La Nueva Mañana - Edición Electrónica (10/08/2021)
La “Asamblea Santa María Sin Basura” repudió el archivo de la causa Taym

El juez de control Claudio Lasso decidió dar por prescripto el expediente por el desborde y contaminación de marzo de 2017.
En un comunicado de prensa, la Asamblea Santa María Sin Basura  criticó la decisión del juez de control Lasso de dar por prescripta la causa que investigaba si la empresa Taym había incurrido en contaminación ambiental con residuos peligrosos.
“La prescripción de la Causa contra el Gerente y la Directora Técnica de Taym por contaminación ambiental con residuos peligrosos, dictada el pasado 4 de agosto por el juez de control de Alta Gracia, Claudio Lasso; es un flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses y agravia los derechos de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano”, indicaron desde organización social.
Anteriormente, el fiscal Alejandro Peralta Ottonello había elevado la causa a juicio con dos imputados: César Ernesto Ripsky y María del Milagro Aráos Ferrer, Gerente y Jefa técnica de la Planta Taym del grupo Roggio, por la presunta comisión del delito de contaminación con residuos peligrosos, en el episodio ocurrido el 28 de marzo de 2017.
Desde el colectivo indicaron que en su resolución, “el propio juez Claudio Lasso, al relatar “el hecho”, describe una situación espeluznante: "En la Planta de Taym auditorías previas a la inundación describieron graves y enormes irregularidades, materiales peligrosos arrojados a las celdas sin tratar, materiales peligrosos no autorizados a ser tratados en la planta acopiados en enormes cantidades, lagunas de lixiviados colmatadas, materiales peligrosos ubicados en lugares no autorizados, construcciones nuevas que no tenían licencia de la Secretaría de Ambiente, dónde se operaba con materiales peligrosos; instalaciones que, además, fueron construidas invadiendo la zona de exclusión, lo que hacían prever la salida de materiales peligrosos fuera de la planta”.
Lasso dio por sentado que el día de la inundación y desborde “el agua que salió de Taym arrastró muchos de los residuos peligrosos que se encontraban en la planta (...) conteniendo en todos los casos sustancias tóxicas y/o peligrosas (...) Asimismo el agua –que obviamente contenía sustancias contaminantes para el suelo, la salud, el agua y el ambiente en general- siguió su curso hacia el canal Los Molinos- Córdoba, ingresando en el mismo en grandes cantidades. Agua que siguió su curso en dirección a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, recorriendo un trayecto de 12.675 metros”.
A la vez, “el ingreso a la Planta potabilizadora puso en riesgo a la población, existiendo un peligro potencial que, al resultar insuficiente el análisis practicado sobre la misma, se asume que pudieron pasar a la red sustancias que no se miden regularmente según protocolo de Aguas Cordobesas”.
Pese a todo ello, Lasso da la causa por prescripta. “Ni el confinamiento social obligatorio producto de la pandemia y sus constatables efectos sobre la administración de justicia, han logrado alterar el curso del plazo de la prescripción penal”, señala el escrito.
“El propio gobernador Schiaretti ha declarado que “caería todo el peso de la ley” sobre los responsables de este desastre ambiental. ¿Qué pasó con su promesa gobernador? En Córdoba no existe la justicia”, cuestionaron desde el colectivo.
“A nadie se le escapa que en este desastre ambiental hay muchos más culpables. ¿Por qué no se investigó ni imputó a estos empresarios que pusieron en grave riesgo la salud de sus usuarios? ¿Por qué no se llamó a declarar a los funcionarios de gobierno encargados de controlarlos? ¿Por qué el gobierno de la ciudad de Córdoba jamás se constituyó como querellante, cuando la mitad de sus habitantes recibió agua contaminada con residuos peligrosos para la salud y el ambiente?”, finalizaron.

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Hoy Día (10/08/2021)
Causa Taym: apelarán el sobreseimiento de los directivos

Así lo anunció la Asamblea Santa María Sin Basura, que calificó como un “flagrante acto de corrupción e impunidad” a la resolución dictada por el juez Lasso
La Asamblea Santa María Sin Basura confirmó ayer la decisión de apelar el sobreseimiento, por prescripción, dictado el pasado 4 de agosto por el juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, de tres directivos de la firma Taym, acusados de contaminación con residuos peligrosos.
Como se recordará, el 28 de marzo de 2017, una copiosa tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de nuestra ciudad. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym (propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos), localizada sobre la ruta 36, llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales. Los directivos Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires); la ingeniera María Áraoz, responsable técnica; y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba, terminaron imputados, pero recientemente fueron sobreseídos por prescripción.
Sobre el particular, la Asamblea Santa María Sin Basura repudió la decisión del juez Lasso ya que consideró que “es un flagrante acto de corrupción e impunidad que atenta contra la vida y la seguridad de todos los cordobeses y agravia los derechos de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano”.
En este sentido, la organización recordó mediante un comunicado que en su resolución del 4 de agosto último, el magistrado describió el proceso hidráulico por el cual la planta quedó completamente bajo el agua de aquel 28 de marzo de 2017 y afirmó: “El agua que salió de Taym arrastró muchos de los residuos peligrosos que se encontraban en la planta (...) conteniendo en todos los casos sustancias tóxicas y/o peligrosas (...). Asimismo, el agua –que obviamente contenía sustancias contaminantes para el suelo, la salud, el agua y el ambiente en general- siguió su curso hacia el canal Los Molinos-Córdoba, ingresando en el mismo en grandes cantidades. Agua que siguió su curso en dirección a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas”.
A continuación, el juez reconoció que “el ingreso a la planta potabilizadora puso en riesgo a la población, existiendo un peligro potencial que, al resultar insuficiente el análisis practicado sobre la misma, se asume que pudieron pasar a la red sustancias que no se miden regularmente según protocolo de Aguas Cordobesas”.

“La orden viene de arriba”
Por tales motivos, para la Asamblea Santa María Sin Basura, “en épocas electorales a nadie escapa que la orden de archivar esta causa viene de arriba. Seguramente, Roggio pondrá dinero para la campaña -como siempre- y sus benefactores en el poder político le sacarán esta causa de encima, aunque el propio gobernador (Juan) Schiaretti haya declarado que `caería todo el peso de la ley´ sobre los responsables de este desastre ambiental”. “¿Qué pasó con su promesa Gobernador? En Córdoba, no existe la justicia”, denunció el colectivo de vecinos autoconvocados.
Finalmente, alertó que “sin justicia ambiental nuestra vida y la vida de las futuras generaciones está claramente en peligro”. “Sostendremos nuestra lucha hasta que haya justicia verdadera. No olvidamos, no desistimos, no claudicamos”, concluyó el escrito.
Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos. El propio gobernador Juan Schiaretti había señalado: “Estuvimos a un tris del desastre ambiental”.
Por ese entonces, y tras los peritajes realizados durante tres meses, el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta.
El agua de la inundación ingresó a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y salió hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Anegamiento. El 28 de marzo de 2017, el agua llegó al canal Los Molinos-Córdoba, luego de ingresar a Taym. (La Voz / Archivo)
Los imputados eran Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
La planta de Taym había quedado totalmente anegada. En ese lugar existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.

Sobreseimientos
El delito de contaminación ambiental (dolosa) tiene una pena de tres a diez años de prisión, pero ahora la causa se cayó.
El juez de control Claudio Lasso dispuso en las últimas horas el sobreseimiento por prescripción de la causa de los tres directivos, informaron fuentes judiciales a radio Mitre.
Al pasar más de dos años de la causa, el juez entendió que el delito había prescripto. Trascendió además que el fiscal Otonello, tras analizar la resolución, podría apelar la decisión del juez de control de Alta Gracia.

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