16 jul 2007
Crece oposición a antena
12:40 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (16/07/2007)
Crece oposición a antena en Villa Dolores
"Sabiendo que esto puede ser nocivo, no se lo puede instalar en donde más daño va a hacer. Representa un retraso ideológico y cultural", expresa Alberto Traversaro, uno de los vecinos que enérgicamente se oponen a la construcción, en pleno centro de esta ciudad, de una antena de telefonía celular de 45 metros de altura de la empresa CTI.
La Municipalidad hizo detener la obra en febrero porque no se cumplimentaban requisitos, pero una disposición de la Justicia Federal ordenó recientemente no interferir en la construcción, para garantizar el servicio.
Una batalla legal se libra en torno a la construcción de la antena, que continuaba ayer a unos 70 metros de otra ya existente, de la empresa Personal, en el sector más densamente poblado de Traslasierra.
El viernes pasado, los vecinos cortaron una calle céntrica, y juntan firmas para detener la obra, realizada por una empresa subcontratada. El municipio afirma que seguirá reclamando.
La cuestión legal
La posible nocividad de la antena para la vida humana, la devaluación de las propiedades del sector, el impacto ambiental y el paisajístico preocupan a los habitantes de Villa Dolores, en una historia que se repite en otros lugares. En este caso, la antena se construye en la tercera cuadra de calle Belgrano, en pleno centro comercial y administrativo de la ciudad. Hay una escuela primaria a media cuadra, y comercios, oficinas, viviendas y clínicas en los alrededores.
Hay un conflicto de jurisdicciones. Mientras el municipio tiene el poder de policía dentro de su ejido, el servicio de comunicación es competencia de la Justicia federal.
El abogado Alberto Traversaro, vecino del lugar, enfatiza: "En una picardía de CTI, la medida cautelar se comunicó tres días antes de que empezara la feria judicial para actuar sobre el hecho consumado. Se inició un juicio declarativo de certeza, pero de inmediato se pidió una medida cautelar a la Justicia Federal, que la Municipalidad debe repeler". Y agrega: "la empresa no puede seguir con la obra cuando ni siquiera han terminado el trámite administrativo en la Municipalidad".
Marcelo Durán, uno de los asesores letrados del municipio, señala que "el primer día hábil después de la feria la Municipalidad se va a presentar en el juicio planteando un recurso para dejar sin efecto la medida cautelar de la empresa". Y agrega: "Si el mismo juez no hace lugar al pedido, vamos a recurrir a una instancia superior para que revea la situación. El municipio tiene la decisión política y la viabilidad legal para hacerlo".
Sin estudio ambiental
La concejal Beatriz Tombeur expresó que "la carta orgánica municipal es taxativa: cualquier emprendimiento de este tipo debe estar sujeto a un estudio de impacto ambiental, que no hemos visto aún".
Los vecinos recuerdan que las Constitución Nacional, la provincial y la carta orgánica municipal obligan a proteger el medio ambiente.
Esgrimen además el "principio precautorio"de la ley ambiental 25.675, que establece que si existe la posibilidad de que una acción lesione el ambiente, aun ante la duda se debe evitar dicha acción.
"Se trata de nuestra vida"
"La Organización Mundial de la Salud afirma que las personas que se exponen a la contaminación radioeléctrica son más susceptibles a enfermarse de cáncer. No podemos quedarnos tranquilos en el sector de mayor actividad comercial y administrativa de la ciudad y la zona" señala Sebastián Merlo, habitante del sector.
Martha Fernández, que vive a metros de la obra, expresa: "No es un capricho nuestro oponernos, tenemos mucha angustia porque se trata de nuestra vida y vemos que la Justicia no nos apoya". Isabel Gómez Valera expresa que "desde febrero se hacen trámites para que la antena no avance. No es lógico ni aceptable que esto suceda".
Gerardo Weber enfatiza que "con la tecnología actual no hace falta que se instale esta antena en el centro de la ciudad, podría funcionar igual estando a unos kilómetros, donde sea menos nociva".
Cronología del conflicto
Octubre de 2004. Martín Garay, un particular, solicita permiso para la instalación de una antena de 45 metros en el centro de la ciudad. El municipio le otorga una "prefactibilidad", sujeta al posterior cumplimiento de condiciones (estudio de impacto, pólizas de seguro, etcétera) impuestas por la Agencia Córdoba Ambiente. La empresa alquila un corazón de manzana al vecino Franco Elías, en la tercera cuadra de calle Belgrano. Luego, CTI "se hace cargo" de la obra y presenta un aviso de proyecto de Córdoba Ambiente.
Setiembre de 2006. Vence la póliza de seguros presentada por la empresa sin que hayan iniciado las obras.
Febrero de 2007. Comienzan los trabajos en el predio alquilado. Ante el reclamo de los vecinos, y mediante un decreto, la Municipalidad ordena desmantelar la obra, ya que no se cumplen los requisitos exigidos. CTI Móvil interpone un recurso de consideración, pero lo hace fuera de término.
Junio de 2007. Debido al conflicto, CTI Móvil inicia un juicio contra el municipio ante la Justicia Federal (que tiene competencia en telecomunicaciones), planteando una medida cautelar.
Julio de 2007. Antes de la feria judicial, el fiscal federal Ricardo Bustos Fierro le ordenó a la Municipalidad de Villa Dolores que "se abstenga de obstaculizar, suspender y paralizar el emplazamiento y ulterior funcionamiento de la antena (…) hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo a las presentes actuaciones".
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Crece oposición a antena en Villa Dolores
"Sabiendo que esto puede ser nocivo, no se lo puede instalar en donde más daño va a hacer. Representa un retraso ideológico y cultural", expresa Alberto Traversaro, uno de los vecinos que enérgicamente se oponen a la construcción, en pleno centro de esta ciudad, de una antena de telefonía celular de 45 metros de altura de la empresa CTI.
La Municipalidad hizo detener la obra en febrero porque no se cumplimentaban requisitos, pero una disposición de la Justicia Federal ordenó recientemente no interferir en la construcción, para garantizar el servicio.
Una batalla legal se libra en torno a la construcción de la antena, que continuaba ayer a unos 70 metros de otra ya existente, de la empresa Personal, en el sector más densamente poblado de Traslasierra.
El viernes pasado, los vecinos cortaron una calle céntrica, y juntan firmas para detener la obra, realizada por una empresa subcontratada. El municipio afirma que seguirá reclamando.
La cuestión legal
La posible nocividad de la antena para la vida humana, la devaluación de las propiedades del sector, el impacto ambiental y el paisajístico preocupan a los habitantes de Villa Dolores, en una historia que se repite en otros lugares. En este caso, la antena se construye en la tercera cuadra de calle Belgrano, en pleno centro comercial y administrativo de la ciudad. Hay una escuela primaria a media cuadra, y comercios, oficinas, viviendas y clínicas en los alrededores.
Hay un conflicto de jurisdicciones. Mientras el municipio tiene el poder de policía dentro de su ejido, el servicio de comunicación es competencia de la Justicia federal.
El abogado Alberto Traversaro, vecino del lugar, enfatiza: "En una picardía de CTI, la medida cautelar se comunicó tres días antes de que empezara la feria judicial para actuar sobre el hecho consumado. Se inició un juicio declarativo de certeza, pero de inmediato se pidió una medida cautelar a la Justicia Federal, que la Municipalidad debe repeler". Y agrega: "la empresa no puede seguir con la obra cuando ni siquiera han terminado el trámite administrativo en la Municipalidad".
Marcelo Durán, uno de los asesores letrados del municipio, señala que "el primer día hábil después de la feria la Municipalidad se va a presentar en el juicio planteando un recurso para dejar sin efecto la medida cautelar de la empresa". Y agrega: "Si el mismo juez no hace lugar al pedido, vamos a recurrir a una instancia superior para que revea la situación. El municipio tiene la decisión política y la viabilidad legal para hacerlo".
Sin estudio ambiental
La concejal Beatriz Tombeur expresó que "la carta orgánica municipal es taxativa: cualquier emprendimiento de este tipo debe estar sujeto a un estudio de impacto ambiental, que no hemos visto aún".
Los vecinos recuerdan que las Constitución Nacional, la provincial y la carta orgánica municipal obligan a proteger el medio ambiente.
Esgrimen además el "principio precautorio"de la ley ambiental 25.675, que establece que si existe la posibilidad de que una acción lesione el ambiente, aun ante la duda se debe evitar dicha acción.
"Se trata de nuestra vida"
"La Organización Mundial de la Salud afirma que las personas que se exponen a la contaminación radioeléctrica son más susceptibles a enfermarse de cáncer. No podemos quedarnos tranquilos en el sector de mayor actividad comercial y administrativa de la ciudad y la zona" señala Sebastián Merlo, habitante del sector.
Martha Fernández, que vive a metros de la obra, expresa: "No es un capricho nuestro oponernos, tenemos mucha angustia porque se trata de nuestra vida y vemos que la Justicia no nos apoya". Isabel Gómez Valera expresa que "desde febrero se hacen trámites para que la antena no avance. No es lógico ni aceptable que esto suceda".
Gerardo Weber enfatiza que "con la tecnología actual no hace falta que se instale esta antena en el centro de la ciudad, podría funcionar igual estando a unos kilómetros, donde sea menos nociva".
Cronología del conflicto
Octubre de 2004. Martín Garay, un particular, solicita permiso para la instalación de una antena de 45 metros en el centro de la ciudad. El municipio le otorga una "prefactibilidad", sujeta al posterior cumplimiento de condiciones (estudio de impacto, pólizas de seguro, etcétera) impuestas por la Agencia Córdoba Ambiente. La empresa alquila un corazón de manzana al vecino Franco Elías, en la tercera cuadra de calle Belgrano. Luego, CTI "se hace cargo" de la obra y presenta un aviso de proyecto de Córdoba Ambiente.
Setiembre de 2006. Vence la póliza de seguros presentada por la empresa sin que hayan iniciado las obras.
Febrero de 2007. Comienzan los trabajos en el predio alquilado. Ante el reclamo de los vecinos, y mediante un decreto, la Municipalidad ordena desmantelar la obra, ya que no se cumplen los requisitos exigidos. CTI Móvil interpone un recurso de consideración, pero lo hace fuera de término.
Junio de 2007. Debido al conflicto, CTI Móvil inicia un juicio contra el municipio ante la Justicia Federal (que tiene competencia en telecomunicaciones), planteando una medida cautelar.
Julio de 2007. Antes de la feria judicial, el fiscal federal Ricardo Bustos Fierro le ordenó a la Municipalidad de Villa Dolores que "se abstenga de obstaculizar, suspender y paralizar el emplazamiento y ulterior funcionamiento de la antena (…) hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo a las presentes actuaciones".
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