17 ago 2012

Al gobierno de Córoba no le interesa nuestros montes

La Voz del Interior (17/08/2012)
Siguen sin poder controlar el desmonte en Córdoba

En julio desaparecieron 1.228 hectáreas de bosque chaqueño, según la ONG Guyra Paraguay. El comienzo de año había registrado una tasa de 14,8 hectáreas mensuales.
En plena vigencia de la cuestionada ley de bosques nativo, la provincia de Córdoba sigue padeciendo desmontes. En julio desaparecieron 1.228 hectáreas, según el informe mensual de la ONG Guyra Paraguay que monitorea toda la región del Chaco Americano a través de imágenes satelitales.
La cifra es inferior a junio, un mes récord con 3.302 hectáreas que desaparecieron según la ONG. Sin embargo, lo que sorprende es que ocurre en plena vigencia de la ley de bosques nativos (sancionada en agosto de 2010) y de las ley 9.219, de 2005, que prohíbe el desmonte total por una década.
Según las ambientalistas, estas normas no protegen lo suficiente a estos ecosistemas pero tendrían que representar un freno a la deforestación, asociada a la actividad agropecuaria en el norte y noroeste provincial y al desarrollo urbano, en las Sierras Chicas.
Los desmontes son ilegales porque infringen las leyes vigentes que sólo permiten desmontes selectivos. Esto también es cuestionado por los ambientalistas. En tanto, desde el sector agropecuario reclaman velocidad en los trámites presentados a la Secretaría de Ambiente, área encargada de autorizar cambios en el uso del suelo.
El detalle indica que en el departamento San Alberto se desmontaron 334,3 hectáreas en julio. Le siguieron Río Seco (322,7), Cruz del Eje (307,5), Tulumba (116,1), Totoral (70,6), Río Primero (55,2) y San Javier (22,4).
A excepción del junio récord, la tasa de desmonte del resto del año había sido moderada: 14,8 hectáreas cada 30 días. Julio continuó la racha con deforestaciones de tres cifras en la provincia.
En Argentina. El informe de Guyra Paraguay indica que Argentina registró la mitad de las más de 66 mil hectáreas desmontadas en esta ecorregión compartida con Paraguay, Bolivia y Brasil.
Es decir que nuestro país tuvo una tasa diaria de desmonte de 1.121 hectáreas, sólo en el bosque chaqueño. Para el territorio nacional rige la “ley Bonasso” a las que las provincias debieron adherirse sancionando sus propias leyes.
El monitoreo. Se realiza a partir de las imágenes disponibles del Landsat 7. Un software procesa las imágenes y detecta los sectores con cambio de uso de suelo. El sistema puede determinar si el cambio ocurrió por desmonte o incendio. Este satélite pasa cada 14 días por la misma zona. En Internet: www.guyra.org.py
El Chaco. La región chaqueña es el segundo ecosistema más grande de América del Sur y es uno de los bosques nativos más devastados por la actividad agroganadera. Abarca 150 millones de hectáreas. El 40 por ciento está en Argentina. El resto se distribuye entre Paraguay, Bolivia y Brasil. Sólo el norte y oeste cordobés están dentro de esta ecorregión.
Chequeo diario. El proyecto Nativo de Guyra Paraguay, financiado por la Unión Europea, monitoreará la región chaqueña diariamente para frenar los desmontes ilegales. El sistema estará disponible en 2013, incorporará información de otros satélites y a ONG para la constatación en el terreno. De Argentina participan la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y la Fundación Avina.
Denuncias. La Secretaría de Ambiente recibe denuncias de desmontes en todo el territorio cordobés. Pueden ser anónimas. Hay que dirigirse a Av. Riccheri 2187 o comunicarse al teléfono (0351) 434-3310/14.

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Pareciera que la Provincia tiró la toalla

La Provincia no parece tener mucho ímpetu para controlar los bosques nativos. En 2010, los legisladores aprobaron entre gallos y medianoches una ley que protege muy poco a estos ecosistemas.
La norma fue criticada duramente por ambientalistas y académicos que formaron la ex Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN). La Corte Suprema de la Nación deberá definir si la norma provincial es constitucional; esto es, si respeta los presupuestos mínimos fijados por la ley nacional. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo no dieron señales de querer reformarla.
Desde mayo, el problema se acentuó. El 20 de ese mes renunció Darío Sbarato a la Secretaría de Ambiente. Al parecer, quería reformar la ley para poder acceder a los fondos nacionales (20 millones de pesos), trabados desde que se reglamentó el texto. Los superiores a Sbarato nunca firmaron la resolución.
Tras casi un mes con el cargo vacante, el 14 de junio asumió Federico Bocco. En ese mes, junio, ocurrió el peor desmonte desde la sanción de la norma. Más de 3.300 hectáreas, según la ONG Guyra Paraguay. A su vez, el área dejó cesantes a 19 empleados. Varios se dedicaban a fiscalizar los desmontes. En varias oportunidades, la Provincia reconoció la necesidad de contar con más personal para realizar los controles. El área de control y fiscalización de Ambiente tiene 14 empleados. Según un ex funcionario, lo ideal son 40 para poder controlar todos los delitos ambientales.
El programa “Forestando mi provincia” tampoco arranca. El objetivo era plantar 17 millones de árboles en campos privados y banquinas. La ley que respaldaba el programa nunca fue tratada y sólo se aplicó parcialmente. Las 1.228 hectáreas que desaparecieron en julio agregan sospechas al interés que la Provincia tiene por proteger el bosque nativo. Parece que tiró la toalla.
El marco legal no ayuda. Una ley que dejó disconformes a los ambientalistas y una reglamentación que causó el mismo efecto en los productores. Un pedido de inconstitucionalidad que la Corte no resuelve y la Nación que, con argumentos jurídicos, no envía los fondos. A río revuelto, perdemos bosques.

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