15 dic 2011

Campesinos exigen una ley provincial de tierras

Comercio y Justicia (15/12/2011)
Movimiento de campesinos protesta por el remate de tierras ancestrales



Se movilizará hacia Tribunales I. Reclama por un campo de 13 mil hectáreas, sujeto de un proceso de quiebra. Aduce que más de 50 familias viven y producen en esas parcelas.
Pequeños productores y familias campesinas del norte provincial, nucleados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), realizarán hoy una protesta frente al Palacio de Tribunales I en reclamo de los derechos posesorios de cientos de habitantes ancestrales de esa región.
En esta oportunidad, los manifestantes pretenden que se reconozca como poseedores de un campo de 13 mil hectáreas – ubicado en el departamento Ischilín, a 50 kilómetros de Quilino- a medio cententar de familias que desde hace décadas viven y producen en esas tierras.
La situación de los campesinos es delicada puesto que, de avanzar la quiebra -que es tramitada en el juzgado 52º Nominación Quiebras y Concursos a cargo de Marcela Susana Antinucci-, pueden perder los campos.
En diálogo con Comercio y Justicia, la abogada Victoria Gauna, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), remarcó que el desalojo de estas personas tiene una implicancia social muy grande, al tiempo que remarcó que la sindicatura ha desconocido que el campo en cuestión esté siendo ocupado por más 50 de familias.
Además de la vía judicial, Gauna explicó que presentaron una iniciativa en la Legislatura Unicameral para que el Estado provincial expropie el campo en cuestión , algo que hasta el momento no está siendo debatido ni siquiera en comisión.

Una realidad extendida
La abogada estimó que en la justicia provincial son un centenar las causas que en distintas instancias tienen como demandados a campesinos. El flujo mayor de juicios se inició en 2001 cuando se modificó el modelo productivo. “La falta de títulos de esta gente motivó que se iniciaran demandas penales por usurpación”, explicó Gauna.
El caso emblemático fue, sin dudas, el de la anciana Ramona Bustamante, quien fue desalojada por la policía en enero de 2004 y posteriormente denunció por “estafa” a Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, supuestos compradores del campo del paraje Las Maravillas, en el departamento Tulumba. Al sobreseerlos la Justicia de Deán Funes el caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el cual suspendió el desalojo y dispuso reenviar la causa a la cámara de origen para que emita un nuevo pronunciamiento.

Jurisprudencia La realidad de El Chacho
En mayo pasado, un fallo del TSJ benefició a ocho campesinos de El Chacho, un pueblo del noroeste de Córdoba. El juicio fue iniciado por el supuesto dueño de un campo de 2.700 hectáreas, utilizado en una economía comunitaria por familias campesinas, quienes vivían en ese lugar desde hacía décadas, aunque sin títulos que avalara esa posesión.
El supuesto propietario, Martín Buttié, también inició una causa penal, convirtiendo a los campesinos en usurpadores de sus propias tierras. En 2008, la Cámara de Cruz del Eje, a cargo de Ricardo Py, los condenó por el delito usurpación y ordenó que el campo fuera restituido a Buttié. Los abogados del MCC apelaron la sentencia y el TSJ absolvió a los supuestos usurpadores, a quienes consideró “poseedores ancestrales”, “en su gran mayoría pobres y de escasa instrucción”, perjudicados por “la falta de saneamiento de títulos”.

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La Mañana de Córdoba (15/12/2011)
Campesinos de Córdoba exigen una ley provincial de tierras

Marchan hoy desde las 10 desde Humberto 1º y Cañada hasta tribunales I. Piden acciones del estado para garantizar la función social de la tierra urbana y rural y facilitar el acceso a la vivienda y a la producción agropecuaria.
Con el objetivo de reclamar por el legítimo derecho a la tierra, el Movimiento Campesino de Córdoba, junto a otras organizaciones se movilizará hoy a las 10 desde Humberto 1º y Cañada hasta Tribunales I.
La movilización responde además a la urgente necesidad de que finalicen los desalojos indiscriminados de las familias campesinas y remates de campos con los habitantes dentro de los mismos.
Por la tala indiscriminada para la utilización de estos terrenos en emprendimientos sojeros, es que hasta el momento se han visto afectadas 13.000 hectáreas de bosque nativo.
“La Justicia tiene el deber de reconocer a los poseedores que producen y viven en el campo. Es necesario, dar un punto final a los sucesivos desalojos de familias campesinas y remates de tierras con dueños adentro que viven en el campo. Entre los reclamos más urgentes se encuentra el reconocimiento de los poseedores del Campo La Libertad en la Pedanía Quilino del Departamento Ischilín, por parte de la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda..
Los campesinos sostienen que “el Estado provincial es responsable de defender el patrimonio de los Cordobeses y no entregarlo a la corrupción política. Repudiamos las causas por estafas al Banco Social y el Registro de la Propiedad y la vía libre a los Agronegocios y la especulación inmobiliaria”, señalaron en un comunicado.
En este marco exigen a la Provincia “que la Justicia reconozca la posesión campesina, arbitrar los medios necesarios y expropiar el campo para las familias campesinas organizadas, ya que mediante esta medida, también se conserva el bosque nativo”.
Demandan además “que se esclarezcan todos los juicios y causas relacionadas con las estafas al Estado, a la Legislatura Provincial que se apruebe el Proyecto de Ley de Expropiación del Campo “La Libertad” Pedanía Quilino, y una Ley Provincial de Tierras que garantice la función social de la tierra urbana y rural y facilite el acceso a la vivienda y a la producción agropecuaria”.
En el comunicado señalan además el pedido de justicia por el crimen de Cristina Ferreira, el joven de 23 años del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Cristian fue asesinado por dos hombres que trabajan para un productor agropecuario de la zona cuando intentó resistir el desalojo del lugar donde había vivido toda su vida.

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