5 feb 2012
Alternativas a la privatización de Crese
7:15 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Voz del Interior (05/02/2012)
Alternativas a la privatización de Tamse y Crese
Por Alfredo Schclarek Curutchet (Profesor adjunto UNC, investigador del Conicet y director académico del Cippes)
Los proyectos de gran envergadura y con largos períodos de gestación, por más que sean de alta rentabilidad social, no siempre resultan atractivos para el inversionista privado.
El nuevo intendente de Córdoba, Ramón Mestre, sugirió en fecha reciente la privatización de las empresas del Estado, precisamente de la de transporte (Tamse) y de la de recolección de residuos (Crese). Sin embargo, las razones de esta postura no fueron expuestas a la sociedad.
Tampoco sabemos si la gestión privada sería más económica para el municipio o, por el contrario, requerirá subsidios crecientes en el futuro. Más aún, la nueva gestión municipal no ha propiciado hasta ahora un debate amplio y participativo para discutir los aspectos positivos y negativos de dichas privatizaciones.
Todo esto plantea que la posición de la nueva administración municipal estaría, en realidad, basada más en un preconcepto que en un análisis riguroso de la cuestión.
Es en este sentido que desde el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) elaboramos un informe sobre las empresas del Estado que puede ayudar a la sociedad a interiorizarse sobre esta temática y a tener una opinión informada al respecto.
Entre otras cuestiones analizadas en el informe, se destacan las dificultades que pueden surgir luego de privatizar empresas estatales. También se presenta una propuesta de modernización de las empresas estatales, centrada principalmente en reformas a la administración y aumento de la transparencia y de los sistemas de control, como una alternativa al extremo privatizador.
Los problemas. Entre las dificultades que pueden surgir por la privatización, se destaca el encarecimiento del servicio y la creciente necesidad de subvenciones para mantener su calidad.
Este mayor costo se debería a la mayor rentabilidad exigida por la empresa privada, debido a su natural ánimo de lucro y a un menor tiempo de recupero de la inversión privada. En el caso de las empresas estatales, este criterio no va a ser siempre el eje principal sobre el que se basa la empresa.
Existen otras razones en las que pueden guiarse, como son la calidad del servicio, la justicia social, la igualdad o el deseo de fomentar el desarrollo.
En el caso de privatizar Crese, este aspecto se traduciría en un mayor costo del servicio para la Municipalidad (no menor, como se argumenta). Esto implicaría mayores aumentos de impuestos y menor disponibilidad financiera para otras inversiones tan necesarias para la ciudad.
Otro aspecto a tener en cuenta es la falta de inversión a largo plazo de las empresas privadas. Es una característica del sector privado preferir inversiones que arrojen ganancias en el corto plazo y con bajo riesgo.
Los proyectos de gran envergadura y con largos períodos de gestación, por más que sean de alta rentabilidad social, no siempre resultan atractivos para el inversionista privado.
En nuestro país, podemos comprobarlo con la falta de energía eléctrica, gas, nafta y gasoil, recursos estratégicos que hoy escasean por falta de inversión en estos sectores privatizados.
En el caso de privatizar Crese, esto podría traducirse en que la flota de camiones no sea renovada ni se incorporen modernas barredoras viales. Además, se podría ver resentida la puesta en marcha de un mayor reciclado y un mejor tratamiento de la basura. Todo esto generaría un deterioro progresivo en el servicio de limpieza y en el medio ambiente.
El estado del Estado. Por supuesto que las empresas del Estado también tienen problemas propios que las hacen más vulnerables a sufrir procesos de crisis o tener dificultades de competitividad, eficiencia o déficit crónico.
Las razones se deben a que la propiedad de estas empresas es difusa, su control es dificultoso y sus administradores pueden actuar con mayor laxitud, al contar con ayuda financiera extra del Estado y perseguir otros fines diversos no contemplados en sus objetivos estratégicos.
Sin embargo, no es cierto que por el mero hecho de ser de propiedad del Estado estos problemas sean imposibles de subsanar. La clave está en mejorar su administración y transparentar sus actividades y resultados, fomentando el control y la participación ciudadana en sus actividades.
Entre los principales aspectos para mejorar la performance de estas empresas, se destacan, a grandes rasgos, los siguientes: reforma de la estructura y organización del órgano de administración y el gobierno corporativo, mejora en el régimen de transparencia y los mecanismos de control, regulación de los sistemas de contratación de personal y de compras, implementación de sistemas de incentivos en todos los niveles de la empresa y control integral del endeudamiento.
Estos aspectos han sido estudiados e implementados en varias empresas estatales exitosas de Latinoamérica y el mundo. En la actualidad, tanto la Corporación Andina de Fomento (CAF) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) tienen programas específicos que se dedican a fomentar el estudio y la implementación de estos aspectos, con el claro objetivo de fortalecer las empresas del Estado y admitiendo sin miramientos la necesidad de contar con ellas.
Resta entonces que, tomando estos lineamientos de mejores prácticas, se estudien las particularidades de Córdoba y la Argentina para implementar estos aspectos en nuestras empresas del Estado.
Para mejorar Crese. A continuación, analizamos algunos de los lineamientos antes descriptos, que podrían ser aplicados en Crese. Esta descripción no pretende ser abarcadora sino simplemente ejemplificar que hay varios aspectos que se pueden mejorar en Crese antes de concluir que no hay otra solución que la privatización.
Un primer aspecto es que Crese debería separar la función de dirección con la de administración cotidiana de la empresa. Surge así la figura del gerente general, encargado de la administración y gestión diaria de la empresa, reservando al directorio la representación y las decisiones sobre aspectos estratégicos.
Además, en el seno del directorio deberían estar representados actores con distintas habilidades e intereses en la empresa, de modo que generen un sistema interno de controles y contrapesos.
Aparte de los representantes del gobierno y el de los trabajadores, también debería haber algún director que represente a los usuarios o beneficiarios de la actividad de la empresa, la universidad pública y/o la sociedad civil.
Incluso existen experiencias exitosas, donde hay directores que representan las minorías parlamentarias; de esta manera, se evita que el gobierno o la mayoría parlamentaria tengan el control total de la empresa.
En cuanto al régimen de transparencia y control, hay bastante para hacer en Crese. Existe información que es fundamental que se dé a conocer a fin de fomentar la confianza, prevenir actos negligentes o de corrupción y permitir un efectivo control por parte de la sociedad.
La empresa debe publicar esta información periódicamente en su sitio web. Como ejemplos de esto, podemos mencionar: a) datos personales, profesionales y patrimoniales de todos los integrantes del directorio, de la gerencia y del órgano de fiscalización, fecha de inicio y finalización del mandato; b) balances, memorias y estado de resultados, informes trimestrales de la situación financiera de la empresa, flujo de fondos, inversiones proyectadas, política de distribución de dividendos, capital de la empresa, composición y evolución; c) indicación de los proveedores, mencionando las condiciones de contratación; y d) fuentes detalladas de financiamiento, identificación de deudores y acreedores, condiciones de la operación y, cuando la empresa estatal sea deudora, indicación de la fuente de fondos con la que se pagará la deuda.
Creer que todos los problemas de las empresas del Estado se resuelven con su privatización a cualquier costo y manera es una posición simplista. Apostar, por el contrario, a una verdadera modernización de estas empresas es un ejemplo de buena administración pública.
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Alternativas a la privatización de Tamse y Crese
Por Alfredo Schclarek Curutchet (Profesor adjunto UNC, investigador del Conicet y director académico del Cippes)
Los proyectos de gran envergadura y con largos períodos de gestación, por más que sean de alta rentabilidad social, no siempre resultan atractivos para el inversionista privado.
El nuevo intendente de Córdoba, Ramón Mestre, sugirió en fecha reciente la privatización de las empresas del Estado, precisamente de la de transporte (Tamse) y de la de recolección de residuos (Crese). Sin embargo, las razones de esta postura no fueron expuestas a la sociedad.
Tampoco sabemos si la gestión privada sería más económica para el municipio o, por el contrario, requerirá subsidios crecientes en el futuro. Más aún, la nueva gestión municipal no ha propiciado hasta ahora un debate amplio y participativo para discutir los aspectos positivos y negativos de dichas privatizaciones.
Todo esto plantea que la posición de la nueva administración municipal estaría, en realidad, basada más en un preconcepto que en un análisis riguroso de la cuestión.
Es en este sentido que desde el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) elaboramos un informe sobre las empresas del Estado que puede ayudar a la sociedad a interiorizarse sobre esta temática y a tener una opinión informada al respecto.
Entre otras cuestiones analizadas en el informe, se destacan las dificultades que pueden surgir luego de privatizar empresas estatales. También se presenta una propuesta de modernización de las empresas estatales, centrada principalmente en reformas a la administración y aumento de la transparencia y de los sistemas de control, como una alternativa al extremo privatizador.
Los problemas. Entre las dificultades que pueden surgir por la privatización, se destaca el encarecimiento del servicio y la creciente necesidad de subvenciones para mantener su calidad.
Este mayor costo se debería a la mayor rentabilidad exigida por la empresa privada, debido a su natural ánimo de lucro y a un menor tiempo de recupero de la inversión privada. En el caso de las empresas estatales, este criterio no va a ser siempre el eje principal sobre el que se basa la empresa.
Existen otras razones en las que pueden guiarse, como son la calidad del servicio, la justicia social, la igualdad o el deseo de fomentar el desarrollo.
En el caso de privatizar Crese, este aspecto se traduciría en un mayor costo del servicio para la Municipalidad (no menor, como se argumenta). Esto implicaría mayores aumentos de impuestos y menor disponibilidad financiera para otras inversiones tan necesarias para la ciudad.
Otro aspecto a tener en cuenta es la falta de inversión a largo plazo de las empresas privadas. Es una característica del sector privado preferir inversiones que arrojen ganancias en el corto plazo y con bajo riesgo.
Los proyectos de gran envergadura y con largos períodos de gestación, por más que sean de alta rentabilidad social, no siempre resultan atractivos para el inversionista privado.
En nuestro país, podemos comprobarlo con la falta de energía eléctrica, gas, nafta y gasoil, recursos estratégicos que hoy escasean por falta de inversión en estos sectores privatizados.
En el caso de privatizar Crese, esto podría traducirse en que la flota de camiones no sea renovada ni se incorporen modernas barredoras viales. Además, se podría ver resentida la puesta en marcha de un mayor reciclado y un mejor tratamiento de la basura. Todo esto generaría un deterioro progresivo en el servicio de limpieza y en el medio ambiente.
El estado del Estado. Por supuesto que las empresas del Estado también tienen problemas propios que las hacen más vulnerables a sufrir procesos de crisis o tener dificultades de competitividad, eficiencia o déficit crónico.
Las razones se deben a que la propiedad de estas empresas es difusa, su control es dificultoso y sus administradores pueden actuar con mayor laxitud, al contar con ayuda financiera extra del Estado y perseguir otros fines diversos no contemplados en sus objetivos estratégicos.
Sin embargo, no es cierto que por el mero hecho de ser de propiedad del Estado estos problemas sean imposibles de subsanar. La clave está en mejorar su administración y transparentar sus actividades y resultados, fomentando el control y la participación ciudadana en sus actividades.
Entre los principales aspectos para mejorar la performance de estas empresas, se destacan, a grandes rasgos, los siguientes: reforma de la estructura y organización del órgano de administración y el gobierno corporativo, mejora en el régimen de transparencia y los mecanismos de control, regulación de los sistemas de contratación de personal y de compras, implementación de sistemas de incentivos en todos los niveles de la empresa y control integral del endeudamiento.
Estos aspectos han sido estudiados e implementados en varias empresas estatales exitosas de Latinoamérica y el mundo. En la actualidad, tanto la Corporación Andina de Fomento (CAF) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) tienen programas específicos que se dedican a fomentar el estudio y la implementación de estos aspectos, con el claro objetivo de fortalecer las empresas del Estado y admitiendo sin miramientos la necesidad de contar con ellas.
Resta entonces que, tomando estos lineamientos de mejores prácticas, se estudien las particularidades de Córdoba y la Argentina para implementar estos aspectos en nuestras empresas del Estado.
Para mejorar Crese. A continuación, analizamos algunos de los lineamientos antes descriptos, que podrían ser aplicados en Crese. Esta descripción no pretende ser abarcadora sino simplemente ejemplificar que hay varios aspectos que se pueden mejorar en Crese antes de concluir que no hay otra solución que la privatización.
Un primer aspecto es que Crese debería separar la función de dirección con la de administración cotidiana de la empresa. Surge así la figura del gerente general, encargado de la administración y gestión diaria de la empresa, reservando al directorio la representación y las decisiones sobre aspectos estratégicos.
Además, en el seno del directorio deberían estar representados actores con distintas habilidades e intereses en la empresa, de modo que generen un sistema interno de controles y contrapesos.
Aparte de los representantes del gobierno y el de los trabajadores, también debería haber algún director que represente a los usuarios o beneficiarios de la actividad de la empresa, la universidad pública y/o la sociedad civil.
Incluso existen experiencias exitosas, donde hay directores que representan las minorías parlamentarias; de esta manera, se evita que el gobierno o la mayoría parlamentaria tengan el control total de la empresa.
En cuanto al régimen de transparencia y control, hay bastante para hacer en Crese. Existe información que es fundamental que se dé a conocer a fin de fomentar la confianza, prevenir actos negligentes o de corrupción y permitir un efectivo control por parte de la sociedad.
La empresa debe publicar esta información periódicamente en su sitio web. Como ejemplos de esto, podemos mencionar: a) datos personales, profesionales y patrimoniales de todos los integrantes del directorio, de la gerencia y del órgano de fiscalización, fecha de inicio y finalización del mandato; b) balances, memorias y estado de resultados, informes trimestrales de la situación financiera de la empresa, flujo de fondos, inversiones proyectadas, política de distribución de dividendos, capital de la empresa, composición y evolución; c) indicación de los proveedores, mencionando las condiciones de contratación; y d) fuentes detalladas de financiamiento, identificación de deudores y acreedores, condiciones de la operación y, cuando la empresa estatal sea deudora, indicación de la fuente de fondos con la que se pagará la deuda.
Creer que todos los problemas de las empresas del Estado se resuelven con su privatización a cualquier costo y manera es una posición simplista. Apostar, por el contrario, a una verdadera modernización de estas empresas es un ejemplo de buena administración pública.
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