25 sept 2008
Prohíben minería metalífera a cielo abierto
6:11 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (25/09/2008)
Prohíben minería metalífera a cielo abierto
También impiden explotar minerales nucleares y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y peligrosas.
La Legislatura de Córdoba sancionó ayer con dos abstenciones la ley que prohíbe en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, la actividad de minerales nucleares y el uso en los procesos mineros de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa.
Sobre la primera prohibición, el rechazo se hizo sentir desde la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina. Frente a la Legislatura, coexistieron las manifestaciones contrarias de los mineros y las de apoyo a la normativa de agrupaciones ambientalistas. Entre éstas estaba Ongamira Despierta, una asamblea de vecinos autoconvocados que reaccionaron contra la actividad metalífera ante un pedido de exploración en la zona de Ongamira.
Si bien en la actualidad no existe ninguna autorización para el cateo y la exploración –procesos anteriores a la explotación– de la actividad minera metalífera (como el oro, cobre y plata) a cielo abierto ni de la nuclear, sí existen unos 90 pedidos de privados que tienen ese fin.
Uno de los fundamentos de la iniciativa del gobernador Juan Schiaretti, quien envió el proyecto a la Unicameral, es el promover la minería tradicional, que es la única que se explota en la provincia y que no estará afectada por ninguna de las prohibiciones que establece la ley. La "minería tradicional" incluye la explotación de minerales no metalíferos, minerales industriales y rocas de aplicación.
Otro fundamento se relaciona con el cuidado del medio ambiente. "Celebramos la nueva ley a los efectos de la protección del ambiente", manifestó a este diario Omar Daniele, a cargo de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Sobre este último fundamento, el presidente de Cemincor, Hugo Apfelbaum, expresó que "hay mucha ignorancia, hay miedo y se prohíbe la actividad de manera discriminatoria. Queremos que el Estado controle, pero no que prohíba. La actividad es compatible con normas ambientales como se hace en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania".
El vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros también se opuso a la normativa. "Existe una fuerza muy grande de sectores ambientalistas que utilizan el factor más vulnerable que tiene el ser humano: el temor. Schiaretti es una persona que quiere lo mejor para su provincia, pero se equivocó. La minería es tan lícita y querible como cualquier toda actividad", dijo.
La segunda prohibición es sobre la actividad minera "de minerales nucleares tales como el uranio y el torio". Aquí la Cámara cordobesa no tiene intereses potenciales. Aldo Bonalumi, titular de la Secretaría de Minería, dijo que hace más de 20 años que no se explotan ninguna de las dos actividades mineras prohibidas. Pero aún no se remediaron los efectos ambientales adversos de las que existieron, por ejemplo, en la zona de Los Gigantes.
Además, se prohibió el uso de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa como el cianuro, cianuro de sodio, ácido sulfúrico, entre otras. Ninguna de esas sustancias se usan en las explotaciones que hoy existen en Córdoba.
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Una ley anti-susto
La Legislatura cordobesa prohibió algo que en esta provincia no existe: la minería de extracción metalífera a cielo abierto con lixiviación por cianuro. Se trata de una ley que tendrá efectos a futuro, negando la posibilidad de que se exploten emprendimientos mineros de esas características, muy en concordancia con la ola ambientalista que hoy recorre el país de una punta a otra de la Cordillera.
La megaminería metalífera que hoy explica buena parte de los ingresos no coparticipables de provincias como Catamarca y San Juan se ganó en los últimos años el lugar de "bestia negra". Ayudaron a conformar esta mirada, la falta de atención que pusieron las administraciones provinciales en los estudios ambientales previos a la apertura de las minas, la absoluta falta de información a que fueron sometidas las comunidades locales donde se asentaron los emprendimientos y el temor latente a episodios graves de contaminación de las cuencas hídricas. Todo eso, en un marco legal delineado durante el gobierno de Carlos Menem que, cada vez más, es apuntado como muy beneficioso para los grupos mineros internacionales y perjudicial para los intereses económicos de la Argentina.
Córdoba, una provincia con siglos de historia minera, no metalífera, se suma a otras cuatro provincias que prohibieron este tipo de minería. La Rioja integró el grupo hasta el mes pasado, cuando volvió a permitir la extracción de uranio, a tono con las urgencias energéticas del país que prevén la construcción de nuevas centrales nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Atómica considera la prohibición cordobesa como una medida retrógrada, en una provincia que posee grandes reservas uraníferas y una central nuclear. Para pueblos donde prendió la fiebre antiminera es la salvación que estaban esperando luego de años de lógicos o injustificados sustos.
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La Mañana de Córdoba (25/09/2008)
Aprobaron ley antiminería a cielo abierto
Votaron todos los bloques la iniciativa del Poder Ejecutivo. Hubo mitines callejeros a favor y en contra.
La Legislatura aprobó ayer por unanimidad la prohibición de desarrollar actividades de minería a cielo abierto y la explotación de uranio en toda la provincia.
El proyecto de ley, firmado por el gobernador Juan Schiaretti en junio, fue tratado con la presencia de organizaciones ambientalistas como Ongamira Despierta y también de los sectores económicos que rechazan esta restricción.
Desde la mañana, miembros de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) repartieron folletos en el acceso a La Calera (por Bajada Colorada), después del peaje, y en la zona del Dique Piedras Moras en rechazo a la futura ley.
Estos sectores entienden que si bien actualmente no hay extracción metalífera a cielo abierto, la prohibición «no va a permitir a la Provincia desarrollar su potencialidad minera sustentable».
«Es una marcha atrás», dijo a la prensa local Hugo Apfelbaum, presidente de Cemincor.
El legislador Marcelo Falo (Unión por Córdoba-Frente para la Victoria), presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, defendió el proyecto y negó que Córdoba no tenga atribuciones para legislar en materia minera, dado que en principio esa actividad está regida por el Código Minero de la Nación.
Falo también resaltó que la Provincia tiene potestad en los temas ambientales.
La ex secretaria de Medio Ambiente y actual legisladora, Amelia Chiófalo, destacó «la importancia que tiene esta ley a nivel nacional, porque Córdoba es la sexta provincia que está estableciendo esta prohibición de explotación a cielo abierto, propicia la explotación de la minería tradicional, y avanza en un criterio precautorio a nivel provincial».
Los puestos de trabajo
Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios mineros (CAEM) y la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA) expresaron su apoyo a las manifestaciones de los trabajadores del sector en Córdoba en defensa de los 15 mil puestos de trabajos directos e indirectos que genera esta actividad.
A través de un comunicado a la prensa, la cámara aclaró que «en Córdoba no se desarrolla proyecto aurífero o metalífero alguno» y señaló que el proyecto del gobierno provincial «es imprudente y carente de un análisis técnico y científico».
Asimismo, sostuvo que «la minería es la única industria del país que cuenta con una ley de Protección Ambiental, por lo cual se destaca como sector responsable en el cumplimiento de las normas ambientales argentinas».
La Cámara sostuvo también que «la minería es generadora de trabajo genuino y de los mejores sueldos del país».
Organizaciones ambientalistas, en tanto, aplaudieron la aprobación de la norma y recordaron que en otras provincias como La Rioja y Catamarca se mantienen en marcha diversas protestas y movilizaciones contra la actividad por la aparente falta de control al impacto ambiental que generan esas empresas.
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Prohíben minería metalífera a cielo abierto
También impiden explotar minerales nucleares y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y peligrosas.
La Legislatura de Córdoba sancionó ayer con dos abstenciones la ley que prohíbe en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, la actividad de minerales nucleares y el uso en los procesos mineros de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa.
Sobre la primera prohibición, el rechazo se hizo sentir desde la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina. Frente a la Legislatura, coexistieron las manifestaciones contrarias de los mineros y las de apoyo a la normativa de agrupaciones ambientalistas. Entre éstas estaba Ongamira Despierta, una asamblea de vecinos autoconvocados que reaccionaron contra la actividad metalífera ante un pedido de exploración en la zona de Ongamira.
Si bien en la actualidad no existe ninguna autorización para el cateo y la exploración –procesos anteriores a la explotación– de la actividad minera metalífera (como el oro, cobre y plata) a cielo abierto ni de la nuclear, sí existen unos 90 pedidos de privados que tienen ese fin.
Uno de los fundamentos de la iniciativa del gobernador Juan Schiaretti, quien envió el proyecto a la Unicameral, es el promover la minería tradicional, que es la única que se explota en la provincia y que no estará afectada por ninguna de las prohibiciones que establece la ley. La "minería tradicional" incluye la explotación de minerales no metalíferos, minerales industriales y rocas de aplicación.
Otro fundamento se relaciona con el cuidado del medio ambiente. "Celebramos la nueva ley a los efectos de la protección del ambiente", manifestó a este diario Omar Daniele, a cargo de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Sobre este último fundamento, el presidente de Cemincor, Hugo Apfelbaum, expresó que "hay mucha ignorancia, hay miedo y se prohíbe la actividad de manera discriminatoria. Queremos que el Estado controle, pero no que prohíba. La actividad es compatible con normas ambientales como se hace en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania".
El vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros también se opuso a la normativa. "Existe una fuerza muy grande de sectores ambientalistas que utilizan el factor más vulnerable que tiene el ser humano: el temor. Schiaretti es una persona que quiere lo mejor para su provincia, pero se equivocó. La minería es tan lícita y querible como cualquier toda actividad", dijo.
La segunda prohibición es sobre la actividad minera "de minerales nucleares tales como el uranio y el torio". Aquí la Cámara cordobesa no tiene intereses potenciales. Aldo Bonalumi, titular de la Secretaría de Minería, dijo que hace más de 20 años que no se explotan ninguna de las dos actividades mineras prohibidas. Pero aún no se remediaron los efectos ambientales adversos de las que existieron, por ejemplo, en la zona de Los Gigantes.
Además, se prohibió el uso de toda sustancia química que sea contaminante, tóxica y/o peligrosa como el cianuro, cianuro de sodio, ácido sulfúrico, entre otras. Ninguna de esas sustancias se usan en las explotaciones que hoy existen en Córdoba.
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Una ley anti-susto
La Legislatura cordobesa prohibió algo que en esta provincia no existe: la minería de extracción metalífera a cielo abierto con lixiviación por cianuro. Se trata de una ley que tendrá efectos a futuro, negando la posibilidad de que se exploten emprendimientos mineros de esas características, muy en concordancia con la ola ambientalista que hoy recorre el país de una punta a otra de la Cordillera.
La megaminería metalífera que hoy explica buena parte de los ingresos no coparticipables de provincias como Catamarca y San Juan se ganó en los últimos años el lugar de "bestia negra". Ayudaron a conformar esta mirada, la falta de atención que pusieron las administraciones provinciales en los estudios ambientales previos a la apertura de las minas, la absoluta falta de información a que fueron sometidas las comunidades locales donde se asentaron los emprendimientos y el temor latente a episodios graves de contaminación de las cuencas hídricas. Todo eso, en un marco legal delineado durante el gobierno de Carlos Menem que, cada vez más, es apuntado como muy beneficioso para los grupos mineros internacionales y perjudicial para los intereses económicos de la Argentina.
Córdoba, una provincia con siglos de historia minera, no metalífera, se suma a otras cuatro provincias que prohibieron este tipo de minería. La Rioja integró el grupo hasta el mes pasado, cuando volvió a permitir la extracción de uranio, a tono con las urgencias energéticas del país que prevén la construcción de nuevas centrales nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Atómica considera la prohibición cordobesa como una medida retrógrada, en una provincia que posee grandes reservas uraníferas y una central nuclear. Para pueblos donde prendió la fiebre antiminera es la salvación que estaban esperando luego de años de lógicos o injustificados sustos.
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Aprobaron ley antiminería a cielo abierto
Votaron todos los bloques la iniciativa del Poder Ejecutivo. Hubo mitines callejeros a favor y en contra.
La Legislatura aprobó ayer por unanimidad la prohibición de desarrollar actividades de minería a cielo abierto y la explotación de uranio en toda la provincia.
El proyecto de ley, firmado por el gobernador Juan Schiaretti en junio, fue tratado con la presencia de organizaciones ambientalistas como Ongamira Despierta y también de los sectores económicos que rechazan esta restricción.
Desde la mañana, miembros de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) repartieron folletos en el acceso a La Calera (por Bajada Colorada), después del peaje, y en la zona del Dique Piedras Moras en rechazo a la futura ley.
Estos sectores entienden que si bien actualmente no hay extracción metalífera a cielo abierto, la prohibición «no va a permitir a la Provincia desarrollar su potencialidad minera sustentable».
«Es una marcha atrás», dijo a la prensa local Hugo Apfelbaum, presidente de Cemincor.
El legislador Marcelo Falo (Unión por Córdoba-Frente para la Victoria), presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos, defendió el proyecto y negó que Córdoba no tenga atribuciones para legislar en materia minera, dado que en principio esa actividad está regida por el Código Minero de la Nación.
Falo también resaltó que la Provincia tiene potestad en los temas ambientales.
La ex secretaria de Medio Ambiente y actual legisladora, Amelia Chiófalo, destacó «la importancia que tiene esta ley a nivel nacional, porque Córdoba es la sexta provincia que está estableciendo esta prohibición de explotación a cielo abierto, propicia la explotación de la minería tradicional, y avanza en un criterio precautorio a nivel provincial».
Los puestos de trabajo
Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios mineros (CAEM) y la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA) expresaron su apoyo a las manifestaciones de los trabajadores del sector en Córdoba en defensa de los 15 mil puestos de trabajos directos e indirectos que genera esta actividad.
A través de un comunicado a la prensa, la cámara aclaró que «en Córdoba no se desarrolla proyecto aurífero o metalífero alguno» y señaló que el proyecto del gobierno provincial «es imprudente y carente de un análisis técnico y científico».
Asimismo, sostuvo que «la minería es la única industria del país que cuenta con una ley de Protección Ambiental, por lo cual se destaca como sector responsable en el cumplimiento de las normas ambientales argentinas».
La Cámara sostuvo también que «la minería es generadora de trabajo genuino y de los mejores sueldos del país».
Organizaciones ambientalistas, en tanto, aplaudieron la aprobación de la norma y recordaron que en otras provincias como La Rioja y Catamarca se mantienen en marcha diversas protestas y movilizaciones contra la actividad por la aparente falta de control al impacto ambiental que generan esas empresas.
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