10 mar 2014
Monsanto: ¿Madura el knock out?
9:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (10/03/2014)
Podrían cancelar el permiso a Monsanto
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, analiza con abogados los alcances jurídicos de la ordenanza que otorgó el permiso de obra a la multinacional estadounidense. Un artículo de la normativa lo faculta a “caducar de pleno derecho” esa autorización.
Después de que Monsanto ratificó en las últimas horas su inversión en Córdoba, ateniéndose a las nuevas reglas oficiales, el municipio de Malvinas Argentinas estudia los pasos legales, incluso los que lo habilitarían a cancelar el permiso de construcción de la planta.
En el peor de los escenarios para la multinacional estadounidense, la Municipalidad de Malvinas Argentinas podría decidir remover el permiso para la instalación del semillero de maíz, que quedó en suspenso tras la no autorización provincial al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía.
El artículo 5 de la ordenanza 821 (aprobada el 10 de enero de 2013), es el instrumento legal que tiene a mano el municipio del Gran Córdoba para protegerse de una potencial demanda por parte de Monsanto y, por otra cuerda, dejar sin argumentos a los activistas que se oponen al proyecto y así garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
El intendente radical Daniel Arzani reconoció ayer a La Voz del Interior que en esa línea el municipio “está trabajando” junto con abogados, especialistas en derecho administrativo, e incluso admitió que, llegado el caso, su administración podría resolver “caducar el permiso” de la radicación.
Qué dice la ordenanza
Según el artículo 5 de la ordenanza 821, aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto Argentina de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Los abogados del municipio estudian cómo afecta a la administración local la resolución de Ambiente de la Provincia que no aceptó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto y que frenó el emprendimiento agroindustrial.
Según se interpreta, por la ordenanza 821 se caería la autorización por el no cumplimiento y Monsanto debería iniciar todos los trámites de nuevo, desde cero. Pero, en la aplicación más drástica del artículo 5, Malvinas Argentinas “puede aprobar o desaprobar” la radicación.
Sobre este punto y ante la consulta específica de este diario, Arzani se mostró cauto y afirmó: “El alcance respecto de si se aprobará o no la inversión, no lo puedo adelantar. Es lo que estamos evaluando, punto por punto. Tomaremos el tiempo que haga falta; debemos ser prolijos también en la información que damos a la sociedad”.
No obstante, el intendente observó que la resolución de Ambiente sobre el informe de impacto ambiental “en ningún lado dice que se rechaza; dice ‘no autoriza’, lo que la empresa puede presentar uno nuevo”, y de este modo, no puede darse por totalmente anulada la radicación.
En lo formal, ni la Provincia ni el municipio le cerraron totalmente las puertas a la inversión.
¿La última palabra?
En sus últimas declaraciones sobre el caso, el gobernador José Manuel de la Sota sostuvo que “lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental. Ahora, si la Municipalidad va a revocar la autorización, eso no le compete a la Provincia”, en lo que se entendió como un intento por dejar la última palabra al intendente Arzani.
La ordenanza en cuestión, que fue la que otorgó el permiso de obra a Monsanto, enfrenta nuevos condimentos, como la no autorización del estudio de impacto ambiental, el avenimiento de la empresa de recomenzar ese punto evaluatorio y el nuevo marco legal que anunció como proyecto el gobernador. De manera que el municipio también deberá contemplar estos aspectos.
Según Arzani, la nueva ley ambiental “dará posibilidades de expresarse a la sociedad”, a través de los mecanismos de consulta que se fijen en la norma. “Me imagino que después de semejante exposición pública (del caso Monsanto), los legisladores evaluarán debidamente este aspecto”.
“Estuve personalmente con el gobernador y me parece que la prioridad número uno es la paz social; es un tema que se tiene que resolver, no se puede dejar pendiente todo el tiempo. La empresa se dio el lujo de presentar un estudio incompleto; todos corremos riesgos y enfrentamos responsabilidades. Ellos (por Monsanto) se tienen que preocupar por la inversión; quien debería hacer las cosas correctamente es la empresa”, insistió el intendente.
Arzani se mostró preocupado por resguardar al municipio de eventuales demandas económicas: “Tenemos que usar un criterio para que el día de mañana no tengamos un juicio”, reconoció.
Clave legal
Ordenanza 821. Fue aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en enero de 2013, otorgándole a Monsanto Argentina el permiso de obra correspondiente a la primera etapa de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz en esta localidad del Gran Córdoba.
Qué dice el artículo 5º. Consigna que “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Interpretación. Los abogados del municipio analizan si la no aprobación del informe de impacto ambiental por parte de la Provincia habilita a Malvinas Argentinas a desaprobar la inversión.
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Documentos para Descargar
- Ordenanza 821
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Diario El Alfil (10/03/2014)
El caso Monsanto, un ejemplo de cobardía política
¿Porqué Monsanto tuvo tan pocos defensores? La respuesta es triste, pero indudable: por cobardía. Por estas horas es posible asistir a un espectáculo lamentable, en el cual la dirigencia provincial abdica públicamente de su deber de hacer lo correcto por temor a quedar pegada a una causa que, gracias a extravagantes preconceptos, parece impopular. Es mucho menos riesgoso nombrar más empleados públicos que defender la radicación de una empresa directamente vinculada al perfil productivo de Córdoba. Esto es lo que sucede cuando los dirigentes terminan siendo dirigidos por el humor social, una inversión de roles que sólo puede augurar sociedades crecientemente reaccionarias y alejadas del progreso.
a pasó. Lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Le rechazó el estudio de impacto”. Así respondió el gobernador José Manuel de la Sota a una pregunta de Cadena 3 sobre la radicación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. La pelota quedó ahora exclusivamente en la cancha del intendente de aquella ciudad del gran Córdoba. Por trascendidos, no parece que Daniel Arzani esté dispuesto a inmolarse en una causa que, por estos días, parece perdida.
Parece increíble que una inversión de 1.600 millones de pesos y que prometía la creación de más de 300 empleos directos se encuentre en entredicho debido a más que dudosos argumentos ambientalistas. También mueve a preocupación que Monsanto no haya tenido mayores defensores dentro de la clase dirigente cordobesa. El hecho que el gobernador le haya soltado la mano es, apenas, un símbolo de la medianía conceptual con que se mueve la política en Córdoba, un sayo que le cabe tanto al oficialismo como a la oposición.
A mediados de 2012 nada parecía anticipar este escenario. Un exultante De la Sota anunciaba en el Centro Cívico esta importante radicación. La propia presidente de la Nación, enemiga declarada del gobernador de Córdoba, también había recibido de buen grado la noticia a manos de los propios ejecutivos de la multinacional. Si, pese al abismo que los separaba, la Casa Rosada y el gobierno provincial habían coincidido en las bondades del proyecto era porque -se suponía- el fomento del complejo agroindustrial era una política de Estado, de las pocas que podía exhibir la Argentina.
Pero todos se equivocaron. A pesar que, en a lo largo y ancho de la pampa húmeda, existen numerosas plantas con un proceso de producción de semillas similar al que tenía pensado establecer Monsanto en Malvinas Argentinas, bastó la evocación del nombre de la multinacional para que el tradicional obscurantismo de algunos movimientos ambientalistas pusiera en marcha su arsenal de visiones apocalípticas. Minúsculos grupos de agitadores bloquearon durante meses la obra civil de la empresa (pese a que contaba con las correspondientes autorizaciones para comenzar su construcción) sin que ningún fiscal se atreviera a terminar con la ilegalidad de este accionar. Los infaltables partidos de izquierda se plegaron rápidamente a este embate con sus marchas y protestas, demostrando un carácter anti proletario que habría hecho avergonzar a Karl Marx; sólo la izquierda argentina se opone a que existan más obreros.
Buena parte de la prensa local jugó un papel importante en todo este equívoco. Lejos de informar con la verdad, lo hizo con la mentira o, al menos, desde el sesgo ideológico. No hay que ser un experto en el análisis de medios de comunicación para darse cuenta de parte de quién estuvo un sector importante del periodismo en todo este asunto. Nótese la diferencia en el uso de las palabras: los escasos militantes que bloquearon la construcción de la planta durante meses fueron denominados “activistas”, mientras que los obreros que intentaban, de vez en cuando, ingresar al predio para trabajar fueron denostados como “patotas”. Cualquiera que, desprevenidamente, hubiera escuchado o leído las noticas en torno al conflicto podría haber deducido que se trataba de un conflicto entre “idealistas” y “burócratas sindicales”, convenientemente cooptados por “el capital trasnacional”, una polarización absolutamente divorciada con la realidad.
Podría suponerse que ambientalistas, partidos de izquierdas y cierta clase de periodistas se encuentran configurados por la misma matriz ideológica, del tipo que tradicionalmente desconfía del capital extranjero y que eleva al medio ambiente a una categoría de sacralidad sobre la que nada puede decirse, ni observarse, ni disentir. Es lamentable que así sea pero, en definitiva, es una opción tan válida como la opuesta. Sin embargo, este talante no debería ser trasladado linealmente al resto de la sociedad, especialmente cuando se trata de un asunto en el que la provincia tiene mucho que perder.
Córdoba tiene un destino agroindustrial manifiesto. Esto se encuentra fuera de discusión. Sus productos agrícolas llegan a todas partes del mundo y contribuyen a la alimentación de millones de seres humanos. No parece que existan actividades más nobles que esta. Dado que la producción de alimentos necesita, como es fácil advertir, de la existencia de semillas de calidad, firmas como Monsanto son claves para garantizar que la cadena de valor del sector agropecuario. Favorecer la inversión en este rubro significa, por lo tanto, asegurar el futuro de la economía provincial, la innovación tecnológica y la creación de puestos de trabajo viables y calificados.
No obstante esta certeza, la dirigencia política se abstuvo de apoyar esta radicación, como también callaron empresarios y sindicalistas. Con frases políticamente correctas respecto a la “necesidad de esperar el estudio de impacto ambiental” y otras naderías, su silencio fue reemplazado por el griterío sin sentido de un ecologismo acrítico, tan en boga por estos tiempos. Ni siquiera la Unión Cívica Radical (partido al que pertenece Arzani) dijo gran cosa, como tampoco lo hizo el peronismo, responsable de los destinos de la provincia hasta el 2015. Hasta el intendente de Río Cuarto, el también radical Juan Jure, firmó un decreto demagógico denegando una autorización que nadie le había pedido. Simbólicamente, fue Monsanto contra el mundo. Y no porque existiese, a priori, un consenso monolítico sobre que esta empresa fuera la encarnación del demonio, sino porque quienes tienen la responsabilidad institucional de hablar, esclarecer y liderar, simplemente optaron por callar, temerosos de aparecer como defensores de causas contaminantes pese a enormes pruebas en contrario.
En Rojas, provincia de Buenos Aires, existe una planta gemela a la que Monsanto pretende instalar en Malvinas. No parece que, por esta causa, aquella ciudad haya sufrido ninguna catástrofe. Hay decenas de plantas similares en todo el país trabajando pacíficamente junto a sus comunidades sin que haya protestas, bloqueos o denuncias. El famoso estudio de impacto ambiental de Córdoba tampoco es tan malo: aduce problemas de tránsito y requiere mayor información sobre el destino de algunos residuos; poca cosa para tirar por la borda una inversión tan estratégica. El problema no es, por consiguiente, la amenaza ambiental; es el nombre de la empresa y de lo que este evoca en un país tan obscenamente distanciado de la racionalidad.
En el fondo subyace la pregunta del comienzo: ¿porqué Monsanto tuvo tan pocos defensores? La respuesta es triste, pero indudable: por cobardía. Por estas horas es posible asistir a un espectáculo lamentable, en el cual la dirigencia provincial abdica públicamente de su deber de hacer lo correcto por temor a quedar pegada a una causa que, gracias a extravagantes preconceptos, parece impopular. Es mucho menos riesgoso nombrar más empleados públicos que defender la radicación de una empresa directamente vinculada al perfil productivo de Córdoba. Esto es lo que sucede cuando los dirigentes terminan siendo dirigidos por el humor social, una inversión de roles que sólo puede augurar sociedades crecientemente reaccionarias y alejadas del progreso.
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El Puntal de Río Cuarto (10/03/2014)
Jure ratificará por decreto el no a la instalación de Monsanto
Está listo el dictamen del fiscal municipal, y resta la firma del mandatario, que había calificado su decisión como “inapelable”. Así, se acabaría la vía administrativa, pero a la firma le queda todavía el camino judicial
El intendente Jure ratificará por decreto el rechazo a la instalación de Monsanto en la ciudad. Eso podría suceder entre esta semana y la que viene, según informaron fuentes cercanas al mandatario. El propio Jure había advertido, cuando comunicó que denegaba el permiso a la multinacional, allá por noviembre del año pasado, que su decisión era “inapelable”. Ayer, la empresa aseguró en este diario que insistirá hasta las últimas consecuencias para radicarse en Río Cuarto, dado que la ciudad tiene para ellos un alto valor simbólico. Con la respuesta del Municipio, se agotará la instancia administrativa, y la firma podría acudir entonces a la Justicia.
El Municipio ratificará la negativa a otorgarle la habilitación a Monsanto que la multinacional necesita para poder radicarse en la ciudad. La decisión sería refrendada por el intendente Jure, a través de un decreto, en el corto plazo.
El propio Jure le había denegado la habilitación a Monsanto por esa misma vía, el 27 de noviembre del año pasado, en el marco de una fuerte decisión política, que generó incluso repercusiones a nivel nacional.
En aquel expediente, el intendente se amparaba en sus poderes discrecionales y en que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa presentaba gruesas falencias.
Ahora, luego de que la multinacional presentó un recurso administrativo en el que contestaba cada uno de los puntos que se le reprochaban en materia ambiental, la decisión está en manos del Municipio.
Según pudo conocer este diario, está listo el dictamen técnico del fiscal municipal, Hernán Di Santo, y fue enviado a la Subsecretaría Legal y Técnica la semana pasada.
“El decreto está a punto de salir”, indicó el subecretario de Legal y Técnica, Ignacio Fernández Sardina. Además, el funcionario destacó que “es un tema de agenda para esta semana”.
Fernández Sardina explicó de todos modos que todavía no venció el plazo legal para que el intendente se pronuncie respecto del tema.
“El dictamen del fiscal llegó la semana pasada a la subsecretaría de Legal y Técnica. Ahora, debemos redactar un proyecto del decreto, y el intendente Jure podría estar firmándolo en el transcurso de esta semana o la que viene”, señaló el funcionario municipal.
Además, Fernández Sardina explicó que, una vez que se publique el decreto del intendente, quedará agotada la instancia administrativa para la resolución del conflicto enttre las partes. Eso significa que, si Monsanto pretende insistir contra la decisión del Municipio, deberá hacerlo en la Justicia.
“Después de ser notificada, Monsanto tendrá un plazo de 30 días hábiles interponer una demanda judicial ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial”, dijo el subsecretario Legal y Técnico del Municipio, en diálogo con este diario.
Malvinas: De la Sota delegó la decisión final al intendente
El gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota sostuvo que Monsanto se tiene que retirar de Malvinas Argentinas "salvo que presente otro estudio de impacto ambiental".
Consultado por la suerte de la multinacional, en diálogo con Cadena 3 dijo: "Lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Le rechazó el estudio de impacto".
"Ahora, si Malvinas Argentinas va a revocar la ordenanza de autorización es un tema municipal donde no debo intervenir. Está en manos de la Municipalidad", consideró el mandatario provincial.
Con relación a si quien tiene ahora la decisión final es el intendente Daniel Arzani, respondió: "Exactamente".
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Hoy Día (10/03/2014)
El Gobernador reiteró el rechazo a Monsanto
El gobernador José Manuel de la Sota ratificó el fin de semana pasado que la Provincia “rechazó el estudio de impacto ambiental” que presentó la empresa Monsanto para su instalación en la localidad de Malvinas Argentinas, por lo que la continuidad o no del proyecto de la multinacional dependerá de ese municipio.
En declaraciones radiales desde Mendoza, donde asistió a la Fiesta de la Vendimia, el Gobernador fue consultado sobre la decisión que va a tomar la Provincia ante la fuerte resistencia de pobladores y organizaciones ambientales a la radicación de la planta industrial en Malvinas Argentinas. “Lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental”, señaló. De la Sota añadió que ahora resta saber si el municipio de Malvinas Argentinas, que administra el intendente radical, Daniel Arzani, va a revocar la ordenanza que autoriza su radicación, y que ese es un tema que “no le compete a la Provincia”. En ese sentido, el mandatario cordobés sostuvo que Monsanto “no ha cumplido” con los requisitos ambientales exigidos para su radicación, razón por la cual ese estudio es rechazado, aunque dejo entrever que eso podría cambiar si la compañía presenta otro estudio que se ajuste a lo que exige la Provincia.
Mientras tanto, Monsanto ratificó el viernes último su decisión de continuar con la inversión para levantar una planta de embolsado de semillas de maíz en Malvinas Argentinas e insistió en que trabaja en la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental que le permita cumplir con las exigencias planteadas por las distintas jurisdicciones del Estado. “Ratificamos una vez más nuestra predisposición al diálogo para superar la violencia y lograr reunir, sin necesidad de marchas ni riesgos para las personas, a los vecinos, activistas e instituciones que han expresado su preocupación para definir las garantías que debe dar el proyecto y la empresa a fin de certificar que se cumplirán los requisitos de protección del ambiente”, indicó la firma a través de un comunicado.
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Podrían cancelar el permiso a Monsanto
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, analiza con abogados los alcances jurídicos de la ordenanza que otorgó el permiso de obra a la multinacional estadounidense. Un artículo de la normativa lo faculta a “caducar de pleno derecho” esa autorización.
Después de que Monsanto ratificó en las últimas horas su inversión en Córdoba, ateniéndose a las nuevas reglas oficiales, el municipio de Malvinas Argentinas estudia los pasos legales, incluso los que lo habilitarían a cancelar el permiso de construcción de la planta.
En el peor de los escenarios para la multinacional estadounidense, la Municipalidad de Malvinas Argentinas podría decidir remover el permiso para la instalación del semillero de maíz, que quedó en suspenso tras la no autorización provincial al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía.
El artículo 5 de la ordenanza 821 (aprobada el 10 de enero de 2013), es el instrumento legal que tiene a mano el municipio del Gran Córdoba para protegerse de una potencial demanda por parte de Monsanto y, por otra cuerda, dejar sin argumentos a los activistas que se oponen al proyecto y así garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
El intendente radical Daniel Arzani reconoció ayer a La Voz del Interior que en esa línea el municipio “está trabajando” junto con abogados, especialistas en derecho administrativo, e incluso admitió que, llegado el caso, su administración podría resolver “caducar el permiso” de la radicación.
Qué dice la ordenanza
Según el artículo 5 de la ordenanza 821, aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto Argentina de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Los abogados del municipio estudian cómo afecta a la administración local la resolución de Ambiente de la Provincia que no aceptó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto y que frenó el emprendimiento agroindustrial.
Según se interpreta, por la ordenanza 821 se caería la autorización por el no cumplimiento y Monsanto debería iniciar todos los trámites de nuevo, desde cero. Pero, en la aplicación más drástica del artículo 5, Malvinas Argentinas “puede aprobar o desaprobar” la radicación.
Sobre este punto y ante la consulta específica de este diario, Arzani se mostró cauto y afirmó: “El alcance respecto de si se aprobará o no la inversión, no lo puedo adelantar. Es lo que estamos evaluando, punto por punto. Tomaremos el tiempo que haga falta; debemos ser prolijos también en la información que damos a la sociedad”.
No obstante, el intendente observó que la resolución de Ambiente sobre el informe de impacto ambiental “en ningún lado dice que se rechaza; dice ‘no autoriza’, lo que la empresa puede presentar uno nuevo”, y de este modo, no puede darse por totalmente anulada la radicación.
En lo formal, ni la Provincia ni el municipio le cerraron totalmente las puertas a la inversión.
¿La última palabra?
En sus últimas declaraciones sobre el caso, el gobernador José Manuel de la Sota sostuvo que “lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental. Ahora, si la Municipalidad va a revocar la autorización, eso no le compete a la Provincia”, en lo que se entendió como un intento por dejar la última palabra al intendente Arzani.
La ordenanza en cuestión, que fue la que otorgó el permiso de obra a Monsanto, enfrenta nuevos condimentos, como la no autorización del estudio de impacto ambiental, el avenimiento de la empresa de recomenzar ese punto evaluatorio y el nuevo marco legal que anunció como proyecto el gobernador. De manera que el municipio también deberá contemplar estos aspectos.
Según Arzani, la nueva ley ambiental “dará posibilidades de expresarse a la sociedad”, a través de los mecanismos de consulta que se fijen en la norma. “Me imagino que después de semejante exposición pública (del caso Monsanto), los legisladores evaluarán debidamente este aspecto”.
“Estuve personalmente con el gobernador y me parece que la prioridad número uno es la paz social; es un tema que se tiene que resolver, no se puede dejar pendiente todo el tiempo. La empresa se dio el lujo de presentar un estudio incompleto; todos corremos riesgos y enfrentamos responsabilidades. Ellos (por Monsanto) se tienen que preocupar por la inversión; quien debería hacer las cosas correctamente es la empresa”, insistió el intendente.
Arzani se mostró preocupado por resguardar al municipio de eventuales demandas económicas: “Tenemos que usar un criterio para que el día de mañana no tengamos un juicio”, reconoció.
Clave legal
Ordenanza 821. Fue aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en enero de 2013, otorgándole a Monsanto Argentina el permiso de obra correspondiente a la primera etapa de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz en esta localidad del Gran Córdoba.
Qué dice el artículo 5º. Consigna que “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Interpretación. Los abogados del municipio analizan si la no aprobación del informe de impacto ambiental por parte de la Provincia habilita a Malvinas Argentinas a desaprobar la inversión.
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Diario El Alfil (10/03/2014)
El caso Monsanto, un ejemplo de cobardía política
¿Porqué Monsanto tuvo tan pocos defensores? La respuesta es triste, pero indudable: por cobardía. Por estas horas es posible asistir a un espectáculo lamentable, en el cual la dirigencia provincial abdica públicamente de su deber de hacer lo correcto por temor a quedar pegada a una causa que, gracias a extravagantes preconceptos, parece impopular. Es mucho menos riesgoso nombrar más empleados públicos que defender la radicación de una empresa directamente vinculada al perfil productivo de Córdoba. Esto es lo que sucede cuando los dirigentes terminan siendo dirigidos por el humor social, una inversión de roles que sólo puede augurar sociedades crecientemente reaccionarias y alejadas del progreso.
a pasó. Lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Le rechazó el estudio de impacto”. Así respondió el gobernador José Manuel de la Sota a una pregunta de Cadena 3 sobre la radicación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. La pelota quedó ahora exclusivamente en la cancha del intendente de aquella ciudad del gran Córdoba. Por trascendidos, no parece que Daniel Arzani esté dispuesto a inmolarse en una causa que, por estos días, parece perdida.
Parece increíble que una inversión de 1.600 millones de pesos y que prometía la creación de más de 300 empleos directos se encuentre en entredicho debido a más que dudosos argumentos ambientalistas. También mueve a preocupación que Monsanto no haya tenido mayores defensores dentro de la clase dirigente cordobesa. El hecho que el gobernador le haya soltado la mano es, apenas, un símbolo de la medianía conceptual con que se mueve la política en Córdoba, un sayo que le cabe tanto al oficialismo como a la oposición.
A mediados de 2012 nada parecía anticipar este escenario. Un exultante De la Sota anunciaba en el Centro Cívico esta importante radicación. La propia presidente de la Nación, enemiga declarada del gobernador de Córdoba, también había recibido de buen grado la noticia a manos de los propios ejecutivos de la multinacional. Si, pese al abismo que los separaba, la Casa Rosada y el gobierno provincial habían coincidido en las bondades del proyecto era porque -se suponía- el fomento del complejo agroindustrial era una política de Estado, de las pocas que podía exhibir la Argentina.
Pero todos se equivocaron. A pesar que, en a lo largo y ancho de la pampa húmeda, existen numerosas plantas con un proceso de producción de semillas similar al que tenía pensado establecer Monsanto en Malvinas Argentinas, bastó la evocación del nombre de la multinacional para que el tradicional obscurantismo de algunos movimientos ambientalistas pusiera en marcha su arsenal de visiones apocalípticas. Minúsculos grupos de agitadores bloquearon durante meses la obra civil de la empresa (pese a que contaba con las correspondientes autorizaciones para comenzar su construcción) sin que ningún fiscal se atreviera a terminar con la ilegalidad de este accionar. Los infaltables partidos de izquierda se plegaron rápidamente a este embate con sus marchas y protestas, demostrando un carácter anti proletario que habría hecho avergonzar a Karl Marx; sólo la izquierda argentina se opone a que existan más obreros.
Buena parte de la prensa local jugó un papel importante en todo este equívoco. Lejos de informar con la verdad, lo hizo con la mentira o, al menos, desde el sesgo ideológico. No hay que ser un experto en el análisis de medios de comunicación para darse cuenta de parte de quién estuvo un sector importante del periodismo en todo este asunto. Nótese la diferencia en el uso de las palabras: los escasos militantes que bloquearon la construcción de la planta durante meses fueron denominados “activistas”, mientras que los obreros que intentaban, de vez en cuando, ingresar al predio para trabajar fueron denostados como “patotas”. Cualquiera que, desprevenidamente, hubiera escuchado o leído las noticas en torno al conflicto podría haber deducido que se trataba de un conflicto entre “idealistas” y “burócratas sindicales”, convenientemente cooptados por “el capital trasnacional”, una polarización absolutamente divorciada con la realidad.
Podría suponerse que ambientalistas, partidos de izquierdas y cierta clase de periodistas se encuentran configurados por la misma matriz ideológica, del tipo que tradicionalmente desconfía del capital extranjero y que eleva al medio ambiente a una categoría de sacralidad sobre la que nada puede decirse, ni observarse, ni disentir. Es lamentable que así sea pero, en definitiva, es una opción tan válida como la opuesta. Sin embargo, este talante no debería ser trasladado linealmente al resto de la sociedad, especialmente cuando se trata de un asunto en el que la provincia tiene mucho que perder.
Córdoba tiene un destino agroindustrial manifiesto. Esto se encuentra fuera de discusión. Sus productos agrícolas llegan a todas partes del mundo y contribuyen a la alimentación de millones de seres humanos. No parece que existan actividades más nobles que esta. Dado que la producción de alimentos necesita, como es fácil advertir, de la existencia de semillas de calidad, firmas como Monsanto son claves para garantizar que la cadena de valor del sector agropecuario. Favorecer la inversión en este rubro significa, por lo tanto, asegurar el futuro de la economía provincial, la innovación tecnológica y la creación de puestos de trabajo viables y calificados.
No obstante esta certeza, la dirigencia política se abstuvo de apoyar esta radicación, como también callaron empresarios y sindicalistas. Con frases políticamente correctas respecto a la “necesidad de esperar el estudio de impacto ambiental” y otras naderías, su silencio fue reemplazado por el griterío sin sentido de un ecologismo acrítico, tan en boga por estos tiempos. Ni siquiera la Unión Cívica Radical (partido al que pertenece Arzani) dijo gran cosa, como tampoco lo hizo el peronismo, responsable de los destinos de la provincia hasta el 2015. Hasta el intendente de Río Cuarto, el también radical Juan Jure, firmó un decreto demagógico denegando una autorización que nadie le había pedido. Simbólicamente, fue Monsanto contra el mundo. Y no porque existiese, a priori, un consenso monolítico sobre que esta empresa fuera la encarnación del demonio, sino porque quienes tienen la responsabilidad institucional de hablar, esclarecer y liderar, simplemente optaron por callar, temerosos de aparecer como defensores de causas contaminantes pese a enormes pruebas en contrario.
En Rojas, provincia de Buenos Aires, existe una planta gemela a la que Monsanto pretende instalar en Malvinas. No parece que, por esta causa, aquella ciudad haya sufrido ninguna catástrofe. Hay decenas de plantas similares en todo el país trabajando pacíficamente junto a sus comunidades sin que haya protestas, bloqueos o denuncias. El famoso estudio de impacto ambiental de Córdoba tampoco es tan malo: aduce problemas de tránsito y requiere mayor información sobre el destino de algunos residuos; poca cosa para tirar por la borda una inversión tan estratégica. El problema no es, por consiguiente, la amenaza ambiental; es el nombre de la empresa y de lo que este evoca en un país tan obscenamente distanciado de la racionalidad.
En el fondo subyace la pregunta del comienzo: ¿porqué Monsanto tuvo tan pocos defensores? La respuesta es triste, pero indudable: por cobardía. Por estas horas es posible asistir a un espectáculo lamentable, en el cual la dirigencia provincial abdica públicamente de su deber de hacer lo correcto por temor a quedar pegada a una causa que, gracias a extravagantes preconceptos, parece impopular. Es mucho menos riesgoso nombrar más empleados públicos que defender la radicación de una empresa directamente vinculada al perfil productivo de Córdoba. Esto es lo que sucede cuando los dirigentes terminan siendo dirigidos por el humor social, una inversión de roles que sólo puede augurar sociedades crecientemente reaccionarias y alejadas del progreso.
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El Puntal de Río Cuarto (10/03/2014)
Jure ratificará por decreto el no a la instalación de Monsanto
Está listo el dictamen del fiscal municipal, y resta la firma del mandatario, que había calificado su decisión como “inapelable”. Así, se acabaría la vía administrativa, pero a la firma le queda todavía el camino judicial
El intendente Jure ratificará por decreto el rechazo a la instalación de Monsanto en la ciudad. Eso podría suceder entre esta semana y la que viene, según informaron fuentes cercanas al mandatario. El propio Jure había advertido, cuando comunicó que denegaba el permiso a la multinacional, allá por noviembre del año pasado, que su decisión era “inapelable”. Ayer, la empresa aseguró en este diario que insistirá hasta las últimas consecuencias para radicarse en Río Cuarto, dado que la ciudad tiene para ellos un alto valor simbólico. Con la respuesta del Municipio, se agotará la instancia administrativa, y la firma podría acudir entonces a la Justicia.
El Municipio ratificará la negativa a otorgarle la habilitación a Monsanto que la multinacional necesita para poder radicarse en la ciudad. La decisión sería refrendada por el intendente Jure, a través de un decreto, en el corto plazo.
El propio Jure le había denegado la habilitación a Monsanto por esa misma vía, el 27 de noviembre del año pasado, en el marco de una fuerte decisión política, que generó incluso repercusiones a nivel nacional.
En aquel expediente, el intendente se amparaba en sus poderes discrecionales y en que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa presentaba gruesas falencias.
Ahora, luego de que la multinacional presentó un recurso administrativo en el que contestaba cada uno de los puntos que se le reprochaban en materia ambiental, la decisión está en manos del Municipio.
Según pudo conocer este diario, está listo el dictamen técnico del fiscal municipal, Hernán Di Santo, y fue enviado a la Subsecretaría Legal y Técnica la semana pasada.
“El decreto está a punto de salir”, indicó el subecretario de Legal y Técnica, Ignacio Fernández Sardina. Además, el funcionario destacó que “es un tema de agenda para esta semana”.
Fernández Sardina explicó de todos modos que todavía no venció el plazo legal para que el intendente se pronuncie respecto del tema.
“El dictamen del fiscal llegó la semana pasada a la subsecretaría de Legal y Técnica. Ahora, debemos redactar un proyecto del decreto, y el intendente Jure podría estar firmándolo en el transcurso de esta semana o la que viene”, señaló el funcionario municipal.
Además, Fernández Sardina explicó que, una vez que se publique el decreto del intendente, quedará agotada la instancia administrativa para la resolución del conflicto enttre las partes. Eso significa que, si Monsanto pretende insistir contra la decisión del Municipio, deberá hacerlo en la Justicia.
“Después de ser notificada, Monsanto tendrá un plazo de 30 días hábiles interponer una demanda judicial ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial”, dijo el subsecretario Legal y Técnico del Municipio, en diálogo con este diario.
Malvinas: De la Sota delegó la decisión final al intendente
El gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota sostuvo que Monsanto se tiene que retirar de Malvinas Argentinas "salvo que presente otro estudio de impacto ambiental".
Consultado por la suerte de la multinacional, en diálogo con Cadena 3 dijo: "Lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Le rechazó el estudio de impacto".
"Ahora, si Malvinas Argentinas va a revocar la ordenanza de autorización es un tema municipal donde no debo intervenir. Está en manos de la Municipalidad", consideró el mandatario provincial.
Con relación a si quien tiene ahora la decisión final es el intendente Daniel Arzani, respondió: "Exactamente".
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Hoy Día (10/03/2014)
El Gobernador reiteró el rechazo a Monsanto
El gobernador José Manuel de la Sota ratificó el fin de semana pasado que la Provincia “rechazó el estudio de impacto ambiental” que presentó la empresa Monsanto para su instalación en la localidad de Malvinas Argentinas, por lo que la continuidad o no del proyecto de la multinacional dependerá de ese municipio.
En declaraciones radiales desde Mendoza, donde asistió a la Fiesta de la Vendimia, el Gobernador fue consultado sobre la decisión que va a tomar la Provincia ante la fuerte resistencia de pobladores y organizaciones ambientales a la radicación de la planta industrial en Malvinas Argentinas. “Lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental”, señaló. De la Sota añadió que ahora resta saber si el municipio de Malvinas Argentinas, que administra el intendente radical, Daniel Arzani, va a revocar la ordenanza que autoriza su radicación, y que ese es un tema que “no le compete a la Provincia”. En ese sentido, el mandatario cordobés sostuvo que Monsanto “no ha cumplido” con los requisitos ambientales exigidos para su radicación, razón por la cual ese estudio es rechazado, aunque dejo entrever que eso podría cambiar si la compañía presenta otro estudio que se ajuste a lo que exige la Provincia.
Mientras tanto, Monsanto ratificó el viernes último su decisión de continuar con la inversión para levantar una planta de embolsado de semillas de maíz en Malvinas Argentinas e insistió en que trabaja en la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental que le permita cumplir con las exigencias planteadas por las distintas jurisdicciones del Estado. “Ratificamos una vez más nuestra predisposición al diálogo para superar la violencia y lograr reunir, sin necesidad de marchas ni riesgos para las personas, a los vecinos, activistas e instituciones que han expresado su preocupación para definir las garantías que debe dar el proyecto y la empresa a fin de certificar que se cumplirán los requisitos de protección del ambiente”, indicó la firma a través de un comunicado.
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