31 ago 2012
La periferia de la Córdoba Capital fumigada
La Voz del Interior (31/08/2012)
Fumigan 11 mil hectáreas cerca de la ciudad
Fumigan 11 mil hectáreas cerca de la ciudad
Es la superficie de cultivos sembrada en el departamento Capital. Equivalea un quinto del total. Aunque Agricultura sostiene que se prohíben las fumigaciones tóxicas, vecinos temen por su salud.
El juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo despertó el debate en todos los ámbitos sociales de Córdoba. Desde el Gobierno sostienen que la Ley de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario es suficiente para evitar otro caso de contaminación, pero organizaciones ambientalistas piden que se rediscuta el modelo productivo y les dicen no a las fumigaciones. Mientras, los vecinos que viven cerca de campos sembrados temen por su salud. Es que son más de 11 mil las hectáreas fumigadas cerca de viviendas en la ciudad de Córdoba y alrededores.
El Ministerio de Agricultura de la Provincia informó que, según la campaña 2010-2011, en el departamento Capital se sembraron 900 hectáreas de trigo, 4.000 de soja, 2.000 de maíz y 500 de sorgo. Es decir, 7.400 hectáreas de cultivos extensivos, que utilizan grandes superficies de tierra y no necesitan de mucha tecnología ni cuidados para su producción.
Los cultivos intensivos del departamento Capital, aquellos que pertenecen al denominado Cinturón Verde, son casi cuatro mil hectáreas, según Raúl Gabrielli, del Mercado San Miguel. Estos poseen menor cantidad de superficie pero necesitan mayor cuidado y asistencia. En estas zonas se suele cultivar papa, batata, zanahoria, y verduras de hoja como lechuga y acelga.
Es pública la preocupación de los productores por la reducción en la cantidad de hectáreas dedicadas a la actividad frutihortícola y el creciente avance de la soja sobre estos terrenos.
Los dos cultivos tienen algo en común y que preocupa a los habitantes de barrios aledaños: necesitan ser fumigados con agroquímicos.
La ley provincial 9.164 dispone las distancias mínimas de zonas urbanas en las que se puede fumigar. Estas varían entre 500 y 1.500 metros, según el tipo de agroquímico del que se trate.
A su vez, la ordenanza 10.589 prohíbe la fumigación aérea en el departamento Capital.
Muy cerca. Desde el colectivo Paren de Fumigar levantan las banderas “contra el uso indiscriminado de agroquímicos, a favor de una agricultura orgánica sustentable, popular y recuperadora de las sabidurías originarias”. Sostienen que “más de 12 millones de argentinos son fumigados sistemáticamente por las necesidades productivas de un sistema de agricultura tóxico”.
Los vecinos de muchas zonas de la provincia de Córdoba se autoconvocaron para debatir sobre el modelo productivo que se lleva a cabo en sus áreas. “En Oncativo, Oliva y San Francisco, por ejemplo, adhirieron a una ley que no permite el ingreso de transgénicos, y en Río Cuarto se está trabajando en ello”, explica el ingeniero agrónomo Juan Sánchez.
Sin embargo, en los alrededores de la ciudad de Córdoba existen muchos barrios que conviven con plantaciones a metros de sus hogares. En la mayoría de ellos no se fumiga por aspersión aérea pero sí mediante tractores o mochilas. Los vecinos dudan sobre el nivel de toxicidad de los agroquímicos.
“La gente de los barrios que están sobre la ruta 36, donde hay soja, no ha hecho nada porque no tiene idea de lo que le está pasando. El juicio de Ituzaingó puso en la palestra información para muchos que ignoraban lo que podía pasarles cuando se fumiga a un mosquito o se hace una aeroaplicación”, advirtió Sánchez.
El productor Raúl Gabrielli (hermano de Jorge, el productor absuelto en el juicio de Ituzaingó Anexo) dijo sobre las fumigaciones en el cinturón verde: “Ahora los productores estamos en ascuas porque la mayoría, el 90 por ciento de los campos, están pegados a poblados, a barrios. No sabemos cómo nos vamos a manejar”.
Acerca de si se puede sostener que este tipo de fumigaciones no son perjudiciales para la salud, el productor afirmó: “Con todo este tema del juicio de Ituzaingó tendría que haber salido gente reclamando. Villa El Libertador está rodeado de campos donde fumigan. En camino a San Antonio, barrio Rucci, camino a San Carlos –que está poblado de countries – cruzás el alambrado y al lado tenés gente que produce y fumiga. En el mismo barrio Ituzaingó, en Los Eucaliptos, Los Sauces, Capilla de los Remedios... tenés un montón de casas, gente que está ahí y nunca tuvo ningún problema”.
Recategorización. El ingeniero agrónomo Sánchez explicó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece las categorías que marcan el nivel de toxicidad de los agroquímicos. Las organizaciones ambientalistas solicitan que el organismo revea la clasificación de los mismos y muestran investigaciones en las que, por ejemplo el glifosato, utilizado en dosis muy bajas, da como resultado malformaciones en animales.
“En los últimos tres o cuatro años, las intervenciones que tuvo el Senasa en el Mercado de Abasto –en donde monitorea mensualmente– siempre encontraron residuos (agroquímicos). Mi pregunta es: ¿por qué si cada vez que interviene encuentra residuos, los monitoreos no se hacen más seguido?”, cuestionó Sánchez, y sostuvo que deberían hacerse aunque muchas veces falte personal para ello.
El productor Gabrielli coincidió con Sánchez sobre la necesidad de que el Senasa recategorice el nivel de toxicidad de los productos químicos. “Tienen que hacer un nuevo catálogo con productos autorizados y que digan si se pueden usar. Porque yo voy a la semillería o a la agroquímica y me venden los productos que yo les pido y no me dicen si están o no autorizados”, se quejó.
El productor espera que esto ocurra el próximo 8 de septiembre, fecha en que se realizará el próximo encuentro anual de ruralistas dictado por el Senasa.
Consultado sobre si existe algún método que no sea químico para realizar las fumigaciones, el productor indicó que “no hay herbicidas orgánicos”, aunque admitió que se ensayaron algunas pruebas hace unos años con un producto a base de ajo y bolitas del paraíso. Al parecer, no funcionó porque las aplicaciones debían ser cada dos días para ahuyentar a los insectos, mientras que con los agroquímicos se fumiga cada 20 días.
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Que al menos se debata
Edgardo Litvinoff.
Si de algo sirvió el juicio por contaminación en barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba fue para poner en la vidriera nacional un problema que creció en la última década a la par del fenómeno sojero en Argentina.
No se trata de demonizar a la soja ni a los demás cultivos, ni de caer en la ingenuidad de prohibir todo sólo porque ciertas sustancias son altamente tóxicas o porque haya productores que fumigan de manera ilegal.
Pero lo cierto es que las enfermedades existen cerca de las zonas fumigadas, en tasas muy preocupantes en algunas partes y con médicos rurales alarmados por un fenómeno que perciben directamente, aunque no tengan cifras exactas.
Los vecinos de Ituzaingó vienen luchando desde hace 10 años, y la metamorfosis de las autoridades fue notable: pasaron de la negación absoluta al apoyo con reservas, pero apoyo al fin.
En esta década, se dictaron normas para restringir las fumigaciones en las zonas urbanas y proteger a la población, sin necesidad de requerir fundamentos científicos para sancionarlas. Primó el principio preventivo.
Pero no está claro que sea suficiente. Queda mucho por investigar, por definir, por reparar…
Al menos, ya no hay dudas sobre la necesidad de debatir los cuidados y los controles que la actividad agropecuaria requiere. Ni del hecho de que se deben multiplicar los recaudos para proteger la salud pública.
Tras el histórico juicio por contaminación en Ituzaingó, que condenó a un productor y a un aeroaplicador con penas de prisión condicional, quedó claro que el debate debe ser nacional, más allá de un barrio, un pueblo o una ciudad determinada.
El objetivo no es ni más ni menos que el simple derecho a vivir sanos.
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Casas, countries y campos
En camino a San Carlos se suceden las hectáreas dedicadas al cultivo de hortalizas. Antes no había casas, eran sólo campos.
Hace un poco más de 10 años, un grupo de desarrollistas comenzó a construir barrios privados a sólo una calle de estos terrenos sembrados.
Quintas de Italia, Fincas del Sur I y II, Quintas de Flores, son algunos de los emprendimientos donde hoy viven numerosas familias. Una de ellas es la de Fabián, que hace 11 años se asentó en esa zona. Frente a su casa hay sembradíos de papas y zanahorias fumigados con tractores. “Una vez por cosecha fumigan y con el viento sur esos químicos llegan a nuestras casas. Vivo con la nariz tapada, no sé si será por eso. Mi mujer también siente un malestar cuando eso pasa”, explicó el hombre, y contó que una vez quiso reunir a los vecinos para debatir sobre el tema pero nadie aceptó.
Gustavo vivió durante 23 años en el callejón Cherubini, en una humilde casa cercana a los lavaderos de los campos. “Ahora me mudé, pero recuerdo que fumigaban con tractor y se sentía el olor fuerte que producía ardor. Mi mamá tuvo cáncer pero no sé si será por eso; aún vive. Además, esos lavaderos tuvieron varias clausuras porque arrojaban el agua con desechos”, dijo.
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El juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo despertó el debate en todos los ámbitos sociales de Córdoba. Desde el Gobierno sostienen que la Ley de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario es suficiente para evitar otro caso de contaminación, pero organizaciones ambientalistas piden que se rediscuta el modelo productivo y les dicen no a las fumigaciones. Mientras, los vecinos que viven cerca de campos sembrados temen por su salud. Es que son más de 11 mil las hectáreas fumigadas cerca de viviendas en la ciudad de Córdoba y alrededores.
El Ministerio de Agricultura de la Provincia informó que, según la campaña 2010-2011, en el departamento Capital se sembraron 900 hectáreas de trigo, 4.000 de soja, 2.000 de maíz y 500 de sorgo. Es decir, 7.400 hectáreas de cultivos extensivos, que utilizan grandes superficies de tierra y no necesitan de mucha tecnología ni cuidados para su producción.
Los cultivos intensivos del departamento Capital, aquellos que pertenecen al denominado Cinturón Verde, son casi cuatro mil hectáreas, según Raúl Gabrielli, del Mercado San Miguel. Estos poseen menor cantidad de superficie pero necesitan mayor cuidado y asistencia. En estas zonas se suele cultivar papa, batata, zanahoria, y verduras de hoja como lechuga y acelga.
Es pública la preocupación de los productores por la reducción en la cantidad de hectáreas dedicadas a la actividad frutihortícola y el creciente avance de la soja sobre estos terrenos.
Los dos cultivos tienen algo en común y que preocupa a los habitantes de barrios aledaños: necesitan ser fumigados con agroquímicos.
La ley provincial 9.164 dispone las distancias mínimas de zonas urbanas en las que se puede fumigar. Estas varían entre 500 y 1.500 metros, según el tipo de agroquímico del que se trate.
A su vez, la ordenanza 10.589 prohíbe la fumigación aérea en el departamento Capital.
Muy cerca. Desde el colectivo Paren de Fumigar levantan las banderas “contra el uso indiscriminado de agroquímicos, a favor de una agricultura orgánica sustentable, popular y recuperadora de las sabidurías originarias”. Sostienen que “más de 12 millones de argentinos son fumigados sistemáticamente por las necesidades productivas de un sistema de agricultura tóxico”.
Los vecinos de muchas zonas de la provincia de Córdoba se autoconvocaron para debatir sobre el modelo productivo que se lleva a cabo en sus áreas. “En Oncativo, Oliva y San Francisco, por ejemplo, adhirieron a una ley que no permite el ingreso de transgénicos, y en Río Cuarto se está trabajando en ello”, explica el ingeniero agrónomo Juan Sánchez.
Sin embargo, en los alrededores de la ciudad de Córdoba existen muchos barrios que conviven con plantaciones a metros de sus hogares. En la mayoría de ellos no se fumiga por aspersión aérea pero sí mediante tractores o mochilas. Los vecinos dudan sobre el nivel de toxicidad de los agroquímicos.
“La gente de los barrios que están sobre la ruta 36, donde hay soja, no ha hecho nada porque no tiene idea de lo que le está pasando. El juicio de Ituzaingó puso en la palestra información para muchos que ignoraban lo que podía pasarles cuando se fumiga a un mosquito o se hace una aeroaplicación”, advirtió Sánchez.
El productor Raúl Gabrielli (hermano de Jorge, el productor absuelto en el juicio de Ituzaingó Anexo) dijo sobre las fumigaciones en el cinturón verde: “Ahora los productores estamos en ascuas porque la mayoría, el 90 por ciento de los campos, están pegados a poblados, a barrios. No sabemos cómo nos vamos a manejar”.
Acerca de si se puede sostener que este tipo de fumigaciones no son perjudiciales para la salud, el productor afirmó: “Con todo este tema del juicio de Ituzaingó tendría que haber salido gente reclamando. Villa El Libertador está rodeado de campos donde fumigan. En camino a San Antonio, barrio Rucci, camino a San Carlos –que está poblado de countries – cruzás el alambrado y al lado tenés gente que produce y fumiga. En el mismo barrio Ituzaingó, en Los Eucaliptos, Los Sauces, Capilla de los Remedios... tenés un montón de casas, gente que está ahí y nunca tuvo ningún problema”.
Recategorización. El ingeniero agrónomo Sánchez explicó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece las categorías que marcan el nivel de toxicidad de los agroquímicos. Las organizaciones ambientalistas solicitan que el organismo revea la clasificación de los mismos y muestran investigaciones en las que, por ejemplo el glifosato, utilizado en dosis muy bajas, da como resultado malformaciones en animales.
“En los últimos tres o cuatro años, las intervenciones que tuvo el Senasa en el Mercado de Abasto –en donde monitorea mensualmente– siempre encontraron residuos (agroquímicos). Mi pregunta es: ¿por qué si cada vez que interviene encuentra residuos, los monitoreos no se hacen más seguido?”, cuestionó Sánchez, y sostuvo que deberían hacerse aunque muchas veces falte personal para ello.
El productor Gabrielli coincidió con Sánchez sobre la necesidad de que el Senasa recategorice el nivel de toxicidad de los productos químicos. “Tienen que hacer un nuevo catálogo con productos autorizados y que digan si se pueden usar. Porque yo voy a la semillería o a la agroquímica y me venden los productos que yo les pido y no me dicen si están o no autorizados”, se quejó.
El productor espera que esto ocurra el próximo 8 de septiembre, fecha en que se realizará el próximo encuentro anual de ruralistas dictado por el Senasa.
Consultado sobre si existe algún método que no sea químico para realizar las fumigaciones, el productor indicó que “no hay herbicidas orgánicos”, aunque admitió que se ensayaron algunas pruebas hace unos años con un producto a base de ajo y bolitas del paraíso. Al parecer, no funcionó porque las aplicaciones debían ser cada dos días para ahuyentar a los insectos, mientras que con los agroquímicos se fumiga cada 20 días.
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Que al menos se debata
Edgardo Litvinoff.
Si de algo sirvió el juicio por contaminación en barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba fue para poner en la vidriera nacional un problema que creció en la última década a la par del fenómeno sojero en Argentina.
No se trata de demonizar a la soja ni a los demás cultivos, ni de caer en la ingenuidad de prohibir todo sólo porque ciertas sustancias son altamente tóxicas o porque haya productores que fumigan de manera ilegal.
Pero lo cierto es que las enfermedades existen cerca de las zonas fumigadas, en tasas muy preocupantes en algunas partes y con médicos rurales alarmados por un fenómeno que perciben directamente, aunque no tengan cifras exactas.
Los vecinos de Ituzaingó vienen luchando desde hace 10 años, y la metamorfosis de las autoridades fue notable: pasaron de la negación absoluta al apoyo con reservas, pero apoyo al fin.
En esta década, se dictaron normas para restringir las fumigaciones en las zonas urbanas y proteger a la población, sin necesidad de requerir fundamentos científicos para sancionarlas. Primó el principio preventivo.
Pero no está claro que sea suficiente. Queda mucho por investigar, por definir, por reparar…
Al menos, ya no hay dudas sobre la necesidad de debatir los cuidados y los controles que la actividad agropecuaria requiere. Ni del hecho de que se deben multiplicar los recaudos para proteger la salud pública.
Tras el histórico juicio por contaminación en Ituzaingó, que condenó a un productor y a un aeroaplicador con penas de prisión condicional, quedó claro que el debate debe ser nacional, más allá de un barrio, un pueblo o una ciudad determinada.
El objetivo no es ni más ni menos que el simple derecho a vivir sanos.
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Casas, countries y campos
En camino a San Carlos se suceden las hectáreas dedicadas al cultivo de hortalizas. Antes no había casas, eran sólo campos.
Hace un poco más de 10 años, un grupo de desarrollistas comenzó a construir barrios privados a sólo una calle de estos terrenos sembrados.
Quintas de Italia, Fincas del Sur I y II, Quintas de Flores, son algunos de los emprendimientos donde hoy viven numerosas familias. Una de ellas es la de Fabián, que hace 11 años se asentó en esa zona. Frente a su casa hay sembradíos de papas y zanahorias fumigados con tractores. “Una vez por cosecha fumigan y con el viento sur esos químicos llegan a nuestras casas. Vivo con la nariz tapada, no sé si será por eso. Mi mujer también siente un malestar cuando eso pasa”, explicó el hombre, y contó que una vez quiso reunir a los vecinos para debatir sobre el tema pero nadie aceptó.
Gustavo vivió durante 23 años en el callejón Cherubini, en una humilde casa cercana a los lavaderos de los campos. “Ahora me mudé, pero recuerdo que fumigaban con tractor y se sentía el olor fuerte que producía ardor. Mi mamá tuvo cáncer pero no sé si será por eso; aún vive. Además, esos lavaderos tuvieron varias clausuras porque arrojaban el agua con desechos”, dijo.
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