24 sept 2011
Sobre el predio del enterramiento de Río IV
9:08 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (24/09/2011)
“No había manera de ganar el juicio por el enterramiento”
El fiscal Di Santo le respondió a las críticas de Abrahan. Aseguró que el Municipio perdió la demanda por el campo de 80 hectáreas porque el proceso iniciado por la gestión de Cantero era improcedente
“Era una demanda inviable. No había manera de que un juez emitiera una sentencia favorable a la Municipalidad. Y la única responsabilidad es de los funcionarios del gobierno de Alberto Cantero que, en su momento, no hicieron lo que debían hacer, con el único objetivo de evitar un costo político”. Así le respondió el actual fiscal municipal, Hernán Di Santo, a Hugo Abrahan, su antecesor, quien en 2002 fue a la Justicia para reclamar que el productor Roberto Carlos Calvo cumpliera con el contrato por el cual debía entregarle al Municipio 80 hectáreas de su propiedad. Sin embargo, los jueces, desde los de primera instancia hasta los integrantes del Tribunal Superior, entendieron que el Estado no tenía la razón porque intentó pagar 250 mil dólares a la paridad uno a uno con el dólar a pesar de que la convertibilidad llevaba casi un año caída y, además, porque el gobierno de Cantero no completó los trámites de mensura y subdivisión que, según el contrato de compraventa, estaban a su cargo.
Abrahan, después de que el oficialismo amenazara con llevarlo a la Justicia por haber iniciado una demanda que generará ahora un perjucio de 5 millones de pesos para el Municipio, responsabilizó públicamente a Di Santo por los resultados adversos ya que, según dijo, ha llevado el juicio durante los últimos años.
Ayer, Di Santo negó tajantemente esa acusación. “Hubo un incumplimiento del Municipio en relación a las obligaciones contractuales asumidas en el boleto de compraventa que se firmó con Calvo. A pesar de eso, fue el propio gobierno de Cantero el que dio inicio a una demanda inviable con el único fin de evitar la responsabilidad política que implicaba resolver el contrato y dejar sin efecto el proyecto de construir en ese predio una planta de tratamiento de efluentes cloacales”, indicó el actual fiscal municipal.
Di Santo dijo que, con el inicio de la demanda, el gobierno de Cantero buscó trasladar a una gestión futura el costo político de devolver el campo.
“Resulta claro que la única responsabilidad de la resolución contractual que la Justicia ha confirmado en todas las instancias es de exclusiva y excluyente responsabilidad de los funcionarios que en el año 2002 incumplieron con las obligaciones de su cargo. La primera obligación incumplida fue que no se completó el pago íntegro del precio del contrato; la segunda es que no se hizo el plano de mensura y subdivisión tendientes a escriturar el bien. Esta fiscalía ha hablado de inviabilidad pero no puede decirse que sea por oportunismo, porque la sentencia recién fue confirmada la semana pasada y, además, porque la inviabilidad está demostrada en que el Municipio perdió en primera y segunda instancia y en el Tribunal Superior”, dijo Di Santo.
Para el fiscal, uno de los hechos centrales que motivaron que el Municipio perdiera en los Tribunales es que se pretendió, en 2002, pagar el 40 por ciento del valor de las 80 hectáreas y, además, se intentó escriturar sin que existiera plano de mensura y subdivisión. “Por eso ningún juez estaba en condiciones de hacer lugar a la demanda porque era totalmente improcedente. El proceso, en su integralidad, estuvo a cargo, hasta los alegatos, de la Fiscalía municipal a cargo de la gestión de Cantero. Por eso, pretender endilgarles responsabilidades a las gestiones posteriores constituye un verdadero despropósito y un oportunismo político inaceptable”, declaró Di Santo.
El fiscal municipal aseguró que durante su gestión sólo decidió llevar adelante la apelación ante el Tribunal Superior porque pretendía que quedaran sin efecto la condena a pagar daños y perjuicios. “Ese objetivo se logró porque, de lo contrario, la pérdida hubiera sido mucho mayor. Pero, en definitiva, hoy debemos empezar a analizar la restitución de las 80 hectáreas”, planteó Di Santo.
Agregó que nunca la opción pudo ser iniciar una demanda contra Calvo. “Había dos alternativas: reajustar el precio a los valores actuales y buscar los mecanismos para afrontar esas sumas o resolver el contrato y entregar las 80 hectáreas y recibir a cambio los 70 mil dólares que ya había pagado. Esas opciones fueron planteadas por Calvo en la contestación de la demanda pero la gestión de Cantero las rechazó. Por eso se inició una demanda en 2002 que era totalmente improcedente”, dijo Di Santo.
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“No había manera de ganar el juicio por el enterramiento”
El fiscal Di Santo le respondió a las críticas de Abrahan. Aseguró que el Municipio perdió la demanda por el campo de 80 hectáreas porque el proceso iniciado por la gestión de Cantero era improcedente
“Era una demanda inviable. No había manera de que un juez emitiera una sentencia favorable a la Municipalidad. Y la única responsabilidad es de los funcionarios del gobierno de Alberto Cantero que, en su momento, no hicieron lo que debían hacer, con el único objetivo de evitar un costo político”. Así le respondió el actual fiscal municipal, Hernán Di Santo, a Hugo Abrahan, su antecesor, quien en 2002 fue a la Justicia para reclamar que el productor Roberto Carlos Calvo cumpliera con el contrato por el cual debía entregarle al Municipio 80 hectáreas de su propiedad. Sin embargo, los jueces, desde los de primera instancia hasta los integrantes del Tribunal Superior, entendieron que el Estado no tenía la razón porque intentó pagar 250 mil dólares a la paridad uno a uno con el dólar a pesar de que la convertibilidad llevaba casi un año caída y, además, porque el gobierno de Cantero no completó los trámites de mensura y subdivisión que, según el contrato de compraventa, estaban a su cargo.
Abrahan, después de que el oficialismo amenazara con llevarlo a la Justicia por haber iniciado una demanda que generará ahora un perjucio de 5 millones de pesos para el Municipio, responsabilizó públicamente a Di Santo por los resultados adversos ya que, según dijo, ha llevado el juicio durante los últimos años.
Ayer, Di Santo negó tajantemente esa acusación. “Hubo un incumplimiento del Municipio en relación a las obligaciones contractuales asumidas en el boleto de compraventa que se firmó con Calvo. A pesar de eso, fue el propio gobierno de Cantero el que dio inicio a una demanda inviable con el único fin de evitar la responsabilidad política que implicaba resolver el contrato y dejar sin efecto el proyecto de construir en ese predio una planta de tratamiento de efluentes cloacales”, indicó el actual fiscal municipal.
Di Santo dijo que, con el inicio de la demanda, el gobierno de Cantero buscó trasladar a una gestión futura el costo político de devolver el campo.
“Resulta claro que la única responsabilidad de la resolución contractual que la Justicia ha confirmado en todas las instancias es de exclusiva y excluyente responsabilidad de los funcionarios que en el año 2002 incumplieron con las obligaciones de su cargo. La primera obligación incumplida fue que no se completó el pago íntegro del precio del contrato; la segunda es que no se hizo el plano de mensura y subdivisión tendientes a escriturar el bien. Esta fiscalía ha hablado de inviabilidad pero no puede decirse que sea por oportunismo, porque la sentencia recién fue confirmada la semana pasada y, además, porque la inviabilidad está demostrada en que el Municipio perdió en primera y segunda instancia y en el Tribunal Superior”, dijo Di Santo.
Para el fiscal, uno de los hechos centrales que motivaron que el Municipio perdiera en los Tribunales es que se pretendió, en 2002, pagar el 40 por ciento del valor de las 80 hectáreas y, además, se intentó escriturar sin que existiera plano de mensura y subdivisión. “Por eso ningún juez estaba en condiciones de hacer lugar a la demanda porque era totalmente improcedente. El proceso, en su integralidad, estuvo a cargo, hasta los alegatos, de la Fiscalía municipal a cargo de la gestión de Cantero. Por eso, pretender endilgarles responsabilidades a las gestiones posteriores constituye un verdadero despropósito y un oportunismo político inaceptable”, declaró Di Santo.
El fiscal municipal aseguró que durante su gestión sólo decidió llevar adelante la apelación ante el Tribunal Superior porque pretendía que quedaran sin efecto la condena a pagar daños y perjuicios. “Ese objetivo se logró porque, de lo contrario, la pérdida hubiera sido mucho mayor. Pero, en definitiva, hoy debemos empezar a analizar la restitución de las 80 hectáreas”, planteó Di Santo.
Agregó que nunca la opción pudo ser iniciar una demanda contra Calvo. “Había dos alternativas: reajustar el precio a los valores actuales y buscar los mecanismos para afrontar esas sumas o resolver el contrato y entregar las 80 hectáreas y recibir a cambio los 70 mil dólares que ya había pagado. Esas opciones fueron planteadas por Calvo en la contestación de la demanda pero la gestión de Cantero las rechazó. Por eso se inició una demanda en 2002 que era totalmente improcedente”, dijo Di Santo.
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