1 oct 2011
Justicia allanó las sedes de Gamsur y de Cotreco
10:27 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (01/10/2011)
La Justicia allanó las sedes de Gamsur y de Cotreco
Lo decidió Guzmán a mediados de semana pero recién trascendió en las últimas horas. Los agentes de Tribunales buscaron libros de actas, copias del traspaso del contrato de higiene urbana y los balances de las empresas. En el gobierno ya acusan al fiscal de haber politizado la investigación
Antes de irse de viaje, el fiscal Walter Guzmán tomó una decisión que generó un fuerte malestar en el gobierno municipal y entre los directivos de Gamsur: mandó a allanar las sedes riocuartenses de la empresa mixta y la de Cotreco, la empresa cordobesa que desde el 1º de septiembre presta los servicios de higiene urbana y alumbrado público, y a secuestrar documentación para la causa en la que se investiga si la gestión de Juan Jure cometió una ilegalidad al traspasar de manera directa y sin licitación un contrato de 352 millones de pesos.
El operativo en las dos sedes se realizó el miércoles pero ni la fiscalía de Guzmán, ni el PJ -que presentó la denuncia-, ni el gobierno lo dejaron trascender a los medios. Sólo ayer, cuando directivos de la empresa mixta fueron consultados por este diario, el abogado de Gamsur, Roberto Martínez Naas, expresó que la medida le pareció de una rapidez inusitada y de claro contenido político.
El reproche que se oye en el Palacio Municipal y en Gamsur es que Guzmán aceptó con suma celeridad la denuncia presentada por el justicialismo en contra del intendente Juan Jure y de los funcionarios que participaron en el traspaso del contrato a Cotreco. Pero, además, cuestionan que el fiscal haya aceptado al pie de la letra los pedidos de pruebas y de allanamientos que hizo la abogada del PJ, Soledad Nieto.
El propio Martínez Naas dijo ayer que en la mixta se enteraron del allanamiento porque la asesora letrada del bloque opositor lo anunció en los medios días antes. “Dijo que ya lo había hablado con el fiscal, lo cual me produce escozor porque es totalmente irregular”, indicó el abogado.
Los allanamientos en la sede de la ruta 8 y en la del pasaje Trapalanda en Banda Norte -allí está ahora lo que queda de Gamsur- también fueron confirmados por fuentes de la empresa Cotreco, quienes manifestaron que el procedimiento no hacía falta porque los abogados de la firma estaban a disposición del fiscal.
¿Qué fueron a buscar los representantes de la Justicia? Básicamente, la documentación relacionada con la cesión del contrato, que para los denunciantes es la clave para acusar al intendente de, al menos, abuso de autoridad. El justicialismo sostiene en su denuncia que Jure sabía que no podía transferir el contrato de manera directa a Cotreco y, sin embargo, igual lo hizo. No dio participación al Concejo Deliberante ni llamó a ningún tipo de licitación.
En el texto de la presentación judicial, el bloque opositor señaló que el allanamiento se necesitaba con celeridad. “Estimamos que resulta una medida útil, necesaria y urgente a los fines de la investigación de los hechos, basado incluso el perjuicio de la demora en la posible desaparición, adulteración o pérdida de la documentación”, planteó el justicialismo.
Los papeles que fueron a buscar los agentes judiciales fueron: el libro de actas, libro de directorio, libro de asambleas, balance de ambas empresas al 31 de diciembre de 2010 y balance de corte al 31 de agosto de 2011 y toda la documentación que pudiera aportar a la investigación.
Según adelantaron fuentes relacionadas con la causa, la próxima semana ya podrían tomarse las testimoniales que reclamó el justicialismo. Además, se definirá el pedido que hizo el bloque para ser aceptado como querellante, lo que le permitiría acompañar activamente la marcha de la investigación, proponer pruebas y acceder a testimonios y archivos.
La causa se inició el 19 de septiembre, cuando el principal bloque opositor fue a Tribunales para reclamarle al fiscal de turno que investigara el proceso de traspaso del contrato de higiene urbana y alumbrado público porque, a su juicio, se habrían cometido delitos. No fue sólo una presentación formal sino que en 27 páginas el peronismo desmenuzó las violaciones legales que se habrían cometido de parte del Municipio y de Gamsur y denunció al intendente y a sus funcionarios por fraude a la administración pública y abuso de autoridad.
En el PJ consideran que la defraudación será un delito más difícil de probar porque implica constatar que se generó intencionalmente un daño al Estado desde el punto de vista económico. Pero confían en que el abuso de autoridad, que se comete cuando un funcionario transgrede e ignora leyes a sabiendas, es una irregularidad que surge evidente de la simple lectura de las ordenanzas y los contratos. En el texto, enumeran normativas que, a su juicio, no dejan lugar a dudas de que la cesión del contrato sólo podía hacerse si la autorizaba el Concejo Deliberante con los dos tercios de los votos.
Desde que se presentó la denuncia, en el Municipio hay reproches cada vez más enérgicos contra la actitud del PJ y contra lo que consideran una sospechosa velocidad del fiscal.
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- “El fiscal actuó con una rapidez inusitada; es un circo político”
La Justicia allanó las sedes de Gamsur y de Cotreco
Lo decidió Guzmán a mediados de semana pero recién trascendió en las últimas horas. Los agentes de Tribunales buscaron libros de actas, copias del traspaso del contrato de higiene urbana y los balances de las empresas. En el gobierno ya acusan al fiscal de haber politizado la investigación
Antes de irse de viaje, el fiscal Walter Guzmán tomó una decisión que generó un fuerte malestar en el gobierno municipal y entre los directivos de Gamsur: mandó a allanar las sedes riocuartenses de la empresa mixta y la de Cotreco, la empresa cordobesa que desde el 1º de septiembre presta los servicios de higiene urbana y alumbrado público, y a secuestrar documentación para la causa en la que se investiga si la gestión de Juan Jure cometió una ilegalidad al traspasar de manera directa y sin licitación un contrato de 352 millones de pesos.
El operativo en las dos sedes se realizó el miércoles pero ni la fiscalía de Guzmán, ni el PJ -que presentó la denuncia-, ni el gobierno lo dejaron trascender a los medios. Sólo ayer, cuando directivos de la empresa mixta fueron consultados por este diario, el abogado de Gamsur, Roberto Martínez Naas, expresó que la medida le pareció de una rapidez inusitada y de claro contenido político.
El reproche que se oye en el Palacio Municipal y en Gamsur es que Guzmán aceptó con suma celeridad la denuncia presentada por el justicialismo en contra del intendente Juan Jure y de los funcionarios que participaron en el traspaso del contrato a Cotreco. Pero, además, cuestionan que el fiscal haya aceptado al pie de la letra los pedidos de pruebas y de allanamientos que hizo la abogada del PJ, Soledad Nieto.
El propio Martínez Naas dijo ayer que en la mixta se enteraron del allanamiento porque la asesora letrada del bloque opositor lo anunció en los medios días antes. “Dijo que ya lo había hablado con el fiscal, lo cual me produce escozor porque es totalmente irregular”, indicó el abogado.
Los allanamientos en la sede de la ruta 8 y en la del pasaje Trapalanda en Banda Norte -allí está ahora lo que queda de Gamsur- también fueron confirmados por fuentes de la empresa Cotreco, quienes manifestaron que el procedimiento no hacía falta porque los abogados de la firma estaban a disposición del fiscal.
¿Qué fueron a buscar los representantes de la Justicia? Básicamente, la documentación relacionada con la cesión del contrato, que para los denunciantes es la clave para acusar al intendente de, al menos, abuso de autoridad. El justicialismo sostiene en su denuncia que Jure sabía que no podía transferir el contrato de manera directa a Cotreco y, sin embargo, igual lo hizo. No dio participación al Concejo Deliberante ni llamó a ningún tipo de licitación.
En el texto de la presentación judicial, el bloque opositor señaló que el allanamiento se necesitaba con celeridad. “Estimamos que resulta una medida útil, necesaria y urgente a los fines de la investigación de los hechos, basado incluso el perjuicio de la demora en la posible desaparición, adulteración o pérdida de la documentación”, planteó el justicialismo.
Los papeles que fueron a buscar los agentes judiciales fueron: el libro de actas, libro de directorio, libro de asambleas, balance de ambas empresas al 31 de diciembre de 2010 y balance de corte al 31 de agosto de 2011 y toda la documentación que pudiera aportar a la investigación.
Según adelantaron fuentes relacionadas con la causa, la próxima semana ya podrían tomarse las testimoniales que reclamó el justicialismo. Además, se definirá el pedido que hizo el bloque para ser aceptado como querellante, lo que le permitiría acompañar activamente la marcha de la investigación, proponer pruebas y acceder a testimonios y archivos.
La causa se inició el 19 de septiembre, cuando el principal bloque opositor fue a Tribunales para reclamarle al fiscal de turno que investigara el proceso de traspaso del contrato de higiene urbana y alumbrado público porque, a su juicio, se habrían cometido delitos. No fue sólo una presentación formal sino que en 27 páginas el peronismo desmenuzó las violaciones legales que se habrían cometido de parte del Municipio y de Gamsur y denunció al intendente y a sus funcionarios por fraude a la administración pública y abuso de autoridad.
En el PJ consideran que la defraudación será un delito más difícil de probar porque implica constatar que se generó intencionalmente un daño al Estado desde el punto de vista económico. Pero confían en que el abuso de autoridad, que se comete cuando un funcionario transgrede e ignora leyes a sabiendas, es una irregularidad que surge evidente de la simple lectura de las ordenanzas y los contratos. En el texto, enumeran normativas que, a su juicio, no dejan lugar a dudas de que la cesión del contrato sólo podía hacerse si la autorizaba el Concejo Deliberante con los dos tercios de los votos.
Desde que se presentó la denuncia, en el Municipio hay reproches cada vez más enérgicos contra la actitud del PJ y contra lo que consideran una sospechosa velocidad del fiscal.
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