La Voz del Interior (06/10/2020)
Bosque nativo: aunque bajó, el desmonte ilegal no se detuvo en 2019

Se intervinieron 4.344 hectáreas, el 25% en zona roja de montes mejor conservados. Suman 37 mil las hectáreas afectadas desde 2014.
Lejos del desmonte cero, en Córdoba se sigue interviniendo el bosque nativo de manera ilegal. En 2019, la Policía Ambiental del Ministerio de Coordinación de Córdoba detectó intervenciones no autorizadas que afectaron 4.344 hectáreas.
La cifra es la más baja desde que en septiembre de 2014 la Provincia comenzó con este monitoreo. En 2015 fueron un poco más de siete mil hectáreas afectadas por prácticas no autorizadas; en 2016 fueron 6.951; en 2017, 14.427 y 7.413 hectáreas en 2018.
De todas formas, el ritmo de intervenciones no autorizadas del año pasado equivale a una pérdida diaria de 16 canchas de fútbol como las del estadio Mario Kempes.
La Policía Ambiental determinó que hubo 1.104,6 hectáreas afectadas ubicadas en la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Es el 25,4 por ciento del total.
Son los sectores con monte mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
En 362 hectáreas de zona roja se realizó un desmonte total, mientras que en el resto fueron afectadas por rolado para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos o aperturas de picadas.
Según estudios ambientales, sólo sobrevive un tres por ciento de bosque nativo bien conservado de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20 en Córdoba.
El bosque nativo es sinónimo de biodiversidad y de paisaje y un atributo clave para el turismo, pero también es vital para la regulación hídrica y climática de la región.

En baja
"La baja con respecto a 2018 se debe en parte a que la gente tiene conciencia para sacar la autorización correspondiente. Y con respecto a 2017, se logró contener el desmonte químico que siempre afecta a muchas hectáreas", explicó Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental.
El funcionario indicó que tienen identificado dónde y por qué se hace el desmonte: "En zonas amarillas, el desmonte se realiza sin autorización, es decir, que sólo requieren presentar el plan ante la Secretaría de Ambiente, aunque en algunos casos de intervenciones autorizadas también se afecta sectores del predio que no debería desmontarse".
Sobre la categoría roja, el fin del desmonte varía según la zona, explicó el funcionario. Desde Jesús María hacia el norte es ganadería bajo monte, con rolado selectivo. Cerca de los sitios poblados los desmontes son con fines inmobiliarios. Y en lugares más alejados, como cerca de las salinas, es aprovechamiento forestal para leña.
“El desmonte sigue siendo intenso en los pocos parches de bosques que quedan en la región del Chaco Semiárido y Subhúmedo, con presencia de quebrachos colorados”, detalló Fernando Barri, biólogo investigador del Conicet.
Y agregó: “Si bien 4.344 hectáreas parecieran no ser tantas en comparación a otros años, para ese sector de la provincia que fue devastado es mucho. A este paso, la provincia sólo conservará algunas porciones de bosque en el Chaco Árido”.
Cabe aclarar que la Policía Ambiental sólo informa las intervenciones no autorizadas.
Pero la Secretaría de Ambiente autoriza intervenciones en predios tanto en categoría amarilla como roja. Hasta 2015 esa superficie intervenida de manera legal también se informaba. Ahora se desconoce ese dato.

Procedimientos
En 2019, la Policía Ambiental realizó 222 procedimientos para constatar infracciones observadas en información satelital o durante inspecciones aéreas.
La autoridad también es responsable de notificar y monitorear que se cumplan las medidas de remediación de intervenciones ilegales sancionadas con anterioridad.
En 2019, notificaron a 15 infractores que deberán remediar el equivalente a cerca de dos mil hectáreas.
Rinaudo indicó que hay unas 20 mil hectáreas que fueron intervenidas ilegalmente y que ahora están con orden de restauración, ya sea con un cierre del predio o reforestación.
Un informe realizado por los guardaambientes de Cuesta Blanca, basado en los registros oficiales de la Policía Ambiental, estimó que de las más de 37 mil hectáreas desmontadas ilegalmente desde 2014 a 2018, sólo se informó que la remediación está en curso en 5.369 hectáreas.
Rinaudo explicó que hay expedientes abiertos hace muchos años por desmontes de grandes superficies y multas altas que demoran muchos años en resolverse debido a la puja legal y administrativa que despliega el infractor.
“En los últimos años estamos resolviendo más rápido los expedientes porque las intervenciones son más chicas y las multas más bajas”, agregó el funcionario.
Aseguró Rinaudo que Córdoba no va a tener “desmonte cero”, así como tampoco va a lograr “delito cero” la Policía. “Es importante que se siga concientizando de que las intervenciones deben autorizarse y seguir controlando”, dijo.

Infractores
La Policía Ambiental también lleva un registro de infractores (con resolución firme), como prevé la ley 9.814.
Hasta agosto pasado, se habían realizado 636 actas, según un análisis. Pero sólo 144 de ellas fueron resueltas y los infractores sancionados con una multa y la accesoria para remediar el predio.
El informe de guardaambientes de Cuesta Blanca denuncia demoras en la resolución de las infracciones. Calcularon que el promedio es de 930 días y hay casos de hasta 12 años.
Las multas tampoco son muy estrictas, señala ese trabajo. El promedio es 40 mil pesos y Policía Ambiental sólo ha recaudado 6,17 millones de pesos en seis años.
“Las infracciones entran en un limbo. Pareciera que el mensaje es desmontar a pesar de la multa, ya que se lo recupera con la ganancia de los cultivos”, plantea Barri.

La ley vigente
La ley provincial de bosques nativos (9.814) fue sancionada hace una década. Protege cuatro millones de hectáreas, en tres categorías, según el estado de su monte. La actualización de ese mapa sigue pendiente desde hace cinco años.

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No falla: cada año, menos bosque

Al desmonte ilegal se suman los incendios que restan bosques. Y 2020 ya se erige en el peor año de las dos últimas décadas. Bosque nativo: aunque bajó, el desmonte ilegal no se detuvo en 2019
El desmonte sigue vivo en Córdoba. No para, aunque figure prohibido por leyes nacionales y provinciales. No se trata sólo de una cuestión legal: con menos del tres por ciento del bosque nativo en buen estado que el territorio cordobés conserva, respecto de lo que hace un siglo tuvo, que la reducción prosiga ya pone en riesgo la sustentabilidad ambiental de la provincia.
En los últimos años, la superficie anual de monte autóctono restada es, por cierto, mucho menor que la que se contaba entre 2000 y 2010, cuando Córdoba se alistaba entre las regiones líderes del planeta en materia de deforestación.
La ley nacional de bosques nativos, y la provincial que surgió en adhesión, desaceleraron ese proceso. Pero no alcanzó: cada año se suma algo más de deforestación, sin que, por contrapartida, aparezcan áreas reforestadas que contrarresten la ecuación.
Nuestro Primer plano de hoy presenta como novedad las cifras actualizadas del monte autóctono que se perdió en 2019, según los datos que monitorea el Estado provincial. Hay sectores que insisten en que habría más intervenciones, no detectadas, por fuera de esos números.
Más allá de la cifra, la evidencia es que 2020 arrancó con algo menos de territorio ocupado por bosques que el año anterior. Y eso se viene repitiendo, con números más altos o más bajos, desde hace décadas.
En buena parte, la menor afectación puede que se explique con que ya que queda muy poco por quitar.
La cifra de 2019 es la menor desde que la Policía Ambiental de la Provincia lleva ese registro, estrenado en 2014. Y cuenta tanto los desmontes ilegales mediante maquinaria como los generados por uso de químicos.
Lo que no cuenta es la otra vía de pérdida: la que se hace humo por el fuego. En 2019, fue relativamente baja la cantidad de incendios en Córdoba. Pero 2020 ya tiene forma de tragedia ambiental.

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