26 jul 2007
Residuos peligrosos en Córdoba
8:59 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (26/07/2007)
El certificado ambiental, un bien escaso
En la Provincia de Córdoba sólo uno de cada cuatro establecimientos que manipulan residuos peligrosos –industrias, laboratorios, hospitales y clínicas– cuenta con la certificación legal que aprueba su sistema de tratamiento. Así surge de la información publicada en Internet por la Agencia Córdoba Ambiente (www.ambiente.cba.gov.ar), aunque algunos datos no coinciden con los vertidos por un funcionario (ver Una explicación...)
El marco regulatorio vigente –ley nacional 24.051, ley provincial 8.973 y decreto 2.149– obliga a estos establecimientos a inscribirse en dos registros: uno de transportistas y otro de generadores y operadores.
Pese a que los registros fueron abiertos en el 2004, y el decreto otorga un plazo máximo de 180 días, sólo el 24 por ciento cuenta con el certificado ambiental. La importancia de este documento es que "acredita la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento y disposición final que se aplicará a los residuos peligrosos generados", según el decreto sobre residuos peligrosos.
La Agencia Córdoba Ambiente tiene la responsabilidad de confeccionar el registro, realizar los controles a los establecimientos, sancionar a quienes operen fuera del marco normativo y expedir el certificado ambiental.
Generadores y operadores
Según la normativa, los establecimientos que en sus actividades generen u operen residuos peligrosos deben inscribirse en el registro provincial de operadores y generadores de residuos peligrosos.
Los inscriptos en este registro son 1.469 y sólo 377 cuentan con la certificación expedida por Ambiente.
Es importante aclarar que si una firma cuenta con varias unidades productivas, el certificado es el mismo, pero cada una de las plantas debe contar con él.
Este diario consultó a varias empresas, aunque los responsables pidieron no ser identificados. El ingeniero ambiental responsable de una fábrica de la zona norte de la ciudad, cuyos residuos son restos de aceite de motores, opinó que la Agencia maneja correctamente los controles y que el certificado recién se otorga cuando la empresa demuestra que hace una buena gestión.
El problema es que es el certificado el que prueba que la gestión es correcta y el decreto provincial establece como máximo el plazo de un año para obtenerlo.
El ingeniero estimó que no habría ningún motivo para restringir la actividad en su empresa ya que sus desechos "son sólo aceites de motores y el certificado está en trámite".
En una segunda industria –de la misma zona que la primera y que hasta hace unos meses usaba cianuro y otras sustancias muy tóxicas en un proceso de galvanizado– el encargado explicó que decidieron no realizar más esa tarea "porque es muy complicado el tema". "Los controles son superexhaustivos para los que recién empiezan, pero para el que está hace 30 años haciendo las cosas igual no le dicen ni le hacen nada", afirmó. Acusó: "Algunos tiran residuos a la Cañada; les controlan lo que consumen pero no lo que tiran".
Transportistas
Las empresas que realizan el transporte de residuos peligrosos se inscriben en un registro diferente. Los que figuran en el registro son 35 pero sólo 26 tienen el certificado ambiental.
El dueño de una transportista de Alta Córdoba –que tiene certificación de la Secretaría de Ambiente de la Nación porque transporta residuos dentro y fuera de la provincia– manifestó: "Nosotros tenemos una licencia que es nacional y a pesar de no tener la habilitación (provincial), el certificado, el papel, lo mismo podemos trabajar".
Agregó: "En Córdoba nos dicen trabaje primero y después hacemos el papeleo. El papeleo se complica, en nuestro caso, en la Dirección Provincial de Transporte".
Residuos sueltos
(Por Raúl Montenegro - Biólogo. Presidente de Funam. Premio Nobel Alternativo y Profesor Titular de la UNC.)
La ley nacional de residuos peligrosos 24.051 fue un notable avance, pues abordó un problema que durante años fue tan letal como oculto. En Argentina miles de personas enferman y mueren silenciosa y anónimamente por cócteles de residuos mal controlados. Las fuentes incluyen por ejemplo empresas de galvanoplastia y curtiembres productoras del cancerígeno cromo hexavalente, poderosas petroquímicas, incineradores públicos y privados que vuelcan al aire dioxinas, hogares que arrojan pilas a la basura. De las fuentes salen los agentes contaminantes. Estos siguen rutas por aire, agua, suelo y alimentos, y llegan hasta las personas expuestas.
Entre uno y otro extremo debería estar el Estado controlando. Pero todo indica que las fuentes tienen piedra libre para operar. Las sustancias peligrosas están sueltas. Cuando alguna ONG o medio detecta un depósito de residuos peligrosos, como el de Senasa en Alta Córdoba, los funcionarios abandonan presurosos sus sillones y hacen una parodia de control. Al espasmo que producen las denuncias públicas le sigue el espasmo efímero de la Secretaría de Ambiente de la Nación, de la Agencia Córdoba Ambiente, o de la también incompetente Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba. El Estado debió organizar un catastro de fuentes de residuos peligrosos. Los malos funcionarios son tan peligrosos como los residuos que no controlan y están sueltos.
Respuesta confusa
Hace más de un mes, cuando se allanó un laboratorio en barrio Rogelio Martínez, La Voz del Interior comenzó a intentar consultar al titular de Córdoba Ambiente,Horaldo Senn, acerca de los pocos manipuladores de sustancias peligrosas con certificado. Tras muchos intentos, Senn manifestó que el subcoordinador de Auditorías Ambientales, Carlos Toso, podía dar una respuesta. Toso dijo que era necesario un pedido de información pública según lo marcan un decreto nacional y una ley provincial. El 4 de julio se hizo el pedido, con 12 preguntas.
El 23 de julio, el coordinador del área de residuos peligrosos, Ricardo Aime, respondió por mail aunque las respuestas no se ajustaban a las preguntas o eran parciales.No se respondió sobre las plantas sin certificados y sobre si pueden funcionar sin el mismo.
Ver Nota On Line
El certificado ambiental, un bien escaso
En la Provincia de Córdoba sólo uno de cada cuatro establecimientos que manipulan residuos peligrosos –industrias, laboratorios, hospitales y clínicas– cuenta con la certificación legal que aprueba su sistema de tratamiento. Así surge de la información publicada en Internet por la Agencia Córdoba Ambiente (www.ambiente.cba.gov.ar), aunque algunos datos no coinciden con los vertidos por un funcionario (ver Una explicación...)
El marco regulatorio vigente –ley nacional 24.051, ley provincial 8.973 y decreto 2.149– obliga a estos establecimientos a inscribirse en dos registros: uno de transportistas y otro de generadores y operadores.
Pese a que los registros fueron abiertos en el 2004, y el decreto otorga un plazo máximo de 180 días, sólo el 24 por ciento cuenta con el certificado ambiental. La importancia de este documento es que "acredita la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento y disposición final que se aplicará a los residuos peligrosos generados", según el decreto sobre residuos peligrosos.
La Agencia Córdoba Ambiente tiene la responsabilidad de confeccionar el registro, realizar los controles a los establecimientos, sancionar a quienes operen fuera del marco normativo y expedir el certificado ambiental.
Generadores y operadores
Según la normativa, los establecimientos que en sus actividades generen u operen residuos peligrosos deben inscribirse en el registro provincial de operadores y generadores de residuos peligrosos.
Los inscriptos en este registro son 1.469 y sólo 377 cuentan con la certificación expedida por Ambiente.
Es importante aclarar que si una firma cuenta con varias unidades productivas, el certificado es el mismo, pero cada una de las plantas debe contar con él.
Este diario consultó a varias empresas, aunque los responsables pidieron no ser identificados. El ingeniero ambiental responsable de una fábrica de la zona norte de la ciudad, cuyos residuos son restos de aceite de motores, opinó que la Agencia maneja correctamente los controles y que el certificado recién se otorga cuando la empresa demuestra que hace una buena gestión.
El problema es que es el certificado el que prueba que la gestión es correcta y el decreto provincial establece como máximo el plazo de un año para obtenerlo.
El ingeniero estimó que no habría ningún motivo para restringir la actividad en su empresa ya que sus desechos "son sólo aceites de motores y el certificado está en trámite".
En una segunda industria –de la misma zona que la primera y que hasta hace unos meses usaba cianuro y otras sustancias muy tóxicas en un proceso de galvanizado– el encargado explicó que decidieron no realizar más esa tarea "porque es muy complicado el tema". "Los controles son superexhaustivos para los que recién empiezan, pero para el que está hace 30 años haciendo las cosas igual no le dicen ni le hacen nada", afirmó. Acusó: "Algunos tiran residuos a la Cañada; les controlan lo que consumen pero no lo que tiran".
Transportistas
Las empresas que realizan el transporte de residuos peligrosos se inscriben en un registro diferente. Los que figuran en el registro son 35 pero sólo 26 tienen el certificado ambiental.
El dueño de una transportista de Alta Córdoba –que tiene certificación de la Secretaría de Ambiente de la Nación porque transporta residuos dentro y fuera de la provincia– manifestó: "Nosotros tenemos una licencia que es nacional y a pesar de no tener la habilitación (provincial), el certificado, el papel, lo mismo podemos trabajar".
Agregó: "En Córdoba nos dicen trabaje primero y después hacemos el papeleo. El papeleo se complica, en nuestro caso, en la Dirección Provincial de Transporte".
Residuos sueltos
(Por Raúl Montenegro - Biólogo. Presidente de Funam. Premio Nobel Alternativo y Profesor Titular de la UNC.)
La ley nacional de residuos peligrosos 24.051 fue un notable avance, pues abordó un problema que durante años fue tan letal como oculto. En Argentina miles de personas enferman y mueren silenciosa y anónimamente por cócteles de residuos mal controlados. Las fuentes incluyen por ejemplo empresas de galvanoplastia y curtiembres productoras del cancerígeno cromo hexavalente, poderosas petroquímicas, incineradores públicos y privados que vuelcan al aire dioxinas, hogares que arrojan pilas a la basura. De las fuentes salen los agentes contaminantes. Estos siguen rutas por aire, agua, suelo y alimentos, y llegan hasta las personas expuestas.
Entre uno y otro extremo debería estar el Estado controlando. Pero todo indica que las fuentes tienen piedra libre para operar. Las sustancias peligrosas están sueltas. Cuando alguna ONG o medio detecta un depósito de residuos peligrosos, como el de Senasa en Alta Córdoba, los funcionarios abandonan presurosos sus sillones y hacen una parodia de control. Al espasmo que producen las denuncias públicas le sigue el espasmo efímero de la Secretaría de Ambiente de la Nación, de la Agencia Córdoba Ambiente, o de la también incompetente Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba. El Estado debió organizar un catastro de fuentes de residuos peligrosos. Los malos funcionarios son tan peligrosos como los residuos que no controlan y están sueltos.
Respuesta confusa
Hace más de un mes, cuando se allanó un laboratorio en barrio Rogelio Martínez, La Voz del Interior comenzó a intentar consultar al titular de Córdoba Ambiente,Horaldo Senn, acerca de los pocos manipuladores de sustancias peligrosas con certificado. Tras muchos intentos, Senn manifestó que el subcoordinador de Auditorías Ambientales, Carlos Toso, podía dar una respuesta. Toso dijo que era necesario un pedido de información pública según lo marcan un decreto nacional y una ley provincial. El 4 de julio se hizo el pedido, con 12 preguntas.
El 23 de julio, el coordinador del área de residuos peligrosos, Ricardo Aime, respondió por mail aunque las respuestas no se ajustaban a las preguntas o eran parciales.No se respondió sobre las plantas sin certificados y sobre si pueden funcionar sin el mismo.
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