El Diario de Villa Carlos Paz (16/08/2022)
Cosquín: Ambientalistas cuestionaron a la justicia por las imputaciones

Tras el escrache que sufriera el intendente Gabriel Musso.
A través de un comunicado que se difundió en las últimas horas, la asamblea ambientalista de Cosquín cuestionó a la justicia por la imputación de varias personas que se oponían a la construcción de la Autovía de Punilla y llevaron adelante un escrache al intendente Gabriel Musso. Se pronunciaron por la demora en el tratamiento del amparo presentado para frenar la obra y apuntaron contra el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
«AÑOS ESPERANDO UN FALLO, PERO LA IMPUTACIÓN A LOS DEFENSORES SALE EN 24 HORAS. El sistema judicial de Córdoba es cómplice de la ilegalidad y reprime a los ciudadanos. En la noche de este domingo 14/8, ya madrugada del lunes, efectivos policiales se hicieron presentes en la casa de una de las defensoras del ambiente e integrante de las asambleas de PUNILLA y le entregaron una citación para comparecer como IMPUTADA. En ese mismo momento fue escoltada a la comisaría de Cosquín, de la que regresó avanzada la madrugada. Habría más citaciones en curso»; expresaron en el texto.
«El pasado sábado se realizó un plenario y concentración pacífica en la plaza San Martín de Cosquín; allí se difundió la situación de ilegalidad e ilegitimidad del proceder de los gobiernos provinciales y locales de acuerdo a las leyes vigentes. Al promediar la actividad, la asamblea ve ingresar al intendente Musso a una cafetería cercana y espontáneamente se traslada para, con cánticos y consignas, manifestar su condena al accionar anti democrático del funcionario. Nuevamente, la policía despliega un accionar violento e intimidatorio (como en el acampe de Molinari, que fuera desalojado ilegalmente a las 4 de la mañana): ejecuta las órdenes de una fiscalía que a todas luces está al servicio de los negociados del gobierno provincial y desconoce no sólo las leyes que viola el ejecutivo sino las que protegen a los ciudadanos, fragmentando el estado de derecho»; agregaron.
«Argentina ha suscripto el Acuerdo de Escazú: como todo convenio internacional que ha sido confirmado en el Senado, esa firma tiene validez constitucional; sin embargo el gobierno de la provincia de Córdoba utiliza el poder público para sostener sus actos corruptos. El intendente Musso (y todos los del Valle de Punilla y Paravachasca que hicieron lo mismo) autorizó de manera ilegal el paso de la autovía por el ejido de Cosquín; enrostrarle que es un delincuente no es una amenaza, ni configura intimidación, es simplemente poner en palabras la realidad»; indicaron con respecto al escrache que derivó en la imputación de varias personas.
«El pedido de amparo ante la justicia para detener el proyecto plagado de ilegalidades e irregularidades de la autovía de Punilla, ya tiene años y el tribunal no se expide. Mientras tanto la obra ya se inició (cuando debiera esperar el fallo) y arrasa con todo a su paso. En el medio hemos sufrido hasta golpizas por parte de la policía, pero cada vez somos más los vecinos y vecinas que entendemos la magnitud del problema y nos manifestamos en contra de esta manera de hacer política, al servicio de unos pocos. Esta intención de criminalizar la protesta y limitar la acción de los ciudadanos comprometidos no hace más que fortalecer nuestra decisión de proteger el patrimonio natural y cultural que ya está siendo depredado por una obra que trae graves perjuicios para la población y es un acto de corrupción»; completaron.
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