26 abr 2009
Río IV: erradicar las viviendas de la costa del río
9:47 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (26/04/2009)
Van a la Justicia para erradicar las viviendas de la costa del río
El fiscal municipal, Hernán Di Santo, dijo que ya realizó denuncias penales y pidió la intervención de la Provincia para avanzar también con demandas civiles. Apuntan a quienes se niegan a ser relocalizados e impiden las obras de parquizado y el camino de la costa. Ahora, hay nuevos asentamientos.
La Municipalidad impulsa una avanzada judicial para desalojar y trasladar a las familias que residen en viviendas construidas sobre terrenos fiscales de la ribera del río Cuarto y que impiden la realización de obras y la utilización social del espacio.
La primera instancia de las denuncias que realizó la fiscalía municipal incluye a la decena de casas ubicadas sobre la costa sur, entre los puentes carretero y Juan Filloy.
El sector fue relocalizado al barrio Ciudad Nueva, en el que se construyeron 400 unidades habitacionales, pero algunas familias se negaron a ser erradicadas o regresaron pocos meses después por disconformidad con los traslados.
La negativa a abandonar las casas que actualmente ocupan impidió la continuidad del plan de parquización y aprovechamiento de los espacios verdes, además de condicionar la continuidad en los trabajos del camino de la costa.
El fiscal Hernán Di Santo destacó en diálogo con PUNTAL que “se hicieron todos los pasos judiciales en los que puede intervenir el municipio”, pero aclaró que es necesaria una participación del Gobierno de Córdoba en los planteos porque los terrenos pertenecen a la provincia.
“Hicimos cada una de las denuncias por usurpación con el aporte de datos precisos sobre lo que ocurría, aunque esto resulta insuficiente. No será la Justicia penal la que erradique a estas familias sino que se requiere de demandas civiles”, indicó.
Di Santo añadió que se reunieron con integrantes de la Procuraduría provincial para informales de la situación y comunicarles la importancia de desarrollar demandas por despojos.
“Colaboramos en concluir los trámites para solicitar los desalojos pero falta la presentación oficial, una decisión que necesariamente debe tomar la Provincia. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y acompañar, pero no podemos impulsar una acción civil debido a que los terrenos son provinciales. Hemos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance”, indicó.
El funcionario admitió que la resolución de las demandas civiles podría demorar mucho tiempo pero consideró que “es el mejor instrumento para intervenir en estos casos”.
Sin acuerdo
Desde Promoción Social y otras áreas del municipio intentaron obtener un acuerdo con las familias afectadas pero las negociaciones no tuvieron los resultados esperados.
El Ejecutivo ofreció un resarcimiento por las mejoras y ampliaciones en las viviendas edificadas en el sector que fue rechazado por sus moradores, quienes pidieron montos sustancialmente superiores para aceptar una relocalización.
“Las familias que ocupan estas tierras creen haber adquirido derechos con el tiempo y exigen un dinero que está muy por encima de lo que estimamos desde el municipio. Lo real es que la ocupación irregular de tierras no otorga beneficios con el tiempo y afecta el interés colectivo de todos los riocuartenses que quieren aprovechar el espacio verde y el río”, evaluó Di Santo.
En el gobierno municipal temen que la falta de controles para impedir nuevos asentamientos y la permanencia de casas sobre los terrenos fiscales impulse la decisión de otras personas de radicarse en el lugar.
“Aquí no hay ninguna zona gris en cuestiones normativas. Este espacio pertenece a la jurisdicción provincial y los controles los debe realizar la Provincia. De todos modos, no se descarta un convenio con el municipio para integrar las áreas de inspección y actuar en forma conjunta ante casos de usurpación”, indicó el fiscal.
En las villas Cola de Pato, Oncativo y sobre calle Quena –entre el barrio Las Delicias y la costa sur del río Cuarto – son numerosas las casas precarias que fueron construyéndose desde el inicio del plan de relocalización. Algunos moradores llegaron con el objetivo de ser incorporados en algún programa habitacional y esperan pacientes por un nuevo censo que los incluya en futuros emprendimientos sociales.
Di Santo no descartó que la fiscalía pudiera avanzar en otras denuncias por usurpación de tierras fiscales, aunque aclaró que inicialmente sólo se actuó en el sector donde estaban ubicadas las villas Santa Rosa y Santa Teodora.
Las 12 familias que residen en el sector del conflicto aseguran tener derechos adquiridos por vivir en el lugar desde hace décadas.
En numerosas protestas ante funcionarios municipales y en el sector donde están radicados ratificaron que sus viviendas “son más amplias y confortables” que las prometidas por el Estado y rechazan una erradicación.
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Van a la Justicia para erradicar las viviendas de la costa del río
El fiscal municipal, Hernán Di Santo, dijo que ya realizó denuncias penales y pidió la intervención de la Provincia para avanzar también con demandas civiles. Apuntan a quienes se niegan a ser relocalizados e impiden las obras de parquizado y el camino de la costa. Ahora, hay nuevos asentamientos.
La Municipalidad impulsa una avanzada judicial para desalojar y trasladar a las familias que residen en viviendas construidas sobre terrenos fiscales de la ribera del río Cuarto y que impiden la realización de obras y la utilización social del espacio.
La primera instancia de las denuncias que realizó la fiscalía municipal incluye a la decena de casas ubicadas sobre la costa sur, entre los puentes carretero y Juan Filloy.
El sector fue relocalizado al barrio Ciudad Nueva, en el que se construyeron 400 unidades habitacionales, pero algunas familias se negaron a ser erradicadas o regresaron pocos meses después por disconformidad con los traslados.
La negativa a abandonar las casas que actualmente ocupan impidió la continuidad del plan de parquización y aprovechamiento de los espacios verdes, además de condicionar la continuidad en los trabajos del camino de la costa.
El fiscal Hernán Di Santo destacó en diálogo con PUNTAL que “se hicieron todos los pasos judiciales en los que puede intervenir el municipio”, pero aclaró que es necesaria una participación del Gobierno de Córdoba en los planteos porque los terrenos pertenecen a la provincia.
“Hicimos cada una de las denuncias por usurpación con el aporte de datos precisos sobre lo que ocurría, aunque esto resulta insuficiente. No será la Justicia penal la que erradique a estas familias sino que se requiere de demandas civiles”, indicó.
Di Santo añadió que se reunieron con integrantes de la Procuraduría provincial para informales de la situación y comunicarles la importancia de desarrollar demandas por despojos.
“Colaboramos en concluir los trámites para solicitar los desalojos pero falta la presentación oficial, una decisión que necesariamente debe tomar la Provincia. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y acompañar, pero no podemos impulsar una acción civil debido a que los terrenos son provinciales. Hemos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance”, indicó.
El funcionario admitió que la resolución de las demandas civiles podría demorar mucho tiempo pero consideró que “es el mejor instrumento para intervenir en estos casos”.
Sin acuerdo
Desde Promoción Social y otras áreas del municipio intentaron obtener un acuerdo con las familias afectadas pero las negociaciones no tuvieron los resultados esperados.
El Ejecutivo ofreció un resarcimiento por las mejoras y ampliaciones en las viviendas edificadas en el sector que fue rechazado por sus moradores, quienes pidieron montos sustancialmente superiores para aceptar una relocalización.
“Las familias que ocupan estas tierras creen haber adquirido derechos con el tiempo y exigen un dinero que está muy por encima de lo que estimamos desde el municipio. Lo real es que la ocupación irregular de tierras no otorga beneficios con el tiempo y afecta el interés colectivo de todos los riocuartenses que quieren aprovechar el espacio verde y el río”, evaluó Di Santo.
En el gobierno municipal temen que la falta de controles para impedir nuevos asentamientos y la permanencia de casas sobre los terrenos fiscales impulse la decisión de otras personas de radicarse en el lugar.
“Aquí no hay ninguna zona gris en cuestiones normativas. Este espacio pertenece a la jurisdicción provincial y los controles los debe realizar la Provincia. De todos modos, no se descarta un convenio con el municipio para integrar las áreas de inspección y actuar en forma conjunta ante casos de usurpación”, indicó el fiscal.
En las villas Cola de Pato, Oncativo y sobre calle Quena –entre el barrio Las Delicias y la costa sur del río Cuarto – son numerosas las casas precarias que fueron construyéndose desde el inicio del plan de relocalización. Algunos moradores llegaron con el objetivo de ser incorporados en algún programa habitacional y esperan pacientes por un nuevo censo que los incluya en futuros emprendimientos sociales.
Di Santo no descartó que la fiscalía pudiera avanzar en otras denuncias por usurpación de tierras fiscales, aunque aclaró que inicialmente sólo se actuó en el sector donde estaban ubicadas las villas Santa Rosa y Santa Teodora.
Las 12 familias que residen en el sector del conflicto aseguran tener derechos adquiridos por vivir en el lugar desde hace décadas.
En numerosas protestas ante funcionarios municipales y en el sector donde están radicados ratificaron que sus viviendas “son más amplias y confortables” que las prometidas por el Estado y rechazan una erradicación.
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