24 mar 2014
RSU: nadie quiere ser la zona de sacrificio
Día a Día (24/03/2014)
Dos sitios rechazan ser el destino de la basura de Córdoba
El destino de los residuos. A la resistencia de Bouwer al futuro enterramiento, se suma Juárez Celman, que rechaza la planta de transferencia cercana y quiere renunciar a Cormecor.Desafiante en materia social se presenta el frente que debe sortear el proyecto que, se supone, resolverá el destino de la basura de esta Capital y 15 localidades en derredor por las próximas décadas. Se trata de un tema que urge solucionar, mientras se agota la vida útil del predio de Piedras Blancas, donde hoy se entierran más de dos mil toneladas diarias de basura (a más del 95 por ciento lo aporta esta Capital).
Al planteo de la Provincia –que no se modificó a pesar del acercamiento entre De la Sota y Mestre esta semana– de exigir estudios previos a la expropiación de los dos terrenos donde se planean el enterramiento (a unos 700 metros del cerrado vertedero de Bouwer) y una gran planta de acopio y transferencia (cercana a Estación Juárez Celman), se suma una fuerte resistencia en ambas localidades a sendas estructuras.
La postura de Bouwer ya era conocida, e incluso la llevó a no querer integrar Cormecor, la Sociedad Anónima que bajo el control de la Municipalidad de Córdoba (socia mayoritaria) reunió a las localidades que disponen su basura en Piedras Blancas. Esta empresa es la que debe ejecutar el proyecto del nuevo enterramiento y luego operarlo. A esa firme y militada resistencia, se sumó ahora la de Estación Juárez Celman, la ciudad al norte de la Capital en torno a la cual se planea radicar un centro de acopio y transferencia para captar los residuos que provengan de un radio cercano.
Myrian Prunotto, intendenta de Juárez Celman, reveló a Día a Día que días atrás envió a Cormecor la nota formal de desvinculación de la localidad a ese ente; además de exigir en forma expresa la presentación de un estudio de factibilidad del proyecto. “Aún no tuve respuesta, insistiremos de nuevo si no llega. Yo no estoy en contra del proyecto o de resolver este tema, pero lo defendí hasta que pude; sin apoyo del municipio de Córdoba ni de la Provincia. Todo fue muy desprolijo, a nuestra ciudad no se le dieron precisiones, ni información suficiente, tampoco se nos permitió integrar el Directorio de Cormecor; eso hizo crecer el rechazo en la gente. Ahora, el 98 por ciento piensa que allí pondrán un basural y no lo quiere, me parece que es imposible dar vuelta esa percepción”, apuntó la mandataria, señalando que el porcentaje es parte de los resultados de una encuesta que realizó en la localidad de 18 mil habitantes.
“Yo traté de colaborar, de sumar; pero debo bregar por la seguridad de mi comunidad. Qué haremos con la basura, no sé; pero mi responsabilidad es cuidar a los vecinos”, dijo la jefa comunal.
Zona gris. Prunotto señaló que el terreno de 35 hectáreas que se quiere como posible enclave de la planta de transferencia está ubicado a pocos kilómetros de la zona poblada de Estación Juárez Celman. Si bien al impulsar su expropiación, Cormecor informó que tanto este lote como el que se utilizaría para enterrar se encuentran en “zonas grises” en materia de jurisdicción (no pertenecen a ningún ejido municipal, ni a Juárez Celmán ni a Bouwer), la intendenta defendió el derecho de la localidad de prestar acuerdo a la radicación, y remarcó que demandará el estudio de factibilidad.
“Lo exigimos. Debe ocuparse de medir los impactos, de dar detalles de cómo será ese complejo que se planea, cómo trabajará, con qué método, qué accesos viales requiere, qué movimiento de camiones y de personal puede generar. Antes de analizar dar un permiso de localización tenemos que saber todo eso, y hasta ahora no hay ninguna información”, se quejó.
“No” de Bouwer. Los más de 2 mil vecinos de esa localidad y su jefe comunal, Juan Lupi, manifestaron su rechazo al sitio de enterramiento apenas conocida, en 2013, la posible localización del mismo en un predio de 272 hectáreas ubicado en una zona intermedia entre las rutas 5 y 36. Está a unos 700 metros del antiguo vertedero de Potrero del Estado, un sitio que con protestas y denuncias sostenidas los habitantes de la zona lograron que la intendencia de Daniel Giacomino cerrara prematuramente.
Si bien la tierra está en una “zona gris” en cuanto a jurisdicción (cae en la potestad de la Comunidad Regional que integran los 24 intendentes del departamento Santa María), Lupi insistió en que Bouwer es la zona poblada más cercana y sufriría su impacto. “En un acta que firmaron todas las localidades de la Comunidad consta que cuando se trata de radicaciones de gran impacto, la ciudad más cercana debe prestar conformidad escrita como condición para habilitarlo. O sea que para ubicar el enterramiento en ese lugar, Bouwer debería aceptarlo”, dijo Lupi a este diario.
No obstante, el citado “gris” deja margen para discutir quién tiene capacidad para dar uso del suelo a ese emprendimiento. “Los vecinos van a estar en pie de guerra, va a pasar lo mismo que con Monsanto. La gente ya padecía el viejo enterramiento, que era la mitad de chico que este que se planea, por eso no quiere saber nada”, explicó.
Se agota Piedras Blancas. El actual predio de enterramiento está por cumplir su vida útil, y es necesario reemplazarlo por uno nuevo.
Los terrenos. Por ley. La Legislatura declaró en 2013 “de utilidad pública y sujetos a expropiación” los terrenos en los que se planea localizar el enterramiento (que sumaría tecnología de tratamiento) y una planta de transferencia como sitios de destino de la basura de Córdoba y otras 15 localidades. La Provincia debe ahora ejecutar las expropiaciones.
Universidad. Los sitios se eligieron dentro de las áreas “aptas” más amplias que determinó un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba. La institución aclaró que Cormecor los eligió con un primer informe, pero antes de que se completara el tramo de “aspectos socioambientales” del estudio.
Precio I. Uno de los lotes tiene 272 hectáreas, está ubicado sobre la ruta 36, a 18 kilómetros al sur del centro de Córdoba, unos 4 km de Bouwer y entre 500 y 700 metros del antiguo vertedero de Potrero del Estado. Allí se montaría el enterramiento de residuos.
Predio II. El otro lote autorizado a expropiar es de 35 hectáreas, al norte de la ciudad, ubicado al oeste de la ruta 9 norte y entre 3 y 4 km al noroeste de la localidad de Juárez Celman. Hay otro anexo de dos hectáreas. En ese lugar se ubicaría una estación de transferencia, para acopiar residuos de Sierras Chicas y el norte de esta capital, que luego serían trasladados al destino final.
Audiencias y consultas. La realización de audiencias públicas o consultas populares previas a la ubicación de sitios de tratamiento de la basura comienzan a agitarse en el horizonte. La futura Ley de Ambiente institucionaliza los mecanismos de consulta popular como requisito obligatorio previo a proyectos de “actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”. Si bien serían “no vinculantes”, tendría un alto costo político desoir su resultado.
Contexto por Florencia Ripol - Provincia y municipios: que sí, que no. En la larga data que arrastra el problema de encontrar destino final a la basura de Córdoba y alrededores, la Provincia se ha presentado en general como un actor no tocado por la responsabilidad de resolverlo, pero con “voluntad” de colaborar. Las intendencias, con Córdoba a la cabeza, insisten en que al ser un problema regional la Gobernación es tan responsable y parte como los municipios. Esta puja pareció ceder durante el primer tramo de la gestión Mestre, cuando al calor de la buena relación entre el radical y De la Sota, el Gobierno de Córdoba asumió una actitud más activa, el compromiso de expropiar los predios de destino de los residuos y hasta pareció dispuesto a colaborar en la tarea de gestionar cualquier resistencia social al proyecto. Esa tónica fue cambiando –con el “caso Monsanto” como telón de fondo– y terminó de quedar claro este año, cuando la Provincia tomó distancia y subrayó que antes de proceder a las expropiaciones, Cormecor debe presentar el “estudio de impacto ambiental” de sendos proyectos. Desde la SA la expectativa había sido hasta entonces hacerse de los lotes, y luego cumplir ese requisito legal.
Este fue el escenario discutido esta semana entre el Gobernador y el intendente. Luego del encuentro del viernes, se aseguró que el tema recobrará vigor y se trabajará en conjunto para salir de la encerrona. En los próximos días, las máximas autoridades de Ambiente de cada administración puntualizarán los pasos a seguir. De la prolijidad de ese proceder y la colaboración sin recelos entre las partes dependerá la solución a este tema pendiente.
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Dos sitios rechazan ser el destino de la basura de Córdoba
El destino de los residuos. A la resistencia de Bouwer al futuro enterramiento, se suma Juárez Celman, que rechaza la planta de transferencia cercana y quiere renunciar a Cormecor.Desafiante en materia social se presenta el frente que debe sortear el proyecto que, se supone, resolverá el destino de la basura de esta Capital y 15 localidades en derredor por las próximas décadas. Se trata de un tema que urge solucionar, mientras se agota la vida útil del predio de Piedras Blancas, donde hoy se entierran más de dos mil toneladas diarias de basura (a más del 95 por ciento lo aporta esta Capital).
Al planteo de la Provincia –que no se modificó a pesar del acercamiento entre De la Sota y Mestre esta semana– de exigir estudios previos a la expropiación de los dos terrenos donde se planean el enterramiento (a unos 700 metros del cerrado vertedero de Bouwer) y una gran planta de acopio y transferencia (cercana a Estación Juárez Celman), se suma una fuerte resistencia en ambas localidades a sendas estructuras.
La postura de Bouwer ya era conocida, e incluso la llevó a no querer integrar Cormecor, la Sociedad Anónima que bajo el control de la Municipalidad de Córdoba (socia mayoritaria) reunió a las localidades que disponen su basura en Piedras Blancas. Esta empresa es la que debe ejecutar el proyecto del nuevo enterramiento y luego operarlo. A esa firme y militada resistencia, se sumó ahora la de Estación Juárez Celman, la ciudad al norte de la Capital en torno a la cual se planea radicar un centro de acopio y transferencia para captar los residuos que provengan de un radio cercano.
Myrian Prunotto, intendenta de Juárez Celman, reveló a Día a Día que días atrás envió a Cormecor la nota formal de desvinculación de la localidad a ese ente; además de exigir en forma expresa la presentación de un estudio de factibilidad del proyecto. “Aún no tuve respuesta, insistiremos de nuevo si no llega. Yo no estoy en contra del proyecto o de resolver este tema, pero lo defendí hasta que pude; sin apoyo del municipio de Córdoba ni de la Provincia. Todo fue muy desprolijo, a nuestra ciudad no se le dieron precisiones, ni información suficiente, tampoco se nos permitió integrar el Directorio de Cormecor; eso hizo crecer el rechazo en la gente. Ahora, el 98 por ciento piensa que allí pondrán un basural y no lo quiere, me parece que es imposible dar vuelta esa percepción”, apuntó la mandataria, señalando que el porcentaje es parte de los resultados de una encuesta que realizó en la localidad de 18 mil habitantes.
“Yo traté de colaborar, de sumar; pero debo bregar por la seguridad de mi comunidad. Qué haremos con la basura, no sé; pero mi responsabilidad es cuidar a los vecinos”, dijo la jefa comunal.
Zona gris. Prunotto señaló que el terreno de 35 hectáreas que se quiere como posible enclave de la planta de transferencia está ubicado a pocos kilómetros de la zona poblada de Estación Juárez Celman. Si bien al impulsar su expropiación, Cormecor informó que tanto este lote como el que se utilizaría para enterrar se encuentran en “zonas grises” en materia de jurisdicción (no pertenecen a ningún ejido municipal, ni a Juárez Celmán ni a Bouwer), la intendenta defendió el derecho de la localidad de prestar acuerdo a la radicación, y remarcó que demandará el estudio de factibilidad.
“Lo exigimos. Debe ocuparse de medir los impactos, de dar detalles de cómo será ese complejo que se planea, cómo trabajará, con qué método, qué accesos viales requiere, qué movimiento de camiones y de personal puede generar. Antes de analizar dar un permiso de localización tenemos que saber todo eso, y hasta ahora no hay ninguna información”, se quejó.
“No” de Bouwer. Los más de 2 mil vecinos de esa localidad y su jefe comunal, Juan Lupi, manifestaron su rechazo al sitio de enterramiento apenas conocida, en 2013, la posible localización del mismo en un predio de 272 hectáreas ubicado en una zona intermedia entre las rutas 5 y 36. Está a unos 700 metros del antiguo vertedero de Potrero del Estado, un sitio que con protestas y denuncias sostenidas los habitantes de la zona lograron que la intendencia de Daniel Giacomino cerrara prematuramente.
Si bien la tierra está en una “zona gris” en cuanto a jurisdicción (cae en la potestad de la Comunidad Regional que integran los 24 intendentes del departamento Santa María), Lupi insistió en que Bouwer es la zona poblada más cercana y sufriría su impacto. “En un acta que firmaron todas las localidades de la Comunidad consta que cuando se trata de radicaciones de gran impacto, la ciudad más cercana debe prestar conformidad escrita como condición para habilitarlo. O sea que para ubicar el enterramiento en ese lugar, Bouwer debería aceptarlo”, dijo Lupi a este diario.
No obstante, el citado “gris” deja margen para discutir quién tiene capacidad para dar uso del suelo a ese emprendimiento. “Los vecinos van a estar en pie de guerra, va a pasar lo mismo que con Monsanto. La gente ya padecía el viejo enterramiento, que era la mitad de chico que este que se planea, por eso no quiere saber nada”, explicó.
Se agota Piedras Blancas. El actual predio de enterramiento está por cumplir su vida útil, y es necesario reemplazarlo por uno nuevo.
Los terrenos. Por ley. La Legislatura declaró en 2013 “de utilidad pública y sujetos a expropiación” los terrenos en los que se planea localizar el enterramiento (que sumaría tecnología de tratamiento) y una planta de transferencia como sitios de destino de la basura de Córdoba y otras 15 localidades. La Provincia debe ahora ejecutar las expropiaciones.
Universidad. Los sitios se eligieron dentro de las áreas “aptas” más amplias que determinó un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba. La institución aclaró que Cormecor los eligió con un primer informe, pero antes de que se completara el tramo de “aspectos socioambientales” del estudio.
Precio I. Uno de los lotes tiene 272 hectáreas, está ubicado sobre la ruta 36, a 18 kilómetros al sur del centro de Córdoba, unos 4 km de Bouwer y entre 500 y 700 metros del antiguo vertedero de Potrero del Estado. Allí se montaría el enterramiento de residuos.
Predio II. El otro lote autorizado a expropiar es de 35 hectáreas, al norte de la ciudad, ubicado al oeste de la ruta 9 norte y entre 3 y 4 km al noroeste de la localidad de Juárez Celman. Hay otro anexo de dos hectáreas. En ese lugar se ubicaría una estación de transferencia, para acopiar residuos de Sierras Chicas y el norte de esta capital, que luego serían trasladados al destino final.
Audiencias y consultas. La realización de audiencias públicas o consultas populares previas a la ubicación de sitios de tratamiento de la basura comienzan a agitarse en el horizonte. La futura Ley de Ambiente institucionaliza los mecanismos de consulta popular como requisito obligatorio previo a proyectos de “actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”. Si bien serían “no vinculantes”, tendría un alto costo político desoir su resultado.
Contexto por Florencia Ripol - Provincia y municipios: que sí, que no. En la larga data que arrastra el problema de encontrar destino final a la basura de Córdoba y alrededores, la Provincia se ha presentado en general como un actor no tocado por la responsabilidad de resolverlo, pero con “voluntad” de colaborar. Las intendencias, con Córdoba a la cabeza, insisten en que al ser un problema regional la Gobernación es tan responsable y parte como los municipios. Esta puja pareció ceder durante el primer tramo de la gestión Mestre, cuando al calor de la buena relación entre el radical y De la Sota, el Gobierno de Córdoba asumió una actitud más activa, el compromiso de expropiar los predios de destino de los residuos y hasta pareció dispuesto a colaborar en la tarea de gestionar cualquier resistencia social al proyecto. Esa tónica fue cambiando –con el “caso Monsanto” como telón de fondo– y terminó de quedar claro este año, cuando la Provincia tomó distancia y subrayó que antes de proceder a las expropiaciones, Cormecor debe presentar el “estudio de impacto ambiental” de sendos proyectos. Desde la SA la expectativa había sido hasta entonces hacerse de los lotes, y luego cumplir ese requisito legal.
Este fue el escenario discutido esta semana entre el Gobernador y el intendente. Luego del encuentro del viernes, se aseguró que el tema recobrará vigor y se trabajará en conjunto para salir de la encerrona. En los próximos días, las máximas autoridades de Ambiente de cada administración puntualizarán los pasos a seguir. De la prolijidad de ese proceder y la colaboración sin recelos entre las partes dependerá la solución a este tema pendiente.
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