27 sept 2011
Incendios, recursos y responsabilidades
7:00 a.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Diario de Villa María (27/09/2011)
Incendios, recursos y responsabilidades
En las últimas décadas, el entorno natural ha sufrido una gran degradación ambiental como consecuencia de la actividad y desaprensión humanas. El precio del desarrollo económico-tecnológico se refleja en severos problemas y padecimientos medioambientales como el calentamiento global, la reducción de la capa de ozono, la contaminación del agua y el aire, la erosión de la tierra y la deforestación los que requieren soluciones inmediatas que debieran traducirse en la principal preocupación transversal de los gobiernos, de los responsables de las políticas públicas como de la ciudadanía en general, no sólo de las ONG’s.
Baste señalar que constitucionalmente, todas las personas gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras, (Art. 41 CN).
En Córdoba, concretamente su Carta Magna proclama que “el agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial protección en la provincia” añadiendo que el “Estado provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico sin discriminación de individuos o regiones” (Art. 66 CP).
La manda constitucional no olvidó ni omitió lo concerniente al daño ambiental estableciendo que generará prioritariamente la obligación de recomponer atribuyendo la misma a las autoridades en la medida que no prevean la protección del derecho a dicho ambiente sano, equilibrado y apto para todo el desarrollo humano incurriendo en imprevisiones inexcusables para la preservación del patrimonio natural, de la diversidad biológica, de la flora y de la fauna; en la omisión de información, prevención y educación ambiental adecuadas, veraces y oportunas.
La constitución provincial ha ido aún más lejos al hablar también de recuperación de recursos naturales previendo para ello la asignación prioritaria de medios suficientes.
Nuestras adversas realidades naturales no son nuevas como tampoco lo son los dispositivos constitucionales que nos obligan imperativa y prioritariamente ya que, obviamente, sin aire, sin agua, sin tierra ni recursos naturales en general, nada queda por hacer, nada para decir, nada para escribir, nada para vivir.
En Córdoba, la creciente contaminación del aire, los tristemente pavorosos incendios anuales serranos, la escasez del agua por desinversión (se cumplieron ya 120 años del primer embalse del San Roque), más que amenazas de extinción de fauna serrana, la deforestación en general y de flora autóctona en particular, ni son nuevas ni obedecen o derivan de una súbita e imprevisible erupción como la del volcán chileno Puyehué ni suceso semejante.
Consecuentemente entonces, la ignorancia, subestimación y/o desdén de las autoridades respecto de elementales tendencias ecológicas como asimismo de sus peores consecuencias, resultan hoy no sólo constitucionalmente reprochables sino absoluta y definitivamente inadmisibles, inaceptables.
Paradójicamente, en la factura de energía eléctrica de modo directo y mediante una ley provincial se nos impone otra tasa con la afectación específica para una invocada prevención eficaz y lucha eficiente contra recurrentes y expandidos incendios provinciales, impropiamente denominado “impuesto al fuego”.
Si bien esto ha mejorado objetivamente la capacidad de lucha contra el fuego, cabe señalar que en nada ayuda la gran insensibilidad de una sociedad que arroja latas, que tira colillas encendidas, que deja cenizas de carbones mal apagados, etcétera, insensibilidad que potenciada con sequías y vientos suelen provocar alguno de esos enormes incendios de los que el Estado no siempre -casi nunca- puede identificar a sus responsables para iniciarle las acciones correspondientes.
Asignación de recursos y de responsabilidades
Ahora y ante la tremenda realidad de otro estrago ígneo en nuestras serranías con impensables e inconmensurables consecuencias, útil seria conocer del vecino-ciudadano y contribuyente cordobés… ¿qué prefiere, qué elige?
Un postergable centro cívico, la pavimentación del camino al cuadrado o “el cuadrado, verde”, el faro del Bicentenario y todo el “progreso” material cordobés (que se vota) o, aire puro, agua potable y cloacas para todos, suelos cultivables, forestables, flora, fauna, paisajes y seguridad ambiental que no se votan pero que nos permiten más que un derecho pues nos permiten vivir y convivir dignamente para gozarlo con elemental solidaridad intergeneracional.
Ante las “dunas negras” por un 75% dañado sólo en la Reserva de La Quebrada, Punilla, Alpa Corral, Totoral y las laderas de un Camino Real ennegrecidas y más, finalmente quedó claro cómo la imprevisión y una pésima asignación ejecutiva de recursos públicos provinciales revelaron especulación, criterio, pertinencia y responsabilidad en su administración, sin perjuicio de la estupidez de algunos civiles que en cada caso personal deberán asumir sus propias e intransferibles responsabilidades y resarcimientos, naturalmente recompositivos.
Roberto Fermín Bertossi
Docente, investigador y profesor universitario
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Incendios, recursos y responsabilidades
En las últimas décadas, el entorno natural ha sufrido una gran degradación ambiental como consecuencia de la actividad y desaprensión humanas. El precio del desarrollo económico-tecnológico se refleja en severos problemas y padecimientos medioambientales como el calentamiento global, la reducción de la capa de ozono, la contaminación del agua y el aire, la erosión de la tierra y la deforestación los que requieren soluciones inmediatas que debieran traducirse en la principal preocupación transversal de los gobiernos, de los responsables de las políticas públicas como de la ciudadanía en general, no sólo de las ONG’s.
Baste señalar que constitucionalmente, todas las personas gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras, (Art. 41 CN).
En Córdoba, concretamente su Carta Magna proclama que “el agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial protección en la provincia” añadiendo que el “Estado provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico sin discriminación de individuos o regiones” (Art. 66 CP).
La manda constitucional no olvidó ni omitió lo concerniente al daño ambiental estableciendo que generará prioritariamente la obligación de recomponer atribuyendo la misma a las autoridades en la medida que no prevean la protección del derecho a dicho ambiente sano, equilibrado y apto para todo el desarrollo humano incurriendo en imprevisiones inexcusables para la preservación del patrimonio natural, de la diversidad biológica, de la flora y de la fauna; en la omisión de información, prevención y educación ambiental adecuadas, veraces y oportunas.
La constitución provincial ha ido aún más lejos al hablar también de recuperación de recursos naturales previendo para ello la asignación prioritaria de medios suficientes.
Nuestras adversas realidades naturales no son nuevas como tampoco lo son los dispositivos constitucionales que nos obligan imperativa y prioritariamente ya que, obviamente, sin aire, sin agua, sin tierra ni recursos naturales en general, nada queda por hacer, nada para decir, nada para escribir, nada para vivir.
En Córdoba, la creciente contaminación del aire, los tristemente pavorosos incendios anuales serranos, la escasez del agua por desinversión (se cumplieron ya 120 años del primer embalse del San Roque), más que amenazas de extinción de fauna serrana, la deforestación en general y de flora autóctona en particular, ni son nuevas ni obedecen o derivan de una súbita e imprevisible erupción como la del volcán chileno Puyehué ni suceso semejante.
Consecuentemente entonces, la ignorancia, subestimación y/o desdén de las autoridades respecto de elementales tendencias ecológicas como asimismo de sus peores consecuencias, resultan hoy no sólo constitucionalmente reprochables sino absoluta y definitivamente inadmisibles, inaceptables.
Paradójicamente, en la factura de energía eléctrica de modo directo y mediante una ley provincial se nos impone otra tasa con la afectación específica para una invocada prevención eficaz y lucha eficiente contra recurrentes y expandidos incendios provinciales, impropiamente denominado “impuesto al fuego”.
Si bien esto ha mejorado objetivamente la capacidad de lucha contra el fuego, cabe señalar que en nada ayuda la gran insensibilidad de una sociedad que arroja latas, que tira colillas encendidas, que deja cenizas de carbones mal apagados, etcétera, insensibilidad que potenciada con sequías y vientos suelen provocar alguno de esos enormes incendios de los que el Estado no siempre -casi nunca- puede identificar a sus responsables para iniciarle las acciones correspondientes.
Asignación de recursos y de responsabilidades
Ahora y ante la tremenda realidad de otro estrago ígneo en nuestras serranías con impensables e inconmensurables consecuencias, útil seria conocer del vecino-ciudadano y contribuyente cordobés… ¿qué prefiere, qué elige?
Un postergable centro cívico, la pavimentación del camino al cuadrado o “el cuadrado, verde”, el faro del Bicentenario y todo el “progreso” material cordobés (que se vota) o, aire puro, agua potable y cloacas para todos, suelos cultivables, forestables, flora, fauna, paisajes y seguridad ambiental que no se votan pero que nos permiten más que un derecho pues nos permiten vivir y convivir dignamente para gozarlo con elemental solidaridad intergeneracional.
Ante las “dunas negras” por un 75% dañado sólo en la Reserva de La Quebrada, Punilla, Alpa Corral, Totoral y las laderas de un Camino Real ennegrecidas y más, finalmente quedó claro cómo la imprevisión y una pésima asignación ejecutiva de recursos públicos provinciales revelaron especulación, criterio, pertinencia y responsabilidad en su administración, sin perjuicio de la estupidez de algunos civiles que en cada caso personal deberán asumir sus propias e intransferibles responsabilidades y resarcimientos, naturalmente recompositivos.
Roberto Fermín Bertossi
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