La Nueva Mañana - Edición Electrónica (27/04/2021)
Un estudio científico encontró glifosato y daño genético en niños de Dique Chico

En la localidad del departamento Santa María, que registra fumigaciones desde hace años, realizaron un relevamiento sanitario. Los vecinos alertaron sobre la gravedad de la situación.
Un equipo científico encabezado por la doctora Delia Aiassa relevó el estado de salud de niños y niñas de 5 a 13 años residentes en Dique Chico, y encontró presencia de glifosato y daño genético. Los resultados del estudio fueron difundidos por la "Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico", que detalló en qué consistió el relevamiento que refleja el estado de salud de la población.
Se trató de “estudios de Genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar daño genético y presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito -AMPA-”, precisaron.
El colectivo vecinal fue concluyente, al señalar que “las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 -en  momentos de alta frecuencia de exposición a agentes genotóxicos- evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 MN cada 1000 células analizadas (N=20), con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células, niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional”.
En ese marco, los vecinos vincularon el daño genético con "la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y sus efectos concretos" en quienes habitan el pueblo. Y acusaron complicidad judicial con las aplicaciones.
Dique Chico, una comuna cercana a Anisacate y en la que se pulveriza desde hace añares, registró en los últimos años un crecimiento poblacional significativo. En ese marco, los habitantes de la localidad comenzaron a reclamar por el cese de las fumigaciones, y el jefe comunal Nilo Pérez escribió una resolución que limita las aplicaciones. Pero la norma fue impugnada judicialmente, a la fecha está suspendida, y las aplicaciones siguen, al punto que varios vecinos decidieron abandonar sus casas, y otros están pensando en hacerlo.
Los resultados del relevamiento sanitario abonan ese grave estado de situación, toda vez que acusan “la detección, con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020”.
Este estudio es continuidad del realizado por vecinos en 2018, donde fueron relevados seis estudiantes de la cercana escuela Bernardo de Monteagudo.
Con estos nuevos resultados en mano, la Asamblea emitió un comunicado en el que señalan que “el agronegocio y el Poder Judicial deben explicar entonces: ¿Qué hace un agrotóxico -categorizado por la IARC-OMS como probable cancerígeno- en el cuerpo de nuestros niños? ¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el status quo del poder, mantuvo el secreto a voces suspendiendo la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos? ¿Cómo vamos a explicar al mundo entero lo que significa para nosotras y nosotros perder vecinxs, amigxs y saber que quienes pudieron hacer algo no hicieron NADA para cambiar este orden de cosas que nos cuesta la vida y la salud cada día?”.
Los vecinos cuestionaron además, la suspensión de la resolución comunal que establece un área de resguardo ambiental de mil metros, apuntaron contra la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y señalan que “a la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre”.
“Llevamos más de 5 años de lucha sostenida, intentando romper con la estigmatización y la desinformación. Hoy podemos decir que, al menos -y aún ante los oídos sordos de la justicia, del Ministerio de Agricultura, de los poderes de turno- nuestro pueblo es consciente de lo que implica la convivencia forzada con un modelo de explotación y producción que nos despoja de lo más valioso: la posibilidad de vivir en un ambiente sano, de construir proyectos de vida sin temer perderla por los beneficios que puedan percibir unos pocos”, aseguraron.
A su vez, los vecinos organizados exigieron al Poder Judicial “la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242/2017 de la Comuna de Dique Chico”.
Finalmente, denunciaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores por "la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en el pueblo". Que se hace "en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos”, indicaron.

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Hoy Día - Edición Electrónica (27/04/2021)
Encuentran glifosato y daño genético en niños según estudio

En un comunicado de prensa, la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico presentó los resultados de un relevamiento sanitario que muestra el efecto de las fumigaciones en la salud de niños de la zona
En el día de ayer desde la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico, elevaron un comunicado que presenta los resultados de una investigación dónde se analizaron los efectos que los agrotóxicos presentes en las fumigaciones tienen en la salud humana y los resultados son alarmantes.
Los residentes de la comuna de Dique Chico vienen resistiendo y luchando contra las fumigaciones con glifosato en su territorio hace más de cinco años. Justamente la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con productos fitosanitarios en un radio de 500 metros alrededor del límite externo del predio donde funcionan la escuela rural Bernardo de Monteagudo y el jardín de infantes Mariano Moreno.
Sin embargo, aunque esta medida parece alentadora, los vecinos de dique chico resaltan que “solamente limitó las pulverizaciones en las cercanías de la escuela ubicada distante del pueblo, dejando desprotegidos a nuestros niñxs en sus casas, en las cuales obviamente pasan la mayor parte del tiempo”.
Y agregan: “el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ES ENGAÑOSO. A la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre”.
Preocupados antes la continuidad de las fumigaciones los residentes de la comuna, a inicios del 2020, solicitaron la realización de Estudios de Genotoxicidad (micronúcleos) y análisis de muestras en orina. El objetivo era detectar daño genético y la presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito -AMPA- .
El equipo de profesionales que realizaron el estudio, encabezado por la doctora Delia Aiassa, presentaron resultados contundentes. Según detallaron, las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 micronúcleos (MN) cada 1000 células analizadas, con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células. Se trata de “niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional”.
Concretamente, esto significa que el ADN de las personas afectadas “se rompe” por el contacto con agroquímicos. De esta forma, mientras se esté expuesto a estas sustancias ese ADN no se podrá reparar y hasta que no se reparen las células, esos organismos corren riesgo de enfermarse gravemente. Así, hablamos de “altos niveles de rotura en el material hereditario de las células analizadas, lo cual constituye un daño genético”.
A estos resultados, se suma la detección de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020. Dicho relevamiento fue llevado a cabo en niños de entre 5 y 13 años de edad, habitantes de la Comuna de Dique Chico y fue realizado en dos etapas de muestreo, en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos en zonas aledañas al pueblo. La iniciativa se sumó a un estudio de similares características realizado también por los vecinos en 2018, con 6 niños asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo (Bajo Chico), ubicada a 1,5 Km de la localidad y domiciliados en Dique Chico.
Frente a este panorama los vecinos de Dique chicos denunciaron en su comunicado “la completa desprotección de nuestros derechos colectivos”. Y detallan que esto ocurre desde que en 2017 la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo dispusiera, a pedido de productores locales, la suspensión de la Resolución 242/17.
Dicha resolución establece:
1) la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de 1000 m a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno – Anexo Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1,5 km del pueblo;
2) la prohibición dentro de la ZRA de utilización de productos químicos destinados a la pulverización y/o fumigación o fertilización agrícola, excepto aquellos destinados a la agricultura orgánica o agroecológica.
“En estos años, hemos perdido vecines, asistido a luchas personales y colectivas por resguardar la salud, construido datos, realizado cientos de denuncias, gestado redes y alianzas, participado de charlas y muestras de solidaridad hacia quienes como nosotros resisten este modelo extractivista de despojo”, manifestaron.
Y agregan: “hemos lidiado con la presencia permanente de la policía y del Ministerio de agricultura y ganadería de la provincia en nuestro territorio, velando por cada pulverización ante las quejas y denuncias de vecinos y vecinas”.
Por último, en el comunicado los residentes exigen a la Justicia de Córdoba “la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242/2017 de la Comuna de Dique Chico”. Y además denuncian al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba por “la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos”.

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