28 sept 2011
Opiniones sobre el juicio del vertedero de Río IV
10:43 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (28/09/2011)
“El gobierno debió haber ido a la Corte por el enterramiento”
Lo dijo Juan Manuel Aparicio, el reconocido abogado cordobés que asesoró a la Municipalidad en el juicio por el que deberá devolver 80 hectáreas. El letrado aseguró que el Estado local tenía serios argumentos para ganar en el máximo tribunal. Rechazó así que la demanda haya sido inviable
Juan Manuel Aparicio es un reconocido abogado cordobés. A él recurrió la Municipalidad de Río Cuarto en 2002, cuando el conflicto con el productor Roberto Calvo, que le había vendido al Estado 100 hectáreas para construir allí una planta de efluentes cloacales, terminó en la Justicia. Desde entonces y hasta el día en que el Tribunal de Justicia de Córdoba rechazó el recurso extraordinario que presentó el Municipio, Aparicio fue el asesor jurídico en ese caso. Los dos gobiernos que sucedieron al de Alberto Cantero decidieron mantenerlo en el cargo. Ahora, Aparicio asegura que Río Cuarto tenía argumentos para ganar en la Corte Suprema de Justicia y que, por lo tanto, debió haber presentado un recurso directo para evitar desprenderse de las 80 hectáreas que le reclama el productor rural.
El gobierno de Juan Jure decidió que, después del fallo en contra del Tribunal Superior, no iría a la Corte. Uno de los argumentos fue que Aparicio había aconsejado que no era conveniente seguir perdiendo tiempo y dinero en una causa que era inviable.
Sin embargo, ayer Aparicio, en comunicación con este diario, opinó lo contrario.
“En su oportunidad, le comuniqué al gobierno que el Tribunal Superior había denegado el recurso de casación, pero que la votación había salido 2 a 1. Vale decir que fue por mayoría, algo poco habitual en este tipo de fallos. Uno de los vocales -el doctor Carlos García Alloco- votó a favor de la procedencia del recurso de casación. A mi juicio, el Municipio debía haber interpuesto el recurso directo. Me propusieron que interpusiera yo pero les dije que no, que debían buscar a alguien con contactos en Buenos Aires. Pero tuvieron tiempo desde mayo para tomar una decisión”, manifestó Aparicio. E insistió en que, habiendo salido 2 a 1 la votación, la Municipalidad debió ir directamente ante la Corte.
Con respecto a las declaraciones de Hernán Di Santo, fiscal municipal, de que la demanda iniciada por el Municipio contra Calvo era inviable, Aparicio manifestó una opinión contrapuesta: “Entiendo que se pudo ganar e, incluso, que la sentencia del Tribunal Superior y la sentencia de la Cámara incurren, desde mi punto de vista, en graves errores. Por eso había posibilidades netas de salir airosos”.
En 2001, el gobierno de Alberto Cantero llegó a un acuerdo con Roberto Calvo para comprarle 100 hectáreas camino a La Gilda. El costo total era de 400 mil pesos/dólares. El Estado pagó sin problemas y logró escriturar 20 hectáreas, en las cuales funciona ahora el enterramiento sanitario de Gamsur. Pero las otras 80 hectáreas están en litigio desde 2002, porque el Estado pagó fuera de término y con la paridad uno a uno una deuda que se había tomado en la convertibilidad. Y, además, porque no hizo los trámites de mensura y subdivisión que estaban a su cargo.
El primer fallo determinó que debían repartirse las diferencias y el Municipio tenía que pagar 1 a 1 más una diferencia del 65% entre esa paridad y la cotización de la moneda norteamericana en el mercado. Pero los fallos posteriores fueron claramente adversos al Estado, que ahora debería devolver un campo que está valuado en 5 millones de pesos.
“Es un juicio complejo, en el que, entiendo, la Municipalidad tenía perspectivas, serios argumentos para ganar”, indicó el asesor letrado.
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El peronismo reclama que el Municipio actúe
Guillermo Natali, concejal justicialista, le reclamó al gobierno que vaya hasta las últimas consecuencias en el juicio por las 80 hectáreas del enterramiento sanitario.
“El fiscal ha asegurado que devolverán la tierra. Pero deseamos que sean sólo opiniones políticas porque, claramente, este tema se está usando políticamente para tapar el traspaso de un contrato de 80 millones de dólares a sola firma. El gobierno busca perjudicar las chances del PJ. Deseamos que el fiscal Di Santo esté pensando en apelar a la Corte; primero porque es la responsabilidad funcional del fiscal municipal. La Carta Orgánica indica claramente que debe defender el patrimonio municipal hasta las últimas consecuencias”, dijo Natali.
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“El gobierno debió haber ido a la Corte por el enterramiento”
Lo dijo Juan Manuel Aparicio, el reconocido abogado cordobés que asesoró a la Municipalidad en el juicio por el que deberá devolver 80 hectáreas. El letrado aseguró que el Estado local tenía serios argumentos para ganar en el máximo tribunal. Rechazó así que la demanda haya sido inviable
Juan Manuel Aparicio es un reconocido abogado cordobés. A él recurrió la Municipalidad de Río Cuarto en 2002, cuando el conflicto con el productor Roberto Calvo, que le había vendido al Estado 100 hectáreas para construir allí una planta de efluentes cloacales, terminó en la Justicia. Desde entonces y hasta el día en que el Tribunal de Justicia de Córdoba rechazó el recurso extraordinario que presentó el Municipio, Aparicio fue el asesor jurídico en ese caso. Los dos gobiernos que sucedieron al de Alberto Cantero decidieron mantenerlo en el cargo. Ahora, Aparicio asegura que Río Cuarto tenía argumentos para ganar en la Corte Suprema de Justicia y que, por lo tanto, debió haber presentado un recurso directo para evitar desprenderse de las 80 hectáreas que le reclama el productor rural.
El gobierno de Juan Jure decidió que, después del fallo en contra del Tribunal Superior, no iría a la Corte. Uno de los argumentos fue que Aparicio había aconsejado que no era conveniente seguir perdiendo tiempo y dinero en una causa que era inviable.
Sin embargo, ayer Aparicio, en comunicación con este diario, opinó lo contrario.
“En su oportunidad, le comuniqué al gobierno que el Tribunal Superior había denegado el recurso de casación, pero que la votación había salido 2 a 1. Vale decir que fue por mayoría, algo poco habitual en este tipo de fallos. Uno de los vocales -el doctor Carlos García Alloco- votó a favor de la procedencia del recurso de casación. A mi juicio, el Municipio debía haber interpuesto el recurso directo. Me propusieron que interpusiera yo pero les dije que no, que debían buscar a alguien con contactos en Buenos Aires. Pero tuvieron tiempo desde mayo para tomar una decisión”, manifestó Aparicio. E insistió en que, habiendo salido 2 a 1 la votación, la Municipalidad debió ir directamente ante la Corte.
Con respecto a las declaraciones de Hernán Di Santo, fiscal municipal, de que la demanda iniciada por el Municipio contra Calvo era inviable, Aparicio manifestó una opinión contrapuesta: “Entiendo que se pudo ganar e, incluso, que la sentencia del Tribunal Superior y la sentencia de la Cámara incurren, desde mi punto de vista, en graves errores. Por eso había posibilidades netas de salir airosos”.
En 2001, el gobierno de Alberto Cantero llegó a un acuerdo con Roberto Calvo para comprarle 100 hectáreas camino a La Gilda. El costo total era de 400 mil pesos/dólares. El Estado pagó sin problemas y logró escriturar 20 hectáreas, en las cuales funciona ahora el enterramiento sanitario de Gamsur. Pero las otras 80 hectáreas están en litigio desde 2002, porque el Estado pagó fuera de término y con la paridad uno a uno una deuda que se había tomado en la convertibilidad. Y, además, porque no hizo los trámites de mensura y subdivisión que estaban a su cargo.
El primer fallo determinó que debían repartirse las diferencias y el Municipio tenía que pagar 1 a 1 más una diferencia del 65% entre esa paridad y la cotización de la moneda norteamericana en el mercado. Pero los fallos posteriores fueron claramente adversos al Estado, que ahora debería devolver un campo que está valuado en 5 millones de pesos.
“Es un juicio complejo, en el que, entiendo, la Municipalidad tenía perspectivas, serios argumentos para ganar”, indicó el asesor letrado.
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El peronismo reclama que el Municipio actúe
Guillermo Natali, concejal justicialista, le reclamó al gobierno que vaya hasta las últimas consecuencias en el juicio por las 80 hectáreas del enterramiento sanitario.
“El fiscal ha asegurado que devolverán la tierra. Pero deseamos que sean sólo opiniones políticas porque, claramente, este tema se está usando políticamente para tapar el traspaso de un contrato de 80 millones de dólares a sola firma. El gobierno busca perjudicar las chances del PJ. Deseamos que el fiscal Di Santo esté pensando en apelar a la Corte; primero porque es la responsabilidad funcional del fiscal municipal. La Carta Orgánica indica claramente que debe defender el patrimonio municipal hasta las últimas consecuencias”, dijo Natali.
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