21 jul 2019
Bajo Grande, vergüenza municipal
9:00 a.m. | 
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La Voz del Interior (21/07/2019)
Bajo Grande: los efluentes cloacales salen tan contaminados como al ingresar
Los líquidos cloacales que se vierten al río Suquía desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) Bajo Grande tienen prácticamente el mismo grado de contaminación que presentan cuando ingresan. El dato surge de los cuatro últimos relevamientos realizados por la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia, y consta en un sumario administrativo que lleva más de dos años.
Parte de este informe, con fecha 12 de julio de este año, fue presentado la semana pasada a la Municipalidad y puede tener consecuencias judiciales.
El escrito, al que tuvo acceso La Voz, consta de cuatro páginas y resume más de dos años de inspecciones, estudios, notificaciones y presentaciones judiciales realizadas por la entidad de control, y donde se acreditan reiterados incumplimientos por parte del municipio a la hora del tratamiento de los efluentes.
Allí se detalla que Bajo Grande vuelca líquidos cloacales contraviniendo los parámetros ambientales establecidos en el decreto provincial 847/2016 –aunque allí no registra los porcentajes de contaminación– y se encontraría en violación del artículo 46 de la ley provincial 7.343, que prohíbe la deposición de sustancias contaminantes en el río.
De acuerdo con la normativa, todo líquido cloacal vertido a un cauce de agua debería contar con una carga máxima de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) de 30 miligramos por litro y valores máximos de coliformes totales y fecales de cinco mil y de mil bacterias cada 100 mililitros, respectivamente. Los estudios realizados por Policía Ambiental marcan que no se cumplen los estándares establecidos.
Entre abril de 2017 y junio de 2018, la Dirección asegura que realizó 13 inspecciones a la planta de Bajo Grande. En 12 oportunidades tomó muestras de efluentes. “Surge de las actas de constatación labradas que la planta no se encontraba funcionando adecuadamente”, señala el escrito sobre esta docena de relevamientos.
Ante los incumplimientos, el 31 de julio de 2018 Policía Ambiental incluyó a la Municipalidad de Córdoba en el registro de infractores, le aplicó una multa de más de cuatro millones de pesos, le prohibió la realización de nuevas conexiones a la red y le pidió precisiones sobre el plan de obras estipulado en el convenio urbanístico firmado con la Corporación América por el ex Batallón 141.
De acuerdo con la memoria, el 3 de agosto de ese año se remitió una copia de la resolución 157 al municipio, “que fue debidamente notificado”. No obtuvieron ninguna respuesta. Luego de casi un año de la notificación, Policía Ambiental volvió a intimar al municipio la semana pasada y con fecha 12 de julio le aplicó una multa conminatoria de 421.844,40 pesos por no cesar en el volcamiento y no informar el plan de inversión del convenio urbanístico.
En los cuatro controles que se realizaron desde agosto del año pasado hasta esta parte, los valores de contaminación en la salida de los efluentes mostraron similares grados de contaminación que en su ingreso.
Las conclusiones del informe de Policía Ambiental son compatibles con los resultados de los análisis que secuestró el juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja del laboratorio de Bajo Grande y a los que también tuvo acceso La Voz. En los Tribunales Federales, frente al parque Sarmiento, está radicada una causa penal por contaminación de la cuenca de la laguna Mar Chiquita, que tiene a siete funcionarios de la gestión de Ramón Mestre imputados desde septiembre pasado.
En los relevamientos, que hace el mismo municipio y que tiene en su poder la Justicia Federal, la mayoría de los análisis evidencian que se han vertido al río líquidos que se pueden definir como cloacales, ya que a pesar de su paso por la planta tienen cargas bacteriológicas de cientos a miles de veces superiores a los valores permitidos.
Emergencia
El 5 de agosto de 2014, Mestre firmó el primer decreto para declarar la emergencia ambiental en la ciudad. La resolución fue renovada cinco veces más.
Desde la Municipalidad, no desconocen el funcionamiento deficiente de la planta y lo atribuyen a dos causas: la primera es el estado en que recibieron Bajo Grande de la gestión anterior, hace casi ocho años; y la segunda, que se están realizando obras para poder tratar todo el líquido que llega y en algunas ocasiones puede verse desbordado el sistema. Según el Palacio 6 de Julio, opera en un 70 por ciento.
“La planta está proyectada para tratar líquidos con una DBO de hasta 250 miligramos de oxígeno por litro y hay momentos en los que tiene más de mil. De manera que, por más que funcionara de eficientemente, no se podría tratar todo el líquido, y eso se debe al mal uso de las cloacas”, dijo a este medio el secretario de Planeamiento de la Municipalidad, Omar Gastaldi.
Con respecto a los estudios citados, el director de Redes Sanitarias y Gas del municipio, Daniel Bardagi, señaló que para que tengan validez no deben realizarse en el mismo momento y plantea la necesidad de una muestra compensada.
“Para tener un control de cómo llega el líquido cloacal y cómo sale, es necesario esperar al menos 24 horas para que cubra todo el proceso, así se toma el mismo flujo de agua. Eso podría explicar que en algunos momentos la carga orgánica sea similar en el ingreso y en el egreso”, dijo el funcionario.
Al río
En dos de las inspecciones que llevó adelante la repartición provincial este año, se comprobó que, directamente, no ingresó líquido cloacal al sistema de tratamiento de la planta. Se lo condujo a través de un conducto alternativo previsto para emergencias –by pass– y se lo vertió sólo con cloración al río.
En uno de los últimos controles, que data del 26 de junio, las autoridades constataron el vertido sin pasar por ninguna de las unidades depuradoras. Solamente se acreditó la realización del proceso de cloración antes de volcarlo al Suquía. Este es el paso final en todo tratamiento. En el informe consta que ese día el municipio se encontraba “trabajando en los percoladores secundarios” (unidades que se encargan de reducir la carga orgánica del efluente).
En esa inspección se verificó el estado de las unidades de tratamiento que conforman la planta. Se registró que los desarenadores nuevos –que cumplen la función de primer filtro de las aguas servidas– no funcionaban y que sólo estaba operativo uno de los cuatro más antiguos. Y que del cuarteto de sedimentadores primarios –donde se descartan los sólidos que pueden haber quedado tras el primer filtrado–, sólo estaba activo uno.
Desde la Municipalidad, aseguran que, más allá de estar en obras, la planta está operativa. El viernes pasado, sostuvieron que la planta tenía uno de los desarenadores nuevos operativos; dos de los cuatros desarenadores originales también activos y dos sedimentadores primarios en funcionamiento, uno en reparación y otro fuera de servicio.
Gastaldi indicó que de los seis percoladores, están en actividad dos. A uno se le están realizando trabajos de mantenimiento y los otros tres están fuera de servicio, pero pronto llegarán los repuestos, según el funcionario. De los cuatro sedimentadores secundarios, funcionan tres. Y están operativos los dos equipos de cloración. Próximamente, se incorporarán otros dos, recientemente adjudicados.
A su vez, señala Gastaldi que seis de los digestores están en funcionamiento y el tratamiento de barros se hace en parte de la playa de secado, que ahora no funciona de manera completa porque se encuentra afectada a la otra planta que realiza la Provincia. La centrifugadora no está en funcionamiento, pero según el municipio estaría lista a fin de mes.
El tratamiento del barro es fundamental en el proceso. Se trata de los residuos que quedan tras la depuración. Es la parte más contaminada y la que concentra la mayor carga biológica.
Para el subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, es fundamental para tratar este problema que se ponga en funcionamiento la planta gemela a Bajo Grande que está construyendo la Provincia. “Si esa obra hubiera empezado a operar hace varios años, podríamos estar en una mejor condición. Pero las obras de saneamiento de esta envergadura siempre se realizan con capitales provinciales y nacionales”, apunta el funcionario.
Otras inspecciones
La inspección de fines de junio no fue la única en la cual Policía Ambiental pudo detectar la falta de saneamiento de los efluentes. El 15 de enero pasado, la Dirección registró, también, que la “Estación Depuradora se encontraba fuera de funcionamiento” y que el líquido era tratado con cloro únicamente.
De acuerdo con los estudios del laboratorio de la planta municipal que están en la causa 32.042/2018 de los tribunales federales cordobeses, no se detecta cloro activo a la salida de Bajo Grande. Es decir que la carga bacteriana de los efluentes no se vio afectada por la acción de este químico.
El 13 de marzo de 2019, la Dirección volvió a inspeccionar la planta y constató que funcionaba parcialmente. “Gran parte del efluente que llegaba no ingresaba a la planta, sino que pasaba directamente a la cámara de contacto, donde recibía cloración, y no funcionaban los desarenadores nuevos ni los percoladores secundarios”, dice el informe.
Sanciones
En el expediente de Policía Ambiental se da cuenta de una sanción económica de más de cuatro millones pesos por la contaminación (aún no fue aplicada). La resolución 157 de la Dirección con fecha del 31 de julio de 2018 y notificada el 3 de agosto del mismo año declara infractora a la Municipalidad y le asigna una multa de 4.284.039 pesos. Se trata de la pena máxima que establece la legislación. La Dirección encargó la gestión del cobro de la multa a Kolector.
Además, Policía Ambiental elevó este informe a la Fiscalía de Instrucción, Distrito 2, Turno 6 en el marco de una presentación efectuada por la presidenta comunal de Capilla de los Remedios
Es la primera sanción económica que recibe la administración de Ramón Mestre por contaminación ambiental en Bajo Grande. Anteriormente, las gestiones de Daniel Giacomino y de Luis Juez habían sido objeto de multas de este tipo.
En ese mismo escrito se emplazó a la Municipalidad a “regularizar el funcionamiento” de la planta, “absteniéndose de realizar nuevas conexiones a la red cloacal y cesando todo volcamiento de efluentes”.
El 11 de abril de este año, a un mes de las elecciones provinciales, el intendente inauguró en barrio Empalme y en Ampliación Empalme la red domiciliaria de cloacas que alcanza a 19 mil cordobeses. Se trató, según se lee en el sitio oficial de la Municipalidad, de la obra “de mayor dimensión realizada en un mismo barrio de Argentina”. Desde el municipio, indicaron que esa red aún no está operativa. Le falta la conexión al nexo de la planta.
Otra caso es el de Villa El Libertador, donde en febrero la Provincia concluyó las cloacas para 24 manzanas y el municipio hizo lo propio con otras 12. La obra tenía cierta urgencia, por los casos de desmoronamiento de viviendas ocurridos producto de las napas freáticas. Actualmente, los vecinos cuentan con el kit de conexión y algunos frentistas ya se sumaron a la red, contraviniendo la orden provincial.
Desde la Municipalidad, señalan que la planta de barrio Inaudi, que antes trataba los líquidos de más de 10 barrios de la zona sur, ahora los lleva sin sanear a Bajo Grande. “Entre esos barrios, hay también cloacas que realizó la Provincia”, deslinda Gastaldi.
“Es un riesgo aguas abajo”
El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, explica que en los líquidos cloacales vive un sinnúmero de virus, bacterias, parásitos y hongos patógenos relacionados con la materia fecal. “La presencia de bacterias coliformes en altísima concentración en la descarga al río es un indicador de que otros microorganismos patógenos no han sido abatidos, lo que pone en riesgo sanitario a la población río abajo. Además, es tal el caudal y la carga de contaminantes que vierte Bajo Grande que algunos de ellos llegan a la laguna Mar Chiquita, que es reserva provincial y futuro parque nacional”, indicó.
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Un río convertido en cloaca
Es aguas abajo de la ciudad de Córdoba donde se miden los niveles más graves de contaminación directa por materia fecal.
Al decadente tratamiento cloacal en la mayor urbe del interior del país genera un enorme impacto sobre el Suquía. Pero no es el único sobre ese río, transformado desde hace décadas en un colosal desagüe cloacal.
En Argentina, sólo el Riachuelo porteño registra antecedentes de mayor contaminación.
Al Suquía lo afecta, sobre todo, el escaso tratamiento de líquidos cloacales en las 25 ciudades y pueblos ubicados en los 200 kilómetros de su recorrido, desde que nace en las sierras de Punilla hasta que se entrega en la laguna Mar Chiquita.
Los ríos serranos que lo forman se embalsan en el dique San Roque. Llegan allí ya con síntomas de degradación. En ese lago, que se pudre sin remedio ni reacción, se acentúa el problema ambiental.
Luego, atraviesa la Capital (donde vive el 40 por ciento de los cordobeses) con una red cloacal insuficiente y una planta de tratamiento desbordada.
Es aguas abajo de la ciudad de Córdoba donde se miden los niveles más graves de contaminación directa por materia fecal.
Cuando después el río transcurre por el departamento Río Primero, sólo roza tres pueblos que apenas representan el uno por ciento del total de habitantes de su recorrido.
Un informe especial publicado por este diario en julio de 2018 lo puso en números: esa cuenca suma 190 mil habitantes en 21 localidades de Punilla, más 1,4 millones de la Capital, y 18 mil de los tres pueblos aguas abajo.
En total, de 1.610.000 personas, apenas 600 mil (el 37 por ciento) cuentan hoy con cloacas disponibles. Pero si la planta capitalina de Bajo Grande no funciona, la cobertura real resulta mucho más baja.
De todo ese mapa, están en marcha obras para sumar cloacas en Córdoba, en Río Primero y en Santa Rosa. En Punilla, nada, aunque se mantienen las promesas.
Mientras, tras décadas de degradación acumulada, la quinta laguna salada más grande del mundo, y candidata a convertirse en el más nuevo Parque Nacional del país, ya percibe los primeros indicios del impacto, con presencia de algas (cianobacterias). Sí, justo en el estuario donde el Suquía le entrega sus aguas a la Mar Chiquita.
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Lento aporte del convenio urbanístico por el ex Batallón 141
El nuevo acuerdo estima una inversión de 376 millones de pesos a cargo de la desarrollista en la planta depuradora.
En la misma intimación en la que Policía Ambiental declaró al municipio infractor y le exigió el cese del vertido de líquido cloacal contaminado, también se le pidió que dé a conocer el plan de obras que se había establecido tras el convenio urbanístico rubricado con la Corporación América por el ex Batallón 141, el 27 de diciembre de 2012.
El acuerdo, que se ratificó por ordenanza 12.148 en el marco del llamado a sesiones extraordinarias de enero de 2013, contemplaba que el holding que comanda el empresario Eduardo Eurnekian se hiciera cargo de la realización de una nueva planta de tratamientos de líquidos cloacales.
Esa era la contraprestación que estableció el municipio para modificar el uso del suelo del megaterreno y quitarle la categoría de espacio verde. En ese predio está proyectado un emprendimiento en el podrán vivir más de 10 mil personas.
En agosto de 2018, tras cinco años sin que se hubiera concretado una inversión por parte de la empresa, se modificó la contraprestación del convenio.
La adenda, que generó gran polémica en el Concejo Deliberante, fue objetada por los bloques de la oposición, que solicitaron que se vuelva a tratar el tema y que se renegocie la contraprestación. No tuvieron éxito.
El nuevo acuerdo estima una inversión de 376 millones de pesos a cargo de la desarrollista en la planta depuradora.
Hasta el momento, según indicaron desde la Municipalidad, el holding empresarial abonó una de las 11 cuotas previstas. Este medio intentó comunicarse con representantes de la Corporación América, pero no tuvo respuestas sobre esta situación.
De acuerdo con lo que informó el municipio, hasta el momento se hizo efectivo un desembolso de 40 millones de pesos. Con ese monto se cubrió el costo de una perforación para poder suministrar de agua limpia al proceso (cuatro millones de pesos), las reparaciones de los percoladores y los techos de los digestores (uno está listo y otro no). El segundo está en trámite.
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Algo huele mal y atraviesa toda la ciudad
La planta de Bajo Grande es clave para la capital, pero también porque el agua sin tratar llega hasta la Mar Chiquita.
Hace rato que sabemos que nos encaminamos de manera indefectible a un mundo en el que las catástrofes ambientales serán más frecuentes. Y que lo serán porque la naturaleza acusa el impacto de la acción del hombre.
Pero eso no quita que las cosas que están a nuestro alcance para evitarlo sean irrelevantes.
La pretensión de vivir en una ciudad mejor, más sana y más limpia adquiere rasgos de quimera en el imaginario de los cordobeses. Nos acostumbramos a que mucho funcione mal o no funcione, o peor: que ya no nos importe demasiado.
La planta de Bajo Grande es clave no sólo porque trata los líquidos cloacales que luego atraviesan la Capital, por el río Suquía, sino también porque esas aguas turbias discurren por el departamento Río Primero hasta llegar a la laguna Mar Chiquita.
La consecuencia para todo ese ecosistema de que Bajo Grande no trate los líquidos cloacales es lo que se explica en el Primer plano de esta edición.
Puede que esa inacción no sea nueva, y que ya haya sido advertida y denunciada desde hace años. Pero un nuevo informe de la Policía Ambiental al que accedió La Voz arroja evidencias aun peores: el líquido sale de la planta tan o más contaminado que cuando entró.
Más allá de las explicaciones del municipio –que incluyen una alusión a la “pesada herencia” de hace ocho años y otras cuestiones técnicas pendientes–, lo concreto es que las aspiraciones a mejorar nuestra calidad de vida se van por la misma cloaca.
Sin contar con que, río abajo, es altísimo el riesgo sanitario al que quedan expuestas las poblaciones por las que discurre, por más pequeñas que sean estas.
Por todo lo dicho, lo que pasa en Bajo Grande merece el título principal de tapa. Y porque, además, es otra cara de los severos problemas estructurales de la ciudad que, en la semana que pasó, se hicieron evidentes. Como el del colapso del sistema de transporte, que afecta de manera cotidiana la calidad de la vida de los ciudadanos.
Al respecto, se puede leer un profundo informe en la sección Política sobre la movilidad en tiempos de falta de subsidios y sobre cómo pensar alternativas.
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