3 ene 2020
La basura y los vaivenes políticos
8:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (03/01/2020)
El operativo limpieza de los dineros de la basura
A la Justicia provincial ya le ha llegado la notificación formal de que el mandato del dos veces intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Javier Mestre ha terminado. Fieles a la doctrina de no importunar a nadie que ejerza el poder, los tribunales locales han cerrado 2019 con un fallo que frena el intento del exjefe municipal capitalino y de otros colegas del Gran Córdoba de instalar cerca de Villa Parque Santa Ana el predio de enterramiento de residuos del área metropolitana.
En las horas finales del año pasado, algunos funcionarios judiciales provinciales que todavía no se resignan a ser meros dependientes del poder político intercambiaron mensajes para hacer notar que el trámite (que aún está sujeto a apelaciones) se extendió sin definiciones mientras duró el mandato de Mestre.
Y agregaban a sus conversaciones informales, pero escritas a través de servicios de mensajería digital, que en estos temas ambientales-higiénicos-políticos empezaban a tomar la senda que ya iniciaron hace algunos meses, desde el parque Sarmiento, los magistrados de la Justicia federal.
Es que en el fuero federal están siendo analizados otros aspectos que involucran a los residuos de la ciudad de Córdoba en sendas causas de alto impacto y cuya competencia está dada porque se investiga lavado de dinero.
Es que parece que la basura generó tanto dinero sucio que hubo que higienizarlo para modificar a la suba el patrimonio de más de uno.
Las causas, que sólo por ahora tienen muy difusos vínculos, pero que podrían profundizarse, tienen –por separado– imputados a los máximos directivos del gremio de recolectores, Surrbac, y de una de las principales empresas que fue concesionaria de la prestación, Cotreco.
Ambos casos tienen como puntos de contacto las maniobras al margen de la ley para hacer ingresar en el circuito formal sumas varias veces millonarias obtenidas de manera no legal.
Hay que recordar que la Justicia provincial tiene dormido un expediente en el que se debería haber investigado si hubo actos de corrupción en el nuevo convenio de la recolección de residuos, que mantuvo un sistema arcaico, costoso, que perjudica al vecino, y favorece a los empresarios y a los sindicalistas.
No hay dos sin tres
La tercera pata, si se toma aquella denuncia de la entonces concejala oficialista Laura Sesma, son los funcionarios municipales de la gestión mestrista.
Tanto el Surrbac como Cotreco y los propios exfuncionarios han venido sistemáticamente negando esos vínculos. Pero los documentos y los testimonios que van surgieron empiezan a indicar lo contrario.
Los rastreos que hizo la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) podrían complicar a varios que recientemente abandonaron el poder municipal. Para rechazar acuerdos o connivencia, los dueños de Cotreco culpan a los funcionarios por acuerdos incumplidos.
Mestre y los suyos guardan silencio sobre el avance de esas causas federales.
Tampoco hubo comentario alguno de las nuevas autoridades municipales encabezadas por Martín Llaryora.
De manera no formal, los voceros municipales dicen que hay otras urgencias por atender y que el tema de la recolección de residuos se analizará en su momento.
Entre los poquísimos funcionarios del mestrismo que fueron mantenidos por la actual administración, figura la secretaria del Tribunal de Cuentas, la radical Elsa Giordano, denunciada en su momento por la entonces concejala Alejandra Vigo por mantener vínculos con Cotreco. Giordano lo negó, aunque admitió haber compartido la misma oficina que los directivos de la empresa que fue concesionaria de la prestación de residuos.
Colaboradores de Llaryora aclararon que es casi un hecho que la funcionaria no seguirá en el Tribunal de Cuentas.
En otros lugares donde aún presta servicios, Cotreco es investigada también por la Justicia, como por caso Río Cuarto, una ciudad emblemática para la compañía presidida por Horacio Busso.
Ver Noticia On Line
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El operativo limpieza de los dineros de la basura
A la Justicia provincial ya le ha llegado la notificación formal de que el mandato del dos veces intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Javier Mestre ha terminado. Fieles a la doctrina de no importunar a nadie que ejerza el poder, los tribunales locales han cerrado 2019 con un fallo que frena el intento del exjefe municipal capitalino y de otros colegas del Gran Córdoba de instalar cerca de Villa Parque Santa Ana el predio de enterramiento de residuos del área metropolitana.
En las horas finales del año pasado, algunos funcionarios judiciales provinciales que todavía no se resignan a ser meros dependientes del poder político intercambiaron mensajes para hacer notar que el trámite (que aún está sujeto a apelaciones) se extendió sin definiciones mientras duró el mandato de Mestre.
Y agregaban a sus conversaciones informales, pero escritas a través de servicios de mensajería digital, que en estos temas ambientales-higiénicos-políticos empezaban a tomar la senda que ya iniciaron hace algunos meses, desde el parque Sarmiento, los magistrados de la Justicia federal.
Es que en el fuero federal están siendo analizados otros aspectos que involucran a los residuos de la ciudad de Córdoba en sendas causas de alto impacto y cuya competencia está dada porque se investiga lavado de dinero.
Es que parece que la basura generó tanto dinero sucio que hubo que higienizarlo para modificar a la suba el patrimonio de más de uno.
Las causas, que sólo por ahora tienen muy difusos vínculos, pero que podrían profundizarse, tienen –por separado– imputados a los máximos directivos del gremio de recolectores, Surrbac, y de una de las principales empresas que fue concesionaria de la prestación, Cotreco.
Ambos casos tienen como puntos de contacto las maniobras al margen de la ley para hacer ingresar en el circuito formal sumas varias veces millonarias obtenidas de manera no legal.
Hay que recordar que la Justicia provincial tiene dormido un expediente en el que se debería haber investigado si hubo actos de corrupción en el nuevo convenio de la recolección de residuos, que mantuvo un sistema arcaico, costoso, que perjudica al vecino, y favorece a los empresarios y a los sindicalistas.
No hay dos sin tres
La tercera pata, si se toma aquella denuncia de la entonces concejala oficialista Laura Sesma, son los funcionarios municipales de la gestión mestrista.
Tanto el Surrbac como Cotreco y los propios exfuncionarios han venido sistemáticamente negando esos vínculos. Pero los documentos y los testimonios que van surgieron empiezan a indicar lo contrario.
Los rastreos que hizo la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) podrían complicar a varios que recientemente abandonaron el poder municipal. Para rechazar acuerdos o connivencia, los dueños de Cotreco culpan a los funcionarios por acuerdos incumplidos.
Mestre y los suyos guardan silencio sobre el avance de esas causas federales.
Tampoco hubo comentario alguno de las nuevas autoridades municipales encabezadas por Martín Llaryora.
De manera no formal, los voceros municipales dicen que hay otras urgencias por atender y que el tema de la recolección de residuos se analizará en su momento.
Entre los poquísimos funcionarios del mestrismo que fueron mantenidos por la actual administración, figura la secretaria del Tribunal de Cuentas, la radical Elsa Giordano, denunciada en su momento por la entonces concejala Alejandra Vigo por mantener vínculos con Cotreco. Giordano lo negó, aunque admitió haber compartido la misma oficina que los directivos de la empresa que fue concesionaria de la prestación de residuos.
Colaboradores de Llaryora aclararon que es casi un hecho que la funcionaria no seguirá en el Tribunal de Cuentas.
En otros lugares donde aún presta servicios, Cotreco es investigada también por la Justicia, como por caso Río Cuarto, una ciudad emblemática para la compañía presidida por Horacio Busso.
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