La Voz del Interior (06/08/2020)
La comisión podrá dar por caídos los convenios urbanísticos de la gestión Mestre

La comisión revisora se aprobará este viernes en el Concejo Deliberante. Revisará si se cumplieron los compromisos con el municipio en tiempo y forma en los 31 convenios aprobados.
La comisión que revisará los 31 convenios urbanísticos aprobados durante la gestión del exintendente Ramón Mestre tendrá dictamen vinculante: si decide que alguno debe darse por caído, el Ejecutivo no podrá oponerse, y sólo deberá ser refrendado por el pleno del Concejo Deliberante para entrar en vigor.
Con este agregado al proyecto, se tratará y aprobará este viernes la conformación de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos, que estará integrada por dos integrantes de la bancada oficialista (Hacemos por Córdoba) y uno por la principal bancada de la oposición (Córdoba Cambia), y tendrá seis meses para analizar uno por uno si cumplieron en tiempo y forma con la integración para el municipio, la contraparte por el beneficio que obtuvieron con alguna excepción en normas urbanísticas.
El viceintendente Daniel Passerini explicó a La Voz que no se busca legislar hacia atrás, ni modificar las condiciones en las que se pactó el convenio, pero sí revisar si se cumplió con la integración para el municipio y cómo se hizo. “La comisión podría decidir dar de baja o modificar la contraprestación, discutir actualizaciones y si fueron irrisorios los cálculos, redeterminarlos”, detalló. El dictamen será vinculante, pero tendrá que ser convalidado por el voto de la mayoría simple de concejales.
Para la concejala Olga Riutort, la comisión no puede tener facultades para revocar convenios. Sí aconsejarlo al Ejecutivo, que es el que toma la decisión si ve un incimplimiento. Y planteó, como otros concejales, que debía volver a la comisión de Desarrollo Urbano y ser girada la recomendación al intendente. "Si hay un incumplimiento, el intendente tiene todas las facultades para darlo de baja, así como cada empresa puede hacerle juicio al municipio si siente que se afectaron derechos adquiridos", planteó Riutort.
Entre los proyectos que van a ser revisados se destacan los del ex Batallón 141, con Corporación América; Parque Las Heras, con Roggio; Mundo Talleres, en ruta 5; Los Ombúes, 750 hectáreas contra el ejido de Malagueño; un acuerdo con Gama que tenía como contraparte la prolongación de la Costanera Norte; y varios convenios con Edisur, por distintos desarrollos en la zona sudoeste de la Capital.
Aunque la comisión tendrá seis meses para revisar los expedientes, la mayoría viene con resultados cantados: se registran incumplimientos en casi todos los convenios.
Es por esto que es clave una de las atribuciones que se le confiere a la comisión: “Producir un ‘informe de conclusiones’ para cada convenio en particular, que es la base para la baja de convenios incumplidos, renegociación o redireccionamiento del beneficio para la ciudad”, dice el texto de constitución que será aprobado este viernes.
Para Passerini, esta revisión debe marcar un antes y un después en el vínculo entre privados y estado en el desarrollo urbano. Y podría decantar en una nueva normativa.
“La idea es que antes de aprobar nuevos acuerdos con privados se resuelvan estos, creemos que esta comisión tiene que marcar antes y después, porque puede ser que se deba modificar esta ordenanza de convenios hacia una nueva lógica”, consideró el viceintendente.
Entre las funciones que se le asignan a la comisión está justamente esta: “Realizar recomendaciones o proponer modificaciones a la normativa vigente”. Y se marca, en los fundamentos, que se rescata como positiva la herramienta de la concertación público/privada, pero enmarcada en un plan y proyecto de ciudad. Y se entiende que “actualmente la ordenanza permite otorgar excepciones a la normativa de cualquier tipo y en cualquier lugar de la ciudad”.
Para el intendente Martín Llaryora, no se pueden seguir aprobando proyectos que extiendan la ciudad. Uno de los ejes de estos futuros convenios o concertaciones será, entonces, la condición de que contribuyan a densificar la ciudad.
Uno de los aspectos eventualmente controvertidos que se quieren salvar con las atribuciones de la comisión es no dejar expuesto al municipio a demandas de privados por ir en contra de autorizaciones dadas y beneficios otorgados, con un perjuicio económico resarcible.
Para esto, serviría que el dictamen de comisión tenga el mismo rango legal que la ratificación del convenio. Y también centrarse en si se cumplió o no la contraparte comprometida al municipio, sin hacer eje en si el mismo convenio fue o no beneficioso para la ciudad.

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