9 sept 2011
Sigue la polémica de Gamsur - Cotreco
9:07 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (09/09/2011)
Para el radical Cendoya, la cesión a Cotreco es ilegal y nula
El concejal salió a diferenciarse de su bloque y enumeró una serie de irregularidades en el traspaso del contrato de Gamsur. Indicó que debió haber pasado por el Concejo y criticó que no haya habido control
El concejal radical Jorge Cendoya salió ayer a diferenciarse de la posición que públicamente tomó su bloque de concejales. Dijo que hay una serie de ilegalidades en el proceso de traspaso del contrato de higiene urbana a la firma cordobesa Cotreco y aseguró que, por ese motivo, el desembarco de la nueva empresa es nulo.
“El bloque oficialista ha manifestado que respalda las acciones llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre el tema Gamsur (...) El convenio celebrado con Cotreco se funda en una nota que presentan los representantes legales de Gamsur, sin la intervención de los síndicos de la empresa, y lo acordado representa un gravísimo precedente con implicancias económicas y personales incalculables”, indicó el radical en su nota.
Cendoya cuestionó el dictamen que el fiscal municipal, Hernán Di Santo, emitió el 26 de agosto y que avaló jurídicamente la maniobra que generó que Gamsur dejara de prestar el servicio de higiene urbana y alumbrado público y que la reemplazara la cordobesa Cotreco.
“Según el fiscal municipal, el artículo 30 del pliego que regula el servicio establece como causal de rescisión por causa del contratista ‘cuando este transfiera el mismo sin autorización del Municipio’. Seguidamente, expresa el funcionario, el artículo 7 también prevé que ‘el adjudicatario no podrá ceder o transferir parcial o totalmente el contrato sin el previo consentimiento de la Municipalidad’. De ello se desprende que cuando el contrato dice ‘Municipio’ el fiscal lee ‘Departamento Ejecutivo’, que obviamente no son lo mismo. En el artículo 4 de la Carta Orgánica Municipal surge claramente que para ese cuerpo legal la Municipalidad es mucho más que el Departamento Ejecutivo Municipal. Y, por si eso fuera poco, el art. 54 de la Carta Orgánica indica: ‘El Gobierno Municipal está constituido por un Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo”, indicó Cendoya en una carta remitida a este diario. Así, planteó que hubo una interpretación forzada de la legislación para permitir que la cesión no pasara por el Concejo Deliberante.
Cendoya agregó además que no existe ningún dictamen técnico del Ejecutivo que avale la cesión. “Tampoco se ha concretado la intervención de los síndicos de Gamsur. Resulta obvio que, sin razón alguna que justifique la premura, se ha salteado al Concejo Deliberante que, en el sistema republicano y representativo como el nuestro, es el órgano más relevante de la administración municipal “, señala Cendoya.
Y agrega: “En el contrato de cesión celebrado con la nueva empresa, la Municipalidad asume serias responsabilidades en el caso de que el personal actual de Gamsur resulte desvinculado de la misma, estableciéndose que todas las indemnizaciones que se generen las pagará Gamsur. Pero si ya dijimos que Gamsur no tiene de dónde sacar dinero (por su complicada situación patrimonial) para ello seguramente será la Municipalidad, es decir “nosotros los contribuyentes”, los que terminaremos pagando”.
El radical indica que tampoco se consultó al Tribunal de Cuentas que tiene el deber de examinar los balances parciales de las entidades y sociedades donde el Municipio tenga participación. “Mi opinión es que estas situaciones ponen al descubierto las ilegalidades que han rodeado la cesión del contrato y que conducen a su absoluta nulidad”, dice Cendoya.
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“Todo el proceso es irregular porque no estaba autorizado”
Zabala, abogado de los socios privados, dijo que no hubo asamblea que avalara el acuerdo con Cotreco ni actas firmadas por los empresarios
Enrique Zabala, abogado de los socios privados de Gamsur, aseguró que el traspaso del contrato de la mixta a la empresa cordobesa Cotreco es irregular y nulo porque no se cumplieron una serie de pasos fundamentales, como la convocatoria a una asamblea y la autorización expresa de todos los socios, que hubieran convalidado el proceso. Por lo tanto, aseguró que la aparición de la firma cordobesa “parece un negocio hecho a las apuradas y que es el certificado de defunción de Gamsur”.
El jueves, los clientes de Zabala, Rubén Infante y Alfredo Corteggiano, les enviaron cartas documento al intendente Juan Jure y a los directores públicos de Gamsur, Hugo Díaz y Andrés Allora, en las que les reclamaron que entreguen la documentación que, según se lee en el contrato con Cotreco, decían conocer al momento de firmar el convenio. Zabala asegura que esos documentos en realidad no existen y que, por lo tanto, se estaría ante el delito de falsedad ideológica.
El abogado aseguró que sus clientes se verán seriamente damnificados por la decisión de socio mayoritario, que es el Municipio. “Estamos en presencia del certificado de defunción de la empresa Gamsur. Esto opera por medio de una ilegalidad, que es la ceder los ingresos de la empresa pero, a la vez, quedarse con todas las deudas. Eso no sólo hace a la impericia de quienes realizaron esto sino que implica romper la cadena de confianza que los socios de Gamsur tienen con quienes son sus directores públicos y que realizaron un acto que les trae un perjuicio social y económico y que posiblemente puede ser pasible de algún reproche penal. Entonces, la única forma de verificar la legalidad y la legitimidad de este acto es solicitar la documentación que los llevó a desprenderse de los derechos de cobro de un contrato de 350 millones de pesos sin ningún otro beneficio que no sea a lo mejor salvar una cuestión coyuntural y política. Nos vimos obligados a enviar cartas documento porque es la única forma de acceder a la documentación, lo cual ya es una situación bastante irregular e inédita porque se supone que todo debe ser transparante y claro y a la vista”, indicó Zabala.
Agregó que todo el proceso fue extraño y con condimentos llamativos. “Si vemos cómo se hizo la cesión, es raro que se haya elegido el momento en que se había ido José Lago de la presidencia. Sería como si Cobos vendiera la Patagonia cuando la Presidenta se fuera de viaje. Porque estamos hablando de unos directores públicos que están conduciendo la empresa de manera provisoria y que transfieren un contrato de 350 millones de pesos. Hablan de una crisis financiera cuando, en realidad, Gamsur tiene un pasivo que no es exigible por el momento. Y lo que hacen estos directores provisorios es sacarle su ingreso principal a Gamsur y vaciarla de contenidos objetivos. Lo hacen un 26 de agosto -ese mismo día el intendente firma la autorización y el fiscal municipal emite su dictamen favorable a la cesión- y comunican que acompañan los antecedentes de la crisis de la empresa, lo cual no es verdad porque los balances todavía no se han hecho y ni siquiera ha habido un mandato de la asamblea y los socios para que se haga tal cosa”, indicó.
Sin firma
Zabala aseguró que para que el traspaso del contrato pudiera hacerse debió existir la firma de los socios. “Ese es el resguardo que tiene la minoría. Esa minoría ha venido siendo siempre perjudicada por las decisiones del socio mayoritario, que es la municipalidad, que fijó precios del servicio de higiene urbana y mantenimiento del alumbrado que no cubrían los costos operativos mínimos”, manifestó el abogado.
Zabala declaró que, con el traspaso a Cotreco, el Municipio le hizo ceder los únicos ingresos que tenía Gamsur que, a la vez, se queda con “todos los riesgos habidos y por haber en perjuicio de la empresa y de los propios trabajadores”. Según el abogado, las cláusulas indemnizatorias señalan que, pase lo que pase, será la mixta la que deberá hacerse cargo de los resarcimientos económicos a los empleados.
“¿Pero qué pasa si dentro de seis años, cuando Cotreco deje de operar, Gamsur no existe porque se quedó sin ingresos? Los trabajadores no van a cobrar nada y por eso me llama la atención el silencio de la dirigencia sindical”, dijo el abogado.
En cuanto al proceso, Zabala detalló que el principal reproche jurídico y societario al traspaso del contrato es que quienes firmaron el convenio con Cotreco no podían hacerlo porque no estaban autorizados. “Se han extralimitado en sus atribuciones, sin autorización de los socios privados y comprometiendo el patrimonio de la empresa. No podemos dejar de sospechar que estamos hablando de un negocio hecho a las apuradas”, indicó.
En las cartas documento que fueron enviadas a Díaz y Allora, los empresarios Infante y Corteggiano dejan constancia que podrían iniciar acciones penales contra los representantes del Estado.
“Creo que hubo falsedad ideológica porque cuando se firmó el contrato con Cotreco se manifestó que se acompañaban, se incorporaban y se conocían las actas que la empresa Gamsur aportaba, en las cuales los socios autorizaban a los directores a firmar este contrato de cesión. Esas actas no existen. Y, si existen, las desconocemos y por lo tanto no resulta legal.
Entonces hay dos posibilidades: si el acta no existe es un delito porque se dijo que había algo que en realidad no había; en el caso de que el acta aparezca no hay delito pero el acto es irregular porque falta la firma de los privados.
En ese caso, todo es nulo. Así que, a nuestro juicio, la discusión sobre si se burló o no la ley al ceder el contrato a Cotreco sin haber hecho una licitación es posterior. Nosotros creemos que falta un paso previo y que es analizar si los cedentes estaban en condiciones de firmar el traspaso. En realidad, las personas que cedieron no estaban autorizadas a hacerlo. Entonces, se trata de un acto societariamente irregular”, manifestó el abogado de los socios privados.
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Para el radical Cendoya, la cesión a Cotreco es ilegal y nula
El concejal salió a diferenciarse de su bloque y enumeró una serie de irregularidades en el traspaso del contrato de Gamsur. Indicó que debió haber pasado por el Concejo y criticó que no haya habido control
El concejal radical Jorge Cendoya salió ayer a diferenciarse de la posición que públicamente tomó su bloque de concejales. Dijo que hay una serie de ilegalidades en el proceso de traspaso del contrato de higiene urbana a la firma cordobesa Cotreco y aseguró que, por ese motivo, el desembarco de la nueva empresa es nulo.
“El bloque oficialista ha manifestado que respalda las acciones llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre el tema Gamsur (...) El convenio celebrado con Cotreco se funda en una nota que presentan los representantes legales de Gamsur, sin la intervención de los síndicos de la empresa, y lo acordado representa un gravísimo precedente con implicancias económicas y personales incalculables”, indicó el radical en su nota.
Cendoya cuestionó el dictamen que el fiscal municipal, Hernán Di Santo, emitió el 26 de agosto y que avaló jurídicamente la maniobra que generó que Gamsur dejara de prestar el servicio de higiene urbana y alumbrado público y que la reemplazara la cordobesa Cotreco.
“Según el fiscal municipal, el artículo 30 del pliego que regula el servicio establece como causal de rescisión por causa del contratista ‘cuando este transfiera el mismo sin autorización del Municipio’. Seguidamente, expresa el funcionario, el artículo 7 también prevé que ‘el adjudicatario no podrá ceder o transferir parcial o totalmente el contrato sin el previo consentimiento de la Municipalidad’. De ello se desprende que cuando el contrato dice ‘Municipio’ el fiscal lee ‘Departamento Ejecutivo’, que obviamente no son lo mismo. En el artículo 4 de la Carta Orgánica Municipal surge claramente que para ese cuerpo legal la Municipalidad es mucho más que el Departamento Ejecutivo Municipal. Y, por si eso fuera poco, el art. 54 de la Carta Orgánica indica: ‘El Gobierno Municipal está constituido por un Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo”, indicó Cendoya en una carta remitida a este diario. Así, planteó que hubo una interpretación forzada de la legislación para permitir que la cesión no pasara por el Concejo Deliberante.
Cendoya agregó además que no existe ningún dictamen técnico del Ejecutivo que avale la cesión. “Tampoco se ha concretado la intervención de los síndicos de Gamsur. Resulta obvio que, sin razón alguna que justifique la premura, se ha salteado al Concejo Deliberante que, en el sistema republicano y representativo como el nuestro, es el órgano más relevante de la administración municipal “, señala Cendoya.
Y agrega: “En el contrato de cesión celebrado con la nueva empresa, la Municipalidad asume serias responsabilidades en el caso de que el personal actual de Gamsur resulte desvinculado de la misma, estableciéndose que todas las indemnizaciones que se generen las pagará Gamsur. Pero si ya dijimos que Gamsur no tiene de dónde sacar dinero (por su complicada situación patrimonial) para ello seguramente será la Municipalidad, es decir “nosotros los contribuyentes”, los que terminaremos pagando”.
El radical indica que tampoco se consultó al Tribunal de Cuentas que tiene el deber de examinar los balances parciales de las entidades y sociedades donde el Municipio tenga participación. “Mi opinión es que estas situaciones ponen al descubierto las ilegalidades que han rodeado la cesión del contrato y que conducen a su absoluta nulidad”, dice Cendoya.
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“Todo el proceso es irregular porque no estaba autorizado”
Zabala, abogado de los socios privados, dijo que no hubo asamblea que avalara el acuerdo con Cotreco ni actas firmadas por los empresarios
Enrique Zabala, abogado de los socios privados de Gamsur, aseguró que el traspaso del contrato de la mixta a la empresa cordobesa Cotreco es irregular y nulo porque no se cumplieron una serie de pasos fundamentales, como la convocatoria a una asamblea y la autorización expresa de todos los socios, que hubieran convalidado el proceso. Por lo tanto, aseguró que la aparición de la firma cordobesa “parece un negocio hecho a las apuradas y que es el certificado de defunción de Gamsur”.
El jueves, los clientes de Zabala, Rubén Infante y Alfredo Corteggiano, les enviaron cartas documento al intendente Juan Jure y a los directores públicos de Gamsur, Hugo Díaz y Andrés Allora, en las que les reclamaron que entreguen la documentación que, según se lee en el contrato con Cotreco, decían conocer al momento de firmar el convenio. Zabala asegura que esos documentos en realidad no existen y que, por lo tanto, se estaría ante el delito de falsedad ideológica.
El abogado aseguró que sus clientes se verán seriamente damnificados por la decisión de socio mayoritario, que es el Municipio. “Estamos en presencia del certificado de defunción de la empresa Gamsur. Esto opera por medio de una ilegalidad, que es la ceder los ingresos de la empresa pero, a la vez, quedarse con todas las deudas. Eso no sólo hace a la impericia de quienes realizaron esto sino que implica romper la cadena de confianza que los socios de Gamsur tienen con quienes son sus directores públicos y que realizaron un acto que les trae un perjuicio social y económico y que posiblemente puede ser pasible de algún reproche penal. Entonces, la única forma de verificar la legalidad y la legitimidad de este acto es solicitar la documentación que los llevó a desprenderse de los derechos de cobro de un contrato de 350 millones de pesos sin ningún otro beneficio que no sea a lo mejor salvar una cuestión coyuntural y política. Nos vimos obligados a enviar cartas documento porque es la única forma de acceder a la documentación, lo cual ya es una situación bastante irregular e inédita porque se supone que todo debe ser transparante y claro y a la vista”, indicó Zabala.
Agregó que todo el proceso fue extraño y con condimentos llamativos. “Si vemos cómo se hizo la cesión, es raro que se haya elegido el momento en que se había ido José Lago de la presidencia. Sería como si Cobos vendiera la Patagonia cuando la Presidenta se fuera de viaje. Porque estamos hablando de unos directores públicos que están conduciendo la empresa de manera provisoria y que transfieren un contrato de 350 millones de pesos. Hablan de una crisis financiera cuando, en realidad, Gamsur tiene un pasivo que no es exigible por el momento. Y lo que hacen estos directores provisorios es sacarle su ingreso principal a Gamsur y vaciarla de contenidos objetivos. Lo hacen un 26 de agosto -ese mismo día el intendente firma la autorización y el fiscal municipal emite su dictamen favorable a la cesión- y comunican que acompañan los antecedentes de la crisis de la empresa, lo cual no es verdad porque los balances todavía no se han hecho y ni siquiera ha habido un mandato de la asamblea y los socios para que se haga tal cosa”, indicó.
Sin firma
Zabala aseguró que para que el traspaso del contrato pudiera hacerse debió existir la firma de los socios. “Ese es el resguardo que tiene la minoría. Esa minoría ha venido siendo siempre perjudicada por las decisiones del socio mayoritario, que es la municipalidad, que fijó precios del servicio de higiene urbana y mantenimiento del alumbrado que no cubrían los costos operativos mínimos”, manifestó el abogado.
Zabala declaró que, con el traspaso a Cotreco, el Municipio le hizo ceder los únicos ingresos que tenía Gamsur que, a la vez, se queda con “todos los riesgos habidos y por haber en perjuicio de la empresa y de los propios trabajadores”. Según el abogado, las cláusulas indemnizatorias señalan que, pase lo que pase, será la mixta la que deberá hacerse cargo de los resarcimientos económicos a los empleados.
“¿Pero qué pasa si dentro de seis años, cuando Cotreco deje de operar, Gamsur no existe porque se quedó sin ingresos? Los trabajadores no van a cobrar nada y por eso me llama la atención el silencio de la dirigencia sindical”, dijo el abogado.
En cuanto al proceso, Zabala detalló que el principal reproche jurídico y societario al traspaso del contrato es que quienes firmaron el convenio con Cotreco no podían hacerlo porque no estaban autorizados. “Se han extralimitado en sus atribuciones, sin autorización de los socios privados y comprometiendo el patrimonio de la empresa. No podemos dejar de sospechar que estamos hablando de un negocio hecho a las apuradas”, indicó.
En las cartas documento que fueron enviadas a Díaz y Allora, los empresarios Infante y Corteggiano dejan constancia que podrían iniciar acciones penales contra los representantes del Estado.
“Creo que hubo falsedad ideológica porque cuando se firmó el contrato con Cotreco se manifestó que se acompañaban, se incorporaban y se conocían las actas que la empresa Gamsur aportaba, en las cuales los socios autorizaban a los directores a firmar este contrato de cesión. Esas actas no existen. Y, si existen, las desconocemos y por lo tanto no resulta legal.
Entonces hay dos posibilidades: si el acta no existe es un delito porque se dijo que había algo que en realidad no había; en el caso de que el acta aparezca no hay delito pero el acto es irregular porque falta la firma de los privados.
En ese caso, todo es nulo. Así que, a nuestro juicio, la discusión sobre si se burló o no la ley al ceder el contrato a Cotreco sin haber hecho una licitación es posterior. Nosotros creemos que falta un paso previo y que es analizar si los cedentes estaban en condiciones de firmar el traspaso. En realidad, las personas que cedieron no estaban autorizadas a hacerlo. Entonces, se trata de un acto societariamente irregular”, manifestó el abogado de los socios privados.
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