4 dic 2011
El impacto de los agroquímicos
10:29 p.m. | 
Publicado por
Eco Sitio |
El Puntal de Río Cuarto (04/12/2011)
El impacto de los agroquímicos: Pese a la ley, se multiplican los reclamos por las fumigaciones
La normativa que rige en la Provincia resulta insuficiente ante la preocupación de los vecinos por la aplicación de agrotóxicos. Así como en Baigorria, decenas de barrios en la región están separados de los campos sólo por una calle y el alambrado. Los habitantes dicen que se los está contaminando y reclaman protección
La situación se repite casi como en un calco. En cada uno de los pueblos del sur cordobés hay cientos de vecinos que sufren las consecuencias de las fumigaciones en los campos que rodean a sus comunidades.
Y el debate suma cada vez más aditamentos. Por un lado, las leyes vigentes, el cumplimiento de las mismas, pero también los cuestionamientos respecto de los crecimientos de las comunidades que se extienden hasta los alambrados mismos de los campos.
Lo ocurrido días atrás en Coronel Baigorria, se repite en decenas de poblaciones, donde vecinos acuden a los municipios o la policía reclamando por las fumigaciones que se realizan casi a las puertas de sus viviendas. Exigen el cumplimiento de la ley provincial que, aunque regula numerosos aspectos, deja demasiados flancos débiles que debieran ser cubiertos por cada gobierno municipal.
Enrique Titarelli, uno de los vecinos denunciantes, dijo a PUNTAL que desde hace 14 años “somos fumigados”. A su vivienda, ubicada al frente de un campo, llega el olor y los restos de los agrotóxicos que se esparcen en esa explotación. La semana pasada logró impedir la continuidad de la tarea, pero indicó que el 5 de noviembre se había hecho otra aplicación: “Estamos seguro que se trataba de un insecticida para matar a un gusano. Lo notamos por el olor, no se podía respirar”, y se lamentó de la falta de controles.
Reclamos como éste se repiten en localidades como Coronel Moldes, Sampacho, Berrotarán, General Cabrera, General Deheza, Adelia María, Monte de los Gauchos, Suco, San Basilio, Alcira Gigena, entre otras.
Por leyes estrictas
En General Cabrera, un grupo de vecinos autoconvocados presentaron meses atrás una extensa nota ante el Concejo Deliberante pidiendo la adhesión a la Ley Provincial, así también reclamando mayores controles.
"No podemos creer que desconozcan lo que ocurre en Avenida Circunvalación Norte, el este, a orillas del Barrio Las Rosas; al sur detrás del cementerio, Barrio Hipódromo, al oeste en la periferia del Barrio Argentino y lo que es más grave, en la Guardería Blancanieves, que sólo la separa un tejido de la soja y la aplicación de agrotóxicos", especificaron los vecinos. Al tiempo que piden que se priorice “la salud de las mayorías en vez de rentabilidad de las minorías".
Lo cierto es que el año legislativo finalizó y el tema no fue tratado.
Diego Carrera, vecino cabrerense hace tiempo advierte sobre el uso de los agroquímicos en zonas muy cercanas a los pueblos. “Hay una resistencia, hay una lógica para algunos, pero que para nosotros no es una lógica razonable, pero la situación del modelo agroexportador es ésta, la del sistema agropecuario es ésta. Estamos nosotros tratando de no solamente hablar de agroquímicos sino de la producción de alimentos y de otras cosas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, sostuvo.
Y agregó que hoy “se pone en la misma balanza el derecho de producción y la salud pública de los vecinos, y esa es nuestra preocupación”.
Carrera dijo que están contactándose con vecinos de Baigorria para llevar adelante acciones conjuntas, como así también sumar a los vecinos del barrio Ituzaingó, de Córdoba, quienes han llevado una lucha que ahora se dirimirá en la Justicia.
Barrios afectados
Reclamos similares ocurren en barrios de General Deheza, como el de 50 viviendas y San Bernardo, donde las propiedades de los vecinos están separadas por el ancho de la calle y un alambrado de los sembradíos que varias veces al año son fumigados.
Tiempo atrás fueron dirigentes del club Independiente Dolores quienes solicitaron la intervención de la Municipalidad para evitar se siga esparciendo agrotóxicos en un campo que linda con el predio donde unos 100 chicos practican deportes. Además, la consecuencia de la aplicación de esos productos se evidenció en los árboles próximos que comenzaron a secarse.
“Hemos tenido reclamos -señaló el ingeniero Jorge Baffi, secretario de Gobierno municipal dehecino-, e inmediatamente el municipio ha ido a constatar la aplicación que se estaba realizando y sancionando si correspondiera el caso a quienes no lo hacían correctamente”.
De noche y sin control
Berrotarán, al igual que muchos pueblos de la región, está rodeado de campos en los que se siembra soja y maíz, y los barrios que lindan con los sembradíos no escapan a situaciones de riesgo cuando se realizan fumigaciones fuera de la ley.
En la mayoría de los barrios periféricos, una calle separa el caserío de los campos.
Una vecina del barrio Hospital, que tiene su casa a 50 metros de un campo recordó que “el año pasado fumigaron en este campo a la noche; al dormir con la ventana abierta me afectó muchísimo, me descompuse, tuve vómitos y fui al médico. Me dijo que era por los agroquímicos”.
Consultada una mujer del barrio Marcos, al oeste de Berrotarán, coincidió en que quienes fumigan lo hacen de manera irresponsable, sin importarle la salud de quienes viven pegados a los campos. Inclusive mostró fotos que sacó años atrás, una tarde que festejaba el cumpleaños de su hija y la fumigadora pasaba a escasos metros de donde jugaban los chicos.
Al este de Coronel Moldes, en barrio Alberdi, un vecino también planteó su malestar por reiteradas fumigaciones frente a su vivienda, lo mismo ocurrió en Suco, Las Perdices, Pascanas.
Insuficiente
La ley provincial 9.164, aunque contempla límites y requisitos a la hora de la aplicación de agrotóxicos, resulta harto insuficiente ante la problemática de los pueblos. Los 500 metros fijados por ésta para las fumigaciones; la obligatoriedad de contar con un certificado fitosanitario, que la tarea se haga bajo la supervisión de un ingeniero agrónomo, y la aplicación a cargo de personal capacitado, lejos está de proteger a los habitantes que sufren las consecuencias de los agrotóxicos en su salud.
Hasta los mismos agrónomos admiten las limitaciones de esta reglamentación, así también de los controles que resultan ser escasos y, hasta a veces, inexistentes.
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Ingenieros agrónomos presentarán un proyecto a la Nación
Procura la aprobación de una ley de agroquímicos. En 2009 había sido presentada en Diputados pero no fue tratada. Ahora se incorporan modificaciones
Un proyecto de ley nacional de agroquímicos que será presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, viene siendo trabajado por integrantes de la comisión de Agroquímicos de la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (FADIA).
El pasado viernes se reunieron en Villa Carlos Paz y allí avanzaron en la adecuación del proyecto que en el 2009 presentara el ingeniero Alberto Cantero, cuando se desempeñaba como diputado nacional.
Allí los profesionales de todo el país debatieron aspectos centrales que deberá tener una Ley que rija en todo el territorio nacional, y que luego las provincias deberán sumarle sus propias legislaciones para que se adecuen a sus realidades, basándose en el tipo de producciones que se llevan a cabo y las condiciones de cada territorio.
Este proyecto serviría como marco de regulación para la utilización de productos químicos y biológicos de uso agropecuario en todo el territorio nacional.
En diálogo con PUNTAL, el coordinador de la comisión de Agroquímicos de FADIA, Ricardo Weiss, explicó que como aquel proyecto no tuvo tratamiento, es que ahora se están incorporando modificaciones para luego volver a conseguir su incorporación a Diputados.
Entre los aspectos salientes que contempla se menciona la existencia de presupuestos mínimos de los gobiernos para la tarea de control; la exigencia del certificado fitosanitario que autorice la aplicación; tipos de productos habilitados y aceptados por el Senasa, crear un registro de productos que se pueden utilizar en el país, y que éste pueda ser actualizado con el tiempo, teniendo en cuenta que en el marcado hay una continua renovación. “Además de definir quiénes son los actores de esta tarea, sean productores, aplicadores, y controladores. También se contempla el transporte y la modalidad de expendio”.
Weiss puntualizó que lo que se pretende es dar un marco general, pero lo más ajustado posible a la realidad del país. Luego serán las provincias que deberán armar su propio cuerpo de leyes que contemple aquellos aspectos más puntuales de su territorio.
“Cada provincia puede ser hacer una ley más estricta, pero nunca menos estricta que la reglamentación nacional”, en referencia a los espacios que se podrían fijar como excluidos de aplicación, o los productos a utilizar. En cuanto al órgano de aplicación a nivel nacional, es el Senasa, que a través de esta ley tendrá injerencia sobre el uso, aplicación de productos, que podrá luego delegar a las provincias.
Por último el ingeniero Weiss dijo que el objetivo de contar con una ley nacional es que se haga un adecuado uso de las herramientas existentes, pero cuidando el medio ambiente y la salud de los vecinos y los mismos trabajadores.
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Primer juicio en Córdoba
De los miles de reclamos que existen por fumigaciones en proximidades de sectores poblados, en Argentina hay antecedentes de seis resoluciones judiciales a favor del pedido de los vecinos.
Es el caso de los vecinos del barrio Ituzaingó de Córdoba, en febrero del año que viene se iniciará un juicio oral y público contra tres personas por fumigación clandestina en una zona urbana, con plaguicidas peligrosos para la salud. Será el primero de ese tipo en la provincia.
Los imputados son los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto de avión Edgardo Pancello.
Los tres fueron acusados de haber violado el artículo 58 de la ley 9164 de Agroquímicos, que prohíbe la aplicación aérea de endosulfán o glifosato cerca de un sector urbano.
La causa se inició en 2002 cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó de esta capital denunció que había numerosos casos de cáncer en esa zona periférica. Las viviendas de esas personas están en un sector colindante con extensos campos cultivados.
En tanto, en Salta una jueza falló a favor de los vecinos de la localidad de Las Antillas quienes hicieron un reclamo similar. Lograron que se fijara como límite la fumigación terrestre a 300 metros más alejado, Aunque la distancia es considerada insuficiente, fue un paso importante hacia la reglamentación.
Por otro lado, también algunos municipios amén de la existencia de la ley provincial crearon sus ordenanzas que fijan límites más estrictos para el uso de agrotóxicos. El ejemplo más reciente es el de Huinca Renancó que pone límite a las fumigaciones periurbanas.
Por último en Merlo (San Luis) el Concejo promulgó una ordenanza por la que prohíbe el uso de agroquímicos y pesticidas en esta ciudad como en la zona rural de Cañada La Negra. “No podrán aplicarse sustancias naturales o sintéticas cuyo fin es evitar los efectos nocivos de las especies o animales sobre los cultivos", según reza la ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo.
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El impacto de los agroquímicos: Pese a la ley, se multiplican los reclamos por las fumigaciones
La normativa que rige en la Provincia resulta insuficiente ante la preocupación de los vecinos por la aplicación de agrotóxicos. Así como en Baigorria, decenas de barrios en la región están separados de los campos sólo por una calle y el alambrado. Los habitantes dicen que se los está contaminando y reclaman protección
La situación se repite casi como en un calco. En cada uno de los pueblos del sur cordobés hay cientos de vecinos que sufren las consecuencias de las fumigaciones en los campos que rodean a sus comunidades.
Y el debate suma cada vez más aditamentos. Por un lado, las leyes vigentes, el cumplimiento de las mismas, pero también los cuestionamientos respecto de los crecimientos de las comunidades que se extienden hasta los alambrados mismos de los campos.
Lo ocurrido días atrás en Coronel Baigorria, se repite en decenas de poblaciones, donde vecinos acuden a los municipios o la policía reclamando por las fumigaciones que se realizan casi a las puertas de sus viviendas. Exigen el cumplimiento de la ley provincial que, aunque regula numerosos aspectos, deja demasiados flancos débiles que debieran ser cubiertos por cada gobierno municipal.
Enrique Titarelli, uno de los vecinos denunciantes, dijo a PUNTAL que desde hace 14 años “somos fumigados”. A su vivienda, ubicada al frente de un campo, llega el olor y los restos de los agrotóxicos que se esparcen en esa explotación. La semana pasada logró impedir la continuidad de la tarea, pero indicó que el 5 de noviembre se había hecho otra aplicación: “Estamos seguro que se trataba de un insecticida para matar a un gusano. Lo notamos por el olor, no se podía respirar”, y se lamentó de la falta de controles.
Reclamos como éste se repiten en localidades como Coronel Moldes, Sampacho, Berrotarán, General Cabrera, General Deheza, Adelia María, Monte de los Gauchos, Suco, San Basilio, Alcira Gigena, entre otras.
Por leyes estrictas
En General Cabrera, un grupo de vecinos autoconvocados presentaron meses atrás una extensa nota ante el Concejo Deliberante pidiendo la adhesión a la Ley Provincial, así también reclamando mayores controles.
"No podemos creer que desconozcan lo que ocurre en Avenida Circunvalación Norte, el este, a orillas del Barrio Las Rosas; al sur detrás del cementerio, Barrio Hipódromo, al oeste en la periferia del Barrio Argentino y lo que es más grave, en la Guardería Blancanieves, que sólo la separa un tejido de la soja y la aplicación de agrotóxicos", especificaron los vecinos. Al tiempo que piden que se priorice “la salud de las mayorías en vez de rentabilidad de las minorías".
Lo cierto es que el año legislativo finalizó y el tema no fue tratado.
Diego Carrera, vecino cabrerense hace tiempo advierte sobre el uso de los agroquímicos en zonas muy cercanas a los pueblos. “Hay una resistencia, hay una lógica para algunos, pero que para nosotros no es una lógica razonable, pero la situación del modelo agroexportador es ésta, la del sistema agropecuario es ésta. Estamos nosotros tratando de no solamente hablar de agroquímicos sino de la producción de alimentos y de otras cosas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, sostuvo.
Y agregó que hoy “se pone en la misma balanza el derecho de producción y la salud pública de los vecinos, y esa es nuestra preocupación”.
Carrera dijo que están contactándose con vecinos de Baigorria para llevar adelante acciones conjuntas, como así también sumar a los vecinos del barrio Ituzaingó, de Córdoba, quienes han llevado una lucha que ahora se dirimirá en la Justicia.
Barrios afectados
Reclamos similares ocurren en barrios de General Deheza, como el de 50 viviendas y San Bernardo, donde las propiedades de los vecinos están separadas por el ancho de la calle y un alambrado de los sembradíos que varias veces al año son fumigados.
Tiempo atrás fueron dirigentes del club Independiente Dolores quienes solicitaron la intervención de la Municipalidad para evitar se siga esparciendo agrotóxicos en un campo que linda con el predio donde unos 100 chicos practican deportes. Además, la consecuencia de la aplicación de esos productos se evidenció en los árboles próximos que comenzaron a secarse.
“Hemos tenido reclamos -señaló el ingeniero Jorge Baffi, secretario de Gobierno municipal dehecino-, e inmediatamente el municipio ha ido a constatar la aplicación que se estaba realizando y sancionando si correspondiera el caso a quienes no lo hacían correctamente”.
De noche y sin control
Berrotarán, al igual que muchos pueblos de la región, está rodeado de campos en los que se siembra soja y maíz, y los barrios que lindan con los sembradíos no escapan a situaciones de riesgo cuando se realizan fumigaciones fuera de la ley.
En la mayoría de los barrios periféricos, una calle separa el caserío de los campos.
Una vecina del barrio Hospital, que tiene su casa a 50 metros de un campo recordó que “el año pasado fumigaron en este campo a la noche; al dormir con la ventana abierta me afectó muchísimo, me descompuse, tuve vómitos y fui al médico. Me dijo que era por los agroquímicos”.
Consultada una mujer del barrio Marcos, al oeste de Berrotarán, coincidió en que quienes fumigan lo hacen de manera irresponsable, sin importarle la salud de quienes viven pegados a los campos. Inclusive mostró fotos que sacó años atrás, una tarde que festejaba el cumpleaños de su hija y la fumigadora pasaba a escasos metros de donde jugaban los chicos.
Al este de Coronel Moldes, en barrio Alberdi, un vecino también planteó su malestar por reiteradas fumigaciones frente a su vivienda, lo mismo ocurrió en Suco, Las Perdices, Pascanas.
Insuficiente
La ley provincial 9.164, aunque contempla límites y requisitos a la hora de la aplicación de agrotóxicos, resulta harto insuficiente ante la problemática de los pueblos. Los 500 metros fijados por ésta para las fumigaciones; la obligatoriedad de contar con un certificado fitosanitario, que la tarea se haga bajo la supervisión de un ingeniero agrónomo, y la aplicación a cargo de personal capacitado, lejos está de proteger a los habitantes que sufren las consecuencias de los agrotóxicos en su salud.
Hasta los mismos agrónomos admiten las limitaciones de esta reglamentación, así también de los controles que resultan ser escasos y, hasta a veces, inexistentes.
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Ingenieros agrónomos presentarán un proyecto a la Nación
Procura la aprobación de una ley de agroquímicos. En 2009 había sido presentada en Diputados pero no fue tratada. Ahora se incorporan modificaciones
Un proyecto de ley nacional de agroquímicos que será presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, viene siendo trabajado por integrantes de la comisión de Agroquímicos de la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (FADIA).
El pasado viernes se reunieron en Villa Carlos Paz y allí avanzaron en la adecuación del proyecto que en el 2009 presentara el ingeniero Alberto Cantero, cuando se desempeñaba como diputado nacional.
Allí los profesionales de todo el país debatieron aspectos centrales que deberá tener una Ley que rija en todo el territorio nacional, y que luego las provincias deberán sumarle sus propias legislaciones para que se adecuen a sus realidades, basándose en el tipo de producciones que se llevan a cabo y las condiciones de cada territorio.
Este proyecto serviría como marco de regulación para la utilización de productos químicos y biológicos de uso agropecuario en todo el territorio nacional.
En diálogo con PUNTAL, el coordinador de la comisión de Agroquímicos de FADIA, Ricardo Weiss, explicó que como aquel proyecto no tuvo tratamiento, es que ahora se están incorporando modificaciones para luego volver a conseguir su incorporación a Diputados.
Entre los aspectos salientes que contempla se menciona la existencia de presupuestos mínimos de los gobiernos para la tarea de control; la exigencia del certificado fitosanitario que autorice la aplicación; tipos de productos habilitados y aceptados por el Senasa, crear un registro de productos que se pueden utilizar en el país, y que éste pueda ser actualizado con el tiempo, teniendo en cuenta que en el marcado hay una continua renovación. “Además de definir quiénes son los actores de esta tarea, sean productores, aplicadores, y controladores. También se contempla el transporte y la modalidad de expendio”.
Weiss puntualizó que lo que se pretende es dar un marco general, pero lo más ajustado posible a la realidad del país. Luego serán las provincias que deberán armar su propio cuerpo de leyes que contemple aquellos aspectos más puntuales de su territorio.
“Cada provincia puede ser hacer una ley más estricta, pero nunca menos estricta que la reglamentación nacional”, en referencia a los espacios que se podrían fijar como excluidos de aplicación, o los productos a utilizar. En cuanto al órgano de aplicación a nivel nacional, es el Senasa, que a través de esta ley tendrá injerencia sobre el uso, aplicación de productos, que podrá luego delegar a las provincias.
Por último el ingeniero Weiss dijo que el objetivo de contar con una ley nacional es que se haga un adecuado uso de las herramientas existentes, pero cuidando el medio ambiente y la salud de los vecinos y los mismos trabajadores.
Ver Noticia On Line
Primer juicio en Córdoba
De los miles de reclamos que existen por fumigaciones en proximidades de sectores poblados, en Argentina hay antecedentes de seis resoluciones judiciales a favor del pedido de los vecinos.
Es el caso de los vecinos del barrio Ituzaingó de Córdoba, en febrero del año que viene se iniciará un juicio oral y público contra tres personas por fumigación clandestina en una zona urbana, con plaguicidas peligrosos para la salud. Será el primero de ese tipo en la provincia.
Los imputados son los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto de avión Edgardo Pancello.
Los tres fueron acusados de haber violado el artículo 58 de la ley 9164 de Agroquímicos, que prohíbe la aplicación aérea de endosulfán o glifosato cerca de un sector urbano.
La causa se inició en 2002 cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó de esta capital denunció que había numerosos casos de cáncer en esa zona periférica. Las viviendas de esas personas están en un sector colindante con extensos campos cultivados.
En tanto, en Salta una jueza falló a favor de los vecinos de la localidad de Las Antillas quienes hicieron un reclamo similar. Lograron que se fijara como límite la fumigación terrestre a 300 metros más alejado, Aunque la distancia es considerada insuficiente, fue un paso importante hacia la reglamentación.
Por otro lado, también algunos municipios amén de la existencia de la ley provincial crearon sus ordenanzas que fijan límites más estrictos para el uso de agrotóxicos. El ejemplo más reciente es el de Huinca Renancó que pone límite a las fumigaciones periurbanas.
Por último en Merlo (San Luis) el Concejo promulgó una ordenanza por la que prohíbe el uso de agroquímicos y pesticidas en esta ciudad como en la zona rural de Cañada La Negra. “No podrán aplicarse sustancias naturales o sintéticas cuyo fin es evitar los efectos nocivos de las especies o animales sobre los cultivos", según reza la ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo.
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