25 abr 2009
Políticas ambientales y los bosques nativos
8:01 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (25/04/2009)
Políticas ambientales y nuevos consensos sobre los bosques nativos
Por Alicia H. Barchuk
Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Universidad Nacional de Córdoba
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de cultivos y desmontes.
Finalizando los talleres participativos de consulta de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos (ley 26.331) y de cara a la construcción de una síntesis de propuesta de zonificación de la ley, reflexionamos sobre el punto en el que estamos.
No hace falta ser científico social para discernir que el conflicto permanente en el ámbito rural hace que la temática de la conservación del bosque nativo –con su consiguiente control del avance de la frontera agropecuaria– reflote disputas de intereses. En este sentido, la situación ambiental deviene en permanentes crisis sociales y es tapa de diarios: recurrentes y preocupantes noticias como la sequía, la contaminación de ríos y lagos, los basurales, los agroquímicos, la minería, etcétera. Temáticas que abarcan mucho en la agenda social y no son consideradas debidamente en la agenda política.
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos –en su mayoría secundarios– corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de los cultivos y los desmontes. Argumentando ser los dueños de las tierras, las sociedades rurales (autoexcluidas sin aviso de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –COTBN– y de los talleres participativos locales) se han constituido como un ruidoso grupo de presión política a favor del desmonte en áreas áridas y semiáridas. Dicha presión proviene de la confianza que les otorgaría cierta ventaja política obtenida por los lock-outs y la gestión de una dirigencia política temerosa.
Éste es el marco en el que la COTBN ha estado trabajando, pese a las agresiones recibidas desde varios medios escritos, algunas más solapadas, otras más irreverentes.
Se realizaron siete talleres regionales participativos que incluyen las zonas Noreste, Noroeste, Oeste, Sierras, Centro y Sur provincial, convocando a alrededor de 150 personas por taller y representando a los más diversos sectores sociales.
El espacio brindado por los talleres logró reunir en ámbitos de consenso y debate a grupos con distintos intereses económicos: empresarios vinculados al turismo, productores ganaderos tradicionales, campesinos, acopiadores forestales y productores de carbón, apicultores, agricultores vinculados a la Federación Agraria Argentina, técnicos del Inta y del Programa Social Agropecuario y organizaciones locales vinculadas al Movimiento Campesino de Córdoba. Además, han sumado su participación grupos de jóvenes de escuelas públicas, ONG, profesores y maestros, referentes de municipios locales, representantes de legisladores y un largo etcétera que incluye una histórica alianza entre instituciones públicas a favor del ordenamiento de los bosques nativos.
Trabajo coordinado. Por otro lado, se logró la articulación entre equipos pertenecientes a Parques Nacionales, grupos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y del Inta, y técnicos de la Secretaría de Ambiente local, lo que implicó un plus de recursos técnicos. También ocurrió que las instituciones aportaran sus recursos para poder concretar operativamente la participación popular y la difusión. Así fue como la UNC, Parques Nacionales, el Inta, las municipalidades locales, el Programa Social Agropecuario, diversas ONG y las organizaciones de productores y campesinos pusieron sus recursos monetarios para solventar los gastos operativos del proceso. Cabe aclarar que la Secretaría de Ambiente, unidad de aplicación de la ley, también aportó al proceso, aunque a mitad de camino y no sin ciertas dificultades.
Más allá de nuestro entusiasmo, hay que pensar que el lugar en donde se define dicho proceso es la Legislatura. Allí, este carro en movimiento corre peligro de detenerse, pese a los titánicos esfuerzos por construir el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en forma participativa. Después de ensayar una audiencia de información en la misma Legislatura y luego de presentar informes escritos, se cuentan con una mano los legisladores que se interesan por el proceso de elaboración del proyecto de ordenamiento territorial. ¿Podrá haber una luz de esperanza en el tardío interés por las actividades de la COTBN por parte de la Comisión de Asuntos Ecológicos?
Mientras esperamos una respuesta afirmativa, sí consideramos positivo el crecimiento que hasta hoy ha tenido el proceso. Aunque hecho a pulmón e imperfecto, las decisiones fueron tomadas por consenso y las actividades garantizadas por equipos de trabajo ad hoc. Sin embargo, falta la participación de más personas y equipos. Pensamos que hay que trabajar en escalas de más detalle, en los manuales operativos, más allá de que la COTBN ha logrado reunir un equipo técnico de indudable valor para garantizar el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia.
No obstante, todavía nos acompaña la sensación de que los que timonean el Estado no se convencen de la obligación de sostener lo público más allá de las coyunturas electorales y de los cargos. De hecho, todavía les genera desconfianza el avance de la participación popular efectiva, y cuando hay bullicio en los pasillos de las oficinas o se produce la agitación desordenada y ruidosa de la gente que busca defender sus derechos, asoma el miedo. Creemos que la participación tiene que ser vinculante y por eso pensamos que la COTBN debe seguir funcionando, ampliarse y disponer de más y mejores recursos.
Lo que dicen las leyes. Muchas leyes nuevas sostienen a nivel de intención las premisas de participación de la población en ámbitos donde se definen políticas y en el control de la gestión de lo público, es decir, en prácticas democráticas concretas, más directas y cotidianas. A modo de ejemplo, si bien la ley Bonasso (ley 26.331) no aporta mucho en lo que respecta a la conservación y el manejo sostenible de los bosques, sí lo hace en relación a la planificación territorial soslayada en leyes anteriores y exige la participación en el artículo 6°. Asimismo, la ley 26.331 exige el cumplimiento estricto de los artículos 19°, 20° y 21° de la Ley General del Ambiente. Dichos artículos establecen la participación ciudadana. La gestión participativa de los recursos naturales –en este caso los bosques– es cosa pública, y esto se encuentra enmarcado en los artículos 41° y 74° de nuestra Constitución Nacional.
Estos fundamentos legales nos permiten democratizar las decisiones afianzando la participación de la gente en la gestión de lo público. Creemos que éste es un desafío vertebral para la conservación eficaz de los bosques nativos.
Hoy pensamos que puede haber un cambio dentro de este mar electoral agitado. La necesidad de renovarse puede resultar una oportunidad para que candidatos con voluntad de diferenciarse y aquellos que se anuncian a sí mismos como hacedores de una nueva política, empiecen a dar un poco de sí. A ellos les decimos: aquí camina esta propuesta y pronto la responsabilidad será de ustedes. Tiene el peso de haber sido construida a través de la movilización popular y las firmes intenciones de seguir avanzando.
Finalmente invitamos a la población y a los medios al protagonismo activo y crítico en el proceso. Es urgente sumarse y movilizarse. Los bosques son de la humanidad.
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Políticas ambientales y nuevos consensos sobre los bosques nativos
Por Alicia H. Barchuk
Presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Universidad Nacional de Córdoba
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de cultivos y desmontes.
Finalizando los talleres participativos de consulta de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos (ley 26.331) y de cara a la construcción de una síntesis de propuesta de zonificación de la ley, reflexionamos sobre el punto en el que estamos.
No hace falta ser científico social para discernir que el conflicto permanente en el ámbito rural hace que la temática de la conservación del bosque nativo –con su consiguiente control del avance de la frontera agropecuaria– reflote disputas de intereses. En este sentido, la situación ambiental deviene en permanentes crisis sociales y es tapa de diarios: recurrentes y preocupantes noticias como la sequía, la contaminación de ríos y lagos, los basurales, los agroquímicos, la minería, etcétera. Temáticas que abarcan mucho en la agenda social y no son consideradas debidamente en la agenda política.
Al amparo del avance de la frontera agrícola, un sector de por lo menos 700 mil hectáreas de bosques nativos –en su mayoría secundarios– corre peligro de desertificación si se decide incorporarlo a las áreas de los cultivos y los desmontes. Argumentando ser los dueños de las tierras, las sociedades rurales (autoexcluidas sin aviso de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –COTBN– y de los talleres participativos locales) se han constituido como un ruidoso grupo de presión política a favor del desmonte en áreas áridas y semiáridas. Dicha presión proviene de la confianza que les otorgaría cierta ventaja política obtenida por los lock-outs y la gestión de una dirigencia política temerosa.
Éste es el marco en el que la COTBN ha estado trabajando, pese a las agresiones recibidas desde varios medios escritos, algunas más solapadas, otras más irreverentes.
Se realizaron siete talleres regionales participativos que incluyen las zonas Noreste, Noroeste, Oeste, Sierras, Centro y Sur provincial, convocando a alrededor de 150 personas por taller y representando a los más diversos sectores sociales.
El espacio brindado por los talleres logró reunir en ámbitos de consenso y debate a grupos con distintos intereses económicos: empresarios vinculados al turismo, productores ganaderos tradicionales, campesinos, acopiadores forestales y productores de carbón, apicultores, agricultores vinculados a la Federación Agraria Argentina, técnicos del Inta y del Programa Social Agropecuario y organizaciones locales vinculadas al Movimiento Campesino de Córdoba. Además, han sumado su participación grupos de jóvenes de escuelas públicas, ONG, profesores y maestros, referentes de municipios locales, representantes de legisladores y un largo etcétera que incluye una histórica alianza entre instituciones públicas a favor del ordenamiento de los bosques nativos.
Trabajo coordinado. Por otro lado, se logró la articulación entre equipos pertenecientes a Parques Nacionales, grupos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y del Inta, y técnicos de la Secretaría de Ambiente local, lo que implicó un plus de recursos técnicos. También ocurrió que las instituciones aportaran sus recursos para poder concretar operativamente la participación popular y la difusión. Así fue como la UNC, Parques Nacionales, el Inta, las municipalidades locales, el Programa Social Agropecuario, diversas ONG y las organizaciones de productores y campesinos pusieron sus recursos monetarios para solventar los gastos operativos del proceso. Cabe aclarar que la Secretaría de Ambiente, unidad de aplicación de la ley, también aportó al proceso, aunque a mitad de camino y no sin ciertas dificultades.
Más allá de nuestro entusiasmo, hay que pensar que el lugar en donde se define dicho proceso es la Legislatura. Allí, este carro en movimiento corre peligro de detenerse, pese a los titánicos esfuerzos por construir el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en forma participativa. Después de ensayar una audiencia de información en la misma Legislatura y luego de presentar informes escritos, se cuentan con una mano los legisladores que se interesan por el proceso de elaboración del proyecto de ordenamiento territorial. ¿Podrá haber una luz de esperanza en el tardío interés por las actividades de la COTBN por parte de la Comisión de Asuntos Ecológicos?
Mientras esperamos una respuesta afirmativa, sí consideramos positivo el crecimiento que hasta hoy ha tenido el proceso. Aunque hecho a pulmón e imperfecto, las decisiones fueron tomadas por consenso y las actividades garantizadas por equipos de trabajo ad hoc. Sin embargo, falta la participación de más personas y equipos. Pensamos que hay que trabajar en escalas de más detalle, en los manuales operativos, más allá de que la COTBN ha logrado reunir un equipo técnico de indudable valor para garantizar el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia.
No obstante, todavía nos acompaña la sensación de que los que timonean el Estado no se convencen de la obligación de sostener lo público más allá de las coyunturas electorales y de los cargos. De hecho, todavía les genera desconfianza el avance de la participación popular efectiva, y cuando hay bullicio en los pasillos de las oficinas o se produce la agitación desordenada y ruidosa de la gente que busca defender sus derechos, asoma el miedo. Creemos que la participación tiene que ser vinculante y por eso pensamos que la COTBN debe seguir funcionando, ampliarse y disponer de más y mejores recursos.
Lo que dicen las leyes. Muchas leyes nuevas sostienen a nivel de intención las premisas de participación de la población en ámbitos donde se definen políticas y en el control de la gestión de lo público, es decir, en prácticas democráticas concretas, más directas y cotidianas. A modo de ejemplo, si bien la ley Bonasso (ley 26.331) no aporta mucho en lo que respecta a la conservación y el manejo sostenible de los bosques, sí lo hace en relación a la planificación territorial soslayada en leyes anteriores y exige la participación en el artículo 6°. Asimismo, la ley 26.331 exige el cumplimiento estricto de los artículos 19°, 20° y 21° de la Ley General del Ambiente. Dichos artículos establecen la participación ciudadana. La gestión participativa de los recursos naturales –en este caso los bosques– es cosa pública, y esto se encuentra enmarcado en los artículos 41° y 74° de nuestra Constitución Nacional.
Estos fundamentos legales nos permiten democratizar las decisiones afianzando la participación de la gente en la gestión de lo público. Creemos que éste es un desafío vertebral para la conservación eficaz de los bosques nativos.
Hoy pensamos que puede haber un cambio dentro de este mar electoral agitado. La necesidad de renovarse puede resultar una oportunidad para que candidatos con voluntad de diferenciarse y aquellos que se anuncian a sí mismos como hacedores de una nueva política, empiecen a dar un poco de sí. A ellos les decimos: aquí camina esta propuesta y pronto la responsabilidad será de ustedes. Tiene el peso de haber sido construida a través de la movilización popular y las firmes intenciones de seguir avanzando.
Finalmente invitamos a la población y a los medios al protagonismo activo y crítico en el proceso. Es urgente sumarse y movilizarse. Los bosques son de la humanidad.
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