La Voz del Interior (29/09/2021)
El crecimiento urbano desordenado en los valles de la provincia de Córdoba

Por Lucía Movsesian - Docente de la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Blas Pascal

Las propuestas de los desarrollistas inmobiliarios aumentan de manera rápida los consumos de agua, la necesidad de abastecimiento eléctrico, las descargas cloacales en la zona y la circulación vehicular, y excluyen a los vecinos locales de la gestión de los territorios que habitan y del acceso a estos.
En la provincia de Córdoba se vivencian conflictos socioambientales que vulneran de forma sistemática derechos humanos básicos de sus habitantes. Se asocian, en su mayoría, al avance no deseado de fronteras urbanas y agrícolo-ganaderas sobre los ecosistemas serranos.
La presión que se viene ejerciendo sobre las Sierras de Córdoba y sus habitantes locales está íntimamente ligada con el deseo irrefrenable de sectores poderosos del ámbito privado, y también del ámbito político, que proyectan un “desarrollo” basado en sus percepciones, intereses y experiencias.
El territorio es entonces visualizado como un espacio factible –e incluso legítimo, en función de los criterios del mercado– de ser apropiado y reconfigurado por aquellos que poseen capitales económicos y políticos excluyentes. De esta manera, el bosque nativo, las fuentes de agua, los sistemas de montaña, el suelo, los habitantes y todo tipo de vida que forma parte del territorio son constantemente amenazados de fragmentación, despojo y deterioro irreversible.
El desarrollismo inmobiliario y toda la infraestructura que se desprende de sus intereses y necesidades (autovías, embalses, extensión de redes hídricas y energéticas, etcétera) presionan de manera creciente –y sin ningún tipo de control gubernamental– a los valles cordobeses.
La configuración territorial de las Sierras de Córdoba expresa las matrices de los intereses de las grandes empresas de la construcción y de los gobiernos, que se relacionan con dinámicas de acumulación del capital. Las propuestas de los desarrollistas inmobiliarios aumentan de manera rápida los consumos de agua, la necesidad de abastecimiento eléctrico, las descargas cloacales en la zona y la circulación vehicular y excluyen a los vecinos locales de la gestión de los territorios que habitan y del acceso a estos.
Además, citando como ejemplo lo ocurrido hace poco en Potrero de Garay, con 80 viviendas quemadas y dos mil hectáreas afectadas, es posible afirmar que el desorden habitacional que impulsan (aumentando zonas de interfase urbano-forestal e interviniendo los entornos naturales sin criterios ecosistémicos) aporta directamente a la construcción de una sociedad de riesgo, que aumenta sus niveles de exposición a catástrofes varias.
En este punto, es necesario mencionar que en casi dos décadas se quemó en las Sierras una superficie equivalente a 12 ciudades de Córdoba (dato que surge de un relevamiento satelital del Instituto Gulich, UNC, Conae). Lo anterior no debería ser un dato menor para los generadores de políticas públicas, obras públicas o proyectos privados de gran magnitud.
Los habitantes locales, las organizaciones de base y los centros de investigación vienen defendiendo el territorio de manera incansable y desigual. Por citar algunos ejemplos recientes, la comunidad Tulián –en su constante reclamo para proteger un bien común, el patrimonio arqueológico-cultural de todos los cordobeses– se encuentra invisibilizada por la gestión pública local. Al punto que fue necesario avanzar sobre acciones legales para impedir que la ejecución de una obra pública vulnerara el patrimonio de todos los habitantes.
También es posible mencionar el gran conflicto social vinculado con las propuestas de autovías alternativas a las actuales rutas provinciales 38 y 5. En ambos territorios, los habitantes exponen argumentos por demás fundamentados para demostrar el gran impacto territorial de este tipo de obras, impulsadas por intereses privados (desarrollistas inmobiliarios) e intereses gubernamentales (tanto a nivel provincial como regional y nacional en el marco de la conectividad vial, para favorecer actividades económicas asociadas fundamentalmente al proyecto minero).
La participación ciudadana en el ordenamiento de los territorios resulta fundamental. Las comunidades deben participar de manera plena y vinculante en las discusiones en torno del “desarrollo local”, sea sustentable o no. Por lo mismo, la participación comunitaria en la generación de políticas públicas se vuelve una condición urgente y necesaria para evitar la violación de derechos humanos, para disminuir conflictos socioambientales y para proteger el territorio de las sierras cordobesas en todas sus dimensiones.

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