2 ago 2007
Control de plaguicidas
El Puntal de Villa María (02/08/2007)
“Los controles sobre la presencia de plaguicidas en el agua son precarios”
Federico Kopta, biólogo y vicepresidente 1º de la Fundación ACUDE y Coordinador del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que sólo se controlan 9 de los 25 prohibidos y sólo 2 de los 276 permitidos
El Foro Ambiental Córdoba presentó a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de Córdoba (DIPAS) un informe sobre la necesidad de actualizar la nómina de plaguicidas y cianotoxinas indicadas en las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, dijo a PUNTAL VILLA MARIA que “el trabajo fue presentado al director de DIPAS, ingeniero Juan Bresciano, hace un mes y medio donde el funcionario admitió la preocupación que genera el tema. En el encuentro se habría comprometido a convocar a una comisión, sin embargo hasta el momento nada ha sucedido”.
Según Kopta se “trata de un tema absolutamente desatendido por parte de las autoridades”. Además aseguró que “en la actualidad los controles que hay sobre la presencia de plaguicidas en el agua potable son muy precarios”.
Por otra parte advirtió que las autoridades de DIPAS “plantearon la necesidad de refuncionalizar el laboratorio existente en la dependencia para que puede realizar este tipo de análisis”. Al ser consultado sobre los lugares existentes en la provincia en condiciones de efectuarlos precisó que hay sólo dos: “Uno es el Cequimat (dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad Nacional de Córdoba) y el otro es el Ceprocor. La Municipalidad de Córdoba tiene los equipos pero carece de los patrones de referencia”.
Desfasaje y atraso normativo
En otro tramo del diálogo el biólogo destacó que “existe un desfasaje muy notorio entre lo que se usa y lo que se controla”. Al solicitarle precisones sobre esta afirmación dijo: “En teoría se controlan 11 plaguicidas. De los 276 permitidos se controlan 2 y de los 25 prohibidos 9”.
Además agregó que “año tras año se sintetizan nuevos plaguicidas, algunos de los cuales alcanzan un uso masivo y generalizado. Sin embargo, la legislación que fija sus niveles máximos permitidos en agua no va al mismo ritmo que ese mercado. Por ejemplo, la Ley sobre Desechos Peligrosos data de 1993. Más atrasados en su contenido son el Código Alimentario Argentino (CAA) y las normas provinciales”.
El informe presentado a DIPAS consigna que “por el atraso normativo, de los once plaguicidas indicados en el CAA y las normas provinciales tan sólo dos no están prohibidos por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). Los otros nueve ya fueron prohibidos totalmente entre 1990 y 2000, por lo que sería poco probable encontrarlos en agua, salvo que hayan sido usados en forma ilegal o que se detecte alguna traza de insecticida clorado que haya sido usado hace muchos años (por su larga persistencia en el ambiente).
Como comparación, por resolución 256/03 del SENASA están autorizados 276 principios activos de plaguicidas, sobre los cuales el SENASA ha fijado niveles máximos permitidos para productos agropecuarios (otros 26 plaguicidas están prohibidos).
Se controla sólo uno de los treinta más vendidos
Para el profesional “otro indicador del atraso normativo es que sólo uno de los 30 plaguicidas más vendidos en Argentina (según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE), está contemplado en el CAA y en las Normas Provinciales. Incluso, de los U$S 702.728.675 comercializados en 2005 por los 30 productos más vendidos, menos del 4% corresponden a este producto (el herbicida 2,4 D)”.
Los ríos, los más afectados
Al solicitarle precisiones sobre la forma en que los plaguicidas contaminan el agua el coordinador del Foro Ambiental Córdoba manifestó que “lo más habitual es el arrastre que producen los efluentes pluviales que llegan a los ríos. También se da por infiltración de las napas y por la fumigación en proximidades de tanques de agua a cielo abierto”.
Con respecto al valor de este tipo de estudio reconoció que “son análisis caros” y aclaró que en caso de aprobarse los cambios a la normativa que propusieron “DIPAS es la que regularía la exigencia de los análisis a las 25 empresas y cooperativas que brindan el servicio de agua potable en la provincia”.
La Resolución DIPAS 608/1993 estableció las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida. Esta norma fue actualizada por la Resolución DIPAS Nº 074/2006, que adoptó nuevos límites para el arsénico. Ambas resoluciones son fundamentales en la Provincia, pues son las usadas por la DIPAS para controlar la calidad del agua potable, como también por el ERSEP para supervisar el agua potable que distribuyen 25 empresas y cooperativas que brindan el servicio en la Provincia. Entre los parámetros químicos que se controlan están los valores máximos permitidos para sustancias orgánicas, entre ellas los plaguicidas.
Sugerencias del estudio
Uno de los criterios planteados en el informe es incluir en las Normas Provinciales a los plaguicidas citados en la Ley de Desechos Peligrosos. En esa Ley se fijan niveles guía de calidad para el agua proveniente de embalses, ríos o napas freáticas de donde se tome el agua para la población.
“Es lógico que los niveles máximos permitidos de plaguicidas en el agua potable sean al menos los mismos que para el agua de un embalse (incluso el agua para consumo humano debería tener niveles guía más estrictos, una vez terminado el proceso de potabilización, pero como mínimo vale la extrapolación)”, afirma el trabajo.
“También - continúa- es necesario que se controlen las cianotoxinas, que son sustancias que producen las cianobacterias (o algas cianófitas) que prosperan en lagos eutroficados que son usados como fuentes de agua potable”.
El informe elaborado por el Foro Ambiental Córdoba propone ampliar el control sobre 33 plaguicidas y dos cianotoxinas en agua para consumo humano, y fija una propuesta de niveles máximos permitidos para esos 35 principios activos.
Ver Nota On Line
“Los controles sobre la presencia de plaguicidas en el agua son precarios”
Federico Kopta, biólogo y vicepresidente 1º de la Fundación ACUDE y Coordinador del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que sólo se controlan 9 de los 25 prohibidos y sólo 2 de los 276 permitidos
El Foro Ambiental Córdoba presentó a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de Córdoba (DIPAS) un informe sobre la necesidad de actualizar la nómina de plaguicidas y cianotoxinas indicadas en las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, dijo a PUNTAL VILLA MARIA que “el trabajo fue presentado al director de DIPAS, ingeniero Juan Bresciano, hace un mes y medio donde el funcionario admitió la preocupación que genera el tema. En el encuentro se habría comprometido a convocar a una comisión, sin embargo hasta el momento nada ha sucedido”.
Según Kopta se “trata de un tema absolutamente desatendido por parte de las autoridades”. Además aseguró que “en la actualidad los controles que hay sobre la presencia de plaguicidas en el agua potable son muy precarios”.
Por otra parte advirtió que las autoridades de DIPAS “plantearon la necesidad de refuncionalizar el laboratorio existente en la dependencia para que puede realizar este tipo de análisis”. Al ser consultado sobre los lugares existentes en la provincia en condiciones de efectuarlos precisó que hay sólo dos: “Uno es el Cequimat (dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad Nacional de Córdoba) y el otro es el Ceprocor. La Municipalidad de Córdoba tiene los equipos pero carece de los patrones de referencia”.
Desfasaje y atraso normativo
En otro tramo del diálogo el biólogo destacó que “existe un desfasaje muy notorio entre lo que se usa y lo que se controla”. Al solicitarle precisones sobre esta afirmación dijo: “En teoría se controlan 11 plaguicidas. De los 276 permitidos se controlan 2 y de los 25 prohibidos 9”.
Además agregó que “año tras año se sintetizan nuevos plaguicidas, algunos de los cuales alcanzan un uso masivo y generalizado. Sin embargo, la legislación que fija sus niveles máximos permitidos en agua no va al mismo ritmo que ese mercado. Por ejemplo, la Ley sobre Desechos Peligrosos data de 1993. Más atrasados en su contenido son el Código Alimentario Argentino (CAA) y las normas provinciales”.
El informe presentado a DIPAS consigna que “por el atraso normativo, de los once plaguicidas indicados en el CAA y las normas provinciales tan sólo dos no están prohibidos por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). Los otros nueve ya fueron prohibidos totalmente entre 1990 y 2000, por lo que sería poco probable encontrarlos en agua, salvo que hayan sido usados en forma ilegal o que se detecte alguna traza de insecticida clorado que haya sido usado hace muchos años (por su larga persistencia en el ambiente).
Como comparación, por resolución 256/03 del SENASA están autorizados 276 principios activos de plaguicidas, sobre los cuales el SENASA ha fijado niveles máximos permitidos para productos agropecuarios (otros 26 plaguicidas están prohibidos).
Se controla sólo uno de los treinta más vendidos
Para el profesional “otro indicador del atraso normativo es que sólo uno de los 30 plaguicidas más vendidos en Argentina (según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE), está contemplado en el CAA y en las Normas Provinciales. Incluso, de los U$S 702.728.675 comercializados en 2005 por los 30 productos más vendidos, menos del 4% corresponden a este producto (el herbicida 2,4 D)”.
Los ríos, los más afectados
Al solicitarle precisiones sobre la forma en que los plaguicidas contaminan el agua el coordinador del Foro Ambiental Córdoba manifestó que “lo más habitual es el arrastre que producen los efluentes pluviales que llegan a los ríos. También se da por infiltración de las napas y por la fumigación en proximidades de tanques de agua a cielo abierto”.
Con respecto al valor de este tipo de estudio reconoció que “son análisis caros” y aclaró que en caso de aprobarse los cambios a la normativa que propusieron “DIPAS es la que regularía la exigencia de los análisis a las 25 empresas y cooperativas que brindan el servicio de agua potable en la provincia”.
La Resolución DIPAS 608/1993 estableció las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida. Esta norma fue actualizada por la Resolución DIPAS Nº 074/2006, que adoptó nuevos límites para el arsénico. Ambas resoluciones son fundamentales en la Provincia, pues son las usadas por la DIPAS para controlar la calidad del agua potable, como también por el ERSEP para supervisar el agua potable que distribuyen 25 empresas y cooperativas que brindan el servicio en la Provincia. Entre los parámetros químicos que se controlan están los valores máximos permitidos para sustancias orgánicas, entre ellas los plaguicidas.
Sugerencias del estudio
Uno de los criterios planteados en el informe es incluir en las Normas Provinciales a los plaguicidas citados en la Ley de Desechos Peligrosos. En esa Ley se fijan niveles guía de calidad para el agua proveniente de embalses, ríos o napas freáticas de donde se tome el agua para la población.
“Es lógico que los niveles máximos permitidos de plaguicidas en el agua potable sean al menos los mismos que para el agua de un embalse (incluso el agua para consumo humano debería tener niveles guía más estrictos, una vez terminado el proceso de potabilización, pero como mínimo vale la extrapolación)”, afirma el trabajo.
“También - continúa- es necesario que se controlen las cianotoxinas, que son sustancias que producen las cianobacterias (o algas cianófitas) que prosperan en lagos eutroficados que son usados como fuentes de agua potable”.
El informe elaborado por el Foro Ambiental Córdoba propone ampliar el control sobre 33 plaguicidas y dos cianotoxinas en agua para consumo humano, y fija una propuesta de niveles máximos permitidos para esos 35 principios activos.
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