)
Aprueban el presupuesto por US$ 75 millones para la Autovía de Punilla

En medio de la audiencia pública virtual, Nación dio el visto bueno para las tratativas de préstamo entre la Provincia y la Corporación Andina de Fomento, que financiará la construcción de la alternativa a la Ruta 38.
En medio de la audiencia pública virtual por el proyecto de la Autovía de Punilla, donde más del 85% de los participantes se opone a la obra, el Gobierno nacional aprobó el modelo de Contrato de Garantía entre Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el financiamiento de la alternativa a la Ruta 38.
También se aprobó el modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre Nación y el Gobierno de Córdoba, el cual consta de ocho artículos donde se detalla las condiciones del pago. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial, con fecha del 3 de mayo de 2021.
"Transforma a la audiencia pública en una fantochada", dijo a este medio, el titular de la  Fundación para la Defensa del ambiente (Funam), Raúl Montenegro, tras conocerse la noticia. La fundación ya había impulsado una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue el proceder que tuvo el Gobierno provincial respecto a los pasos que debe seguir un proyecto de esta envergadura, de acuerdo a la legislación.  
"La presentación penal que hemos presentado pretende mostrar que el Gobierno ha establecido un mecanismo que calificamos como ilegal, es decir, se establece la obra y se busca financiamiento y cuando tiene todo cerrado, busca que las normas se adapten a los caprichos del gobernador", indicó Montenegro.
Por su parte, el abogado que representa a los vecinos y vecinas de Punilla, René Amsler expresó: "Esto es una cachetada para la población".
"En el medio mismo de la aplastante audiencia pública más números de la historia de Córdoba por temas ambientales, no se le ocurre mejor idea al Gobierno nacional que aprobar los modelos contractuales para garantizar la operación del Gobierno de Córdoba", expresó Amsler y agregó que Nación "ni siquiera se ha asomado" a ver qué pasaba en la audiencia pública que ya transita su cuarta semana de exposiciones. "Esto no tiene licencia ambiental; y ahora ni nunca, tendrá licencia social".
En el contrato entre Nación y la Provincia se establece que "el Proyecto tiene como objetivo general mejorar la capacidad de la infraestructura vial del departamento de Punilla". Según se puntualiza, los objetivos específicos del Programa son reducir: tiempos de viaje; costos de operación vehicular; y emisiones de CO2, a través de las mejoras de trazado e incremento de la capacidad de la actual vía, pero nada se detalla de las condiciones en que debe realizarse dicha obra ni sobre el impacto ambiental que puede tener la misma.
En el convenio, Nación especificó que en el caso en que  la Provincia no cumpla con las obligaciones de pago del préstamo del CAF, el Gobierno de Córdoba "autoriza de manera irrevocable al garante", es decir a la Nación, para que instruya al Banco de la Nación Argentina para que éste "retenga los fondos pertenecientes al Prestatario correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos".

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Más Información:

La Voz del Interior - Edición Electrónica (04/05/2021)
Boletín Oficial: aprueban el financiamiento de la ruta nacional 38, Autovía Punilla
El Gobierno nacional aprobó los modelos de contratos de financiamiento para programas de infraestructura del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por U$S 48 millones y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por U$S 275 millones, a través de sendos decretos...
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Hoy Día (29/03/2021)
Críticas de Funam a las autovías Punila y Paravachasca

La Fundación para la defensa del ambiente (Funam) y el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo se solidarizaron ayer con “la lucha pacífica y fundada de los pobladores de Bialet Massé contra el tendido ilegalmente legalizado de alta tensión, y contra las dos ilegalmente legalizadas autovías de Punila y Paravachasca”
Mediante un comunicado, ambas organizaciones se manifestaron contra “la ilegalidad crónica desplegada por el Gobierno de Córdoba para construir las autovías de Punilla y Paravachasca, y no al pésimamente elaborado trazado de líneas de alta tensión de Bialet Massé”. “Decimos ilegalmente legalizadas porque el Gobierno de Córdoba, con una modalidad más imperial que democrática, primero toma decisiones que benefician a grandes empresas constructoras, luego busca y obtiene financiamiento (propio e internacional), y después trata de adaptar las leyes a sus caprichos.
Para ello cuenta con una herramienta de dudosa capacidad técnica y gran poder: la Secretaría de Ambiente de la provincia”, enfatizaron. Tras repasar las ilegalidades de las iniciativas, concluyeron que “está claro que el Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y su  Secretario de Ambiente Carlos Scotto no gobiernan en defensa de la salud y el ambiente, sino que protegen decisiones autoritarias e ilegales y buenos negocios”.

Audiencias abiertas
La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba informó la convocatoria abierta para participar de la Audiencia Pública Ambiental Digital vinculada al proyecto de obra vial “Alternativa Ruta N°38 – Tramo Variante Costa Azul – La Cumbre”, departamento Punilla. “Cabe destacar que la audiencia se llevará a cabo el próximo 9 de abril, desde las 12 horas, vía teleconferencia.
Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 7 de abril, hasta las 12, mediante la plataforma http://participacion.cba.gov.ar, el único requisito es contar con CiDi Nivel 1”, informó la cartera provincial. El ministerio recordó también a quienes deseen consultar los documentos que integran el expediente, que hasta dos días hábiles antes de la audiencia podrán solicitarlos al mail audienciaspublicasambiente@gmail.com, o vía e-trámite.

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La Nueva Mañana (22/01/2021)
Tras los incendios, las inundaciones: la política ambiental otra vez en la mira

Las inundaciones de la semana pasada en Punilla volvieron a poner sobre la mesa la discusión respecto a la compleja situación ambiental que vive la provincia.
De un tiempo a esta parte, los fenómenos ambientales extremos parecen haberse convertido en moneda corriente para los cordobeses. En una especie de moebius situacional, la realidad ecológica del centro del país se mueve entre sequías prolongadas, incendios voraces e inundaciones que no parecen ser otra cosa que los síntomas extremos de una situación generada por los comportamientos sociales y las (des)políticas ambientales aplicadas durante décadas en la provincia.
La semana comenzó con un grupo de vecinos denunciando el trabajo sin autorización de maquinarias realizando conexiones de agua en un sector clasificado como zona amarilla en Villa Santa Cruz del Lago. Al tomar intervención, la Provincia aplicó la medida de cese preventivo y precautorio de las actividades y se procedió al secuestro de elementos que se estaban utilizando de modo irregular.
En ese marco, el espiral de responsabilidades vuelve a tocar un punto crítico, y a poner en alerta a las organizaciones y asambleas ambientales que desde hace años vienen denunciando este tipo de prácticas.

La política ambiental en la mira
En un duro comunicado, en el que describe a Córdoba como una de las provincias “ambientalmente peor administradas de Argentina”, la FUNAM (Fundación para la Defensa del Ambiente) advierte que “los ríos desbocados de las sierras ocultan dos hechos que los funcionarios de turno no mencionan”. “Al simplificarse la biodiversidad de las sierras por fuego, desmontes y deriva de plaguicidas –porque los plaguicidas son un poderoso agente de destrucción de la biodiversidad en Córdoba- los suelos y su microbiodiversidad son arrastrados por el agua de lluvia. Son miles de toneladas de suelo con millones de pequeños seres vivos que deberán ser regenerados en sierras quemadas, algo cada vez más lento y difícil”, dice el titular de la organización, Raúl Montenegro.
Al mismo tiempo, sigue el comunicado, “esos suelos y su materia orgánica rellenan los cursos de agua y pequeños embalses, y los lagos artificiales. Esto aumenta el impacto de futuras crecientes. Peor aún, esas crecientes violentas empobrecen la biodiversidad de los escasamente protegidos arroyo y ríos serranos, que también deben auto reconstruirse”.
En el análisis que se difundió horas después de las crecidas que causaron destrozos en las localidades de La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino, la fundación volvió a cargar contra la administración provincial, insistiendo sobre advertencias que se vienen realizando desde hace no menos de una década. “Si el gobernador Juan Schiaretti sigue con su actitud autista de promover obras faraónicas en lugar de proteger las cuencas hídricas y los ambientes nativos, Córdoba quedará cada vez más desprovista de biodiversidad protectora, el Cambio Climático Global aumentará dramáticamente su impacto negativo y se volverá a repetir pero aumentada la tragedia de 2015, cuando las inundaciones en Sierras Chicas provocaron 9 muertes y destruyeron más de 2. 000 viviendas”, señala Montenegro en el mensaje que se masificó el pasado fin de semana.
A mediados de año, cuando los incendios arrasaron con cientos de miles de hectáreas de bosque nativo, reduciendo esa superficie a sólo el 3%, el plan productivo y el desarrollo que se promueve a nivel provincial fue puesto nuevamente en cuestión. En una nota publicada por este medio, la consultora ambiental Alejandra Baumgartner advertía entonces que “el problema no está en ninguna actividad en sí misma, sino en la forma en que reciben la actividad y cómo se desarrolla esa actividad, en constante interacción con el sistema que lo recibe”. En ese sentido, la especialista de EC y Asociados señalaba como necesario el trabajo sobre la planificación y el control. Esas que se descubren ausentes luego de los hechos del fin de semana, aún cuando una ley nacional se propuso fortalecerlas en la última parte del 2020.

Una temporada de lluvias prolongada
A sabiendas que el impacto ambiental no podrá revertirse de un momento a otro, algunas de las regiones de la provincia empiezan a tomar nota de lo que pueden llegar a ser nuevos comportamientos hostiles en materia climática. “El verano se corrió uno o dos meses, por lo que vamos a tener crecida de ríos e inundaciones en el mes de abril”, asegura Mario Navarro al ser consultado por La Nueva Mañana.
“Desde hace aproximadamente 13 años se fueron incrementando todos estos sistemas de presión en altura a nivel medio, asociado a la saturación del aire y vapor de agua asociado con la humedad, que hace que los núcleos de tormenta sean relativamente chicos”, explica el meteorólogo, que también advierte que esos núcleos pueden tener un radio de entre 8 y 20 kilómetros cuadrados, donde “esas protuberancias de cúmulos propios de la nube, al ser sobresaturado por el vapor de agua, genera un mayor volumen que por pérdida de energía descarga a través del viento o la lluvia”. El fenómeno que se explica a partir de varios elementos que tienen que ver con actividades que se producen a nivel atmosférico se viene dando desde hace una década en todo el mundo, con mayor intensidad en Sudamérica.
Respecto a las sequías, Navarro dijo que la falta de lluvias durante el 2020 era algo “que se venía anticipando” desde comienzos de la temporada. “Hemos tenido sequías más importantes desde el año 74 aproximadamente. Desde el año 2013 hemos tenido, incluso eventos peores que éste, tanto en Córdoba como en otros sectores del país”, señala. “En nuestra provincia hemos tenido déficits hídricos importantes, sólo en las Sierras Chicas hubo 2.680 milímetros de déficit acumulado entre 1999 y 2014. Eso pasa porque la transformación de los corredores no venía con el suficiente aporte de humedad a nivel medio pero también por la parte topográfica y demográfica que fue cambiando sustancialmente en los últimos diez años, donde la cantidad de habitantes se incrementó entre un 300% y 400% desde el año 1999 aproximadamente”, señala el meteorólogo.
De cara a los meses por venir, Navarro advierte que “el verano se va a correr entre 20 y 40 días”. Por esa razón, se esperan días calurosos en la segunda quincena de febrero, marzo y abril; a la vez que se anticipan la presencia de lluvias “muy importantes” durante marzo y abril. “Serán eventos como hace alrededor de 12 años que no se dan. Las sierras de Córdoba y las partes sur y sudoeste de la provincia van a tener buenas precipitaciones, por lo que a partir de la segunda quincena de abril, los cauces de los ríos y los diques van estar en su máxima expresión”, afirmó consultado por este medio.
En ese marco, Navarro se anima a anticipar algún tipo de inundaciones en todo el sur provincia hacia los meses de abril y mayo, fenómeno que puede expandirse y traer complicaciones en otras regiones del país.  

El problema de la (no) política ambiental
“Mientras sigan los modelos de precipitación intensa, las crecientes van a ser cada vez más violentas”, aseguró Raúl Montenegro a La Nueva Mañana. “La destrucción de la biodiversidad va disminuyendo la capacidad para poder resistir el impacto de las lluvias porque en lugar de infiltrar el agua, predomina el agua que corre en superficie. Al fuego y al desmonte se le va agregando, así, el daño que hace el agua. Lamentablemente el pronóstico es reservado”, advirtió.
Consultado por las posibilidades de revertir la situación, el titular de Funam considera “ridículo” que exista una ley sobre comité de cuencas que no se respete. “No puede haber una administración de la cuenca hídrica sin comité de cuenca. Pero, además, lo lógico sería empezar un programa de lo que en biología se conoce como ecosucesión, que implica ayudar a que los ambientes nativos que quedan vayan reconquistando los lugares que se han quemado o han sido desmontados. Mediante clausuras y sistemas de alambrado se podría buscar favorecer que el ambiente que se destruyó vuelva a expandirse. Eso es lo que haría cualquier Estado inteligente”, detalla.
Para el biólogo, la única forma para recuperar el buen funcionamiento de la cuenca hídrica es con una política de Estado. “Bajo ningún punto de vista una o dos gestiones de gobierno lograrían hacerlo, y mucho menos en casos como el actual, en la que la característica es la no política de ambiente”, afirma.
“Acá hacen falta varias gestiones llevando adelante una misma política. Para que empiece un proceso de recuperación ambiental se necesitaría que empiece una política de Estado. Acá eso no existe y queda administrativa y dramáticamente reflejado por la ausencia de un comité de cuencas y por la inexistencia de un mapa de biodiversidad. Se está destrozando biodiversidad que ni siquiera conocemos”, asegura.

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Hoy Día (21/01/2021)
Funam renovó las críticas al proyecto de autovía de montaña

La Fundación para la defensa del ambiente (Funam) calificó al proyecto de construcción de la Autovía de Montaña entre la Variante Costa Azul y La Cumbre como “ilegal, inoportuno y engañoso”.
“El aviso de proyecto presentado por Caminos de las Sierras reconoce que destruiría bosques nativos, penetra áreas naturales protegidas por ley y destruye zonas arqueológicas excepcionales”, denunció la entidad, cuyo presidente consideró que es “incompleto y con enfoques erróneos”.
El estudio de Impacto Ambiental que todavía no fue difundido “queda ligado inevitablemente a lo ya expresado en ese aviso de proyecto, sorprendente por su mediocridad técnica frente a una obra de alto impacto ambiental que tiene 43,5 kilómetros de extensión en una de las zonas más impactadas por fuegos, desmontes, contaminación y cuencas hídricas colapsadas”, destacó Raúl Montenegro, presidente de Funam.
“Aunque parezca increíble, es tan mediocre el aviso de proyecto, que los consultores al listar las nortavitas provinciales aplicables al proyecto Autovía omitieron considerar las leyes 7.773 y 8.301 de creación del ‘Comité de Desarrollo Sostenible de la cuenca del lago San Roque’. Un olvido nada casual compartido con el gobierno provincial, también desmemoriado, porque si actuara este Comité de Cuenca –por ahora solo ‘de papel’- sería un obstáculo más para la obra”, agregó Montenegro.

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La Voz del Interior (11/01/2021)
Fuego: en todo 2020 se quemaron unas 340 mil hectáreas en Córdoba

El año pasado fue el peor de la historia reciente de esta provincia en materia de incendios forestales, por la dimensión del área afectada. Los números oficiales y los impactos.
El año 2020 será recordado, sin vueltas, como el peor que en materia de incendios recuerde Córdoba, al menos en las últimas décadas. Fueron finalmente 340 mil las hectáreas quemadas en la provincia, un registro que equivale a la suma de los nueve años anteriores juntos. Para que el número no quede suelto, podría plantearse que equivale a 340 mil manzanas (la ciudad de Buenos Aires tiene 12 mil). O a casi seis veces el ejido de la ciudad de Córdoba.
En el Ministerio de Seguridad de la Provincia no tienen aún el dato preciso final del año, porque faltan cargarse los últimos varios focos que se registraron en las Sierras a fines de diciembre. “Pero estamos en las 340 mil hectáreas”, anticipó Claudio Vignetta, secretario de Gestión del Riesgo y Catástrofes.
La cifra coincide, además, con la difundida por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que para 2020 midió en Córdoba 331.676 hectáreas quemadas, en base a relevamientos satelitales, pero hasta el 12 de diciembre. Restan allí sumar algunos incendios que se desataron a fines de diciembre en la zona de Lutti (Calamuchita) y al norte de Traslasierra. Así, esa cifra final terminaría también rozando las 340 mil.
A la vez, las dos federaciones de cuarteles de bomberos voluntarios coinciden con esa estimación.
Tras la impactante sucesión de incendios que se sumaron entre septiembre y octubre, ya se estimaba que 2020 culminaría con unas 350 mil hectáreas afectadas por las llamas: el grueso ocurrió en esos meses. Un informe de La Voz así lo anticipaba a mediados de noviembre.
Un agravante de los incendios de 2020 es que, en su mayor parte, ocurrieron sobre la zona serrana, donde el impacto ambiental es mayor por tratarse de las áreas con mayor vegetación remanente y en las que, al afectarse los suelos en pendiente, se pierde sustentabilidad hídrica en las zonas donde nacen ríos vitales para Córdoba. En 2009, el otro año con más incendios de los últimos 20 (con 227 mil hectáreas quemadas), las áreas más afectadas habían sido del llano, de uso más agropecuario.
Pero 2020 supera en un 54 por ciento a aquel 2009. Los otros años complicados de las dos últimas décadas fueron 2013 (con 152 mil hectáreas), 2003 (con 145 mil) y 2010 (con 104 mil). También hubo de los “buenos”: varios años que apenas superaron las 10 mil hectáreas.

Llamativa sucesión
Las zonas más afectadas en 2020 fueron el centro y norte de Punilla (Capilla del Monte, Charbonier, La Cumbre), las Sierras del Sur (Alpa Corral, Achiras), Ischilín (Copacabana, Ongamira), Cruz del Eje (La Candelaria, Villa de Soto), Sierras Chicas (La Calera, Villa Allende), Paravachasca (Alta Gracia, Falda del Carmen) y Traslasierra (Salsacate).
Fue llamativa la sucesión de focos, unos tras otros, en las mismas zonas. En 2020 la incidencia fue algo menor en algunas áreas que en otros años tuvieron complejos focos, como Calamuchita y el sur de Traslasierra.
Los fuegos del año que pasó dejaron otra herida grave: dos muertes se lamentaron, tras 12 años sin fallecidos. Una, de un joven que entró a la línea de fuego; la otra, de un vecino que se descompensó cuando intentaba ayudar a otros.
Las estadísticas suelen copiar una regla: hay mayores incendios cuando se dan años de mayor sequía. Los graves de 2003, 2009, 2013 y 2020, por sus características, son calificados por los bomberos como “explosivos”: con muy baja humedad, calor, viento y sequía, los fuegos se tornan imparables si no son “atajados” a poco de iniciarse. Los expertos las llaman “tormentas de fuego”.
“La causa principal de tanto incendio en 2020 ha sido la fenomenal sequía. Fue el año con menos lluvias de los últimos 65 en las Sierras, en el norte y en el oeste. Eso, más la carga combustible existente por varios años con escasos focos”, marcó Vignetta. Mientras, desde sectores con perfil ambientalista vienen reclamando que se haga más foco en la prevención y en el alerta temprana.
Hay de todo entre las causas. Se suele repetir que más del 90 por ciento tiene origen humano: por negligencia o intención. Pero muy pocas veces son esclarecidas por la Justicia. Un dato sobresale: en cinco años (de 2014 a 2019) se abrieron 25 causas judiciales por incendios y se dictaron sólo dos condenas. Pero en ese lapso hubo miles de incendios combatidos en Córdoba.
En 2020 hubo una veintena de causas judiciales iniciadas. La presión por dar respuestas se sintió en los tribunales. Resta ver si alcanzarán las pruebas, al menos en algunas, para encontrar responsables.

Efecto acumulativo
El impacto ambiental y económico supera largamente a lo que ocurre en un año. Lo más complejo deviene por los efectos acumulativos del fuego: en 18 años. Desde 2003 se han quemado en Córdoba casi 1,5 millones de hectáreas. Para comparar: todo el mapa provincial suma 16 millones de hectáreas.

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Más Información:

Plan del Fuego: no cambia en 2021 el modelo de aportes a los bomberos
El esquema de financiamiento de la Provincia para el Plan de Manejo del Fuego para 2021 será idéntico al aplicado en 2020 y en los años anteriores. El único cambio está dado por la actualización de los aportes. Ese criterio fue acordado entre el Ministerio de Seguridad y las dos federaciones de cuarteles de bomberos voluntarios.
Organizaciones ambientalistas reclaman un abordaje diferente
Desde las organizaciones ambientalistas cordobesas vienen reclamando desde hace años nuevas medidas y miradas sobre la prevención y control de los incendios en la provincia de Córdoba.
Los debates que abrió el peor año de fuegos
Cada temporada de incendios que se cierra en Córdoba deja debates abiertos. Pero la de 2020, por su gigantesco impacto en superficie y en daño ambiental y económico, acentuó las discusiones.
El fuego de 2020 y un debate que se abre
Córdoba es una de las provincias del país mejor preparadas para hacer frente a los incendios forestales (si no la mejor). No sólo cuenta con un programa gubernamental específico para atender estas catástrofes, también cuenta con insumos, equipamiento y un cuerpo de bomberos entrenado y con vasta experiencia.
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La Nueva Mañana - Edición Electrónica (22/12/2020)
Ambientalistas se oponen a la traza de la autovía complementaria de Ruta 38

Denunciaron que el gobernador Juan Schiaretti estaría violando la ley al avanzar con gestiones crediticias, proyectos de ley para expropiación y llamados a licitación.
La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) manifestó este martes su "total oposición a la nueva traza de la autovía complementaria de la Ruta 38" que pretende llegar hasta Molinari. "En una provincia donde se quemaron más de 320.000 hectáreas, en su mayor parte ambiente nativo. Donde la mayor parte de las cuencas hídricas se vieron afectadas por el fuego y ya tenían signos previos de desmanejo. Donde no se conoce la biodiversidad local ni se practica la sucesión secundaria para que la propia biodiversidad recomponga lo destruido, el proyecto de Autovía solo agrava problemas cuando hay alternativas menos costosas y más inteligentes", destacaron a través de un comunicado desde la organización.
Al respecto, Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, pidió a la Justicia provincial que investigue las gestiones crediticias del Gobierno provincial con el Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que proporcionaría los 75 millones de dólares para la obra. "Es fundamental que sepamos cuáles son los compromisos asumidos, si los hay, y cual fue la traza presentada. Urge conocer las eventuales responsabilidades del gobernador Juan Schiaretti, del Secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto y del titular de la empresa Caminos de las Sierras, Jorge Alves", sostuvo.
La FUNAM no descartó hacer presentaciones ante el propio Banco de Desarrollo de América Latina porque el Gobierno de Córdoba "no solo no hizo Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública de la nueva traza, tampoco habría comunicado a los evaluadores del banco la ausencia de licencia social para la obra".
"Para empezar estamos enviando al Banco de Desarrollo de América Latina la amplia cobertura mediática que han tenido los colectivos opuestos a la nueva traza, donde se subraya además que el Gobierno no hizo consultas ni estableció nuevos mecanismos de participación", remarcaron desde la entidad.

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Hoy Día (22/12/2020)
Ambientalistas en contra del proyecto de la nueva Autovía Punilla

El biólogo Federico Kopta remarcó la escasa participación de la gente en el proyecto de traza para la nueva Autovía Punilla prevista para los próximos meses.
Mientras se espera que mañana la Legislatura Unicameral apruebe la declaración de utilidad pública los terrenos lindantes al sector, el representante del Foro Ambiental Córdoba señaló esta mañana que “hay poca participación de la gente en el proceso de definición. Hay impacto ambiental. Las cosas se hicieron al revés, primero tendría que haberse hecho el estudio de impacto y luego presentar el proyecto”.
El lunes, Jorge Alves, presidente de Caminos de las Sierras, señaló que -por el contrario- el pedido para declarar la utilidad pública de los terrenos es el paso anterior al estudio.
Por su parte, Raúl Montenegro, de Funam, denunció que el gobernador Juan Schiaretti estaría violando la ley al avanzar con gestiones crediticias, proyectos de ley para expropiación y llamados a licitación cuando la obra carece de estudio de impacto ambiental y audiencia pública.
"En una provincia donde se quemaron más de 320.000 hectáreas, en su mayor parte ambiente nativo, donde la mayor parte de las cuencas hídricas se vieron afectadas por el fuego y ya tenían signos previos de desmanejo... el proyecto sólo agrava problemas cuando hay alternativas menos costosas y más inteligentes".  
Además, pidió a la justicia provincial que "investigue las gestiones crediticias del gobierno provincial con el Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que proporcionaría los 75 millones de dólares para la obra. Es fundamental que sepamos cuáles son los compromisos asumidos, si los hay, y cuál fue la traza presentada. Urge conocer las eventuales responsabilidades del gobernador Juan Schiaretti, del Secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto y del titular de la empresa Caminos de las Sierras, Jorge Alves".
De manera paralela, no se descartó hacer presentaciones ante el Banco de Desarrollo de América Latina  porque no se habría comunicado la ausencia de licencia social para la obra.

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