12 mar 2014
La nueva Ley de Ambiente no será muy diferente
11:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
Comercio y Justicia (12/03/2014)
Ambiente: para Provincia, serán “vinculantes” consultas públicas
El funcionario aseguró que el “espíritu” del proyecto apunta a respetar la postura de los consultados, aval que denominó “licencia social”, más allá que la herramienta es “no vinculante” en el texto. Los detalles del mecanismo surgirán de la reglamentación. También los proyectos que deberán pasar por ese tamiz. Dijo que si Malvinas Argentinas revoca la prefactibilidad a Monsanto, el proyecto quedaría sin sustento.
El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, aseguró que el “espíritu” del proyecto de Ley de Política Ambiental provincial que el Ejecutivo envió a la Legislatura es “respetar” la voluntad de los pobladores del entorno a la iniciativa en discusión, más allá del alcance del estudio técnico de impacto ambiental.
En ese marco, dijo que si bien las consultas populares o audiencias públicas que busca impulsar el proyecto tienen carácter “no vinculante”, la idea es que “en caso de que se obtenga la licencia social, el proyecto podrá desarrollarse”. López expuso ayer en un plenario de comisiones en la Legislatura, previo al debate en el recinto del proyecto de ley anunciado por el gobernador José Manuel de la Sota en la apertura del año legislativo.
Más allá de los alcances de la norma, el punto clave fue el fuerte impulso a la posición social de cada proyecto en análisis, incluso por sobre el estudio de impacto ambiental.
El tema fue expuesto por el propio López y luego repreguntado por varios legisladores, entre ellos Cintia Frencia, del Frente de Izquierda, y Roberto Birri, del socialismo.
Precisamente, ante una consulta de este último, el funcionario precisó: “(…) tiene que pasar por una audiencia pública y/o una consulta popular, y ésa es la licencia social: el que obtenga, a través de ese instrumento de participación ciudadana, el ok o no para que la actividad pueda proseguir y ser aprobada como tal”, indicó.
Respecto a qué proyectos deberán pasar por ese filtro, López señaló que serán los que determine el Ejecutivo pero también los que apunten otros actores, como el Defensor del Pueblo o bien un grupo de vecinos organizados.
Paralelamente, indicó que los alcances de la consulta popular o audiencia pública se determinarán en una reglamentación posterior.
Por lo demás, el ministro reseñó los principales objetivos del proyecto y enumeró los principales puntos de su articulado.
“Con esta ley lo que pretendemos es, conceptualmente, incorporar, actualizar y complementar toda esta vasta y rica historia de política ambiental que tiene nuestra provincia de Córdoba con la Ley (nacional) de Presupuestos Mínimos, dejando vigente la gran mayoría de los instrumentos con que hoy cuenta la Provincia de Córdoba”.
En otro orden -respecto al tema Monsanto- López aclaró que si el municipio de Malvinas Argentinas revoca la prefactibilidad del proyecto, la Provincia se queda sin sustento para analizar un nuevo estudio de impacto ambiental por parte de la empresa.
“Una actividad cualquiera que se quiera radicar en algún municipio de la provincia, lo primero que hace es ver si ese municipio le da una prefactibilidad o no para que se instale, condicionada a que se cumplan todas las normativas vigentes en general”, explicó.
Cormecor
“No vamos a expropiar sin impacto ambiental y consulta”
El ministro Fabián López sorprendió ayer al señalar que la Provincia no avanzará en la expropiación del futuro predio de enterramiento de residuos del Gran Córdoba, gestionado por Cormecor, hasta tanto no se apruebe el estudio de impacto ambiental -que aún no se presentó- y el tema no tenga el aval de una consulta pública. “Nosotros no creemos que esté demorado; el trámite administrativo está avanzando. Pero al margen de esto es importante encuadrar eso dentro de la ley que estamos tratando. Nosotros estamos plenamente convencidos que no podemos llevar adelante eso. No podemos llevar adelante la expropiación de algo, es decir, que el Estado provincial erogue de sus recursos -que son de todos- para comprar un predio cuando no se ha dado cumplimiento a un acabado estudio de impacto ambiental. No podemos hacer al revés, y menos aún si esto no va a consulta popular o audiencia pública. Si estamos preocupados por cuáles son los proyectos que tienen que pasar por una audiencia pública o una consulta popular, no le quepa ninguna duda de que uno como ése es de los que sí o sí tiene que pasar una audiencia pública”.
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La Voz del Interior (12/03/2014)
Debate en la Legislatura por la nueva ley de ambiente
Opositores cuestionan por qué la Provincia no adhiere de manera directa a la legislación nacional. El ministro López defendió el proyecto oficial.
Para legisladores de la oposición, el proyecto de ley de ambiente enviado por el Gobierno necesita dejar claro en qué casos se exigirán estudios de impacto ambiental que incluyan audiencias públicas o consultas populares. También preguntaron por qué, si la voluntad de la Provincia era complementar la ley nacional de ambiente 25.675, no se adhiere a esa norma completa y se agregan los instrumentos que se consideren necesarios.
Estas y otras cuestiones fueron planteadas ayer en la Unicameral, en una reunión que mantuvo el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, con los integrantes de las tres comisiones legislativas que trabajarán sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo. Participaron también el secretario de Ambiente, Germán Pratto, y la asesora del ministerio en la redacción del proyecto, Marta Juliá.
Ante el pedido de dejar más claro cuándo se exigirán los estudios de impacto ambiental y audiencias públicas –que fue una de las principales discusiones en torno al conflicto por la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas– López respondió: “Está claro que no se puede exigir una evaluación ambiental y audiencia para todas las actividades sino sólo las de impacto significativo en el ambiente”.
Con ello, el ministro defendió la postura del Gobierno de que sea el Poder Ejecutivo, en la futura reglamentación, el que determine en qué casos se debe exigir una estudio técnico y la modalidad de participación ciudadana que se llevará a cabo.
El Frente Cívico se manifestó en desacuerdo con ello. “Si está sujeto a lo que decida un funcionario público, la participación no es un derecho”, objetó el legislador Santiago Clavijo.
López sostuvo que el espíritu de la norma es, sobre todo, incorporar procesos de participación ciudadana en proyectos que puedan impactar en el ambiente.
López reiteró que la Provincia busca complementar la Ley General del Ambiente N° 25.675, sancionada por el Congreso Nacional en 2002, que establece los presupuestos mínimos obligatorios para todo el país.
Los legisladores Liliana Montero, Clavijo (Frente Cívico) y Roberto Birri (Partido Socialista) preguntaron por qué en el proyecto no figuran varios puntos centrales de esa ley, como la figura del daño ambiental o el hecho de que los estudios ambientales deben hacerse antes de autorizar los proyectos. Y consultaron por qué directamente no se adhiere a la ley nacional.
La asesora Marta Juliá respondió: “La ley nacional está vigente en Córdoba. No es necesario adherir”. Y agregó: “Esa ley regula en materia de fondo, está vigente, es aplicable y la Provincia no la puede omitir. Puede exigir más, pero nunca menos”.
Tras esas definiciones, la legisladora Montero cuestionó: “Aquí se reconoce la supremacía de la ley nacional pero hubo muchos casos como el de Candonga o Monsanto que se judicializaron porque la Provincia hizo caso omiso a esa ley”. Y preguntó: “¿El ministro ha tomado conocimiento de la acción de quienes lo precedieron (en referencia al exministro de Agua y Ambiente Manuel Calvo y al exsecretario Luis Federico Bocco)? Porque se contradice con este criterio”. Pratto pidió a Montero que le permita responder por escrito a esas cuestiones.
Con respecto a la adhesión directa a Ley General del Ambiente, López respondió: “Nuestro proyecto busca complementar y mejorar la legislación con herramientas que la ley nacional no contiene (...). El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que las provincias debemos dictar leyes complementarias y eso es lo que estamos haciendo”.
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La Mañana de Córdoba (12/03/2014)
Ambiente: audiencias públicas y consultas populares por iniciativas no serán vinculantes
El ministro de Agua y Ambiente, Fabián López, presentó ante las comisiones legislativas el proyecto del Ejecutivo. Críticas opositoras.
La nueva Ley de Ambiente de la Provincia enviada por el Poder Ejecutivo a la Provincia contempla instrumentos de participación ciudadana previos a la instalación de emprendimientos que puedan afectar el medio ambiente, pero estos mecanismos no tendrán carácter vinculante.
Así lo confirmó ayer el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, al presentar al proyecto de Ley Nº 13428/E/14 a los legisladores de las comisiones de Asuntos Ecológicos, Asuntos Institucionales y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Los mecanismos de consulta previstos son la Audiencia Pública o la consulta popular, esta última según lo que contemple la carta orgánica del municipio donde se produzca el hecho a consultar.
López ratificó lo anunciado por José Manuel de la Sota en la inauguración d las sesiones ordinarias, el 1 de febrero pasado, y explicó que la reglamentación de la ley establecerá qué actividades ameriten la consulta a los vecinos, y el mecanismo para estos casos. Es decir, no todas las iniciativas serán sometidas a audiencias de vecinos, sino que eso sería decidido por la autoridad de aplicación de la ley.
La iniciativa, parida a la luz del extenso conflicto suscitado a raíz de la llegada de Monsanto a la provincia de Córdoba, complementará los presupuestos mínimos de la Ley General del Ambiente N° 25.675. El proyecto, cuyo tratamiento comenzó ayer, aspira a “actualizar y modernizar la legislación de la Provincia de Córdoba complementando la ley de presupuestos mínimos nacionales”, dijo el ministro, quien estuvo acompañado por el secretario de Ambiente, Germán Pratto.
Según explicó López, uno de los elementos más importantes del proyecto es el proceso de ordenamiento territorial ambiental de la Provincia, que servirá de marco al desarrollo de otras herramientas ambientales.
Con respecto a los mecanismos de consulta ciudadana, Lopez indicó que “que la evaluación del impacto ambiental propiamente dicha no es solamente la evaluación del impacto sobre el ambiente de determinadas acciones del hombre, sino también la evaluación de la conciencia social y de la obtención de la licencia social que deben tener determinadas actividades, proyectos o impactos que se generan sobre el ambiente”.
Por otra parte, el proyecto contempla el concepto de “evaluación ambiental estratégica”. «Lo que se pretende hacer es que, precisamente, en el momento en que se presenta un estudio de impacto ambiental determinado, también se presente un plan de gestión ambiental que vaya determinando las distintas medidas que se vayan a ir tomando a lo largo del tiempo”, señaló.
Críticas de la oposición
El legislador del Frente Cívico, Santiago Clavijo, reclamó al Gobierno que aclare “por qué autorizó la instalación de Monsanto en una zona en que el Código de uso del suelo es para actividades agropecuarias no contaminantes”, y “por qué se autorizó un emprendimiento inmobiliario en la zona de Candonga, en donde la Ley de Bosques, determina que es “zona roja” de protección ambiental”. Tras el comienzo del debate en comisión de la nueva Ley de Ambiente, el legislador juecista sostuvo que “sigue sin quedar claro” la cuestión del estudio de impacto ambiental y de la participación ciudadana. “La participación ciudadana no puede quedar librada a la autoridad de aplicación porque estamos hablando de reconocer un derecho en la ley; si está sujeto a la interpretación de un funcionario no estamos reconociendo un derecho”, resaltó.
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Día a Día (12/03/2014)
López explicó la ley de ambiente
El ministro respondió consultas de legisladores que deben debatir el proyecto provincial.
Las comisiones de Asuntos Ecológicos, Asuntos Constitucionales y Agricultura de la Legislatura de Córdoba analizaron este martes el proyecto de ley sobre Política Ambiental Provincial, y escucharon los argumentos del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y el secretario de Ambiente, Germán Pratto.
López destacó la vinculación del proyecto oficial con la Ley General de Ambiente (nacional), y la incorporación de instrumentos de política y gestión que se incluyen en la nueva norma.
Según el ministro, la intención es modernizar y actualizar la legislación provincial, tras la polémica instalación de la firma Monsanto, que derivó en numerosos planteos judiciales.
Al respecto, el legislador del Frente Cívico, Santiago Clavijo, consideró que sobre el estudio de impacto ambiental la norma provincial "debe decir lo que dice la ley nacional: que debe ser presentado previo a cualquier actividad que se lleve adelante."
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Ambiente: para Provincia, serán “vinculantes” consultas públicas
El funcionario aseguró que el “espíritu” del proyecto apunta a respetar la postura de los consultados, aval que denominó “licencia social”, más allá que la herramienta es “no vinculante” en el texto. Los detalles del mecanismo surgirán de la reglamentación. También los proyectos que deberán pasar por ese tamiz. Dijo que si Malvinas Argentinas revoca la prefactibilidad a Monsanto, el proyecto quedaría sin sustento.
El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, aseguró que el “espíritu” del proyecto de Ley de Política Ambiental provincial que el Ejecutivo envió a la Legislatura es “respetar” la voluntad de los pobladores del entorno a la iniciativa en discusión, más allá del alcance del estudio técnico de impacto ambiental.
En ese marco, dijo que si bien las consultas populares o audiencias públicas que busca impulsar el proyecto tienen carácter “no vinculante”, la idea es que “en caso de que se obtenga la licencia social, el proyecto podrá desarrollarse”. López expuso ayer en un plenario de comisiones en la Legislatura, previo al debate en el recinto del proyecto de ley anunciado por el gobernador José Manuel de la Sota en la apertura del año legislativo.
Más allá de los alcances de la norma, el punto clave fue el fuerte impulso a la posición social de cada proyecto en análisis, incluso por sobre el estudio de impacto ambiental.
El tema fue expuesto por el propio López y luego repreguntado por varios legisladores, entre ellos Cintia Frencia, del Frente de Izquierda, y Roberto Birri, del socialismo.
Precisamente, ante una consulta de este último, el funcionario precisó: “(…) tiene que pasar por una audiencia pública y/o una consulta popular, y ésa es la licencia social: el que obtenga, a través de ese instrumento de participación ciudadana, el ok o no para que la actividad pueda proseguir y ser aprobada como tal”, indicó.
Respecto a qué proyectos deberán pasar por ese filtro, López señaló que serán los que determine el Ejecutivo pero también los que apunten otros actores, como el Defensor del Pueblo o bien un grupo de vecinos organizados.
Paralelamente, indicó que los alcances de la consulta popular o audiencia pública se determinarán en una reglamentación posterior.
Por lo demás, el ministro reseñó los principales objetivos del proyecto y enumeró los principales puntos de su articulado.
“Con esta ley lo que pretendemos es, conceptualmente, incorporar, actualizar y complementar toda esta vasta y rica historia de política ambiental que tiene nuestra provincia de Córdoba con la Ley (nacional) de Presupuestos Mínimos, dejando vigente la gran mayoría de los instrumentos con que hoy cuenta la Provincia de Córdoba”.
En otro orden -respecto al tema Monsanto- López aclaró que si el municipio de Malvinas Argentinas revoca la prefactibilidad del proyecto, la Provincia se queda sin sustento para analizar un nuevo estudio de impacto ambiental por parte de la empresa.
“Una actividad cualquiera que se quiera radicar en algún municipio de la provincia, lo primero que hace es ver si ese municipio le da una prefactibilidad o no para que se instale, condicionada a que se cumplan todas las normativas vigentes en general”, explicó.
Cormecor
“No vamos a expropiar sin impacto ambiental y consulta”
El ministro Fabián López sorprendió ayer al señalar que la Provincia no avanzará en la expropiación del futuro predio de enterramiento de residuos del Gran Córdoba, gestionado por Cormecor, hasta tanto no se apruebe el estudio de impacto ambiental -que aún no se presentó- y el tema no tenga el aval de una consulta pública. “Nosotros no creemos que esté demorado; el trámite administrativo está avanzando. Pero al margen de esto es importante encuadrar eso dentro de la ley que estamos tratando. Nosotros estamos plenamente convencidos que no podemos llevar adelante eso. No podemos llevar adelante la expropiación de algo, es decir, que el Estado provincial erogue de sus recursos -que son de todos- para comprar un predio cuando no se ha dado cumplimiento a un acabado estudio de impacto ambiental. No podemos hacer al revés, y menos aún si esto no va a consulta popular o audiencia pública. Si estamos preocupados por cuáles son los proyectos que tienen que pasar por una audiencia pública o una consulta popular, no le quepa ninguna duda de que uno como ése es de los que sí o sí tiene que pasar una audiencia pública”.
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La Voz del Interior (12/03/2014)
Debate en la Legislatura por la nueva ley de ambiente
Opositores cuestionan por qué la Provincia no adhiere de manera directa a la legislación nacional. El ministro López defendió el proyecto oficial.
Para legisladores de la oposición, el proyecto de ley de ambiente enviado por el Gobierno necesita dejar claro en qué casos se exigirán estudios de impacto ambiental que incluyan audiencias públicas o consultas populares. También preguntaron por qué, si la voluntad de la Provincia era complementar la ley nacional de ambiente 25.675, no se adhiere a esa norma completa y se agregan los instrumentos que se consideren necesarios.
Estas y otras cuestiones fueron planteadas ayer en la Unicameral, en una reunión que mantuvo el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, con los integrantes de las tres comisiones legislativas que trabajarán sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo. Participaron también el secretario de Ambiente, Germán Pratto, y la asesora del ministerio en la redacción del proyecto, Marta Juliá.
Ante el pedido de dejar más claro cuándo se exigirán los estudios de impacto ambiental y audiencias públicas –que fue una de las principales discusiones en torno al conflicto por la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas– López respondió: “Está claro que no se puede exigir una evaluación ambiental y audiencia para todas las actividades sino sólo las de impacto significativo en el ambiente”.
Con ello, el ministro defendió la postura del Gobierno de que sea el Poder Ejecutivo, en la futura reglamentación, el que determine en qué casos se debe exigir una estudio técnico y la modalidad de participación ciudadana que se llevará a cabo.
El Frente Cívico se manifestó en desacuerdo con ello. “Si está sujeto a lo que decida un funcionario público, la participación no es un derecho”, objetó el legislador Santiago Clavijo.
López sostuvo que el espíritu de la norma es, sobre todo, incorporar procesos de participación ciudadana en proyectos que puedan impactar en el ambiente.
López reiteró que la Provincia busca complementar la Ley General del Ambiente N° 25.675, sancionada por el Congreso Nacional en 2002, que establece los presupuestos mínimos obligatorios para todo el país.
Los legisladores Liliana Montero, Clavijo (Frente Cívico) y Roberto Birri (Partido Socialista) preguntaron por qué en el proyecto no figuran varios puntos centrales de esa ley, como la figura del daño ambiental o el hecho de que los estudios ambientales deben hacerse antes de autorizar los proyectos. Y consultaron por qué directamente no se adhiere a la ley nacional.
La asesora Marta Juliá respondió: “La ley nacional está vigente en Córdoba. No es necesario adherir”. Y agregó: “Esa ley regula en materia de fondo, está vigente, es aplicable y la Provincia no la puede omitir. Puede exigir más, pero nunca menos”.
Tras esas definiciones, la legisladora Montero cuestionó: “Aquí se reconoce la supremacía de la ley nacional pero hubo muchos casos como el de Candonga o Monsanto que se judicializaron porque la Provincia hizo caso omiso a esa ley”. Y preguntó: “¿El ministro ha tomado conocimiento de la acción de quienes lo precedieron (en referencia al exministro de Agua y Ambiente Manuel Calvo y al exsecretario Luis Federico Bocco)? Porque se contradice con este criterio”. Pratto pidió a Montero que le permita responder por escrito a esas cuestiones.
Con respecto a la adhesión directa a Ley General del Ambiente, López respondió: “Nuestro proyecto busca complementar y mejorar la legislación con herramientas que la ley nacional no contiene (...). El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que las provincias debemos dictar leyes complementarias y eso es lo que estamos haciendo”.
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La Mañana de Córdoba (12/03/2014)
Ambiente: audiencias públicas y consultas populares por iniciativas no serán vinculantes
El ministro de Agua y Ambiente, Fabián López, presentó ante las comisiones legislativas el proyecto del Ejecutivo. Críticas opositoras.
La nueva Ley de Ambiente de la Provincia enviada por el Poder Ejecutivo a la Provincia contempla instrumentos de participación ciudadana previos a la instalación de emprendimientos que puedan afectar el medio ambiente, pero estos mecanismos no tendrán carácter vinculante.
Así lo confirmó ayer el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, al presentar al proyecto de Ley Nº 13428/E/14 a los legisladores de las comisiones de Asuntos Ecológicos, Asuntos Institucionales y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Los mecanismos de consulta previstos son la Audiencia Pública o la consulta popular, esta última según lo que contemple la carta orgánica del municipio donde se produzca el hecho a consultar.
López ratificó lo anunciado por José Manuel de la Sota en la inauguración d las sesiones ordinarias, el 1 de febrero pasado, y explicó que la reglamentación de la ley establecerá qué actividades ameriten la consulta a los vecinos, y el mecanismo para estos casos. Es decir, no todas las iniciativas serán sometidas a audiencias de vecinos, sino que eso sería decidido por la autoridad de aplicación de la ley.
La iniciativa, parida a la luz del extenso conflicto suscitado a raíz de la llegada de Monsanto a la provincia de Córdoba, complementará los presupuestos mínimos de la Ley General del Ambiente N° 25.675. El proyecto, cuyo tratamiento comenzó ayer, aspira a “actualizar y modernizar la legislación de la Provincia de Córdoba complementando la ley de presupuestos mínimos nacionales”, dijo el ministro, quien estuvo acompañado por el secretario de Ambiente, Germán Pratto.
Según explicó López, uno de los elementos más importantes del proyecto es el proceso de ordenamiento territorial ambiental de la Provincia, que servirá de marco al desarrollo de otras herramientas ambientales.
Con respecto a los mecanismos de consulta ciudadana, Lopez indicó que “que la evaluación del impacto ambiental propiamente dicha no es solamente la evaluación del impacto sobre el ambiente de determinadas acciones del hombre, sino también la evaluación de la conciencia social y de la obtención de la licencia social que deben tener determinadas actividades, proyectos o impactos que se generan sobre el ambiente”.
Por otra parte, el proyecto contempla el concepto de “evaluación ambiental estratégica”. «Lo que se pretende hacer es que, precisamente, en el momento en que se presenta un estudio de impacto ambiental determinado, también se presente un plan de gestión ambiental que vaya determinando las distintas medidas que se vayan a ir tomando a lo largo del tiempo”, señaló.
Críticas de la oposición
El legislador del Frente Cívico, Santiago Clavijo, reclamó al Gobierno que aclare “por qué autorizó la instalación de Monsanto en una zona en que el Código de uso del suelo es para actividades agropecuarias no contaminantes”, y “por qué se autorizó un emprendimiento inmobiliario en la zona de Candonga, en donde la Ley de Bosques, determina que es “zona roja” de protección ambiental”. Tras el comienzo del debate en comisión de la nueva Ley de Ambiente, el legislador juecista sostuvo que “sigue sin quedar claro” la cuestión del estudio de impacto ambiental y de la participación ciudadana. “La participación ciudadana no puede quedar librada a la autoridad de aplicación porque estamos hablando de reconocer un derecho en la ley; si está sujeto a la interpretación de un funcionario no estamos reconociendo un derecho”, resaltó.
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López explicó la ley de ambiente
El ministro respondió consultas de legisladores que deben debatir el proyecto provincial.
Las comisiones de Asuntos Ecológicos, Asuntos Constitucionales y Agricultura de la Legislatura de Córdoba analizaron este martes el proyecto de ley sobre Política Ambiental Provincial, y escucharon los argumentos del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y el secretario de Ambiente, Germán Pratto.
López destacó la vinculación del proyecto oficial con la Ley General de Ambiente (nacional), y la incorporación de instrumentos de política y gestión que se incluyen en la nueva norma.
Según el ministro, la intención es modernizar y actualizar la legislación provincial, tras la polémica instalación de la firma Monsanto, que derivó en numerosos planteos judiciales.
Al respecto, el legislador del Frente Cívico, Santiago Clavijo, consideró que sobre el estudio de impacto ambiental la norma provincial "debe decir lo que dice la ley nacional: que debe ser presentado previo a cualquier actividad que se lleve adelante."
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