Hoy Día (08/06/2021)
San Marcos Sierras: advierten una destrucción patrimonial

Distintas organizaciones de San Marcos Sierras denunciaron ayer la derogación de una ordenanza de preservación del patrimonio y el inicio de obras en dicha localidad de forma irregular por parte de la Municipalidad
La Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras, la Comunidad Tay Pichín y la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam), expresaron su repudio a la derogación de la ordenanza 775, el 14 de mayo pasado, realizada en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de San Marcos. Dicha normativa “establecía un mecanismo de participación pública (el Consejo de Ordenamiento Territorial) para resguardar cualquier desvío que atentara contra la identidad del pueblo”, explicaron las organizaciones.
Asimismo, indicaron que dicha acción se llevó a cabo para “poder desarrollar un proyecto de remodelación urbana inconsulto”, que modifica “veredas, calles, plaza y otros sectores urbanos”, sobre el cual “no existe ningún estudio de impacto ambiental” que avale su realización.
El informe también sostiene que una de las zonas afectadas en el proyecto es la plaza principal de San Marcos, “un espacio sagrado para las Comunidades Originarias del Pueblo”, ya que contiene un cementerio “que abarca toda la plaza y calles aledañas a ella”. “Pese a la existencia de la ley provincial 10.308 (yacimiento arqueológico, lugar ancestral de prácticas funerarias y de otro tipo) no les importó que sus obras atentaran contra lugares y subsuelos de importancia arqueológica”, indicaron desde la Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos.
Por último, exigieron “la inmediata paralización de las obras y la restitución del ambiente intervenido a su estado original”. “No estamos en contra del mejoramiento de la infraestructura urbana y de la calidad de vida de nuestros/as vecinos y vecinas en San Marcos Sierras”, aclararon aunque también denunciaron “la derogación de una norma que establecía un mecanismo de participación”. Por tal motivo, demandaron  que se “respete la Convención 169 de la OIT, otras normas y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido en la normativa nacional y provincial vigente”.

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