4 jun 2008

Avanza debate para prohibir explotación minera

La Mañana de Córdoba (04/06/2008)
Avanza debate para prohibir explotación de minerales metalíferos

Ayer se realizó en la Legislatura Provincial, una reunión conjunta de las comisiones de Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos, en la que se analizaron y debatieron varias iniciativas relacionadas a la prohibición en el ámbito provincial de la explotación de minerales metalíferos.
En la sala protocolar del Palacio Legislativo se hicieron presente numerosas organizaciones no gubernamentales ambientalistas como “Ongamira Despierta”, “Traslasierra Despierta” y “Conciencia Solidaria”, quienes coincidieron en solicitar a los representantes del pueblo la prohibición taxativa mediante normativa de la utilización de toda sustancia químicamente contaminante en el proceso de cateo, prospección, extracción, explotación tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos.
También, las organizaciones ambientalistas solicitaron en coincidencia con el espíritu de varias iniciativas presentadas en la Legislatura y con el proyecto que el Poder Ejecutivo adelantó que enviará a los legisladores, que se prohíba en todo el territorio de la provincia la explotación de minerales metalíferos a cielo abierto con uso de químicos contaminantes como el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio.
Se trató de la primera reunión de la llamada “Comisión mixta” que mantendrá reuniones permanentes, habiendo sido pautado el próximo encuentro el 1º de julio para buscar, tras el debate conjunto, un despacho consensuado sobre esta problemática.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Provincia recomendó a las autoridades provinciales, en relación a la explotación minera metalífera, la adopción de medidas para extremar las precauciones en orden a la preservación del patrimonio ambiental, paisajístico e hídrico de las sierras de Córdoba.
La resolución firmada por Jessica Valentini, hace alusión a la autorización que podría otorgase para la explotación de uranio en las sierras y fue enviada sosteniendo que “ante cualquier contradicción entre valores tutelados jurídicamente, solicitamos que se otorgue prioridad a los derechos que son de interés general de la colectividad, por encima de intereses económicos sectoriales”.

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