24 jun 2010

Respaldan la ley de minería de Córdoba

La Voz del Interior - Edición Electrónica (24/06/2010)
Respaldan constitucionalidad de la ley de minería de Córdoba



Conciencia Solidaria pidió al TSJ participar como amicus curiae en una causa para establecer la constitucionalidad de la normativa provincial.
La organización no gubernamental Conciencia Solidaria solicitó hoy al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba participar como amicus curiae en la causa caratulada “Cemincor y otra c/ superior gobierno de la Provincia – acción de inconstitucionalidad”.
El proceso judicial fue iniciado el 4 de mayo de 2009 por la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba y profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
A través de él piden a la máxima autoridad judicial que dictamine si la ley provincial 9.526 es o no constitucional. La norma en cuestión, sancionada por la Legislatura el 24 de setiembre de 2008, prohíbe la actividad minera metalífera y de minerales nucleares a cielo abierto y en todas sus etapas, como también el uso de sustancias contaminantes, tóxicas y peligrosas en cualquier instancia de la actividad minera.
Conciencia Solidaria –representada en el trámite legal por la abogada Karina Zeverín Alfieri- sostiene que la ley de referencia “protege lícitamente el ambiente y la salud de las personas, que podrían ser afectadas por tipos muy específicos y acotados de minería”, como la metalífera a cielo abierto y la extracción de uranio, por ejemplo.
La organización agrega que lo “ilícito es pretender explotar la minería de una manera contraria a lo dispuesto en el Código Minero. Es decir, sin respetar las normas de policía y medio ambiente que dicte la Provincia en ejercicio de sus competencias”, contempladas en los artículos 121 y 41 de la Constitución Nacional.
Amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión sobre algún punto del derecho o otros aspectos relacionados, para colaborar con las autoridades judiciales en la resolución de la materia objeto del proceso.
El mismo estudio jurídico realizo una presentación paralela patrocinando al biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para el Medio Ambiente, en la figura de “tercero interesado”. A su vez, se adelantó que la fundación que dirige Montenegro participaría en la causa, junto a otras organizaciones ambientales.

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