10 ago 2007

Río 3º y su industria

La Voz del Interior (10/08/2007)
La Provincia anunció que creará una red de contención psicosocial

Desde la próxima semana se ofrecerá un programa de asistencia psicológica para dar respuesta a aquellos riotercerenses que crean necesitar ese apoyo, tras los incidentes industriales ocurridos en los dos últimos meses en la ciudad, que generaron intranquilidad en la población.
Eso anunció en Río Tercero el ministro de Salud de la Provincia, quien llegó ayer acompañado del director de Salud Mental, Oscar Santini.
"Estamos preocupados por los impactos psicosociales que están viviendo en Río Tercero", evaluó el ministro, tras informarle al intendente local que la Provincia aportaría los recursos humanos y materiales para ese fin. Explicó que el propósito es crear "una red de contención destinada al abordaje de los problemas psicosociales generados tras estos desdichados sucesos". El abordaje será interdisciplinario con instituciones de la ciudad y anticipó que la idea es poder lograr que toda la población sepa como autoprotegerse ante eventos, evitando situaciones de pánico.
González prometió que la Provincia también ofrecerá capacitación especializada en caso de catástrofes. "Hoy dejamos sentadas las bases entre municipio y Provincia para atemperar los efectos de estos sucesos", sostuvo el ministro, sentado junto al intendente. "Vamos a trabajar el tiempo que haga falta; no sabemos qué demanda hay".

Salud Mental

El director de Salud Mental de la Provincia, Oscar Santini, reforzó la idea de aceitar los mecanismos de comunicación para que la gente sepa qué hacer ante una emergencia. "Hay que saber la causa, no es lo mismo un escape que una explosión", acotó. Respecto a si la reacción de la población que se autoevacuó en forma descontrolada en la noche del lunes tiene relación con los sucesos de 1995, apuntó que es razonable imaginarlo.
"Puede que haya personas que no han terminado de elaborarlo, que no estén contenidas, que no han buscado ayuda antes. Este programa es para que esa reacción se detecte tempranamente y no se convierta en síntoma", señaló.
En diálogo con este diario diferenció entre reacción y síntoma: "Reacciones esperables son escapar, tomar un auto e irse; es reacción de autocuidado y eso es saludable, pero acá hay que tener cuidado porque si se trata de escape químico lo aconsejable no es evacuarse. Pero un síntoma ya está referido a cuando hay una enfermedad instalada, por ejemplo si una persona no puede trabajar porque está atemorizada por lo que pasó. Tenemos que detectar esas personas vulnerables, si es una docente a la que le cuesta trabajar, si es un nene que no duerme bien, por ejemplo. Pero la reacción de no dormir bien por unos días, por ejemplo, no es patológico".
Santini profundizó: "El concepto de desastre acá de complejiza porque es un área laboral, la gente vive y trabaja acá. En ninguna parte del mundo donde ha habido un impacto todos necesitan tratamiento. El ser humano tiene procesos de recuperación propia, tiene recursos para hacerlo de acuerdo a cómo han sido sus vínculos familiares, su relación social, cómo se relaciona con su comunidad".

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Defienden gestión de la Agencia Córdoba Ambiente

El Gobierno de la Provincia salió ayer a fijar posición sobre los sucesos ocurridos en Río Tercero con varios incidentes en sus industrias químicas. Lo hizo a través de un comunicado, y luego de que desde varios sectores se cuestionara sobre todo la ausencia de la Agencia Córdoba Ambiente ante esta situación.
“La Agencia Córdoba Ambiente, que sólo tiene como responsabilidad controlar el tratamiento de los residuos peligrosos generados por las empresas, ha realizado reiteradas inspecciones a Petroquímica Río Tercero, Fábrica Militar, Atanor y Curtiembre de Río Tercero, habiendo decidido oportunamente no otorgarles el Certificado Ambiental anual debido a que se constató que no realizaban correctamente la gestión de los residuos que generan. Se les notificó sobre las modificaciones necesarias que debían realizar y han sido intimadas en 2007, sin que hasta la fecha hayan acatado las instrucciones dadas para poder obtener el Certificado Ambiental”, señala el texto oficial.
Luego expone que desde el 11 de junio, cuando se produjo el primer accidente en Petroquímica, “inspectores de la Secretaría de Trabajo concurrieron a inspeccionar las condiciones de higiene y seguridad existentes y estuvieron con el escape de gas del día 12 y con el corte de energía del día 25 de julio”. El comunicado asegura que esos inspectores “se entrevistaron con los dirigentes sindicales, y los responsables de las empresas involucradas, aconsejándose a la Intendencia de Río Tercero la clausura preventiva para evitar un mayor pánico en la población”.
También cita que el Ministerio de la Producción citó a una audiencia a la firma Assi, Petroquímica y al sindicato químico, en la que se coincidió “en conformar un Comité de Seguridad” para mejorar la seguridad. Y agrega que la Agencia Córdoba Ambiente se presentó ante la Justicia de Río Tercero y la Justicia Federal, que investigan los incidentes, para “ponerse a su disposición”, como asegura que hizo también por nota ante el municipio local. También el Gobierno provincial recordó que el Ministerio de Salud dispuso un operativo de emergencia enviando personal el día en que se registraron unos 50 internados por un escape y que ayer el ministro de esa área acordó con el municipio un plan de contención psicosocial.

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El ministro De Vido prometió atender el reclamo riotercerense

Las primeras reacciones de los gobiernos nacional y provincial tras lo sucedido con los incidentes industriales en Río Tercero aparecieron ayer.
El intendente Luis Brouwer de Koning confirmó que recibió un llamado del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien le comunicó que el día de la semana próxima que viaje a Capital Federal lo recibirá en su despacho. Según le anticipó estaría allí también la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Brouwer señaló que es muy probable que viaje el martes con ese fin.
"Estamos preparando lo que vamos a presentarles. La idea es que nos ayuden en dos frentes: para crear un programa de auditorías periódicas a las empresas químicas y para diseñar y financiar un sistema de monitoreo que sirva para detectar escapes y ayude a actuar ante las emergencias". El pedido será de recursos y de asesoramiento técnico.
El martes Brouwer estuvo en Buenos Aires pero no pudo ser recibido por De Vido, de cuyo ministerio depende la empresa estatal Fabricaciones Militares.
Mientras, trascendió que hoy llegaría a la ciudad, para una primera recorrida por el polo fabril, un técnico enviado por la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Comunicación provincial. Mientras ayer se hizo presente por estas cuestiones el ministro de Salud de la Provincia, Oscar González (ver nota aparte), el intendente dijo que también recibió una comunicación del ministro de Gobierno cordobés, Jorge Montoya. "Ofreció colaboración para trabajar en conjunto, incluso de la Agencia Córdoba Ambiente", dijo. Hasta ahora, el área ambiental provincial no había dado ninguna señal de presencia por la situación en Río Tercero.
"Lo que esperamos es poder armar ahora entre municipio, Provincia y Nación un sistema de seguridad", acotó Brouwer.
También para hoy se anunció la presencia en Río Tercero de varios legisladores nacionales por Córdoba, que el martes se reunieron con Brouwer en Buenos Aires. Entre ellos, estarían el justicialista Roberto Urquía, los radicales Oscar Aguad y Mario Negri y el juecista Carlos Rossi, entre otros.

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Funcionarios especializados, se buscan

El gobierno municipal analizaba ayer algunas medidas para mejorar la respuesta ante casos de emergencias. El intendente por ahora no evalúa cambios de funcionarios en el área Seguridad–Defensa Civil–Gestión Ambiental, aunque algunas variantes produciría desde diciembre al asumir su segundo mandato. Esa área quedó en el centro de la discusión tras los últimos episodios y se apunta que carece de funcionarios especializados en el rubro.
Con los incidentes del lunes último quedó evidenciado que falló el sistema de comunicación hacia la población, que es responsabilidad primaria de Defensa Civil. El director de la Fábrica Militar dijo que a los 10 minutos de la explosión ya tenía un diagnóstico de lo ocurrido, pero la primera información oficial llegó a los 40 minutos y por vía de Bomberos Voluntarios.
En el municipio se analizaba en una reunión ayer la corrección de esos mecanismos. También se evaluaban otras medidas, como crear una ordenanza que estableciera con claridad las obligaciones de empresas y municipio ante estos casos y se rediscutía el plan para crear un centro de monitoreo permanente.

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La planta de amoníaco seguirá cerrada

La planta de amoníaco de Fábrica Militar Río Tercero, que registró la explosión de una tubería el lunes pasado y sembró el pánico en esta ciudad, no podrá ponerse en marcha hasta tanto lo disponga el juez federal Oscar Valentinuzzi. Así lo aseguró a este diario el magistrado, quien dijo que espera los resultados de las pericias encargadas a especialistas de Gendarmería Nacional y Bomberos de la Provincia. Recién el martes habría novedades.
Por otro lado, la Provincia emitió ayer un comunicado en el que remarca las actuaciones realizadas desde el 11 de junio por parte de la Secretaría de Trabajo y desde el 30 de julio por parte de la Agencia Córdoba Ambiente, repartición que ese día se presentó ante la Justicia y la Municipalidad de Río Tercero para poner a disposición la capacidad operativa de la Agencia.
En el comunicado se remarca que Córdoba Ambiente sólo tiene responsabilidad para controlar el tratamiento de residuos peligrosos. Pero además especifica que Petroquímica Río Tercero, la Fábrica Militar, Atanor y Curtiembre Río Tercero han sido intimadas para que cumplan disposiciones en este sentido, "sin que hasta la fecha hayan acatado las instrucciones para poder obtener el certificado ambiental" que debe expedir la Agencia.
Mientras, ayer llegó a esta ciudad el ingeniero Eduardo Álvarez, enviado por Fabricaciones Militares para revisar la planta del incidente y emitir un primer diagnóstico de situación.
Por otro lado, el intendente, Luis Brouwer de Koning, dijo que el ministro de Planificación de la Nación, Julio de Vido, lo recibirá en Capital Federal la semana próxima (Brouwer intentó en vano reunirse con él anteayer), junto a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti.
"Estamos preparando lo que vamos a presentarles. La idea es que nos ayuden en dos frentes: para crear un programa de auditorías periódicas a las empresas químicas y para diseñar y financiar un sistema de monitoreo que sirva para detectar escapes y ayude a actuar ante las emergencias", dijo el intendente.

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La Mañana de Córdoba (10/08/2007)
La Justicia imputó a Romina Picolotti

La investigación es por “excesivos gastos” en contrataciones. La implicancia para Córdoba del procesamiento de Picolotti está relacionada a los 650 mil pesos girados a la Municipalidad para sanear la laguna Crisol y la Isla de los Patos. Las obras nunca se realizaron.
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó ayer a la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, por el delito de malversación de caudales, en la causa que se investigan “excesivos gastos” en contrataciones.
El funcionario porteño ordenó varios allanamientos en la flamante causa que investiga la existencia de contratos de trabajo por montos desmedidos resueltos por Picolotti a favor de parientes y allegados, lo que fue puesto en evidencia en una investigación periodística del diario Clarín.
La principal implicancia para Córdoba del procesamiento de Picolotti está relacionada a los 650 mil pesos girados por la funcionaria nacional a la Municipalidad de Córdoba, destinados a fines de 2006 para sanear la laguna Crisol, en el Parque Sarmiento, y la Isla de los Patos, en el río Suquía. Las obras nunca se realizaron y tampoco existe notificación oficial sobre el destino de ese dinero.
Oriunda de Córdoba, Picolotti desarrolló en esta ciudad su militancia ambientalista desde el CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente), para ganar notoriedad al asesorar a los asambleístas de Gualeguaychú que se oponen a la instalación de plantas procesadoras de papel sobre el río Uruguay.
De allí salió catapultada hacia la Secretaría de Ambiente de la Nación, donde desembarcó de la mano de su mecenas político, Alberto Fernández, el poderoso jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
Tras asumir a mediados de 2006 y sufrir los primeros contratiempos políticos -no contuvo a los asambleístas entrerrianos como supusieron en el gobierno nacional y erró en su pronóstico sobre el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que dictaminó en contra de las pretensiones argentinas-, Picolotti quedó muy expuesta cuando la citada investigación periodística reveló que en su staff revistan como funcionarios con muy buenos sueldos su hermano, Juan Picolotti (jefe de Gabinete); la novia de éste, Susana Franco (asesora personal); Martín Franco, hermano de Susana (director de Recursos Humanos); Cristina Aoki (encargada del área sociosanitaria del Programa Integral del Riachuelo), esposa de Martín. Todos con sueldos que doblan lo que percibirían como funcionarios gracias a irregulares triangulaciones con la Fundación ArgeINTA.
La ambientalista cordobesa exportó a su ciudad la “operatoria” que estrenara en la Secretaría de Ambiente de la Nación. Esto fue posible porque el intendente Luis Juez virtualmente “concesionó” el área a Alberto Fernández, que siempre ha sido el vínculo del jefe comunal con el kirchnerismo.
Al promediar el año 2006, Juez le dio de baja a Diana Raab, la directora de Medio Ambiente que lo había acompañado desde su asunción en 2003, y le entregó las llaves de la cartera a Víctor Ricco, el cuadro del CEDHA elegido por Picolotti para colocar en Córdoba.
Ricco replicó aquí en escala el formato que Picolotti llevó a Buenos Aires: llenó con abundantes cuadros del CEDHA toda la repartición, comenzando por los dos subsecretarios: Pablo Ibáñez (Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Andrés Tissera (Promoción del Desarrollo Sustentable). A su vez, alquiló un inmueble en calle 9 de Julio que es propiedad de Elsa Mirtha Conti de Ruibal, familiar de Edgardo Ruibal, director general de Control Ambiental, también extraído por Picolotti de la cantera del CEDHA.

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La suma de incidentes en el polo militar-industrial acumula sospechas

Aunque sin mayores confirmaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación, y su organismo satélite, la Dirección General de Fabricaciones Militares, han ubicado investigadores para hurgar sobre presuntas irregularidades. Paralelamente, el Servicio de Inteligencia del Estado, también se encuentra abocado al rastreo de los elementos que podrían haber originado lo que por ahora se denominan siniestros.
La seguidilla de incidentes ambientales ocurridos en las últimas semanas en la ciudad de Río Tercero, alimentó serios interrogantes en los diferentes ámbitos de poder que tienen algún nivel de responsabilidad sobre el polo militar-industrial allí instalado.
Los escapes de gases, la rotura de cañerías vitales y las explosiones de calderas y contenedores alteraron el medio ambiente, se sabe, pero más grave aún, retumbaron en los oídos de los vecinos de la ciudad, retrotrayéndolos automáticamente a los terribles hechos de noviembre de 1995. Por eso, sin más, la gente salió despavorida de sus viviendas tras el último de los desastres conocidos hace cuatros días.
¿Ninguna lección se aprendió entonces entre quienes ostentan puestos de mando en el complejo fabril? ¿O es que la delgada línea que separan a la desidia de la intencionalidad constituye un denominador común para quienes toman decisiones?
Una ronda de consultas efectuadas por este diario a diversos funcionarios de los ámbitos provincial y nacional reconocieron la “creciente preocupación” por lo que está ocurriendo en Río Tercero. Pero también, como evitaron estampar sus identidades provisoriamente dejaron flotando el sentido más fuerte del origen de los hechos: nadie descarta que exista algún interés oscuro, intencionado, de provocar lo que por ahora resultan una suma de incidentes, pero que en una investigación en serio, y a fondo, podrían derivar en responsabilidades directas desde el punto de vista penal.
Los datos conocidos dan cuenta de lo siguiente: el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo Oscar Valentinuzzi, comenzó a investigar los hechos. Se ordenó un apoyo operativo y logístico a efectivos de la Policía Federal de Villa María, y se solicitó un primer peritaje al Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia.
En la víspera, los fiscales Sergio Cabutto y Marcelo Ramognino, citaron a los directivos de las empresas que conforman el polo petroquímico para reclamarles “celeridad” en la transmisión de datos sobre incidentes, a través de un sistema específico.
Pero hay otros dos aspectos más que se suman a la suerte de pesquisas en ciernes, y que amplían el horizonte de dudas. Por un lado, el Ministerio de Defensa de la Nación, y su organismo satélite, la Dirección General de Fabricaciones Militares, han ubicado investigadores para hurgar sobre las irregularidades. Por el otro, el Servicio de Inteligencia del Estado, también se encuentra abocado al rastreo de los elementos que podrían haber originado lo que por ahora son siniestros.

Antecedentes desafortunados

Razones sobran para investigar y revisar la cronología de hechos desafortunados en la ciudad. El pasado 11 de junio, seis operarios resultaron lesionados por un escape de ácido en Petroquímica Río Tercero; al día siguiente, otros dos trabajadores perdieron la vida por un escape de fosgeno; una semana después, se averió un caño con ácido nítrico y generó una nube tóxica que puso en vilo a la comunidad; y más cerca, el día 25 de julio internaron a 40 operarios por una fuga de amoníaco. Y por si faltaba más, el pasado lunes 6 estalló una de las calderas de la Fábrica Militar.
El detalle, refiere a lo conocido, “a los hechos que tomaron estado público”, afirman muchos vecinos, ya que otra larga lista de incidentes parecidos se suceden desde hace bastante tiempo. Así y todo, en este último lapso, Ambiente de la Nación nunca envió a inspectores para verificar lo que estaba sucediendo y brilló por su ausencia.
La voladura de la Fábrica Militar, en noviembre de 1995, sigue sin resolverse. Cobró impulso en las últimas horas por la norma de la Cámara Federal de Córdoba de resolver la nulidad de la sentencia dictada por el ex conjuez Diego Estévez, que sobreseyó a seis militares que estaban imputados. Ahora, se abrirá una nueva investigación, pero que no tiene mucho tiempo si pretende ascender en la escala de presuntas responsabilidades. Ya 12 años se van a cumplir y aún faltan los culpables. Que los hechos de las últimas semanas no sean el prólogo de otros duros años de espera para hacer justicia, como reclama la comunidad.

Reunión con legisladores

Mientras tanto, merced a una convocatoria del intendente Luis Brouwer de Koning, se espera que arribe hoy a Río Tercero una importante comitiva de legisladores nacionales por Córdoba. La invitación, que fue formulada a los 18 diputados y los tres senadores que representan a la provincia en el Congreso, apunta a llevar tranquilidad a la población sobre las acciones que se están desarrollando a nivel nacional.
Al encuentro confirmaron inicialmente su presencia Carlos Rossi, Roberto Urquía, Oscar Aguad, Mario Negri, Beatriz Leyba, Norma Morandini y Raúl Merino. Estos se reunirán primeramente con el jefe comunal y posteriormente recibirán a representantes de las instituciones intermedias. Los vecinos harán hincapié en la necesidad de contar con medidas de seguridad para el caso de que se plantee una emergencia en el predio industrial. Muchas de esas sugerencias ya fueron plasmadas en un registro de ideas que presentarán hoy en el encuentro.
El próximo martes, el intendente se entrevistará con el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien aceptaría la propuesta del defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, de conformar una comisión mixta abocada a las inspecciones rutinarias en el predio militar y las plantas químicas.

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Provincia y municipio pondrán en marcha un sistema para la contención sanitaria

El Ministerio de Salud articulará, juntamente con la Municipalidad local, la puesta en marcha de recursos humanos y materiales para mejorar la atención de los habitantes de Río Tercero. Así lo anunciaron ayer el ministro Oscar González y el intendente Luis Brouwer de Koning.
En el marco de una conferencia de prensa, González indicó su preocupación “por los impactos psicosociales de la situación que se están viviendo en la ciudad de Río Tercero, hemos conversado telefónicamente con el intendente y yo estoy aquí hoy con el director de Salud Mental de la Provincia de Córdoba, Oscar Santini, quien a su vez es un hombre que tiene experiencia en el manejo psicosocial en situaciones de desastre”.
La reunión concretada entre autoridades provinciales y municipales sirvió para instrumentar una red de contención destinada al abordaje de los problemas de salud mental y psicosociales generados después de los últimos sucesos.
“Normalmente, estos temas se encaran desde un tratamiento y un abordaje intersectorial y multidisciplinario y, naturalmente, nosotros venimos a ofrecerlo. Lo que tiene que ver con la salud, el aporte de la Dirección de Salud Mental y la posibilidad de colaborar económicamente con el municipio para la contratación de profesionales especializados y la asignación de éstos aquí en la ciudad de Río Tercero”, explicó González.
En ese contexto, desde la Secretaría de Salud municipal plantearon la posibilidad de la capacitación del recurso humano, concretamente psicólogos en este tipo de problemas.
Sobre la posibilidad real de atención a posibles accidentados en una situación de emergencia, el titular de Salud manifestó que “eso depende de la magnitud de lo que ocurra, en ningún lugar frente a una situación de desastre uno puede decir cuál va a ser la demanda. Lo que la Provincia tiene y que estamos mirando atentamente son sistemas, ante una eventualidad que se saturara la capacidad local que ofrezca el servicio, son sistemas de derivaciones y de traslados de pacientes que funcionan las veinticuatro horas del día y que cuando ocurrió el último hecho en Río Tercero estuvo a las pocas horas instalado preventivamente acá”.
En otro punto, el funcionario provincial dio cuenta de que “todas las ambulancias disponibles en la ciudad de Córdoba, aproximadamente 15, están dispuestas en un momento dado a trasladarse a cualquier lado. Obviamente, no se pueden inmovilizar 15 ambulancias en ningún lugar por las dudas que ocurra algo”. La flota provincial ofrecida se completa con un avión sanitario y tres helicópteros.
“Yo creo que el problema más importante de Río Tercero es abordar la problemática de salud que es real, concreta y no hay que eludirla y se ha generado en una ciudad conmocionada por hechos desdichados, donde hay gente que tiene familiares muertos, otros pacientes que han pasado por internación de terapia intensiva y donde existe una cantidad importante de personas que se sienten en peligro y eso genera situaciones que después derivan en otras alternativas psicosociales y que es lo que hay que encarar rápidamente”, ponderó González.
Por último, el ministro confirmó que la Agencia Córdoba Ambiente presentará una denuncia. Juntamente con la Secretaría de Trabajo, la Agencia que preside Horaldo Senn prepara un informe “que pondrá a disposición de la Justicia Federal y de la Justicia Provincial en las próximas horas y que va a ser anunciado por el secretario de Trabajo y el presidente de la Agencia”, consignó.

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