29 sept 2011
Cotreco: El fiscal empezó a investigar
6:03 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (29/09/2011)
El fiscal empezó a investigar el caso Cotreco: ya pidió pruebas
Ni bien recibió la notificación de que debía hacerse cargo de la denuncia del PJ, Walter Guzmán ordenó una serie de medidas para determinar si hubo abuso de autoridad y defraudación al Estado en la cesión del contrato de higiene urbana y alumbrado. Reclamó el expediente y los balances de las empresas
La Justicia dio el primer paso en el caso Cotreco. El fiscal Walter Guzmán, que el miércoles fue designado para analizar la denuncia que presentó el justicialismo, ya ordenó una serie de pruebas para definir si la investigación deriva en una imputación contra funcionarios municipales por haber cedido de manera directa el contrato de higiene urbana a la empresa privada Cotreco o en el archivo de las actuaciones.
Guzmán pidió al Concejo Deliberante copia del expediente administrativo completo de lo que fue el traspaso del contrato desde la empresa mixta Gamsur a la privada Cotreco y los estados contables de las dos sociedades que participaron en la operación.
El lunes 19 de septiembre, el bloque de concejales justicialistas presentó una denuncia en Tribunales en la que reclamó una investigación penal por la polémica cesión del contrato de Gamsur a Cotreco, que en los próximos seis años implicará un desembolso de al menos 352 millones de pesos para el Estado municipal. En esa presentación, que cayó muy mal en el gobierno por la dureza del escrito, el PJ acusó al intendente y a todos los funcionarios que participaron en la transferencia de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad. Ahora, Soledad Nieto, la abogada que representa al bloque opositor, sostiene que en 15 días el fiscal tendrá los elementos suficientes para imputarle abuso de autoridad al menos al intendente.
Ese delito, que está tipificado en el artículo 248 del Código Penal, se produce cuando un funcionario público dicta resoluciones o toma decisiones contrarias a la ley. En este caso, el justicialismo sostiene que Jure autorizó la cesión del contrato a pesar de que sabía que era una medida que debía ser avalada por los dos tercios del Concejo Deliberante y que no podía ser definida unilateralmente por el Ejecutivo. “Con la documentación que estamos ofreciendo basta para determinar si hubo o no delito, al menos en lo referido al abuso de autoridad. Por supuesto que el fraude a la administración pública implica probar si hay un perjuicio económico concreto al Estado y, por lo tanto, requiere una pericia contable”, manifestó Nieto.
Los cuestionamientos
La ofensiva jurídica de PJ se produjo por la decisión del gobierno municipal de cederle directamente a la firma cordobesa Cotreco, sin licitación ni concurso, el contrato que tenía Gamsur para prestar los servicios de higiene urbana y mantenimiento del alumbrado público. Fue una cesión del contrato que, según la Fiscalía Municipal, estaba contemplada en el último contrato aprobado por el Concejo Deliberante en 2010.
Sin embargo, el justicialismo citó nueve violaciones a ordenanzas y leyes superiores, incluso a la Constitución Provincial y a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
“Lo importante en este caso es que el fiscal Guzmán decidió abrir la investigación de inmediato. El día en que tomó la causa decidió hacer lugar a las medidas probatorias que habíamos propuesto. Y, a partir de ahí, él se tomará el tiempo que crea necesario para llegar a una decisión. Pero no se trata de una causa compleja, de una megacausa difícil de probar. No es demasiado complicado determinar si el intendente podía o no hacer lo que hizo. Para nosotros está claro que no podía”, manifestó Soledad Nieto.
Ayer, a primera hora, la abogada les comunicó a los concejales justicialistas y a Hugo Abrahan, titular del partido, la decisión de Guzmán.
Nieto detalló que el fiscal pedirá que el Concejo Deliberante dé una copia completa del expediente administrativo. “Allí está todo: la carta de los socios públicos en la que le piden al intendente el dictamen del fiscal, la ordenanza y el contrato. También pedimos los libros de Cotreco y de Gamsur, el balance del año pasado y el balance representativo de lo que va del año, los libros de asamblea y los que normalmente tiene que llevar una sociedad. Estimo que ahora van a aparecer los anexos en los que están los detalles del contrato que nunca se dieron a conocer. Pero, como no estaba foliado el expediente, pueden incluir cualquier cosa. Aunque hay cuestiones que ya no están, que no se hicieron nunca y no podrán aparecer; por ejemplo, el acta de 26 de agosto en la que debía quedar constancia de la reunión de los socios de Gamsur, incluso los privados, y debían aprobar la cesión. Eso no está y es una documentación importante”, dijo la abogada.
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- “Los empleados de Gamsur viven una incertidumbre total”
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Ni bien recibió la notificación de que debía hacerse cargo de la denuncia del PJ, Walter Guzmán ordenó una serie de medidas para determinar si hubo abuso de autoridad y defraudación al Estado en la cesión del contrato de higiene urbana y alumbrado. Reclamó el expediente y los balances de las empresas
La Justicia dio el primer paso en el caso Cotreco. El fiscal Walter Guzmán, que el miércoles fue designado para analizar la denuncia que presentó el justicialismo, ya ordenó una serie de pruebas para definir si la investigación deriva en una imputación contra funcionarios municipales por haber cedido de manera directa el contrato de higiene urbana a la empresa privada Cotreco o en el archivo de las actuaciones.
Guzmán pidió al Concejo Deliberante copia del expediente administrativo completo de lo que fue el traspaso del contrato desde la empresa mixta Gamsur a la privada Cotreco y los estados contables de las dos sociedades que participaron en la operación.
El lunes 19 de septiembre, el bloque de concejales justicialistas presentó una denuncia en Tribunales en la que reclamó una investigación penal por la polémica cesión del contrato de Gamsur a Cotreco, que en los próximos seis años implicará un desembolso de al menos 352 millones de pesos para el Estado municipal. En esa presentación, que cayó muy mal en el gobierno por la dureza del escrito, el PJ acusó al intendente y a todos los funcionarios que participaron en la transferencia de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad. Ahora, Soledad Nieto, la abogada que representa al bloque opositor, sostiene que en 15 días el fiscal tendrá los elementos suficientes para imputarle abuso de autoridad al menos al intendente.
Ese delito, que está tipificado en el artículo 248 del Código Penal, se produce cuando un funcionario público dicta resoluciones o toma decisiones contrarias a la ley. En este caso, el justicialismo sostiene que Jure autorizó la cesión del contrato a pesar de que sabía que era una medida que debía ser avalada por los dos tercios del Concejo Deliberante y que no podía ser definida unilateralmente por el Ejecutivo. “Con la documentación que estamos ofreciendo basta para determinar si hubo o no delito, al menos en lo referido al abuso de autoridad. Por supuesto que el fraude a la administración pública implica probar si hay un perjuicio económico concreto al Estado y, por lo tanto, requiere una pericia contable”, manifestó Nieto.
Los cuestionamientos
La ofensiva jurídica de PJ se produjo por la decisión del gobierno municipal de cederle directamente a la firma cordobesa Cotreco, sin licitación ni concurso, el contrato que tenía Gamsur para prestar los servicios de higiene urbana y mantenimiento del alumbrado público. Fue una cesión del contrato que, según la Fiscalía Municipal, estaba contemplada en el último contrato aprobado por el Concejo Deliberante en 2010.
Sin embargo, el justicialismo citó nueve violaciones a ordenanzas y leyes superiores, incluso a la Constitución Provincial y a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
“Lo importante en este caso es que el fiscal Guzmán decidió abrir la investigación de inmediato. El día en que tomó la causa decidió hacer lugar a las medidas probatorias que habíamos propuesto. Y, a partir de ahí, él se tomará el tiempo que crea necesario para llegar a una decisión. Pero no se trata de una causa compleja, de una megacausa difícil de probar. No es demasiado complicado determinar si el intendente podía o no hacer lo que hizo. Para nosotros está claro que no podía”, manifestó Soledad Nieto.
Ayer, a primera hora, la abogada les comunicó a los concejales justicialistas y a Hugo Abrahan, titular del partido, la decisión de Guzmán.
Nieto detalló que el fiscal pedirá que el Concejo Deliberante dé una copia completa del expediente administrativo. “Allí está todo: la carta de los socios públicos en la que le piden al intendente el dictamen del fiscal, la ordenanza y el contrato. También pedimos los libros de Cotreco y de Gamsur, el balance del año pasado y el balance representativo de lo que va del año, los libros de asamblea y los que normalmente tiene que llevar una sociedad. Estimo que ahora van a aparecer los anexos en los que están los detalles del contrato que nunca se dieron a conocer. Pero, como no estaba foliado el expediente, pueden incluir cualquier cosa. Aunque hay cuestiones que ya no están, que no se hicieron nunca y no podrán aparecer; por ejemplo, el acta de 26 de agosto en la que debía quedar constancia de la reunión de los socios de Gamsur, incluso los privados, y debían aprobar la cesión. Eso no está y es una documentación importante”, dijo la abogada.
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