Hoy Día - Edición Electrónica (08/08/2020)
Llaryora les exigirá a los desarrollistas las obras que no cumplieron en la gestión de Mestre

Con la creación de una Comisión Mixta para la Revisión del cumplimiento de la plusvalía que debían realizar en favor del municipio los desarrollistas de 31 convenios urbanísticos impulsados por el ex intendente Ramón Mestre, la gestión de Martín Llaryora los emplazará para que ejecuten las obras que no realizaron como contraprestación a la autorización que el municipio les dio para llevar adelante esos emprendimientos.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba sancionó el viernes último con los votos del oficialismo y el acompañamiento de los bloques Evolución de Rodrigo de Loredo y Juntos por el Cambio encabezado por Juan Negri la creación de esta comisión, que estará integrada por dos concejales del oficialismo y uno por la principal bancada de la oposición (Córdoba Cambia), más dos miembros del Departamento Ejecutivo, y que cuyo dictamen tendrá carácter vinculante tras la ratificación del cuerpo legislativo de la ciudad.
A partir de su creación, la comisión tendrá seis meses para analizar los evidentes incumplimientos en los que incurrieron los desarrollistas al obtener excepciones a las normas urbanísticas vigentes al momento del acuerdo, como ocurrió con los proyectos del ex Batallón 141 de la Corporación América; el Parque Las Heras, de Roggio; Mundo Talleres, en ruta 5; o el acuerdo con Gama que debía realizar la prolongación de la Costanera Norte, como los convenios realizados con la empresa Edisur.
A su vez, la comisión creada deberá producir un informe de conclusiones para cada uno de los convenios celebrados por la gestión de Mestre cuyos efectos podrían producir la baja de los acuerdos o la renegociación de los beneficios para la ciudad.
La conformación de esta comisión generó un acalorado debate entre los ediles el viernes último en el recinto del Concejo, en el que no faltaron los pases de factura.
Por caso, el concejal Pablo Romero del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) defendió los convenios urbanísticos realizados por la gestión de su jefe político al sostener que su bancada “no tiene nada que ocultar respecto de lo hecho por la gestión de Ramón Javier Mestre, todos, a ver, todos los convenios urbanísticos suscriptos durante la gestión radical pasaron por todos los tamices, ya sean administrativos, técnicos y de control, totalmente ajustados a derecho. Y además fueron refrendados por el Concejo Deliberante anterior”. Romero “alertó” además sobre una conducta “recurrente” del oficialismo, “de jugar partidos para los medios para ocultar un municipio que está paralizado hace nueve meses, disimulando el estado abandono que tiene esta ciudad”. Por último, Romero apuntó: “Los hubiéramos acompañado con el voto, no tenemos miedo a las revisiones, la política con minúscula ha ganado la partida, por todas estas razones el bloque de la UCR adelanta el voto negativo”.
Luego fue el turno del concejal Juan Pablo Quinteros, del bloque Encuentro Vecinal, quien argumentó el rechazo al proyecto oficial sosteniendo que lo que está haciendo el Ejecutivo es un acto de “enorme cobardía”. “En el fútbol dicen que guapo no es el que pega sino el que pide la pelota sabiendo que le van a pegar, bueno en política yo se lo podría trasladar, valentía no es prepotencia, valentía es poner la cara cuando las papas queman, valentía no es buscar un apoyo externo por afuera de la carta orgánica municipal para zafar de la responsabilidad”, sentenció Quinteros. En ese sentido, sostuvo que, a su entender, lo que está haciendo el Ejecutivo municipal con esta ordenanza es no animarse a rescindir los contratos “que saben que tienen que rescindir”.
A su turno, para la concejala Olga Riutort del bloque Fuerza de la Gente “la historia demuestra que las obras públicas que el municipio le exige al privado beneficia sólo a la empresa porque queda dentro del desarrollo para jerarquizar su tierra”. Al tildar de “minúscula” a la comisión y rechazar el proyecto, Riutort opinó que “la va a voltear cualquier juez por su carácter vinculante”. “Nos usan a los concejales para darle una pincelada de institucionalidad, creo que acá no hay ni consenso ni diálogo, cada vez se agudiza mas esta política y uno se siente como un papel higiénico y la verdad que a esta altura no tengo ganas de sentirme como un papel higiénico, por eso rechazo el proyecto”.
En igual sintonía Quinteros, pidió a la oposición que no se “preste a formar parte de esta farsa” porque los concejales carecen de facultades para rescindir convenios urbanísticos: “Lean la carta orgánica (…) que alguien que me diga en qué lugar de la carta orgánica encuentra donde nosotros podemos rescindir un convenio urbanístico, nosotros lo podemos aprobar o rechazar, viene del Ejecutivo”.
Juan Domingo Viola, presidente del bloque oficialista, recogió el guante del fundamento de Quinteros y dijo: “Voy a hacer referencia a la carta orgánica, articulo 68 facultades del Concejo Deliberante, inciso 2 dictar normas en materia delicia, urbanística y de espacios públicos, 24 dictar los siguientes códigos, punto siete, de edificación. Facultad del Poder Ejecutivo, artículo 86 celebrar contratos y convenios de acuerdo a las autorizaciones concretas o globales expedidas por el Concejo Deliberante, facultades tenemos. Yo la verdad que si fuera concejal de la oposición agradecería que el Ejecutivo haya decidido que estos temas que son centrales para lo que tiene que ver con la planificación de la ciudad”.
Según se especificó, la comisión podrá realizar recomendaciones o proponer modificaciones a la normativa vigente, permitiendo otorgar excepciones a la normativa de cualquier tipo y en cualquier lugar de la ciudad con el dictamen que tendrá el mismo rango legal que la ratificación de los convenios, para evitar que el municipio pueda ser blanco de demandas de los desarrollistas por ir en contra de autorizaciones dadas y beneficios otorgados.
Uno de los puntos centrales del debate tuvo que ver con la poca claridad de la ordenanza 12.077 que regula los Convenios Urbanísticos, sancionada en el gobierno de Daniel Giacomino pero exacerbada por la gestión del ex intendente Ramón Mestre.
“La ordenanza es mala, la hizo el actual secretario Urbano de la municipalidad el arquitecto (Daniel) Rey, quien mando un proyecto para extender en 120 hectáreas la ciudad con Edisur en 2008, fue muy malo porque la plusvalía fueron 60 hectáreas de propiedad de la empresa para el municipio. No se dio cuenta que extendiendo la ciudad íbamos a tener problemas para brindar los servicios. Ahí comenzó a renguear esta ordenanza que no es mala, es hacia dónde va la ciudad, una planificación que decide el intendente con el secretario de desarrollo urbano, pero que no solo es infraestructura sino que además implica a los servicios de movilidad urbana y transporte. En estas tres gestiones, en lugar de modificar la ordenanza porque era muy caro, determinaban con otro criterio beneficiando a una sola parte, la empresa” criticó Riutort.
En coincidencia, el presidente de bloque de Juntos por el Cambio, Juan Negri señaló también la particularidad de que “el actual secretario de Desarrollo Urbano es el mismo que prorrogó las obras de estos convenios, hay una doble vara. El Intendente ha decidido salir de la escena administrativa. Van parchando, el Intendente parece que está de paso. Si el sentido es controlar la gestión anterior empiecen a revisar todos los contratos de la obra pública, sino es un blef”.
En igual sentido, la edila Laura Vilches del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores señaló que “en la ordenanza 12.077 de Convenios Urbanísticos esta fehacientemente demostrado que es en detrimento de la ciudad y en favor de los grandes desarrollistas. Los 31 convenios aprobados por la anterior gestión, que defendió el concejal Ovejeros, fueron aprobados por este Concejo democrático, abusaron de la cláusula de gobernabilidad para sancionarlos”.
“Para que no tengamos que llevarle -como dijo la concejal Riutort- agua, luz y gas a un lugar alejado de la mancha urbana, perdiendo todos los vecinos y ganando a lo mejor una rotonda, yo celebro y agradezco la decisión del Intendente de Córdoba de que sea el Poder Ejecutivo con el Legislativo, con efectos producidos en el cuerpo, porque es el cuerpo el que termina tomando la decisión de un dictamen que elabora la comisión, somos todos los integrantes del Concejo Deliberante los que vamos a resolver”, replicó Viola.
A su turno, Esteban Brias, del bloque Evolución, se preguntó: “¿En serio le quieren hacer creer a la gente que pretenden que los analice una comisión de cinco miembros donde el oficialismo va a tener cuatro, en lugar de una comisión de once donde le oficialismo tiene seis? Nos piden que controlemos los actos que tiene que controlar el ejecutivo y la verdad no entendía porque tienen mayoría automática, la razón es que genéticamente ustedes son alérgicos al control, van vaciando la administración pública y todo lo que se hace o no se hace todo pasa por empresas y agencias”, finalizó.
“Ninguna comisión puede dar por caído los convenios urbanísticos, solo el ejecutivo puede hacerlo. No hay comisión que le pueda otorgar efecto vinculante para que el intendente derogue el convenio, en todo caso cambiemos la ordenanza 12077 que tiene como órganos de aplicación, de coordinación y control de convenios urbanísticos a la Secretaria De Desarrollo Urbano”, dijo Quinteros.
“Hay que dejar claro que la revisión se hará sin afectar derechos adquiridos, bajo ningún punto de vista se puede tomar decisiones contrarias a la ley o contraria a la normativa vigente, por eso es una comisión de estudio profundo que tiene que tener las características que hace falta una comisión para tener un ámbito de estudio y la decisión la termina tomando el cuerpo en su conjunto”, finalizó Juan Domingo Viola.
La ordenanza se aprobó por el voto afirmativo del bloque Hacemos por Córdoba, y el bloque Córdoba Cambia votó negativamente el artículo 2; los concejales Quinteros y Riutort pidieron la abstención. 16 por la positiva, dos abstenciones, uno ausente y el resto de los ediles negativo.

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