30 sept 2009
La Universidades en el tapete por la Alumbrera
El Puntal de Río Cuarto (30/09/2009)
La Facultad de Humanas rechaza las partidas de La Alumbrera
Lo decidió el Consejo Directivo en una reunión extraordinaria. Hoy lo confirmaría en un nuevo encuentro ordinario. Por su parte, la Dirección de Jurídica de la Universidad recomendó aceptar el dinero.
El debate por los fondos de la mina La Alumbrera, que fueron girados a la Universidad Nacional y ahora debe decidir su aceptación, volvió a encenderse.
Es que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanas, la más grande de la casa de altos estudios local, decidió en una reunión extraordinaria rechazar los fondos provenientes de las regalías de esa explotación ubicada en la provincia de Catamarca.
La actividad de ese megaemprendimiento es duramente cuestionada por supuesta contaminación al medio ambiente.
Pero por una ley nacional las universidades son socias en las regalías que el emprendimiento genera. Claro que las utilidades se conocen por declaración jurada y muchos creen que son minimizadas por la operadora de capitales extranjeros.
En el país, hay facultades que luego de debatir internamente en el marco del deber ser y no de la legalidad, decidieron rechazar el dinero. Al tener una normativa nacional que define la distribución, la legalidad no tiene margen de ser puesta en tela de juicio.
Los sectores que resisten ese dinero argumentan principios morales al aceptar dinero de una actividad cuestionada. A su vez, el rechazo conlleva un mensaje de repudio.
En la vereda de enfrente, quienes persiguen la aceptación, insisten en que el rechazo no cambia las cosas y que lo mejor sería tomarlas y destinar ese dinero para alguna acción que aliente el cuidado del medio ambiente.
Lo cierto es que en la Universidad local las aguas están divididas. Ya hay una facultad, la de Exactas, que propuso aceptarlos. Pero ahora la de Humanas avanzó en el sentido contrario.
A su vez, en el Consejo Superior esa realidad se traduce literalmente. Los estudiantes reclaman el rechazo de plano de los fondos argumentando las numerosas sospechas de contaminación y la extracción de metales que son exportados dejando escasos beneficios a la Nación. Desde el Rectorado se busca aceptar ese dinero basándose en la legalidad y fundamentando que sólo captando ese dinero puede pretenderse cambiar esa realidad.
Lo cierto es que el tema es analizado en tres comisiones del Consejo Superior que ayer estuvieron reunidas analizando la situación. En ese marco analizaron el dictamen que la Dirección de Jurídica de la Universidad les entregó. Allí se aseguró que se deben aceptar los fondos porque son enviados en el marco de una ley nacional y no como parte de una donación.
Pero, además, fue más allá en el dictamen y advirtió que en caso de rechazarlo, las autoridades -que integran el Consejo Superior- podrían ser objeto de cuestionamientos judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En este sentido, Jurídica advierte que habría responsabilidad por el hecho de rechazar los fondos. De todos modos no hay decisiones tomadas en las comisiones. Vamos a seguir analizando”, adelantó el secretario general de la Universidad, Armando Becerra.
Las comisiones, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana próxima.
De acuerdo a los tiempos que se manejan en el campus, el dictamen de las comisiones podría lograrse la próxima semana, cuando al escrito de Jurídica, le sumen otros elementos que están en proceso.
A partir de allí, la siguiente reunión del Consejo Superior, donde se llevarán las recomendaciones de las comisiones, se dará el martes 21. En ese encuentro esperan poder decidir finalmente en plenario qué hacer con los fondos.
1 a 1. Las facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto muestran criterios distintos con respecto a los fondos: Exactas los acepta, Humanas los rechaza.
Ver Noticia On Line
“No se puede echar la culpa sólo a la multinacional porque el Estado es socio”
Pastoriza, diputado por Catamarca, aseguró que La Alumbrera provocó una fuerte contaminación, y que lo peor llegará cuando cierre sus puertas.
Eduardo Pastoriza es diputado nacional por Catamarca. Originalmente pertenecía al oficialista Frente para la Victoria, pero fue uno de los que prefirió alejarse y formar el bloque unipersonal “Por la Verdad”.
Pero antes fue director de la empresa nacional YMAD durante ocho años y profesor de una cátedra de minería en la Universidad de Catamarca. “Nunca estuve conforme con la explotación de este patrimonio”, anticipa.
“Fue muy mal explotado porque los recursos que nos dejaron son muy exiguos comparados con la magnitud de este yacimiento. Si le sacamos los metales que tiene: oro, plata, hierro y cobre, tiene un valor aproximado de 44 mil millones de dólares, equiparable al monto de las reservas nacionales.
¿Y cuánto quedó para el país de esa suma?
Pese a que se llevaron ese yacimiento tan importante y tan valioso, lo que quedó para la Argentina es apenas menos del 1%. Esto es lo que no hace sustentable a esta minería. Porque para que sea sustentable debe tener tres apoyos fundamentales: no provocar un impacto ecológico en las fuentes de aguas subterráneas; otro es que la cola de esta explotación, los desechos, no causen un deterioro al ambiente, al agua, al aire y al suelo; y después que deje ganancia, porque ese era un tesoro de los argentinos. Pero se fue el yacimiento, se lo llevaron, no quedó ningún tipo de valor agregado, no se procesó nada, no se sacó ni un gramo de oro acá. Todo se llevó al extranjero, pero el valor agregado y la mano de obra fueron nulos. Y nos provocó un impacto muy importante en una fuente de agua potable fundamental que se convirtió en veneno, porque se sacaron 100 millones de litros diarios durante 12 años y eso se transformó en agua contaminada.
¿Qué fuente afectó?
La afectada fue una cuenca del río Santa María, que corre subterráneo en Catamarca pero es afluente del Paraná. Le sacaron millones de litros de agua y se desparramaron como veneno desde Catamarca, Salta, Santiago hasta después llegar al Paraná.
¿Quiénes ‘le sacaron’? ¿Quiénes son los responsables?
Hago referencia a la UTE, yo no hablo sólo de la multinacional, que sí, la Minera La Alumbrera fue la operadora, pero los socios son argentinos: es el gobierno nacional, el de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. O sea que todos compartieron este despojo. No se puede echar la culpa sólo a la multinacional porque fue todo con aprobación de organismos nacionales.
¿Cuándo comenzó este proceso?
En 1997.
¿Y hoy continúa?
Está casi agotado el yacimiento. Están sacando lo último, es un yacimiento que llegó a su nivel máximo de extracción.
¿Qué efecto sanitario tuvo esto en poblaciones vecinas como Andalgalá, por ejemplo?
Este proyecto tuvo un gravísimo defecto inicial que fue en el dique de colas, que presentó desde los primeros tiempos filtraciones importantes; contaminantes, por supuesto. Se tomaron algunas medidas como una laguna de captación para retrobombear todas las filtraciones de nuevo al dique, pero no fue suficiente y las filtraciones siguieron. Pero el problema está el día que la minera se vaya, cierre y detenga el sistema de retrobombeo. Ahí sí ya las filtraciones serán muy importantes y se irán a una cuenca de río Vis Vis - Amanao que es de Andalgalá, con graves consecuencias. Sin embargo ya en 2003 hay un estudio de la Secretaría de Minería de Catamarca donde da valores bastante elevados de sulfatos y de algunos metales que son muy dañinos para la salud.
Se habla de una alta tasa de enfermos de cáncer en la zona...
Lamentablemente todo se oculta. Como muchas cosas en nuestro país. Incluso la Cámara de Diputados de la Nación aprobó muchos proyectos míos de pedidos de informe. Pero el Ejecutivo nunca contestó, no escuchó a la Cámara de Diputados de la Nación que le pedía informes sobre todo este negocio, este negociado, y nunca tuvimos respuestas, desde 2006 que comenzamos a pedirlos.
Gobierno de Néstor Kirchner...
Sí, sí. Pero nunca tuvimos respuesta.
Y la Nación es el máximo responsable de controlar...
Y, el Congreso sería el primero. Tendría que ir a repudiar esta falta de información, especialmente porque está en juego la economía del país por no haber cobrado recursos, y fundamentalmente la salud. Incluso yo pedí dos o tres veces audiencias con el jefe de Gabinete y tampoco tuve respuestas.
¿Por qué cree que no?
Porque sabrán que realmente el negociado ya se hizo y no querrán volver atrás y encontrar los responsables de todo este desastre.
No cree que sean ellos...
Bueno, digamos, ya hasta está en dudas. El silencio es signo de que algo se oculta.
¿Cómo ve el debate que se desató en las universidades sobre la aceptación o no de los fondos provenientes de las utilidades de La Alumbrera?
Esos fondos están estipulados por la ley. Les corresponde a las universidades porque está en la ley 14.771 que es la que crea Yacimientos Minerales Aguas de Dionisio (YMAD). El problema es que vienen muy menguados. Yo considero, de acuerdo a los cálculos hechos, que los fondos para repartir a las universidades deberían ser $530 millones y no los $88 millones que se dan. Entonces lo primero es que las universidades deben advertir esto. Por qué le dan menos. Y yo pedí informes sobre esto y no tengo respuestas, lo que me genera más dudas, porque si no hubiera nada raro me contestarían. Incluso el jefe de Gabinete. Una vez hablé con el vicejefe, pero no conocía el tema. En la medida en que esté en duda la salud de los argentinos, habría que recibirlos porque corresponde por ley, pero tenerlos en disponibilidad hasta que se sepa la verdad. Las universidades deberían investigar para conocer sobre la contaminación.
¿Usted cree que contaminación hay?
Sí, sí. Seguro, porque se destapó un yacimiento que tiene un sulfato de hierro y cobre, y el azufre es altamente contaminante en contacto con el aire y el agua.
Usted decía que el momento más crítico será cuando cierre, ¿estamos lejos de eso?
Yo creo que no. Aunque nadie sabe porque se hizo un contrato tan leonino, con una cláusula de confidencialidad, que nadie sabe nada. No puede saber ni el presidente, ni el gobernador, ni el rector de la Universidad. Es totalmente secreto.
¿Y que pasará en ese momento?
Bueno, empezarán los juicios. ¿Y sabe adónde van a ir los juicios? No a la minera porque tiene sede en las Islas Vírgenes. Van a venir a la Argentina porque la Nación es garante de este contrato.
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El Diario de Villa María (30/09/2009)
Piden que rechacen fondos de las mineras
Dos concentraciones diferentes se realizaron frente a la sede de reuniones de los rectores de universidades del país. Piden que no acepten los fondos provenientes de la explotación minera
Por la mañana de ayer, un importante grupo de estudiantes del Movimiento Universitario Sur, Regional Córdoba, realizó una ruidosa protesta frente al Hotel Howard Johnson, donde se realizó la última jornada de la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que congrega a rectores de todas las universidades del país (ver página 9).
El pedido de los jóvenes es claro: rechazar los fondos que provienen de la Alumbrera, la explotación minera acusada de contaminar.
Cabe señalar que algunas universidades, como la de Villa María, aceptaron el dinero; mientras que otras, como algunas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, decidieron rechazarlo.
En un comunicado, desde el Movimiento Sur explicaron las razones del reclamo. “La explotación minera a cielo abierto practicada por las diversas empresas multinacionales provocan un desequilibrio en los distintos ecosistemas del territorio nacional, el irrestricto consumo de nuestros recursos naturales, arrastrando con ello a las pequeñas economías regionales y la contaminación que atenta contra la salud de los habitantes de la zona”.
Agregan que “las legislaciones vigentes con respecto a las minerías en nuestro país, dictaminan que el Estado nacional tiene prohibida la explotación de su propio suelo, a partir de la aprobación del Código Minero del año 1887. Las actualizaciones de las leyes realizadas en la década de los ‘90, lejos de modificar el espíritu netamente agroexportador de aquellas, viene a profundizarlo, respondiendo a los intereses del mercado internacional a costa del bienestar social de la Nación. Esta ley que destina los fondos antes mencionados a las universidades, fue sancionada en el año 1958 en una coyuntura política económica diferente y al tipo de minería practicado entonces”.
Desde ese movimiento universitario creen que son necesarias políticas de control y legislaciones destinadas “al gravamen financiero a la actividad minera acorde con la práctica vigente y con la defensa de la soberanía de los recursos naturales”.
Finalmente, consideran que “la aceptación de dichos fondos condicionaría la autonomía, poniendo en duda la legitimidad de los desarrollos científicos realizados en las diversas casas de altos estudios y se encaminaría a una universidad al servicio de los intereses de empresas multinacionales que nada tienen que ver con el desarrollo de nuestro pueblo”.
Segundo reclamo
Por la tarde, otro grupo de estudiantes y docentes de la universidad de Villa María y de otras instituciones terciarias, estuvieron manifestando para pedir a los rectores que rechacen los fondos. “Está la vida en juego”, sintetizó Derna Montero, una de las docentes que expresó el reclamo.
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El CIN y los fondos mineros
Si bien el tema de los fondos procedentes de la minería no estuvo presente en las deliberaciones que desarrolló en Villa María el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores que lo componen recibieron ayer una declaración de su comité ejecutivo que aborda el tema.
El documento, que consta de varios puntos, da cuenta en uno de ellos que se ha pedido un informe a la Unidad de Gestión Ambiental de Catamarca y otro a la Secretaría de Ambiente de la Nación, para abordar el tema con elementos ciertos para el análisis.
En otro apartado, el comité del CIN aseguró que está en su espíritu dar continuidad a los contactos que viene manteniendo con el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que lidera el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, en la búsqueda de un anteproyecto consensuado para una nueva Ley de Minería.
En este proceso están participando biólogos, geólogos y otros profesionales técnicos de las casas de altos estudios de manera conjunta con los que colaboran con el Serpaj.
Ante la consulta realizada desde EL DIARIO acerca de si la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, realizó algún planteo en torno al tema, fuentes del organismo interuniversitario indicaron que “no, no lo hizo” y “no hubiera sido posible porque ese tema no estaba en el Orden del Día”.
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La Facultad de Humanas rechaza las partidas de La Alumbrera
Lo decidió el Consejo Directivo en una reunión extraordinaria. Hoy lo confirmaría en un nuevo encuentro ordinario. Por su parte, la Dirección de Jurídica de la Universidad recomendó aceptar el dinero.
El debate por los fondos de la mina La Alumbrera, que fueron girados a la Universidad Nacional y ahora debe decidir su aceptación, volvió a encenderse.
Es que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanas, la más grande de la casa de altos estudios local, decidió en una reunión extraordinaria rechazar los fondos provenientes de las regalías de esa explotación ubicada en la provincia de Catamarca.
La actividad de ese megaemprendimiento es duramente cuestionada por supuesta contaminación al medio ambiente.
Pero por una ley nacional las universidades son socias en las regalías que el emprendimiento genera. Claro que las utilidades se conocen por declaración jurada y muchos creen que son minimizadas por la operadora de capitales extranjeros.
En el país, hay facultades que luego de debatir internamente en el marco del deber ser y no de la legalidad, decidieron rechazar el dinero. Al tener una normativa nacional que define la distribución, la legalidad no tiene margen de ser puesta en tela de juicio.
Los sectores que resisten ese dinero argumentan principios morales al aceptar dinero de una actividad cuestionada. A su vez, el rechazo conlleva un mensaje de repudio.
En la vereda de enfrente, quienes persiguen la aceptación, insisten en que el rechazo no cambia las cosas y que lo mejor sería tomarlas y destinar ese dinero para alguna acción que aliente el cuidado del medio ambiente.
Lo cierto es que en la Universidad local las aguas están divididas. Ya hay una facultad, la de Exactas, que propuso aceptarlos. Pero ahora la de Humanas avanzó en el sentido contrario.
A su vez, en el Consejo Superior esa realidad se traduce literalmente. Los estudiantes reclaman el rechazo de plano de los fondos argumentando las numerosas sospechas de contaminación y la extracción de metales que son exportados dejando escasos beneficios a la Nación. Desde el Rectorado se busca aceptar ese dinero basándose en la legalidad y fundamentando que sólo captando ese dinero puede pretenderse cambiar esa realidad.
Lo cierto es que el tema es analizado en tres comisiones del Consejo Superior que ayer estuvieron reunidas analizando la situación. En ese marco analizaron el dictamen que la Dirección de Jurídica de la Universidad les entregó. Allí se aseguró que se deben aceptar los fondos porque son enviados en el marco de una ley nacional y no como parte de una donación.
Pero, además, fue más allá en el dictamen y advirtió que en caso de rechazarlo, las autoridades -que integran el Consejo Superior- podrían ser objeto de cuestionamientos judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En este sentido, Jurídica advierte que habría responsabilidad por el hecho de rechazar los fondos. De todos modos no hay decisiones tomadas en las comisiones. Vamos a seguir analizando”, adelantó el secretario general de la Universidad, Armando Becerra.
Las comisiones, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana próxima.
De acuerdo a los tiempos que se manejan en el campus, el dictamen de las comisiones podría lograrse la próxima semana, cuando al escrito de Jurídica, le sumen otros elementos que están en proceso.
A partir de allí, la siguiente reunión del Consejo Superior, donde se llevarán las recomendaciones de las comisiones, se dará el martes 21. En ese encuentro esperan poder decidir finalmente en plenario qué hacer con los fondos.
1 a 1. Las facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto muestran criterios distintos con respecto a los fondos: Exactas los acepta, Humanas los rechaza.
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“No se puede echar la culpa sólo a la multinacional porque el Estado es socio”
Pastoriza, diputado por Catamarca, aseguró que La Alumbrera provocó una fuerte contaminación, y que lo peor llegará cuando cierre sus puertas.
Eduardo Pastoriza es diputado nacional por Catamarca. Originalmente pertenecía al oficialista Frente para la Victoria, pero fue uno de los que prefirió alejarse y formar el bloque unipersonal “Por la Verdad”.
Pero antes fue director de la empresa nacional YMAD durante ocho años y profesor de una cátedra de minería en la Universidad de Catamarca. “Nunca estuve conforme con la explotación de este patrimonio”, anticipa.
“Fue muy mal explotado porque los recursos que nos dejaron son muy exiguos comparados con la magnitud de este yacimiento. Si le sacamos los metales que tiene: oro, plata, hierro y cobre, tiene un valor aproximado de 44 mil millones de dólares, equiparable al monto de las reservas nacionales.
¿Y cuánto quedó para el país de esa suma?
Pese a que se llevaron ese yacimiento tan importante y tan valioso, lo que quedó para la Argentina es apenas menos del 1%. Esto es lo que no hace sustentable a esta minería. Porque para que sea sustentable debe tener tres apoyos fundamentales: no provocar un impacto ecológico en las fuentes de aguas subterráneas; otro es que la cola de esta explotación, los desechos, no causen un deterioro al ambiente, al agua, al aire y al suelo; y después que deje ganancia, porque ese era un tesoro de los argentinos. Pero se fue el yacimiento, se lo llevaron, no quedó ningún tipo de valor agregado, no se procesó nada, no se sacó ni un gramo de oro acá. Todo se llevó al extranjero, pero el valor agregado y la mano de obra fueron nulos. Y nos provocó un impacto muy importante en una fuente de agua potable fundamental que se convirtió en veneno, porque se sacaron 100 millones de litros diarios durante 12 años y eso se transformó en agua contaminada.
¿Qué fuente afectó?
La afectada fue una cuenca del río Santa María, que corre subterráneo en Catamarca pero es afluente del Paraná. Le sacaron millones de litros de agua y se desparramaron como veneno desde Catamarca, Salta, Santiago hasta después llegar al Paraná.
¿Quiénes ‘le sacaron’? ¿Quiénes son los responsables?
Hago referencia a la UTE, yo no hablo sólo de la multinacional, que sí, la Minera La Alumbrera fue la operadora, pero los socios son argentinos: es el gobierno nacional, el de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. O sea que todos compartieron este despojo. No se puede echar la culpa sólo a la multinacional porque fue todo con aprobación de organismos nacionales.
¿Cuándo comenzó este proceso?
En 1997.
¿Y hoy continúa?
Está casi agotado el yacimiento. Están sacando lo último, es un yacimiento que llegó a su nivel máximo de extracción.
¿Qué efecto sanitario tuvo esto en poblaciones vecinas como Andalgalá, por ejemplo?
Este proyecto tuvo un gravísimo defecto inicial que fue en el dique de colas, que presentó desde los primeros tiempos filtraciones importantes; contaminantes, por supuesto. Se tomaron algunas medidas como una laguna de captación para retrobombear todas las filtraciones de nuevo al dique, pero no fue suficiente y las filtraciones siguieron. Pero el problema está el día que la minera se vaya, cierre y detenga el sistema de retrobombeo. Ahí sí ya las filtraciones serán muy importantes y se irán a una cuenca de río Vis Vis - Amanao que es de Andalgalá, con graves consecuencias. Sin embargo ya en 2003 hay un estudio de la Secretaría de Minería de Catamarca donde da valores bastante elevados de sulfatos y de algunos metales que son muy dañinos para la salud.
Se habla de una alta tasa de enfermos de cáncer en la zona...
Lamentablemente todo se oculta. Como muchas cosas en nuestro país. Incluso la Cámara de Diputados de la Nación aprobó muchos proyectos míos de pedidos de informe. Pero el Ejecutivo nunca contestó, no escuchó a la Cámara de Diputados de la Nación que le pedía informes sobre todo este negocio, este negociado, y nunca tuvimos respuestas, desde 2006 que comenzamos a pedirlos.
Gobierno de Néstor Kirchner...
Sí, sí. Pero nunca tuvimos respuesta.
Y la Nación es el máximo responsable de controlar...
Y, el Congreso sería el primero. Tendría que ir a repudiar esta falta de información, especialmente porque está en juego la economía del país por no haber cobrado recursos, y fundamentalmente la salud. Incluso yo pedí dos o tres veces audiencias con el jefe de Gabinete y tampoco tuve respuestas.
¿Por qué cree que no?
Porque sabrán que realmente el negociado ya se hizo y no querrán volver atrás y encontrar los responsables de todo este desastre.
No cree que sean ellos...
Bueno, digamos, ya hasta está en dudas. El silencio es signo de que algo se oculta.
¿Cómo ve el debate que se desató en las universidades sobre la aceptación o no de los fondos provenientes de las utilidades de La Alumbrera?
Esos fondos están estipulados por la ley. Les corresponde a las universidades porque está en la ley 14.771 que es la que crea Yacimientos Minerales Aguas de Dionisio (YMAD). El problema es que vienen muy menguados. Yo considero, de acuerdo a los cálculos hechos, que los fondos para repartir a las universidades deberían ser $530 millones y no los $88 millones que se dan. Entonces lo primero es que las universidades deben advertir esto. Por qué le dan menos. Y yo pedí informes sobre esto y no tengo respuestas, lo que me genera más dudas, porque si no hubiera nada raro me contestarían. Incluso el jefe de Gabinete. Una vez hablé con el vicejefe, pero no conocía el tema. En la medida en que esté en duda la salud de los argentinos, habría que recibirlos porque corresponde por ley, pero tenerlos en disponibilidad hasta que se sepa la verdad. Las universidades deberían investigar para conocer sobre la contaminación.
¿Usted cree que contaminación hay?
Sí, sí. Seguro, porque se destapó un yacimiento que tiene un sulfato de hierro y cobre, y el azufre es altamente contaminante en contacto con el aire y el agua.
Usted decía que el momento más crítico será cuando cierre, ¿estamos lejos de eso?
Yo creo que no. Aunque nadie sabe porque se hizo un contrato tan leonino, con una cláusula de confidencialidad, que nadie sabe nada. No puede saber ni el presidente, ni el gobernador, ni el rector de la Universidad. Es totalmente secreto.
¿Y que pasará en ese momento?
Bueno, empezarán los juicios. ¿Y sabe adónde van a ir los juicios? No a la minera porque tiene sede en las Islas Vírgenes. Van a venir a la Argentina porque la Nación es garante de este contrato.
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El Diario de Villa María (30/09/2009)
Piden que rechacen fondos de las mineras
Dos concentraciones diferentes se realizaron frente a la sede de reuniones de los rectores de universidades del país. Piden que no acepten los fondos provenientes de la explotación minera
Por la mañana de ayer, un importante grupo de estudiantes del Movimiento Universitario Sur, Regional Córdoba, realizó una ruidosa protesta frente al Hotel Howard Johnson, donde se realizó la última jornada de la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que congrega a rectores de todas las universidades del país (ver página 9).
El pedido de los jóvenes es claro: rechazar los fondos que provienen de la Alumbrera, la explotación minera acusada de contaminar.
Cabe señalar que algunas universidades, como la de Villa María, aceptaron el dinero; mientras que otras, como algunas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, decidieron rechazarlo.
En un comunicado, desde el Movimiento Sur explicaron las razones del reclamo. “La explotación minera a cielo abierto practicada por las diversas empresas multinacionales provocan un desequilibrio en los distintos ecosistemas del territorio nacional, el irrestricto consumo de nuestros recursos naturales, arrastrando con ello a las pequeñas economías regionales y la contaminación que atenta contra la salud de los habitantes de la zona”.
Agregan que “las legislaciones vigentes con respecto a las minerías en nuestro país, dictaminan que el Estado nacional tiene prohibida la explotación de su propio suelo, a partir de la aprobación del Código Minero del año 1887. Las actualizaciones de las leyes realizadas en la década de los ‘90, lejos de modificar el espíritu netamente agroexportador de aquellas, viene a profundizarlo, respondiendo a los intereses del mercado internacional a costa del bienestar social de la Nación. Esta ley que destina los fondos antes mencionados a las universidades, fue sancionada en el año 1958 en una coyuntura política económica diferente y al tipo de minería practicado entonces”.
Desde ese movimiento universitario creen que son necesarias políticas de control y legislaciones destinadas “al gravamen financiero a la actividad minera acorde con la práctica vigente y con la defensa de la soberanía de los recursos naturales”.
Finalmente, consideran que “la aceptación de dichos fondos condicionaría la autonomía, poniendo en duda la legitimidad de los desarrollos científicos realizados en las diversas casas de altos estudios y se encaminaría a una universidad al servicio de los intereses de empresas multinacionales que nada tienen que ver con el desarrollo de nuestro pueblo”.
Segundo reclamo
Por la tarde, otro grupo de estudiantes y docentes de la universidad de Villa María y de otras instituciones terciarias, estuvieron manifestando para pedir a los rectores que rechacen los fondos. “Está la vida en juego”, sintetizó Derna Montero, una de las docentes que expresó el reclamo.
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El CIN y los fondos mineros
Si bien el tema de los fondos procedentes de la minería no estuvo presente en las deliberaciones que desarrolló en Villa María el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores que lo componen recibieron ayer una declaración de su comité ejecutivo que aborda el tema.
El documento, que consta de varios puntos, da cuenta en uno de ellos que se ha pedido un informe a la Unidad de Gestión Ambiental de Catamarca y otro a la Secretaría de Ambiente de la Nación, para abordar el tema con elementos ciertos para el análisis.
En otro apartado, el comité del CIN aseguró que está en su espíritu dar continuidad a los contactos que viene manteniendo con el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que lidera el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, en la búsqueda de un anteproyecto consensuado para una nueva Ley de Minería.
En este proceso están participando biólogos, geólogos y otros profesionales técnicos de las casas de altos estudios de manera conjunta con los que colaboran con el Serpaj.
Ante la consulta realizada desde EL DIARIO acerca de si la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, realizó algún planteo en torno al tema, fuentes del organismo interuniversitario indicaron que “no, no lo hizo” y “no hubiera sido posible porque ese tema no estaba en el Orden del Día”.
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